Normalistas frente a la Puerta 1 del Campo Militar 1 antes de que comanzara el plantón encabezado por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace nueve años Foto: Juan Luis Altamirano
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados de sus representantes, y estudiantes normalistas, instalaron un plantón frente al Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México.
En un mitin realizado frente a la Puerta 1 dl campo, minutos antes de las 2 de la tarde, los padres y madres, acompañados de cerca de 500 estudiantes normalistas, anunciaron que el plantón será indefinido hasta que el Ejército les entregue los archivos relacionados con la búsqueda de los 43.
“La actividad de este día, en este Campo Militar Número 1, se debe a que el Ejército mexicano a la fecha no ha entregado toda la información. Por eso se hace esta actividad, en la que los padres y madres del movimiento de los 43, instalarán un plantón en este espacio”, dijo el abogado Isidoro Vicario Aguilar.
Ante la llegada de los manifestantes, se observó que detrás de las puertas del Campo Militar se instalaron barricadas, alambres de púas, además de la presencia de militares que estaban resguardando el recinto.
De acuerdo con el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, realizarán actividades diarias durante el plantón en las instalaciones de la institución militar.
“Aquí vamos a estar y vamos a estar teniendo actividades diarias. La invitación es que puedan acompañarnos, de aquí vamos a salir a hacer otras actividades y regresamos, esa va a ser la dinámica de todos los días”.
Sobre el orden o plan de actividades que tienen para los próximos días, Vidulfo Rosales afirmó que son decisiones que se tomarán día con día y aceptando que la condicionante para levantar el plantón es el acceso a la información requerida, y “si mañana nos entregan pues nos vamos”.
El vocero de los padres y madres, Melitón Ortega, indicó: “Nuestra instalación acá va a ser permanente, no sabemos para cuándo pero aquí vamos a mantenernos”, y se le preguntó si existía la posibilidad de levantar el plantón después de la reunión del día 25, y dijo que “todavía no sabemos,va a depender de la información que vamos a tener después de ir a la reunión el día lunes, el plantón se va mantener, de manera indefinida”, comentó.
Ortega señaló que el plantón frente al Campo Militar Número 1 les funcionará como un centro de operación para continuar con sus actividades previamente programadas, señalando que el fin de semana se realizarán actividades culturales.
“Aquí va a ser el centro de operación, de aquí vamos a mover para hacer diferentes actividades que ya tenemos programadas, incluso para ir a la marcha nacional del día 26, de aquí va a partir la salida de los padres. Las actividades que siguen se mantienen, se van a realizar”.
Sobre un posible temor de que los militares realicen acciones en contra de los manifestantes, Melitón Ortega destacó que no acuden con una actitud de confrontación, sino por una necesidad debido a un planteamiento que no se les ha cumplido.
“Nosotros no venimos a confrontar a los elementos de este Campo Militar Número 1, nosotros venimos aquí a decirle a las autoridades militares que tienen una responsabilidad, que tienen un compromiso que han estado negando de proporcionar la información, a eso venimos, no a confrontarlos”.
Insistió en que la petición de los padres de familia de los normalistas desaparecidos y sus representantes, es la información reservada de la inteligencia militar del 27 Batallón de Infantería, y aclaró que le han indicado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que la información entregada está parcializada.
“Información reservada de la inteligencia militar del 27 Batallón de Iguala, esa es la información que queremos. De manera parcial se ha dado la información, se ha dado, se le ha dicho al Presidente que queremos información y se ha dado. Pero de esa información, de ese expediente, surgen nuevas líneas”.
Sin verdad no puede haber ninguna transformación, dicen en mitin
Durante el mitin, la señora Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio Bautista, indicó que la presencia de los padres frente a las instalaciones del Campo Militar Número, es para exigir directamente al Ejército que entregue la información requerida, a pesar de los dichos del presidente López Obrador.
“Estamos aquí para exigirle al Ejército mexicano que nos entreguen esos documentos que hacen falta. Aunque nos ha dicho el presidente de la República Mexicana, que tuvimos una reunión ayer, donde dice que ya se entregó todo, que no hace falta nada”.
Por su parte Mario González, padre de César Manuel González, llamó “cobardes” a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en la desaparición de sus hijos y reclamó que López Obrador niegue que hace falta información sobre el caso.
“El presidente de la República dice que ya no hay información, que se entregó todo. No es verdad señor presidente, se lo dije ayer, tal vez no estemos de acuerdo pero el chiste no es estar de acuerdo, sino presentar pruebas”.
Añadió que no puede existir una Cuarta Transformación si no se llega a la verdad y que el objetivo primordial es conocer lo que realmente pasó con sus hijos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Este miércoles, tras sostener una reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales Sierra hizo referencia que el Ejército detectó una intervención telefónica donde se cuenta que la noche del 26 de septiembre de 2014, se llevaban a 17 estudiantes.
“Se obtuvieron varios documentos, esos documentos dan cuenta de cómo el Ejército mexicano intervino. Pero particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el Ejército mexicano que da cuenta que se están llevando 17 estudiantes el día 26 de septiembre a las 10 de la noche. Estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar”, agregó Rosales.
Este lunes 25 de septiembre, los padres y sus representantes sostendrán una reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en la que se les brindará una respuesta a la petición de información.
Padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados ingresan a Palacio Nacional Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo ayer una reunión con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a seis días de la conmemoración del noveno aniversario de su desaparición.
Los padres llegaron aproximadamente a las 11 de la mañana al Palacio Nacional y salieron antes de las 2 de la tarde. En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
Al salir de la reunión, el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, indicó que les presentaron un balance de lo que el gobierno ha hecho y los padres le pidieron a López Obrador la información que tiene el Ejército.
“Ellos nos presentaron un informe que es un balance de lo que ya han hecho. Los padres por su parte, estamos solicitando la entrega de una información que tiene en su poder el Ejército y que tiene que ver con el paradero de los 43 estudiantes”.
Señaló que tras la apertura que hizo López Obrador en 2021 de los archivos militares de la Novena Región Militar, la 35 Zona Militar y el Batallón de Infantería, pudieron conocer la información en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Esta información que tiene en su poder hoy en día el Ejército mexicano, la pudimos conocer a través de la apertura que el propio presidente hizo de los archivos militares, ante una petición que nosotros hicimos en el año 2021”.
Concretamente hizo referencia que al acceder a la información, se consiguieron documentos en los que el Ejército detecta una intercepción telefónica donde se cuenta que la noche del 26 de septiembre de 2014, se llevaban a 17 estudiantes.
“Se obtuvieron varios documentos, esos documentos dan cuenta de cómo el Ejército mexicano intervino. Pero particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el Ejército mexicano que da cuenta de que se están llevando 17 estudiantes el día 26 de septiembre a las 10 de la noche. Estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar”.
El abogado dijo que López Obrador les afirmó que en lo concerniente al caso Ayotzinapa, ya se había entregado toda la información, cuestión que los padres y sus representantes negaron y consideran que hace falta.
“Nosotros lo que le estamos diciendo es que no, que hay información faltante. Si bien es cierto se abrieron esos archivos y se entregó esa información, es parcial. Falta mucho todavía que completar esa información”, dijo el abogado.
Señaló que solicitaron dicha información de forma escrita, además de verbal durante la reunión. Informó que el próximo lunes 25 de septiembre, sostendrán un nuev encuentro en el que no estará presente el presidente, sino la secretaria Luisa María Alcalde, en compañía de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario Encinas.
“Ese día dice que va a revisar y nos dará respuesta a este escrito que nosotros le entregamos. Él insiste que ya no hay información que entregar, él insiste y todo el tiempo en la reunión ese fue el tono, se mantuvo en esta afirmación de que ya no hay información, de que ya se entregó toda. Nosotros le hicimos ver que no”.
Vidulfo Rosales añadió que solamente se tiene una hoja referente a la intercepción telefónica mencionada y que solicitan la comunicación completa. Dijo que López Obrador revisará la petición y el lunes se les dará respuesta.
“Desconocemos porqué, nosotros tenemos datos objetivos, solicitudes muy concretas de números de folio y documentos que hacen falta por entregar el día de hoy y esto que estoy comentando es un ejemplo claro, a mí me entregan una hoja transcrita de una intervención telefónica que hicieron y que alguien transcribió y lo tiene en una hoja tamaño carta. ¿Qué necesito? Pues necesito el archivo electrónico”.
Salen padres insatisfechos de la reunión
Al concluir la reunión con el presidente, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de Mario César González y José Ángel Navarrete, respectivamente, estudiantes normalistas desaparecidos, se mostraron insatisfechos.
“No, cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información y nosotros tenemos documentos a donde faltan varios de los folios, para nosotros es una negativa”, externó el señor Mario González.
Dijo que la reunión fue ríspida y pesada, porque el presidente López Obrador “no entiende razones”.
Añadió que están enfocados en lo que llegue a hacer falta en las investigaciones para que mantengan su curso y así puedan llegar al objetivo primordial, que es encontrar a sus hijos.
“Nosotros estamos en lo que nos hace falta, no nos fijamos en otra cosa más que en lo que nos hace falta para encontrar a nuestros hijos”.
Antes de subirse al camión que los transportaba se le gritó a Emiliano Navarrete si estaba contento con lo que les dijo López Obrador, simplemente movió su dedo índice y la cabeza en señal negativa. Posteriormente se acercó a medios de comunicación presentes para reafirmar la postura.
“Para nosotros no es nada sorprendente las actitudes o las posturas del gobierno, siempre hemos conocido una actitud no muy agradable”.
De igual forma, aseguró que el presidente “ha protegido mucho” a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes, añadiendo que el gobierno los ha protegido “desde hace tiempo”.
Emiliano Navarrete dijo que de su parte no existe desilusión alguna respecto a lo expuesto por el gobierno federal, debido a que nunca tuvo una ilusión y que su deseo es saber dónde se encuentra su hijo.
“Desilusionados no, porque nunca tuve una. No soy fanático de nadie, de ningún político, no. Simplemente como mexicano exijo mis derechos de saber la verdad de dónde están nuestros hijos”.
El abogado Vidulfo Rosales confirmó que se mantienen las actividades de la jornada programadas con antelación con motivo del noveno aniversario de la noche de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes y tres fueron asesinados. Este jueves estarán realizando un plantón en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.
Sólo queremos saber dónde están
Al concluir la reunión con el presidente, que duró casi 3 horas, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de Mario César González y José Ángel Navarrete, estudiantes normalistas desaparecidos, se mostraron insatisfechos.
“(Nos fue) de la patada”, respondió Mario González, a los reporteros. Y agregó: “No, cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información y nosotros tenemos documentos a donde faltan varios de los folios, para nosotros es una negativa”, expresó.
Dijo que la reunión fue ríspida y pesada, porque el presidente López Obrador “no entiende razones”.
Añadió que están enfocados en lo que llegue a hacer falta en las investigaciones para que mantengan su curso y así puedan llegar al objetivo primordial, que es encontrar a sus hijos.
“Nosotros estamos en lo que nos hace falta, no nos fijamos en otra cosa más que en lo que nos hace falta para encontrar a nuestros hijos”.
Antes de subirse al camión que los transportaba se le gritó a Emiliano Navarrete si estaba contento con lo que les dijo López Obrador, simplemente movió su dedo índice y la cabeza en señal negativa. Posteriormente se acercó a medios de comunicación presentes para reafirmar la postura.
“Para nosotros no es nada sorprendente las actitudes o las posturas del gobierno, siempre hemos conocido una actitud no muy agradable”.
De igual forma, aseguró que el presidente “ha protegido mucho” al Ejército y a sus integrantes “desde hace tiempo”.
Emiliano Navarrete dijo que de su parte no existe desilusión alguna respecto a lo expuesto por el gobierno federal, debido a que nunca tuvo una ilusión y que su deseo es saber dónde se encuentra su hijo.
“Desilusionados no, porque nunca tuve una. No soy fanático de nadie, de ningún político, no. Simplemente como mexicano exijo mis derechos de saber la verdad de dónde están nuestros hijos”.
Los padres salieron del Palacio Nacional con una caja grande bajo el brazo, en la que llevaban el segundo informe de la Comiión Especial para el caso. y se dirigieron a la Sedena, donde tendrían una reunión privada.
El abogado Vidulfo Rosales confirmó que se mantienen las actividades de la jornada programadas con antelación con motivo del noveno aniversario de la noche de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes y otros tres fueron asesinados. Este jueves estarán realizando un plantón en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.
Falso, que el Ejército no haya entregado toda la información sobre Ayotzinapa, sostiene AMLO
Hay avances en la investigación y espera que se haga pública para que no haya manipulación, dice el presidente. Afirma que no hay rompimiento con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y que respeta las manifestaciones por la presentación de sus hijos. “No hemos fallado ni vamos a fallar”, proclama
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a su llegada a Palacio Nacional para la reunión con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Foto: Agencia Reforma
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es falso que el Ejército no haya entregado toda la información del caso Ayotzinapa, y aseguró que se tienen avances en la investigación y espera que toda la información que se conjunte se haga pública.
Horas antes de sostener la reunión con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente negó rotundamente que el Ejército no haya brindado toda la información requerida para continuar las investigaciones. Añadió que desea hablar con los padres para darles a conocer el estatus del caso y que se evite la manipulación.
“Todavía no terminamos, sigue la investigación y por eso quiero hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación. Porque no es cierto que el Ejército no haya entregado toda la información, es falso, el Ejército entregó toda la información”.
Hizo referencia a la manifestación que encabezaron los padres en Iguala, frente al cuartel del 27 Batallón de Infantería, este lunes 18, donde en un mitin se denunció que el Ejército no entregó la información correspondiente, aunque López Obrador dijo que fue en Chilpancingo en lugar de Iguala.
“Ayer, antier hubo una manifestación en Chilpancingo en la Zona Militar y un abogado de los padres dijo ahí que la responsabilidad era del Ejército y no habían entregado información, de que no se había hecho nada, por eso yo quiero hablar con los papás, yo he estado pendiente”, aseguró.
De igual forma se le comentó que una de las razones por las que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), decidió no mantenerse en las investigaciones, fue que el Ejército no entregó documentos en específico, y López Obrador respondió que “pues no fue cierto, el Ejército entregó todo lo que tenía”.
Padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados ingresan a Palacio Nacional Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
Al presidente se le preguntó sobre el encuentro que sostendría y si a poco más de un año de que termine su administración podrá cumplir con el compromiso de la resolución del caso.
“Tenemos mucho avance, hoy vamos a informar. Y una de las cosas que nos va a ayudar mucho a contrarrestar todas las calumnias, va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información, todo lo que podamos, que no haya problemas de carácter legal, pero todo porque cuando se informa no puede haber inventos”.
López Obrador reiteró la importancia de que los padres de los 43 cuenten con toda la información del caso, recordando que es uno de los compromisos de su gobierno.
“Vamos a tener esa reunión para informarles, porque es muy importante que ellos tengan toda la información sobre lo que se está haciendo para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, es un compromiso que hicimos y desde luego castigar a los responsables”.
El presidente afirmó que no existe rompimiento alguno con los padres y que su manifestación es entendible por la ausencia de sus hijos.
“No hemos fallado ni vamos a fallar. Independientemente de lo que puedan decir en este caso los padres, que tienen todo el derecho de manifestarse porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos y eso es entendible, es muy humano, pero lo importante aquí es tener la conciencia tranquila”, recalcó.
Criticó que grupos opositores a su gobierno quieran descalificar el trabajo que han realizado en las investigaciones del caso y pidió que se ejemplificara un país en el cual se tiene a personas detenidas por un delito de desaparición como el que sucedió con los estudiantes.
“Nada más les preguntaría yo a estos seudo defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que me dijeran: ¿en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este, en dónde hay dos generales presos, veinte oficiales del Ejército o soldados, un procurador de Justicia y como 120 detenidos? ¿Dónde, en qué país?”.
El Ejército oculta información de la noche
de Iguala, reiteran padres ante el presidente
Se refiere el abogado Vidulfo Rosales a una intercepción telefónica donde se cuenta que la noche del 26 de septiembre se llevaban a 17 estudiantes. “Estamos interesados en que esa información faltante se nos pueda entregar”, subraya. Salen insatisfechos del encuentro, dice el padre Emiliano Navarrete, y afirma que el presidente “ha protegido mucho” a las Fuerzas Armadas. Mario González dijo que la reunión fue pesada porque el presidente “no entiende razones”
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo ayer una reunión con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a seis días de la conmemoración del noveno aniversario de su desaparición.
Los padres llegaron aproximadamente a las 11 de la mañana al Palacio Nacional y salieron antes de las 2 de la tarde. En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
Al salir de la reunión, el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, indicó que les presentaron un balance de lo que el gobierno ha hecho y los padres le pidieron a López Obrador la información que tiene el Ejército.
“Ellos nos presentaron un informe que es un balance de lo que ya han hecho. Los padres por su parte, estamos solicitando la entrega de una información que tiene en su poder el Ejército y que tiene que ver con el paradero de los 43 estudiantes”.
Señaló que tras la apertura que hizo López Obrador en 2021 de los archivos militares de la Novena Región Militar, la 35 Zona Militar y el Batallón de Infantería, pudieron conocer la información en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Esta información que tiene en su poder hoy en día el Ejército mexicano, la pudimos conocer a través de la apertura que el propio presidente hizo de los archivos militares, ante una petición que nosotros hicimos en el año 2021”.
Concretamente hizo referencia que al acceder a la información, se consiguieron documentos en los que el Ejército detecta una intercepción telefónica donde se cuenta que la noche del 26 de septiembre de 2014, se llevaban a 17 estudiantes.
“Se obtuvieron varios documentos, esos documentos dan cuenta de cómo el Ejército mexicano intervino. Pero particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el Ejército mexicano que da cuenta de que se están llevando 17 estudiantes el día 26 de septiembre a las 10 de la noche. Estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar”.
El abogado dijo que López Obrador les afirmó que en lo concerniente al caso Ayotzinapa, ya se había entregado toda la información, cuestión que los padres y sus representantes negaron y consideran que hace falta.
“Nosotros lo que le estamos diciendo es que no, que hay información faltante. Si bien es cierto se abrieron esos archivos y se entregó esa información, es parcial. Falta mucho todavía que completar esa información”, dijo el abogado.
Señaló que solicitaron dicha información de forma escrita, además de verbal durante la reunión. Informó que el próximo lunes 25 de septiembre, sostendrán un nuev encuentro en el que no estará presente el presidente, sino la secretaria Luisa María Alcalde, en compañía de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario Encinas.
“Ese día dice que va a revisar y nos dará respuesta a este escrito que nosotros le entregamos. Él insiste que ya no hay información que entregar, él insiste y todo el tiempo en la reunión ese fue el tono, se mantuvo en esta afirmación de que ya no hay información, de que ya se entregó toda. Nosotros le hicimos ver que no”.
Vidulfo Rosales añadió que solamente se tiene una hoja referente a la intercepción telefónica mencionada y que solicitan la comunicación completa. Dijo que López Obrador revisará la petición y el lunes se les dará respuesta.
“Desconocemos porqué, nosotros tenemos datos objetivos, solicitudes muy concretas de números de folio y documentos que hacen falta por entregar el día de hoy y esto que estoy comentando es un ejemplo claro, a mí me entregan una hoja transcrita de una intervención telefónica que hicieron y que alguien transcribió y lo tiene en una hoja tamaño carta. ¿Qué necesito? Pues necesito el archivo electrónico”.
Salen padres insatisfechos de la reunión
Al concluir la reunión con el presidente, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de Mario César González y José Ángel Navarrete, respectivamente, estudiantes normalistas desaparecidos, se mostraron insatisfechos.
“No, cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información y nosotros tenemos documentos a donde faltan varios de los folios, para nosotros es una negativa”, externó el señor Mario González.
Dijo que la reunión fue ríspida y pesada, porque el presidente López Obrador “no entiende razones”.
Añadió que están enfocados en lo que llegue a hacer falta en las investigaciones para que mantengan su curso y así puedan llegar al objetivo primordial, que es encontrar a sus hijos.
“Nosotros estamos en lo que nos hace falta, no nos fijamos en otra cosa más que en lo que nos hace falta para encontrar a nuestros hijos”.
Antes de subirse al camión que los transportaba se le gritó a Emiliano Navarrete si estaba contento con lo que les dijo López Obrador, simplemente movió su dedo índice y la cabeza en señal negativa. Posteriormente se acercó a medios de comunicación presentes para reafirmar la postura.
“Para nosotros no es nada sorprendente las actitudes o las posturas del gobierno, siempre hemos conocido una actitud no muy agradable”.
De igual forma, aseguró que el presidente “ha protegido mucho” a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes, añadiendo que el gobierno los ha protegido “desde hace tiempo”.
Emiliano Navarrete dijo que de su parte no existe desilusión alguna respecto a lo expuesto por el gobierno federal, debido a que nunca tuvo una ilusión y que su deseo es saber dónde se encuentra su hijo.
“Desilusionados no, porque nunca tuve una. No soy fanático de nadie, de ningún político, no. Simplemente como mexicano exijo mis derechos de saber la verdad de dónde están nuestros hijos”.
El abogado Vidulfo Rosales confirmó que se mantienen las actividades de la jornada programadas con antelación con motivo del noveno aniversario de la noche de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes y tres fueron asesinados. Este jueves estarán realizando un plantón en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.
Sólo queremos saber dónde están
Al concluir la reunión con el presidente, que duró casi 3 horas, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de Mario César González y José Ángel Navarrete, estudiantes normalistas desaparecidos, se mostraron insatisfechos.
“(Nos fue) de la patada”, respondió Mario González, a los reporteros. Y agregó: “No, cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información y nosotros tenemos documentos a donde faltan varios de los folios, para nosotros es una negativa”, expresó.
Dijo que la reunión fue ríspida y pesada, porque el presidente López Obrador “no entiende razones”.
Añadió que están enfocados en lo que llegue a hacer falta en las investigaciones para que mantengan su curso y así puedan llegar al objetivo primordial, que es encontrar a sus hijos.
“Nosotros estamos en lo que nos hace falta, no nos fijamos en otra cosa más que en lo que nos hace falta para encontrar a nuestros hijos”.
Antes de subirse al camión que los transportaba se le gritó a Emiliano Navarrete si estaba contento con lo que les dijo López Obrador, simplemente movió su dedo índice y la cabeza en señal negativa. Posteriormente se acercó a medios de comunicación presentes para reafirmar la postura.
“Para nosotros no es nada sorprendente las actitudes o las posturas del gobierno, siempre hemos conocido una actitud no muy agradable”.
De igual forma, aseguró que el presidente “ha protegido mucho” al Ejército y a sus integrantes “desde hace tiempo”.
Emiliano Navarrete dijo que de su parte no existe desilusión alguna respecto a lo expuesto por el gobierno federal, debido a que nunca tuvo una ilusión y que su deseo es saber dónde se encuentra su hijo.
“Desilusionados no, porque nunca tuve una. No soy fanático de nadie, de ningún político, no. Simplemente como mexicano exijo mis derechos de saber la verdad de dónde están nuestros hijos”.
Los padres salieron del Palacio Nacional con una caja grande bajo el brazo, en la que llevaban el segundo informe de la Comiión Especial para el caso. y se dirigieron a la Sedena, donde tendrían una reunión privada.
El abogado Vidulfo Rosales confirmó que se mantienen las actividades de la jornada programadas con antelación con motivo del noveno aniversario de la noche de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes y otros tres fueron asesinados. Este jueves estarán realizando un plantón en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el gobierno federal cuenta con grabaciones de integrantes de Guerreros Unidos respecto a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y que pedirá permiso a los padres para hacerlas públicas.
“Vamos a ver, porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Nosotros no tenemos ningún problema, yo soy partidario de la transparencia, no me gusta que se use el debido proceso como debido pretexto para no dar información, para ocultar información”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, al presidente se le preguntó sobre las grabaciones de integrantes del grupo delictivo relacionadas con la desaparición de los estudiantes, a lo que respondió que el gobierno las tiene desde hace dos años.
“Ya tenemos toda la información, desde hace como dos años le solicité a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que nos enviara toda la información. Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía, que están haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”.
De igual forma, el presidente señaló que fundamentados en las grabaciones en cuestión, las instancias correspondientes han logrado girar órdenes de aprehensión y detener a personas involucradas en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
“Incluso, con fundamento a esas grabaciones ya se han ordenado detenciones, hay órdenes de aprehensión. Todo esto se va a informar en unos días más”.
El presidente López Obrador adelantó que será este martes o miércoles cuando sostendrá una reunión con los padres de familia de los 43 normalistas, en la que se les actualizará el estado de la investigación.
“Yo tengo una reunión esta semana con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a informarles de cómo vamos en la investigación, pero ya tenemos todo”.
Se le preguntó las razones por las cuales el gobierno federal no había dado a conocer las grabaciones íntegras si es que las tienen desde hace dos años. Indicó que se debe a que mantiene el trabajo en las investigaciones.
“No, no, no, es que está la investigación en curso. Pero si no hay problema con los padres, claro que se dan a conocer todas. Pero han servido para fundar denuncias en contra de los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes, se han utilizado en el juicio”.
Respecto a grabaciones faltantes, el presidente comentó que fueron informados por escrito que no se tienen más y que se cuenta con una relatoría completa con elementos de prueba que se les va a presentar a los padres.
Este lunes el diario Milenio publicó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, contemplaba utilizar conversaciones como evidencia del tráfico de drogas que Guerreros Unidos realizaba en Iguala, como parte del proceso en contra de Adán Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos y hermano de Sidronio Casarrubias.
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
Los voceros de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Mario González y Melitón Ortega expresaron su preocupación por el rumbo que tomen las investigaciones a raíz de la desconfianza y falta de independencia del nuevo fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.
También reprocharon la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que preside el subsecretario Alejandro Encinas, lo que ha llevado, opinaron, a que haya el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión.
Ambos representantes del colectivo de los 43 padres de los estudiantes desaparecidos fueron entrevistados después de que el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentara su informe de observaciones a las investigaciones del caso.
Mario González dijo que las conclusiones del informe que destaca la falta de independencia del nuevo fiscal de la UEILCA ante la Fiscalía General de la República (FGR), y advierte que pone en riesgo las investigaciones para llegar a la verdad y justicia que exigen, es lo que ya habían venido denunciando.
“Ya pedíamos que la instancia que se encarga de las investigaciones del caso debe ser independiente, lo mismo que el nuevo fiscal, debe ser autónomo”, declaró.
Reprochó que “desafortunadamente no nos hacen caso, esperamos que ahora con las opiniones y recomendaciones del Mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se les escuche, porque es lo que siempre hemos exigido”.
Mario González agregó que también han pedido que las pruebas que se hacen públicas “sean contundentes” y que no nada más “se avienten por apresurarlas o por quedar bien, porque después hay consecuencias”.
Ello en referencia al cuestionamiento de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en días pasados opinaron que no es posible verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Covaj, debido a que no se conoce el origen de las capturas de pantalla que se anexaron al expediente presentado por el subsecretario Alejandro Encinas.
El vocero de los padres dijo que otra incongruencia es la presentación de las demandas de los abogados de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en contra del subsecretario Alejandro Encinas, puesto que las órdenes de aprehensión salieron de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la UEILCA.
Declaró que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ven riesgo en las investigaciones por la falta de independencia de la UEILCA y de su nuevo titular, y denunció que fueron engañados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien les dio la posibilidad de pensar en otro fiscal, “pero vemos que nomás fue de palabra porque finalmente fue impuesto (Rosendo Gómez Piedra)”.
Informó que en la última reunión que tuvieron con el presidente acordaron que los iban a consultar para ver la posibilidad de designar a otro fiscal, “pero vemos que este ya agarró el puesto”.
Informó que en adelante como padres lo que les queda hacer es “lo que siempre hemos hecho, seguir luchando y mantener más que nunca vivo el movimiento y a las vivas con el nuevo fiscal”.
Agregó que ahora no temen que el presidente López Obrador dé carpetazo al caso al final de su sexenio, como lo hizo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, “porque nos acabamos de enterar de la CIDH que la desaparición forzada no prescribe y tienen que seguirse las investigaciones por cualquier gobierno que entre”.
Melitón Ortega dijo que aún con la falta de independencia del nuevo titular de la UEILCA, no ven riesgo de que se dé carpetazo, “al menos eso ha declarado el presidente ante los padres, que no hay la intención de darle el cierre al caso Ayotzinapa, que se mantendrá la vigencia y la investigación, él ha ratificado el compromiso de mantener abierta la investigación”.
Informó que el hecho de que ahora sepan que la desaparición forzada es imprescriptible, “nos da garantía de seguir trabajando de manera conjunta con la CIDH”, dijo, y agregó que aunque el grupo de expertos termine su gestión en diciembre.
Melitón Ortega reprochó la descoordinación que hay entre las instancias que investigan el caso Ayotzinapa, “hay una descoordinación, no se compaginan ni se comparten la información, el gobierno a través de Alejandro Encinas tiene su propia dinámica de trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la UEILCA tiene la suya, y el grupo de expertos trabajan de otra manera y tienen distinta información”.
Declaró que eso ven que es riesgoso para la investigación y que los padres lo ven con preocupación, “que en el discurso se diga que hay voluntad pero en la vía de los hechos haya una ruptura que nos provoca desconfianza”.
“Hay esa preocupación de nosotros, por eso hemos hecho el llamado al presidente, que haya coordinación, de otra manera no vamos a llegar a conocer la verdad del caso Ayotzinapa, no vamos a avanzar si se trabaja de manera separada”.
Advierte la CIDH injerencia de FGR en el caso Ayotzinapa que pone en riesgo la investigación
Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, Julissa Mantilla Falcón, Tania Rennó, Esmeralda Arosemena y Fiorella Messi escuchan a la rondalla Romance con la canción Ahora soy #43, ayer en la Normal Rural ubicada en Tixtla Foto: Jessica Torres Barrera
Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento presentan en la Normal Rural el tercer informe ante los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Piden a López Obrador una indagatoria y una fiscalía independiente. Uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército, señalan. Observan avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas
Zacarías Cervantes
Ayotzinapa
Al presentar ayer su tercer informe a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestaron su preocupación por la falta de independencia y el rumbo de las investigaciones, a raíz de la “intervención” de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
Con la salida del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, ven que hay riesgo en las investigaciones para llegar a la verdad y a la justicia que demandan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. El 6 de octubre fue relevado por Rosendo Gómez Piedra, ex funcionario de Tabasco.
Las integrantes del Mecanismo, encabezadas por la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, llegaron a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa a las 10 de la mañana y fueron recibidas en la entrada de las instalaciones con cadenas de cempasúchil por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, así como por un grupo de estudiantes de la Normal.
Posteriormente se reunieron en privado dos horas en el auditorio de la institución con los padres y después ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación y una fiscalía independiente, en la que no haya injerencia de ningún poder público.
Al final, las cinco integrantes del Mecanismo pidieron un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos y en seguida escucharon las consignas tradicionales de un grupo de estudiantes normalistas, entre ellas: “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa…”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados…” “Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto camarada…”.
Las consignas que retumbaron e hicieron eco en los edificios de la Normal conmovieron a las integrantes de la comisión de la CIDH que visitó las instalaciones y entre sollozos se enjugaron sus lágrimas.
La independencia de la UEILCA, para recuperar la confianza en la investigación
Integran el Mecanismo la presidenta de la CIDH Julissa Mantilla Falcón, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum, la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo María Claudia Pulido, la relatora de la CIDH en México Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la coordinadora de monitoreo especialista para México Fiorella Melzi.
Arosemena de Troitiño leyó el informe durante la conferencia de prensa en la cancha techada de la Normal de Ayotzinapa ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y un grupo de normalistas, alertó que hay “injerencia” del Poder Ejecutivo federal en la causa judicial del caso y pidió la independencia de la UEILCA y del fiscal especial del caso, para que los padres de los estudiantes recuperen la confianza en la investigación.
De acuerdo con el informe del organismo de la CIDH, hubo “intromisiones graves” de la FGR y del Ministerio Público que obligaron a la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, quien estuvo a cargo de la UEILCA hasta septiembre pasado y renunció después de que pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellas contra 20 mandos militares.
Pero la FGR solicitó la cancelación de 21 de esas 83 órdenes de detención, 16 de ellas eran contra mandos militares acusados de delincuencia organizada.
Días después el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se dijo de acuerdo con la decisión de la FGR pues argumentó que las acusaciones contra los militares buscaban generar una “rebelión” en el Ejército.
“La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam por otras unidades finales, ajenas a la Unidad, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe de investigar con debida diligencia”, expuso Arosemena de Troitiño.
En el informe se
destacan los contrastes que hay entre la UEILCA y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), debido a que por una parte se ven “los esfuerzos para esclarecer los hechos y procurar el acceso a la justicia de las víctimas” y, por la otra, “el ocultamiento de información y falta de cooperación con la investigación y judicialización del caso desde determinadas instituciones estatales”.
Cuestionan que el modelo de recuperación de información diseñado por el Estado mexicano encuentra interrupciones en su flujo cuando se trata de documentación que es custodiada por agentes de seguridad e inteligencia del Estado.
“Es preocupante que pese a la creación de nuevos mecanismos y órganos para avanzar con el caso Ayotzinapa, aunado a la voluntad manifiesta para resolver el presente caso al más alto nivel, el Estado mexicano aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”, señala.
El organismo también cuestionó que a ocho años de la desaparición de los 43, uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército.
Del paradero de los estudiantes el informe de la CIDH reconoce que el Estado viene integrando evidencias que dan cuenta oficialmente de la detención de los estudiantes por agentes estatales, “su posterior tránsito por locaciones estatales como La Barandilla o el 27 Batallón de Infantería, y se entregaron a personas integrantes de grupos criminales”.
“Así, en manos de los grupos criminales, los estudiantes habrían sido privados de la vida y sus restos despojados a través de diversos métodos”, subraya el informe.
Agrega que la CIDH “observa que estas hipótesis son objeto de investigación y verificación judicial y recuerda que la determinación del paradero de los estudiantes debe orientar la estrategia de investigación del caso Ayotzinapa” y que deben observarse los tratados internacionales de derechos humanos de los que México “es parte y de la obligación ius cogens de derecho internacional, respecto de la prohibición de la desaparición forzada de personas”.
De la búsqueda, el informe reconoce que el Estado “ha transformado positivamente su estrategia de búsqueda de los 43 estudiantes, procurando acciones coordinadas con las familias y sus representantes legales para garantizar su participación, conocimiento y presencia”.
Refiere que la CIDH ha observado avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas desaparecidos y ha tomado nota de los esfuerzos estatales para la formulación de hipótesis de búsqueda sustentadas en nuevas declaraciones testimoniales, y otras evidencias que obran en la investigación penal del caso.
En la sesión de preguntas y respuestas, Arosemena de Troitiño dijo que la mayor preocupación que se recoge en el informe son los obstáculos que se están presentando para dar seguimiento a la investigación y preparación del material probatorio, que serán presentados ante los jueces para la judicialización del caso, “lo que puede afectar el ritmo de las investigaciones”.
Dijo que hay la necesidad de que las investigaciones se den con la debida diligencia, transparencia e imparcialidad, y que eso se garantiza con independencia, “si hay otra Unidad que no es la que está encargada de las investigaciones, por supuesto que va a haber una afectación al proceso”, advirtió.
Sin embargo, las integrantes del Mecanismo no respondieron a una pregunta de un reportero en el sentido de que si esa injerencia que obstaculiza las investigaciones viene desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Nuestro planteamiento en el informe es que le damos al Estado y a las instituciones esta hoja de ruta y guía orientadora para reconducir aquellas acciones que sean necesarias para que la investigación tenga el cauce debido en estos principios, si no hay independencia, no hay un aseguramiento ni de verdad ni de justicia, que es lo que piden los padres: verdad y justicia”, dijo Arosemena.
“La investigación tiene que ser independiente, la Fiscalía, la UEILCA y cualquier unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de poderes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo ni de nadie”, expuso.
Recordó también, la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, “las desapariciones forzadas no pueden terminarse por un decreto que diga se acabaron, la desaparición forzada es un delito continuo, tan es así de grave que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) no solamente considera víctima de desaparición a la persona desaparecida, sino también a las familias”.
“Tan es así de grave que la ONU y el Sistema Interamericano consideran a la desaparición forzada como una violación de derechos humanos compleja”, y agregó que con mayor razón en el caso Ayotzinapa, “que no es un caso aislado en México, sino que se enmarca en una situación estructural de violaciones de derechos humanos y desapariciones”.
Recomienda profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias
En sus recomendaciones al Estado mexicano, el organismo pide que se establezcan los protocolos para que los documentos que podrían constituir evidencia en el caso Ayotzinapa puedan ser incorporados de modo rápido y sencillo a las investigaciones y judicializaciones en curso.
Además, mantener y profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias en los espacios de coordinación interinstitucional, lo que supone retomar las reuniones periódicas de la Covaj.
También, mantener el modelo de investigación autónomo dispuesto para el caso Ayotzinapa, “consagrando la independencia de la investigación y replicar estas características de investigación en otros casos de graves de violaciones a los derechos humanos en el país”.
Respecto a la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las integrantes de la CIDH informaron que el organismo tomó la determinación de que permanecerán los cuatro integrantes hasta diciembre.
Antes se había dicho que sólo continuarían (sin precisar por cuánto tiempo) Carlos Beristáin y Ángela Buitrago y que se retirarían Claudia Paz y Paz y Francisco Cox.
Sin embargo, ayer se precisó que continuarán los cuatro pero hasta el próximo diciembre.
También padres de los 43 desconfían del nuevo fiscal de la Unidad Especial de Investigación
Reprochan la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, lo que ha llevado, opinaron, a que ocurriera el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Los voceros de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Mario González y Melitón Ortega expresaron su preocupación por el rumbo que tomen las investigaciones a raíz de la desconfianza y falta de independencia del nuevo fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.
También reprocharon la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que preside el subsecretario Alejandro Encinas, lo que ha llevado, opinaron, a que haya el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión.
Ambos representantes del colectivo de los 43 padres de los estudiantes desaparecidos fueron entrevistados después de que el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentara su informe de observaciones a las investigaciones del caso.
Mario González dijo que las conclusiones del informe que destaca la falta de independencia del nuevo fiscal de la UEILCA ante la Fiscalía General de la República (FGR), y advierte que pone en riesgo las investigaciones para llegar a la verdad y justicia que exigen, es lo que ya habían venido denunciando.
“Ya pedíamos que la instancia que se encarga de las investigaciones del caso debe ser independiente, lo mismo que el nuevo fiscal, debe ser autónomo”, declaró.
Reprochó que “desafortunadamente no nos hacen caso, esperamos que ahora con las opiniones y recomendaciones del Mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se les escuche, porque es lo que siempre hemos exigido”.
Mario González agregó que también han pedido que las pruebas que se hacen públicas “sean contundentes” y que no nada más “se avienten por apresurarlas o por quedar bien, porque después hay consecuencias”.
Ello en referencia al cuestionamiento de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en días pasados opinaron que no es posible verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Covaj, debido a que no se conoce el origen de las capturas de pantalla que se anexaron al expediente presentado por el subsecretario Alejandro Encinas.
El vocero de los padres dijo que otra incongruencia es la presentación de las demandas de los abogados de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en contra del subsecretario Alejandro Encinas, puesto que las órdenes de aprehensión salieron de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la UEILCA.
Declaró que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ven riesgo en las investigaciones por la falta de independencia de la UEILCA y de su nuevo titular, y denunció que fueron engañados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien les dio la posibilidad de pensar en otro fiscal, “pero vemos que nomás fue de palabra porque finalmente fue impuesto (Rosendo Gómez Piedra)”.
Informó que en la última reunión que tuvieron con el presidente acordaron que los iban a consultar para ver la posibilidad de designar a otro fiscal, “pero vemos que este ya agarró el puesto”.
Informó que en adelante como padres lo que les queda hacer es “lo que siempre hemos hecho, seguir luchando y mantener más que nunca vivo el movimiento y a las vivas con el nuevo fiscal”.
Agregó que ahora no temen que el presidente López Obrador dé carpetazo al caso al final de su sexenio, como lo hizo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, “porque nos acabamos de enterar de la CIDH que la desaparición forzada no prescribe y tienen que seguirse las investigaciones por cualquier gobierno que entre”.
Melitón Ortega dijo que aún con la falta de independencia del nuevo titular de la UEILCA, no ven riesgo de que se dé carpetazo, “al menos eso ha declarado el presidente ante los padres, que no hay la intención de darle el cierre al caso Ayotzinapa, que se mantendrá la vigencia y la investigación, él ha ratificado el compromiso de mantener abierta la investigación”.
Informó que el hecho de que ahora sepan que la desaparición forzada es imprescriptible, “nos da garantía de seguir trabajando de manera conjunta con la CIDH”, dijo, y agregó que aunque el grupo de expertos termine su gestión en diciembre.
Melitón Ortega reprochó la descoordinación que hay entre las instancias que investigan el caso Ayotzinapa, “hay una descoordinación, no se compaginan ni se comparten la información, el gobierno a través de Alejandro Encinas tiene su propia dinámica de trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la UEILCA tiene la suya, y el grupo de expertos trabajan de otra manera y tienen distinta información”.
Declaró que eso ven que es riesgoso para la investigación y que los padres lo ven con preocupación, “que en el discurso se diga que hay voluntad pero en la vía de los hechos haya una ruptura que nos provoca desconfianza”.
“Hay esa preocupación de nosotros, por eso hemos hecho el llamado al presidente, que haya coordinación, de otra manera no vamos a llegar a conocer la verdad del caso Ayotzinapa, no vamos a avanzar si se trabaja de manera separada”.
Investiga la UIF?a Murillo Karam por caso de lavado de dinero ligado a los Pandora Papers
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a familiares y ex colaboradores, a raíz de su implicación en los Pandora Papers.
El organismo a cargo de Pablo Gómez informó que en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en los Pandora Papers, entre ellas Murillo Karam.
“En esas condiciones, la UIF con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, dijo la unidad especial.
Implica al hijo de ex titular
de la SCT en la investigación
En el lavado de dinero por el que se investiga al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también está involucrado el hijo del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Dosal, quien fue su secretario particular.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la dependencia que encabezó Gerardo Ruiz Esparza, otorgó contratos millonarios a una empresa de familiares de Murillo.
Las contrataciones se dieron en la primera mitad del sexenio pasado, cuando Ruiz Dosal era secretario particular de Murillo en la PGR y su padre, estaba al frente de la SCT.
Se trata de las empresas Alvarga Construcciones y Kouro, esta última una razón social en la que participaron como socios dos hijos, un yerno y un sobrino del ex titular de la PGR.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la SCT, y en ese mismo lapso, (Murillo) tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, indicó la UIF.
La indagatoria contra Murillo Karam, que derivó en una denuncia presentada ayer por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal, surgió tras la investigación internacional denominada Pandora Papers, revelada en octubre del año pasado, que exhibió a personajes y políticos que usaron empresas “off shore” y fideicomisos en paraísos fiscales para ocultar cuentas millonarias.
Según la denuncia, Murillo Karam recibió depósitos por 2.8 millones de dólares y transferencias al extranjero de 26.5 millones de pesos, los cuales supuestamente no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, informó la UIF.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que no sigue instrucciones del Ejército que le ordenó cerrar la queja interpuesta por el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por actos violatorios de derechos humanos cometidos por militares.
Ayer en un comunicado, la CNDH respondió a la nota publicada por la revista Proceso, firmada por la reportera Gloria Leticia Díaz, y titulada “La Sedena se dio el lujo de girar instrucciones a la CNDH”.
Proceso informó que en un escrito fechado el 28 de julio de 2022 –que pertenece a los millones de archivos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya– el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general de brigada diplomado de estado mayor Ángel Primitivo Flores González, instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría de la CNDH, Jair Omar Pasaran Nieto, que “se determine la conclusión de la presente queja” CNDH/2/2022/505/Q, interpuesta por los padres y madres de los 43 por actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio y la de sus hijos atribuibles a personal perteneciente” a la Sedena.
La CNDH indicó en su comunicado que “está al servicio del pueblo de México, sólo a éste se debe, y sus acciones se basan únicamente en las atribuciones y facultades conferidas por el marco jurídico vigente”, aunque no negó la existencia del documento con la instrucción del militar.
Sostuvo que “gracias a la autonomía” que le otorga la Constitución federal y “por instrucción muy enfática de nuestra presidenta, Rosario Piedra Ibarra, en la integración, investigación y documentación de los expedientes de queja no se reciben, ni mucho menos se acatan órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad nacional, estatal, municipal o internacional”.
Aseveró que lo expuesto en la nota periodística de que el general instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría, exhibe “ausencia de información básica de la naturaleza jurídico-política de la CNDH”, y por ello, “falta contundentemente a la verdad”.
Afirmó que en la práctica cotidiana, sustentada en la sistemática procedimental establecida por ley, “el resultado de las investigaciones realizadas por la CNDH se basa única y exclusivamente en evidencias, y en ningún caso se determinan los expedientes por la estridencia emanada de los medios de comunicación ni de las redes sociales, y mucho menos por la solicitud simple y llana de ningún particular ni autoridad alguna sin excepción”.
Precisó que contrario a lo que sugiere la nota, el expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG se encuentra en trámite y en ningún momento ha sido “cerrado”, y al efecto se cuenta con los acuerdos de 18 de octubre de 2021 y 3 de febrero de 2022, mediante los cuales, la presidente Rosario Piedra Ibarra atendió la petición de las madres, padres y familiares de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, y también atendió las recomendaciones y comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Los acuerdos a los que se refriere la CNDH como indicativo de que se está atendiendo la petición sobre Ayotzinapa son anteriores al documento del 28 de julio de 2022 que Proceso reveló en su nota periodística, es decir, la orden del general del Ejército dirigida al responsable de la Segunda Visitaduría para concluir la queja de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
También dice que se han atendido “los nuevos hechos y elementos del caso (Ayotzinapa) en los que seguimos abundando con toda seriedad y responsabilidad”, y que continuará con la investigación del expediente citado, el cual sólo se podrá concluir por alguna de las causas señaladas en las nueve fracciones del artículo 125 del Reglamento Interno.
Las nueve causas para concluir un expediente son: por no ser competencia de la Comisión Nacional para conocer de la queja planteada; por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica al quejoso; por haberse dictado la recomendación correspondiente; por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable un documento de no responsabilidad; por desistimiento del quejoso; por falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento; por acuerdo de acumulación de expedientes; por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja; y por haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación o durante el trámite respectivo.
La CNDH manifestó que está siempre en comunicación con los familiares, con quienes tienen pendiente una reunión y cuya fecha las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos “habrán de establecer”, precisamente para el seguimiento de la queja.
Subrayó que en lo que respecta a la desaparición de los 43 normalistas, no solamente tiene el deber de observar la ley sino de mantener un compromiso con los padres y madres de las víctimas, al que no habrán de faltar, de acompañarlos en su búsqueda de verdad y justicia, y por lo mismo rechazó “cualquier insinuación” que la coloque en contradicción con ese compromiso que aseguró “va más allá de la ley, es de ética y de elemental solidaridad con su causa, que es de todo el pueblo de México”.
La revista Proceso dio a conocer también el comunicado de la CNDH en su plataforma digital, y resaltó que el organismo no desmintió la existencia del documento que se obtuvo por la filtración de Guacamaya donde el militar instruyó concluir la queja de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el expediente se encuentra en trámite y que siguen las investigaciones y las actuaciones.
De acuerdo con Proceso, como lo reconoció el GIEI en su reciente conferencia, los documentos filtrados por los hackers demuestran “un intento de exculpación de un militar detenido, el capitán José Martínez Crespo”, adscrito al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y detenido desde noviembre de 2020.
Padres y madres de los 43 desaparecidos, frente a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el mitin político en la explanada de la 35 Zona Militar en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Padres de los 43 desparecidos y alumnos de Ayotzinapa insistieron en que el Ejército sea investigado y se detenga a los militares implicados en la desaparición de los estudiantes; normalistas arrojaron un camión de Coca-Cola al portón de la 35 Zona Militar, arrojaron cohetones y pintaron consignas en los mur.
En su segundo día de jornada de movilización y a unos días de cumplirse el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, padres y alumnos a las 12 del día se manifestaron en Chilpancingo.
Los manifestantes a bordo de autobuses descendieron afuera del cuartel de la 35 Zona Militar, ubicada en la lateral de la Autopista del Sol, en el sentido sur-norte, el cual fue cerrado durante su actividad, que duró una hora y media.
Al llegar, los padres y algunos alumnos con sus resorteras lanzaron piedras a las cámaras de seguridad, arrancaron unas banderas que adornaban la fachada del lugar y colocaron pegatinas en el portón con la frase “nos faltan 43”; posteriormente iniciaron su mitin.
No hay militares detenidos pese a que hay órdenes de aprehensión
El vocero de los padres, Melitón Ortega, dijo que el reciente informe que dio el gobierno federal tiene elementos importantes que deben de ser investigados, ya que por primera vez reconoce que fue un crimen de Estado.
Indicó que al decir que fue un crimen de estado “significa que los funcionarios, las fuerzas armadas y policías participaron para desaparecer a los 43 alumnos y asesinar a tres de ellos: Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes”.
Melitón Ortega consideró que es importante para la lucha de los padres esclarecer lo que pasó el 26 y 27 de septiembre y que el gobierno profundice esas líneas que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa dio a conocer el pasado 17 de agosto, por lo que debe de seguir deteniendo a los culpables.
“Pero para calmar los ánimos de los padres, de los estudiantes y del pueblo fue la detención de Jesús Murillo Karam (ex procurador general de la República), para decir que están haciendo mucho, pero hasta la fecha no tenemos más detenidos”, dijo.
El vocero recriminó que Murillo Karam pidió un amparo para no ser procesado, y sostuvo que los padres y madres no lo van a permitir, “en el informe que presentó, Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) señala que participó el Ejército del 27 batallón de Iguala, el 48 batallón y el 35 sede en este lugar”.
Destacó que hay unas 80 órdenes de aprehensión dentro de las cuales están los agentes y los altos mandos del Ejército, “que hasta la fecha no se sabe nada si van a actuar en contra de ellos, de la Marina y las fuerzas armadas que hasta hoy está impune”.
Dijo que por eso, este martes, acudieron a la explanada en el exterior de la 35 Zona Militar para decirle al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador que “no vamos a descansar y que señalarán a los militares”.
Además, recriminó que el gobierno federal dice que las fuerzas armadas son las que van a generar las condiciones de paz en Guerrero y en el país, “cuando son ellos los responsables de desaparecer y asesinar a campesinos, alumnos y defensores de los derechos humanos. Se tienen que encarcelar a los miliares”.
Melitón Ortega destacó que acudían a la Zona Militar para decir a las autoridades que no pueden permitir que los militares anden en las calles como si nada, y haciendo creer que son ellos los que van a controlar todas las bandas criminales, “cuando son ellos parte de esta banda criminal”.
Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, portó una lona de plástico con el rostro de su hijo, y dijo: “nosotras como madres no vamos a parar hasta saber el paradero de nuestros hijos”.
Destacó que el gobierno federal reconoce que fue un crimen de Estado “cuando nosotros desde un principio ya lo sabíamos. También exigimos la ejecución de las órdenes de aprehensión, porque nada más detuvieron a Murillo Karam y ya no hay más detenciones”.
La señora Blanca manifestó que como madres exigen que se castigue a los responsables que se llevaron a sus hijos, porque ya están por cumplir ocho años y no los encuentran.
“Exigimos la verdad, no nos vamos a ir a casa con una respuesta de que están muertos, nos iremos cuando nos den pruebas científicas de que nuestros hijos están vivos o muertos, porque así como dicen las autoridades que no hay indicios de vivos tampoco lo hay de muertos”.
Aseveró que los padres y madres seguirán en las calles hasta encontrar con vida a sus hijos y que se castigue a todos los responsables. La madre de Jorge Álvarez consideró que el Ejército está para defender a la sociedad, no para que desaparezcan y maten, “aquí vamos a seguir en pie de lucha”.
Pintas, piedras, cohetones y dejan ir un camión de Cocacola para abrir la puerta
Al finalizar el mitin los padres se retiraron del lugar, en tanto los alumnos realizaron pintas con las frases: “Nos faltan 43”, “Fue el Estado”, “26 y 27 de septiembre no se olvida” y “Gobierno asesino”.
Los jóvenes con el rostro cubierto lanzaron piedras al interior de la Zona Militar, la cual estaba totalmente cerrada, arrojaron más de 10 cohetones y lanzaron un camión de la empresa Coca-Cola sin chofer al portón, que se abrió.
El camión, que llevaba costales blancos rellenos de taparroscas, quedó parado en la entrada, y en tres ocasiones los alumnos lanzaron al interior del camión cohetones, uno de ellos ocasionó que el vidrio saliera volando por los aires.
Al finalizar subieron a los autobuses, se retiraron de la vialidad y se dirigieron al municipio de Tixtla donde se encuentra la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. De acuerdo con la agenda de actividades de los padres este miércoles estarán en Iguala.
A la zona llegaron Bomberos para verificar que no hubiera artefactos, después salieron los militares para ver los daños causados; posteriormente retiraron del lugar el vehículo.
