La tarde de este martes, se difundió por redes sociales un tercer fragmento del video de la reunión de la presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, en el cual se destaca que la morenista antes participó en el equipo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y que ingresó a su nuevo partido, Morena, con el ahora diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
En el mismo tono de conversación relajada, al final del material Ortega Jiménez subraya que fue “afortunada” al tener la preferencia para encabezar la alcaldía de Chilpancingo.
La parte difundida ayer dura apenas unos 40 segundos, es la misma toma de las partes anteriores grabadas en un restaurante de la carretera a Quechultenango y comienza a la mitad de un diálogo de la presidenta municipal.
La transcripción del video es la siguiente:
“–…tuvimos ahí la oportunidad de compartir. Pues pura grilla –concluye una frase Hernández Martínez.
–Ta’bien, ta’bien. Ahora quién… (risas de ambos) que son la misma gente de Ángel Aguirre, ¿que no? –agrega el que ha sido identificado como el cabecilla de Los Ardillos.
–Pues sí, de la misma gente, sí. Hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos dividió. Tomamos decisiones. Es cuestión de que nosotros nos fuimos con Morena, con Pablo en específico. En el camino Pablo no es (candidato a gobernador), no se define. Viene por encuestas Acapulco, y Chilpancingo, y salgo yo.
–Qué afortunada.
Termina el corte.
El primer fragmento del video de esta controvertida reunión se compartió en redes sociales un día antes de la detención en Chilpancingo del líder transportista Jesús Echeverría Peñafiel y otro chofer, señalados como integrantes de Los Ardillos, el 5 de julio.
El segundo se conoció luego del bloqueo de la autopista, y la toma de los edificios del Congreso y del Poder Ejecutivo por pobladores de diferentes municipios de las regiones Centro y Montaña, que es la zona de influencia de Los Ardillos, el 10 de julio.
La primera versión sobre el motivo de la movilización, que paralizó las actividades de la capital por dos días, fue que los inconformes planteaban la liberación del líder transportista, que al final fue vinculado a proceso. Los manifestantes concluyeron la protesta luego de llegar a acuerdos con el gobierno estatal, para la construcción de obra pública en sus comunidades.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre la reunión y ya ha solicitado a las autoriades electorales y al Congreso informes sobre la alcaldesa quien, por su parte, ha desoído los llamados a que solicite licencia al cargo mientras se lleva a cabo la indagatoria.
Este jueves se organizó una reunión regional con transportistas de Tierra Caliente, en el centro cultural de Ciudad Altamirano, convocada por la delegación de Transportes, a cargo de Obeth Medina, en donde todas las organizaciones expresaron su inconformidad por la falta de inversión en carreteras de la región.
El encuentro tenía como objetivo escuchar las necesidades de los transportistas, además de acordar algunas formas de trabajo también con la Guardia Nacional, por la falta de licencias de manejo en todo Guerrero.
En el encuentro estuvieron presentes la representación de unos 15 sitio de taxis, además de los dueños del transporte público urbano de Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán y de diferentes comunidades que llegan a la cabecera de Pungarabato.
Ahí, los dueños del transporte tuvieron la posibilidad de hablar y expresar sus inconformidades.
La principal inconformidad de los transportistas es el mal estado de las carreteras. Uno de los líderes del sitio Rey Irepan, dijo que “la Tierra Caliente se mantiene olvidada por el gobierno estatal, la gobernadora presume que es la región, pero debería de presumir las condiciones en las que se encuentran todos los accesos a Ciudad Altamirano, las carreteras federales y las carreteras estatales están para dar vergüenza. La carretera a Tlalchapa lleva como cinco años que la están arreglando y ya se comenzó a echar a perder la primera parte a la que le dieron mantenimiento y todavía no terminan ni la mitad de la ruta hacia Ciudad Altamirano. En esas condiciones circula el transporte en la región, con costos muy altos de reparaciones, y a eso le tenemos que agregar los impuestos que nos están cobrando”.
En la reunión estuvo presente la delegada de Gobierno, María Asunción Santamaria Jiménez, a quien le dirigieron los mensajes y le pidieron que le dijera a la gobernadora que han visto como entrega apoyos para el transporte en otras regiones y cómo sólo están invirtiendo en Acapulco y Chilpancingo.
“Es en todos los aspectos, el mercado de Altamirano se quemó. Han pasado más de seis meses y no hay una sola inversión por parte del gobierno estatal, sin embargo, en Acapulco ahí sí la gobernadora se desvió por ayudarles y creo que eso demuestra claramente que no hay un trato igual para esta región”.
Por su parte, María Asunción Santamaria dijo que la gobernadora ya había anunciado una inversión en carreteras por más de 50 millones para la región, que además han llegado apoyos para varios municipios en transporte, de ambulancias y equipamiento de unidades, tanto para el traslado de pacientes como también para la atención de los problemas de la basura. Negó que haya un abandono en esta región, sin embargo, dijo que todas las opiniones que recibió las llevaría ante el gobierno estatal.
Los transportistas presentaron como segunda preocupación que están saliendo fuera de la región y que no hay licencias de manejo para expedir en ningún Ayuntamiento, pero tampoco en el gobierno estatal desde hace dos meses.
El personal de la Guardia Nacional que asistió al encuentro con los transportistas, informó que la sanciones o infracciones que se realicen al transporte se tomará en cuenta que no hay licencias de manejo, que por tal motivo, lo que les están pidiendo a los conductores del transporte público es que respeten los límites de velocidad, los sentidos de las calles y las condiciones de traslado, con las puertas cerradas por seguridad de ellos mismos, pero que en este momento no habrá alguna persecución hacia los conductores por no tener licencia de manejo.
Ahí mismo, se informó que el gobierno estatal a partir de agosto comenzará la expedición de licencias en todo el estado, desde las oficinas de Finanzas, las cuales deberán ser adaptadas para tal actividad.
Les informaron del precio de las licencias del gobierno estatal, donde mientras un Ayuntamiento cobra 500 pesos como maximo por el documento con tres años de vigencia, y en algunos éste era el precio del de cinco años, ahora la licencia nueva del gobierno estatal costará 790 pesos para tres años y poco más de 1 mil pesos por la de cinco años, para choferes.
Por ello, expusieron la posibilidad de que pudiera bajar el precio al 50 por ciento, siempre y cuando se logre en algún convenio con los municipios, del cual no especificaron detalles.
Los ex gobernadores de Guerrero, el priista Héctor Astudillo Flores y el ex perredista Ángel Aguirre Rivero, se reunieron y acordaron “caminar juntos rumbo a 2024”.
Aguirre Rivero publicó en sus redes sociales una fotografía de la reunión que tuvieron este sábado en el restaurante 100% Natural de Costa Azul, en Acapulco.
Ángel Aguirre escribió que con Astudillo Flores “la amistad se fortalece, así como las valoraciones que tenemos respecto a los tiempos que nos han tocado vivir”.
Informó que hablaron de “nuestras coincidencias políticas hacia el futuro proceso electoral que se avecina en 2024, el cual se vislumbra como inédito, ante la irrupción de personajes y nuevos acontecimientos que se están presentando en la vida nacional” en aparente alusión a la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio opositor, la senadora panista Xóchitl Gálvez.
En ese sentido, dijo que ambos acordaron “caminar juntos rumbo a 2024 e hicimos votos porque a nuestro estado le vaya bien y transite por caminos de paz y de concordia”.
En la reunión estuvieron el notario público Martín Aguirre Morga, el diputado local Ricardo Astudillo Calvo, el secretario técnico del Senado de la República, José Manuel del Río, y su secretario particular, Armando Añorve Ríos –ex secretario privado de Aguirre–, así como el activista de la comunidad lésbico gay y periodista, Igor Pettit.
“Por el alto perfil de los participantes, la discusión fue muy interesante sobre temas estatales, políticos y legislativos, salpicados de anécdotas y vivencias”.
“Con el licenciado Héctor Astudillo la amistad se fortalece, así como las valoraciones que tenemos respecto a los tiempos que nos han tocado vivir”, escribió Ángel Aguirre. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
Los trabajadores de Comunicación Social cumplieron cuatro días en paro laboral para exigir la salida del director Ignacio Orbe López y este jueves tenían una reunión agendada con la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, que les fue cancelada de último momento por lo que pidieron la intervención a algunas regidoras porque “nos han cerrado el acercamiento con la alcaldesa”.
Al salir de una reunión de la Comisión de Hacienda, que fue en la sala de Cabildo, las regidoras Ricarda Robles Urióstegui, Sofía Corona Mijangos y Candy Salas fueron abordadas por los trabajadores que les informaron la situación y la forma en que el director Ignacio Orbe López “ejerce violencia de género y hostigamiento laboral”. Cada uno de los trabajadores le expresaron a las regidoras las experiencias que han tenido con el director de Comunicación Social y dijeron que ha usado insultos.
Además, que les ha quitado su carga de trabajo para justificar el ingreso a la nómina de 15 trabajadores que llegaron con él y hasta compró computadoras y a “nosotros ni una quiso dar”.
Mencionaron que les ha dicho que ellos necesitan el dinero porque él no, “que está aquí por hacerle un favor a la alcaldesa porque el tiene dos trabajos, entre ellos, en la UAG”. Los trabajadores manifestaron que ellos han buscado a la alcaldesa para hablar con ella y exponerles la situación, pero les han cerrado el acercamiento con ella. Indicaron los trabajadores que el problema no es con Abelina López Rodríguez, sino con los malos funcionarios como Ignacio Orbe y los que han llegado con él como el que es su chofer quien se ha burlado de ellos.
Las regidoras se ofrecieron intervenir ante la alcaldesa para que se agendara una reunión, la cual será hoy para de una vez destrabar el problema y les pidió que matizaran su demanda de la salida del director Ignacio Orbe, pero los trabajadores tajantes dijeron que no, porque ya no se puede trabajar con él por el “hostigamiento laboral que ha ejercido contra todos ellos”.
Desde el lunes los trabajadores de Comunicación Social iniciaron un paro laboral y mantienen cerrada las oficinas para exigir la salida del director Ignacio Orbe López por hostigamiento laboral, maltrato y violencia de género.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
La diputada federal por Morena, Evangelina Moreno Guerra (de Baja California), y defensores de derechos humanos, se reunieron este el jueves con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Luis Rodríguez Bucio, a quien le demandaron la libertad de la activista guerrerense Kenia Hernández Montalván, quien lleva más de tres años presa, “injustamente”.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa de la dirigente del Colectivo Zapata Vive y del Movimiento por la Libertad de Los Presos Políticos de Guerrero (Molpeg), informó que el 6 de junio pasado Hernández Montalván cumplió tres años presa.
La activista Guerrerense fue detenida acusada por el delito de robo con violencia y ataques a las vías generales de comunicación, supuestamente ocurridos en una caseta de cobro en Ecatepec, Estado de México, y se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16 (Cefereso) en el estado de Morelos.
El organismo informó ayer que una comisión de diputados federales encabezada por la diputada federal Moreno Guerra, se reunieron el jueves con el subsecretario de Seguridad, Rodríguez Bucio a quien le expusieron el caso de la dirigente social de Guerrero.
Después de su reunión con el funcionario federal la diputada Moreno Guerra escribió en su cuenta de Facebook: “Esperamos pronto recuperar la . Agradecemos la alta sensibilidad mostrada por la secretaria en un caso que nos duele a todos y todas”.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero no dio mayores detalles de los acuerdos con el funcionario federal, “para no afectar lo que se avanzó en la reunión”, declaró por teléfono uno de sus integrantes.
La comisión de diputados de Morena que se reunió con el funcionario federal, encabezados por Moreno Guerra, integraron el 2 de junio pasado la red de apoyo en favor de Kenia Hernández Montalván.
Se informó que la red tiene el propósito de dar seguimiento al proceso jurídico en contra de la activista acusada por el delito de ataques a las vías generales de comunicación y robo con violencia.
Como parte de las primeras actividades de la Red, fue la reunión de trabajo con los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezados por Rodríguez Bucio, “para conversar sobre el estatus jurídico de Kenia Hernández”, informó el organismo de derechos humanos.
Después de la integración de la Red, la diputada Moreno Guerra logró que se aprobara un punto de acuerdo en el Congreso federal para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “garantice en todo momento un trato digno” y de total respeto a los derechos humanos de las mujeres internas en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en el estado de Morelos, en donde está recluida Hernández Montalván.
La fiscal general de Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que hay una investigación por los videos de la reunión de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el presunto líder de Los Ardillos.
Reveló que no ha habido ningún acercamiento con la alcaldesa, pero “nosotros de todos modos investigamos en el ámbito de la competencia del fuero común lo que se pueda configurar cualquier conducta delictiva”.
En declaraciones en la Novena Región Militar de Acapulco, la fiscal explicó que se abrió una carpeta en general, “se investiga el hecho que se anunció públicamente y de ahí ya se derivan líneas de investigación que pueden tipificar conductas, ya sea del orden común y si fuesen del orden federal se declinará la competencia a la Fiscalía General de la República”.
Indicó que quiere “imaginar” que por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ya se inició la carpeta de investigación correspondiente. Además, Valdovinos Salmerón dijo que por los hechos violentos de los últimos días en la capital también se abrieron carpetas de investigación.
“Por las comunicaciones de la presidenta hay una carpeta, por la retención de los servidores públicos del gobierno del estado, así como de policías estatales se abrió una carpeta y hay una tercera por lo que hace a motín y sabotaje”.
A la fiscal se le preguntó si hay investigación sobre las personas armadas que estuvieron en los bloqueos del lunes y martes y respondió que sí, que se está investigando cualquier conducta delictiva, pues es competencia de la Fiscalía del estado, “me imagino que por parte de la FGR también debió haberse abierto de manera oficiosa por la posible portación de armas y obstrucción a las vías de comunicación federal otra carpeta”.
De si hay una investigación a las dos personas que la secretaría de Seguridad Pública relacionó con el grupo de la delincuencia denominado Los Ardillos y que estuvieron en el diálogo con las autoridades del estado, la fiscal respondió: “Me imagino que sí, exclusivamente si se configurase en delitos como delincuencia organizada u otro de competencia del fuero federal”.
Indicó que están sumando esfuerzos con operativos para puestos de revisión y control, también en entradas y salidas y hasta el momento no se ha desarticulado ninguna banda delictiva. Lo que sí se está concretando son operativos por sectores.
Desde el sábado se dio una ola de violencia en Chilpancingo cuando fueros quemados vehículos del transporte público y asesinado choferes, lo que siguió el lunes.
Mientras el lunes alrededor de tres mil pobladores de diversos municipios entraron de manera violenta a la capital, donde se enfrentaron con antimotines de la Policía del Estado y la Guardia Nacional, reteniendo a diez que el martes fueron liberado, luego de una mesa de trabajo con las autoridades del estado donde acordaron obras para carreteras de diversas comunidades.
El dirigente de Morena, Jacinto González Varona, consideró que hay golpeteo político para dañar a su partido y a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con la difusión “dosificada” del video de una reunión de la presidenta municipal con un presunto líder de un grupo delictivo, que trascendió la semana pasada, y que volvió a circular este martes con nuevos elementos.
En consulta telefónica, advirtió que no es casual que el segundo material fuera colocado en redes sociales tres horas después de que acabara la protesta de ciudadanos, de los municipios del Circuito Río Azul, en la región Centro, y otros de la Montaña, quienes marcharon, bloquearon y tomaron de oficinas en la capital del estado. Justo en el territorio donde opera esa agrupación.
Urgió a que la Fiscalía General de la República (FGR) deslinde cualquier responsabilidad que pueda tener la representante popular de Morena por su actuación, para que el partido también proceda en consecuencia.
Como dirigente estatal, dijo que ya envió a la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena, un informe de los datos que pudo reunir del encuentro de la representante popular con el cabecilla de un grupo delictivo. Aclaró que la alcaldesa tendrá que asumir la responsabilidad que toque.
Sin embargo, precisó que el órgano interno determinó que va a esperar a conocer los datos que arroje la investigación judicial, para resolver el estatus de alcaldesa de Morena.
Ratificó que la difusión del video es política, “están dosificando la información, para hacer daño al partido y a la alcaldesa. Mi posicionamiento es que urge que las fiscalías investiguen a fondo lo que está pasando, y den una resolución”.
Insistió en pedir una investigación precisa e imparcial, porque el resultado también será analizado por la CNHJ, para sancionar la conducta de la representante popular.
Sin embargo, dijo que desconoce sobre los avances de la fiscalía o si ya se tuvo acceso al video completo.
Dijo que las redes sociales se están usando para esta campaña política. Para confirmarlo, destacó que los ayuntamientos de la ruta del río Azul son gobernados por partidos distintos a Morena.
Aclaró que no está señalando a nadie, pero el golpeteo no es casual, “ocurre después de que se resuelve el conflicto de los campesinos del Circuito Río Azul. Vuelve la aparente calma y a las tres horas sacan la segunda parte del video. Son hechos articulados”.
En el contexto del asesinato del ex regidor perredista Oscar Garibay y del ex secretario de la Juventud, en el gobierno del presidente municipal perredista Antonio Gaspar Beltrán, Iván Domínguez, la dirigencia estatal del PRD insistió en la renuncia de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, de la fiscal del estado Sandra Luz Valdovinos Salmerón y del gabinete de seguridad del gobierno del estado.
En conferencia de prensa en la entrada del Palacio Municipal, donde miembros de la dirigencia estatal colocaron una lona en la que se leía: “El PRD exige la renuncia de Norma Otilia Hernández”, el dirigente Alberto Catalán Bastida dijo que es evidente que la presidenta “es la principal generadora de la violencia por sus vínculos con los grupos delictivos”, con los que se ha reunido.
Argumentó también que es claro que no hay coordinación entre el gabinete de seguridad estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero con las autoridades municipales para resolver el problema de violencia.
La exigencia se da a unas horas del asesinato de quienes fueron regidor perredista Oscar Garibay y secretario de Juventud, Iván Domínguez en el gobierno del perredista Antonio Gaspar Beltrán.
Catalán Bastida también anunció que van a solicitar al Congreso local que se le abra un proceso de juicio político a la alcaldesa y que llamen a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez y a la fiscal Valdovinos Salmerón.
A las 12 del día llegaron a la puerta principal del Palacio Municipal, Catalán Bastida y el dirigente municipal Fernando Calixto, así como la secretaria general de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE),
Ivet Díaz Bahena; el presidente del Consejo Estatal Mario Ruiz Valencia, y el vicepresidente Marco Antonio Organis, entre otros miembros de la dirigencia estatal.
El dirigente estatal declaró que acudieron para exigir la renuncia de la presidenta municipal Hernández Martínez, de todo el gabinete de seguridad del gobierno estatal y de la Fiscal del estado “porque no hay resultados en materia de seguridad”.
Denunció que es evidente que la autoridad de los tres niveles de gobierno ha sido rebasados por la violencia y que los gobiernos estatal y federal ya no tienen coordinación con el municipio en los temas de seguridad que son los que han estado lacerando la vida pública social y económica de esta capital.
Reprochó que el martes tanto la gobernadora Evelyn Salgado Pineda como la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez “se vanagloriaron” diciendo que fue un éxito rotundo la forma en la que llegaron acuerdos con quienes mantuvieron bloqueada la Autopista del Sol, y que ya todo estaba bien, “pero en la noche mataron al compañero del PRD y ex regidor Oscar Garibay”.
Acusó a la presidenta municipal como la principal, generadora de la violencia por no tener una estrategia y coordinación con los otros niveles de gobierno para atender el problema, y en la sesión de preguntas añadió que también por sus vínculos con los grupos delictivos con los que se ha reunido, de acuerdo a los videos que sean difundido.
“No hay una visión de reorientar o recomponer las cosas, sólo culpan a los fantasmas del pasado, a las fuerzas oscuras y a los medios de comunicación que lo único que hacen es publicar la información”.
A pregunta expresa, el dirigente perredista anunció que independientemente de las denuncias formales que harán ante las instancias correspondientes también están en pláticas con los diputados de su fracción parlamentaria para que se de procedencia a un juicio político en contra de la alcaldesa.
“Vamos a pedir que se presente ante la Comisión Permanente, pero también que se llame a comparecer al secretario de Seguridad Pública y a la propia Fiscal del estado.
“El día de ayer fueron Oscar Garibay e Iván, hace algunos días fueron transportistas y personas que han tenido la mala fortuna de pasar cuando se dan estas situaciones de violencia y también pierden la vida”.
Dijo que por la violencia, hubo cierre de negocios paralización del trasporte e inasistencia de gente en los espacios públicos, lo que genera pérdidas económicas para los empresarios y comerciantes que van al día con su economía.
“Nosotros creemos que esto ha rebasado la posibilidad de que los gobiernos federal, estatal y municipal le den garantías de seguridad a la ciudadanía de Chilpancingo para que pueda seguir con su vida normal”.
Catalán Bastida insistió que van a agotar todas las instancias para que la alcaldesa renuncie y sea llamada a juicio ante el Congreso local.
Los reporteros cuestionaron al dirigente perredista que también hay alcaldes perredistas como la de Copala, Guadalupe Villalva, señalada por el homicidio del coordinador del PVEM Jesús González y algunos de Tierra Caliente que fueron señalados por sus vínculos con el crimen organizado. Dijo que el PRD está de acuerdo en que también se les investigue, “nosotros no vamos a ser tapadera de nadie”.
