Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.
Una comisión de pobladores de la comunidad nahua de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, demandó este jueves en Chilpancingo la intervención del gobierno del estado para que otro grupo de habitantes de ese lugar, que encabezan líderes del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara Tejedor dejen las armas, porque representan un peligro para ellos.
El grupo de vecinos formaba parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los llamados pueblos fundadores, que tienen su base en Rincón de Chautla, pero se disgregaron tras un enfrentamiento que tuvieron en febrero de 2015 con los policías comunitarios del FDP.
Apenas el miércoles, un grupo de policías comunitarios de la CRAC de los pueblos fundadores, al que pertenecía un grupo de San Jerónimo Palantla, marchó en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, donde demandó la cancelación de 67 averiguaciones previas, de las cuales para 60 ya se liberaron las órdenes de aprehensión.
Las averiguaciones previas fueron integradas como consecuencia de la confrontación con miembros del FDP, y en éstas están incluidos algunos de los ahora ex policías comunitarios de San Jerónimo Palantla, por lo que en la conferencia de prensa de ayer también demandaron la cancelación de las averiguaciones previas y las ordenes de aprehensión.
A las 5 de la tarde de este jueves, los pobladores de San Jerónimo Palantla ofrecieron una conferencia de prensa en esta ciudad en la que se deslindaron de Torres Fierro y Gue-vara Tejedor, porque son “los que insisten en que San Jerónimo Palantla siga teniendo conflictos con sus vecinos de Rincón de Chautla”.
En San Jerónimo Palantla hay dos grupos, el que pertenecía a la CRAC de los pueblos fundadores, que son los que ofrecieron la conferencia de prensa de ayer, y el grupo que encabezan los dirigentes del FDP. Para resolver el conflicto entre ambos, que estaban en permanente confrontación, el gobierno del estado promovió la firma de una minuta de acuerdos. En ella, los afines al FDP se comprometieron a retirar las demandas penales contra el grupo adversario, y éste aceptó desarmar a los policías comunitarios de San Jerónimo Palantla que pertenecían a la CRAC.
Sin embargo, ayer un vecino de Palantla, Cornelio Xochitempa denunció que ellos cumplieron pues se desactivaron como policías comunitarios, y que el FDP no ha retirado las demandas panales, como era el compromiso.
Ante esta situación, exigieron la intervención de las autoridades estatales para que se desarme al grupo del FDP, pero también que cumpla con el retiro de las demandas, pues funcionarios del gobierno estatal sirvieron de mediadores para la firma de la minuta.
En la conferencia de prensa que ofrecieron la tarde de ayer, Xochitempa leyó un comunicado en el que se establece que ellos, como vecinos de San Jerónimo, respetaron el acuerdo firmado entre Rincón de Chautla y el gobierno del estado, para que ninguna policía comunitaria operara en San Jerónimo.
Sin embargo, acusaron que el otro grupo de pobladores, encabezado por Constantino Calvario Merino, apoyado por dirigentes del FDP no respetaron el acuerdo y continúan portando armas.
Los pobladores de San Jerónimo Palantla informaron que sus mismos vecinos que defienden intereses de Constantino Calvario, interpusieron las demandas contra los ex integrantes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, a pesar de que ya existe un acuerdo de que los hechos de violencia ocurridos el 8 de febrero del 2015, cuando hubo cuatro muertos de los que se acusa a los policías comunitarios de Rincón de Chautla, no se van a perseguir de oficio y que las averiguaciones quedarían sin efecto.
Por otra parte, demandaron justicia para Isaac Xochitempa Chautla, promotor de la CRAC de los pueblos fundadores de San Jerónimo Palantla, asesinado el 24 de noviembre del 2015. Del homicidio acusan a los afines al FDP.
También denunciaron que todavía no hay apoyo ni atención de los gobiernos del estado y del municipio para los familiares de las víctimas del 24 de noviembre del 2015, cuando hubo tres asesinatos provocados por el FDP en esa misma comunidad.
En un territorio que se disputan los grupos criminales de Los Ardillos y Los Rojos, 15 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) han logrado vivir en paz desde hace dos años, tras la organización que logró la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), de los Pueblos Fundadores, que se ha declarado independiente de los sistemas comunitarios existentes.
“Aquí se cometían asaltos, violaciones, homicidios, secuestros, pero después de que nos organizamos cesó todo. Ahorita todo está bien, ya no se quejan las comunidades, por eso aunque nos estamos cooperando para dar seguridad, las comunidades están de acuerdo porque están en paz”, dijo el consejero regional de la agrupación comunitaria, Bernardino Sánchez Luna.
La organización que aglutina a 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera y en la que participan 300 policías comunitarios que se encargan de la seguridad, se deslindó ayer de los otros sistemas comunitarios como la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán y de las casas de El Paraíso y de Tixtla, y han trabajado por su cuenta en estos pueblos en donde también funciona la Policía autodenominada por la Paz y la Justicia.
–¿No han tenido aquí conflictos con grupos del crimen organizado?, –se le preguntó al consejero, a sabiendas de la pugna que hay entre Los Rojos y Los Ardillos.
–Hasta ahora no, está todo tranquilo.
–¿Tienen coordinación con la Policía Estatal, con la Federal y con el Ejército?, –se le preguntó al consejero.
–Nosotros solamente exigimos respeto al gobierno. No nos coordinamos con ellos. Ellos hacen su chamba y nosotros la nuestra.
–¿En la chamba de ustedes no ha habido amenazas, hostigamiento y obstáculos de las fuerzas estatales y federales?
–Cuando iniciamos (en 2015), sí había intimidaciones, pero ahorita se va calmando todo; de hecho, hay trabajadores aquí en Xicotlán, y el presidente municipal de Chilapa nos pidió que los fuéramos a recoger a la orilla de Chilapa, porque tenía miedo de venir a trabajar aquí por la violencia.
“Con eso, el presidente municipal está reconociendo nuestro trabajo, aunque no nos apoya económicamente, pero nos reconoce el trabajo que hacemos, simplemente se niega a soltarnos el recurso”, dijo.
Este grupo de policías comunitarios se fundó el 27 de agosto de 2014, bajo los auspicios del ex consejero de la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán, Cirino Plácido Valerio. Sin embargo, a raíz del conflicto que este grupo de comunitarios tuvo con los ciudadanos de San Jerónimo Palantla, se deslindaron de Cirino y formaron un grupo separado que aglutina a las 15 comunidades de municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
–¿Ustedes son independientes de otros grupos de la Policía Comunitaria que formó la CRAC?, –se le pidió que precisara.
–Somos independientes, o sea que trabajamos con los pueblos. No nos coordinamos con nadie (de los otros grupos del CRAC) ahorita.
–Cuando ocurre un hecho delictivo, ¿Qué pasa con los detenidos, a dónde se los llevan?
–Los sometemos a reeducación y quienes deciden son los comisarios y los consejeros cuánto tiempo se les va a dar. De hecho, no ha habido detenidos porque hablamos con las comunidades para que se respetara la ley.
“Les pedimos que se evite llegar a la violencia, antes que llegar al sistema de reeducación, por eso ahorita está todo tranquilo”, explicó.
–Desde que se formó este grupo de la Policía Comunitaria, ¿cuántas personas han sido detenidas?
–Cuando iniciamos fueron como 30, porque no entendía la gente y seguía cometiendo delitos. No había grandes delitos, pero se amenazaban, se quitaban sus derechos, pues.
Sin embargo, agregó que posteriormente se firmaron actas en los pueblos en las que los habitantes y las familias se comprometieron a vigilar la actuación de los habitantes, “y ahora ya no tenemos detenidos, ya está todo tranquilo”, reiteró.
–¿Desde que se formó esta Policía Comunitaria, cuáles son los obstáculos que han tenido?
–El problema que tuvimos fue con San Jerónimo Palantla, porque entre ellos mismos tienen pleitos, es un problema interno, quisimos entrar y entonces tuvimos problemas con ellos, por eso ahora nos deslindamos de ellos.
“El problema de San Jerónimo, aunque aprobó la mayoría nuestra presencia, los demás no estuvieron de acuerdo, por eso nos retiramos. Hasta ahorita, no sabemos si hay un grupo delictivo detrás de ellos, pero lo que sabemos es que tienen problemas de terrenos, de agua, de escuelas, y están divididos, el comisario municipal por un lado y el comisariado de bienes comunales por otro”, explicó.
–¿Ustedes ya no tienen injerencia en ese pueblo?, –se le preguntó al consejero.
–Ya no, si se llegaran a integrar tendrán que entregar otra acta en donde aceptan incorporarse a la CRAC, pero no ha llegado ningún documento.
El consejero explicó que con la decisión de retirarse de esa comunidad están respetando los acuerdos que firmaron con el gobierno estatal el 11 y 25 de marzo de 2016, cuando se estableció que la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla liberaría a cuatro detenidos de San Jerónimo Palantla, y éstos se desistirían de las ordenes de aprehensión de más de 60 policías comunitarios.
Pero denunció que la gente de San Jerónimo Palantla no cumplió porque en vez de retirar las órdenes de aprehensión en contra de los comunitarios, presentaron más demandas, apoyados por el Frente de Defensa Popular (FDP).
El miembro del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez se deslindó de los hechos de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, donde el sábado pasado retuvieron a 14 policías comunitarios de una fracción opuesta que luego fueron liberados, el 16 de junio.
Manuel Alejandro Gutiérrez solicitó, vía telefónica, que se precisara la información luego de que en diversos medios, incluido El Sur, se publicó que en la operación del 18 de junio participaran policías comunitarios de Cualac, Huamuxtitlán y Temalacatzingo, del municipio de Olinalá.
“Los que integramos la Policía Comunitaria de La Cañada, de Alpoyeca, Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán no tuvimos conocimiento de nada”, dijo.
Descartó la participación de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo y de la que hay en Huamuxtitlán, así como la de Cualac, “porque nadie nos dijo, y no se vale que digan que estuvimos cuando no fue cierto”.
Añadió que en la subregión Cañada tienen sus ocupaciones, y que para participar en alguna acción u operativo se convoca y no se hace a la ligera.
Agregó que la precisión es porque se continúa hablando de su participación, pero “para que nosotros pudiéramos estar nos debieron convocar a una reunión, y eso no ocurrió”, insistió.
El comité de comentó que tampoco cree que participaran en la operación los policías comunitarios de Cualac ni integrantes de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, de Olinalá y sus comunidades.
El 11 de junio, policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco acudieron a la comunidad de San Jerónimo Palantla, Chilapa, donde, luego de anunciar la conformación de su organización, retuvieron a 14 policías comunitarios pertenecientes a la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Las 14 comunitarios fueron liberados el 16 de junio, tras una asamblea, donde se acordó la disolución de ambos grupos comunitarios; el comisario municipal se coordinará con la Policía Estatal para la seguridad, acordaron.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de los Pueblos Fundadores de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, exigió ayer justicia ante el asesinato de su comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado –ocurrido el sábado–, y la libertad de sus compañeros detenidos en San Jerónimo Palantla y en Xochitempa.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, integrantes de la CRAC de los Pueblo Fundadores confirmaron que son 14 los detenidos en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y no 13 como informaron el domingo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, y el dirigente de la CRAC, Cirino Plácido Valerio. De ellos, 12 son de San Jerónimo Palantla y dos de Xochitempa.
Los consejeros de justicia, Lorenzo Ramírez Rodríguez y Marcial Ramírez Rodríguez, así como los coordinadores Daniel Luna Martínez y Escolástica Luna Gaspar, informaron que se integró una comisión de autoridades de la CRAC de los Pueblos Fundadores que se trasladará a Espino Blanco para exigir un careo con quienes acusan a los detenidos de cometer delitos.
Informaron que también van a iniciar una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, por las irregularidades que cometieron policías comunitarios de esa casa al irrumpir en territorio comunitario de la CRAC de los Pueblos Fundadores, en donde asesinaron “a sangre fría” al comandante suplente, Florencio Morales Salgado.
Reconoce Cirino Plácido infiltración del crimen organizado en la CRAC
Por su parte, el dirigente Cirino Plácido Valerio reconoció que el crimen organizado ya infiltró a la CRAC y a su Policía Comunitaria y que es la causa que ahora se instalen CRAC en Guerrero, “como oxxos en Chilpancingo”, y denunció que los gobiernos federal y estatal están utilizando a la delincuencia organizada para dividir y enfrentar a la CRAC, a su Policía Comunitaria y a los pueblos indígenas.
Antes, el consejero Ramírez Rodríguez narró lo sucedido el sábado.
Dijo que a las 6 de la mañana llegaron a San Jerónimo Palantla “hombres armados” en seis camionetas y saquearon muchas casas sin presentar ninguna identificación, “no dijeron quiénes eran y no presentaron orden de aprehensión alguna, allanaron casas y tiraron las cosas que había adentro y agarraron a 12 ciudadanos de dicha comunidad, entre ellos el comisario suplente, un comandante regional de la Policía Comunitaria nueve policías comunitarios y un ciudadano”.
Agregó que después se trasladaron a Xochitempa, una comunidad vecina, “donde Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgín Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, originarios de San Jerónimo Palantla asesinaron a sangre fría a Florencio Morales Salgado de 22 años, comandante suplente de la Policía Comunitaria”.
Declaró que, según testimonio de su viuda, eran las 7 de la mañana cuando llegaron a la casa del comandante suplemente llamándolo para que saliera, y que cuando “él iba abriendo la puerta de su casa para salir, inmediatamente se acercaron y Evodio Calvario Merino le dijo: ‘¡te lo dije!’. En seguida le dio un balazo con una arma corta”.
De la misma comunidad de Xochitempa, se llevaron detenidos, junto con sus armas, a otros dos policías comunitarios.
Dijo que fue hasta después de que habían detenido a los 14 integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, y asesinado a Florencio Morales Salgado, cuando “los hombres armados” se identificaron como policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Cualac y San Luis Acatlán, y que todos ellos iban encapuchados.
“De estos hechos, los responsables son Efraín Torres Fierros y Clemencia Guevara Tejedor (dirigentes del FDP), así como Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgin Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, porque ellos son los que planearon esta acción”, denunciaron en un escrito que entregaron a los medios de comunicación.
La comisión de la CRAC de los Pueblos Fundadores también hizo responsables a los coordinadores regionales de Espino Blanco, “por abuso de autoridad y por atravesar el territorio de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla sin avisar, violando el reglamento interno de la Policía Comunitaria”.
Exigieron respeto a las casas de justicia de Cualac y San Luis Acatlán, “y a los supuestos policías comunitarios que participaron en estos hechos, quienes venían encapuchados, cuando sabemos bien que la policía que trabaja legalmente nunca se cubre la cara, porque es del pueblo, sólo los delincuentes se cubren la cara cuando actúan”, dijo el consejero Lorenzo Ramírez Rodríguez.
A raíz de este conflicto, los integrantes de la comisión demandaron a las autoridades comunitarias de las casas de justicia de Espino Blanco; San Luis Acatlán; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; El Paraíso, municipio de Ayutla, y San Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa, una mesa de diálogo para analizar la problemática que existe en las casas de justicia, “ya que no es justo que como pueblos originarios somos explotados por el mismo gobierno, y todavía entre nosotros tengamos pleitos, cuando la Policía Comunitaria es para apoyar y cuidar a nuestra gente”.
En su escrito, los integrantes de la comisión recordaron a los gobiernos municipal, estatal y federal que la actuación de la Policía Comunitaria, “es legal y legítima”, y que la ley reconoce su función como actos de autoridad.
“Somos autoridades comunitarias, trabajamos con los pueblos y para los pueblos, siempre con la consigna de mandar obedeciendo, y donde el pueblo manda la autoridad obedece, por lo que exigimos respeto, y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.
Al respecto, el dirigente de la CRAC reconoció que el sistema comunitario perdió el rumbo desde que el crimen organizado infiltró a la Policía Comunitaria.
Acusó a los gobiernos federal y estatal de utilizar al crimen organizado para dividir a la CRAC, como pasó en la casa matriz de San Luís Acatlán en 2013, y ahora pretende confrontar a la de Espino Blanco con la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Plácido Valerio insistió en que el grupo que asesinó el sábado a Florencio Morales Salgado y detuvo a los 14 policías comunitarios, pertenece al grupo criminal de Los Rojo, y que se dedica a la siembra de amapola en la región.
Efectivos del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato
Por su parte, la coordinadora, Escolástica Luna Gaspar denunció que los soldados del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato de Morales Salgado. Aseguró que llegaron cuando el cuerpo estaba todavía tendido en el suelo y que quienes lo mataron aún se encontraban en el lugar, “les señalamos quiénes eran y les pedimos que los detuvieran, y no hicieron nada”, se quejó.
Denunció que el cuerpo todavía ayer no se sepultaba porque quienes ahora se dicen policías comunitarios aún se encontraban a orillas de Xochitempa y que mantenían amenazados a sus familiares para que no participaran en el sepelio los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, sino sólo familiares y vecinos.
Declaró que la situación aún era tensa a pesar de que en la comunidad hay soldados del Ejército mexicano, que no hacen nada.
Los integrantes de la CRAC de Rincón de Chautla, exigieron justicia ante el asesinato del comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado, y la libertad de sus 14 compañeros de San Jerónimo Palantla que se encuentran detenidos en la casa de justicia de Espino Blanco.
Informaron que el domingo se integró una comisión de autoridades que ayer mismo se trasladaría a Espino Blanco para exigir la libertad de los 14 detenidos. Aunque a las seis de la tarde, los integrantes de la Comisión todavía se encontraban en Chilapa esperando que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) les proporcionara vehículos para su traslado.
Plácido Valerio dijo que el objetivo es pedir un careo con las autoridades comunitarias que acusan a los detenidos de cometer delitos.
Anunció una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, tras las irregularidades y violaciones al reglamento de la CRAC en que incurrieron autoridades y policías comunitarios al invadir territorio ajeno y asesinar a Florencio Morales.
Los 14 detenidos la mañana del sábado en San Jerónimo Palantla. Fueron arrestados por integrantes de la Policía Comunitaria perteneciente a la Casa de Justicia de la CRAC de Espino Blanco, Malinaltepec, que además asesinaron de un balazo a un comunitario de Chautla en Xochitempa .Foto: El Sur
Viejas rivalidades por conflictos de tierra y cultivo de amapola y mariguana, según las acusaciones que se hacen ambas partes, son el origen de recurrentes enfrentamientos entre habitantes de San Jerónimo Palantla y Rincón de Chautla, municipio de Chilapa y que la noche del viernes y la mañana del sábado derivó en 13 detenidos (de acuerdo con los primeros informes fueron 14, y en las fotos de los arrestados aparecen 14 hombres y en la lista hay 14 nombres), en la primera comunidad y un comunitario del mismo grupo asesinado en Xochitempa.
La confrontación que anteriormente era entre civiles, actualmente se da entre autollamados policías comunitarios: los de Rincón de Chautla agrupados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) que encabeza Cirino Plácido Valerio, y la recién creada Policía Comunitaria de la CRAC de San Jerónimo Palantla, que solicitó su reconocimiento a la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, que promueve el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro.
Los dirigentes de ambos grupos se acusan mutuamente de ser los responsables de la violencia, de la siembra de amapola y de pertenecer al grupo criminal Los Rojos que opera en el municipio de Chilapa.
El dirigente del FDP, Torres Fierro, informó que la PC de Palantla se conformó hace dos meses, pero que apenas el sábado hizo su presentación pública y realizó la primera acción con la detención de 13 personas de esa localidad que habían venido cometiendo delitos.
Torres Fierro aseguró que los policías comunitarios tienen el reconocimiento de la casa de justicia de Espino Blanco, y que los aprobó el pueblo, mientras que los otros policías comunitarios que operaban San Jerónimo Palantla (de la CRAC-PC-PF), no eran reconocidos por el pueblo ni por el comisario municipal, y que se impusieron por medio de las armas, incluso, dijo, “mataron a varios compañeros”.
Dijo que por eso los habitantes decidieron organizarse para hacer respetar sus derechos, porque el gobierno supo de los asesinatos, de los secuestros, de las violaciones y asaltos que se venían cometiendo, porque fueron denunciados, “y nunca hicieron justicia”. Añadió que por eso, los agredidos se sintieron obligados a organizarse en otra Policía Comunitaria, “ante la negligencia y la incapacidad de los gobiernos estatal y federal, para resolver esos problemas”.
Informó que se integró un grupo de 20 policías comunitarios que fueron nombrados por el pueblo y registrados por la Casa de Justicia de Espino Blanco y que usan sus armas con base a la Ley 701.
Explicó que fueron estos 20 integrantes de esta nueva Policía Comunitaria de Palantla los que la noche del viernes y la mañana del sábado, con el apoyo de policías comunitarios que vinieron de comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, detuvieron a 13 hombres que se decían policías comunitarios pero que venían cometiendo diversos delitos en contra de la gente de su mismo pueblo.
El dirigente del FDP detalló que en la acción participaron unos 80 policías comunitarios; 60 que vinieron de las comunidades de Pochutla, Olinalá, Tlatlauquitepec y algunos de Ahuacuotzingo, que aún no están reconocidos pero que ya se están organizados, más los 20 que recientemente se integraron en Palantla.
Pero Torres Fierro aseguró que no tiene conocimiento de que durante las detenciones hayan matado a nadie, como informó el otro grupo y el gobierno del estado, que confirmaron el deceso de Florencio Morales Salgado en la comunidad de Xochitempa. “No sé qué haya pasado allí, yo no puedo reconocerlo ni negarlo, simplemente no lo vi”, expresó.
Sin embargo agregó que ahora que ya están agrupados en la Policía Comunitaria los de San Jerónimo Palantla “van a enfrentar lo que venga, porque les asiste la razón”.
Aseguró que los detenidos traían “azorrillados”, desde hace mucho tiempo, a los habitantes de San Jerónimo Palantla, y que aunque se decían policías comunitarios, “nosotros decimos que son sicarios al servicio de la maña y que se han dedicado al narcotráfico”, declaró Torres Fierro, quien manifestó que “posiblemente” estén al servicio del grupo criminal Los Rojos.
Explicó que incluso por eso la mayoría del pueblo tomó la decisión de no incluirse a ese grupo de policías comunitarios “porque allí se manejaba droga, tenían todos ellos sembradíos de mariguana, los comandantes eran los que tenían más y los policías tenían menos, pero todos tenían sembradíos”, aseguró.
Añadió que el grupo de gente que se decía policías comunitarios no fue aceptado y sí rechazado por el pueblo y que fue la causa de que comenzaron a golpear a la gente, “primero al anterior comisario Alfonso Orgín Castro, a quien golpearon, amarraron y se los llevaron secuestrado”.
Añadió que el año pasado mataron también el hijo de éste y el 8 de abril a un auxiliar del comisario actual Fransico Chautla Zizinteco. Detalló que la víctima apenas había sido nombrado policía comunitario. Recordó que en esa acción también mataron a una mujer embarazada de tres meses.
“Estos hechos se denunciaron ante las autoridades, y les pedimos justicia para todos nuestros compañeros, que se hiciera una investigación, que se detuviera a los asesinos de todas estas personas, y el gobierno no hizo caso”.
Explicó que, entonces, los habitantes tomaron el acuerdo de hacer algo para que esa violencia no siguiera adelante, “determinaron no seguir aceptando esta situación y dijeron que si el gobierno no los detiene, y cuando los detenía luego los liberaba, lo que significaba una burla, decidieron conformar su Policía Comunitaria para detenerlos ellos mismos”.
Explicó que primero buscaron el reconocimiento de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán pero que les pusieron muchos obstáculos, después acudieron a Espino Blanco “y ellos dijeron que sí los aceptaban, todas las cosas las hicimos legalmente y el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, conocen el proceso, estuvieron enterados del problema y le planteamos que queríamos justicia, pero nunca hicieron nada por detenerlos”.
Torres Fierro confirmó que los 13 detenidos fueron trasladados a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
–¿Existe la posibilidad de que los dos grupos estén siendo utilizados por el crimen organizado, y sea la causa de los enfrentamientos? –se le preguntó a Torres Fierro.
–Eso se pudiera dar, pero yo les he dicho a los compañeros que yo no me voy a meter en esa bronca y que el compa que ande de ese lado, yo lo voy a entregar. Ellos dijeron que no están metidos en esos problemas, y es más, pidieron que se destruyan todos los sembradíos de mariguana que hay en el pueblo.
Conflictos agrarios, siembra y venta de amapola y además el FDP: Cirino Plácido
El representante de la CRAC-PC-PF, Cirino Plácido Valerio, declaró que el origen de la violencia interna en San Jerónimo Palantla es por conflictos de tierra, siembra y venta de amapola, y por el “abuso del fuerte contra el débil” y acusó que en esto tiene mucho que ver el Frente de Defensa Popular (FDP).
Explicó que lo que pasó el viernes y el sábado fue un “acto de provocación” de la gente del FDP con el apoyo de comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Acusó a esa Casa de Justicia de la CRAC de no haber sido “muy prudentes” al autorizar la incursión de cuatro camionetas con comunitarios, aunque sabían que había comunitarios allí (los de la CRAC-PC-PF) y que debieron haber pedido información antes de proceder.
Denunció que los que vinieron de Espino Blanco a respaldar a la gente de San Jerónimo Palantla no actuaron como policías sino como delincuentes, “ejecutaron a un policía comunitario desarmado”, dijo en referencia a Florencio Morales Salgado en la comunidad de Xochitempa.
“En el sistema comunitario se detiene a la gente, no se le asesina y así no actuaron como policías comunitarios, sino como verdaderos asesinos”, acusó.
Criticó que estas acciones y errores que se vienen cometiendo desde el 2010 en la Policía Comunitaria, “deja muy mal parado al sistema comunitario”.
Dijo que ese tipo de grupos que se dicen comunitarios “están haciendo exactamente lo que quiere el gobierno, porque sólo a él le conviene ese tipo de acciones”.
Añadió que si actuaron porque dicen que el grupo de comunitarios de la CRAC-PC-PF (que él encabeza) están metidos en la mafia, que lo demuestren, “nosotros queremos pruebas, si demuestran que alguno de ellos está metido en la mafia, lo detenemos y lo reeducamos, porque quien se mete a la delincuencia siendo comunitario es un traidor”.
Plácido Valerio explicó que en San Jerónimo Palantla todos los comisariados que han pasado, entre ellos Antonio Bolaños y los dirigentes que lo apoyan, han abusado de su propia gente, “ha habido despojo de tierras, pero también tiene que ver la siembra y la venta de amapola, eso fue lo que dividió y confrontó a los compañeros”, dijo Cirino Plácido.
Informó que cuando se creó la CRAC-PC-PF en Rincón de Chautla, un grupo de San Jerónimo Palantla se adhirió a la agrupación y que esta división detonó el 9 de febrero del 2015 cuando el entonces comisario Alfonso Orgín Calvario, “que pertenece a Los Rojos” (dijo), preparó una emboscada a la Policía Comunitaria y detuvieron al consejero Isaac Xochitempa Chautla, a quien pretendieron quemar vivo por el simple hecho de formar parte de la Policía Comunitaria.
Recordó que a Xochitempa Chautla, finalmente lo mataron el 24 de noviembre cerca de Atzacoaloya, en donde hubo cinco muertos.
Y luego se preguntó: ¿por qué odian tanto a la Policía Comunitaria?, después aseguró que ese odio es por la siembra de amapola.
Recordó que incluso, cuando la Policía Comunitaria fue emboscada en San Jerónimo Palantla el 9 de febrero y logró detener a varios de los agresores, a él le tocó tomar la declaración a Antonio Bolaños, uno de los dirigentes del otro grupo, ex comisario municipal y ex presidente del comisariado de Bienes Comunales.
“Le llamé la atención y él reconoció que estaba equivocado, le dije que no sólo eso, sino que estaba llevando a su pueblo por un camino equivocado, sembrando odio y confrontación, en vez de promover el diálogo”.
Cirino Plácido contó que le preguntó quiénes eran los responsables de promover esa división, “y él me respondió que pertenecía a Los Rojos y el entonces comisario municipal, Alfonso Orgín Calvario, también pertenecía a Los Rojos, entonces nos dejaron claro que ellos se coordinaban con el líder de la plaza en Chilapa, Zenén Nava, y que el plan era justificar una represión contra la Comunitaria para desarticularla”.
Recordó que a pesar del encono entre los dos grupos, en marzo pasado las autoridades les impusieron un acta conciliatoria, pero que después se vino otra emboscada contra consejeros y que promovieron 52 órdenes de aprehensión, de las cuales ocho se ejecutaron, pero siete de los detenidos ya fueron liberados y uno sigue detenido, “y sigue la persecución de la Fiscalía, el Estado y de estos grupos”, dijo en referencia a la nueva agrupación de comunitarios.
Mientras tanto, el coordinador de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán de la CRAC, Hipólito Moso Emiliano, con la que se coordina la Casa de Justicia de Espino Blanco, de plano se deslindó del conflicto, consultado por teléfono dijo que desconocía el caso, que quienes tendrían que responder eran los coordinadores de esa casa.
Ocho personas, entre ellas seis integrantes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) fueron detenidas y se encuentran recluidas en el Centro de Readaptación (Cereso) de Chilapa.
Los vecinos en su mayoría de la comunidad de San Jerónimo Palantla son acusados de homicidio y privación ilegal de la libertad derivado de un enfrentamiento armado entre pobladores y policías comunitarios en la comisaria de San Jerónimo Palantla en febrero de 2015 que había dejado cinco personas muertas, entre ellas tres mujeres.
Además se han girado órdenes de aprehensión contra otros 32 ciudadanos bajo el mismo cargo; todos los acusados se encuentran acusados en el número de causa 58/2016/III.
Ayer se confirmó que el martes por la tarde fueron detenidos en la cabecera de Chilapa y en Iguala a Crescencio Bolaños de la Cruz; Manuel Ahuelicán Diego; Godofredo Cortés Reyes y Pedro Chávez Hernández, de San Jerónimo Palantla.
El miércoles fueron detenidos los ciudadanos Margarito González Nava de Ahuixtla; y las esposas de los detenidos el martes: Guadalupe Orgin Tepexco, Concepciona Reyes Tolentino y Minerva de la Cruz Xochitempa, provenientes de San Jerónimo Palantla, cuando acudieron al reclusorio de Chilapa a ver su situación legal.
El enfrentamiento ocurrió el 8 de febrero de 2015 entre policías comunitarios de Rincón de Chautla y vecinos de San Jerónimo Palantla, luego de la detención por parte de la CRAC de un poblador que, dijeron, intentaba apropiarse de un terreno.
Después de la refriega la Policía Comunitaria detuvo a 26 personas.
El 11 de febrero de 2011, en San Jerónimo Palantla, los coordinadores de la Policía Comunitaria y el comisario, representando ambas partes, firmaron un acta de acuerdos ante la presencia de dos mandos del Ejército, el entonces titular del Ministerio Público de Chilapa, Agustín Peña Fajardo y la entonces síndica municipal y ahora diputada local del PRI, Flavia García García.
En ese entonces convinieron reconciliarse y no presentar denuncias ante las autoridades correspondientes, así como liberar a los detenidos; en caso de que las partes violaran el acuerdo, asentaron, se procedería conforme a derecho a las sanciones correspondientes.
La dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, dijo que sus cuatro compañeros detenidos por presuntos policías comunitarios de Rincón de Chautla no se encuentran en ninguna Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Rincón de Chautla en Chilapa y José Joaquín de Herrera.
A las 11 de la mañana, unos 15 integrantes del FDP acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ampliar sus declaraciones sobre la detención de cuatro de sus compañeros el 26 de noviembre del 2015 por presuntos policías comunitarios, en la averiguación previa con número de expediente DGI/0271/2015 por privación ilegal de la libertad de cuatro personas.
“Al principio pensábamos que era la CRAC pero con los testimonios que hemos recabado están usurpando el nombre de los comunitarios, pero la verdad son grupos delictivos, los cuatro compañeros los tienen detenidos en Ayahualtempa en José Joaquín de Herrera, ahí se los llevaron, (ahí) no hay Casa de Justicia y no tienen nada que ver con la Policía Comunitaria”, indicó la líder de la organización.
Guevara Tejedor comentó que eran cinco los retenidos: el comisario de San Jerónimo Palantla, Alfonso Orgín Castro, Apolinar Calvarillo Tlatempa, Francisco Hernández Tepetate, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortés, quien salió en libertad después de pagar 3 mil pesos.
Recordó que el 26 de noviembre de 2015, presuntos policías comunitarios del Rincón de Chautla, en Chilapa, detuvieron a cinco hombres, entre ellos al comisario de San Jerónimo Palantla, luego del ataque armado a una Urvan en el que fue asesinado un consejero de la CRAC y tres mujeres en Chilapa.
Comentó que en las declaraciones de los testigos, los cuatro detenidos no tuvieron nada que ver en el ataque de la Urvan porque se encontraban en el campo trabajando.
Asimismo exigió el esclarecimiento de las cinco muertes que hubo en San Jerónimo Palantla, Chilapa donde “llegaron presuntos policías comunitarios, mataron cinco personas (y) que ocurrió el 8 de febrero”.
Por último comentó que tras la denuncia intervendrán las autoridades de Chilapa y el gobierno del estado para atender las demandas de la organización y la inseguridad en Chilapa.
Habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, e integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) se plantaron cinco horas en Palacio de Gobierno para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga para que policías comunitarios de Rincón de Chautla, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), liberen a cinco campesinos detenidos “de manera irregular”, entre ellos el comisario Alfonso Orjil Castro, y otorgue seguridad a las comunidades.
A las 11:30 de la mañana, 50 vecinos de San Jerónimo Palantla y del FDP llegaron a Palacio de Gobierno, donde colocaron una lona para cubrirse del sol y una manta en la que se leía, “La comunidad de San Jerónimo municipio de Chilapa, exige la liberación de nuestros compañeros que se encuentran secuestrados, que se detengan las amenazas a todos nuestros compañeros, exigimos justicia y paz en nuestro pueblo”.
El integrante del FDP, Efraín Torres Fierro solicitó una audiencia con el gobernador para hablar sobre la seguridad en las comunidad de San Jerónimo Palantla y la liberación de sus cinco compañeros detenidos en la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, porque los policías comunitarios los acusan del asesinato de cuatro vecinos de la comunidad de Atzacolaya.
El 24 de noviembre, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era consejero de seguridad de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, y tres más resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público en las inmediaciones de la comunidad de Atzacoaloya.
Por su parte, un vecino de San Jerónimo Palantla, Florencio Salgado Tlatempa relató que después de los asesinatos de los cuatro vecinos en Atzacoaloya, los policías comunitarios de Rincón de Chautla irrumpieron en la comunidad San Jerónimo Palantla y detuvieron al comisario Alfonso Orjil Castro, a Francisco Hernández Tepetate, Apolinar Calvario Tlatempa, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortez.
Otros cinco huyeron y se refugiaron en Chilpancingo por temor a que los policías comunitarios los detengan de manera arbitraria.
Salgado Tlatempa, los pobladores han recibido amenazas de detención e irrupción en sus viviendas, “porque, según dicen, estamos cubriendo a delincuentes, lo cual es mentira; en mi caso, abrieron la puerta de mi casa y me robaron 7 mil pesos”.
Pidió una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque los habitantes huyen de sus comunidades ante el temor de que atenten contra de su integridad física, “amenazaron a las compañeras, (les dijeron) que las van a quemar porque participaron en la protesta”.
Dijo que ya interpusieron las demandas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por estos hechos, pero aún no tienen respuesta.
Consultado por teléfono, el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro informó que fueron atendidos por la Subsecretaría de Asuntos Políticos, con la que acordaron que intervendrán para que hoy los cinco detenidos, entre ellos el comisario de San Jerónimo Palantla, sean liberados.
Dijo que los cinco desplazados que se encuentran en Chilpancingo tendrán seguridad personal para trasladarse a su comunidad.
A las 4: 30 de la tarde los inconformes se retiraron de Palacio de Gobierno.
