En asamblea regional integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron por unanimidad mantener 10 años en reeducación a dos hombres retenidos y acusados de robo de vehículos, delincuencia organizada, portación de armas y amenazas, pena que podrá ser menor si demuestran avances en la integración social y llegan a una conciliación con los afectados.
La asamblea descartó el delito de homicidio calificado a los imputados luego de que la familia de la víctima interpuso una denuncia en el Ministerio Público (MP) donde se le dará seguimiento por las autoridades del gobierno, y que por el mismo caso hay una orden de aprehensión pendiente de ejecutarse contra los dos retenidos en manos de la CRAC.
Ayer a la asamblea acudió el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García, y el titular del MP de ese municipio, José Vélez Zapata, además de dos familiares de los retenidos quienes en sus participaciones insistieron en la inocencia de los dos hombres.
Los inculpados son Edilberto Rosas Clemente, alias El Edi, y Jaime Rosas Álvarez, alias El Buky, ambos fueron retenidos el 16 de marzo del 2015 luego de las denuncias de robos de automóviles y el asesinato de Erubiel Ortega Martínez, alías El Makanaqui, ocurrido el 8 de marzo del 2015.
Tanto el presidente como agente del MP señalaron que hay preocupación por parte del gobernador por el caso, porque existe un amparo federal y orden para liberar a los retenidos, incluso con la intervención de la fuerza pública, y del Ejército.
Pero los 21 comisarios municipales y 23 Consejeros de la CRAC por unanimidad votaron en contra de que los retenidos fueran entregados a las autoridades del MP, como lo solicitó su titular, quien afirmó que un juez había ordenado la captura de los dos retenidos por la CRAC, luego de que fue sustentado el delito de homicidio.
Además votaron por la condena de 10 años en proceso de reeducación contra los dos retenidos, una vez que se cumpla el término el caso volverá a revisarse, incluso podrá ser antes si los inculpados demuestran avances en su reincorporación social, que será determinado por las comunidades donde hacen servicios sociales, como parte del proceso.
Las autoridades comunitarias manifestaron su descontento de negociar con las autoridades del gobierno. Afirmaron que se había hecho un acuerdo años atrás donde ni el MP ni la CRAC intervendrían en casos donde alguna de las instituciones estuviera dando seguimiento.
Además de que había al menos seis órdenes de aprehensión contra igual número de ex coordinadores, comandantes y policías que intervinieron en el caso de los retenidos y que los familiares los acusaron de privación ilegal de la libertad.
Uno de los comisarios dijo que entregar a los retenidos al MP era una violación a la autonomía de los pueblos y a su Sistema de Seguridad y Justicia. Expresó que el Poder Judicial debería de tener presente que la CRAC no depende del gobierno del estado sino de las autoridades de los pueblos.
Ante el temor de que los inculpados fueran liberados una vez entregados, el MP dijo en su participación que los retenidos no serán puestos en libertad porque hay dos testigos que declararon contra ellos por haber cometido los delitos, y consideró que la orden de aprehensión que emitió el juez representa que hay delitos que perseguir y que está sustentado.
Recordó que en el sistema de justicia del gobierno existe el derecho de que los inculpados tengan la libertad de ser defendidos, sin embargo dijo que el delito por el que se les responsabiliza como el de homicidio, es grave y no alcanza fianza.
El agente titular del MP expresó que “de ninguna manera —van a quedar libre— se los sostengo, van a quedar sentenciados”. La CRAC desde luego tiene la capacidad por usos y costumbres —de impartir justicia— pero les digo que es una averiguación previa que nosotros consignamos y que cuando sean liberados por la CRAC, la orden de aprehensión será ejecutada y serán castigados” en el sistema del gobierno. Donde se les dará una sentencia de entre 20 o hasta 50 años de cárcel por el delito de homicidio calificado.
Vélez Zapata reconoció que hay capacidad de la CRAC de llevar el caso como autoridades comunitarias, y que incluso hay comunicación y coordinación. Afirmó que durante el periodo que ha estado al frente del MP no hay ninguna orden de aprehensión contra los dirigentes y que los que hay son de años atrás.
Luego de la argumentación el MP y el presidente se retiraron, éste último manifestando su apoyo total a la CRAC de los acuerdos que surgieran para la defensa de la Ley 701.

“Me preocupa que salgan libres, a mí me quitaron mi carro”

El afectado por el robo de su camioneta e integrante de la organización de cafetaleros de la Costa Montaña Larit, Pablo Mendoza manifestó su preocupación de que los retenidos, a quienes identificó plenamente, sean puestos en libertad una vez estando en el MP. “Yo soy el afectado. A mí si me preocupa que salgan libres, a mi me quitaron el carro y yo se los digo de frente” expresó.
Relató que con una pistola “me amenazaron y me quitaron mi camioneta, me quitaron todo lo que traía, y preguntaron que si no traía más dinero”. Añadió que les entregó 3 mil pesos.
Sostuvo que logró reconocer a los asaltantes porque dejó prendidas las luces de su carro y les vio el rostro, “cuando los detienen yo me acerqué y los señalé. Pero resulta que (dicen) ellos no son. Pero la verdad como yo los conocí bien, yo sigo en lo mismo”.

Son comerciantes de carne y son inocentes, insiste un familiar

Mientras el hermano de los retenidos, Genaro Rosas expresó que los retenidos eran inocentes y que eran comerciantes y que venden carne de res en Marquelia, invitó a las autoridades a ir a preguntar a Marquelia por sus antecedentes.
El hermano reclamó también la falta de derecho de defender a los inculpados en las asambleas, y la tardanza del sistema comunitario de establecer una sentencia.
Además demandó que dentro de la sentencia sean incluidos los dos años que ya estuvieron presos sus hermanos y que si hay la posibilidad de llegar a un acuerdo con el agraviado por el robo de la camioneta que estarían en la posibilidad de resarcir el daño pero que antes deberían de liberar a los retenidos.

La discusión y la condena

Una vez retiradas las autoridades del gobierno, las autoridades comunitarias votaron por unanimidad en contra de que los retenidos sean entregados a las autoridades del gobierno y a favor de que la asamblea definiera los años de proceso de reeducación, mismo que salió de tres propuestas que hubo de 6, 8 y 10 años, eligiendo la última.
Durante la asamblea hubo consejeros que se manifestaron a favor de que los retenidos fueran intercambiados por los presos de la CRAC, como Arturo Campos, Samuel Ramírez y Gonzalo Molina, lo que fue rechazado.
Otros pidieron que los familiares retiraran las demandas contra los integrantes de la CRAC acusados de privación ilegal de la libertad, petición que será considerada para reducir la pena de reeducación, y como parte de la disposición de los familiares de avanzar en el caso, porque ellos han amenazado a los actuales coordinadores, afirmó el coordinador, León Ponce.
En la asamblea participaron los comandantes de la CRAC, que poca veces intervienen, y manifestaron su rechazo a una negociación con el gobierno porque había pruebas contundentes contra los dos retenidos y se manifestaron por que se determinara la sentencia de reeducación.
El consejero Valentín Hernández Chapa recordó que la CRAC no castiga sino se reeduca a quienes hayan cometido un delito y los vuelve a integrar a la sociedad. En su participación dijo que era una contradicción que los retenidos se les diera una sentencia basados en el castigo de la justicia del gobierno, cuando la CRAC era autónoma.
El vocero Aburto Espinobarros agregó que la falta de la actualización del reglamento interno, donde no se establece un término de reeducación para los delitos cometidos, dificultaba la decisión pero que la asamblea decidiría.
Pablo Guzmán abundó que se debería tomar en cuenta el comportamiento de los presos para ir determinando si han sido reeducados o no. Otra consejera dijo que el proceso debería incluir a las familias de los retenidos para evitar venganzas.

La defensa de la Ley 701

En la asamblea se acordó una reunión de consejeros para el próximo sábado para definir la rutas de las comunidades a visitar, donde se harán asambleas para acordar cómo defender la Ley 701.
Ese mismo día habrá una reunión en Guadalupe Victoria, Xochistlahuaca, para definir la integración de la Casa de Enlace los pueblos Ñomndaa’. Además se informó de dos asambleas, el 5 de abril en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y el 9 en Huamuxtitlán.