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Marcha la CETEG oficial en Cruz Grande a 16 meses del caso Ayotzinapa y contra la reforma educativa

A 16 meses de la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) oficial marcharon en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal, y 48 Batallón de Infantería, donde exigieron abrir los cuarteles militares del país para que los padres de los normalistas busquen a sus hijos.
La marcha, en la que participaron unos 500 maestros de las regiones Costa Chica, Montaña, Centro y Acapulco, también fue en contra de la reforma educativa y la evaluación docente que aplica la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A las 10:40 de la mañana, los maestros salieron de las oficinas de la delegación de Servicios Regionales de la Costa Chica, y caminaron en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional hasta llegar frente al 48 Batallón de Infantería, donde realizaron un mitin.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Peña, escucha, los maestros estamos en lucha!”, fueron las consignas que se repetían una y otra vez entre los maestros que portaron gorras y sombreros para protegerse de los fuertes rallos del sol.
En cuatro lonas que cargaron los inconformes y que fueron colocadas en uno de los dos accesos al batallón, se leía “Contaminación, pobreza, corrupción, existen cuando una Ley es injusta, lo correcto es desobedecerla”, “Libertad a los presos políticos” y “Exigimos justicia y castigo para los responsables de la desaparición forzada de los normalistas y caídos del 26 y 27 de septiembre”.
Los maestros, a su llegada al Batallón escribieron en las paredes de acceso al inmueble que era vigilado por militares, “Asesinos”, “#43”, y el nombre de uno de los 43 normalistas desaparecido “Luis Ángel Abarca Carrillo te seguimos buscando”. En la puerta donde se desarrolló el mitin estuvieron unos seis militares que sólo se dedicaron a fotografiar a los maestros y a grabar la protesta.
Desde ahí, los maestros se dirigieron al Palacio municipal, donde tuvieron otro mitin, reiterando la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalista y en contra de la reforma educativa. A la 1 de la tarde, los maestros se retiraron del lugar.
Ahí, n promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) manifestó que la organización busca la unidad de las fuerzas sociales para lograr una impedir el avance de la “amenaza” que sufre el país con las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. “Sólo con la unidad el gobierno está haciendo caso” expresó.
El representante de la CETEG de la región Centro, Carlos Botello Guerrero manifestó que lo único que hacen los militares “es perseguirnos”, y que el acto era una muestra de repudio a las acciones de los militares que sirven a los políticos.
El maestro expresó, “estas instalaciones militares son prisiones de aquellos compañeros luchadores sociales. Ahí está la inteligencia militar que está coludida con el gobierno nefasto de Peña Nieto”.
Exigió a los militares que abran sus cuarteles para que los padres de los 43 estudiantes puedan buscar a sus vástagos. Recriminó la postura del gobierno federal al inventar la “verdad histórica” para que el caso de los normalistas quedara en el olvido. “No se puede superar un crimen y desaparición forzada”, concluyó.
El representante de la Montaña, René Fuentes dijo que los militares que estaban la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala fueron cambiados a distintos destacamentos, como el 48 Batallón, “los que desaparecieron a los normalistas son bestias, y no tienen nombre”. “Ni Peña Nieto ni Osorio Chong han hecho nada para buscar y presentar a los normalistas”, en cambio sí están saqueando a la nación con la privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló.
En su participación, el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero señaló que la protesta no era por gusto, sino porque aún no hay respuesta a la exigencia de presentación de los estudiantes, y tampoco justicia para los caídos.
Recordó que los padres no han descansado en la búsqueda de sus hijos, “con esa rabia que tienen en el corazón”. El dirigente también recriminó el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que no ha tenido una postura enérgica en el caso.
Reyes Ramos pidió a los maestros su comprensión y firme decisión para enfrentar la embestida del gobierno, que a costa de todo quiere que participen en las evaluaciones punitivas, “les pedimos su comprensión y decisión, no pasa nada de esta amenaza de despido a quienes no se presentaron al examen de valuación”, dijo.
Informó que, el 29 de enero la representación legal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidirá cuál será la vía legal que tomarán para enfrentar al gobierno, además de que el 5 de febrero habrá una marcha nacional en la Ciudad de México, y para el 19 de ese mes habrá una de carácter estatal.

Delincuentes piden listas de maestros a tres directores de escuelas en Costa Chica, dice el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que en tres de las ocho escuelas de la institución que hay en la región Costa Chica, los directores recibieron mensajes de presuntos delincuentes de Guerreros Unidos y Los Rojos que les exigieron una lista de los nombres de los maestros, ya que a todos se les cobraría cuota.
Saldaña Almazán precisó que recibió el reporte el viernes, y que los mensajes de texto fueron enviados de un mismo número de celular, aunque en los tres casos los delincuentes cambiaron el nombre del grupo criminal al que representaban de Guerreros Unidos a Los Rojos.
Consultado durante el desayuno del Día del Policía, en la sala de la República en Casa Guerrero, respecto de los secuestros masivos y la inseguridad en la región Tierra Caliente, en donde la UAG tiene nueve escuelas, Javier Saldaña declaró que no hay reportes que indiquen situaciones de riesgo para los maestros y los estudiantes.
Sin embargo, dijo que en el caso de la región Costa Chica, en donde hay ocho escuelas de la UAG, tres directores reportaron que recibieron mensajes de textos vía celular, en los que delincuentes que dijeron pertenecer a Guerreros Unidos y Los Rojos, pidieron una lista con los nombres de los maestros, ya que se les pediría una cuota.
Javier Saldaña añadió que está en proceso la denuncia por las amenazas que recibieron los directores, y que los mensajes fueron enviados de un mismo número, por lo que pedirá que la Policía Federal lo asesore, “que es más efectiva para identificar de dónde vienen los mensajes”.

La presencia de militares en las escuelas de la UAG no viola la autonomía, señala

Por otra parte, dijo que el comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández atendió la petición de seguridad de la UAG, por lo que las escuelas de la institución en Acapulco cuenta con resguardo, pero la situación causó polémica en el Grupo Universidad, ya que un maestro se oponía a que hubiera militares o policías en las instalaciones.
Javier Saldaña precisó que la autonomía de la UAG se viola cuando militares o policías irrumpen en las instalaciones, pero en el caso de Acapulco los uniformados asistieron a las escuelas porque se solicitó el resguardo.

No aumentó el presupuesto de la Universidad, afirma

Con respecto al presupuesto de la UAG para este año, Javier Saldaña Almazán señaló que el gobierno federal no incrementó los recursos de la universidad porque no se ha firmado el convenio correspondiente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero “afortunadamente”, el gobernador Héctor Astudillo Flores apoyó a la institución con el gasto de operación.
Dijo que el gobierno estatal incrementó cerca de 50 millones de pesos al presupuesto de la UAG, por lo que, en total la universidad recibirá mil 400 millones de pesos, que serán destinados al pago de nómina, saneamiento financiero y otros rubros ya etiquetados que “no se pueden tocar, son como las novias de los demás, no las puedes ni ver”, bromeó.
Expresó que los universitarios no quieren detener su dinámica académica, y que la Cámara de Diputados hizo un exhorto al gobierno federal para que aumente los recursos que se le destinan a la UAG, “esperemos que con eso se resuelva (la situación financiera de la institución)”.
Añadió que la visita del presidente de la República Enrique Peña Nieto, el martes pasado, le da ánimo porque Guerrero es uno de los estados con menos cobertura académica en el país, de cada 100 jóvenes de entre 18 y 25 años solo 20 estudian una licenciatura, 40 se van al extranjero, 20 tienen trabajo de servicios y 20 están en la delincuencia organizada, “20 de cada 100” puntualizó.
Criticó que el gobierno federal es poco sensible ante la situación en Guerrero, porque la UAG abrió 28 programas de estudios y es necesario que se aumente su presupuesto, pero cuando planteó la situación la respuesta que recibió fue, “no te pedimos que abrieras más programas”.
Javier Saldaña informó que la UAG cuenta con 48 preparatorias, incluyendo a la Universidad Virtual, 71 licenciaturas, 25 posgrados, aproximadamente 82 mil estudiantes inscritos y 6 mil trabajadores, entre académicos y administrativos, “somos la universidad que menos trabajadores tiene y que menos presupuesto por alumno recibe”.
Declaró que en el transcurso de la semana, funcionarios de la UAG entregaron unas 62 mil becas a los estudiantes de 16 programas distintos, “queremos que la universidad mantenga la calidad que se le reconoció el año pasado”.

Heredar plazas es monopolizar la UAG, declara

Sobre las propuestas y acuerdos del 38 Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), dentro de las cuales los maestros incluyeron que se incorpore al contrato colectivo que sus hijos se queden con el 100 por ciento de su carga laboral, el rector explicó que las peticiones se pueden cumplir en un 80 por ciento.
Precisó que el 80 por ciento de las peticiones que sí se podrán cumplir, “están relacionadas a dinero, el incremento, rezonificación, prestaciones, espero que mi gober (Héctor Astudillo) no me deje solo”.
Sin embargo, declaró que la reforma constitucional no permite que se hereden las plazas, “hoy vamos más por indicadores de calidad”.
Informó que el jueves se reunió con los representantes del STAUAG y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), para analizar sus peticiones dentro de los emplazamientos a huelga, “ya les dije que un trabajador que tenga un hijo con maestría, doctorado y que cuente con el perfil, que concurse como todos, tendrá mejores posibilidades (de obtener una plaza), no vamos a monopolizar la universidad”.
Se le señaló que en otros años sí se monopolizó la universidad, ya que se permitió que los hijos de los trabajadores heredan su carga laboral, pero dijo tajantemente que esto ya no se permite y las plazas deben ser para aquellos que tengan mayor competitividad.
Por último, expresó que los universitarios tienen que ser “autónomos y democráticos”.

Exigen de nuevo familiares de desaparecidos en Chilapa a la CEAV que atienda sus casos

El vocero de los familiares de desaparecidos de la ciudad de Chilapa, José Díaz Navarro exigió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atienda realmente sus necesidades, pues desde su llegada sólo da atención psicológica y apoyo para trasporte.
Los familiares se han quejado de que han transcurrido siete meses y los apoyos ofrecidos a las familias por la CEAV se ha limitado a atención psicológica y apoyo para transporte, por un monto de 100 pesos para las familias de la cabecera municipal y de 160 para las de las comunidades.
No es la primera vez que los familiares reclaman esta situación, en agosto denunciaron la ineficiencia de las dependencias responsables de antender los casos de sus desaparecidos.
Recalcaron a la CEAV que el dinero que les dan para transporte los miércoles, “no sirve para nada, ya que estamos viajando todos los días a Chilapa, y existe un desgaste económico para las familias”. Pese a estas denuncias públicas, la Comisión siguió dando sólo estos apoyos.
Díaz Navarro manifestó que la última vez que vino la CEAV a Chilapa fue el 16 diciembre, cuando les comunicó que ese sería el último día que acudirían a brindarles la atención psicológica y el apoyo para el transporte. El vocero dijo que están en espera del presupuesto del siguiente año para poderlos seguir apoyando y reprochó que la CEAV cada año reciba presupuesto para atender a las víctimas y no lo hagan.
El 22 de diciembre asesinaron al padre de tres desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo de 2015, Bernardo Carreto, que también formaba parte del comité de familiares de desaparecidos Siempre Vivos AC. Sin embargo, la CEAV tampoco se acercó a los familiares para brindarles apoyo.
La primera vez que el titular de la CEAV, Julio Hernández Barros, se reunió con familiares de desaparecidos en Chilapa, aseguró que coordinarían acciones de atención que están inscritas en la Ley General de Víctimas y que les darían atención psicológica y médica, y que ingresarán al Registro Nacional de Víctimas para tener derecho al fondo de reparación al término de la investigación.
Asimismo, les dijo que serían beneficiados con programas sociales de la Sedesol, proyectos productivos, que gestionarían becas ante la Secretaria de Educación Pública (SEP) y darían acompañamiento jurídico, todo de manera gratuita.
Desde hace siete meses familiares de desaparecidos se unieron para exigir la presentación de sus parientes, desde que en mayo ingresaron civiles armados de comunidades del sur de Chilapa y se reportó la desaparición de 16 vecinos.
Desde entonces, no tienen respuesta del paradero de sus familiares y tampoco han recibido los apoyos que han exigido a distintas dependencias.

Reprochan familiares de desaparecidos en Chilapa que Rogelio Ortega incumplió compromisos

Familiares de desaparecidos de la región reprocharon que terminó la administración del ex gobernador, Rogelio Ortega Martínez y nunca les entregaron los apoyos que el DIF estatal les prometió en cada visita que hizo a las víctimas.
A una semana de que se cumplan seis meses de que unos 300 civiles armados provenientes de comunidades del sur de Chilapa incursionaron del 9 al 14 de mayo a la cabecera municipal, familiares de 16 vecinos que denunciaron su desaparición en ese lapso siguen sin saber de ellos.
Posteriormente, se sumaron familiares de desaparecidos antes del 9 de mayo y de después del 14 para exigir también el esclarecimiento de su desaparición, aunque también siguen sin conocer el paradero de sus parientes.
Después de que los familiares comenzaron a denunciar la desaparición de sus parientes y exigir su presentación con vida, el 27 de mayo a la ciudad arribaron representantes del DIF estatal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para ofrecerles apoyos mientras se buscaba a sus desaparecidos.
Este miércoles, los familiares de desaparecidos de Chilapa reprocharon que los apoyos que ofreció desde su primera visita el psicólogo y jefe de departamento de atención a víctimas de casos especiales del DIF estatal, Ariel Flores Acuña, nunca se materializó.
El 27 de mayo, en su primera visita informó a los familiares que los apoyaría con atención alimenticia (despensas), asesoría jurídica, proyectos productivos y canalización a las dependencias del estado según la necesidad.
Regularmente, desde ese día acudía cada miércoles a la ciudad, y en varias ocasiones los familiares se quejaron de que habían transcurrido los meses y seguían en trámites los apoyos que les prometieron.
Flores Acuña anunció que a finales de septiembre les entregarían los apoyos, pues la administración de Rogelio Ortega estaba por terminar.
Transcurrieron cuatro meses, tiempo en que los familiares no dejaron de entregar documentos y llenar formatos, pero nunca les entregaron los apoyos, salvo una despensa y una cobija.
De la CEAV, lo único que han obtenido los familiares es, cada miércoles, atención psicológica y cien pesos semanarios a familias de la cabecera municipal y 160 pesos a familias de comunidades, para su transporte.
También les aseguraron que los incluirían en programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), proyectos productivos, gestión de becas ante la Secreta de Educación Pública (SEP) y acompañamiento jurídico, todo gratuito. Y que la CNDH estaría vigilando las acciones que emprendieran, para que se hicieran con pleno respeto a sus derechos humanos.