En San Miguel Totolapan los maestros continúan esperando la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien prometió ir a esa localidad antes de 10 días, el pasado 15 de marzo, durante el encuentro que tuvieron en Chilpancingo.
A la fecha todavía continúan 22 escuelas en clases, que son las de la cabecera municipal y de las comunidades del valle del municipio. Se mantienen 32 escuelas sin volver a sus actividades, en 12 comunidades ubicadas en la zona de la cañada, que son poblaciones que comienzan a partir del pueblo La Gavia y que presuntamente están controladas por el grupo delincuencial Los Tequileros.
El delegado de Educación en Tierra Caliente, Timoteo Arce Solís, confirmó que se mantiene la misma cifra de escuelas trabajando que el pasado lunes, cuando se reincorporaron por primera vez a clases.
Expresó que el resto de los maestros están en espera de tomar algún acuerdo con el gobernador, que les garantice mayor seguridad, de la cual tiene conocimiento porque ya platicaron previamente, en el encuentro del pasado 15 de marzo en Chilpancingo.
En tanto que en San Miguel Totolapan continúan en espera de que los visite el gobernador del estado.
Maestros de la localidad que estuvieron en el encuentro con el gobernador, confirmaron que el mandatario estatal les prometió que antes de 10 días estaría en San Miguel Totolapan y que ese plazo se cumplió este fin de semana.
La presencia policiaca en esta localidad no se ha incrementado, debido a que tampoco han llegado mayores refuerzos de la Policía Estatal para solventar las necesidades correspondientes, por lo cual sólo existen dos patrullas para cubrir la seguridad en este municipio.
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Regresan a clases las escuelas en San Miguel Totolapan sólo con vigilancia de las autodefensas
En San Miguel Totolapan las escuelas regresaron a clases este lunes, con jornadas normales de trabajo, en las cuales los planteles fueron resguardados por elementos de las autodefensas, sin presencia de policías estatales ni del Ejército.
En la cabecera municipal, hay tres jardines de niños, tres primarias, dos secundarias y dos escuelas de nivel medio superior que retornaron a clases. Las 10 escuelas tenían afuera, en la zona de la puerta principal, uno o dos elementos de planta de las autodefensas, del Movimiento por la Paz.
Los elementos de las autodefensas van armados. Llevan rifles calibre 22 y escopetas de diferentes tipos.
Tres camionetas, que se usan como patrullas, recorren las calles de San Miguel Totolapan y tienen como consigna pasar constantemente por las escuelas, para ver si hay alguna novedad. En algunos puntos se pararon a la hora de la salida de las escuelas. También dan vialidad para evitar atropellados.
Los jardines de niños salieron a las 12 del día, como es costumbre. En el centro se ubica una casa que usa el Ejército como base, a pocas cuadras de la zona escolar, pero al mediodía decidió mantenerse ahí.
Algunas unidades iban llegando de recorrido y otras salieron, pero no participaron en el resguardo de escuelas.
Tampoco la policía del estado, que cuenta en San Miguel Totolapan con cuatro patrullas, de las cuales dos de ellas están asignadas a las medidas cautelares del presidente municipal Juan Mendoza Acosta, y las otras dos mantienen recorridos.
En algunas primarias reportaron que alrededor de las 10 de la mañana pasaron algunas patrullas estatales, se detuvieron por minutos en el lugar, se tomaron fotografías y luego se retiraron.
Las escuelas primarias de San Miguel Totolapan son de tiempo completo, su horario de salida lo cumplieron a las 4 de la tarde, de forma regular, al igual que el resto de las instituciones.
Aun cuando en otros municipios no hubo clases, por el puente correspondiente al aniversario del natalicio de Benito Juárez, en San Miguel Totolapan los maestros aprobaron recuperar el tiempo perdido.
“Queríamos regresar a clases. Nosotros pensamos en los niños, porque ya era mucho tiempo. Y la verdad sí estamos tomando un riesgo, pero nos están apoyando mucho los de las autodefensas”, explicó una maestra de jardín de niños.
Uno de los miembros de las autodefensas, confirmó que están en espera de que el gobierno del estado cumpla su palabra de combatir al grupo de Los Tequileros, y dar una solución real a su petición de que avance el desafuero del diputado Saúl Beltrán Orozco.
“Estamos haciendo nuestra parte. Esperamos que el gobierno haga la suya. Hubo acuerdos. Y estamos en la etapa de avanzar”, dijo de forma corta.
Pero la localidad cuenta con más actividad económica. El transporte está operando de forma normal. Pero se mantiene la vigilancia en las entradas y salidas por parte de la autodefensa.
No van maestros de Totolapan a reunión con Astudillo por temor a un ataque en el camino
El grupo de maestros y miembros del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan solicitaron que además de la Policía Estatal, el convoy que partiría a un encuentro con el gobernador Héctor Astudillo Flores fuera escoltado por el Ejército, por temor a un ataque, pero como no se atendió su petición pospusieron su ciaje a Chilpancingo.
Este miércoles estaba prevista la reunión con el gobernador y el grupo de San Miguel Totolapan, que principalmente era encabezado por maestros, quienes tienen el acuerdo de volver a clases el próximo lunes.
De pronto, se anunció que el encuentro quedaba pospuesto hasta nuevo aviso y se informó que el grupo de aproximadamente 25 personas no salió de la cabecera municipal, aun cuando ya estaban con ellos funcionarios regionales del gobierno estatal para acompañarlos.
Se confirmó que por la noche comenzaron a dialogar con los intermediarios, que fueron el delegado de Gobierno René Rabiela Tapia y el subsecretario del Migrante, Adolfo Vergara de la Paz, a quienes les enviaron la solicitud de que el Ejército reforzara la seguridad durante su traslado y acompañara al grupo de la Policía Estatal.
Debido a que ninguno de los interlocutores, incluyendo al delegado de Educación, Timoteo Arce Solís, pudo resolver la petición durante la noche, y al tener sólo la presencia de cuatro patrullas estatales, se anunció que no viajarían a Chilpancingo, pues lo consideraron riesgoso.
Los maestros no quisieron dar declaraciones de manera abierta acerca del tema, sin embargo informaron de forma anónima que “todo el grupo teme que nos bloqueen el paso por Teloloapan o que haya alguna emboscada, y creo que con el Ejército van a tener más respeto”.
También informaron que “al parecer sí nos van a acompañar para el viaje, pero el motivo por el que no quiere nadie dar declaraciones es que tampoco se quiere que se anuncie nuestra salida, ni la hora en la que podríamos viajar, para no alertar a nadie, es parte del acuerdo”, indicó un profesor.
El delegado de Gobierno, René Rabiela Tapia, confirmó que se mantiene abierto el diálogo con el gobierno estatal y que el gobernador Héctor Astudillo Flores está en la disposición de recibirlos.
El delegado de Educación, Timoteo Arce Solís, dijo que “este asunto no cambia el hecho de que el próximo lunes habrá clases. El diálogo se va a dar, hay condiciones para el diálogo, sólo se van a concretar algunas condiciones que nos pidieron”.
También dijo que las escuelas ya están abiertas, que están llegando los padres y los maestros para las actividades de limpieza.
Los asesinatos en Iguala son en contra de personas que van de paso, asegura el alcalde
El alcalde priista de Iguala, Herón Delgado Castañeda declaró la tarde de ayer que varios de los asesinatos ocurridos en esta ciudad en lo que va del año, han sido en contra de personas que van de paso y no tienen qué ver con Iguala, y reiteró que la incidencia delictiva ha bajado un 90 por ciento, según datos oficiales, y como resultado de la estrategia de seguridad en el municipio.
Al presidente municipal se le preguntó si ha requerido al estado y a la federación que se regresen las armas a los policías municipales, que les fueron decomisadas tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, en los que participaron agentes de esa corporación, y dijo que ese tema lo pondría a consideración de la sociedad, “porque no es una decisión sólo del gobierno”.
“Es una decisión que tenemos que consensar con la sociedad porque los policías de alguna manera tienen por ahí tal vez un estigma mal puesto, y esto genera desconfianza en la gente”.
Agregó que ha escuchado dos versiones diferentes de personas que sí quieren que los policías se armen, pero también de quienes se oponen “por lo que lo tenemos que consensar con la sociedad”.
Reconoció que le preocupan los asaltos a mano armada en la cabecera municipal, tanto en contra de transeúntes como automovilistas, de los cuales dijo, ya tiene conocimiento el ejército y la Policía Federal y están trabajando en la estrategia para desarticular esas bandas.
Delgado Castañeda afirmó que según el Ejército, “Iguala ya no se encuentra dentro de los cinco municipios del estado incluidos en la lista de 50 con mayor violencia a nivel nacional, esto nos da tranquilidad pero no nos confiamos”.
Al alcalde se le recordó que según las notas publicadas en El Sur hasta ayer habían ocurrido 19 ejecuciones con violencia en este municipio, lo que consideró que “muchos de éstos no tienen qué ver con Iguala, porque Iguala es una zona de paso, viene la gente de Taxco, de Teloloapan, de Altamirano, de Cocula y de otros lugares, y desgraciadamente como lo que sucedió en la salida hacia El Tomatal (el lunes) de personas que venían de Ixtapan de la Sal… los alcanzan en Iguala porque disminuyen la velocidad por los topes, y es donde les disparan”.
Las autoridades han incumplido su tarea de brindar seguridad, dice la Coparmex-Iguala
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Iguala, Gaspar Guerra Ríos, reveló que los asaltos en esa ciudad han aumentado y que las autoridades municipales y estatales no cumplen con su obligación de brindar seguridad a la población.
“No comparto que los empresarios tengamos que dedicarnos a brindarnos la seguridad, porque no tenemos la capacitación, ni los elementos, ni la inteligencia que pueda tener una corporación policiaca para hacerlo, pero sí podemos exigir con voz firme que nuestros negocios sean seguros, que nuestras calles sean seguras”.
El empresario igualteco participó en el desayuno de empresarios realizado en Chilpancingo con el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera, donde aprovechó para señalar que el gobierno del estado y los legisladores han incumplido con un acercamiento con los empresarios de su municipio pese al desarrollo económico que ellos generan.
Al concluir la actividad, en declaraciones a reporteros, el empresario constructor explicó que la postura de Coparmex-Iguala es que “el gobierno debe de actuar, el gobierno es gobierno y su obligación es brindar los servicios a la ciudadanía”.
“Lo que debe de brindar es la seguridad. Los empresarios nuestra obligación es trabajar, generar empleos y riqueza, incrementar la productividad y el producto del país. El gobierno debe de brindar la seguridad”, recalcó.
Guerra Ríos aprovechó para comentar que el domingo atacaron a balazos a dos empresarios dueños de las papelerías Zambrano, cuando fueron asaltados, dejando a uno de ellos grave.
“No es posible vivir así. Una moto los asaltó a ellos. Enseguida, como si fueran recorriendo clientes, asaltó a otros dos jóvenes y a otro lo mató, y la policía hace muy poco de inteligencia. Hay convoyes de tres o cuatro patrullas que van anunciando con luces su paso, no le veo estrategia en el combate a la delincuencia”, señaló.
Dijo que en su opinión personal preferiría que los policías ni siquiera usaran el uniforme, con el objetivo de cumplir con un labor más discreta para que así sí pudieran detener a los delincuentes.
“Lo único que van avisando de su presencia por el temor que tiene de ser agredidos e ir poniendo en alerta a los delincuentes para que actúen en otros lugares”, agregó.
Recordó que la seguridad para la población es algo primario en la responsabilidad del gobierno, por lo que subrayó que “no debemos exigir seguridad, es una obligación primaria del gobierno”.
Aprovechó para explicar que en Iguala los empresarios trabajan diariamente para generar empleos, pero las autoridades municipales no se encargas de brindar seguridad.
Dijo que de manera institucional no se han acercado al alcalde Herón Delgado Castañeda, pero que si de manera personal para externarle su preocupación ante el aumento en los asaltos.
Se redujeron delitos uno 90%, según el alcalde
En una actividad, realizada en Palacio de gobierno, el alcalde de Iguala Herón Delgado Castañeda declaró que en su municipio la incidencia delictiva ha bajado en un 90 por ciento.
Señaló que los empresarios locales deben de comparar mes con mes las cifras que demuestran que la inseguridad ha ido a la baja.
“Hay un decremento y vamos a la baja, estamos en un noventa por ciento a la baja”, agregó.
Dijo del ataque en el que resultó herido uno de los dos empresarios de papelería de Iguala, que fue en una de las colonias “de riesgo”, llamada PPG: “no sabemos qué andaban haciendo allá,”, agregó.
Señaló que las declaraciones realizadas por el empresario local se atribuyen a que “se aprovecha para sacar una tajada de carácter político”.
Delgado Castañeda aseguró que se ha reunido de manera constante con los empresarios de su municipio e inclusive que la violencia ha bajado tanto que en los cuatro días de la Feria de la Bandera hay un saldo blanco.
No acreditó Taxco 5 millones para seguridad en 2015; Chilapa y Chilpancingo, con observaciones
De los cinco municipios del estado que recibieron subsidios para la seguridad pública en 2015 y que tienen los mayores problemas de inseguridad, Taxco no acreditó el destino de 5 millones asignados, y Chilapa y Chilpancingo tienen pendientes de acreditar 700 mil pesos cada uno.
Acapulco tuvo 22 observaciones por adjudicaciones directas, las cuales ya fueron solventadas.
Chilpancingo e Iguala, no invirtieron en el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, y en el caso de Taxco no hay registro de ninguna inversión con ese dinero.
Como parte de los Subsidios a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) actualmente llamado Fortaseg, en 2015 Acapulco recibió 26 millones 280 mil pesos, Chilapa 10 millones de pesos, Chilpancingo 6 millones 294 mil pesos, Iguala 5 millones 52 mil pesos y Taxco 5 millones.
Taxco
En el Informe General de la Cuenta Pública 2015, consultado en la página de internet de la ASF señala que como resultado de la revisión encontró que “el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de 5 millones de pesos”.
En el caso de Acapulco hizo siete adjudicaciones directas para la compra de uniformes y equipo para la policía municipal sin justificar los criterios en los que se fundamentó esa decisión.
En el caso de Chilpancingo la ASF estima recuperaciones probables por 700 mil pesos, y en Chilapa por 750 mil pesos.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 publicado en la página de internet de la ASF “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 5 millones de pesos por no acreditar el uso del dinero para el fortalecimiento de cuatro programas de seguridad pública.
Los programas de los que el gobierno de Taxco no presentó la documentación comprobatoria son Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana, Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema Nacional de Información”.
“La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría con número 003/CP2015, del 30 de agosto de 2016”.
El alcalde de Taxco en el período 2012-2015 fue Salomón Majul González y en septiembre de ese año asumió el cargo su primo Omar Jalil Flores Majul por el periodo 2015-2018, ambos priistas.
Chilapa
En cuanto a Chilapa, la ASF observó que el gobierno municipal “abrió más de una cuenta bancaria donde se recibieron y administraron los recursos e intereses del SUBSEMUN 2015, las cuales no se consideran como cuentas específicas, ya que se genera opacidad en el manejo de los recursos del subsidio”.
La ASF encontró que el gobierno municipal no presentó la documentación comprobatoria de los conceptos de Evaluaciones de Control de Confianza, Evaluación del Desempeño, Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos generales, Formación de Mandos, y Herramientas de Seguimiento y Control del Servicio Profesional de Carrera Policial, todo por valor de 752 mil pesos. También tuvo un subejercicio por 681 mil 600 pesos.
La Auditoría emitió dos recomendaciones, seis promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y una observación.
El alcalde de Chilapa en el periodo 2012-2015 fue el priista Francisco Javier García González, y en septiembre de 2015 entró en funciones el también priista Jesús Parra García por el trienio 2015-2018.
Chilpancingo
En Chilpancingo la Auditoría señala como recuperaciones probables 700 mil pesos por la compra de uniformes para los policías. Una factura tiene fecha de 26 de febrero de 2016, por la adquisición de uniformes, la cual no ampara las erogaciones realizadas en 2015, “por lo que existe un monto pendiente de comprobar por cien mil pesos.
También hay un contrato por 600 mil pesos para la compra de uniformes consistentes en camisola, chamarra, pantalón, gorra tipo beisbolera o kepis, calzado y fornitura de piel, la cual se pago mediante una transferencia que se hizo a la cuenta del Fortamun y el gobierno de Chilpancingo no acreditó que la adquisición de uniformes corresponde al presupuesto de SUBSEMUN.
Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el municipio de Chilpancingo no invirtió en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, que en ese año tenía 115 agentes, ni en prevención social del delito, donde era una obligación destinar el 20 por ciento del total del dinero del SUBSEMMUN ejercido.
Como resultado de la fiscalización la ASF emitió dos recomendaciones, ocho promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos pliegos de
observaciones.
El alcalde de Chilpancingo por el periodo 2012-2015 fue el priista Mario Moreno Arcos. En septiembre de ese año asumió el cargo Marco Antonio Leyva Mena por el trienio 2015-2018.
Iguala
Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el gobierno de Iguala no invirtió en su policía en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza.
“No puso a disposición de los elementos de seguridad pública las adquisiciones realizadas con los recursos del SUBSEMUN 2015, referente a 10 bastones policiales, 30 esposas, 30 linternas, 30 gases lacrimógenos y 50 chalecos balísticos nivel III-A”.
Compró con dinero del SUBSEMUN tres vehículos Sedan, los cuales en la fecha de la auditoría se constató que no operan y no cuentan con el equipamiento, conforme al catálogo de bienes y servicios, ni con el balizamiento, conforme al manual de identidad.
También encontró que el gobierno municipal no asignó al área de seguridad pública 24 computadoras de escritorio, ocho impresoras, cinco licencias antivirus, diez software office y 24 UPS.
“Adquirió con recursos del SUBSEMUN, 40 equipos de cómputo y 160 mesas de trabajo, por un importe de un millón 21 mil pesos, para el proyecto Violencia Escolar, de los cuales, las mesas de trabajo no operan, se encuentran desarmadas y en almacén; asimismo, el equipo de cómputo no funciona correctamente”.
De una adquisición de 300 libros del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial al personal de Seguridad Pública sólo entregó 97.
Derivado de la auditoría la ASF emitió dos recomendaciones y tres promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
El alcalde de Iguala en período noviembre 2014-septiembre 2015 fue Silvano Mendiola Pérez. En septiembre de 2015 asumió el cargo el priista Esteban Albarrán Mendoza, quien en octubre de 2016 dejó la alcaldía para irse al Senado en sustitución de René Juárez Cisneros, quien fue nombrado subsecretario de Gobernación. El actual alcalde de Iguala es Herón Delgado .
Mendiola Pérez asumió el cargo luego de que el suplente de José Luis Abarca Velázquez, Luis Mazón Alonso pidiera licencia. José Luis Abarca quien actualmente está preso en una cárcel federal en Tamaulipas, abandonó la alcaldía después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos en la que participaron policías municipales de Iguala y Huitzuco.
Acapulco
Acapulco tuvo observaciones por asignaciones directas.
Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el municipio de Acapulco no invirtió en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, que en ese año tenía mil 901 agentes.
Otras observaciones fueron adjudicación directa en la compra de equipo y uniformes para policías, en prestación de servicios profesionales para el programa Violencia Escolar y expedientes incompletos en cursos de capacitación.
El gobierno municipal , adjudicó directamente la prestación de servicios profesionales para el programa Violencia Escolar por 6 millones 272 mil pesos y prestación de servicios profesionales para el programa Mediación Comunitaria por 2 millones 120 mil pesos, en ambos casos no proporcionó la fianza de vicios ocultos por la contratación de servicios profesionales de los programas Violencia Escolar y Mediación Comunitaria.
Otra adjudicación directa fue la compra de 30 motocicletas y 6 cuatrimotos por 5 millones 669 mil 900 pesos; 12 camionetas RAM por 6 millones 240 mil pesos.
Otra compra sin licitación fue la adquisición de 250 chalecos balísticos Nivel III-A por 2 millones 389 mil 600 pesos que no contaron con los logotipos y estampados de la policía municipal; la compra de mil 300 camisolas manga corta, mil 300 pantalones tácticos, mil 300 botas tácticas, mil 300 gorras tipo beisbolera y 130 cascos por un importe de 4 millones 21 mil 800 pesos; 12 equipos terminales y 16 equipos de radios móviles por un millón 174 mil cien pesos “los cuales no operan y no cumplen la función para la cual fueron adquiridos”.
En todos los casos de adjudicación directa, la ASF señaló que el gobierno municipal “no acreditó los criterios ni la justificación en la que se fundamentó la adjudicación; tampoco se indicó el nombre de la persona propuesta para la adjudicación, acompañada del estudio de mercado correspondiente; y las cotizaciones solicitadas no se obtuvieron en los treinta días previos a la adjudicación; además, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, validó esta adjudicación sin considerar los montos máximos indicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por estas faltas la ASF integró carpetas de investigación.
Otra de las anomalías encontradas por la ASF es que el gobierno municipal adquirió una herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de Carrera Policial que se integró por una cámara web, un lector de huella, una licencia de uso de software, dos multifuncionales, dos computadoras, un teclado, un mouse y un cargador por 250 mil pesos para el programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, pero a la fecha de la Auditoría “el software se encuentra sin operar y sin cumplir la función para el cual fue adquirido”.
Entre los expedientes incompletos que presentó el gobierno municipal a la Auditoría están la capacitación de 150 agentes en el Nuevo Sistema de Justicia Penal ni evidencia documental del programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública para 50 policías en Activo, ni del curso formación inicial para 70 aspirantes a policías. Las comprobaciones del gobierno municipal las hizo durante el transcurso de la auditoría.
El alcalde de Acapulco en 2015 fue Luis Uruñuela Fey de Movimiento Ciudadano y en septiembre de ese año asumió el cargo el perredista Evodio Velázquez Aguirre por el trienio 2015-2018.
Sólo con la CRAC los pueblos indígenas tienen seguridad, dice la madre del comunitario preso
A doña Beatriz Gálvez Macario le cambió la vida cuando organizó a la gente de Zitlaltepec en contra de la violencia que mantenía a raya a ese y a otros pueblos de la Montaña.
Ella formó la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en el 2013. Eso le trajo como consecuencia que a su hijo Samuel Ramírez Gálvez lo encarcelaran.
Después su marido la dejó porque la culpó del encarcelamiento de su hijo, y el año pasado la metieron 17 días a la cárcel tras de que los familiares de su esposo la acusaron de asesinarlo, sin que se haya encontrado su cadáver.
Ella supone que su marido huyó para no enfrentar el problema de su hijo preso.
A punto de salir libre Samuel, un na savi como ella, Beatriz dice que no se arrepiente de su participación en la CRAC y que seguirá en la Policía Comunitaria porque es la única manera de tener la seguridad que no garantiza el gobierno a los pueblos indígenas.
Entrevistada después de la audiencia de su hijo Samuel el mediodía de este martes, la mujer indígena contó que en 1997 la gente de su pueblo, Zitlaltepec, no podía vivir tranquila “porque estaba muy complicada la situación, no podíamos salir a comprar a Tlapa porque en el camino había de todo, secuestro, violaciones a las mujeres, asaltos y eso fue lo que hizo que comenzáramos a organizarnos en la comunidad para darnos seguridad nosotros mismos”.
Ese pueblo se encuentra a 8 horas caminando a Metlatónoc, la cabecera municipal, en vehículo llegan en dos a Tlapa.
Dijo que la única alternativa en ese tiempo fue formar su policía comunitaria, “porque nuestra comunidad es una de las más apartadas de la montaña, y tenemos que pasar por lugares muy solitarios, escabrosos y peligrosos”.
Beatriz Gálvez fue una de las más activas para formar la Policía Comunitaria, incluso a ella le deben los habitantes de varios municipios en la Montaña que la Casa de Justicia de la CRAC se haya instalado en Zitlaltepec, “allí comenzamos a dar el servicio de seguridad y muchos pueblos vecinos se incorporaron”.
Uno de los primeros que se enrolaron en la Policía Comunitaria para cuidar al pueblo fue su hijo Samuel Ramírez Gálvez, “él así lo quiso, pero la gente también así lo decidió”, dijo la mujer entrevistada en las instalaciones del juzgado Séptimo de Distrito, minutos después de que Samuel asistiera a la última audiencia de vista en la que su defensa ratificó los argumentos de descargo para que la jueza emita una sentencia a su favor.
Por su activismo doña Beatriz fue nombrada en el 2013 coordinadora de la CRAC, “estaba yo prestando ese servicio cuando detuvieron a mi hijo sólo porque estaba interesado en dar seguridad a su comunidad. Él estaba convencido que era la única forma de que viviéramos con tranquilidad y que no hubiera robos, asaltos, que pudiéramos salir sin que nos pasara nada”, declaró.
Recordó que Samuel entró de voluntario en la Policía Comunitaria cuando apenas había entrado a los 18 años, en 2012. Iba para dos años en la organización cuando lo detuvieron.
“Yo veo muy mal que lo hayan detenido, porque empezando desde el municipio el estado y el gobierno federal no nos dan seguridad, pero todos están en contra de los comunitarios. No sé por qué están en contra de nosotros cuando nos protegemos entre los mismos paisanos. Ellos quieren quedar bien pero no hacen las cosas como debe de ser, no nos dan la seguridad. Los policías municipales cuidan la cabecera municipal, el Palacio, pero no dan seguridad a las comunidades que pertenecen al municipio, mucho menos los policías estatales y federales, no van para allá a ver si estamos bien o mal, ellos están en las ciudades”, se quejó.
Denunció que, sin embargo, cuando las comunidades indígenas se organizan para formar su propia policía, “se quejan de que les estorbamos y nos detienen como si fuéramos delincuentes, secuestradores, pero no es cierto, estamos para defender a los pueblos y si hacemos algunas actividades sólo es para detener a los que están maleados, y al detener a los policías comunitarios se ve que el gobierno está del lado de los malos”, dijo.
–Usted contribuyó a resolver el problema de la inseguridad en su pueblo, pero por el otro se creó problemas en su familia. Detuvieron a su hijo, la dejó su esposo, la acusaron de homicidio y la detuvieron por esa causa, ¿está arrepentida?- se le preguntó.
–No, no estoy arrepentida. Yo formo parte del Comité de la Carta de los Derechos de la Mujer. Yo siempre he estado en contra de los hombres. He visto muchos casos de mujeres golpeadas, discriminadas, golpeadas y no pueden hablar porque no hay gobierno que las defienda, porque se cree que la mujer nació para atender a su marido.
“Yo he participado en reuniones y conozco los derechos para defender a la muer, estoy consciente, por eso no me arrepiento de lo que estoy haciendo porque sé que estoy haciendo algo bueno para mi comunidad y para las demás mujeres, que necesitan despertar para saber que no pueden estar humilladas ante el hombre”, expuso.
–Pronto va a resolverse la situación legal de su hijo Samuel, en caso de que salga libre y decide seguir siendo policía comunitario, ¿usted lo respaldará?
–Sí, sí lo respaldo porque yo sé que él no está haciendo nada malo, está defendiendo al pueblo y no me arrepiento de que él esté dando su servicio, aunque el gobierno esté en contra de él y de la Policía Comunitaria.
“El gobierno saca a la luz lo que le conviene, y lo que no lo hecha debajo de su mesa, y eso creo que no se vale, pero mientras el pueblo esté organizado y haga lo que más le convenga estoy de acuerdo en participar”, agregó.
Beatriz Gálvez aceptó que después del encarcelamiento de Samuel se retiró un rato por falta de recursos, “yo soy madre de familia, tengo una familia que mantener y tengo que visitar a mi hijo y es un problema bien fuerte para mi. A parte de eso estoy mal de salud”.
Y es que dos años después de que cayó en la cárcel su hijo, su esposo Raúl Ramírez Onofre la abandonó, al acusarla de ser la responsable de que lo hayan detenido porque ella era coordinadora de la CRAC cuando se lo llevaron.
Después de que su esposo la abandonó en 2015 los familiares de Raúl la acusaron del homicidio de éste, sin que se haya encontrado el cuerpo. Sin embargo estuvo encarcelada 17 días, “pero yo sé, tengo testigos que el señor se fue, me abandonó pero para culparme a mi sus familiares planearon que estaba muerto para encarcelarme, pero mientras yo no tenga culpa no me da pena, no me deprime porque sé que no soy culpable de lo que se me acusa”.
El relator de la ONU confirmó que las violaciones a los derechos no son aisladas, afirma el Centro Morelos
Las recomendaciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, confirman que esas violaciones en Guerrero no son casos aislados, y que el Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad, denunció el Centro regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado recriminó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se empeñe en decir que los delitos van a la baja, y que las operaciones militares serán la solución del problema.
Estimó que la visita del relator será de suma importancia porque refleja la violencia en cuanto a desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, tortura e impunidad, porque llamó a la protección urgente de los defensores de derechos humanos.
Incluso, llamó “defensores emergentes” a quienes defienden los derechos humanos, incluidos periodistas, porque tienen una actividad de alto riesgo.
Ayer el Centro Morelos demandó que las recomendaciones del relator se tomen en cuenta, particularmente, a la hora de elaborar leyes, porque las que están sólo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Afirma que desde 2014 en Guerrero existe una crisis de seguridad reflejada en las “cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas”.
Coincidió con el relator en que el mecanismo de seguridad para defensores debe ser accesible para las personas que corren mayor peligro, pero “no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados”.
El organismo respalda las recomendaciones del relator especial de la ONU, dirigidas a “disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune”.
Concluye que este informe preliminar, confirma que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, “y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la Ley de Seguridad Interior no es la solución para acabar con la violencia”.
El uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”, dijo el relator
En el informe de su visita del 16 al 24 de enero en México el relator Forst, se refirió a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores sobre el cambio al artículo 29 de la Constitución y el proyecto de Ley de Seguridad Interna, por el que miembros del Congreso y organizaciones expresaron preocupación, incluyendo esa ley que normalizaría el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
En el informe difundido en Internet, reconoció los retos que implica la geografía del país, las ejecuciones, la tortura y las desapariciones forzadas, la compleja dinámica de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, pero añadió que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”.
Asimismo recomendó que las leyes y políticas cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, sean revisadas en su objetivo y su implementación.
Consultado por el diario Reforma, Michel Forst opinó que el gobierno mexicano debe cambiar su narrativa sobre los defensores de derechos humanos, para contrarrestar el vilipendio y las campañas de difamación. Aclaró que los defensores no deben verse como enemigos del Estado, sino como agentes de cambio.
En la visita recorrió cinco estados de la República, entre ellos Guerrero, donde escuchó testimonios sobre la situación que viven los defensores, a familiares de personas desaparecidas en la entidad organizadas en colectivos, y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
Regresan a Iguala 100 policías federales que se fueron a contener protestas contra el gasolinazo
La noche de ayer 100 policías federales regresaron a esta cabecera municipal para quedar al frente de la seguridad, y se esperaba que hoy regresen otros 100, los mismos que salieron el 5 de enero y fueron enviados a otras ciudades para contener protestas y saqueos contra el alza a las gasolinas.
En los 18 días que salieron de Iguala la ola de violencia en el municipio repuntó y ocurrieron nueve asesinatos, ocho fueron ejecuciones violentas en las que presuntamente estuvieron involucrados miembros de la delincuencia organizada.
En esas dos semanas y media de ausencia de la policía federal 17 carros y motocicletas fueron robados por gente armada, también ocurrieron ataques a viviendas en la unidad habitacional Infonavit, en la comunidad de Tuxpan, donde ocho integrantes de una familia fueron secuestrados y después rescatados por policías estatales que se enfrentaron a los presuntos delincuentes el 13 de enero, y ayer en la tarde hombres armados con fusiles de asalto AK-47 y AR-15 atacaron a un joven afuera de la escuela secundaria técnica Sentimientos de la Nación de la colonia Chapultepec, al que persiguieron y atacaron a balazos adentro de la escuela.
Ayer en la noche el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el oficial Domingo Tlatempa Vázquez confirmó vía telefónica la llegada de los primeros 100 agentes federales y dijo que se esperaba que hoy lleguen otros 100 o 150 del mismo agrupamiento que se fue el 5 de enero.
Este grupo ayer regresó a la ciudad para estar al frente de la seguridad, había llegado el 25 de noviembre.
Marchan 2 mil vecinos con la policía Tecampanera en Teloloapan; reclaman seguridad al gobierno
Más de 2 mil policías comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, muchos de ellos portando rifles, escopetas y pistolas de bajo calibre, así como maestros, mujeres y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal para conmemorar el primer aniversario de la conformación de la Policía Comunitaria Tecampanera.
En la marcha y el mitin reclamaron el incumplimiento del gobierno estatal para reforzar la seguridad y advirtieron, una vez más, que no dejarán las armas ni su movimiento de autodefensa.
Ayer después de la 1 de la tarde los negocios estaban cerrados, las clases en las escuelas de la cabecera municipal fueron suspendidas, el transporte público se paralizó y la mayoría de las calles lucían vacías, como una muestra de apoyo a la Tecampanera, dijo uno de sus representantes.
A las 11:15 de la mañana inició la marcha en el punto conocido como Las Pilitas en la avenida Independencia que es la principal que va al zócalo de la ciudad, encabezaron la marcha los comunitarios de Teloloapan, siguieron los de Cuetzala y cerraron los del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC). Algunos llevaban carrilleras con cartuchos de las armas que usan y otros vestían chalecos, al parecer algunos antibalas y todos iban con el rostro descubierto.
También se vio a mujeres, muchas de ellas también portando armas, y niños con algunas cartulinas en las que se leía “gracias policía comunitaria”, y “primer aniversario de la lucha por la paz de Teloloapan”.
En un carro de sonido al frente del contingente de más de 2 mil comunitarios –4 mil según los organizadores– se informó que la movilización era para conmemorar el primer aniversario de de la Tecampanera, la cual surgió en 2016 en contra del grupo criminal La Familia Michoacana, a la que responsabilizan de más de 400 asesinatos ocurridos en cuatro años, así como de las extorsiones, levantones, secuestros y cobros de piso.
La extensa fila de comunitarios a los que ayer se les vio más organizados que en otras ocasiones, caminó al Zócalo de la ciudad pasando junto a la sede del Ayuntamiento, y regresó por la avenida Vicente Guerrero a la carretera federal Teloloapan-Arcelia, en la entrada a la avenida Independencia donde se colocó un templete y hubo un mitin.
En el recorrido se vio a vecinos de la cabecera municipal que ofrecían agua a los comunitarios que iban marchando.
A pesar de la movilización los retenes de revisión y vigilancia permanecieron en las carreteras y en caminos de terracería que dan acceso a la cabecera municipal.
No dejarán las armas, advierten al gobierno
En el mitin que duró cerca de una hora, tiempo que fue cerrada la carretera federal y se paralizó la circulación vehicular, los diferentes oradores advirtieron una vez más al gobierno estatal que no dejarán las armas ni su movimiento, y reprocharon el incumplimiento del compromiso de reforzar la seguridad como ofrecieron las autoridades en la última reunión que sostuvieron.
Uno de los coordinadores de la Tecampanera, quien omitió su nombre, repudió y rechazó que se les vincule con la delincuencia organizada, y afirmó que entre los grupos de autodefensa están campesinos, comerciantes, maestros, transportistas y amas de casa que han decidido cuidar y defender a sus familias, “y son a quienes les han levantado a un hijo o un padre, o les han quitado el poco dinero que durante toda su vida han podido hacer”.
“Esta gente que hoy ven con una escopeta o con un rifle .22 es gente que se cansó de tantos pinches secuestros, de tantos levantones y de tanta extorsión, de que nos quiten lo poco que hemos tenido. Aquí está la gente que se cansó de que los siguieran privando de la libertad y de su vida”.
Otro orador mencionó al vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, a quien le pidió “que en todos y cada uno de sus comunicados diga la verdad, Teloloapan no ha tenido bajas de la policía comunitaria, al día de hoy seguimos en la lucha y seguimos fortalecidos”.
Exigió a la Policía Federal y al Ejército que los apoyen y recordó el caso de “Rosita”, una mujer que los comunitarios detuvieron y después fue liberada por las autoridades en Iguala, “es la encargada de la plaza en Tlapehuala, quien secuestra, quien ordena a quién asesinar y quien está siendo parte del grupo armado que en Teloloapan no queremos”, dijo en referencia a La Familia Michoacana.
“Ayúdennos o váyanse”, gritó a los soldados del Ejército y policías estatales y reclamó la falta de cumplimiento al compromiso del gobernador Héctor Astudillo de que se instalarían Bases de Operaciones Mixtas y el reforzamiento de la policía federal y que llegarían agentes de la Marina.
Pidió al Ejército “que nos ayude, que nos apoye y que nos permita hacer las cosas como hasta hoy, nosotros estamos cuidando a nuestras familias, ayúdennos en esta lucha que hemos considerado justa”.
Otro de los participantes, todos omitieron sus nombres, señaló al gobierno estatal y federal que “la existencia de las policías comunitarias se debe a que ellos han dejado de hacer la chamba que hoy hombres y mujeres han tenido que hacer, porque ellos han sido incapaces de lograr la paz y la tranquilidad”.
Llamó a no permitir protagonismos ni que el movimiento de autodefensa sea el “trampolín” político de nadie y que el movimiento no se “prostituya”.
Otro mencionó el caso de los tres herreros secuestrados y asesinados por delincuentes de La Familia Michoacana, y le dijeron al gobierno que ellos no se rigen por estadísticas sino por hechos y resultados, y que en un año de su conformación ese es el único caso que se ha dado en Teloloapan, que ocurrió en una comunidad.
Dijo que antes de su conformación había un alto índice de secuestros, asesinatos, violaciones, robos a casa habitación, de carros, y extorsiones que ninguna autoridad podía frenar.
También expuso que la venta de drogas a los jóvenes se ha reducido un 90 por ciento a un año de la conformación de la autodefensa.
Uno de los principales coordinadores de la comunitaria le dijo al gobierno que “la policía comunitaria va a continuar para que pueda haber orden y que pueda haber paz en Teloloapan, porque sólo así podemos vivir tranquilos y sólo así podemos evitar los levantones y todos los delitos que se cometían, aunque no lo quieran reconocer el estado y la federación”.
Advirtió que seguirán con su movimiento y su levantamiento en armas “hasta acabar con toda la delincuencia”, y les dijo a los que no participan con el movimiento que de nada les ayuda a estar en sus casas porque hasta allá los pueden a ir a secuestrar como le pasó a él.
Dijo que los comunitarios “no pedimos cuotas” y llamó a quienes lo pudieran hacer “déjense de chingaderas”.
Advirtió a las organizaciones criminales “rojas, amarillas, azules o de las que sean, Teloloapan no se va a dejar, va a luchar y va a pelear hasta la muerte si es necesario”.
Casi al finalizar el mitin, otro de los oradores dijo que el movimiento también se pronuncia en contra del gasolinazo y el alza a los precios de la energía eléctrica, el gas y los productos de la canasta básica.
Al mitin llegó el alcalde perredista Robell Uriostegui Patiño a quien le agradecieron su respaldo a la comunitaria Tecampanera.