Etiqueta: Soldados

Acuartelan a los policías de Iguala; sólo atienden llamados si los acompañan militares

El encargado de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Carlos Manuel Díaz García informó que los 74 policías fueron acuartelados, luego de la agresión a balazos que sufrieron la mañana del martes dos de sus compañeros, que suspendieron el servicio en algunas área y sólo van a llamadas de auxilio con el acompañamiento de policías federales o soldados.
El policía primero negó que estén en un paro de labores como se rumoró desde la noche del martes, pero confirmó que concentró a todos los policías en las instalaciones del cuartel municipal, ante el riesgo y temor de otro atentado en contra de alguno de ellos.
Del ataque a dos agentes a bordo de una patrulla la mañana del martes al salir de la colonia El Capire, dio a conocer que los dos regresaban de colonias populares asentadas en la zona rural al sur de la ciudad después de un patrullaje, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta los toparon de frente y los atacaron a balazos cuando iban en movimiento.
Mencionó que el policía que iba manejando la patrulla 005, de nombre Daniel, de 32 años, recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el antebrazo, ambos del lado izquierdo. Cree que por los impactos en la patrulla les dispararon con un arma calibre .9 milímetros.
En declaraciones ayer en la mañana en las instalaciones del cuartel, dijo que se trasladaría a la Fiscalía regional para conocer los avances de las investigaciones del ataque a sus compañeros. Agregó que tras la agresión del martes se implementó un fuerte dispositivo de seguridad y de búsqueda de los agresores en el que participaron policías federales, estatales, ministeriales y soldados del Ejército, pero los resultados fueron negativos.
De la situación médica del policía dio a conocer que se encontraba fuera de peligro, y se esperaba que ayer lo dieran de alta.
Mencionó que a pesar de estar acuartelados y haber retirado de servicio a todos los policías, ya que están desarmados, salen siempre y cuando haya el acompañamiento de la Policía Federal y de soldados del Ejército.
Sobre la petición de que se les regrese el armamento que les fue decomisado en octubre de 2014 tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, el representante de la Policía Municipal dijo que están en pláticas con el alcalde Herón Delgado Castañeda para hacer las gestiones necesarias, “para ver que lo más rápido posible se vea lo del armamento para que ya tengamos el equipo adecuado para salir a combatir a la delincuencia”.
De la situación de los 74 policías que tiene la corporación en relación con los exámenes de control de confianza y las certificaciones, y Díaz García afirmó que cuenta con toda la documentación que acredita que 64 están certificados y falta que le entreguen los resultados de 10 agentes. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Siguen soldados y policías estatales a cargo de la seguridad de Chilpancingo; cumplen cinco días

Policías estatales y soldados del Ejército continúan a cargo de la seguridad de la ciudad, que tienen desde el jueves que tomaran el cuartel de la Policía Municipal y desarmaron a los agentes municipales acusados de la desaparición de siete jóvenes.
Los uniformados siguen instalados en ese cuartel y hacen recorridos a pie en el Zócalo, en el monumento Unidos por Guerrero, en la alameda Granados Maldonado, en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y patrullajes en distintos puntos de la ciudad.
El miércoles, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para denunciar la desaparición de siete jóvenes a manos de policías municipales.
La noche de ese día los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados.
La Policía Federal, la Estatal y el Ejército tomaron las instalaciones de la Policía Municipal y desarmaron a los agentes municipales.
La vocería del Grupo de Coordinación Guerrero difundió un comunicado en el que dijo que participaron 150 agentes estatales, 20 patrullas de la corporación, 60 militares, 10 vehículos oficiales, 120 federales y 18 patrullas de la Policía Federal.
Después de ese día la Policía Estatal continúa a cargo de la seguridad de la capital, y el vocero Roberto Álvarez Heredia declaró que no hay fecha límite al respecto.

Acusan a soldados y policías de llevarse una camioneta argumentando robo, en Pungarabato

Soldados del ejército y policías estatales fueron acusados de llevarse hace una semana una camioneta de una casa en la comunidad de Las Querendas, municipio de Pungarabato, que no ha sido puesta a disposición ante ninguna instancia.
Ante el Ministerio Público acudió el propietario de una camioneta Explorer blanca, para presentar la denuncia por el delito de robo de vehículo, del que acusa al Ejército y a la Policía Estatal.
Presuntamente, soldados del Ejército llegaron a una casa en la comunidad de Las Querendas para buscar motos robadas, que no encontraron, y se llevaron una camioneta presuntamente con reporte de robo, pero que no ha sido puesto a disposición ante el Ministerio Público del fuero común o del fuero federal.
El dueño de la camioneta comenzó a buscarla en agencias del Ministerio Público para presentar los documentos que acreditan la propiedad del carro y que no tiene reporte de robo, pero no fue hallada.
También acudieron ante la Policía Estatal y el Ejército para preguntar acerca del hecho y buscar la camioneta, pero no les dieron información e incluso negaron el relato. Después de una semana de ocurrido el hecho, el propietario de la camioneta presentó la denuncia formal por el delito de robo.

Temen mineros de Media Luna en paro un desalojo ante el aumento de vigilancia de policías y militares

Trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de Torex Gold, de capital canadiense, denunciaron este martes que la presencia de marinos dentro de las instalaciones, y los constantes patrullajes del Ejército cerca del plantón, son preparativos para un desalojo de trabajadores de la empresa minera, con el apoyo de los gobiernos federal y estatal.
El delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Indalecio Pérez Morones advirtió que los trabajadores no van a caer en provocaciones, pero que si las fuerzas federales intentan desalojarlos van a oponer resistencia, y que llamarán a los pueblos a que defiendan el derecho de los trabajadores.
Declaró asimismo, que los desplegados en los que la empresa canadiense menciona prestaciones a los trabajadores y beneficios a los pueblos vecinos, es sólo una parte de una campaña que ha iniciado para legitimarse, pero que en los hechos no ha cumplido las acciones que menciona.
Ayer, a 12 días de iniciado el paro con el que los trabajadores exigen el cambio de su contrato laboral de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al SNTMMSRM, los paristas, con el respaldo de habitantes de las comunidades vecinas, permanecieron a la expectativa en dos plantones, uno que se encuentra en el acceso 3, a unos 5 kilómetros de Nuevo Basas, en la carretera Valerio Trujano-Nuevo Balsas, y otro al extremo sur del cerro donde la minera explota oro y plata, cerca de la comunidad de Mazapa, municipio de Eduardo Neri.
Los trabajadores comenzaron su movimiento laboral a las 2 de la tarde del 3 de noviembre y a partir del sábado y el domingo pasado, comenzaron a recibir el apoyo de habitantes de Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, municipio de Cocula, así como de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, y de Colonia Valerio Trujano, de Tepecoacuilco.
Este martes, el ambiente se percibió tenso entre quienes participan en el primer plantón, ante el temor a un posible desalojo de las fuerzas federales, luego de que la tarde del lunes entraron a las instalaciones de la mina 70 o 80 policías de la Gendarmería, a bordo de seis patrullas y un autobús. Además, durante el transcurso de este martes se vio patrullar cerca del plantón a soldados del Ejército mexicano en dos camionetas Pick Up.
La presencia de la Marina y el Ejército se dio a la par de llamadas de la minera a trabajadores para que regresen a sus labores. En mensajes de texto les dicen que los patrullajes del Ejército y la presencia de la Marina son para “proteger a nuestra gente y a nuestras instalaciones”.
El delegado del SNTMMSRM, Indalecio Pérez Morones, denunció que los representantes de la minera no han dado la cara directamente a los trabajadores en paro, “no ha querido presentarse a buscar una solución a la demanda de los trabajadores, que es un derecho legítimo”, pues sólo quieren decidir qué sindicato los va a representar.
Declaró que la inconformidad de los empleados se debe a que empresa y sindicato “coludidos”, han estado cometiendo una serie de atropellos y violado sus derechos laborales, así como también sus derechos humanos.

No cumple la empresa su obligación de dar seguridad laboral, se quejan

Dijo que una de las situaciones más grave es que la empresa no cumple su obligación de observar las normas más elementales de seguridad, y ejemplifico que los trabajadores están obligados a laborar dentro de la mina en condiciones inseguras, “la empresa no les da el equipo de protección personal que se requiere, aun cuando sabemos que la minería es un trabajo de alto riesgo”, acusó.
Aseguró que desde que comenzó sus trabajos de explotación la minera Media Luna, en enero de 2016, dos trabajadores han muerto por la falta de medidas de protección, cuando ocurrió la volcadura de un camión.
Denunció que los trabajadores no reciben equipos de seguridad en condiciones óptimas, y que los caminos no son adecuados para que transiten ese tipo de camiones, porque están en pésimas condiciones.
“La empresa está poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores, y nosotros como representante de los mineros, siempre hemos dicho que la seguridad no puede estar por debajo de la producción, tienen que ir de la mano, y para que la empresa tenga una producción segura, debe de tener un trabajador seguro, y es la empresa la que tiene que darle la seguridad”, explicó.

Discriminan a trabajadores locales, denuncian

Destacó que la minera incurre en discriminación porque tiene clasificados a los trabajadores en “trabajadores locales y trabajadores foráneos”, y que los foráneos ocupan los mejores puestos, y tienen los mejores salarios y las mejores prestaciones, “les dan alojamiento, comida, viáticos para su traslado, y a los trabajadores de las comunidades los hacen trabajar jornadas de hasta 12 horas en actividades que son las más pesadas con salarios que van de mil 500 a 2000 pesos semanales.
El martes, la minera Media Luna publicó un desplegado en la prensa en el que asegura que el 99 por ciento del personal es de origen mexicano, el 66 por ciento es guerrerense y el 52 por ciento es de las localidades cercanas a la minera, pero consultado al respecto, el dirigente sindical aseguró que esto “es falso” y que, al menos en cuanto a trabajadores sindicalizados, 50 por ciento son foráneos y 50 por ciento son locales.
En cuanto a los salarios y prestaciones a los que se refiere la empresa en el mismo desplegado, en el que destaca que cuenta con las mejores remuneraciones, Pérez Morones, declaró que pudiera ser, pero que estos beneficios son sólo para el 50 por ciento, de la gente foránea, que es el que ocupa los mejores cargos, y los mejores salarios y prestaciones, “lo cual consideramos que no es justo, porque el trabajo debería de ser preferentemente para la gente de las comunidades, que es de donde se están llevando esas empresas extranjeras la riqueza que existe aquí”.
Aseguró que en la región hay personal calificado para ocupar esos puestos, pero que la empresa simplemente no los contrata, tampoco capacita, como es su obligación, a los trabajadores locales ya contratados para que tengan oportunidad de ascender a mejores cargos.
Según el desplegado de la empresa, 450 millones de pesos fueron destinados a la adquisición de bienes y servicios en las comunidades vecinas, lo que desmintió el dirigente local, que dijo que esa es otra de las inconformidades, porque la empresa y la dirigencia de la CTM acapararon las concesiones del servicio de transporte y de maquinaria.
Dijo que también incumplió el compromiso de que sus directivos y empleados consuman los productos de las localidades, porque la empresa les construyó zonas habitacionales a los trabajadores foráneos, en donde tienen todos los servicios y productos, que traen de fuera de la región.
“Estamos ante una empresa extranjera que viene a México a invertir, y que debe de respetar las normas y las leyes de nuestro país, pero no lo hace. Mientras el gobierno se debería de encargar de que esta empresa respete las leyes, a los trabajadores y a los pueblos, pero que tampoco lo hace”, criticó.
Pérez Morones denunció que, frente a las justas demandas que están planteando los trabajadores, la empresa está contestando de otra manera. “Tal parece que le quiere apostar al enfrentamiento, tal parece que lo que quiere es un desalojo, y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que en este lugar vuelva a suceder lo del 20 de abril del 2006 en la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hubo un intento de desalojo y perdieron la vida dos trabajadores, y más de 100 fueron heridos”, advirtió.
Advirtió que los trabajadores no quieren eso, “porque esa no es la forma de solucionar los problemas, pero si la empresa quiere apostarle a eso, nosotros también vamos a responder defendiéndonos. Estamos dentro del marco de la legalidad, estamos participando en este movimiento pacíficamente y la empresa nos quiere provocar”, denunció.
Pérez Morones aseguró que cuentan con el respaldo de los pueblos vecinos, porque la empresa tampoco les ha cumplido los compromisos, y que se han involucrado en el movimiento. Advirtió que, ante un posible desalojo recurrirían al apoyo de los pobladores para defender sus derechos.
Mientras tanto, entre los trabajadores que participan en el paro, se percibió el temor tanto por la presencia de la Gendarmería que llegó la tarde del sábado y permanece dentro de las instalaciones, como por los patrullajes constantes de los militares cerca de donde se encuentran en plantón, pero también a causa de las advertencias que la minera les ha enviado a través de mensajes.
Este martes, ninguno de los trabajadores que participan en el movimiento quiso declarar, salvo el dirigente del SNTMMSRM, “es lógico, los tienen amenazados”, dijo Pérez Morones cuando ninguno de los trabajadores respondió las preguntas del reportero.
El domingo y el lunes, les hicieron llegar un comunicado membretado de Torex Gold, en el que les advierte que el bloqueo es “ilegal” y que la empresa “está haciendo planes para llevar a cabo el reinicio eficaz de la planta, una vez que se levante el bloqueo”.
“El ejército está patrullando el área y la operación periódicamente”, dice el texto, y agrega que, “Le avisaremos cuando hayamos programado las reuniones en persona para los empleados en el sitio y tratar los asuntos de carácter laboral y los planes para regresar a trabajar”, y los conmina a regresar a su trabajo, “una vez que el cuerpo de seguridad esté en el sitio”.
A pesar de que la empresa ha insistido en que los trabajadores están bloqueando el acceso a la minera, el plantón no obstruye la entrada. Las carpas y lonas con las que se protegen del sol se encuentran a la orilla del acceso principal, y el paso de vehículos está libre; incluso, en el módulo de seguridad, después del plantón, hay policías estatales y policías auxiliares de empresas, que controlan el paso e impiden la entrada más allá del módulo.

Secuestraron civiles armados a 12 comerciantes y una bebé en Ajuchitlán; huyen y los abandonan

Anoche 12 comerciantes y una bebé de 10 meses que fueron secuestrados por civiles armados, fueron liberados en las inmediaciones de la comunidad Las Anonita, municipio de Ajuchitlán del Progreso, por soldados del Ejército y policías del estado, informó el vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia.
Por otra parte, los primeros informes señalan que fueron privados de su libertad el lunes por civiles armados en el crucero de la comunidad de Villa Nicolás, en dirección a Las Anonitas.
Fuentes de seguridad informaron que los rescatados son comerciantes tianguistas que recorren varios pueblos en los días en que se paga el programa Prospera, y que los hombres armados los secuestraron y se llevaron también tres camionetas con mercancía, en las que viajaban, desde la tarde del lunes.
Las versiones indican que el Ejército recorría esa zona la noche del martes y los secuestradores se dieron a la fuga al ver las patrullas, lo que les provocó sospechas.
Cuando los militares se acercaron vieron a la gente en el piso en un camino de terracería y sus camionetas en los costados, quienes informaron que habían sido secuestrados.
El lugar en donde se encontraban retenidos es un camino de terracería que conduce a Las Anonitas, la única población ubicada aproximadamente a 20 km de la carretera estatal que va de Ajuchitlán a Coyuca de Catalán y donde está también el pueblo de Villa Nicolás.
De los delincuentes no se pudo conocer su identidad pero dejaron abandonado en ese lugar un taxi del sitio Tlapehuala.
No se reportó que estuvieran pidiendo dinero por la libertad de los secuestrados por lo que se desconoce la intención de los sicarios de mantenerlos retenidos.
Entre quienes presentaron su declaración había algunos jóvenes que en el pantalón tenían manchas de sangre.
Se informó que algunas de las víctimas son de Altamirano, otras de Ajuchitlán, otro grupo del Estado de México y que todos son comerciantes ambulantes que llegan a vender a los lugares en donde pagan el programa Prospera.
El vocero Álvarez Heredia en un comunicado dijo que el Ejército y policía del estado rescataron a 13 personas que se encontraban secuestradas en las inmediaciones de la comunidad de Las Anonitas.
Dice que fue una acción conjunta dentro del Operativo Relámpago, con soldados del 34 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano y policías estatales liberaron a vendedores de verduras y chácharas que habían sido privados de su libertad la tarde del martes por ocho personas armadas.
“Las personas liberadas de sus captores refirieron que la mayoría se dedica al comercio y se trasladaban al municipio de Tlapehuala cuando fueron interceptados por un grupo armado. Entre las personas hay diez adultos, dos mujeres y una niña”, agrega el boletín.
Informa que se decomisaron tres camionetas que fueron puestas a disposición de la agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán junto con las personas “intervendrá personal de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes y descartar que entre las presuntas víctimas se encuentren delincuentes”.
“En el área donde ocurrieron los hechos el Ejército mexicano y la Policía del Estado implementaron un operativo para localizar a los responsables para detenerlos y ponerlos a disposiciones de las autoridades competentes”, finaliza.

Buscan a un levantado de Las Anonitas

Vecinos de la comunidad de Las Anonitas reportaron que hace una semana fue levantado un hombre de esa población y todavía se desconoce su paradero.
Entre los liberados ayer buscaron al desaparecido pero se confirmó que no estaba entre ellos.
Es un hombre de aproximadamente 30 años de edad de nombre Anicasio Guillermo Santos, vecino de esa población y de quien se informó que fue levantado el martes de la semana pasada.
Según el reporte se lo llevaron personas armadas desde el pueblo.
Se informó que los familiares tenían miedo de presentar algún reporte oficial pero que podrían levantar una denuncia por desaparición para su búsqueda.

Sicarios instalan retenes en las noches en calles de Chilpancingo; vecinos piden la presencia del Ejército

Asediados por las bandas del crimen organizado, vecinos de colonias del noreste de esta ciudad en donde está la colonia San José y la noche del martes hombres armados incendiaron dos casas y un vehículo, pidieron la presencia de soldados del Ejército, policías federales y estatales, para someter a los criminales que tienen la zona bajo su control.
Habitantes de estas colonias denunciaron que la osadía de los sicarios ha llegado al grado de instalar retenes en los accesos para controlar el paso, sin que las fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal hayan intervenido.
En esta zona que abarca desde la parte alta del cuartel de la Policía Municipal hasta la cima del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, los integrantes de una banda del crimen organizado de las que se disputan la plaza de Chilpancingo se posicionó, protagonizó balaceras y revisó vehículos en los accesos de las colonias la noche del martes, y según los vecinos cuando menos tres personas fueron levantadas entre las colonias San José, Pino Suárez y CNOP sección C.
“Anoche aquí fue casi un infierno, nadie podía salir ni entrar después de las 9 de la noche”, contó un vecino de la colonia Ignacio Manuel Altamirano que se encuentra en la parte superior de la Pino Suárez a la salida hacia la comunidad de Huiteco, y a unos 2 kilómetros de la colonia San José, que entre las 9 y las 11 de la noche fue el centro del ataque y en donde fueron incendiadas dos viviendas, una de dos plantas y un taxi.
En esta colonia los habitantes se mostraron temerosos todavía este miércoles, y pocos quisieron hablar.
Los de las colonias vecinas aseguraron que una de las dos bandas delincuenciales que se disputan la plaza en la capital (Los Rojos y el Cártel del Sur) se posicionaron de la zona y que desde el domingo pasado comenzaron a instalar retenes en los accesos, sin que las fuerzas federales y estatales hayan intervenido, hasta anoche después de las 11 cuando terminaron las balaceras.
En uno de estos retenes, contó un vecino, habrían levantado entre las 9 y media y 10 de la noche a tres personas por separado. El retén fue en la calle que comunica a las colonia Atlitenco e Ignacio Manuel Altamirano.
A su vez vecinos de la colonia Ricardo Flores Magón que se encuentra a menos de un kilómetro del cuartel de la Policía Preventiva, denunciaron que el domingo en la noche, de 9 a 9:30, integrantes de un grupo criminal instalaron un retén en la entrada para impedir el paso a todos los automovilistas durante casi media hora, sin que ninguna corporación haya llegado a retirarlos, mientras los habitantes eran asediados.
Confirmaron que las balaceras se generalizaron en casi toda la zona en donde se encuentran asentadas unas 20 colonias.

Sólo balearon dos casas e incendiaron un taxi, dice el vocero

Al respecto el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia atribuyó la violencia y lo que ocurrió la noche del martes a “décadas de descuido”, pero dijo que frente a este contexto de inseguridad “las instituciones federales y estatales encabezadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores emprenden una lucha día a día contra la delincuencia con estrecha unidad y coordinación”.
Ayer en un boletín Álvarez Heredia negó que hayan ocurrido múltiples balaceras y aseguró que únicamente personas armadas balearon dos casas e incendiaron un taxi con la intención de generar caos, aunque no precisó el lugar.
Aseguró que inmediatamente la Policía del Estado y el Ejército implementaron una operación para perseguir a los delincuentes, quienes huyeron abandonando el vehículo en el que se transportaban.
Mientras tanto el grupo criminal Los Rojos que en sus mensajes se hacen llamar Los Jefes, se deslindó de la violencia de la noche del martes mediante un mensaje que difundió en redes sociales, y responsabilizó al Cártel de Sur.
“Este es un comunicado para la ciudadanía de Chilpancingo, ya que el día de ayer (el martes) se vivieron echos violentos de los cuales nos deslindamos total mente del terror q vivieron dond fueron rafagueadas casas autos insendiados de las cuales no tienen nada que ver con nosotros”, dice textual el mensaje, del que aquí se reproducen párrafos como están escritos, incluyendo la ortografía.
Agrega: “como es costumbre que los sicarios del cartel del sur almando de Isacc Celis Navarrete matar gente inosente entre eyas mujeres y niños gente de la tercera edad y diacapasitados solo para aterrorisar a la ciudad y culpar a otros carteles. nosotros traemos la lista muy clara nadie se va escapar savemos perfectamente akien matar y kienes colaboran para el cartel.del.sur sin nesecidad de dañar a la ciudad lo tienen claro les vasmos aseguir matando gente”, y firman “Los jefes”.
Un vecino de la colonia Ignacio Manuel Altamirano informó que gente armada comenzó a apoderarse de la zona desde hace aproximadamente dos semanas y que por las noches cuando se suspende el servicio público, instalan retenes en los accesos de las colonias para controlar la entrada y salida de los vecinos.
Informó que a raíz de esta situación, el lunes pasado representantes de varias colonias enviaron un oficio a la secretaría de Seguridad Pública Estatal y al presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena, solicitando la presencia de las fuerzas federales y estatales, pero que no han tenido respuesta.
“No es posible que esta gente se mueva libre e impunemente sin que ninguna corporación policiaca los vea, mientras la gente está expuesta a ser víctima de las balas perdidas en las balaceras como la que ocurrió anoche (el martes)”, dijo el vecino.

Pide el rector de la UAG la presencia permanente del Ejército en los campus de Chilpancingo

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que se reunió con el comandante del 50 Batallón de Infantería, coronel Salvador Cordourier Solórzano, a quien le pidió que haya la presencia permanente de los miliares en Ciudad Universitaria Sur y Norte, porque le han informado que “hay mucha gente extraña que está vigilando desde afuera”.
En declaraciones para El Sur, Saldaña Almazán habló sobre lo que trató en la reunión con el mando militar y dijo que le preocupa mucho lo que le informan que pasa en las escuelas, la seguridad en Ciudad Universitaria Sur y Norte en Chilpancingo, “porque se ha dado el caso de que hay mucha gente extraña que está vigilando las escuelas. Que se introduce a las instalaciones sin las acreditaciones correspondiente” y que por eso se reunió con Cordourier Solórzano.
Indicó que para prever algún incidente que exponga, ponga en riesgo la vida o seguridad de los universitarios, pidió que haya presencia permanente de los militares en Ciudad Universitaria.
Insistió en que hay gente que se aposta en la entrada y salida de las escuelas de la universidad, así como de otros subsistemas, por lo que “hay que prevenir y cuando me comentan esa situación yo voy con los militares, que es la institución a la que más confianza le tenemos, pues nos ha ayudado mucho, como en el caso de Acapulco”.
El rector comentó que otro tema que trataron es el caso del estudiante de Ciencias de la Comunicación, quien murió en el fuego cruzado del enfrentamiento entre las policias comunitarias en El Ocotito. Dijo que lamentaba mucho la muerte del estudiante universitario por la “imprudencia, por la falta de raciocinio de quienes hayan terminado con su vida”.
El rector señaló que no se puede seguir permitiendo que gente inocente pase por estos casos, que la situación preocupa a los universitarios y señaló que el estudiante era un joven bien visto, que trabajaba, “un joven decente al que le decíamos El Ocotito, y pedimos que ojalá se tomen las medidas correspondientes para que no vuelvan a suceder estos problemas”.
Acerca de lo que le ha dicho la Fiscalía sobre el caso, el rector nada más informó que le dijeron que fue una equivocación, de acuerdo con las personas que vieron la escena, que el estudiante iba a dejar a una persona a la comunidad de Las Mojoneras, que en ese momento estaba el fuego cruzado entre los miembros de esas dos organizaciones, que el compromiso es que harán todo lo necesario para que den con los responsables y “ojalá le den su castigo merecido, porque no se vale que a un joven le quiten la vida de esa manera. Que si tienen diferencias las dialoguen y se pongan de acuerdo, no creo que las balas sean el camino para resolver los problemas”.
Saldaña Almazán agregó que otro tema que tocaron fue el cómo ayuda la universidad para terminar con el problema social que se tiene, pues “todos tenemos que poner de nuestra parte, no solamente estar criticando y quejándonos”. Que hay dos líneas a seguir, que es el combate al delito y la reconstrucción del tejido social.
Que como universidad también van ayudar al Ejército para hacer actividades comunitarias, para que la gente no se sienta olvidada, que se sienta atendida.

El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX

El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.

La marcha

La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.

La presentación de los 43 y que se investigue al Ejército, piden en Iguala a 30 meses de los ataques

Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), integrantes de organizaciones sociales y familiares de víctimas de desaparición forzada marcharon la tarde de ayer, colocaron ofrendas e hicieron un mitin a 30 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas en esta ciudad.
Los activistas reiteraron su exigencia de justicia, presentación con vida de los desaparecidos, castigo a los culpables materiales e intelectuales y una investigación a los soldados del Ejército que participaron en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Minutos después de las 4 de la tarde unos 150 normalistas, profesores y miembros de las organizaciones que los acompañan como el Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona y el integrante del comité de buscadores de fosas clandestinas y familiar de un desaparecido, Mario Vergara Hernández, marcharon de la explanada de Las Tres Garantías por la calle Juan Álvarez al periférico Norte.
En la estela a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo se colocó una ofrenda floral y hubo un mitin, en el que se demandó justicia para los asesinados.
En su participación un normalista de Ayotzinapa denunció que el Ejército no tiene nada que hacer en las calles, y dijo que quedó evidenciada su participación en la desaparición de los normalistas y todas las instituciones del gobierno.
“Estamos hartos de que salimos a las calles y que los malditos policías nos están hostigando, supuestamente dicen que nos están cuidando pero sabemos que en realidad nos están vigilando”, dijo el normalista ante la presencia de policías federales y municipales que los siguieron en todo momento de las actividades.
En ese mitin un grupo de policías federales armados tomaba fotografías a los normalistas y a los maestros, uno se metió entre los manifestantes para tomar fotografías con su teléfono celular.
En el segundo mitin en la Ciudad Industrial donde el contingente llegó marchando y gritando consignas de justicia y en apoyo a la normal de Ayotzinapa, un grupo de profesores de la CETEG y de normalistas bloqueó el paso a la patrulla 17195 en la que iban cinco agentes armados de la Policía Federal, quienes seguían desde un inicio las acciones de los normalistas. Les pidieron que se retiraran del lugar pues consideraron su presencia un acto de provocación.
Un policía que al parecer iba al frente del grupo pero que no se identificó y tomaba fotografías, dijo que daban seguridad a los manifestantes.
Los profesores y alumnos insistieron que se retiraran del lugar, lo cual hicieron pero se mantuvieron cerca de la zona, al igual que los policías municipales.
En la estela del normalista Julio César Mondragón Fontes, que fue torturado y desollado del rostro, un miembro del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala denunció la represión y el hostigamiento del gobierno estatal y federal en contra de líderes y luchadores sociales, y recriminó los asesinatos contra periodistas, como Cecilio Pineda de Tierra Caliente.
Denunció que las fosas clandestinas de las que se han sacado más de 150 cuerpos en Iguala, “es la evidencia de la corrupción, de la violencia y la inseguridad que se vive en Iguala y en varios municipios del estado de Guerrero”.
Dijo que seguirán exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas y justicia para todos los desaparecidos, secuestrados y levantados.
Exigió al gobierno estatal que dé seguridad y justicia ante la ola de violencia y de ejecuciones que tienen al estado convulsionado.
El mitin concluyó a las 5:40 de la tarde. A las 6:15 de la tarde los normalistas salieron de Iguala hacia la Normal de Ayotzinapa sin incidentes.

Toman padres por tercera ocasión las oficinas de Finanzas en Iguala; insisten en que se nombren dos directores

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), padres de familia y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa marcharon y tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas, con sede en esta ciudad, para insistir en la entrega de nombramientos a dos directores.
Minutos después de las 12 de la tarde, unos cien normalistas, maestros de la CETEG y padres de familia de escuelas, marcharon de las instalaciones de la delegación regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), ubicadas en la calle Galeana, al sur de la ciudad, y que están tomadas desde el martes de la semana anterior, pasaron por el Zócalo de la ciudad y llegaron a las oficinas de la Administración Fiscal, de las que desalojaron al personal, tomaron las oficinas y cerraron la calle Francisco I. Madero.
Los normalistas de Ayotzinapa habían llegado a Iguala en dos autobuses para realizar una marcha, colocar ofrendas florales y realizar mítines en las estelas colocadas por los normalistas asesinados en los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, para conmemorar 30 meses de los ataques y la desaparición de sus compañeros.
En la marcha, mostraron cuadros con las fotografías de sus 43 compañeros desaparecidos hace dos años y medio, y que más tarde expusieron en la explanada de las Tres Garantías. Por su parte, los padres de familia mostraban cartulinas para exigir solución a los conflictos laborales en la escuela primaria Juan Álvarez, de la colonia El Capire, y del kínder Niños Héroes, de Teloloapan, donde piden que se nombre a sus directores.
El martes pasado, los maestros de la CETEG, miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y padres de familia, tomaron la delegación de la SEG. El miércoles y jueves tomaron las oficinas de la administración fiscal de Finanzas y el viernes tomaron por cuatro horas la calle Galeana, afuera de la delegación, ante el incumplimiento de las autoridades educativas y de gobierno de la zona Norte para atender su pliego de peticiones, en el que se incluye también la reubicación de centros de trabajo para unos 20 profesores en la zona de Teloloapan.
La toma de la administración fiscal, que fue la tercera ocasión, concluyó cerca de las 2 de la tarde, sin que nuevamente se les diera respuesta a su demanda a los padres y maestros de la CETEG.

La violencia en Chilapa, por disputas entre Rojos, Ardillos y un tercer grupo, dice jefe del Ejército

En calma aparente se encuentra la cabecera municipal de Chilapa tras una semana intensa de homicidios y balaceras. Los locales comerciales se mantienen abiertos y las escuelas con clases, junto al despliegue de 500 soldados a cargo del comandante de la 35 Zona Militar, José Terán Valle.
Para explicar la última oleada de ataques el mando castrense reveló la posible existencia de un tercer grupo del narcotráfico disputando el control de Chilapa, donde están enfrentados Los Rojos y Los Ardillos desde hace más de dos años. Sin precisar cuál de los tres grupos delictivos está actuando contra la población, indicó que los agresores entran y salen por colonias de la periferia para amenazar principalmente a choferes del transporte público que creían tener bajo su control.
Por separado el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó que un grupo denominado Gente Nueva podría estar irrumpiendo en el municipio desde las últimas semanas, “tal vez meses”, estimó.
Del martes de la semana hasta ayer hubo 28 asesinatos, comenzando con el hallazgo de seis personas desmembradas, y el domingo hubo diez homicidios en Chilapa, de los cuales cinco fueron hallados en un taxi del transporte público incendiado y se preparaba su identificación mediante pruebas de genética.
La presencia militar y el reforzamiento con cien policías estatales no inhibió el delito.

Conflicto entre criminales: Terán

Consultado en el retén en el arco de entrada a Chilapa, el comandante Terán Valle informó que a través de las colonias de la periferia sigue llegando gente a amenazar a los pobladores, particularmente a los choferes de taxis y de combis, “contra los que creen que son de su gremio o de quienes tuvieron el control alguna vez”.
Agregó que los militares buscan en las colonias a los agresores que entran a pie o en motocicleta, que son conocidos de los vecinos “porque la misma población platica con ellos, al final salen en desacuerdo y surgen las disputas entre ellos”.
Estimó que el conflicto en Chilapa es “entre delincuentes queriendo hacer presión sobre la gente, sobre ciertas personas (taxistas y choferes), fuera de ahí está tranquilo, la gente sigue viniendo, hay comercio”.
De los hechos estimó que ocurren en la tarde y en la noche, aunque el lunes hubo una balacera a mediodía a poca distancia del punto de control militar, “alcanzamos a llegar rápidamente, alcanzamos a respaldar a dos personas, se les proporcionaron primeros auxilios, se les estableció y evacuó con personal de Protección Civil al hospital”.
Insistió en que los sicarios no se han metido con la población en general ni en la zona del mercado, tan es así que el domingo llegó la gente al tianguis regional, “ha sido como muy ubicado entre delincuentes, unos y otros pegándole a los que son taxistas, asociaciones de taxis”.
De los grupos que disputan el territorio declaró: “aquí tenemos Rojos y Ardillos alrededor, al parecer hay otro grupo ahí que no está bien ubicado, parece que hay uno ahí que quiere… ya ve que son de los mismos y se siguen fraccionando entre ellos”.
Aseguró que el Ejército trabaja de manera muy coordinada con la Policía Estatal, e incluso con la municipal para estar “al tanto de cualquier cosa rara y alerta”.
Añadió que el Ejército se retirará cuando se haya restablecido la tranquilidad en el municipio, lo que será posible cuando se detenga a las cabecillas de las bandas delictivas.
Dijo que la Fiscalía tiene que girar órdenes de aprehensión, con las que los militares pueden ir a las casas y a los lugares en donde se esconden los inculpados, “después de eso también es un trabajo de las fiscalías salir a investigar”.
Se le recordó que en la región también hay producción de drogas, y respondió que en lo que toca a los militares en la Montaña de Guerrero se han destruido 3 mil plantíos de droga en lo que va del año, y otros 3 mil en la sierra de Filo de Caballos.

El nuevo grupo, en la mayoría de los casos de últimos días: vocero

En consulta telefónica sobre el tercer grupo delictivo en Chilapa el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó que en los últimos días o tal vez semanas, ha habido una serie de homicidios en Chilapa, y en la mayoría de los casos se acompañan los cuerpos con mensajes de un grupo que se autodenomina Gente Nueva.
Agregó que según la Secretaría General del Estado podría tratarse de la introducción de un grupo que también estaría disputándose el municipio de Chilapa, y esta circunstancia atrajo la atención y preocupación del Grupo de Coordinación Guerrero que desplegó a 100 policías estatales.
Precisó que sólo puede hablar de la posibilidad de que exista “la inducción del tercer grupo” que disputa el territorio, y que aún no hay elementos para establecer su origen.
Según registros periodísticos, el grupo delincuencial Gente Nueva fue mencionado en tres narcomantas en Iguala el 24 de marzo 2016, pero se desconocía su actividad en Chilapa.
En un recorrido por la ciudad se observó al alcalde priista Jesús Parra García caminando en el pasillo frontal del Palacio Municipal, y al abordarlo reconoció que son “tiempos difíciles”, pero que el lunes llegaron a Chilapa el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, y el comandante de la 35 Zona Militar a reforzar la seguridad, como ya se informó en distintos medios.
Del Ayuntamiento dijo que le está apostando a la atención humanitaria para restablecer el tejido social, llevando obras, actividades culturales, deportivas y educativas a 148 comunidades, 90 colonias y barrios populares, porque la inseguridad le corresponde al gobierno federal y estatal que “ya lo está atendiendo”.
De la prevención del delito declaró que “la ciudadanía debe tomar sus propias prevenciones, medidas de seguridad, cuidarse mucho, debe de formar a sus hijos desde muy pequeños con principios y valores”.
Cuando se le preguntó sobre el ambiente en las noches pidió que los reporteros se quedarán a verificar la situación, que él daría garantías para hacer un recorrido con él, porque desde su perspectiva la población continuaba desarrollando su vida con normalidad, “obvio a las 10 de la noche siempre la gente aquí empieza ya a guardarse, a descansar por el trabajo intenso, como en todas partes, hay gente que todavía sale a cenar”.

Temor en escuelas y estudiantes

Testimonios de estudiantes de la preparatoria 32 de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijeron que desde las 7 de la noche, o cuando comienza a oscurecer, sus familias ya no les permiten salir a las calles.
De la presencia militar aseguraron que no sirve de nada, porque aún con ellos continuaron los asesinatos, y recordaron el caso de la mujer embarazada asesinada el domingo y un joven de 14 años, estudiante de secundaria llevado por la fuerza que fue encontrado en Chilpancingo gravemente herido, junto al cadáver de un joven, quien después murió en el hospital.
Aseguraron que el turno vespertino de la preparatoria modificó sus horarios para salir más temprano de clases, que termina entre las 6 de la tarde y las 7:30 de la noche.
La directora del jardín de Niños Amado Nervo en el centro, Alberta Flores Jaimes aclaró que aún con temor la instrucción de la Supervisión Escolar es continuar las labores, y en el centro escolar los trabajadores tomaron algunas medidas para evitar más exposición en situación de riesgo.
Por ejemplo, la escuela se mantiene cerrada con candado y no se permite la entrada a extraños, en caso un hecho delictivo en los alrededores nadie saldrá hasta que se haya restablecido la tranquilidad.
Aclaró que los niños de preescolar comentan los eventos de violencia, que mataron a fulano y a zutano, sin embargo procuran que en el jardín los niños no se ocupen de estos temas, “ellos tienen que vivir su mundo, aquí no vamos a hacerles el ambiente pesado”.
El comandante de la 35 Zona Militar opinó que la población está contenta con la presencia del Ejército, que las balaceras y asesinatos han ocurrido en las afueras de la ciudad, y señaló la colonia Los Pinos, donde tenía su casa el líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, la colonia Primavera, los Lavaderos, Jamoncillos y atrás del hospital donde se han encontrado muertos.
Aunque los hechos causan temor, declaró que hacen todo lo posible para que la gente esté tranquila y desarrolle sus labores regularmente.