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Beristain: falta voluntad política para investigar las irregularidades de la PGR en el caso Ayotzinapa

El integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Martín Beristain, lamentó la “falta de voluntad política” para atender las investigaciones internas de la PGR sobre las irregularidades cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otros funcionarios, en las indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que a la fecha, no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
Al señalar que las resoluciones de las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios y sobre la averiguación previa son coincidentes con algunas de las observaciones del GIEI, Beristain consideró que “es importante es que se tomen decisiones con base en ese informe que muestra esas irregularidades, falencias y problemas en la investigación, y eso contribuiría a generar esos puentes de confianza también con los familiares”.
Entrevistado al término de la presentación de su libro El tiempo de Ayotzinapa (Ediciones Akal en su colección Foca, 2017), el experto español insistió en la urgencia en reconstruir el diálogo entre los familiares de los jóvenes desaparecidos y la PGR, roto a partir de la negativa de la dependencia a sancionar a los funcionarios que incurrieron en graves irregularidades.
Tras señalar que “sin un diálogo y confianza con las víctimas no va a haber investigación adecuada”, Beristain lamentó que al “ejercicio honesto” de la Visitaduría General de la PGR de evidenciar las fallas, “no haya pasos consecuentes, eso muestra falta de voluntad sobre la respuesta a esas cuestiones, no se puede actuar como si eso (la investigación interna) no existiera”.
Beristain, uno de los cinco expertos independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar apoyo técnico a México, puntualizó que será el Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa el que determinará el avance de las líneas de investigación que plasmó el GIEI en sus dos informes.
Durante la presentación de El tiempo de Ayotzinapa, Beristain expuso que se trata de un “un mosaico de historias” sobre el camino recorrido por los cinco integrantes del GIEI en busca de contribuir al esclarecimiento del caso.
Beristain, quien para la redacción de su texto regresó a sitios donde se desarrollaron algunas de las experiencias narradas, sostuvo que su libro aborda también “cómo se cerró un camino en un momento, cómo se trató de desviar la investigación, y esas no fueron dificultades propias de una investigación, que las hay en todas las investigaciones, sino que estaban motivadas por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español reconoció que como en otros países en los que ha colaborado en la atención de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, han sido las familias de los normalistas quienes “empujan” para llegar a la verdad.
Beristain retomó la frase que los padres y madres de los estudiantes han repetido infinidad de veces para tratar de sensibilizar a funcionarios de la PGR para que atiendan el caso, “póngase en mi lugar”, lo que para él significa tener empatía con las víctimas, condición indispensable para avanzar.
“Esa empatía es la energía transformadora, sin ella no hay transformación, no hay política frente a la problemática de los desaparecidos y no hay solución para ese círculo de violencia-impunidad-corrupción que desgraciadamente atenaza la experiencia de este país, México”, sostuvo.
El experto en la atención psicosocial a las víctimas estimó que su texto podría contribuir no sólo a la lucha de los familiares de los 43, sino también los de otros desaparecidos, para “que puedan verse identificados (…) o que les pueda representar al menos un espejo de dignidad”.
Carlos Martín Beristain informó que en el segundo periodo que participó como coadyuvante del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encontraron obstáculos motivados “por el miedo a la verdad”.
Ante algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el médico español aseguró que la verdad siempre emerge si se le empuja “y son los familiares quienes la empujan, esa verdad tendrá más impacto del que pensamos”.
La presentación se trasmitió en Internet desde el museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Allí el doctor en sicología, veterano investigador de violaciones a los derechos humanos, dedicó la publicación a los 43 normalistas y a las familias de los miles de desaparecidos en el país, 26 mil 274 hasta octubre de 2016, según el dato que aportó la politóloga Denise Dresser en su intervención.
También se refirió a los jóvenes del equipo de fútbol Los Avispones. Precisó que “esta historia no es la de El Chuky, La Rana, ni de Abarca”, algunos de los inculpados en quienes la Procuraduría General de la República (PGR) sustentó su principal versión de los hechos, que dice que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en Cocula, pero fue descartada científicamente por el GIEI y otros investigadores independientes.
Afirmó que el libro es de los familiares, de Los Avispones, de los normalistas, con quienes tuvo empatía desde la primera visita a Guerrero cuando los cinco extranjeros del grupo llegaron al país.
Mencionó que en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa los padres les pidieron “no se vendan”, y con el paso del tiempo entendió que había varias formas de neutralizar su labor, y cobró sentido la petición de los familiares.
Escribir este libro de vivencias fue otra forma de procesar una historia insólita, dura, que no se podía contar a través de los informes que redactaron, particularmente en su segundo de mandato cuando se trató de desviar la investigación, reveló.
Recordó que a pesar de que no lograron desentrañar dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, en la presentación del informe final en Ayotzinapa los padres de familia estaban sonrientes, agradecidos, y uno ellos explicó, “estamos más sonrientes porque se nos ha quitado el peso de la mentira”.
“No sé cuánto pesa la mentira, pero sé que la verdad es sanadora y sé que viene otra comisión a tratar de esclarecer el hecho”, expuso.
Martín Beristain cuestionó el traslado de funcionarios como Tomás Zerón de Lucio a otra institución de gobierno, la negación de que se trataba de un caso de desaparición forzada, peritajes de ínfima calidad, “que describe cómo el gobierno ignora una y otra vez la hipótesis del quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región”.
Dijo que esas actuaciones contadas en el libro, evidencian que en la PGR nadie quiere tomar como línea de investigación el negocio de la droga, el negocio del crimen, y la sociedad sigue esperando una versión creíble “tan ausente como los 43”.
La única respuesta que explique lo anterior, dijo, “es una estrategia de comprar tiempo, para que se olvide por el gasolinazo, por Trump o con la siguiente elección”.
Denunció que Ayotzinapa revela un patrón que ya ocurrió y sigue ocurriendo, “perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no proveen justicia ni reparación del daño”.
Citó, “curiosa la forma en que representantes institucionales le dicen a la gente cómo debe afrontar su pérdida, mientras no le dice lo que necesita: la verdad”.
Recordó que al retirarse de la investigación, los miembros del GIEI dijeron que ojalá pudieran ser una clase de vacuna para que Ayotzinapa no se repitiera en México, que la PGR no siguiera fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada, sin embargo, “parece que se fueron pidiendo lo imposible, que el Estado se reforme asimismo cuando le ha convenido no hacerlo”.
A la fecha, aseguró que no se han atendido 60 por ciento de las recomendaciones que dejaron los expertos para esclarecer el caso.
En la presentación participaron el periodista Luis Hernández Navarro, responsable de la sección editorial del diario La Jornada, la politóloga y colaboradora de Proceso, Denise Dresser, y el escritor Juan Villoro.

Solicitan ONG a la CIDH que admita el caso del indígena nahua asesinado por militares en Huamuxtitlán en 2009

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro Regional José María Morelos y Pavón, acompañados del Centro Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos solicitaron la admisión del caso del náhuatl Bonfilio Rubio Villegas asesinado por soldados en un retén en Huamuxtitlán en junio de 2009, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La petición se da ahora que se discute la Ley de seguridad interior en el Congreso de la Unión que busca darle un marco jurídico a los militares para estar fuera de sus cuarteles, y en la militarización de Guerrero.
En conferencia de prensa transmitida en línea desde la Ciudad de México, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández mencionó que el único militar acusado de homicidio culposo en este caso fue exonerado “porque los jueces le tienen miedo a los militares”, así como ahora los diputados “se doblegan ante la línea dura del poder” y preparan una ley para regular la impunidad que gozan las fuerzas castrenses.
Aseguró que el Ejército se erige por encima de la autoridad civil, toma el control del territorio y no hay quién le ponga un alto, como ocurrió en la agresión a balazos contra el autobús del servicio público donde viajaba Bonfilio, y el agente del Ministerio Público se supeditó a las decisiones de los militares.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre acusó a los jueces de actuar de forma tendenciosa cuando los inculpados son militares y no civiles, ya que los asesinatos de civiles por soldados son juzgados sólo como homicidio doloso y no culposo.
dijo que debe considerarse como agravante que funcionarios públicos capacitados para el uso de armas de fuego y de la fuerza letal atenten contra la vida, “si un militar disparó indiscriminadamente contra un autobús lleno de pasajeros debió saber que puede privar de la vida a alguien, así como ocurre en otros países”.
En la conferencia en el Centro Prodh también estuvo el hermano de Bonfilio, José Rubio Villegas para informar que su familia decidió llevar el caso a la CIDH porque no es el único homicidio que han cometido los militares en Guerrero.
También náhua de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa de Comonfort, relató que durante siete años han exigido castigo para el soldado que disparó a Bonfilio, y a quien dio la orden de que disparara.
“Un soldado no hace nada solo, recibe órdenes para la acción, el Ejército ha hecho cosas que no debe hacer, hace investigaciones pero todo a su favor, cuando a nosotros como víctimas no nos dan esa facultad de presentar pruebas de cómo fue el caso, sino que ellos hacen, plantan enervantes en el autobús donde iba mi hermano, lo que no encontraron antes en una revisión lo encuentran cuando mi hermano ya está muerto”.

Soldados del 93 Batallón de Infantería dispararon al camión, mataron a Bonfilio y después sembraron droga

En una reseña del caso Santiago Aguirre relató que en junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala abordó el autobús de la línea Sur lleno de pasajeros de Tlapa, y cerca de Huamuxtitlán el camión fue detenido por soldados del 93 Batallón de Infantería que tenían ahí un retén.
Luego de un escrutinio ilegal a los pasajeros y que el chofer reinició la marcha sin que lo autorizaran los soldados, éstos dispararon de manera indiscriminada y desproporcionada contra el camión. Dos balazos pegaron al medallón del vehículo, en el cuello y el cráneo de Bonfilio.
En ese momento el Ejército tomó control de la escena del crimen, manipuló la evidencia al extremo de sembrar enervantes para acusar de los sucesos al chofer del autobús.
Santiago Aguirre dijo que las primeras diligencias recayeron en el Ministerio Público (MP) militar, y tras una larga lucha jurídica el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una sentencia histórica en agosto de 2012, declaró inconstitucional el fuero militar y ordenó sacar la causa penal por homicidio del juzgado militar y que de ella tomara conocimiento un juzgado de distrito.
Hasta entonces la familia y sus abogados constataron las deficiencias de la actuación militar, no fue posible remontar esas “enormes deficiencias por actuación parcial y tendenciosa”, y el juzgado de Distrito exoneró al único militar acusado de los hechos.

El juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar

De las irregularidades, Abel Barrera indicó que el Ejército tomó el control de la escena y sembró droga, ·estaba armando la investigación para proteger a los perpetradores”.
El MP militar hizo la reconstrucción de los hechos, pidió a los cuatro soldados que dieron positivo en el uso de arma de fuego que se colocaran en la posición en que dispararon, y así determinaron que Valentín Alejo Hilario fue el que mató a Bonfilio.
En lo civil el juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar, pero consideró que las pruebas de balística basadas en declaraciones no eran suficientes para establecer la responsabilidad penal, y exoneró al inculpado.
En ese sentido José Rubio dijo que la injusticia “nos duele como familia y nos da esa fuerza para buscar justicia, la verdadera justicia, se agotaron las instancias con lo militar, ganamos que el caso de mi hermano fuera a un juez civil, desgraciadamente no se pudo lograr nada, la persona que estaba detenida ahora está absuelta, vemos tristemente que no tenemos otra opción más que dar un paso a otra instancia. Tenemos derecho que el gobierno reconozca el delito del Ejército en contra de la sociedad. Espero que este testimonio sirva para que otros levanten la voz. Rechazamos la militarización del país”.

No se garantizó el derecho a la vida, a la integridad personal ni a las garantías judiciales

Vía telefónica desde Washington, Angelita Baeyens del Centro Robert F. Kennedy explicó que en la solicitud de admisión de caso en la CIDH se exponen las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas y a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dijo que la militarización de la entidad en el marco de la guerra contra el narcotráfico lejos de redundar en un mejoramiento a la situación de inseguridad y violencia, genera un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos.
Consideró que la revisión del proceso por la CIDH va a dejar un precedente que ayude a que no vuelvan a ocurrir casos como el de Bonfilio, y a evitar que la impunidad siga reinando en estas situaciones.
Del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares habló de los riesgos de que el Ejército patrulle las calles, como hace en Guerrero desde la época de la guerra sucia, que dejó a más de 500 ciudadanos desaparecidos. Aunque en muchos casos estuvo involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo el caso del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco fue documentado y concluyó con una sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Desde entonces los militares están en las calles y no han significado mayor seguridad, por el contrario, la violencia se ha incrementado”, expuso, y mencionó que en Chilapa en marzo de 2015 la cabecera municipal estuvo resguardada por militares y aún así 30 vecinos fueron privados de su libertad, y siguen desaparecidos.
Además se ha documentado que el Ejército participó en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

La violencia y las reformas son para justificar la militarización, advierte Cirino Plácido

 

El delegado en el Congreso Nacional Indígena (CNI), Cirino Plácido Valerio dijo que la violencia generalizada y las reformas que atentan contra el pueblo son estrategias para destruir el tejido social y justificar la militarización del país, para que el actual régimen político se mantenga en el poder.
Sin embargo, el también asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF) expresó en entrevista que el levantamiento armado no es la solución, sino que debe de existir una transición política donde todos los sectores sociales participen, y se pronunció a favor de la creación del Concejo Indígena de Gobierno impulsado por el CNI.
El na’savi asistió al Cuarto Congreso de la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Cruz Grande el 4 y 5 de enero. El dirigente a quien no se le había visto en actividades de su hermano Bruno Plácido, llamó a la unidad en su participación.
Abordado, el fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, dijo que ante el escenario del país los indígenas han propuesto un concejo para reconstruir la nación, “para empujar juntos y rescatar este país que está siendo destruido”, ponderando los principios del CNI: servir y no servirse, representar no suplantar, construir no destruir, donde el pueblo manda el gobierno obedece.
Opinó que es mejor apostar por la salida política que la militar, al considerar que “no tiene caso quitar una dictadura y poner otra dictadura. El que toma el poder por las armas no deja de ser una dictadura, pero entonces nosotros tenemos que transitar por la vía política, construir”.
“¿Por qué tenemos que hacer todo esto?, porque 100 años después es la misma política que aplicó Porfirio Díaz, la misma explotación y pobreza, la misma persecución, la misma traición al país, el mismo uso del Ejército para hacer un papel que no le corresponde. Se repite la historia 100 años después, con la misma política represiva”, sostuvo.
Abundó que la violencia generalizada “es propiciada como una estrategia para destruir todo el tejido social, para justificar la militarización y justificar una guerra civil de pobres entre pobres, para que se mantenga este régimen que está destruyendo al país, y estar otros 100 años en el poder, que no está dispuesto a cometer el mismo error que en 1917 cuando la burguesía fue derrotada por los revolucionarios”.
“Hoy –el régimen político– se está preparando a no ceder el poder, mediante la guerra sucia, mediante la represión, mediante la explotación y mediante el uso del Ejército. Nosotros lo que planteamos es el diálogo, respeto y tolerancia y un análisis para reconstruir el país”.
Dijo que inicia un proceso de lucha, de recuperación de pensamiento y forma de gobierno del pueblo originario, “vemos muy bien esa iniciativa del Congreso del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de incursionar en la vía política para reconstruir este país”, en un concejo de gobierno que estará constituido por una mujer y un hombre de cada región, para que haya equidad, porque es un sistema colectivo que se rige por usos y costumbres.
Recordó que los pueblos indígenas aglutinados al CNI han buscado el reconocimiento real constitucional de los pueblos originarios.
Mencionó que en la segunda sesión del Quinto Congreso celebrado del 29 diciembre al 2 de enero, se acordó que para el 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, será constituido el Concejo Indígena de Gobierno, y de ahí se definirá la candidata para las elecciones de 2018, quien será vocera del Consejo Indígena que a la vez será subordinada del Congreso Nacional Indígena y éste será subordinado al pueblo de México .
El delegado opinó que la propuesta del Partido Obrero Social de México, de postular como candidata a la esposa del preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, Agustina García, fue una “imprudencia”, una estrategia del gobierno para dividir a las organizaciones sociales, “nosotros esperamos que no se sigan cometiendo esos errores, porque tenemos que ser prudentes y no hacerle el juego al gobierno”

Intercambia la autodefensa de Totolapan a la mamá de El Tequilero por el ingeniero secuestrado

El ingeniero secuestrado, Isauro de Paz Duque fue liberado la noche de este miércoles tras las negociaciones de las autodefensas con el grupo criminal Los Tequileros, a quien intercambiaron por la madre de Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, pero se quedaron con el resto de los retenidos y piden la presencia del gobernador Héctor Astudillo para entregárselos.
Cerca de las 7 de la noche se anunció el intercambio y la posibilidad de una liberación. Fue en ese momento cuando llegó caminando solo el ingeniero Isauro, a quien dejaron libre cerca de la entrada de la cabecera municipal.
Minutos después llegaron policías ministeriales a pedir la liberación de los 18 retenidos considerando que había un acuerdo de entregar ante las autoridades al grupo y hacer el intercambio, pero la autodefensa sólo liberó a la madre de El Tequilero.
Los ministeriales se la llevaron al poblado La Gavia, pero a pesar de una fuerte discusión no les dieron a los retenidos.
Pidieron la presencia del gobernador para poderlos liberar, con el argumento de que si les entregaban al resto serían liberados inmediatamente, y ellos piden que sean investigados y procesados por sus nexos con la delincuencia organizada.
El personal del gobierno del estado que acudió este miércoles a negociar con el grupo de autodefensa, sólo mantenía la negociación pero para garantizar que los retenidos no fueran maltratados o lastimados, y para pedir su liberación, pero la negociación de la liberación del ingeniero con El Tequilero fue de la familia y del grupo de autodefensa, desde una casa vía telefónica.
El temor también era que una vez que no tuvieran a nadie retenido se viniera un ataque de noche del grupo criminal contra la autodefensa que se encuentra en la comandancia policiaca. Nuevamente rechazó desde muy temprano liberar a los retenidos y dejar las armas, pese a que policías del estado nuevamente se los solicitaron.
Llega sano y salvo el ingeniero

El grupo negociador encabezado por el vicefiscal Alejandro Santos González llegó a la comandancia dondeo los esperaba el ingeniero con su esposa la señora Yadira Guillermo García, quien pidió la palabra. Sacaron a la señora Félix Dealmonte, madre de El Tequilero para entregarla.
La señora Yadira expuso: “sólo le quiero decir al señor gobernador que voy a cumplir mi palabra, soy una mujer de palabra, mi esposo está conmigo a cambio de la mamá del señor Tequilero, le quiero dar las gracias por la intervención que tuvo, mi esposo está sano y salvo”.
Continuó, “muchas gracias, el pueblo está herido, sólo vamos a entregar a la señora, yo quiero entregarle unas palabras al señor gobernador, que hasta el día que él venga a San Miguel le vamos a entregar a los demás. El pueblo ya está unido y no vamos a dar marcha atrás”.
Un representante del gobierno estatal dijo, “hay una circunstancia, las acciones iniciales y los ilícitos que ellos pudieron haber cometido hay que ponerlo en manos de la Fiscalía, desde el primer momento en que platicamos les pedimos que lo pongan a disposición. Es mi deber pedirles que hagan entrega de ellos para proceder”.
La respuesta de la esposa fue: “lo que puedo decirles es que les entrego sana y salva a la mamá del Tequilero”.
Entre los que iban del gobierno estatal empezaron a platicar y a decir, “que eso no fue lo que acordamos”.
En ese momento un señor de la tercera edad pidió la palabra, dijo, “tengo a mi hijo secuestrado desde el 28 de octubre y no sé nada de él”. El hombre acababa de decir su primera frase cuando el grupo del gobierno estatal le dio la espalda y se retiró.
La acción provocó gritos entre la gente, “pongan atención”, y como no regresaron gritaron: “queremos paz, queremos paz”. Los negociadores del gobierno estatal se retiraron en medio de los gritos.

Llegan policías pero se mantienen sin intervenir

Casi a las 10 de la mañana llegó un convoy de 10 patrullas de la Policía Ministerial, se estacionó en la gasolinera que está abandonada en la entrada de San Miguel Totolapan, bajo una sombra permanecieron el resto del día sin alguna acción.
El Ejército estableció una base de manera formal dentro de San Miguel Totolapan, en el centro, pero a cinco cuadras de distancia de la comandancia donde se encuentra la autodefensa.
En la mañana el grupo de autodefensa grabó un video de la señora donde envía un mensaje a su hijo El Tequilero, pidiendo la liberación del ingeniero Isauro.
“Hijo si es cierto que tu tienes al ingeniero, si de verdad tu lo tienes, te pido que lo liberes que lo entregues porque yo sé que lo vas a hacer”, dijo la señora en un mensaje muy corto, donde incluso le preguntan si la han maltratado pero ya no quiso responder.

Llegaron policías comunitarios de la sierra a sumarse

Policías comunitarios de la sierra de San Miguel Totolapan del poblado de Petlacala llegaron por la tarde de este miércoles a la cabecera municipal para sumarse al movimiento de autodefensa y reforzar el grupo.
Son más de 20 policías comunitarios que bajaron del pueblo de Petlacala, anunciaron que en la sierra harán un bloque para impedir que El Tequilero intente huir por esa ruta.
Además dijeron que reforzarán las acciones en la cabecera municipal y que para este jueves y viernes esperan otros dos grupos que vienen de El Encino Amarillo y Linda Vista, para sumarse al grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan.
Desde principios del año se conformaron grupos comunitarios en la sierra de San Miguel Totolapan, que operan desde la parte media hasta la alta, en donde estiman que son más de 300 que integran el grupo.
Debido a que el movimiento anunció que mantendrán a los retenidos en la cabecera municipal se espera que siga la vigilancia.

Marchan, cierran la autopista y encaran padres de los 43 a policías federales en Chilpancingo

A cinco años del desalojo a balazos contra normalistas en la Autopista del Sol unos 700 estudiantes, maestros y activistas sociales encabezados por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la capital y encararon a los policías federales por el asesinato de dos jóvenes en esta carretera, ante la violencia acrecentada pese a la vigilancia policiaca y militar y debido a los vínculos de las fuerzas de seguridad pública y armadas con la delincuencia.
“Ustedes mataron a Alexis y a Gabriel”, “¿qué tiene que cuidar en la carretera?”, “¡váyanse a Acapulco!”, “sigan enriqueciéndose con el narcotráfico”, les gritaron padres de familia y estudiantes mientras unos 200 policías retrocedían fuera del asfalto, en el punto conocido como El Parador del Marqués, donde el 12 de diciembre de 2011 policías federales, ministeriales y estatales disolvieron una protesta a balazos y asesinaron a los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Al final los policías se refugiaron bajo la sombra de los árboles, mientras los manifestantes bloquearon dos horas el paso a la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, para celebrar un acto político.
Después de la ofrenda floral un sobreviviente de aquellos hechos, Edgar Espíritu Olmedo denunció que desde aquella agresión los problemas en la Normal Rural son cada vez mayores.
El estudiante que fue herido de bala en el pecho recordó que en la protesta del 12 de diciembre pedían becas, la aprobación de la matrícula, “en vez de respuestas recibimos balas, dos compañeros muertos y a mi, un grave incidente… a la fecha tengo problemas de salud”.
Denunció que mientras los responsables de los hechos están libres los problemas en la escuela aumentaron, por ejemplo señaló el ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde tres estudiantes fueron asesinados y 43 desaparecidos, aunado al “cobarde” asesinato de dos normalistas en la carretera Chilpancingo-Tixtla el 4 de octubre pasado.
Recriminó que las consecuencias no sean contra los perpetradores, “les decimos a todos los presentes que no están solos, estamos aquí con justa razón, luchando por algo que por ley merecemos, a aquel pueblo y todos los que luchan por algo les decimos que vamos a seguir en la lucha. Desde el 12 de diciembre sigue pasando lo mismo, los que realizan actos criminales siguen en libertad, parece que por pedir algo a los gobernantes tiene que morir un ser humano, es increíble que en estos tiempos sigan muriendo compañeros, haya desaparecidos de otras ciudades y sigamos en la misma”.

La marcha

La protesta comenzó a las 11 de la mañana del monumento a Nicolás Bravo ubicado al norte de la capital, avanzó por el centro de la ciudad hacia el sur al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, donde ocurrió el desalojo en 2011.
El contingente conformado principalmente de jóvenes integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cantó en todo el recorrido consignas revolucionarias, mientras otros estudiantes y activistas a su paso hicieron pintas y colocaron carteles alusivos al 12 de diciembre y al 26 de septiembre, en edificios de gobierno y algunas tiendas Oxxo, leyendas como “pueblo toma conciencia y lucha”.
Avanzaron sobre las principales avenidas de la ciudad y el bulevar Vicente Guerrero que se conecta con la autopista de cuota.
Antes, desde las 10 de la mañana se observó la llegada de policías federales en El Parador del Marqués. Apenas se asomó la manifestación como a las 2 de la tarde, los policías con equipo antimotines ocuparon la mitad de la carretera.
Varios padres y madres en la vanguardia se dirigieron molestos hacia los uniformados que impedían el paso de los camiones del servicio público en que viajaban los normalistas, y querían estacionarlos sobre la carretera federal.
Mientras los mandos comenzaron el diálogo protocolario para pedir que la manifestación no afectara a terceros, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos recriminaron a los federales la agresión a los jóvenes en 2011.
Intensamente reclamaron los asesinatos, los cuerpos desmembrados en Chilpancingo y Acapulco, los desaparecidos y levantados en la entidad y los llamaron a detener a los delincuentes: “ustedes le dispararon a Alexis (Herrera Pino) y a Gabriel (Echeverría de Jesús)”, “pinches maricones, qué tienen que cuidar en la carretera, vayan a buscar los muchachos aquí no hay nada que ver”, gritó una madre de familia.
Los policías retrocedieron varios pasos ante la presión de los manifestantes y mientras aguardaban órdenes de sus superiores, en medio de la discusión -registrada en video con teléfonos celulares de manifestantes y policías-, accedieron a salir de la carretera y a observar la protesta desde la sombra de los arboles, donde estaban antes de que llegara el contingente.
En la carretera un padre de familia hizo una oración mientras estudiantes chaponaban el monte del lugar donde se encontraba la cruz que marca el sitio donde cayó el normalista Gabriel Echeverría, a poca distancia de un letrero de lámina que señala la ubicación de un taller mecánico, y que conserva los huecos de bala de dos diferentes calibres accionados hace cinco años.
Ahí colocaron también la corona de flores en recuerdo de Alexis Herrera, el normalista que recibió un balazo en la nuca, en el carril contrario. El letrero está justo enfrente al acceso de la tienda departamental Liverpool, donde se ubicaron los policías ministeriales y estatales que dispararon a los manifestantes en 2011.

En cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes

Ayer el señor Emiliano Navarrete, papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, llamó a no olvidar “porque es lo que el gobierno ha querido siempre”, y ratificó el compromiso de los padres de los desaparecidos a mantener la lucha hasta saber en dónde están sus hijos y que los responsables “personas corruptas” reciban su castigo.
La señora Blanca Nava, mamá del normalista desaparecido Jorge Álvarez, denunció que en cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes, “es algo que nosotros tenemos que evitar, esto no puede sucederle a nuestros hijos”.
Consideró una burla para los padres que todos los delitos sigan impunes, “que nos siga pisoteando, que no nos tengan una respuesta. De aquí le digo a (el gobernador Héctor) Astudillo y (al exgobernador Ángel) Aguirre que ya quiero de regreso a mi hijo, no me pienso ir, tengo que saber qué pasó con él y sus compañeros. Este dolor que sentimos no se lo merece nadie, no queremos repetición, pero sobre todo queremos que los regresen vivos”.
Demandó que no manden policías a sus manifestaciones “nosotros no andamos buscando pleito”, asimismo que retiren a los militares de las calles porque “no sirven para nada, nada más están para desaparecer, para andar levantando y matando”.
El vocero Felipe de la Cruz demandó que se investigue y se castigue al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y a sus colabores por los crímenes del 12 de diciembre, y luego se refirió a la muerte del trabajador de la gasolinera ocurrido en estos mismos hechos, Gonzalo Rivas Cámara, a quién el senado entregó post mortem la medalla Belisario Domínguez, para hacer creer a la sociedad que los estudiantes son responsables de aquella muerte.
El representante de la Normal Rural señaló que el premio del Senado tuvo la intención de criminalizar a los normalistas, que también son víctimas de la represión de los cuerpos policiacos a la protesta social.
Debido a la intensidad del sol cuatro personas recibieron auxilios por desvanecimientos. El mitin acabó a las 4 de la tarde, cuando estudiantes y activistas abordaron unos 10 camiones del servicio público, y regresaron a la Normal en Tixtla.

Reforzarán las autoridades la seguridad en cinco municipios tras el “desafío” de criminales al Estado, dice el vocero

 

 

Ante el “desafío” de la delincuencia al Estado que hizo repuntar la violencia en la entidad, el Grupo de Coordinación Guerrero acordó la tarde de este lunes en una reunión urgente, “reforzar” y “fortalecer” el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa, informó el vocero único en materia de Seguridad y delegado de la Secretaría de Gobernación, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario reconoció, consultado vía telefónica, que la violencia repuntó en algunas partes de la entidad, por lo que el Grupo de Coordinación Guerrero “revisará lo que tenga que revisar, fortalecerá lo que se tenga que fortalecer y corregirá lo que se tenga que corregir”.
Cuando menos dos ciudades en donde ha repuntado la violencia en los últimos días, Acapulco y Chilpancingo, están dentro de los cinco municipios con más violencia en el estado y en donde se supone que existe una operación especial del gobierno federal, para disminuir el índice delictivo en las 50 ciudades más violentas del país.
Mientras que Tixtla, en donde fueron encontrados 9 cuerpos desmembrados la noche del domingo, es un punto cercano a Chilpancingo e intermedio con Chilapa, que también es considerada una ciudad de alta incidencia delictiva y con una operación especial del gobierno federal.
–¿Cuál es la visión de los gobiernos federal y estatal cuando se supone que en Chilpancingo y Acapulco existe un operativo especial porque son de los cinco municipios considerados con más violencia, y, sin embargo, siguen ocurriendo casos extremos de violencia?– se le preguntó.
–La delincuencia desafía la acción que realiza la autoridad. Esta es una lucha que se libra todos los días y de manera constante. Hay días en donde el propio interés de los delincuentes por el control de su territorio, el trasiego y la venta de drogas genera un desafío constante a la autoridad. La autoridad realiza su trabajo de coordinación entre las dependencias federales y estatales, pero el desafío de la delincuencia continúa–, respondió.
Del caso del secuestro masivo en San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán, Álvarez Heredia precisó que fueron 10 los plagiados.
Explicó que en las primeras horas de cometido el secuestro, cuando llegaron los agentes de la Policía Ministerial adscritos a la agencia del Ministerio Público de Arcelia, recibieron la información de vecinos que fueron entre 12 y 14 las personas secuestradas pero que cuando tuvieron contacto directo con los familiares de las víctimas precisaron que son 10.
El funcionario informó que la mayoría de las víctimas son de San Jerónimo el Grande y de condición humilde. La mayoría de ellos campesinos y los dos menores de edad son estudiantes. Afirmó que ya regresaron tres.
–¿Se confirma que los responsables son integrantes del grupo de Los Tequileros?
–Todo hace indicar que sí, se trata del grupo de Los Tequileros, de acuerdo a los testimonios de los propios familiares de las víctimas que están detenidas.
En la noche el gobierno del estado informó de los acuerdos asumidos por el Grupo de Coordinación Guerrero la tarde de ayer en el puerto de Acapulco.
“Ante los acontecimientos violentos del fin de semana, el Grupo de Coordinación Guerrero, en reunión convocada de carácter urgente acordó reforzar la intervención de la federación para fortalecer el esquema de seguridad en Teloloapan, Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tixtla y Chilapa”, se dijo en el comunicado.
Agregó que las acciones de reforzamiento de la seguridad en esos lugares, acordadas con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y el coordinador de la estrategia de seguridad en el estado, el general Alejandro Saavedra comandante de la Novena Región Militar, son para los municipios de Teloloapan y Arcelia en donde se acordó reforzar los operativos de vigilancia y la instalación de tres bases de operaciones mixtas, integradas por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Asimismo se informó que se instalarán tres puestos de control en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano para la revisión de personas, vehículos y el transporte público.
De los municipios de Tixtla y Chilapa, se acordó la instalación de tres bases de operaciones mixtas integradas por 150 elementos, reforzar las acciones de inteligencia para detectar a los grupos delictivos y lograr la consignación de los criminales.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, dice el boletín del gobierno estatal.
Informó que continuará la búsqueda de los secuestrados en el municipio de Ajuchitlán del Progreso y que se hizo el compromiso de “cerrar filas con los instrumentos de la ley de las instituciones para detener a los responsables”.

Son nueve, no ocho los desmembrados en Tixtla precisa Álvarez Heredia; ninguno tenía cabeza

 

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que son nueve y no ocho los hombres descuartizados, quienes no han sido identificados, que fueron encontrados la noche del domingo en un paraje que lleva de Tixtla al poblado de Atliaca.
En un recorrido en esta cabecera municipal no se observó vigilancia de las policías Municipal, Estatal, Federal ni Ministerial, de militares o algún retén cerca de la zona donde encontraron a los nueve cuerpos, en la orilla del puente del distribuidor vial a Atliaca, Mártir de Cuilapan (Apango), Chilapa y Chilpancingo ubicado a 10 minutos del centro de Tixtla.
El lugar está en las inmediaciones de la colonia San Miguelito y el hotel Rancho Tixtla al sur de la cabecera municipal, ahí sólo había restos de cintas amarillas que ocupan los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para acordonar la escena del crimen.
Los vecinos fueron herméticos y caminaban tranquilamente en las principales calles, el mercado municipal Antonia Nava de Catalán en el centro de Tixtla abrió de manera normal, los negocios como tiendas de abarrotes, ropa, calzado, odontología y fondas de comida ofrecieron sus servicios, los locales que no laboraron fue debido al puente del 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana.
En la calle frente a la iglesia de San Martín de Tours se observó una patrulla de la Policía Municipal. El servicio de transporte público hacia Atliaca, Apango, Chilapa y Chilpancingo operó normalmente.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó en un comunicado de prensa que al recibir el reporte, agentes de la Fiscalía se trasladaron a ese paraje, donde encontraron cuatro cuerpos atados de pies y manos y cinco bolsas de plástico negras que contenían los restos de cinco personas más.
Ante estos hechos la FGE inició la carpeta de investigación 12010200200187201116 para dar con los responsables del asesinato de los nueve hombres, además de las diligencias necesarias para identificar los cuerpos.
En declaraciones telefónicas el funcionario mencionó que llama la atención que en los asesinatos se usó “extrema violencia” e indicó que las primeras investigaciones indican que podría tratarse de “pugnas entre grupos de la delincuencia organizada”.
Álvarez Heredia precisó que todos los cuerpos son de hombres, que todavía no se sabe qué fue lo que pasó, pero recordó que el caso ocurrió en una zona en donde existe una fuerte disputa de dos bandas del crimen organizado (Los Rojos y Los Ardillos).
“Todavía es muy temprano para tener una idea de lo que pasó allí, pero para el Grupo de Coordinación Guerrero todo ese territorio está siendo utilizado para el uso de la violencia extrema por el control del territorio entre dos grupos y esta es una situación que alerta a las dependencias estatales y federales para poder tomar decisiones al respecto”, advirtió el vocero.

No encontraron las cabezas en el lugar, informan fuentes de la Fiscalía FGE

Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que los nueve cuerpos de las víctimas fueron decapitados, que uno no tenía brazos ni piernas, y que en la zona no encontraron las cabezas.
La fuente comentó que las víctimas fueron asesinadas entre el viernes en la noche y el sábado en la madrugada porque estaban en estado de descomposición, además no se pudieron precisar las edades.
Por otro lado fuentes del Servicio Médico Forense (Semefo) señalaron que hasta las 7 de la noche no habían sido identificados los nueve muertos, pero han acudido familiares de personas desaparecidas para reconocerlos.
Una trabajadora comentó que para reconocer a las nueve víctimas se les aplicará la prueba de ADN debido a las condiciones que se encuentran los cuerpos.
La fuente informó que el mensaje hallado junto a los cadáveres era, “Ahí te va tu basura pinche bola de secuestradores, a la berga le pelan la riata ja ja ja ja Jr”.
“Tu y tu mallate el fantasmita me la maman junto con los de Tepos, a ver si le topan, no es lo mismo andar matando gente q no la debe, conmigo se la pelan hijos de perra, tengo gente lista digan donde y cuando nos topamos Ate la Mera Riata”, concluye el narcomensaje.
En un primer momento se informó que la noche del domingo los cuerpos de ocho hombres desmembrados y con huellas de tortura fueron encontrados en la orilla del puente del distribuidor vial de las carreteras a Atliaca, Chilapa y Chilpancingo, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Tixtla pero ayer el vocero precisó que fueron nueve las víctimas.

Cierran negocios y se vacía el centro de Arcelia ante el rumor de la irrupción de comunitarios

En Arcelia los negocios cerraron temprano ante una ola de rumores falsos de que llegaría gente armada a atacarlos, luego de la emboscada de este lunes en contra de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, ocurrida en Almoloya.
Desde las 10 de la mañana los negocios comenzaron a cerrar y el centro de la ciudad se observó casi vacío, al igual que el Ayuntamiento en donde varios trabajadores pidieron permiso para retirarse ante una presunta amenaza de que los comunitarios irían a tomar esa zona.
El personal del municipio recibió un llamado del alcalde Adolfo Torales Catalán para que guardaran la calma, una vez que se confirmó que las versiones eran falsas.
En toda la región Tierra Caliente el transporte de autobuses de Altamirano a Iguala fue suspendido desde la mañana de este lunes por el bloqueo de transportistas, y se reactivó alrededor de las 10 de la mañana de este martes.
En Arcelia las Urvan no salieron a Teloloapan, esa ruta fue paralizada, solamente algunos taxis hicieron viajes especiales.
Un helicóptero sobrevoló el municipio de Arcelia desde la mañana pero no se observó una mayor cantidad de militares.
Este lunes un grupo de comunitarios de Teloloapan iba a Arcelia a protestar para exigir la libertad de tres herreros que el grupo criminal La Familia Michoacana se llevó el sábado, para presionar porque aseguran que los delincuentes ahí tienen sus dominios.
En respuesta unos 100 vecinos de Palos Altos salieron a las calles y bloquearon la carretera federal. Llegaron transportistas y atravesaron camiones de volteo y tráilers para impedir el paso de vehículos.
El bloqueo fue a 15 kilómetros de la cabecera municipal sobre la carretera federal a Teloloapan. 20 kilómetros más adelante del bloqueo en el pueblo de Almoloya se reportó que un grupo armado emboscó a los 150 policías comunitarios que iban a Arcelia en 30 camionetas.
Entre los lesionados se reportó a Pedro de 24 años, Marco de 26, Ricardo de 39, Jesús de 29, Raúl de 25, Ranulfo de 60, Fidel de 39 y Francisco de 24.

Regresa la Policía Federal a Coyuca de Catalán y a Ciudad Altamirano

La mañana de este martes se vio llegar a los primeros agentes de la Policía Federal, quienes están de regreso después de dos meses de ausencia en la región Tierra Caliente.
En Coyuca de Catalán comenzaron a llegar las patrullas al hotel que se ubica enfrente de las instalaciones de la Fiscalía, que es el lugar que por lo general usan como cuartel regional.
A Altamirano llegó el grupo de la Policía Federal que estaba a cargo de la seguridad del exalcalde asesinado Ambrosio Soto Duarte.
Los policías regresaron después de dos meses de ausencia.
Sin embargo no en todos los municipios llegaron agentes, se esperaba que arribaran también a Arcelia pero no lo hicieron.
Se observaron al menos 80 efectivos de la Policía Federal entre Coyuca de Catalán y Altamirano.
Estuvieron algunas unidades en el Palacio Municipal esperando dialogar con las autoridades y haciendo guardia, pero se informó que el Ayuntamiento no había solicitado su presencia.

Critica Tlachinollan que el fiscal pida soldados para que ocupen los puestos de policías ministeriales

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, calificó como “grave” la decisión del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, de militarizar a la Policía Ministerial, mediante la petición al Ejército de que envíe soldados para que ocupen los puestos de agentes de esa corporación, con el argumento de que está involucrada con el crimen organizado.
“Meter al Ejército en la procuración de justicia es atentatorio a los derechos humanos y a las normas internacionales que piden que sean otro tipo de visiones las que predominen, como el respeto a los derechos humanos, la ciudadanización de las corporaciones policiacas, la investigación científica y no el uso de la fuerza”, dijo.
El sábado, el fiscal Olea Peláez declaró que debido a que agentes ministeriales están involucrados con la delincuencia organizada se hará una depuración, y que pedirá al Ejército que proporcione militares para incorporarse a las filas de la Policía Ministerial.
Vía telefónica, Barrera Hernández, opinó que la propuesta es “grave” porque la procuración de justicia no es un tema que tiene que ver con el uso de la fuerza, sino con una estrategia integral, garantizar la ciudadanización de las policías y el uso de mayores mecanismos de inteligencia.
El defensor de derechos humanos admitió que es necesario depurar a las corporaciones policiacas, pero no para que se militaricen, sino para crear nuevos cuerpos policiacos respetuosos de los derechos humanos, dijo.
Agregó que la del fiscal es una postura “regresiva” y no pensada en el respeto a los derechos humanos, “porque los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con formación militar”.
Añadió que la medida es cuestionable más ahora que los militares están señalados por los casos de la matanza de Tlatlaya, estado de México, y porque no han querido dar cuentas de su actuación en los ataques a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Dijo que la propuesta del fiscal va a contrapelo de las recomendaciones de organismos internacionales de ciudadanizar y profesionalizar a los cuerpos policiacos en el campo de la investigación científica.
“Y yo creo que aquí se le está apostando a cerrar filas con el uso de la fuerza, a la represión y a seguir copando a las instituciones con militares cuando éstos no han dado resultados en el ámbito de la seguridad, y, por el contrario, han agravado las violaciones a los derechos humanos, porque no hay controles civiles en términos de rendición de cuentas”, declaró Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos advirtió que con la medida de Olea Peláez se deja un espacio para que sean nuevamente los militares los que vayan incursionando en el ámbito civil.
Recordó que eso ya pasó en la época de la guerra sucia, “y eso es grave, es volver a reeditar un nuevo escenario de represión, de uso de la fuerza, de contención social, y se deja de lado el tema de la investigación científica y de la ciudadanización de las corporaciones policiales, que es lo que se necesita”, insistió.
Barrera Hernández opinó que no se justifica lo que dice el fiscal que algunos agentes ministeriales están involucrados con el crimen organizado, porque también “hay un Ejército que tiene cuentas pendientes con la sociedad por los crímenes que ha cometido desde la guerra sucia, hasta lo de Tlatlaya y, obviamente, lo que ha pasado en Guerrero con las violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó que con esos antecedentes “decir que se va a suplantar un cuerpo policiaco por otro represivo y que violenta los derechos humanos, no ayuda a dar más confianza a la ciudadanía, sino a generar mayor temor y terror, porque no sería un cuerpo de seguridad para la investigación científica, sino para la represión”, recalcó
Explicó que tampoco es una buena medida porque “sabemos que el Ejército es una institución que no obedece a los ciudadanos, que tiene su propia lógica bélica, y que siempre va a ver a los ciudadanos como enemigos”.
Barrera Hernández añadió que si los militares se han negado a comparecer por el caso de Iguala, para aclarar su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, mucho menos van a querer rendir cuentas cuando actúen en cuestiones de ejecutar órdenes de aprehensión, “pues sabemos que siempre hay una tendencia del Ejército de ver al ciudadano como un enemigo de la sociedad, como alguien que atenta contra las instituciones, siempre con una lógica guerrerista”.
Alertó que la presencia de militares en la Policía Ministerial, “dañaría bastante” a la sociedad y esa no va a ser la solución.
Subrayó que lo que se necesita es lo que siempre han propuesto los organismos de derechos humanos, que se depuren las corporaciones policiacas, pero no para que se militarice la procuración de justicia, sino para que se sustituya por un nuevo modelo policial formado en derechos humanos, en investigaciones científicas y acorde con las nuevas reformas que obligan a la capacitación de las corporaciones y éstas actúen protegiendo los derechos humanos, usando tecnologías que ayuden a ser una policía profesional y no necesariamente usar la tortura como método de investigación, “que es a lo que recurre el Ejército todavía”.
Recalcó que pensar que es el Ejército la solución es una postura “regresiva”, que no está pensada en la perspectiva de los derechos humanos, “mucho menos en atender las recomendaciones de los organismos internacionales, con relación a la ciudadanización de las instituciones policiacas y transparentarlas mejor, capacitarlas en el tema del respeto a los derechos humanos y sobre todo profesionalizarlas”.
Barrera Hernández concluyó que decir que ahora los militares van a incorporarse como policías de investigación en un estado donde hay “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas por el Ejército y donde la corrupción y el involucramiento con el crimen organizado sigue siendo un problema que afecta al sistema de justicia y de seguridad, “implica que los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con una formación militar”.

Capacitan soldados a mujeres para operar comedores comunitarios en Chilpancingo

 

Soldados de la 35 Zona Militar capacitaron a mujeres en la preparación de alimentos para el programa de Comedores Comunitarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo en Chilpancingo.
A las 8 de la mañana, unos 40 militares acudieron a las instalaciones de la feria en la colonia Los Ángeles, donde dieron capacitación sobre la preparación de alimentos.
Se observó a unos 20 militares armados vigilando diferentes partes del terreno de la feria.
Consultada en las instalaciones de la feria, la promotora del programa del Comedor Comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, Wendoly Andaco informó que en la región Centro se instalaron 39 comedores comunitarios.
Agregó que en la capital se instalaron seis comedores comunitarios en las colonias PRD, Indeco, Nueva Esperanza, Trinchera y PRT.
La promotora comentó que tres comedores están dando servicio y que de tres más están en capacitación.
Agregó que los comedores comunitarios son permanentes, “pero dependerá de los encargados de los comedores si seguirán dando el servicio a la población”.