Se va a “sacudir” a la Tierra Caliente de los grupos delictivos, anuncia el gobernador

El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que en los bloqueos de carreteras y caminos, así como en la quema de vehículos que afectaron durante dos días a varios municipios de Tierra Caliente, participaron no solamente miembros de La Familia Michoacana sino también Los Tequileros, a quienes identificó como “las dos partes”, y que también intervinieron delincuentes “de otro estado”.
En declaraciones en Acapulco, el gobernador sostuvo que las operaciones de seguridad desplegadas van a “sacudir” Tierra Caliente y que las fuerzas de seguridad pública van contra Los Tequileros y La Familia Michoacana. “No hay favoritismo ni protección para nadie”, subrayó el gobernador ante señalamientos del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan de que la banda de El Tequilero cuenta con el apoyo del Ejército y de la policía estatal.
El gobernador ofreció a las 11 de la mañana una conferencia de prensa en Casa Guerrero, acompañado por el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle; el comisionado de la Policía Federal, David Portillo Menchaca; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Pedro Almazán Cervantes; el fiscal general del estado Javier Olea Peláez; el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el vocero en materia de seguridad Roberto Álvarez Heredia.
Astudillo aseguró que el gobierno del estado “con todo el apoyo de la federación, ha hecho frente a la delincuencia que ha venido operando en esta región y que ha venido causando un problema muy serio”, dijo con respecto a los hechos de violencia en Tierra Caliente.
“Es importante subrayarles que los acontecimientos que se dieron el día de ayer (el sábado), son acontecimientos especialmente complicados y delicados por la cantidad de vehículos quemados”, dijo y agregó que “la participación de la delincuencia organizada no fue de una parte, fueron de las dos partes. Fue como una competencia de a ver quién generaba conflictos para echarse las culpas”, explicó.
Dijo que recibieron información de que “parte importante de la delincuencia de otro estado también vino a incursionar el día de ayer, para ayudar a los de la Tierra Caliente y en todas las complicaciones que generaron en la carretera”, pero no precisó qué grupo criminal recibió el apoyo de otro estado aunque La Familia Michoacana tiene miembros precisamente en ese estado y sobre todo en el de Estado de México donde se ha reportado su presencia en los municipios vecinos de Tlatlaya y Tejupilco.
Después aseguró que a esa hora, 11 de la mañana, ya había paso vehicular “absoluto” en la carretera de Iguala a Ciudad Altamirano, “no hay en sí un bloqueo que impida el tránsito de vehículos, salvo los que están atravesados, y que se tienen que retirar.”, destacó.
Luego, el vocero reiteró que fueron retirados en total 14 bloqueos y 144 vehículos que fueron utilizados por la delincuencia para impedir el paso, y que hubo un detenido.
Detalló que según las primeras investigaciones, la Fiscalía General del Estado concluyó que los vehículos fueron incendiados directamente por los delincuentes y que igualmente se estableció que en las acciones violentas participaron integrantes “del grupo delictivo La Familia Michoacana y de Los Tequileros”.
Precisó que la delincuencia incendió ocho autobuses, 14 camionetas de 3.5 toneladas, un tráiler, cuatro torton, una grúa y un vehículo particular; además de que se encontraron abandonados tres autobuses, 46 vehículos de pasajeros tipo Urvan, 38 taxis, cinco tráilers, 18 camionetas cerradas, dos camiones y tres vehículos de volteo, también utilizados para los bloqueos.
Dijo que los vehículos usados durante los bloqueos fueron retirados por grúas y están siendo trasladados a los corralones, donde quedaron a disposición de quienes acrediten su legítima propiedad.
Pero acusó a concesionarios del servicio de grúas en la región que se han negaron a prestar el servicio y “de igual forma, algunas concesionarias de estaciones de gasolina negaron la venta de combustible a las fuerzas del orden”.

“No hay favoritismo ni protección para nadie”

En Acapulco, después de dar el banderazo de arranque a los trabajos de desazolve del río de La Sabana, Astudillo sostuvo que no habrá favoritismo en las operaciones de seguridad que llevan a cabo el Ejército y la policía estatal en San Miguel Totolapan.
A pregunta sobre si las operaciones de seguridad desplegadas en la cabecera se extenderían al poblado de La Gavia, donde presuntamente se esconde el líder de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, el gobernador dijo que van a entrar en todos lados porque buscan “sacudir” Tierra Caliente.
“Vamos por la delincuencia organizada, llámense como se llame. Se va a entrar donde se tenga que entrar, los objetivos son el que tu mencionas (El Tequilero) y también los otros (Familia Michoacana), lo que hay que sacudir este mal a la Tierra Caliente”.
El gobernador pidió a los reporteros que en su declaración se citara que las acciones de seguridad emprendidas en San Miguel Totolapan son contra los dos grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona. “Por favor, citen a los dos, porque luego nada mas citan a uno”.
Astudillo Flores agregó que fue “muy lamentable, muy preocupante” y “muy delicado” lo que encontraron en San Miguel Totolapan, pues los delincuentes reciben “apoyos de grupos organizados”.
Recordó que la intervención de las fuerzas federales y estatales fue para “proteger a la sociedad”, no para enfrentarse a ella y convocó a los ciudadanos a volver a la actividad normal.
El gobernador dijo que “no fue un asunto sencillo” retomar el control en San Miguel Totolapan, por la cantidad de bloqueos que se instalaron en los que participaron los transportistas. “Esto es algo muy lamentable, la participación, muchos de ellos entendemos, por presión y por temor a la delincuencia organizada”.
Astudillo Flores informó que la Fiscalía General del Estado ya abrió carpetas de investigación contra quienes se negaron a colaborar con las fuerzas de seguridad pública durante su incursión en San Miguel Totolapan, como las gasolineras y servicios de grúas. “Se están haciendo las carpetas de investigación para realizar las investigaciones correspondientes y aplicar responsabilidades”.

Repudian 150 reporteros la agresión a colegas y exigen garantías de seguridad para su oficio

Más de 150 reporteros locales y corresponsales nacionales condenaron este domingo la agresión que sufrieron siete periodistas la tarde del sábado en la región de Tierra Caliente, por un grupo de la delincuencia organizada, y exigieron a los gobiernos federal y estatal que cumplan su obligación de garantizar la seguridad y el libre tránsito “y podamos vivir en la normalidad, circular por las carreteras sin el temor de ser víctimas de esos grupos criminales, que mantienen como rehenes a los guerrerenses”.
Exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores que activen protocolos de seguridad para los siete periodistas, ante las amenazas que recibieron por el grupo delincuencial, y criticaron el hecho de que hayan sido agredidos y robados en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que refleja que esos grupos se mueven con total impunidad y la convivencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado.
Mientras tanto, el gobierno del estado confirmó mediante un boletín que la agresión a los reporteros fue cometida “por individuos que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”, y la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una carpeta de investigación sobre esos hechos.
El mediodía de este domingo, unos 30 reporteros locales y corresponsales nacionales se concentraron al pie de la estatua a José María Morelos, en donde leyeron un pronunciamiento y señalaron que lo ocurrido a los siete reporteros refleja una ausencia de garantías para el desarrollo de su trabajo periodístico.
El sábado, los reporteros Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Jair Cabrera, Hans Musielik y Pablo Pérez García, acudieron a cubrir los hechos de violencia en Tierra Caliente y cuando regresaban a Chilpancingo, un kilómetro antes del retén militar y policial cerca del crucero de Acapetlahuaya, fueron detenidos por un centenar de hombres armados, que los despojaron de una camioneta propiedad de Sergio Ocampo, sus equipos de trabajo, celulares y dinero en efectivo.
Después, los obligaron a subirse a una de las dos camionetas en las que viajaban y les advirtieron que si los denunciaban en el retén militar que estaba adelante, los iban a quemar con todo y la unidad, pues les advirtieron que en el retén militar tenían un halcón que iba a vigilar sus movimientos.
Los periodistas denunciaron que estos hechos atentan contra la libertad de expresión y que pusieron en riesgo la integridad física de los siete reporteros.
“Reporteros de Guerrero y del país expresamos nuestra condena y rechazo a esos hechos lamentables. Subrayamos que esos grupos criminales se mueven con total impunidad y nos parece extraño que hayan actuado con total anarquía en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que confirma la convivencia entre las fuerzas del orden y esos grupos del crimen organizado”, dice el escrito.
Consideraron que es grave, también, que ante esos acontecimientos las autoridades federales y estatales no actuaron siguiendo un protocolo de búsqueda, localización y protección de los periodistas, “por el contrario, generaron falsos rumores de que los compañeros venían en camino resguardados, lo cual no fue cierto. El traslado fue por su cuenta y llegaron solos a esta capital”.
Recordaron que México se ubica entre los países donde ejercer el periodismo es un grave riesgo y que en Guerrero en febrero del año pasado asesinaron en Taxco a Francisco Pacheco Beltrán y en marzo de este año a Cecilio Pineda Birto, en Ciudad Altamirano.
Denunciaron que en ambos casos las autoridades se comprometieron a resolverlos y castigar a los responsables, lo cual no se ha cumplido.
Hicieron un llamado a los periodistas y a la sociedad para que estén observantes de estos hechos, no permitir una agresión más a la libertad de expresión y el derecho a tener una sociedad informada.
Exigieron garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho que tiene la sociedad a estar informada.
Mientras tanto, la PGR informó que la Feadle inició una carpeta de investigación por la agresión a siete periodistas de diversos medios de comunicación.
“Desde ayer (el sábado), la Feadle contactó directamente a los comunicadores afectados, al tiempo en que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”, informó la dependencia en un escrito.
También informó que junto con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se dará seguimiento a la situación de los periodistas agredidos.
El gobierno del estado aseguró, en un boletín, que desde el momento que se conocieron los hechos se activaron mecanismos de búsqueda y localización, y que la Secretaría de Protección Civil del Estado movilizó dos vehículos, el primero partió de Iguala hacia Teloloapan y el otro de Teloloapan hacia a Iguala.
“Al saber que por sus propios medios habían llegado a Chilpancingo, autoridades federales, estatales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se entrevistaron con ellos, para ofrecer su apoyo y activar mecanismos de protección a periodistas”, dice boletín.
Confirmó que el grupo de comunicadores fueron detenidos y asaltados por individuos, “que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”.

Les avisaron que ya íbamos

Durante la concentración de los periodistas en el Zócalo de la capital, uno de los periodistas agredidos, Sergio Ocampo, dijo que los delincuentes que los ultrajaron estaban predispuestos y que le da la impresión de que, “les avisaron que ya íbamos”.
Contó que la situación fue traumante cuando uno de los pistoleros apunto su arma corta hacia la cabeza de Hans Musielik.
“Lo que se nos hizo extraño es que antes estaba un retén del Ejército y hasta platicamos con los soldados, que nos preguntaron que a qué fuimos y les contamos todo”, dijo. Añadió que aproximadamente a un kilómetro de allí estaban los civiles armados y más adelante, a otro kilómetro, había otro retén del Ejército.
“Eran puros chavos, algunos hasta se estaban drogando enfrente de nosotros. No nos golpearon, la verdad, pero sí nos trataron con palabras fuertes. Nos dijeron: ‘órale, bájense cabrones, qué andan haciendo’”. Detalló que un niño de aproximadamente 13 años encabezó el comando que bajó todas sus pertenencias de los vehículos y les exigió sus carteras, “fue evidente que iban sobre el equipo, sobre la información”, explicó.
Informó que en el lugar estuvieron de 15 a 20 minutos y que al final le ordenaron que dejara su camioneta, una Patriot Jeep azul, y los obligaron a subirse todos a la otra camioneta roja para que abandonaran la zona, “¿o la van a hacer de tos? Si no se van aquí las quemamos las dos y se van a pie”, advirtió uno de los pistoleros.
Añadió que quien aparentaba ser el jefe les advirtió que si decían algo en el retén del Ejército que estaba adelante, “vamos a ir y nos los vamos a comer vivos”.
Insistió que ya sabían que iban a pasar, porque en cuanto los vieron pusieron palos y piedras en la carretera, para bloquearles el paso. Además, explicó que los dos vehículos en que viajaban llevaban la leyenda de prensa.
Dijo que está seguro que la intención fue quitarles el material periodístico que traían, porque antes habían pasado otros tres retenes aparentemente de la misma gente y que en todos les tomaron fotos y los filmaban, “yo creo que sí, su objetivo era el material que traíamos, porque nos anduvieron vigilando”, dijo.

Por los bloqueos se dejó de surtir combustible a la Tierra Caliente, dice dirigente gasolinero

 

El representante de la Asociación de Gasolineros del Estado de Guerrero, Mariano Gutiérrez Mejía, informó que se ha dejado de surtir gasolina por parte de Pemex en la región de Tierra Caliente.
Vía telefónica, Gutiérrez Mejía expuso que no depende directamente de ellos el que se se abastezcan las gasolinerías, pero que cada estación tiene reserva para tres días.
Recordó que la determinación de surtir las gasolinerías, en el caso de Ciudad Altamirano y otras de la zona hay una terminal en Iguala y desde allí se lleva el combustible.
“Al haber bloqueos, no hay forma de que se surtan del combustible”, señaló.
Gutiérrez Mejía aclaró que no hay escasez de gasolina porque están “dentro de inventario”, que en promedio cada gasolinería tiene reserva para dos o tres días, máximo cuatro, pero en esa zona no se podría considerar que haya desabasto.
Reconoció que sí afectan los bloqueos a los empresarios debido a que se transporta el combustible por carretera.
Detalló que en Acapulco y municipios cercanos el producto llega primero por vía marítima a las instalaciones de la terminal de Pemex en Icacos, de allí salen los camiones a regiones Costa Chica y Costa Grande, hasta Petatlán.
En municipios de Tierra Caliente y Norte llega la gasolina a la terminal de Iguala, que nutre toda la red colindante con el estado de Morelos y Michoacán, aunque detalló que hay ciertos municipios que también son abastecidos por terminales de Morelos “en el caso que se requiera”.
En el tema de la liberación de precios a la gasolina, Gutiérrez Mejía explicó que todavía se resiente la baja del consumo. En comparación al año pasado, las ventas están debajo de 10 por ciento, pero afirmó que están en recuperación. En febrero las ventas estaban debajo del 30 por ciento.

Detienen a siete presuntos integrantes de Los Tequileros en Tierra Caliente

Este sábado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en dos hechos diferentes, detuvo a siete presuntos responsables de homicidio calificado y secuestro vinculados con el grupo delictivo Los Tequileros.
En un boletín de prensa, la FGE dio a conocer la detención de los presuntos asesinos y secuestradores en la región de Tierra Caliente.
Informa que agentes de la Policía Ministerial cumplieron la orden de aprehensión dictada contra Álvaro, Francisco, Lino, Alberto y Jovany, por homicidio calificado y secuestro, y vinculados con Los Tequileros.
La orden de aprehensión se cumplió este 6 de mayo, y está relacionada con la causa penal 13/2017-I por homicidio calificado, y otra carpeta judicial C-11/2016 por secuestro, y fueron puestos a disposición del juez de Control y enjuiciamiento Penal, y recluidos en el penal de Coyuca de Catalán.
Por otra parte, se informa en el boletín que, en otra acción coordinada, policías federales y ministeriales de la FGE capturaron a los presuntos secuestradores Rubén y María, para cumplir una orden de aprehensión dictada por el Juzgado de Primera Instancia del ramo Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con el expediente 04/2017-II y relacionada con la averiguación previa CUAU/SC01/0077/2016, vinculadas a Los Tequileros.

Toman directores de secundarias la supervisión en Altamirano; piden que no llegue un nuevo titular

Los directivos de las secundarias generales de Coyuca de Catalán tomaron la supervisión por el cambio del titular y firmaron un documento en el que piden que no llegue el nuevo supervisor.
Desde el mediodía arribaron los directivos de las seis escuelas que componen esta zona y tomaron las instalaciones.
Con el sello de las escuelas se firmó un documento en contra de la llegada de Alfredo Pichardo Santamaría, profesor que desde hace dos años se encuentra a disposición de la supervisión escolar, luego de un conflicto con el director de la secundaria Cuauhtémoc, Jesús Castro Alonso, en la que trabajaba, tras denunciar un caso de bullying a su hijo.
Los maestros de la escuela firmaron un documento para pedir su salida, en tanto que a su vez él buscó las instancias para defenderse, y logró que el actual director de esta escuela tuviera que recurrir a un amparo judicial, debido a que le llegó una sanción en la cual se ordenaba su separación del cargo.
Actualmente labora como director, pero mediante ese amparo.
Debido a este conflicto también el profesor Alfredo Pichardo fue concentrado en la supervisión escolar, por tal motivo los directivos firmaron un documento en el que señalan que desde “hace dos años este maestro no está desempeñando la función de maestro frente a grupo, por lo que está impedido de participar en alguna promoción o ascenso laboral”.
También señalan que “no cuenta con la antigüedad para estas funciones y además que no tiene el perfil académico”.
Pero el documento recalca que “el maestro está señalado por mal comportamiento por todas estas instituciones, por lo que impugnan la comisión del profesor ya que por estos motivos no fue aceptado en ningún centro de trabajo que conforman la zona 1, 2 y 3 de la región de la Tierra Caliente”.
Las escuelas que firman el documento son la secundaria Cuauhtémoc, de Coyuca de Catalán; la Lázaro Cárdenas, de Amuco; la secundaria de Las Cruces; la secundaria de Ajuchitlán del Progreso; la secundaria de Corral Falso y la secundaria de Placeres del Oro.
Señalan que esa oficina se mantiene a cargo del profesor Natividad Taboada Rivera, como supervisor, y que tiene sus derechos a salvo y el perfil académico los directivos de las seis escuelas señalaron que mantendrán cerradas las instalaciones de la supervisión hasta que haya un acuerdo con sus superiores.

Sólo a molineros de Acapulco les afecta la violencia, no a los de la zona Centro, dice dirigente

 

El líder de los Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, en la zona Centro, Abdón Hernández Olvera, declaró que la apreciación de la mayoría de empresarios tortilleros es que no son afectados por el crimen organizado, que la inseguridad se manifiesta de manera focalizada en Acapulco.
Consultado al finalizar su participación en la entrega de 800 toneladas de maíz a los integrantes de este sector, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero, el empresario indicó que en el caso de la región Centro están tranquilos, al igual que en Iguala, Taxco e incluso en la región de Tierra Caliente, pues no se ha registrado ninguna extorsión.
“Pareciera ser contradictorio pero en Tierra Caliente no hay, son más los negocios tranquilos que lo que se pueda decir que estamos extorsionados”, comentó.
Aseguró que no todo el sector de la masa y la tortilla es agredido por los grupos del crimen organizado, sino que sólo se registra en una sola región y de manera focalizada.
“Hay focalizados exactamente algunos casos que están controlados, que no tenemos gracias a Dios una gran presión”, declaró.
Hernández Olvera explicó que a pesar de que está controlado y que en Acapulco es donde se ha contado con más extorsiones, la apreciación de la mayoría de los empresarios tortilleros es que la seguridad va en aumento.
Aseguró que al paso de los meses se ha registrado una mejor seguridad y que el problema se está atacando.
“El problema de (la) seguridad es un problema estructural, que no viene de un fenómeno de gobierno o del gobierno en turno, es un fenómeno que se ha venido arrastrando un fenómeno nacional”, manifestó.

Toman maestros y estudiantes el Tec de Tierra Caliente; acusan al rector de malos manejos

 

Un grupo de maestros y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente pidieron la salida del rector Adrián Negrete Molina y del personal administrativo, con el argumento de que está haciendo mal uso de los recursos que llegan al plantel, argumentando los trabajadores que nunca han tenido seguro médico, aunque lo pagaron durante un año; y los alumnos porque no les apoyan económicamente en los viajes de estudios.
La universidad se ubica en la comunidad de Los Limones, municipio de Pungarabato, cerca de Ciudad Altamirano. Desde las 7 de la mañana, cerca de 250 estudiantes se apostaron en las entradas de la escuela, para impedir el ingreso del rector y personal administrativo. También participaron cerca de 10 profesores, de los cerca de 20 que tiene la plantilla.
Una administrativa intentó acercase al edificio y fue retirada en medio de gritos y burlas.
Los estudiantes colocaron pancartas y cartulinas en contra del rector, señalando que ha hecho mal uso de los recursos públicos, pero sin señalar de forma concreta algún hecho, sólo indicando que “no los han apoyado en los viajes de estudio y no cuentan con laboratorios, que como estudiantes tampoco tienen seguro médico”.
Pidieron la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores, o de algún funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), de la que son dependientes, para que los escucharan.

Hay 16 centros de salud cerrados ante la violencia; cinco en San Miguel Totolapan y cinco en Zitlala: SNTSA

 

La secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Beatriz Vélez Núñez, declaró este lunes que 16 centros de salud se encuentran cerrados ante el temor de los trabajadores a la violencia, sobre todo en los municipios de San Miguel Totolapan y Zitlala.
Por otra parte, aseguró que la escasez de material, equipo y medicamentos que han denunciado trabajadores de algunos centros hospitalarios, como del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, ya se está resolviendo, y argumentó que el retraso de la entrega obedece al proceso de descentralización del Seguro Popular.
La dirigente sindical fue consultada la mañana de este lunes después del acto en el que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el presidente municipal de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, dieron inicio a la construcción del parque lineal Río Huacapa.
Con respecto a la denuncia de trabajadores del Hospital General de Acapulco en el sentido de que están siendo cambiados a centros de trabajo de lugares de alta incidencia delictiva a manera de castigo, la dirigencia sindical aseguró que “no hay ningún castigo, sólo estamos cambiando 240 trabajadores en todo el estado”.
Aseguró que en Acapulco sólo son 22 trabajadores, de los cuales sólo hay cuatro del hospital de Renacimiento que se oponen al cambio ante los riesgos, “pero, por Dios, en Guerrero hay riesgos en donde sea”, dijo.
Añadió que éstos eran trabajadores de contrato que, al obtener su base se convirtieron en trabajadores de nuevo ingreso, y que están siendo enviados a los centros donde hay otros de sus compañeros que tienen más de 25 años y que necesitan reconcentrarse, “es un acto de justicia laboral”, aseguró.
La dirigente sindical informó que en el estado hay trabajadores que están solicitando su cambio por situaciones de violencia, específicamente en la Tierra Caliente y en Zitlala.
Vélez Núñez informó que, de ellos, cinco son del municipio de San Miguel Totolapan, un número igual en Zitlala y el resto en otros lugares de la entidad.
Agregó que en esos lugares también tienen solicitudes de los trabajadores que piden su cambio de adscripción, porque argumentan que han sido extorsionados o amenazados.
Destacó que, por estas causas, de 42 solicitudes ya solamente hay cinco que faltan de cambiar a otras sedes.
La dirigente sindical declaró que no procede la petición de los trabajadores que piden que no sean atendidos los heridos de bala en los centros hospitalarios civiles, y que sean trasladados a los hospitales militares, “a nosotros nos toca atender a toda la población civil”, dijo y agregó que en todo caso se requiere hacer cambios a los códigos Penal y Civil.
Informó que lo que la dirigencia sindical está solicitando es que se instalen las medidas de seguridad necesarias, entre éstas, cámaras de vigilancia en los centros hospitalarios.

Esta cubierto el 85% de la necesidad de medicamentos en el estado, dice la dirigente sindical

Sobre la falta de material, equipo, medicamentos y especialistas que han denunciado en los hospitales de Chilpancingo y Acapulco, la dirigente sindical aseguró que ya se está atendiendo y que con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, han tenido reuniones con los trabajadores para aclararles la situación.
En el caso del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, informó que se reunieron con trabajadores el viernes pasado.
Explicó que la Secretaría de Salud tenía algunos problemas con los recursos del Seguro Popular, a causa de “ciertos candados que trae ahora (el programa)”, pero aseguró que ayer ya estaba disponible el 85 por ciento de los medicamentos en las unidades de salud, “y el almacén también ya está lleno de medicamentos, y ya está permanente la distribución”, aseguró.
Explicó que el problema fue que, ahora el 40 por ciento de los recursos del Seguro Popular está destinado a la compra de medicamentos, y es el Seguro Popular el responsable de hacer la compra y la licitación de los fármacos porque se convirtió en el proveedor de la Secretaría de Salud.
Añadió que esto es a raíz de una descentralización del Seguro Popular, que se convirtió en un Organismo Público Descentralizado (OPD), “y esa parte administrativa fue lo que retuvo un poquito”.
La secretaria del SNTSA dijo que, sin embargo, en ninguna parte del país está al 100 por ciento la dotación de medicamentos, y que en Guerrero están en un 85 por ciento surtidos los centros hospitalarios.
Informó que en el caso del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, solamente hacen falta algunos medicamentos para pacientes que padecen algunas, “enfermedades raras, que no son permanentes y que si (los medicamentos) se tienen en muchas cantidades se caducan y ahorita lo que se está viendo es que esto no ocurra y que exista la cantidad solamente suficientes para atender esos padecimientos”.
En cuanto a los especialistas que también hacen falta, dijo que se abrió una convocatoria para la contratación, sobre todo de anestesiólogos, “ya tenemos los contratos, el problema es que no tenemos a las personas”, dijo.

Llevan una semana sin laborar los trabajadores de Vectores de Tlapehuala; no tienen para gasolina

Los trabajadores de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 01, de la región de Tierra Caliente, llevan una semana sin salir a trabajar porque no tienen presupuesto para gasolina, además de que el hospital regional de Coyuca de Catalán aún tiene una deuda de casi 700 mil pesos con proveedores.
Los empleados de vectores llegan a la sede que se ubica en Tlapehuala, pero no salen a trabajar porque no hay presupuesto para gasolina, en una época en la que hay reportes del incremento de casos de dengue, zika y chicungunya.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Enrique Robles Romero dijo que la siguiente semana podría llegar el presupuesto para que nuevamente salgan a trabajar los empleados de esta área.
Por otro lado, el hospital regional de Coyuca de Catalán está otorgando todos los servicios subrogados, mediante diversas maniobras, para complementar los estudios médicos que siguen bloqueados ante la falta de pago, porque el gobierno estatal apenas ha cubierto la mitad de la deuda. Se calcula que faltan unos 700 mil pesos.
El director, René Gómez Medina confirmó que los estudios de laboratorio se están cubriendo en el mismo hospital, y que ya no se hacen con particulares porque aún no se paga la deuda.
Desde hace más de dos años, el gobierno estatal ordenó la concentración de todos los pagos en Chilpancingo, es decir, todo el presupuesto lo controlan desde la capital y no pasa por las manos de ningún director o administrativo local, que sólo firman documentos e informan de los pagos y las necesidades, y reciben en especie lo que solicitan, pero el dinero lo controla el gobierno estatal, de tal forma que el hospital regional ya informó que no se habían pagado todos los servicios subrogados durante un año, y que por tal motivo, las empresas particulares requerían el pago para seguir dando servicios de Rayos X, estudios de laboratorio, ultrasonidos especiales y algunas cirugías de mujeres embarazadas que requerían atenciones específicas que no podía ofrecer el hospital.
Los pagos salen del Seguro Popular, que es un presupuesto que aparentemente cubría este servicio, pero se informó que el mismo gobierno federal no estaba liberando el presupuesto, y esto comenzó a menguar los pagos.
René Gómez Medina dijo que el gobierno estatal cubrió la mitad de la deuda, lo que permitió que se restablezcan algunos servicios; pero el mismo hospital está dando el apoyo en laboratorio a los pacientes.

Amplia pesquisa del asesinato, demanda la ONU-DH

 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el homicidio del periodista Cecilio Pineda Birto, y demandó una investigación amplia que incluya las líneas relacionadas con su actividad periodística.
Asimismo señaló que es fundamental saber qué pasó con las medidas de protección que se pudieron otorgar al comunicador “para evitar este trágico desenlace”, en atención a las publicaciones de que el Mecanismo de Pro-tección para personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación lo incluyó en un programa de protección después de un atentado en 2015, y le retiró las garantías en octubre de 2016 porque no identificó más riesgo.
Ayer, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, destacó que la situación de riesgo de Pineda Birto ya había sido puesta en conocimiento de las autoridades, incluso del Mecanismo señalado.
Expresó que “este ataque debe ser investigado de manera pronta e imparcial, agotando todas las líneas de investigación incluyendo las relacionadas con la actividad periodística del señor Pineda Birto. Ningún ataque a medios de comunicación o a periodistas debe quedar impune.”
En el esclarecimiento de los hechos, consideró “fundamental contar con mayor información sobre las medidas de protección que hubieran podido ser otorgadas al señor Pineda Birto para evitar este trágico desenlace, de tal manera que se puedan evitar hechos similares en el futuro para otros periodistas”.
Ratificó que para la ONU-DH “los ataques contra la prensa en general y contra los periodistas en particular, no sólo afectan a las víctimas y a sus familias, sino a la sociedad en su conjunto pues generan un clima de temor entre quienes ejercen el periodismo, coartan la libertad de expresión y, por tanto, la sociedad se ve privada de su derecho a recibir información libre y plural en asuntos de interés público”.
En el seguimiento del caso, informó que la Oficina ha sostenido contacto con las autoridades correspondientes, y asumió el compromiso “para seguir cooperando con las instituciones y las autoridades mexicanas en el fortalecimiento de las políticas y la institucionalidad existente en materia de protección de periodistas y combate a la impunidad”.
Asimismo, manifestó sus condolencias y solidaridad con la familia, amigos y colegas de Cecilio Pineda y llamó a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la familia del comunicador.