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Hace 10 años irrumpió en Tierra Caliente el grupo delictivo La Familia Michoacana

 

Desde finales de 2005 en la región Tierra Caliente irrumpen cárteles de la droga que intentan controlar esta zona y sus colindancias con el estado de Michoacán, antes controlada por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Es una zona geográfica en la que colindan el Estado de México, Michoacán y Guerrero y donde convergen carreteras que cruzan desde la costa a la sierra y sus rutas de salida hacia el norte de la República.
La lucha por el área comenzó a inicios del 2006 y una célula de los Zetas a finales del año se presentó con el nombre La Familia Michoacana. Así quedó asentado en los primeros narcomensajes que aparecieron en Altamirano, municipio de Pungarabato.
Para finales de 2007 el control de ese grupo delincuencial era mayor.
Una división interna entre el grupo de narcotraficantes de los Beltrán Leyva provocó que los líderes de las células que estaban en la Tierra Caliente pactaran con La Familia Michoacana, y así se posicionaron más rápido de esta región.
Según fuentes militares, para 2008 La Familia Michoacana tenía el control de la mayor parte de Michoacán, además de los 14 municipios de la Tierra Caliente en Guerrero.
En Guerrero controlaban Zirándaro, Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, Arcelia, Tlapehuala, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, Tlalchapa y Coyuca de Catalán.
Algunas células que quedaron de los Beltrán Leyva intentaron recuperar los territorios en varios momentos y con apoyo del capo Édgar Valdez Villareal, La Barbie, pero sin éxito.
En marzo del 2011 unas mantas colocadas en Pungarabato y Coyuca de Catalán dijeron que había una división interna en La Familia Michoacana, la separación era en la región de Tierra Caliente entre Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.
Esa división permitió la entrada de otras células criminales a esta región, como el cártel Guerreros Unidos o el Jalisco Nueva Generación que en diferentes momentos han incursionado en los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, San Miguel Totolapan, pero sobre todo en la parte de la sierra de Tierra Caliente.
Fuentes militares informaron del crecimiento de La Familia Michoacana en Tierra Caliente del Estado de México, bajo el liderazgo de José María Chávez Magaña, El Pony.
En julio de 2014 el comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido informó que fue detenido uno de los más importantes líderes del cártel de La Familia Michoacana, Chávez Magaña.
El Pony fue considerado uno los hombres más fuertes del cártel y protector del capo Jhony Hurtado Olascoaga, El Pez, quien se ha atrincherado en el municipio de Arcelia desde donde mantiene el control de una ruta de trasiego de drogas que iba de los municipios de Apaxtla y Cuetzala hasta el sur del Estado de México, como Tlataya.

Un pacto entre narcos para el cobro de cuotas

Fuentes militares dijeron que La Familia Michoacana mantuvo el control de la mayor parte del territorio colindante entre Guerrero y el Estado de México del lado de Arcelia, entre ellos Tlalchapa, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan, y los municipios de Tlatlaya y San Pedro en el estado de México, debido a El Pez, en tanto que en Altamirano Rodolfo Maldonado Bustos, Don José, mantuvo el control de las colindancias entre Guerrero y Michoacán con Los Caballeros Templarios, como Altamirano, Cutzamala y Coyuca de Catalán. Además Huetamo, Michoacán y San Lucas.
Un pacto en 2011 evitó que estos grupos se confrontaran.
Los enfrentamientos y balaceras a plena luz del día y en zonas céntricas por la pelea de territorios se convirtieron en la tranquilidad comercial, pero bajo el cobro de cuota de los grupos criminales a todos los comerciantes de la región para permitirles trabajar.
Para 2013 en San Miguel Totolapan se vislumbraba un nuevo conflicto territorial tras una división de una célula de La Familia Michoacana controlada por Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
Desde marzo del 2014 hasta mayo del 2015 la Fiscalía General del Estado (FGE) registró ocho ejecuciones que aparecieron con narco mensajes en contra de la banda de El Tequilero. Estos homicidios fueron principalmente en las colindancias entre Ajuchitlán y San Miguel Totolapan. Todos los narcomensajes estaban firmados “FM” (Familia Michoacana).
Bajo el control de la Policía Municipal El Tequilero se empoderó en San Miguel Totolapan. Las últimas denuncias y órdenes de aprehensión en su contra muestran la relación de siete mandos policiacos de esta corporación vinculados a su grupo.
En marzo de este año según reportes policiacos, Arnulfo Pineda Pérez, El Boinas, fue detenido por policías estatales y encarcelado formalmente en Arcelia por homicidio calificado, en agravio de José Antonio Ceferino Gil. Fue detenido en un retén bajo la orden CUAU/SC/02/00050/2015.
Arnulfo Pineda fue el último comandante que tuvo la Policía Municipal de San Miguel Totolapan en el periodo de Saúl Beltrán Orozco. En la misma orden de aprehensión se incluyen a seis policías más, además de a El Tequilero.
Tres narcomensajes en 2014 anunciaron la aparición del “comando suicida tequileros”, peleando por San Miguel Totolapan y sus fronteras con Arcelia.
Bajo el lema de que San Miguel Totolapan debería de ser para los de San Miguel Totolapan y no para los de Arcelia, El Tequilero asumió el control de la mayor parte del municipio, sobre todo de las partes baja y rural.
“Esto le va a pasar a todos los que le pasen información al Pescado (Johnny Hurtado Olascoaga). Atentamente El Tequilero”, decía el mensaje sobre el cuerpo de la ex regidora panista del municipio de San Miguel Totolapan, María Félix Jaimes Álvarez, quien apareció ejecutada en junio del 2014.
En la sierra se conformaron desde 2015 autodefensas en Los Encinos, Linda Vista y Petlacala. La intención era parar a grupos criminales que subían y atacaban pueblos completos. Entre ellos incluyeron al grupo de El Tequilero como lo hicieron desde el 12 de diciembre vecinos de San Miguel Totolapan.
El Tequilero ya no entraba a la sierra debido a la organización de los pueblos y la entrada de otros grupos, tanto de la costa como del lado de Arcelia y de Apaxtla.
Ante la disminución del territorio, El Tequilero comenzó a secuestrar masivamente a vecinos de Tierra Caliente.
En el último año la Fiscalía de Guerrero le atribuyó más de 40 secuestros, por los cuales cobró rescates y a algunas de sus víctimas las ejecutó.

Los desplazados por la violencia desconocen que una ley obliga al gobierno a velar por ellos: Ccti

 

Por desconocimiento de sus derechos las comunidades desplazadas por la violencia no reclaman vivienda y salud al gobierno federal y estatal hasta que existan garantías de regresar a sus localidades, denunció el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Sánchez Taboada sobre los desplazamientos de comunidades en la zona Norte y Tierra Caliente del estado.
Sobre los casos de comunidades desoladas por la violencia del narcotráfico en Teloloapan y Apaxtla, defensor dijo que a partir de la experiencia con los desplazados de La Laguna, sisrra de Coyuca de Catalán y de Chilapa, “sí sabemos que es un problema muy fuerte en el estado, un fenómeno social de desplazamiento que viene de años atrás”.
Recordó que los primeros casos visibles fueron en la sierra de Petatlán, provocados por el ganadero Rogaciano Alba quien fue detenido por delincuencia organizada hasta febrero de 2010. “Hubo un desplazamiento hormiga, integrantes de una familia, luego de familias completas hasta desplazar comunidades”.
Añadió que en el periodo del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, antes de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa que llevaron a su separación del cargo, se creó una ley para atender este conflicto, dicha ley no ha funcionado, denunció.
Señaló que el Estado oculta a los desplazados para no atenderlos, porque las instituciones no están preparadas para atenderlos, sólo se refieren al crimen organizado como la causa de este conflicto “para dejar a la gente a su suerte”.
Opinó que las víctimas no están pensando que el gobierno federal o estatal es responsable de atenderlos, de mantener seguridad y las condiciones para que la gente pueda dedicarse a sus actividades cotidianas en paz y armonía. “La gente está tan preocupada por mantenerse a salvo, su vida su integridad, dejan de ver que los responsables de que deban irse de sus tierras, es también el gobierno que no da seguridad”. Señaló que esto no sucede con las comunidades organizadas que tienen alguna forma de resistir y hay reclamado de sus derechos. Dijo que la población sólo pide seguridad para volver a sus pueblos, “pero se están quedando cortos”.
Señaló que la Ley de Desplazamiento Interno obliga al gobierno a darle condiciones a la gente que se vio obligada a huir de sus domicilios durante los primeros tres meses de que han sido desplazadas, y en ese tiempo generar las condiciones para reinsertar a los desplazados en sus comunidades.
Señaló que en el caso de La Laguna siguen viviendo la inseguridad, esta semana uno de sus vecinos fue asesinado. “La mayor parte de los desplazados ni saben que existe la ley y sobresalen más las amargas experiencias de quienes salen a pedir refugio, porque las autoridades dejan de pagar un hotel donde inicialmente los hospedan y les dicen luego de un tiempo que ya pasó el peligro.

Intercambia la autodefensa de Totolapan a la mamá de El Tequilero por el ingeniero secuestrado

El ingeniero secuestrado, Isauro de Paz Duque fue liberado la noche de este miércoles tras las negociaciones de las autodefensas con el grupo criminal Los Tequileros, a quien intercambiaron por la madre de Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, pero se quedaron con el resto de los retenidos y piden la presencia del gobernador Héctor Astudillo para entregárselos.
Cerca de las 7 de la noche se anunció el intercambio y la posibilidad de una liberación. Fue en ese momento cuando llegó caminando solo el ingeniero Isauro, a quien dejaron libre cerca de la entrada de la cabecera municipal.
Minutos después llegaron policías ministeriales a pedir la liberación de los 18 retenidos considerando que había un acuerdo de entregar ante las autoridades al grupo y hacer el intercambio, pero la autodefensa sólo liberó a la madre de El Tequilero.
Los ministeriales se la llevaron al poblado La Gavia, pero a pesar de una fuerte discusión no les dieron a los retenidos.
Pidieron la presencia del gobernador para poderlos liberar, con el argumento de que si les entregaban al resto serían liberados inmediatamente, y ellos piden que sean investigados y procesados por sus nexos con la delincuencia organizada.
El personal del gobierno del estado que acudió este miércoles a negociar con el grupo de autodefensa, sólo mantenía la negociación pero para garantizar que los retenidos no fueran maltratados o lastimados, y para pedir su liberación, pero la negociación de la liberación del ingeniero con El Tequilero fue de la familia y del grupo de autodefensa, desde una casa vía telefónica.
El temor también era que una vez que no tuvieran a nadie retenido se viniera un ataque de noche del grupo criminal contra la autodefensa que se encuentra en la comandancia policiaca. Nuevamente rechazó desde muy temprano liberar a los retenidos y dejar las armas, pese a que policías del estado nuevamente se los solicitaron.
Llega sano y salvo el ingeniero

El grupo negociador encabezado por el vicefiscal Alejandro Santos González llegó a la comandancia dondeo los esperaba el ingeniero con su esposa la señora Yadira Guillermo García, quien pidió la palabra. Sacaron a la señora Félix Dealmonte, madre de El Tequilero para entregarla.
La señora Yadira expuso: “sólo le quiero decir al señor gobernador que voy a cumplir mi palabra, soy una mujer de palabra, mi esposo está conmigo a cambio de la mamá del señor Tequilero, le quiero dar las gracias por la intervención que tuvo, mi esposo está sano y salvo”.
Continuó, “muchas gracias, el pueblo está herido, sólo vamos a entregar a la señora, yo quiero entregarle unas palabras al señor gobernador, que hasta el día que él venga a San Miguel le vamos a entregar a los demás. El pueblo ya está unido y no vamos a dar marcha atrás”.
Un representante del gobierno estatal dijo, “hay una circunstancia, las acciones iniciales y los ilícitos que ellos pudieron haber cometido hay que ponerlo en manos de la Fiscalía, desde el primer momento en que platicamos les pedimos que lo pongan a disposición. Es mi deber pedirles que hagan entrega de ellos para proceder”.
La respuesta de la esposa fue: “lo que puedo decirles es que les entrego sana y salva a la mamá del Tequilero”.
Entre los que iban del gobierno estatal empezaron a platicar y a decir, “que eso no fue lo que acordamos”.
En ese momento un señor de la tercera edad pidió la palabra, dijo, “tengo a mi hijo secuestrado desde el 28 de octubre y no sé nada de él”. El hombre acababa de decir su primera frase cuando el grupo del gobierno estatal le dio la espalda y se retiró.
La acción provocó gritos entre la gente, “pongan atención”, y como no regresaron gritaron: “queremos paz, queremos paz”. Los negociadores del gobierno estatal se retiraron en medio de los gritos.

Llegan policías pero se mantienen sin intervenir

Casi a las 10 de la mañana llegó un convoy de 10 patrullas de la Policía Ministerial, se estacionó en la gasolinera que está abandonada en la entrada de San Miguel Totolapan, bajo una sombra permanecieron el resto del día sin alguna acción.
El Ejército estableció una base de manera formal dentro de San Miguel Totolapan, en el centro, pero a cinco cuadras de distancia de la comandancia donde se encuentra la autodefensa.
En la mañana el grupo de autodefensa grabó un video de la señora donde envía un mensaje a su hijo El Tequilero, pidiendo la liberación del ingeniero Isauro.
“Hijo si es cierto que tu tienes al ingeniero, si de verdad tu lo tienes, te pido que lo liberes que lo entregues porque yo sé que lo vas a hacer”, dijo la señora en un mensaje muy corto, donde incluso le preguntan si la han maltratado pero ya no quiso responder.

Llegaron policías comunitarios de la sierra a sumarse

Policías comunitarios de la sierra de San Miguel Totolapan del poblado de Petlacala llegaron por la tarde de este miércoles a la cabecera municipal para sumarse al movimiento de autodefensa y reforzar el grupo.
Son más de 20 policías comunitarios que bajaron del pueblo de Petlacala, anunciaron que en la sierra harán un bloque para impedir que El Tequilero intente huir por esa ruta.
Además dijeron que reforzarán las acciones en la cabecera municipal y que para este jueves y viernes esperan otros dos grupos que vienen de El Encino Amarillo y Linda Vista, para sumarse al grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan.
Desde principios del año se conformaron grupos comunitarios en la sierra de San Miguel Totolapan, que operan desde la parte media hasta la alta, en donde estiman que son más de 300 que integran el grupo.
Debido a que el movimiento anunció que mantendrán a los retenidos en la cabecera municipal se espera que siga la vigilancia.

No se negoció con nadie, sólo se ejerció la fuerza del Estado, dice Astudillo Flores

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que las autoridades fueron intermediarias en la liberación del ingeniero secuestrado de San Miguel Totolapan, Isauro de Paz Duque pero “no se negoció con nadie, sólo se ejerció la fuerza del Estado”.
Puntualizó que se debe de esperar a que las “cosas se destensen, ya dimos un paso importante que podríamos decir era un punto central, hay otras personas que merecen atención de ambas partes”.
En una entrevista en Milenio Televisión, el gobernador dijo que el gobierno del estado encabezó una operación conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal y la Policía Estatal.
“A raíz de la presión que se ejerció, yo calculo que llegaron a tener alrededor de 350 elementos, entiendo que se liberó primero al ingeniero y después liberaron a la señora”, agregó.
La conductora del noticiario, Azucena Uresti le preguntó de la custodia de la madre de El Tequilero, ya que se tenía la información de que fue entregada directamente a Policía del Estado.
“Entiendo que ella se dirigió hacia algún lugar que no es San Miguel Totolapan, salió del pueblo hacia otro lugar”, contestó.
Ante la respuesta la conductora insistió sobre quien recibió a la madre de El Tequilero, el gobernador dijo que posiblemente estuvo con un grupo de policías del estado.
Reiteró que es importante destensar el “asunto”, aunque después reconoció que no se ha solucionado del todo por lo que primero se debe de liberar a las personas retenidas antes de que él visite San Miguel Totolapan. “Yo creo que se avanzó y los que están allá en el pueblo deben serenarse, y buscar la manera de que quienes quieren secuestrar o violentar los derechos de otros podamos actuar”, agregó.
De los 19 detenidos dijo que no se tiene una investigación que confirme que tienen vínculos con el crimen organizado, por lo que la Fiscalía General del Estado tendría que investigar.
“Nosotros ejercimos presión a efecto de que se entendiera que había un problema y que se tenía que resolver, entiendo que las partes lo vieron y liberaron al ingeniero, sin pagar rescate de por medio”, señaló.
De las garantías de que no habrá represalias señaló que se debe de entender que hay una crisis, que está siendo atendida.
“Yo creo que es importante que se digan las cosas con objetividad, entiendo que se dicen cosas por supuesto hay policía del estado, no los liberaron por cosa graciosa”, agregó.
Subrayó que se intervino con la fuerza del Estado y hará todo lo necesario para que haya garantías de seguridad para los pobladores, porque primero se debe de avanzar en dar seguridad y cuando las condiciones lo permitan él acudirá.
En una segunda entrevista en Televisa, el gobernador fue cuestionado por la reportera Denisse Maerker sobre si el hecho de negociar con la banda de El Tequilero significaba debilidad de su gobierno, a lo que insistió en que no negoció nada con el grupo criminal, sino que se trató de la aplicación de la fuerza del Estado.
El gobernador dijo que está convencido de que las personas que aún se mantienen retenidas serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Aún hay 19 retenidos por la autodefensa, informa el vocero

Tras la liberación del ingeniero Isauro de Paz Duque quien fue secuestrado el domingo por el grupo criminal que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, fue entregada a personal de la secretaría de Seguridad Pública María Félix de Almonte Salgado.
En un comunicado de cinco párrafos se informó de la liberación y que permanecen retenidas por pobladores de la comunidad 19 personas, que en las próximas horas se determinará su libertad ya que serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes.
El boletín describe que luego de la liberación del ingeniero, el grupo de ciudadanos de San Miguel Totolapan entregaron a policías de la Secretaría de Seguridad Pública a la madre del líder de la banda de secuestradores.
Ante los hechos registrados en la comunidad se informó que permanecerán soldados del Ejército, policías federales, estatales y ministeriales para garantizar la seguridad en la cabecera municipal.
En el comunicado de prensa se menciona que se trasladaron a San Miguel Totolapan funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General el Estado y de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, “para atender la problemática de seguridad en ese municipio”.
A las 8 de la noche en su cuenta oficial de Twitter el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que “es satisfactorio dar a conocer que el ingeniero Isauro de la Paz Duque, quien estaba secuestrado, ya se encuentra con su familia”. Seguido por otro tweet en el que informaba que también fueron liberadas las personas retenidas en San Miguel Totolaopan, con la intervención de la Fiscalía.

 

La impunidad que permitió el gobierno empoderó a El Tequilero, reprochan vecinos de Totolapan

La historia criminal de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, vecino de San Antonio de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, comenzó hace unos 10 años en este municipio de la Tierra Caliente, sin embargo la impunidad que según vecinos le ha dispensado el gobierno lo empoderó y lo llevó a cometer cada vez actos de mayor osadía a partir de hace unos tres años.
Un trabajador del Colegio de Bachilleres recuerda que una mañana del mes de mayo de hace tres años llegó un grupo de personas armadas a esa escuela y pidió hablar con el director, quien los recibió sin saber para qué lo buscaban.
“¿Usted conoce a estos?”, le preguntó uno de los desconocidos al profesor quien les recibió un papel con una lista de nombres. Contestó, sin saber para qué era la consulta que sí, dos eran maestros y tres administrativos. Entonces le pidieron al director que los fuera llamando por separado.
A todos ellos les dijeron que iban de parte “del Jefe” a quien en adelante tenían que mandarle la mitad de su salario. Tres años después los dos maestros abandonaron la escuela antes que pagar la cuota, dos administrativos desaparecieron misteriosamente y un tercero el lunes pasado se sumó al grupo de autodefensa que se propone enfrentar al líder del grupo criminal conocido como Los Tequileros.
“Ya no era posible seguir soportando más, este hombre nos va a acabar”, se quejó el trabajador administrativo de Bachilleres quien el mediodía de ayer portaba una escopeta y el rostro cubierto.
Agregó que esa lista de cinco nombres, actualmente se ha ampliado a unos 200 de gente de la cabecera municipal, “casi la mitad de los habitantes que quedan en este pueblo”, dijo el trabajador, quien agregó que entre esa lista estaba el ingeniero Isauro de la Paz Duque, secuestrado la tarde del domingo pasado por Los Tequileros y que fue la causa de que el lunes se armaran e integraran un grupo de autodefensa, para protegerse del grupo criminal.
Una hermana de la Paz Duque contó que efectivamente a su hermano primero quisieron extorsionarlo con la amenaza de que sería levantado, lo que finalmente ocurrió.
Dijo que por eso, “toda la gente que ve usted que está aquí, está con miedo”, expresó en referencia a los hombres y mujeres armados y encapuchados que rodeaban el mediodía de ayer la casa del ingeniero secuestrado que fue liberado la tarde de ayer.
Agregó que a pesar de eso están en el movimiento porque ya quieren quitarse ese yugo que El Tequilero ha mantenido sobre los habitantes de este pueblo.
“En las redes sociales se ha publicado la lista de las víctimas de ese señor y es inmensa, no solamente de este pueblo, de los otros vecinos de por aquí “, dijo la mujer quien celebró que “la gente haya respondido ahora sí al llamado para organizarse y frenar los abusos y humillaciones de El Tequilero”, porque dijo que el movimiento que comenzó el lunes tras el secuestro de su hermano, no es particular ni de una familia o de un grupo, “es una lucha de todo el pueblo.
“Usted lo va a ver, hoy vienen unas personas, mañana otras y así sucesivamente, porque la problemática es general, no es particular ni algo que se haya presentado de la noche a la mañana, lleva ya muchos años gestándose, desde que comenzó esta situación de violencia”, contó la mujer.
La gente de este pueblo recuerda que El Tequilero comenzó a delinquir en la cabecera municipal y en los pueblos vecinos desde hace 8 o 10 años, cuando comenzaron a hacer las denuncias de los ilícitos, pero que desde entonces el gobierno lo ha protegido, “porque sabe dónde se mueve, dónde está pero lo protege”, acusó Juana Castro, otra de las mujeres que participan en el movimiento civil armado.
“Vamos a ver cómo actúa (el gobierno) ahora, esperamos que esto (el movimiento armado) sea el agua que se derrame del vaso y que realmente se pongan a trabajar, porque no les exigimos que hagan más de lo que sabemos es su trabajo, que es darle seguridad y paz a un pueblo, como habitantes pagamos impuestos y es lo mínimo que podemos recibir”, reprochó.
Otro vecino de este pueblo, quien como muchos se cubre el rostro y evitar dar su nombre, recordó que hace 20 días el fiscal Xavier Olea Peláez aseguró en San Jerónimo el Grande, un pueblo cerca de aquí, que llevaba instrucciones del gobernador Héctor Astudillo “de darle pa’bajo” a El Tequilero, pero añadió que después el funcionario se arrepintió y que todavía están en espera no de que le den pa’bajo, pero sí que lo detengan para que se termine la cadena de crímenes que ha cometido.

Aún no hay resultados ni seguridad a dos años de la llegada de la PF a Tierra Caliente

 

Este lunes la Policía Federal (PF) cumplió dos años de hacerse cargo total de la seguridad en la región de Tierra Caliente, sin cumplir las metas a corto plazo y con severas muestras de abandono en la mayoría de los municipios.
Desde el 5 de diciembre del 2014, el gobierno federal anunció el desarme total de todas las policías municipales en los nueve Ayuntamientos que conforman Tierra Caliente, tras descubrirse que en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa participaron policías municipales de Iguala que estaban coludidos con delincuentes del grupo criminal de Guerreros Unidos. Además algunos municipios del estado de México y Michoacán también fueron desarmados.
La medida se planteó en un comunicado en el que decía que pondrían bajo investigación a todas las corporaciones municipales de la región, considerando que podrían estar infiltradas (por la delincuencia organizada), a cambio la PF y la Gendarmería se encargarían de la seguridad en estos municipios.
La PF instaló su base de operaciones en cada municipio con apoyo del Ejército. Contrató de uno a dos hoteles en cada localidad, tres tienen albercas y algunos son los que brindan las mayores comodidades en esos municipios.
El primer objetivo del operativo era brindar seguridad en los municipios porque “las policías locales no podían dar considerando que estaban infiltradas”, se anunció en 2014.
Durante el primer año del operativo hubo homicidios muy sonados como el asesinato de un juez en Altamirano a 50 metros de la puerta del 34 Batallón y plena luz del día. El homicidio de un sacerdote de Altamirano. Además se dio el incremento de los secuestros en San Miguel Totolapan y Ajuchitlán.
El operativo quedó en evidencia cuando en noviembre del 2015, el entonces alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte denunció el estado de inseguridad y de extorsiones que se vivía incluso con la presencia de la PF.
El 5 de diciembre del 2015 la Gendarmería arribó por primera vez a Tierra Caliente con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Renato Sales Heredia, para relanzar el operativo Tierra Caliente que ya tenía un año funcionando pero que aceptaron que tenía severas deficiencias.
El los ajustes del operativo incluía la presencia de más de 500 agentes de la Gendarmería y su primer objetivo era brindar seguridad al alcalde Ambrosio Soto quien había denunciado amenazas de la delincuencia organizada y quien fue asesinado el 23 de julio de este año.
Previamente, a una cuadra del hotel donde se hospedaba la Gendarmería secuestraron al esposo de la síndica de Pungarabato, Rosalba Rendón Andrade.
En marzo la PF y la Gendarmería retiró el 90 por ciento de sus agentes.
Los policías federales y gendermes retornaron a Tierra Caliente cuatro meses después luego del homicidio del alcalde de Pungarabato, regresaron con otro fuerte número de agentes quienes duraron un mes y medio y se volvieron a retirar.
En el segundo año del operativo hubo más de 50 secuestros y al menos en cuatro casos fueron masivos, entre Arcelia, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso.
La PF regresó con sólo 80 agentes a Tierra Caliente y se instalaron recientemente entre los municipios de Arcelia, Pungarabato y Coyuca de Catalán.
En noviembre la PF envió documentos a los Ayuntamientos de Pungarabato, Coyuca y Tlapehuala anunciando que terminaba con el operativo de la seguridad en Tierra Caliente, pero que seguiría colaborando dando seguridad pero bajo otras estrategias.
Esto incrementó la solicitud de Ayuntamientos como Arcelia, Tlapehuala y Coyuca de Catalán de que les regresen las armas para volver a restablecer las corporaciones municipales pero siguen sin resolverles.

 

Chilpancingo, Chilapa y Tixtla requieren mayor atención, dice el nuevo jefe de la 35 Zona Militar

El problema de inseguridad en la región Tierra Caliente es por la pugna entre dos grupos que se secuestran familiares unos a otros, dijo el general José Francisco Terán Valle después de rendir protesta como comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.
El general brigadier diplomado del Estado Mayor, José Francisco Terán asumió ayer de manera formal como comandante la 35 Zona Militar, le tomó protesta el jefe de la Novena Región Militar, el general Germán Javier Jiménez Mendoza.
Al término del acto protocolario se le preguntó cuáles son las prioridades que tiene, a lo que respondió que trabaja con los grupos de coordinación y seguridad para mantener la vigilancia en las diferentes zonas conflictivas.
Se refirió a Chilpancingo, Chilapa y Tixtla como las zonas que requieren mayor atención por el repunte de violencia de las últimas semanas que ha dejado decenas de asesinatos.
Recordó que la cobertura de la 35 Zona Militar abarca la Tierra Caliente, dy dijo que “la problemática ahí se debe a dos grupos en pugna prácticamente, que se secuestran familiares unos a otros”.
Dijo que a partir de los secuestros “seguramente hay reconocimientos intensos, se libera pero es muy característico de ahí, de esos dos grupos en pugna”.
–¿El secuestro colectivo?–, preguntó un reportero, “pues así es, es un modus vivendi de grupos que bajan de la sierra”, expuso pero no habló más del tema.
De la región Centro en Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, en los que hubo un repunte de la violencia, dijo que se debe a una pugna entre dos grupos criminales, principalmente en la zona Norte del último municipio, que se disputan el control del territorio en referencia a Los Rojos y Los Ardillos, que tienen su bastión en el municipio vecino de Quechultenango en la comunidad de Tlanicuilulco.
En el caso de Chilpancingo dijo que no existe el problema de la disputa del territorio “aquí estamos viendo trabajos conjuntos para mejorar la seguridad”, y agregó que tendrán una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero.
Dijo que su misión es seguir coordinando “intensamente” a las autoridades federales estatales y municipales, no sólo en seguridad sino en labor social, de participación en la educación y en actos cívicos, además de obras sociales.
De las policías ciudadanas de diferentes municipios y las que se disputan el control de territorios: el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), dijo que el gobierno del estado es el que se encarga de las pláticas y que la intervención del Ejército es únicamente evitar enfrentamientos en el área.
Cuando se le preguntó de la presunta participación del Ejército en los ataques contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, donde estaba en septiembre de 2014, dijo que no podía dar declaraciones de ese tema.
A la ceremonia militar de toma de posesión y protesta de bandera, que se realizó minutos después de las 9 de la mañana de ayer en una explanada de la zona militar, fueron el rector de la Universidad Autónoma de Guerreo (UAG) Javier Saldaña Almazán y el alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena.

Llegan 80 soldados a Tierra Caliente; van a Ajuchitlán tras el secuestro masivo

Cerca de 80 soldados de la Policía Militar llegaron este lunes a Tierra Caliente para incorporarse al municipio de Ajuchitlán del Progreso, y reforzar la seguridad tras la petición del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ayer al mediodía se pudo ver un convoy militar que llegó a Ciudad Altamirano y dos horas los soldados hicieron compras.
Llegaron en aproximadamente 20 unidades, se estima que se establezcan en Ajuchitlán del Progreso para hacer recorridos en las zonas de conflicto, sobre todo en las colindancias con San Miguel Totolapan.
Se espera también que este grupo ingrese a la comunidad San Jerónimo el Grande, donde secuestraron a 10 personas el jueves 17 de noviembre, y que siguen sin aparecer siete de ellos, raptados por el grupo criminal Los Tequileros.
La Policía Militar estuvo en Altamirano dos horas recorriendo los centros comerciales para comprar insumos personales, los soldados también fueron a los bancos y después se retiraron a Ajuchitlán sobre la carretera de Coyuca de Catalán. San Jerónimo se ubica del otro lado del río, por el lado de Tlapehuala.
Este grupo viene a reforzar la seguridad en el municipio de Ajuchitlán del Progreso donde ya opera la Policía del Estado con un grupo en San San Jerónimo el Grande, y la Policía Federal comenzó a incrementar sus rondines en las zonas rurales en las cercanías de esa comunidad.
El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que aunado a los trabajos de seguridad de la Policía del Estado, la Policía Federal y ahora el Ejército también hay un grupo de investigación antisecuestros apoyado por efectivos de la Procuraduría de Michoacán, para localizar a los siete secuestrados.
Esta operación de búsqueda se da después de que los vecinos de este poblado se levantaron en armas para organizar una autodefensa, que se mantiene de manera discreta vigilando desde algunos cerros y cerca del poblado, pero no dentro donde hay policías estatales.

Libera el Ayuntamiento, las tiendas y 200 camiones la Tecampanera en Teloloapan; les ofrecen una reunión

En su tercer día de protestas para pedir mayor seguridad para el municipio integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera mantuvieron hasta la tarde de ayer la toma del Ayuntamiento y el cierre de tiendas de autoservicio, y por segundo día mantuvieron retenidos unos 200 camiones y tráileres de productos que iban hacia la región Tierra Caliente.
A las 4:30 de la tarde luego de pactar una mesa de trabajo a las 10 de la mañana de hoy viernes con el secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame, los comunitarios liberaron el Palacio Municipal y las tiendas de autoservicio que mantenían tomadas desde el martes, y permitieron el paso a más de 200 camiones y tráileres de empresas, de carga y de servicios que retuvieron desde el miércoles a orilla de la carretera federal que iban hacia la región Tierra Caliente.
En declaraciones por teléfono cerca del mediodía de ayer, uno de los coordinadores de la Comunitaria Tecampanera advirtió que no dejarán las armas ni su movimiento como lo ha sugerido el gobernador Héctor Astudillo Flores.
La mañana del martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento, tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales, también cerraron los juzgados y el Ministerio Público, y el miércoles ante la falta de respuesta de las autoridades a su petición de una mesa de trabajo retuvieron por más de 24 horas camiones y tráileres que pasaron por el municipio y que iban para la región Tierra Caliente.
Ayer cerca de las 4:30 de la tarde, tras acordar una mesa de trabajo en la que el alcalde Robell Urióstegui Patiño ha servido como mediador, los comunitarios cesaron su protesta para que se dé la mesa de trabajo que fue una condicionante, según informó un comunitario.
En declaraciones por teléfono uno de los coordinadores del movimiento de autodefensa de Teloloapan, advirtió que no dejarán las armas ni su movimiento, “eso no puede ser porque imagina que dejemos las armas ¿qué pasaría?… el gobernador está haciendo declaraciones muy a la ligera porque él es el primer responsable de todo esto de la seguridad, tiene que brindarle seguridad a todo Guerrero, imagínate, en tres días veintitantos muertos en el estado, no nada más en Teloloapan, y eso es porque no hay seguridad en Guerrero”.
“Al contrario, se está fortaleciendo más porque cada día se suma más gente, cada día el pueblo está brindando más apoyo a los comunitarios”, agregó respecto del movimiento.
A esa hora dijo que levantarían sus protestas en el momento en que el gobierno del estado y el federal envíen más seguridad “para hacer lo que les corresponde”.
Dijo que la demanda principal es seguridad, sin dejar otras peticiones como la de detener a los líderes de la organización criminal La Familia Michoacana, y abrir una investigación al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán por posibles nexos con este grupo.
Del señalamiento de supuestos miembros de la organización La Familia Michoacana, quienes en videos difundidos en redes sociales los señalan de apoyar y ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos, respondió “es totalmente falso, tú viste cuando marchamos, tienes las fotos, estuvo lleno de mujeres, niños y varios ciudadanos, no podrían ser todos Guerreros Unidos… en la comunitaria esta toda la sociedad, maestros, comerciantes, transportistas”.
Consideró que los videos difundidos son para “confundir” a la población y a la autoridad.

Retiene la Tecampanera unos cien camiones de productos para Tierra Caliente y mantiene paralizado Teloloapan

 

En su segundo día de protestas para exigir mayor seguridad en el municipio, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan retuvieron camiones y tráileres de empresas nacionales y trasnacionales en los retenes de vigilancia en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, que hasta la noche de ayer seguían varados.
Ayer también mantenían tomado el Palacio Municipal como parte de su plan de acción para exigir a los gobiernos estatal y federal mayor seguridad para el municipio y la presencia de la Policía Federal, lo que fue parte de los acuerdos tras el bloqueo de la carretera más de 30 horas de los días 10 y 11 de este mes.
Ayer en la tarde en declaraciones vía telefónica el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que además estaban cerradas las sucursales bancarias, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
Cerca de las 8 de la mañana de ayer fuentes de la comunitaria Tecampanera informaron que en el segundo día de protestas estaban reteniendo todo tipo de camiones de carga de mercancía y servicios de empresas nacionales y trasnacionales. Pararon camiones de Coca-Cola, Bimbo, Coppel, repartidores de gas, cerveceras y de otras empresas que llevaban mercancía a la región Tierra Caliente y que venían a la zona Norte.
A la una de la tarde de ayer informaron que había unos 100 camiones y tráileres retenidos en los retenes que instalaron en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia. Los camiones y tráileres fueron estacionados en la orilla de la carretera, sin que se bloqueara la circulación vehicular.
El martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento y tiendas de autoservicio para demandar mayor seguridad y la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia a los tres herreros asesinados y se aplique la ley en contra de miembros de la delincuencia que se adjudicaron el crimen, y que se capture a los principales líderes del grupo criminal La Familia Michoacana. Además que se abra una carpeta de investigación en contra del alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de tener vínculos con esta organización delictiva.
En la tarde en declaraciones por teléfono, el alcalde Robell Urióstegui confirmó la retención de camiones de carga y dio a conocer que hasta la tarde de ayer seguía cerrado el Ayuntamiento, los juzgados de primera instancia, de paz, el Ministerio Múblico, y no han permitido que las tiendas de autoservicio abran y tampoco en los bancos había servicio.
Declaró que la tarde del martes se reunió con una comisión de comunitarios para escuchar sus peticiones. Dijo que le pidieron que sea intermediario para programar una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame. Dio a conocer que ya había platicado con el secretario y estaba en espera de que le dijeran la hora para que pudiera recibir una comisión, que podría ser ayer en la noche.
Del anuncio del gobernador tras una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero de reforzar la seguridad en este municipio, Urióstegui Patiño dijo que no le han dado una fecha para eso.
Mencionó que hay un planteamiento a los comunitarios que para que lleguen fuerzas federales, “ellos se tienen que hacer a un lado y dejar de seguir al frente de su movimiento”.
A pregunta de que si está despachando en Teloloapan dijo que no se lo han permitido. Dio a conocer que tenía una oficina alterna en la que atendía a la población pero que también fue cerrada, por eso definió parar las actividades y confió en que hoy se reinicien labores.
El martes los comunitarios habían advertido que en caso de que no fueran atendidas sus demandas también podrían tomar la hidroeléctrica El Caracol y las mineras asentadas en la zona.