Los diputados pueden debatir al menos si se legaliza o no la amapola, dice Huicochea

 

El presidente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, dijo que aunque no es facultad del Congreso local la aprobación del cultivo de la amapola con uso medicinal, sí se pueden realizar foros y una iniciativa de ley que se envíe al Congreso de Diputados.
Consultado vía telefónica respecto a la respuesta que dio el diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, de que no es facultad del Congreso Local regular el cultivo de la amapola, al llamado que hizo de hacer foros de análisis para elaborar una iniciativa de ley, Huicochea Vázquez dijo que el diputado tiene razón, que es facultad del Congreso de la Unión.
Sin embargo, insistió que se pueden hacer foros, “buscar una ruta que ayude a desviar o aminorar el tema de la violencia, a controlar esos sucesos, eso es lo importante, además la regulación tiene que ver con el uso medicinal”.
Las iniciativas pueden ser elevadas al Congreso de la Unión a través de los diputados federales o del Congreso local, agregó.
Expuso que no ha hablado con los diputados del PRI acerca de cómo dar seguimiento a la iniciativa para regular el cultivo de la amapola con uso medicinal, de la que en un primer momento habló el gobernador Héctor Astudillo y que recientemente retomó el alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena que la ve como una salida a la grave crisis de violencia que sufre la capital del estado.
En el próximo Consejo Político se instalará una Comisión Temática y de Dictamen en la cual se hablará del tema y “por consenso político vamos a sugerirle a la Cámara de Diputados federal o local darle seguimiento a este y otro tipo de iniciativas”, adelantó Huicochea. Se revisará además la agenda legislativa de los diputados del PRI.
Enfatizó que el tema es plural, que todos, incluidos los diputados de los diferentes partidos, deben de poner sobre la mesa y trabajar en ello. Añadió que el que sea facultad del Congreso federal no impide que se elabore la iniciativa, se hagan foros y debates en lo local.
Sostuvo que los diputados del PRI “pueden ellos no tomarlo como una prioridad en este momento porque no corresponde a sus atribuciones, pueden cooperar y avanzar, no es una facultad local el hecho de poder regular”.

Tras la legalización de la mariguana con fines medicinales toca insistir en la amapola: Mejía Berdeja

 

El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja consideró como un paso importante que el pleno de la Cámara de Diputados haya aprobado la minuta de reforma a la Ley General de Salud del Código Penal Federal, que permite el uso medicinal y científico de la mariguana, pero que ahora se debe hacer lo propio en Guerrero para el caso de la amapola.
En declaraciones telefónicas, Mejía Berdeja indicó que es importante el paso que se ha dado, pero no suficiente, porque con ello se está reconociendo la realidad, pero hay lugares, como varios estados de Estados Unidos, donde han llegado aún lejos, “como en el caso de California, donde se permite el uso recreativo de la mariguana”.
La Cámara de Diputados federal aprobó el uso medicinal y científico de la mariguana, pero los legisladores se negaron a aprobar la liberación de su consumo, como lo demandan distintos sectores sociales. Señaló el diputado local de MC que aquí se tiene que luchar contra una serie de prejuicios e inercias, y “este paso se ha dado es un paso relevante”.
Considera que ahora se debe hace lo propio para el caso de la amapola, sobre todo cuando la amapola tiene aún más usos de carácter medicinal que están plenamente acreditados en medicamentos para dolores intensos.
Insistió en que la “amapola, más que la mariguana tiene fines de carácter medicinal y, evidentemente, nosotros vamos a seguir insistiendo en el tema y este es el primer paso”.
De si espera que el Congreso local avance en la ley que ellos propusieron para el caso de la amapola, y que está congelada, Mejía Berdeja opinó que debe proceder, pues desde marzo de 2016 formalizaron mediante una iniciativa la propuesta de legalización de la amapola con fines medicinales, y si bien el Congreso local no tiene facultades de reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, si puede, conforme al artículo 51 fracción tercera de la Constitución de la República, presentar una iniciativa al Congreso de la Unión, que es en lo que han estado insistiendo”.
Dijo que así como para la mariguana fueron organismos de la sociedad civil y activistas quienes estuvieron insistiendo y que finalmente lograron sensibilizar la Congreso de la Unión, “en el caso de la amapola fuéramos los guerrerenses, las instituciones, el Congreso local quienes lográramos sensibilizar al Congreso de la Unión de que se tiene que avanzar también en la despenalizaron y legalización de la amapola con fines medicinales, donde el propio gobernador y diversos sectores sociales han reconoció que parte de la violencia tan intensa que vive el estado tiene que ver con la disputa por el trasiego de la amapola”.
Mejía Berdeja señaló que, si se sabe lo que hace daño, entonces se debe actuar para resolverlo, sobre todo, cuando esto va a ayudar a mejorar la salud, porque hay un déficit de medicamentos contra el dolor para enfermedades como el cáncer, pero también eso ayudaría a resolver en gran parte un problema social y de violencia que vive Guerrero.
Finalmente dijo el diputado Ricardo Mejía que es el momento para Guerrero de insistir en la legalización de la amapola, “no debe haber más dilaciones, más pretextos para entrarle y que es con medidas concretas como se podría ayudar al tema de salud, pero también al tema de la violencia criminal que hoy azota a la entidad”.

Promesas sin cumplir, burlas y engaños provocaron la retención del alcalde de Tlacoachistlahuaca

Zacarías Cervantes

Juquila Yucucani, Tlacoachistlahuaca

(Segunda de tres partes)

Promesas incumplidas, engaños y burlas del presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, Juan Javier Carmona Villavicencio, del Partido del Trabajo, fueron la causa de que indígenas na savi de Juquila Yucucani, la mayoría mujeres, lo retuvieran el 27 de marzo en la comisaría municipal, y lo liberaron cuando firmó un acta en la que se compromete a entregar un millón y medio de pesos “para beneficio de la propia comunidad”. El texto fue escrito a mano y firmado por el alcalde.
En una entrevista este miércoles 5 de abril, ante la presencia de Principales (ex comisarios, que son autoridades tradicionales) del pueblo en la comisaría de la localidad, el comisario Juan Perfecto Aguilar y el líder Benito Zeferino Sánchez aclararon que el dinero lo utilizarían para construir un albergue comunitario, que también les servirá como comisaría municipal, obra que el alcalde se comprometió hacer en 2016 pero incumplió.
La versión de los representantes del pueblo se dio en medio de la polémica que provocaron las declaraciones de Carmona Villavicencio, en el sentido de que los habitantes de este pueblo lo retuvieron en la cárcel de la comisaría y lo liberaron cuando firmó un acta en la que se compromete a pagarles un millón y medio de pesos, como indemnización por los plantíos de amapola destruidos por el Ejército en días recientes.
Con la ayuda del traductor Miguel Ortiz Ortega, el reportero platicó con el comisario Juan Perfecto Aguilar y el líder de Juquila Yucucani, Benito Zeferino Sánchez, quienes acompañados por los Principales del pueblo narraron el origen del conflicto con el alcalde Carmona Villavicencio, quien después de su detención ha emprendido una campaña en contra de este pueblo al que acusa de exigirle un millón y medio de pesos como indemnización por la amapola destruida por los militares.
Zeferino Sánchez explicó de entrada que a diferencia de los anteriores alcaldes, quienes apoyaron con obras o con dinero en efectivo a esta comunidad, Carmona Villavicencio los engañó desde que anduvo en campaña.

Juquila Yucucani, era una colonia de Santa Cruz Yucucani

Por diferencias partidistas Juquila Yucucani se separó de Santa Cruz Yucucani de la que era una colonia a principios del año 2005. Entonces nombró a un comisario propio y sus habitantes comenzaron su gestoría de manera independiente para tener su propia infraestructura social.
Santa Cruz se encuentra en la parte alta de una loma y las casas de Juquila están asentadas en la parte baja, ambos caseríos están separados por una carretera de terracería que cruza a la mitad y por la que se puede llegar en dos horas en vehículo a Putla de Villa Guerrero, Oaxaca.
En el año de la independencia de Juquila de Santa Cruz, el presidente municipal panista Eloy Salmerón Díaz (quien gobernó el periodo 2005-2008) construyó en Juquila Yucucani las dos primeras aulas de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla. También les donó una camioneta de 3 toneladas y les construyó la cancha de básquetbol.
El siguiente alcalde, el priista Oswaldo Salmerón Guerrero (2009-2012) construyó el techado de la cancha, introdujo la red de agua potable y pavimentó 100 metros de la calle principal.
El también priista Amando Ramos Brito, quien sustituyó a Oswaldo Salmerón y que gobernó el 2012 al 2015, construyó las otras dos aulas de la escuela primaria y dio a la comunidad 50 mil pesos en efectivo para un terreno que ahora les sirve para usos múltiples.
Zeferino Sánchez contó que en cambio, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio, electo para el periodo 2015-2018, es el único que en año y medio que lleva como alcalde no les ha hecho ninguna obra, y que por el contrario los ha engañado y se ha burlado de ellos.
Dijo que los habitantes de Juquila Yucucani no le pidieron nada, y que fue el propio edil quien cuando andaba en campaña les prometió en una primera visita la construcción de la comisaría municipal, la iglesia y un comedor comunitario.
En una segunda visita se reunió con las mujeres de la localidad y se comprometió a comprarles un terreno para construir un centro de salud, les dijo que les donaría una ambulancia para el traslado de los enfermos a Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, o a Ometepec.
Incluso les anunció que “habrá tanta obra” que la gente de la comunidad que se fue de jornalera a los estados del norte del país, “va a regresar porque yo les daré empleos aquí en las obras”, mencionó Zeferino Sánchez.
Desde entonces a algunos habitantes del pueblo les pareció que las del alcalde eran mentiras y que se estaba burlando de ellos, pero le dieron el beneficio de la duda, sobre todo cuando en su discurso de toma de posesión en septiembre del 2015, Juan Javier Carmona dijo que iba a gobernar sin distinción de personas.
“A todos les voy a servir parejo”, dijo entonces el alcalde según los recuerdos del comisario Juan Perfecto quien estuvo en la ceremonia, cuando además, el recién ungido anunció especialmente al contingente que fue de Juquila que a partir del 15 de octubre de 2015 les enviaría a dos maestros pagados por el Ayuntamiento, como lo hizo el anterior alcalde.

Rompen “relaciones de amistad” con el presidente municipal

El 15 de marzo de 2016 acudió a la Presidencia Municipal una comisión para recordarle al alcalde sus compromisos con Juquila Yucucani, pero entonces el presidente municipal Carmona Villavicencio les respondió que él no podía construir la comisaría, porque los gobiernos federal y estatal no le autorizan recursos para ese tipo de obras.

Para los indígenas el albergue en el que planean que también tenga un espacio grande para su comisaría es la obra prioritaria de su pueblo, porque la actual, construida de bloc por ellos mismos, es insuficiente.
Por la respuesta negativa del alcalde desde ese 15 de marzo, los indígenas se desmoralizaron y rompieron “relaciones de amistad” con Carmona Villavicencio.
“Levantamos un acta que remitimos al gobernador Héctor Astudillo Flores para enterarlo de que el presidente municipal nos dijo que no construiría la comisaría”, contó Benito Zeferino.
El comisario Juan Perfecto Aguilar informó que ha acudido cuatro veces al Palacio de Gobierno en Chilpancingo para gestionar la construcción de la comisaría.
También mostró un oficio de fecha 14 de febrero de 2017 enviado al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez a quien le piden su intervención ante el gobernador Héctor Astudillo Flores, para que el gobierno del estado les construya el albergue comunitario de 30 por 15 metros dentro del cual se incluya la comisaría, “porque el presidente municipal no quiere hacernos obras para nuestra comunidad”, dice el escrito.
Como reacción de sus gestiones ante el gobierno estatal y ante la dirigencia estatal del PRI, el presidente municipal visitó Juquila Yucucani el 14 de marzo pasado y pidió platicar con los habitantes para planear las obras comprometidas, pero como los habitantes ya habían acordado suspender relaciones con él, el comisario le pidió que regresara después porque primero iba a consultarlo con la gente.
Convinieron entonces que Carmona Villavicencio regresara el 26 de marzo. Ese día la mayoría de los vecinos se reunieron en la comisaría para esperar al presidente municipal. Había un ambiente festivo, pero Carmona Villavicencio no llegó.
En su lugar el alcalde mandó a dos ingenieros del Ayuntamiento, quienes sin consultar a los habitantes ni al comisario se dispusieron a medir la actual comisaría municipal, y cuando el comisario Juan Perfecto les preguntó qué hacían, los empleados le contestaron que sacaban las medidas para “armar el proyecto” de la nueva comisaría y que la obra comenzaría el próximo año, “cuando salga el nuevo presupuesto”.
Una mujer se acercó a los ingenieros y les dijo: “no quedamos así, quedamos que el presidente iba a venir hoy, pero vienen ustedes y no quedamos en ese acuerdo”.
El comisario contó que ese día había reunidas como 70 mujeres, aparte los hombres, juntos pasaban de 100. Las más enojadas eran las mujeres y fueron las que sometieron a los dos ingenieros y a otra persona que los acompañaba y los metieron a la cárcel que se encuentra en una esquina de la comisaría.
Contó que a uno de los retenidos le permitieron salir para que fuera a la caseta telefónica que está en Santa Cruz Yucucani y llamara al presidente municipal, para que le dijera que necesitaban verlo a él para que les informara qué obra va a iniciar.
Cuando regresó el empleado les dijo que le contestó una hermana del presidente, y más tarde lo volvieron a mandar a hablar y al regresar esta vez les informó que le contestó un sobrino del presidente y que iría a darles una explicación.
Pero entonces la irritación de los pobladores aumentó, sobre todo entre las mujeres quienes, según Benito Zeferino, tomaron como una burla la información del ingeniero.
A las 2 de la tarde del mismo 26 de marzo llegó a Juquila un sobrino del presidente municipal, acompañado por el director de Seguridad Pública, Jesús Grandeño López, y el secretario general del Ayuntamiento, Arturo Mejía Cristóbal, resguardados por 14 policías municipales.
Las mujeres ya estaban exaltadas y reclamaron a los funcionario por qué no fue el presidente municipal, “en la campaña bien que vino a gritar hasta con aparato (altavoz) para hacer su promoción, ¿y ahora por qué en vez de él manda a su secretario y a su director de seguridad?”.
La gente agarró al secretario del Ayuntamiento y lo metió a la cárcel y sacaron a los dos ingenieros y a su acompañante, “ustedes no van a pagar por culpa de otros”, les dijeron y los dejaron que se fueran.
En seguida le reclamaron al director de Seguridad Pública por qué bajó sólo y no llevó la patrulla, el jefe policiaco les explicó que la había dejado con el chofer arriba, en Santa Cruz Yucucani y las mujeres le ordenaron que fuera a traerla.
Un grupo de mujeres lo siguió, pero luego el director les dijo que la patrulla no se había quedado con el chofer y que él traía las llaves y las mujeres le reclamaron, “por qué andas contando mentiras, no somos tu calzón para que nos andes contando lo que tú quieras”, le reprocharon e intentaron someterlo, pero el funcionario intentó echarse a correr y sacó su pistola en medio de las mujeres.
Las mujeres quisieron quitarle el arma, pero el director de Seguridad Pública la entregó a uno de sus policías, al que se la quitaron después, mientras el jefe policiaco era llevado a la cárcel.
Durante la noche los policías municipales se quedaron en la comisaría de Santa Cruz Yucucani.
Al día siguiente, el 27, permitieron que los dos funcionarios salieran a almorzar a las 10 de la mañana y le pidieron al comisario que los dejara libres, para que fueran a informarle al presidente municipal que querían hablar con él, pero el comisario y los principales les dijeron que no, porque la gente del pueblo se iba a enojar con ellos.
En cambio, les fueron a comprar fichas de Internet a la comunidad vecina para que se comunicaran desde dentro de la cárcel. Ese día se presentó molesto el alcalde y fue detenido y encarcelado por los vecinos.

No hablará más del caso de la amapola en un pueblo de Tlacoachistlahuaca, dice el alcalde

 

El alcalde del PT de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio afirmó que “ya no le echará más leña al fuego” y no hablará del caso de la comunidad de Juquila Yucucani, donde el 16 de marzo fue destruido un plantío de amapola por el Ejército y un helicóptero militar fue atacado.
Expresó que buscará alternativas para mejorar las condiciones de las comunidades de la zona alta del municipio, donde los habitantes de na savi viven en la pobreza extrema.
Carmona Villavicencio dijo que está buscando ayuda al gobierno del estado, y de la federación para las comunidades ubicadas en los límites con el estado de Oaxaca.
Se buscó ayer al alcalde por teléfono para conocer su postura luego de que el segundo comisario de Juquila Yucucani, Francisco López Aguilar y otros dos vecinos señalaron que es falso que solicitaran al alcalde un millón y medio de pesos como indemnización por la destrucción de la siembra de amapola, y advirtieron que con sus declaraciones ponen en riesgo a la población.
El comisario indicó que el dinero que pidieron al alcalde luego de que fue retenido en la comisaría, sería para la construcción de un albergue que ocuparán como comisaría, mismo que desde el 2015 han solicitado al presidente municipal a quien también le recriminaron que haya construido un albergue en la comunidad vecina de Santa Cruz Yucucani.
Mientras la diputada local del PRD del distrito 16, Rosa Coral Mendoza Falcón, reconoció que los problemas de las comunidades indígenas de esa zona no se han podido atender.
Dijo que a los pobladores no se les puede culpar de la siembra de enervantes, pero que se tienen que buscar alternativas de siembra de cultivos como el maíz, el frijol. “Que los gobiernos de los tres niveles, y no sólo al municipal se le quede la responsabilidad. Que exista una coordinación para generar opciones para la gente y buscar salvaguardar la salud y educación de los ciudadanos”.
En consulta por teléfono opinó que el tema de la legalización medicinal de los enervantes como la amapola es una situación “compleja” que se tiene que estudiar, en el impacto local, nacional e internacional, además de que se tendrían que regular nuevas normas de salud, que no se salga de control su uso, y se tiene que demostrar que es un beneficio para la salud.

 

Falso, que pidieran dinero por la amapola destruida, dicen vecinos de Juquila Yucucani

 

El segundo comisario de la comunidad de Juquila Yucucani, Francisco López Aguilar y los vecinos Benito Zeferino Sánchez y Clemente Santiago de Jesús negaron que hayan exigido un millón y medio de pesos como indemnización al alcalde del PT de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, por el plantío de amapola que el Ejército destruyó y que ese dinero sería para la construcción de la comisaría.
El señor López Aguilar con ayuda de su traductor expresó que si el presidente municipal de Tlacoachistlahuaca sabe que hay sembradíos de amapola en la comunidad, que denuncie en la Procuraduría General de la República (PGR) de lo contrario se vuelve cómplice.
La autoridad de la comunidad afirmó que “el que caiga, caiga por su propio delito que se está cometiendo”, detalló el periódico regional Diario Alternativo a donde los vecinos acudieron a demandar su derecho de réplica, luego de que el alcalde petista dijo que fue liberado el lunes pasado luego de firmar un documento donde se comprometía dar un millón y medio a los inconformes por los sembradíos de amapola que el Ejército destruyó.
Aclaró que no pidieron una indemnización por la destrucción de sembradíos de amapola que hizo el Ejército, sino que el dinero es para construir la comisaría, porque llevan dos años sin que el alcalde invierta en obra pública en su comunidad.
Según el medo citado le fueron entregadas copias de las solicitudes hechas de los habitantes al alcalde desde el 15 de diciembre de 2015, cuando tenía dos meses de haber asumido la alcaldía, para que les construya un albergue de 30 por 15 metros, que usarían como comisaría del pueblo.
Otro escrito del 14 de enero de 2016 fue entregado al alcalde quien respondió que no haría la comisaría porque no estaba en el presupuesto de 2016, “ni por el gobierno del estado de Guerrero”, sin embargo en la comunidad vecina de Santa Cruz Yucucani fue construido el albergue.
De la retención del secretario de seguridad, así como del secretario general del Ayuntamiento y dos ingenieros, dijo que fue porque llegaron a medir una casa que utilizan como comisaría y realizaron el comentario de que “si es que sale el proyecto hoy, o si no hasta próximos años”.
Afirmó que el alcalde fue retenido por el incumplimiento a las peticiones de obras. De la camioneta fue retenida para presionar al alcalde a invertir en obra pública.
“El compromiso que… estamos pidiéndole al alcalde de Tlacoachistlahuaca, el doctor Juan Javier Carmona Villavicencio, es que cumpla el compromiso de las obras que hizo en su tiempo de campaña, y es lo único que estamos pidiendo. Hemos entregado peticiones en tiempo y forma”, informó.
Agregó que en “el momento que él regrese nos entregue el recurso, el compromiso que se quedó, y ya, se termina el problema”.
Además dijo que al secretario de seguridad se le retuvo el arma porque al momento de la retención la sacó, y por eso quedó en resguardo en la comisaría.
López Aguilar dijo que “en el pueblo se dedican a sembrar frijol, maíz, algunos señores se dedican también a sembrar lo que es jitomate de cáscara, de ese verde, de los criollo, se dedican a sembrarlo. Ese es el trabajo que realizan, pero del conocimiento de lo que se está diciendo que se está diciendo sobre el enervante, no es trabajo de ser humano, eso sí desconocemos nosotros las autoridades”.
El segundo comisario dijo que después de las declaraciones del alcalde a los medios de comunicación ahora temen que las autoridades federales lleguen y los detengan.
Indicó que en un próxima asamblea la población analizará qué procederá con el acuerdo firmado por el alcalde y donde fue testigo el comisario de la localidad, Juan Perfecto Aguilar.

 

Muere un adolescente al enfrentarse con el Ejército en la sierra de Coyuca de Catalán

 

Un adolescente murió al enfrentarse con militares cuando cuidaba un plantío de amapola en la sierra de Coyuca de Catalán.
Informes oficiales indicaron que el adolescente fue identificado como Agapito de 16 años, de acuerdo al reporte el hombre falleció después de enfrentarse a balazos con los militares.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de Los Guajes de Ayala en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán.
Se informó que efectivos del Ejército hicieron un recorrido por la zona y encontraron un plantío de amapola en donde estaba el joven con un rifle AR-15.
El rifle y algunas plantas del terreno fueron presentadas como pruebas en el Ministerio Público (MP) del fuero federal en Altamirano.
Se reportó que gente de la localidad impidió que el cuerpo se enviara a la agencia del MP de Coyuca de Catalán, por lo cual se quedó en el lugar de los hechos.
Por ora parte, soldados del 41 Batallón de Infantería destruyeron unos plantíos de amapola cerca de la comunidad del Durazno en la sierra de Coyuca de Catalán.
Desde la noche del martes los militares arribaron a Ciudad Altamirano para poner disposición del MP las 271 plantas de amapola como prueba del decomiso que hicieron en la parte alta de la sierra, sin embargo no se precisó la extensión de las plantaciones.
Tampoco se informó si en la operación fueron detenidas personas. Solamente se informó de la destrucción de la amapola.
El hecho ocurrió en una de las zonas más altas de la sierra de Coyuca de Catalán y de acuerdo al reporte del Ejército el clima se presta para la siembra y cosecha de amapola y es justamente esta temporada cuando se da más producción, por tal motivo el Ejército se mantiene en la sierra.

 

En la capital sicarios intervienen en problemas entre particulares, afirma la Coparmex

 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón Ríos dijo que el presidente municipal, el priista Marco Antonio Leyva Mena manipuló las cifras en las que se muestra una disminución de los delitos comunes en el municipio, “lo que refleja su falta de oficio y capacidad porque esconde la realidad”.
El dirigente empresarial quien se encuentra fuera de la ciudad y fue consultado por teléfono afirmó que como consecuencia de la no investigación de los delitos y la impunidad, cualquier persona contrata a un sicario para cobrar venganza, deudas atrasadas, e incluso para resolver pleitos pasionales.
Dijo que es la causa de tanto muerto en las calles y carreteras y que no todos son por el pleito por la plaza entre los cárteles de la droga, por la siembra y trasiego de amapola, lo que ha repetido continuamente el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
Se quejó de que las autoridades de todo le echan la culpa a la delincuencia organizada para no investigar, “porque ese tipo de delitos nunca se investigan”, pero aclaró que la violencia en la capital está “campechaneada” porque se está recurriendo a los sicarios de la delincuencia organizada para resolver asuntos del orden común.
El martes el presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena presentó cifras que según él revelan que los delitos del orden común van a la baja. Informó que en enero del 2016 se registraron 225 delitos de éste tipo, mientras que en enero de este año van 93.
“El problema es que ahora las autoridades se guían y hablan por percepciones, pero el asunto de la delincuencia es de realidades”, dijo el presidente de la Coparmex, quien declaró que las cifras del alcalde fueron manipuladas para dar la percepción de que hay resultados en la prevención del delito, cuando no es así.
Agregó que el alcalde tomó como ejemplo un mes que no refleja la realidad ni es significativo, “como si los ciudadanos fuéramos ingenuos o tontos. Es un insulto a nuestra inteligencia”.
Destacó que siempre que viene el secretario de Gobernación habla de que la criminalidad va a la baja, y los funcionarios locales repiten lo mismo mientras que los delincuentes “les contestan con más muertos, con más crímenes y cada vez que viene sube la criminalidad en Guerrero”.
Alarcón Ríos informó que desde hace seis meses solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores la instalación de una mesa de seguridad y justicia para trabajar de manera conjunta una nueva estrategia, pero no han recibido respuesta.
Añadió que el secretario de Gobernación también se comprometió a que encabezaría una reunión con los funcionarios del gabinete de seguridad, pero tampoco ha cumplido.
Dijo que ahora buscan al gobernador para que la mesa se instale aunque sea con las representaciones en Guerrero de la PGR, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal, el Ejército y la Marina para que escuchen a los empresarios, a las organizaciones sociales, sindicales y a los religiosos.
“Vamos a reunirnos para empezar a ver algunas medidas, vamos a insistir al gobernador en que se instale la mesa de seguridad y justicia, para determinar estrategias, nuevos mecanismos que nos ayuden, ya no a solucionar el problema de la violencia, sino a contener esta nueva ola criminal”. Informó que también buscará al obispo Salvador Rangel Mendoza, “para ver de qué manera nos podemos ayudar”.
Denunció que en Chilpancingo “ahora cualquiera dice yo voy a contratar a un sicario. Por ejemplo, si hay alguien que tiene un familiar que se dedica a delinquir y tiene por allí algún pendiente con algún vecino, incluso con algún familiar, lo contrata y allí está la ejecución”.
Dijo que esto está llegando a la anarquía y que es grave que los delincuentes ahora cometan delitos “hasta en su recreo”.

 

En el negocio del tráfico de drogas hay metidas muchas autoridades, insiste el obispo Rangel

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, declaró ayer en esta ciudad, que en el negocio del tráfico de drogas hay muchas autoridades coludidas, que permiten desde su cultivo hasta su trasiego para llegar a su destino.
Al representante de la Iglesia católica se le preguntó su opinión sobre los negocios que están cerrando en la capital por la inseguridad y del secuestro del ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) e integrante del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Chilpancingo, Carlos Cruz Islas, quien fue asesinado la mañana del viernes en el paraje Tehuixtlán, del municipio Eduardo Neri (Zumpango).
El obispo lamentó estos acontecimientos que ocurren en el estado. La mañana de ayer Rangel Mendoza asistió al inicio de la Campaña Médica Quirúrgica Pediátrica realizada en el hospital general Jorge Soberón Acevedo, la cual fue promovida por la misma Iglesia católica con los tres niveles de gobierno y clubes de servicios.
Insistió en que se debe aumentar el trabajo de inteligencia de las diferentes corporaciones que están dentro del esquema de seguridad para poder detener esta ola de asesinatos y de secuestros.
Declaró que “una verdad que le ha dolido a muchos, desgraciadamente es que no todas las instituciones son honestas ni son limpias por lo que se tiene que preguntar ¿cuál es el origen de todos estos acontecimientos de violencia? y que ellos también pongan algo de su parte”.
Asentó: “yo ya lo he hablado, he puesto el dedo en la llaga y yo sí veo que las autoridades a todos los niveles están, desgraciadamente, algunos metidos en esta cuestión del narcotráfico, y mientras no se detecten, no se señalicen y no se detengan estas personas, va a continuar el problema”.
A la pregunta de si considera que hay algún tipo de protección hacia este tipo de autoridades coludidas con la delincuencia organizada, el encargado de la diócesis Chilpancingo-Chilapa indicó que “de la amapola que se siembra en la Sierra y en la Montaña del estado, se saca la goma de opio, corre y llega hasta su destino… ¿quién la lleva? ¿quién la protege? y ¿por qué permiten que salga?… lo que quiere decir que hay muchas autoridades coludidas en este negocio”.
Se le planteó hacer una depuración de las corporaciones, a lo que respondió con la pregunta, ¿pero quién la va a realizar? si son ellos mismos. Consideró que una solución a toda esta problemática es un desarrollo social y un empoderamiento de las personas.
El 18 de febrero, el obispo Rangel declaró a reporteros que la violencia en Guerrero es resultado de una red de complicidad entre criminales y autoridades del gobierno, por eso es que no son atacados.
Consultado en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, el obispo señaló: “yo siempre lo he dicho que hay un mapa de la delincuencia, y tanto las autoridades estatales y municipales saben cuáles son los focos rojos, pero por los intereses no actúan”.
Agregó: “se juegan muchos intereses políticos y vale la pena que las autoridades sacrifiquen esos intereses en favor de toda la sociedad”.
Ante la falta de combate a la delincuencia, indicó que hay una red de complicidad entre los delincuentes y las autoridades, por eso es que no son atacados.

El corredor Petaquillas-Xaltianguis ya está controlado por el crimen organizado, afirma el FUSDEG

Cuarta parte y última

En los enfrentamientos entre el FUSDEG y la UPOEG, entre Xaltianguis, municipio de Acapulco, y Petaquillas de Chilpancingo, lo que estaba en disputa era el corredor para el trasiego de goma de amapola, de la que Guerrero no ha bajado en las últimas décadas de primer productor en el país, según han declarado diversas fuentes oficiales. Ahora, ese corredor ya está totalmente en manos de cárteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada, dice el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Esta organización, con su Policía Comunitaria, se encargó de la seguridad en todo ese corredor desde 2014 hasta noviembre de 2016, cuando fue desplazada por la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG); prácticamente desapareció, y sólo se mantiene en Tierra Colorada, a la mitad del tramo Acapulco-Chilpan-cingo.
Por teléfono desde un lugar fuera de Guerrero, porque tuvo que salir luego de que fue amenazado por el fiscal Javier Olea Peláez de que sería detenido, el coordinador del FUSDEG, Salvador Alanís Trujillo, habla en entrevista.
–Se ha publicado que había una disputa por controlar el corredor donde estaba el FUSDEG por cárteles del narcotráfico o de la delincuencia organizada.
–Sí, ya está en manos del crimen organizado, de Xaltianguis hasta Chilpancingo, lo único que está quedando fuera es la parte donde todavía se encuentra el FUSDEG, Tierra Colorada, son como 22 pueblitos que todavía quedan, pero de Xaltianguis a Colorada está bajo la delincuencia, y de Dos Caminos hasta Petaquillas también.
Dice que el motivo de los ataques al FUSDEG, hasta hacerlo casi desaparecer, es el fuerte interés económico que implica el narcotráfico en ese corredor.
Alanís cuenta un diálogo con el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, que muestra que para las autoridades el interés económico que representa el narcotráfico en este corredor, pesa más que la seguridad pública.
El 30 de octubre pasado, el gobernador Héctor Astudillo se reunió en Acapulco con tres dirigentes del FUSDEG, después de que la organización bloqueó la Autopista del Sol y la carretera federal en El Ocotito, para exigir el desarme de la UPOEG y la detención de sus líderes que tenían orden de aprehensión, porque estaban atacando a las familias de los policías comunitarios del FUSDEG. En respuesta, para pacificar la comunidad, el gobernador anunció una operación con la Policía del Estado, Ministerial, Federal y el Ejército, que entrarían a El Ocotito a detener a todos los hombres armados, tanto de la UPOEG como del FUSDEG. Acordaron que el FUSDEG sacaría a sus comunitarios antes de la operación que se haría con ocho Bases de Operaciones Mixtas. El FUSDEG sacó a todos sus policías comunitarios, pero el gobierno ya no operó para sacar a los de la UPOEG. El FUSDEG plantea que con el incumplimiento de ese acuerdo, el gobernador dejó El Ocotito en manos de la UPOEG, y así lo reclamó una comisión al fiscal Olea Peláez, en una reunión el 7 de noviembre. Alanís afirma que en un ríspido diálogo, el fiscal justificó el incumplimiento del gobierno: “nos dijo, miren son 25 mil millones de dólares los que entran a Guerrero por esa sierra y no le vamos a meter mano, así nos dijo el fiscal, con esas palabras, yo no sé si sea verdad esa cantidad, a mí se me hace mucho, a la mejor son millones de pesos, pero así nos dijo”.
El 20 de septiembre, en el contexto de la confrontación entre el FUSDEG y la UPOEG, el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, declaró, que la pugna se debe al interés económico y de ampliación de poder, relacionado con el trasiego de drogas en el corredor Petaquillas-Xaltianguis. El alcalde expresó: “Para mí está claro qué hay detrás de todo esto, políticos y organizaciones sociales que están siendo rebasados por una situación de interés económico y comercial, más que cualquier cosa”; “la razón es el trasiego de enervantes, no soy ingenuo, es posible que esté involucrada la delincuencia organizada, pero no tengo elementos para comprobarlo”.

El trasiego derivado de la amapola

En entrevista, Alanís habla del trasiego derivado del narcotráfico.
–Se ha dicho que el conflicto es por la disputa de ese corredor para el tráfico de amapola. Se daba a entender que los dos, FUSDEG y UPOEG, estaban involucrados en el trasiego de drogas.
–Sí, eso se decía. Nosotros nunca jamás hemos trabajado con la droga, si te pones a investigar cada pueblo del FUSDEG, ningún pueblo produce ni siembra, ni goma (de amapola) ni mariguana, y nosotros en todos los pueblos del FUSDEG no permitimos la venta de ninguna droga.
“Te voy a explicar algo, de por qué en los medios se menciona que el corredor Xaltianguis-Petaquillas era peleado por el control del trasiego de la droga. No precisamente que aquí se produzca. Por ejemplo, El Ocotito, es el lugar de abastecimiento de muchos pueblos que siembran amapola, toda la gente de arriba viene a comprar a Ocotito su comida, medicinas, incluso los niños vienen a la escuela, entonces es por eso que es muy importante para los cárteles controlar los pueblitos que tienen acceso a la sierra, por todo, por la entrada de (policías) federales, de militares, por la entrada de carros robados, de la gente que va a trabajar, de dinero, y por la misma bajada de la goma.
“Entonces, como nosotros no les permitíamos ni pasar carros robados ni bajar goma, ni nada, entonces ellos le tenían que dar vuelta, incluso se compraron un helicóptero para estarla moviendo, entonces eso les dificulta a ellos más el trasiego, el llevar y traer, entonces por eso ellos nos peleaban este corredor, para llevar y traer, para controlar las entradas donde ellos manejan la siembra. Porque nosotros poníamos el retén en el parque industrial de El Ocotito, y ahí no entraban armas ni dinero, porque revisábamos”.

Los cárteles, sus líderes

Alanís habla de los problemas de seguridad en ese corredor, de las fuerzas que ahí se mueven, de las organizaciones delictivas y de los personajes que los encabezan. Fue su materia de trabajo como coordinador del FUSDEG durante casi tres años.
Dice que cuando el FUSDEG estaba siendo atacado en los pueblos del valle de El Ocotito, entraba la UPOEG con jóvenes que recluta mediante el pago de un salario y de droga, “son pagados, no creas que la gente anda con ellos de veras por mucho amor o que de veras están en contra del FUSDEG, no, a los muchachitos que agarran les dan mil 500 pesos semanales, a los que están en operativos les dan sus dosis de cocaína cada dos días, su cuerno de chivo, carros robados, lanzagranadas y los muchachitos son felices con eso, se sienten los capos de México”.
–¿Dices que los de la UPOEG son del Cártel del Sur?
–Sí, ellos son del Cártel del Sur Sierra Unida.
–¿Así se llama?
–Sí. Cártel del Sur Sierra Unida, y abreviado es Cártel del Sur.
–¿Cómo sabes que Bruno Plácido (el principal dirigente de la UPOEG) es de ese cártel.
–Mira, yo sé bien porque yo he agarrado a todos los delincuentes del Sur, Ardillos, Rojos, del Cida, nosotros hemos agarrado muchos delincuentes, a la hora que los agarramos declaran y nos dicen quiénes están metidos desde la municipal, federal, políticos, Bruno, todos, nosotros les preguntamos todo en los interrogatorios, y es de esa forma como nos dimos cuenta que desde el 2014 ellos hicieron una alianza, que Bruno hizo una alianza con el Cártel del Sur, porque el Cártel del Sur se divide en 2014, se separan, y la mitad del Cártel del Sur se queda con Isaac Navarrete Celis y con Juan Jaleaco, entonces la otra mitad se queda con Ángel Arellano Villalobos, la A, y con el teniente La Calentura que están del otro lado de Corral de Piedra. Entonces ellos le ganan a los de la A. Entonces Juan Jaleaco Guevara, que es el líder del Cártel del Sur, le ofrece 4 millones a Bruno para que le lleve 300 gentes, entonces Bruno ahí es donde entra a la sierra y le hace el paro a Juan Jaleaco para sacar a los de la A, entonces desde el 2014 ellos pactaron ese acuerdo, y sí, empiezan a avanzar y a sacar a todos los que ya habían entrado del lado contrario.
“En ese entonces empezó a reclutar a mucho niño de Ocotito, Mohoneras, de todos los pueblos del valle. Entonces nosotros empezamos a agarrar a muchos niños de esos, tenemos muchas grabaciones y los niños nos decían cómo operaban, que aquí los reclutaban para ser policías de UPOEG en la sierra, y ya los mandaban con una camisa verde y una escopeta a la sierra, llegado a la sierra les quitan la camisa verde de UPOEG, y les dan un cuerno de chivo o un AR-15, su salario y su droga cada dos días, cocaína, su ración a cada muchacho. Y esos detenidos nos dicen que ahí ven a (los líderes de la UPOEG) Bruno, Ernesto, Carioca. Entonces en los operativos va la gente de Bruno, la que tiene en grupos de operación”.
–¿Isaac Navarrete de qué cártel es?
–Del Sur, también.
–Los Ardillos, Cártel del Sur y Bruno es la alianza que está ahora.

Quiénes llevaron a la UPOEG a El Ocotito

La UPOEG entró a El Ocotito el 23 de enero de 2014, y a los tres meses la gente del pueblo corrió al dirigente Bruno Plácido y a su grupo, pero los comunitarios siguieron con el nombre de UPOEG, hasta el 5 de enero de 2015, cuando fundan el FUSDEG.
Alanís cuenta que comerciantes de El Ocotito que estaban amenazados o ya habían sido secuestrados por el grupo delincuencial Los Rojos se organizaron para pedir a la UPOEG que entrara a El Ocotito. La UPOEG nunca respondió a esos llamados, pero un día entró al pueblo y comenzó a organizar la Policía Ciudadana. Para integrarse, Alanís formó su grupo con siete jóvenes armados, y lo nombraron comandante, igual que a otros 12.
Al poco tiempo de la entrada de la UPOEG, llaman a los comandantes a una reunión, dice Alanís, y narra lo ocurrido. “Llegamos a la reunión de los 13 ya comandantes y que nos dicen: les vamos a presentar a los que trajeron a la UPOEG aquí al valle de El Ocotito. Yo tenía interés en conocerlos porque según nosotros éramos los que estábamos organizando para que entrara y no sé quién los trajo al final. Bueno, que nos presentan a Carioca, y a los hermanos Ávila de Buena Vista. Yo los vi sentados en la mesa y pensé, a lo mejor ya se metieron a la comunitaria, pero eran narcotraficantes de años, yo estudié con ellos, yo los conocía, su mamá, su papá, su abuelo, eran narcotraficantes de añales, no de ahorita, gente que se dedica al narco, no hacen males pero son narcos, y yo decía ¿cómo es posible, ellos son los que trajeron a la UPOEG?, entonces me di cuenta de que entraron para sacar a los que estaban (el cártel de Los Rojos) y quedarse ellos.
–¿Qué drogas trafican?
– Todos los derivados de la amapola, lo que te da es goma de opio y una que se llama la chaina y la heroína, y la mandan a Estados Unidos; eso es lo que trafican y lo que deja mucho dinero.
“Entonces fue así como me metí ahí y descubrí que era un engaño total, que Bruno ya traía acuerdos con gente de cárteles que iban a meter un cártel para sacar a otro. Es ahí cuando nos pusimos roñosos porque en esa reunión nos trajeron a Víctor Muletas que era narcotraficante porque lo querían integrar a la mesa, que porque él se había ido y quería regresar a la mesa, y yo dije, ¿cómo van a creer señores, aquí digan la verdad, qué está pasando, cómo no conocemos al señor Víctor, qué no conocemos a los señores Ávila y a qué se han dedicado toda su vida?. Entonces yo les dije, aquí tenemos que ser honestos, digan de qué se trata, porque nosotros conocemos quiénes son ellos y a qué se han dedicado, digan lo que está pasando para saber. Vamos a empezar y ya con lo mismo, no vamos a avanzar.
“Y en esa reunión fue donde se partió la UPOEG, la primera división, la mitad de la mesa me apoyó y la otra mitad apoyó a aquéllos. Desde ahí fue el primer pleito que nos aventamos ya con la gente de Bruno, y fue que empezamos una pelea interna, desde entonces hasta que los sacamos del valle del Ocotito, porque empezaron a meterse a las casas, tú vives en un pueblo y sabes quién se dedica a lo malo y quién se dedica a lo bueno, y nada más le caían a una casota grande, y le inventaban delitos al dueño y le robaban todo, y lo corrían, lo sacaban. Nosotros decíamos, ¡pero es don Pepe, que ha trabajado toda su vida, ha vendido carne toda su vida, sus carros los compró con lo que ganó en la venta de carne! Y decían: no pero está ligado a la delincuencia. Y con ese pretexto le robaban todo, nosotros nos empezamos a preocupar y sacamos a toda esa gente de Bruno de El Ocotito.
“Nos separamos y fundamos el FUSDEG porque ya era una guerra a muerte con Bruno y con Ernesto (Gallardo), nos han intentado matar varias veces, porque ellos ya traían acuerdos con cárteles de que iban a entregar todo ese corredor de Xaltianguis hasta Petaquillas e incluso el plan era entrar hasta Chilpancingo y tomar Chilpancingo.
Luego se refiere a que el grupo de Los Ardillos produce una droga que le llaman la chaina (según registros periodísticos, es la heroína blanca, china white, de mucha demanda en Estados Unidos y precio más alto que la café o negra que tradicionalmente se produce en México). “Un muchacho que agarramos nos explicaba que de 10 kilos de goma ellos hacían un kilo de chaina, esa chaina es la que están mandando para allá.  Ya no tienen que transportar 10 kilos, sólo uno, y esa creo que se vende no sé en cuanto, aquella vez me dijo que la pagaban en 23 mil dólares, antes de que el dólar subiera, calculábamos que costaba sobre 360 mil pesos un kilo.
“No conozco, no sé realmente donde están los cultivos, pero toda esa zona que está sobre los mil 500 metros sobre el nivel del mar son buenas para eso. Toda esa es zona amapolera.
–¿Cuando entra el FUSDEG a Petaquillas, el 30 de enero de 2015, qué cártel controlaba ese lugar?
–Era Cártel del Sur Sierra Unida. O sea que cuando sacan a Los Rojos se unen varios líderes de allá y forman Sierra Unida, ellos son cuatro líderes, y se nombran el de la A, I, P y J. La J es Jaleaco o Juan Jaleaco o Juan Guevara, está en Jaleaca, él es el que manda al Cártel del Sur, el de la I es Isaac Navarrete Celis, el de la P no supe cómo se llama pero se lo lleva la (Policía) Federal como al mes de que entramos nosotros a Petaquillas, y se quedó fuera, y el de la A es Ángel Arellano Villalobos, a él se lo llevó la Federal hace como 10 meses.
–¿Los Rojos no estaban en Petaquillas?
–Los Rojos estuvieron antes de que agarraron al Tigre (Gabriel González Cabrera, que se encuentra en prisión), ellos controlaban Petaquillas, y cuando nosotros llegamos ya era Cártel del Sur, tenía poco que era Cártel del Sur.

Los Ardillos sí cometen crímenes contra la población fuera de sus lugares de influencia, dice el FUSDEG

Tercera parte

El asesinato de seis jóvenes de la comunidad de Chacotla puso nuevamente en el interés público el problema del control de Los Ardillos de un territorio aledaño a la capital del estado.
La noche del 30 de enero entró a esa comunidad del municipio de Mochitlán un comando de unos 40 sicarios vestidos de negro, relataron testigos, y se llevó a seis hombres y a dos mujeres, y un día después, el 1 de febrero, fueron ejecutados los seis hombres, dos de ellos menores de edad, y a las mujeres las dejaron libres.
Al día siguiente, antes de la aparición de los cuerpos, los vecinos dijeron a los reporteros que desde que entró el grupo armado varios de ellos pidieron ayuda al 911, a la Policía Estatal, a la Municipal y al Ejército, pero ninguna corporación fue al pueblo, que queda a sólo 40 minutos del centro de Chilpancingo, y los sicarios estuvieron actuando libremente durante cinco horas, y se metieron a las casas, se llevaron a las dos mujeres y cinco hombres más otro de la vecina comunidad de Mazatlán, golpearon y maltrataron a los habitantes y robaron dinero y cosas de valor.
Los vecinos identificaban a los agresores, hablaron de policías ciudadanos de la UPOEG, de supuestos comunitarios de Petaquillas en coordinación con los de Palo Blanco y Mazatlán, y un testigo precisó que “son acciones de narcocomunitarios que pertenecen a los grupos criminales Los Ardillos y al Cártel del Sur”.
Se publicó en El Sur que por Whatsapp familiares y amigos de las víctimas informaron que recibían amenazas por teléfono, y dijeron: “Nos hablan de un tal Celso Ortega (presunto jefe de Los Ardillos), de un tal Isaac Navarrete (presunto jefe del Cártel del Sur), y nos están amenazando que van a entrar a matarnos con la comunitaria del señor Bruno (Plácido, el dirigente de la UPOEG)”.
El día del funeral, ante reporteros, los familiares señalaron que los que irrumpieron la noche del 30 de enero y se llevaron a los ocho, son policías comunitarios de la UPOEG revueltos con delincuentes, y dijeron que los sicarios gritaron que iban por El Tigre, Gabriel González Cabrera, padre de dos de los jóvenes ejecutados, Gabriel de 21 años e Ismael de 16.
Los vecinos no hablaban del móvil de las ejecuciones.

Era un secuestro
colectivo: FUSDEG

De los hechos de Chacotla, da su versión el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís. Aunque esta organización ha sido desplazada de las funciones de seguridad en los pueblos entre Acapulco y Chilpancingo, y sólo queda en Tierra Colorada, mantiene contactos y obtiene información directa de pobladores.
–¿Cuál fue el móvil de lo que pasó en Chacotla?
–Lo de Chacotla. Hay un líder ahí que se encargaba de atender esa zona cuando estaba el cártel anterior (Los Rojos), ese líder ahorita está preso, El Tigre, es el papá de dos jóvenes que mataron.
“El Tigre controlaba todos esos pueblitos incluso cuando nosotros metimos la Policía Comunitaria a Mazatlán, fuimos colonia por colonia de Mazatlán, y nos brincamos a El Salado y a Chacotla, pero la gente de ahí nunca quiso hacerse del FUSDEG. Sin embargo nosotros los cuidábamos porque al cuidar Mazatlán los cuidábamos a ellos, La gente se portó muy bien en el tiempo que estuvimos nosotros, que fueron casi cuatro años, nunca hubo un muerto, nunca hubo un secuestro, y con El Tigre nunca tuvimos problemas, desde que yo entre ahí él ya estaba en la cárcel. Fue un pretexto de la gente que entró ahora (el 30 de enero) que porque buscan al Tigre si todos saben que está en la cárcel.
–¿Y por qué la matanza?
–Era un secuestro, estaban pidiendo 10 millones de pesos, pero Los Ardillos se molestaron mucho porque la gente fue a denunciar, inmediatamente que los levantan la gente se fue al Ministerio Público a denunciar y esa fue la molestia de Los Ardillos, por eso mataron a los muchachos.
–¿Pero hay gente en Chacotla que tenga dinero para pagar 10 millones de pesos?
–No pero como eran ocho…, era un secuestro global. Al muchacho de 14 años que mataron, no le quitaron su celular, y ese niño estaba mandando toda la información por mensajes, entonces estaban pidiendo 10 millones, de ahí dice el niño que le hablaron a Celso y Celso habló con Bruno, y que platicaron y con Isaac Navarrete, y le bajaron a 2 millones para dejarlos ir, porque ya todo mundo sabía de ese levantón y al final supieron que habían ido a denunciar al Ministerio Público antisecuestros y fue por eso que mataron a los muchachos.
–Después de esos hechos, ¿hay peligro para la población de Petaquillas por la presencia de Los Ardillos?
–Hemos venido observando que en territorio donde están Los Ardillos no se meten con la gente común, pero sí hacen matazones afuera, en pueblos donde no están ellos. Lo de Chacotla lo hicieron Los Ardillos con la UPOEG, unidos todos. Entonces en Quechultenango (lugar de origen de Los Ardillos) no ves ni un muerto, en Mochitlán la gente vive tranquila dentro de lo que cabe, pero vienen de Quechultenango o de Mochitlán a matar a los de Chacotla.
–Dicen que Los Ardillos no extorsionan ni secuestran.
–Los Ardillos sí secuestran pero fuera de su territorio. Por ejemplo toda la violencia de Tixtla, ahorita se retiraron tantito de Tixtla, ahora están haciendo males de este lado de Petaquillas. Allá Zenén Nava (el jefe del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos) ya tenía 12 años controlando Chilapa, y estaba tranquilo, pero una vez que entran Los Ardillos se empieza a ver matazón y matazón.
“Yo considero que Los Ardillos es uno de los grupos más violentos de Guerrero, para mí, por el conocimiento que yo tengo. Los Ardillos tienen mucho dinero y mucha violencia. Fueron los que desaparecieron a los de Chilapa. Son los que operan a la comunitaria de Paz y Justicia; esa comunitaria son Ardillos”.
–Y otra característica es que se mueven con la población de las comunidades, pareciera que buscan tener base social, no son sólo los armados.
–La característica “buena” (dice Alanís con ironía) de Los Ardillos es que mientras los del Cártel del Sur les pagan a 14 mil la goma a los campesinos, Los Ardillos se la pagan a 22 mil, entonces lógicamente tienen base social, porque Los Ardillos cuidan, la gente siembra y les pagan bien su producto, ¿cómo no van a estar protegiendo a Los Ardillos?, por eso la gente está con ellos.
“Si alguien trabaja en la oficina a lo mejor tiene miedo y no se mete, pero si trabaja en el campo sembrando eso (amapola), los va a apoyar; los productores los apoyan a ellos”.

Se oponen en el área de influencia de Los Ardillos a que entre el Ejército y las policías

Nuevamente el caso de Los Ardillos fue de interés en los medios, el 7 de febrero, cuando policías rurales de Petaquillas, vecinos y transportistas de la ruta a Quechultenango bloquearon la carretera federal a Acapulco más de seis horas, para exigir que se retirara un campamento militar ubicado frente a la entrada a Petaquillas, que se instaló como parte de las operaciones para buscar a los responsables de los asesinatos de Chacotla.
Al día siguiente, el gobernador Héctor Astudillo Flores, en declaraciones a reporteros en Acapulco, calificó el origen del bloqueo como “misterioso”. Esto quiere decir que atrás de esa acción había algo oculto, oscuro.
“Reprobamos las acciones del día de ayer donde un grupo de personas llamándose policías comunitarios, transportistas y algún otro grupo de personas, bloquean la carretera para pedir que de una zona, donde recientemente asesinaron a un grupo de personas humildes, salgan la policía y el Ejército. Nos parece que son acciones muy, muy lamentables y que tienen origen, así lo digo de claro, un origen mucho, muy misterioso”, dijo Astudillo Flores.
“No podemos permitir que este tipo de grupos que se escudan en policías comunitarios traten de limitar una acción de justicia reclamada por todos los pueblos”, subrayó el gobernador.
Los reporteros le preguntaron el significado del calificativo “misterioso” que usó para referirse al origen del bloqueo a la carretera, que fue total, de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, pero ya no respondió.
Después, el 19 de febrero, cuando asistió a la ceremonia por el Día del Ejército en la Zona Militar de Chilpancingo, el gobernador dijo a pregunta de reporteros: “Hacen muy mal quienes piden que el Ejército no ayude. Hay que comprender de dónde vienen esas peticiones, que son muy raras, muy misteriosas, principalmente en territorios donde se dan hechos que en ocasiones cubren de luto y de sangre a muchas familias y yo creo que es un asunto que hay que ubicarlo en su exacta dimensión”.
Un reportero le preguntó quiénes están detrás de esas peticiones, y sólo dijo “hay que analizarlas”.
Probablemente el gobernador hablaba de Los Ardillos, de los asesinatos de Chacotla y del bloqueo en Petaquillas para pedir la salida del Ejército.
En la misma reunión en Acapulco, el comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez, declaró a reporteros que los militares seguirían en el campamento frente Petaquillas, pero éstos se retiraron la madrugada de ese día, como lo pidió el movimiento que bloqueó la ca-rretera.
El 7 de febrero, cuando el bloqueo llevaba casi seis horas, acu-dieron a dialogar con los manifestantes para buscar que se liberara la carretera, el delegado de la Secre-taría de Gobernación, Ramiro Ávila Morales, y el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Maldonado. En el diá-logo nocturno, Ávila dijo que fuerzas federales y militares llegaron a Petaquillas por protocolos de seguridad tras los hechos de violencia que han ocurrido en la región, en referencia a los de Chacotla.  Por su parte, los que hablaron por parte de los manifestantes defendieron en todo momento a la Policía Rural.
El comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, declaró a los reporteros que los militares “anoche anduvieron intimidando a la gente, pero los afectados fueron los policías”. Por su parte, un policía rural dijo que los militares entraron a Petaquillas intimidando a los vecinos para sacarles información sobre los hechos de Chacotla, y en algunos casos los encañonaban.
Al día siguiente del bloqueo, los enviados gubernamentales firmaron el acuerdo con los manifestantes, en el que acceden a sus peticiones. Quedó escrito que la seguridad en Petaquillas estará a cargo de la Policía Rural, y que en operaciones conjuntas con ésta podrán entrar el Ejército y policías federales y estatales.

La huella en Chilapa

En una región contigua, en los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla, la disputa entre los cárteles de la droga Los Rojos y Los Ardillos dejó 81 personas desaparecidas entre 2014 y 2016 y 120 asesinadas, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, que tiene su sede en Chilapa.
En estos últimos tres años, Los Rojos y Los Ardillos, en su disputa por el territorio, han cometido crímenes de extrema crueldad, y decapitado, desmembrado y descuartizado cuerpos que son arrojados a lugares públicos, a veces quemados.
También han ocurrido secues-tros y desapariciones colectivas y masivas, y decenas de cuerpos han sido enterrados en fosas clandestinas que después son localizadas por familiares o por autoridades.
Dentro de esta disputa, según registros periodísticos, la acción más conocida fue la irrupción de hombres armados del cártel de Los Ardillos, acompañados de comisa-rios y campesinos de diversos pue-blos, a la cabecera municipal de Chilapa, y la mantuvieron ocupada del 9 al 13 de mayo de 2015, para exigir la detención del jefe de Los Rojos, Zenén Nava, y durante esos cinco días levantaron y desaparecieron a 16 vecinos, ha dado a conocer el Colectivo Siempre Vivos, de familiares de desaparecidos.
Durante esa incursión de Los Ardillos a Chilapa estuvieron presentes efectivos del Ejército y de la Policía Federal, que no hicieron algo para impedir que se llevaran a los 16 desde entonces desaparecidos, y compartieron las calles de la ciudad, en aparente acompañamiento, como lo muestran las fotografias publicadas en El Sur.