En la conmemoración del décimo aniversario de la desaparición forzada y asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, su pareja, la ex regidora Sofía Mendoza Martínez denunció que el objetivo de desaparecer a dirigentes sociales es claro, “porque son los que organizan a la gente y los que hacen más daño el Estado”.
Por su parte, la viuda del diputado local Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cazares, advirtió que no los van a engañar con sentencias “aparatosas” de 92 años que “dejan abierta la puerta para que en una apelación o en un proceso irregular como sucede en la justicia mexicana, alcance libertad quien ha sido sentenciado, porque nos queda claro que al tipificar los delitos no incluyen en la sentencia la desaparición forzada”, dijo en clara referencia al ex alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Poco después de las 8 de la mañana de ayer realizaron un mitin junto a la caseta de peaje de esta ciudad, donde colocaron una ofrenda de flores e hicieron oración acompañadas de viudas de los campesinos asesinados de El Charco y miembros de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), que fundó y dirigió Hernández Cardona.
Mendoza Martínez indicó en su mensaje, que lo acontecido el 30 de mayo de 2013 dejó en desamparo la organización de las comunidades, “pareciera que estaba claro el objetivo de desaparecer a dirigentes sociales porque son los que organizan a la gente, y son los que hacen más daño al Estado que cualquier otra persona que delinque”.
Por su parte, Martha Obeso recordó a Arturo Hernández como un lider muy consistente, congruente, formado y hecho para la lucha social, para acompañar, para resistir y para reclamar junto a los campesinos pobres, junto a los sectores más desprotegidos de la sociedad, “eso incomoda al poder y a los que deciden sobre la vida y muerte de los dirigentes sociales, de los que influyen y empujan la rueda de la historia”.
Dijo que no olvida que uno de los reclamos de Hernández Cardona era la exigencia de justicia por el asesinato del diputado Chavarría Barrera, “Guerrero tristemente ha sido un escenario en el que la impunidad pareciera haber tomado carta de naturalización, se ha naturalizado”.
Recordó casos emblemáticos como el de su esposo ocurrido en 2009, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los líderes de la Unidad Popular, el homicidio de Rocío Mesino, y Ayotzinapa, hecho al que calificó como una de las “atrocidades” que estremeció al mundo, “la lista es larga y el espacio es corto, la memoria se niega a olvidar y no vamos a olvidar”.
Sostuvo que no habrá perdón ni olvido, que “gobierne quien gobierne siempre se va a encontrar con el reclamo de justicia, la demanda de esclarecimiento de los hechos para conocer la verdad de lo que pasó en aquellos asesinatos”.
En clara referencia a la sentencia que dio el 12 de mayo el Juez Primero de Distrito, Samuel Ventura Ramos contra el ex alcalde de esta ciudad, José Luis Abarca Velázquez por el “secuestro” de Arturo Hernández y otros miembros de la UP, advirtió “a nosotros no van a engañarnos con sentencias aparatosas de 92 años, que dejan abierta la puerta para que en una apelación o en un proceso irregular como sucede en la justicia mexicana, alcance libertad quien ha sido sentenciado, porque nos queda claro que al tipificar los delitos no incluyen en la sentencia la desaparición forzada”.
Y cuestionó que hablan de secuestro agravado, “¿cuál secuestro?, pues si no liberaron con vida a ninguno, tampoco pidieron rescate ni dinero, se trataba de eliminar, de asesinar, de cancelar un liderazgo que resultaba incómodo y lo hicieron, midieron, calcularon qué arriesgaban, pensaban que no los iba a alcanzar la justicia, pues ya ven que no, ya ven que con todo y las fallas y las faltas de la justicia pero ahí está”.
En esta caseta de peaje de la autopista a Cuernavaca, los miembros de la Unidad Popular hicieron su última protesta en demanda de fertilizantes y obra social, y a partir de allí siete fueron privados de la libertad, y días después fueron hallados asesinados cerca de Mezcala, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román.
Arturo Hernández Cardona durante una conferencia en la campaña electoral de 2012 en la que llamó al entonces gobernador Ángel Aguirre a ser consecuente y apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México Foto: Archivo de El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El 30 de mayo del 2013, aproximadamente a las 16:30 horas, la camioneta Honda tipo Pilot en la que viajaban el finado Arturo Hernández Cardona y siete miembros de Unidad Popular (UP), fue, de pronto, interceptada en el trayecto del tramo de la caseta de Iguala al crucero de Tuxpan por hombres armados que iban en dos camionetas, una Cherokee gris y una Explorer roja.
“Bájense hijos de su puta madre, se los llevó la chingada”, les gritó uno de seis hombres armados con pistolas que bajaron de la Cherokee, mientras que un hombre y una mujer se quedaron a bordo de la Explorer, parada en medio de la carretera.
Minutos después, los sicarios se llevaron con rumbo desconocido a siete miembros de UP y sólo uno de ellos, Jimmy Castrejón, se echó a correr y escapó.
Cinco días después, el 3 de junio, los cuerpos de Arturo Hernández, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román fueron hallados a orillas de la carretera Iguala-Chilpancingo, cerca de Colonia Valerio Trujano, municipio de Tepecoaculco.
El testimonio de lo que pasó esos cinco días es del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa, quien el día que fueron secuestrados manejaba la camioneta Honda Pilot de Hernández Cardona. Su versión quedó registrada con el número 14868 en el libro de la Notaría Pública 47 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Así como en la Averiguación Previa HID/SC/04/0745/2013 que integró la agencia del Ministerio Público de Iguala.
Los datos fueron definitorios para que el juez Primero de Dis-trito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos sentenciara el 12 de mayo pasado a 92 años y seis meses de prisión, así como a una multa de 15 mil días, equivalente a 920 mil 700 pesos, al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, “por resultar penalmente responsable en el delito de secuestro en agravio de Hernández Cardona y seis miembros más de UP, dos de ellos, Román Ramírez y Bandera Román, que también fueron asesinados”.
Los otros cuatro activistas sobrevivientes son: Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y el propio Mendoza Villa.
La tarde del 30 de mayo cuando fueron interceptados cerca del fraccionamiento San Ángel, uno de los seis hombres que bajaron de la Cherokee -todos con vestimenta negra y el escudo Ferrari, gorras y lentes oscuros-, disparó a la camioneta Honda tipo Pilot en el momento que los activistas bajaban y una bala hirió a Hernández Cardona en la pierna derecha.
Enseguida subieron a seis miembros de la UP a la camioneta Honda tipo Pilot blanca de Hernández Cardona, y a éste lo subieron a la Cherokee, pero minutos después lo volvieron a bajar y lo pasaron a la Pilot.
“Nos trasladaron agachados a un lugar desconocido, sólo sé que era campo, era un lugar de matorrales y espinos donde había más personas secuestradas, eran como seis entre hombres y mujeres tiradas bajo los matorrales”.
Mendoza Villa contó que le consta porque no los llevaban vendados.
Minutos después llegó una persona a interrogarlos y lo que le respondían lo escribía en hojas blancas, les preguntó sus nombres, direcciones, también datos de sus familiares.
Mendoza Villa dijo que cuatro hombres armados con cuernos de chivo (rifles AK-47), los estuvieron “cuidando” la primera noche, “uno de ellos nos golpeaba con un machete largo, con un látigo de alambre o con una tabla en forma de paleta, así nos tuvieron toda la noche”.
Al día siguiente, el 31 de mayo, la vigilancia aumentó a 10 hombres, “todos con armas largas”, y por la mañana les siguieron pegando y alrededor de las seis de la tarde, dos de los pistoleros cavaron una fosa.
“Ya muy noche llegaron tres personas, entre las cuales conocí al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, al secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala Felipe Flores Velázquez, y a otra persona a la que no conocí”.
Mendoza Villa recordó un detalle: “los tres llevaban una cerveza barrilito en la mano”.
Recordó que Abarca Velázquez ordenó a las personas que los cuidaban que los siguieran golpeando, “al término de nuestra tortura se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, a quien le dijo, “qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte, y lo siguieron torturando aproximadamente 10 minutos”.
De acuerdo con su testimonio, después el secretario de Seguridad Pública Flores Velázquez, lo levantó del suelo y se lo llevó junto a la fosa que estaba aproximadamente a 10 metros, en donde el presidente municipal Abarca le disparó dos escopetazos, uno en la cara y otro en el pecho, y el cuerpo cayó dentro de la fosa.
Detalló que minutos después comenzó a llover. La fosa seguía destapada y la lluvia caía sobre el cadáver descubierto.
“El compañero Rafael Bandera Román trató de escapar y también fue ejecutado, lo sé y me consta porque tres de las personas que nos vigilaban trajeron el cuerpo de regreso”.
“Esa noche, (del 31 de mayo) nos volvieron a interrogar preguntando nuestras direcciones, nuestra relación con el ingeniero Arturo Hernández Cardona y nuestra participación en Unidad Popular”, refirió el sobreviviente.
De acuerdo con su testimonio, a partir de esa noche aumentaron las amenazas en contra de los sobrevivientes. Escuchó que los hombres armados hablaban que tenían que esperar para ejecutarlos “y se dedicaron a cavar fosas”.
Escuchó que alrededor de las 10 de la noche quienes los vigilaban recibieron una llamada telefónica y recibieron la orden de que “se debían destapar los depósitos y sacar los cuerpos, porque ya se puso cabrón”.
Vio que desenterraron el cuerpo de Arturo Hernández y de Rafael Bandera Román, metieron los cuerpos en una camioneta Cherokee, a la que también subieron a los sobrevivientes y se los llevaron a un paraje cerca de Mezcala, “donde nos tiraron a todos”.
Contó que de inmediato los sobrevivientes huyeron corriendo hacia el monte y al momento les comenzaron a disparar, pero sólo alcanzaron a matar a Ángel Román Ramírez.
Tres días después, el 3 de junio, se hallarían ahí los cuerpos de Hernández Cardona, Bandera Román y Román Ramírez.
En el expediente del caso se asentó que ese día en la mañana, el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Iguala recibió un reporte del C-4 informándole el hallazgo de tres cuerpos en la carretera Iguala-Chilpancingo, cerca de Colonia Valerio Trujano, a donde se trasladó el personal para realizar las primeras diligencia, hacer el levantamiento y el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense de Iguala.
Ese mismo día la representación social acordó la acumulación de la averiguación previa HID/SC/01/756/2013 iniciada por el delito de homicidio por arma de fuego en agravio de Hernández Cardona, Bandera Román y Román Ramírez a la diversa HID/SC/01/758/2013 por la puesta a disposición del vehículo marca Honda tipo Pilot propiedad de Hernández Cardona.
Sin embargo, en la sentencia que emitió el 12 de mayo pasado el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Tamaulipas, no se incluyó el delito de homicidio.
En este segundo expediente se estableció que el 31 de mayo elementos de la Policía Municipal de Iguala localizaron en la avenida Cristo Rey de esa ciudad la camioneta Honda tipo Pilot, placas de circulación 983YMF del dirigente social.
Otra averiguación previa que se acumuló al expediente fue la HID/SC/04/0745/2013 misma que se integró horas antes del secuestro de Arturo Hernández Cardona y sus compañeros de UP, debido a que ese 30 de mayo en la mañana habían presentado una denuncia de hechos ante el Ministerio Público en contra de José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa “y quienes resultasen responsables, aduciendo ser víctimas de hostigamiento por parte del gobierno municipal, con motivo de las gestiones que realizaban como organización social”.
En esta misma indagatoria quedó integrada la denuncia que presentó el 1 de junio la ahora viuda de Hernández Cardona, Sofía Lorena Mendoza Martínez y algunos miembros de UP ante el Ministerio Público del Fuero Común de Iguala, por la desaparición de Arturo y sus compañeros.
En su denuncia, asentaron que el último contacto que tuvieron con ellos fue entre las 15:30 y las 16:00 horas del 30 de mayo “al término de una actividad política”, en referencia a un mitin en el que habían participado en la caseta de la Autopista del Sol en Paso Morelos, en demanda de la entrega de fertilizante.
En el oficio DDH05318 del 9 de diciembre del 2013, el director general adjunto de Política Internacional Sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto de León Huerta solicitó a la Procuraduría de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General del Estado) información con relación a la “ejecución” de Hernández Cardona y sus dos compañeros.
En el documento se argumentó la petición porque las relatorías especiales sobre Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacífica, así como sobre la Situación de los Derechos Humanos de la ONU, tenían información de que “los perpetradores” del secuestro de los miembros de UP “fueron policías municipales y miembros de los Caballeros Templarios, un grupo armado no estatal que opera con la Policía Municipal y Estatal de Guerrero”.
“Además de que fueron trasladados a una colonia donde se encontraban más personas retenidas, a las que les vendaron sus ojos y les taparon sus oídos con algodones para que no vieran a sus perpetradores”, se escribió en dicho oficio.
El documento refiere que “en un primer momento se les recriminó (a Hernández Cardona y a sus compañeros) por sus inclinaciones políticas y por estar en contra del presidente municipal, puntualizándoles que se la andaban buscando”.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad que da acompañamiento a varios casos de violaciones a derechos humanos en Guerrero, denunció amenazas en contra de su secretaria ejecutiva, Magdalena López Paulino.
“Ni siquiera sabes lo involucrado que estoy en la desaparición forzada de guerrero, guerra sucia, mi caso es el segundo después de lucio cabañas, investiga antes de creer que me puedes hacer caer”, le mandaron decir a través de un mensaje vía Messenger de Faccebook.
En un boletín de prensa, los integrantes de la red Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, expresaron ayer su “preocupación” por el mensaje “intimidatorio y amenazador” que le mandaron el 2 de febrero a López Paulino.
Informaron que ese día, aproximadamente a las 19:30 horas, la defensora de derechos humanos y secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, recibió vía Messenger el texto: “Ni siquiera sabes lo involucrado que estoy en la desaparición forzada de guerrero, guerra sucia, mi caso es el segundo después de lucio cabañas, investiga antes de creer que me puedes hacer caer”.
Detallaron que el texto fue enviado a través del Facebook de John Titor, pero que están seguros que se trata de un perfil falso.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, actualmente da acompañamiento y litiga los casos de la masacre de El Charco, en este caso representa a Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y a la familia Zavala.
Asimismo lleva el caso del luchador social de Iguala asesinado en el 2013, Arturo Hernández Cardona, y el asunto de los policías comunitarios masacrados en Ometepec en mayo del 2015.
Aunado a ello, el organismo de derechos humanos, informó que el 27 de enero, recibió la notificación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) de la Sentencia del caso Jorge Tzompaxtle Tecpile en el que ese tribunal internacional ordena al Estado mexicano la eliminación de la figura del arraigo “en la Constitución y leyes, y la armonización de la prisión preventiva con la convencionalidad”.
La Red, exigió al gobierno federal un alto al hostigamiento e intimidación a la defensora de derechos humanos María Magdalena López Paulino.
Asimismo responsabilizó al Estado de la integridad física y psicológica de la defensora y demás integrantes de esa Red.
El organismo recuerda que López Paulino cuenta con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 2014.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) asumir su competencia y pronunciarse sobre los documentos en su poder relacionados con el asesinato de Arturo Hernández Cardona, defensor de Derechos Humanos en Guerrero.
Hernández Cardona fue líder del movimiento campesino Unidad Popular, que se declaró en franca oposición al presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, quien estuvo al frente del Ayuntamiento de enero 2012 a octubre 2014.
Una particular solicitó a la PGR todos los documentos en su poder relacionados con el asesinato de Arturo González (error de origen en la solicitud), radicado en el expediente HID/SC/01/0758/2013 y asignado por el Ministerio Público del estado de Guerrero.
Sin embargo la PGR se declaró “notoriamente incompetente” para conocer de la solicitud, con el argumento de que lo requerido no está ligado a las facultades que tiene la dependencia para investigar y perseguir delitos del ámbito federal.
La PGR indicó que la información solicitada podría estar relacionada con las atribuciones de la Fiscalía General de Guerrero, por lo que sugirió presentar la solicitud ante la misma.
Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el Inai en el que manifestó como agravio que la PGR no realizó una búsqueda exhaustiva, para determinar la posesión de la información solicitada.
La PGR reiteró su incompetencia en la fase de alegatos.
Al analizar el caso la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez advirtió que la PGR, a través de la Unidad de Transparencia, se limitó a manifestar su incompetencia para contar con los documentos requeridos, sin realizar una búsqueda exhaustiva de la información en diversas áreas facultadas para atraer expedientes, carpetas de investigación y averiguaciones previas instauradas en las fiscalías locales.
A juicio de la ponencia de Salas Suárez, la PGR “sí puede conocer de lo requerido”, ya que diversas áreas a su cargo cuentan con esa facultad de atracción de investigaciones por delitos del fuero común.
Por ello, a propuesta de la ponencia del comisionado Salas Suárez el pleno del Inai consideró fundado el agravio de la particular, revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a que asuma competencia para conocer de lo solicitado y emita la respuesta que en derecho corresponda, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia.
Salas Suárez refirió que de acuerdo con diversas notas periodísticas el asesinato de Arturo Hernández es atribuido al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien también se le relaciona con los ataques a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Indicó que según una entrevista concedida al periódico El País, Nicolás Mendoza Villa entonces colaborador de Arturo Hernández relató que el secuestro, tortura y muerte del activista fue perpetrado por agentes del Estado, mismos que son investigados por asociarse con el crimen organizado u otros agentes privados, tal como sucedió en otros sucesos como Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, San Fernando, Tlatlaya o Nochixtlán.
“Sus características responden a los parámetros del derecho internacional para calificarlos como violaciones graves a derechos humanos, como lo explican fuentes expertas como los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colaboró en la investigación del caso Ayotzinapa, o la organización Open Society Foundations en su informe Atrocidades Innegables de 2016, apuntó.
En dicho informe señaló el comisionado del Inai, se ofrece evidencia para afirmar que: “la magnitud de los asesinatos, desapariciones y torturas durante varios años satisface el umbral legal para ser considerados como un fenómeno generalizado. Asimismo, la amplitud, los patrones y la intensidad de los delitos sugieren firmemente que también pueden ser considerados como fenómenos sistemáticos”.
Por ello Salas Suárez insistió en la importancia de constituir y fortalecer las instituciones en materia de combate a la corrupción, toda vez que “las autoridades que formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción y las que forman parte de los Sistemas Locales Anticorrupción, no podemos permitir que la corrupción y la impunidad debiliten la capacidad del Estado”.
“La información pública contiene la evidencia que servirá para investigar y esclarecer casos como el de Arturo Hernández Cardona. Es el insumo por excelencia para fincar las responsabilidades correspondientes e intentar dimensionar las reparaciones debidas a las víctimas y sus allegados, pero también para que cada historia se conserve en la memoria de los mexicanos y que nunca más se repitan”, concluyó.
En la edición de ayer, abajo de un encabezado en la primera plana: “Se cumplen cinco años del asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona”, dice que “Si se hubiera investigado no habría ocurrido lo de los 43, señala su hija”, pero quien hace esa declaración es su viuda, Sofía Mendoza, como se publica en la nota de la página 13. Por el error ofrecemos disculpas.
En el quinto aniversario luctuoso del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, la viuda y activista Sofía Mendoza Martínez denunció que el caso sigue parado, sigue igual y a cinco años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los activistas “la justicia del Estado ya no llegó”.
Durante un mensaje que dio ante la presencia de reporteros, la también ex regidora del PRD Sofía Mendoza, denunció las deficiencias en las medidas cautelares que le proporciona la policía estatal que en ocasiones sólo envían dos efectivos y en otras no la acompañan, como ayer que dio a conocer que le negaron el servicio para la actividad que tuvo, aunque al final, ya que había llegado sola a la caseta, llegaron dos patrullas con unos 10 efectivos.
Señaló que por la situación de inseguridad y de violencia que hay en Iguala, de un alto número de ejecuciones y en la que los delincuentes disparan a la gente ante aparentes asaltos, dijo que su vida y la de su hijo corren peligro, y responsabilizó de manera directa al secretario de Seguridad Pública en el estado, general Pedro Almazán y al mismo gobernador Héctor Astudillo Flores de los que les pase.
Ayer a las 9:30 de la mañana, acompañada por su hijo y otras seis personas, entre ellas el dirigente de la organización social Francisco Villa, Nicolás Guerrero González y miembros de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) que fundó Hernández Cardona, la regidora del PRD en el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, colocó una ofrenda de flores y algunas fotografías del dirigente asesinado en la cruz colocada en su memoria a unos metros de la caseta de peaje de la autopista Iguala-Cuernavaca, pues fue allí donde realizó su última protesta y fue donde se le vio con vida por última vez.
El 30 de mayo de 2013 después de realizar una marcha en calles de la ciudad, miembros de la UP tomaron la caseta de cobro durante unas dos horas para exigir, entre otras cosas, obra pública para colonias populares y fertilizante para campesinos a los gobiernos perredistas municipal de José Luis Abarca y estatal de Ángel Aguirre Rivero.
Después de la protesta, siete de los principales líderes fueron levantados y desaparecidos por un grupo armado que los interceptó en el camino cuando iban en la camioneta de Hernández Cardona y el 3 de junio fueron hallados ejecutados a balazos los cuerpos de Ángel Román Ramírez, Rafael Banderas Román y el de su dirigente Arturo Hernández, este último con huellas de haber sido torturado. A cinco años de los hechos no se sabe nada de los otros dirigentes que formaban parte de la UP.
En su mensaje, Mendoza Martínez denunció que el caso Hernández Cardona sigue parado en el juzgado de Matamoros, Tamaulipas, el cual dijo, requiere muchísimo dinero, “yo digo que a cinco años, yo creo que la justicia del estado ya no llegó”.
Denunció que el de Guerrero es un estado que reprime en lugar de dar justicia, que es intolerante y que en lugar de ver a los dirigentes sociales como aliados para el progreso del pueblo, los ve como enemigos y los combate con toda la fuerza del Estado.
Lamentó que es una situación que no termina, pues a diario se ven ejecuciones que no distinguen entre mujeres, jóvenes, hombres o ancianos.
Recordó a los compañeros que se han ido de una manera trágica como a la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino y el diputado Armando Chavaría Barrera.
Exigió al gobierno que deje de hostigar y perseguir a las familias de los líderes sociales asesinados y a dirigentes como Nicolás Chávez Adame, así como a los periodistas en el estado.
En su discurso, Sofía Mendoza se solidarizó con el corresponsal del periódico El Sur en Chilpa, Luis Daniel Nava quien fue privado de la libertad y golpeado la mañana de ayer, “eso el estado lo promueve, aunque diga que no, porque ellos son los que promueven la violencia y la impunidad”.
Insistió que los hechos en contra de la UP, fueron la “antesala” de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurridos en 26 y 27 de septiembre de 2014, “esos hechos se pudieron haber evitado si el Estado hubiera actuado en contra de los que ordenaron y obedecieron la desaparición y ejecución de Arturo Hernández y sus compañeros”.
Repudió además de la represión y la condena que el gobierno federal a través del candidato a la presidencia José Antonio Meade ha hecho en contra de Nestora Salgado candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, quien dijo, pertenece a los pueblos originarios que están dentro del convenio 169 de la OIT de respeto a su autodeterminación, por lo que “no deben violentar sus aspiraciones”.
Ayer la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), ratificó la negativa de devolver las medidas de protección al testigo del homicidio del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, denunció la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado confirmó que en esta circunstancia el sobreviviente y testigo del asesinato de Hernández Cardona y de los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, Nicolás Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien afirma que vio disparar contra el dirigente social.
Aunque los hechos ocurrieron en mayo de 2013, el exalcalde fue detenido después del ataque a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, cuando ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La Red denunció que en febrero de este año cuando el Mecanismo retiró las medidas cautelares al activista de Iguala, que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobernador Héctor Astudillo Flores y el presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán públicamente ofrecieron intervenir para que Mendoza Villa mantuviera la protección estatal, pero no hicieron nada.
Informa que este lunes 30 de octubre se llevó se llevó a cabo la presentación de su caso ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el mismo Nicolás Mendoza Villa no recibieron la formal convocatoria para su audiencia.
Fue llamada la defensora de derechos humanos Éricka Zamora Pardo para conocer la fecha de presentación ante la Junta de Gobierno de otro caso, de Beatriz Hernández, a quién se le hace una “reevaluación de riesgo”.
En esta sesión Zamora Pardo denunció que Mendoza Villa sigue vulnerable ante una posible agresión, y hace siete meses no cuenta con la protección del estado a pesar de que es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Aseguró que el viernes 6 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde personas en una camioneta color azul rey, marca Ford, placas K92AMU de Guerrero vigilaron su casa, el lunes 9 de octubre su vivienda fue observada por extraños desde una camioneta placas HCK9457 de Guerrero y el viernes 27 de octubre desde una camioneta negra con placas HCK9457 de Guerrero.
Lamenta que pese a lo manifestado, el equipo de evaluación ratificó la negativa a devolver las medidas de protección al testigo de cargo en contra de José Luis Abarca, por lo tanto, confirmaron que Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros, “y la impunidad avanza, responsabilizamos al Estado mexicano de la integridad física y psicológica de Nicolás Mendoza Villa y de la familia del activista Arturo Hernández Cardona”.
Explica que la Junta de Gobierno del Mecanismo consideró que el nivel de riesgo de Mendoza Villa se redujo porque está fuera de Guerrero, pero considera su situación como desplazado de manera forzada.
Mendoza Villa fue uno de los ocho activistas que sufrieron desaparición forzada por autoridades de Iguala, y tres de ellos fueron encontrado muertos.
Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.
La activista Soledad Hernández Mena, hija del asesinado líder de la organización campesina Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona declaró ayer en esta ciudad que preocupa a los grupos organizados que el gobernador Héctor Astudillo Flores diga que no se va a dejar chantajear por quienes le piden beneficios sociales, y afirmó que evidencia la intolerancia de su gobierno al que señaló del uso excesivo de la fuerza pública.
En declaraciones la tarde de ayer en las oficinas de la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona (UCEZ-AHC), Soledad Hernández dijo que la amenaza del mandatario habla de que viene con un “instinto salvaje” que caracteriza a los gobiernos priistas.
Consideró que el uso excesivo de la fuerza en el desalojo contra campesinos y amas de casa de la organización El Ángel de la Paz, ocurrido el miércoles en la carretera federal, donde había mujeres, niños y adultos mayores, evidencia que las autoridades, “están dispuestas a matar frente a todos”.
Dijo que las organizaciones no protestan para chantajear, sino en exigencia de que se cubran las necesidades de la gente y las carencias que hay en el campo y colonias y comunidades populares, y es debido al rezago que han generado los tres órdenes de gobierno.
“Yo creo que la ideología del gobernador está equivocada y es errónea, lo que se defiende es en contra de las agresiones a las personas, porque conocemos la capacidad de agresión de los gobiernos priistas, parece que vienen con una mentalidad demasiado cerrada, absurda, negativa y violenta”, agregó.
Soledad Hernández llamó al gobernador Astudillo a la cordura y a que reflexione respecto de la forma de actuar de su gobierno en contra de los movimientos sociales.
Asimismo denunció la insensibilidad e incumplimiento de algunos Ayuntamientos de la zona Norte que no han atendido las demandas y necesidades de las organizaciones sociales, y como ejemplo puso al gobierno priista de Taxco.
El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió ayer por separado en Chilpancingo con autoridades estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos, los últimos denunciaron impunidad, denegación de justicia y una situación difícil y riesgosa para desempeñar su trabajo debido a la violencia e inseguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que expuso ante el relator de la ONU que en Guerrero existe un patrón sistemático de agresiones a los defensores por las autoridades, pero ahora también por el crimen organizado, lo cual hace mucho más peligrosa su participación en la defensa de los derechos humanos.
Todas las reuniones de Forst fueron en privado y no dio declaraciones.
El personal que lo acompaña informó que el 24 de enero cuando termine su visita oficial en el país, ofrecerá una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que dará a conocer su diagnóstico de las quejas y denuncias que recibió.
En la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, con el fiscal Xavier Olea y con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, quienes le entregaron un informe de la protección a personas defensoras de derechos humanos en el estado, se informó en un boletín.
Después de la 1 de la tarde se reunió casi media hora con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Al terminar el ombudsman informó que le planteó que el trabajo del organismo es “difícil” debido a la inseguridad que se vive en la entidad, y por la escasez de recursos.
Agregó que precisó que en este organismo “no hemos sido agredidos de manera directa, pero que sí las condiciones en que trabajamos son adversas”.
Dijo que otra de las causas por las que trabajan en condiciones adversas es la falta de recursos económicos, “no tenemos los recursos suficientes para atender la totalidad de los problemas que surgen en el estado. Lo hacemos con muchas dificultades, no obstante hemos tenido resultados importantes”.
Se reunió por separado y en privado unos minutos con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, así como con representantes de organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y de violación a sus derechos humanos.
Asistieron el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Alejandro Ramos Gallegos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, y el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
También representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija del líder campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco.
Se reunieron con el relator de la ONU los directivos del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que encabeza Javier Monroy, las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, encabezados por Catalina Pérez, una comisión de habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, encabezados por Quintín Salgado y el dirigente del sindicato de mineros de Taxco que están en huelga, Roberto Hernández Mojica.
Además se reunieron con Michel Forst la esposa del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Martínez, la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino y el abogado de Gonzalo Molina González, Hegel Mariano.
A la llegada del relator a la casa Diocesana, conmovió a los asistentes que la nahua de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, María Guadalupe Tepetitlán abrazó al enviado de la ONU y en su idioma (no habla español) le pidió ayuda entre sollozos para encontrar a su esposo Guillermo Limpa Torres y a su hijo José Lauro Limpa Tolentino, ambos desaparecidos el 25 de febrero de 2015 en Chilapa. Ese día con ellos desapareció el indígena de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, Juan Campos Regino, denunció la esposa de éste, Paula Ahuejote Gutiérrez.
Las dos mujeres llegaron con el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, que preside José Díaz Navarro, quien minutos después entregó al relator un álbum con los 100 casos de desaparecidos que tiene documentados ese grupo solamente de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo.
Díaz Navarro denunció que la violencia sigue en Chilapa y que sólo en la última semana se cometieron siete homicidios.
Reprochó al gobierno del estado “que su estrategia que está implementando es un fracaso” y le exigió que la cambie porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, “porque no hay peor cosa que nos quiten la vida”.
Las agresiones del gobierno y del crimen
Otro de los problemas que se denunció al relator es el caso de la denegación de la justicia en los casos de asesinatos de dirigentes, como el líder de la UP de Iguala, Arturo Hernández Cardona y de Rocío Mesino, ambos asesinados en 2013.
Norma Mesino denunció que en el caso de su hermana desde el 18 de septiembre del 2014 solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) copia del expediente, mismo que le fue negado con el argumento de la secrecía en la investigación.
Sin embargo denunció que en diciembre pasado la Fiscalía emitió un boletín del caso en donde se dan a conocer las supuestas actuaciones que hace, cuando en realidad no se está investigando y no hay avances.
Norma Mesino y Sofía Lorena expusieron el caso de los asesinatos de Rocío Mesino y Arturo Hernández. Denunciaron que la FGE no los ha esclarecido y que como consecuencia el gobierno estatal les ha negado la justicia.
El abogado Hegel Mariano también expuso el caso del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso debido a la falta de voluntad del gobierno para liberarlo.
A su vez las familias desplazadas de La Laguna denunciaron el abandono y la inseguridad jurídica en que viven en los lugares donde se encuentran refugiadas después de que abandonaron su comunidad asolada la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan declaró entrevistado al final de las reuniones con los distintos grupos, que el diagnóstico que fue presentado al relator es que existe un patrón sistemático de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, como consecuencia de que no hay un reconocimiento público a su trabajo en cuanto a su labor en favor de las víctimas, y para subsanar las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia y de seguridad.
“Más bien hay una estigmatización al trabajo de los defensores”, reprochó Barrera Hernández quien agregó que en muchos de los casos “se usa el derecho para castigar a los defensores”.
Se quejó de que en este ambiente, actualmente los defensores sufren agresiones de las autoridades pero también por agentes no estatales, como el crimen organizado, “y ahora el peligro es mayor para los defensores porque se ha perdido la línea divisoria entre los agentes del Estado y los no estatales”.
Antes de que llegara Michel Forst el obispo Rangel Mendoza platicó con los representantes de los distintos grupos. Les dijo que “se pone la camisa de los padres de los desaparecidos” y les manifestó que él ha propuesto un diálogo “con la gente que provoca el mal” pero que no ha sido atendida esa petición.
El relator de la ONU quería informarse si existen casos de hostigamiento o tortura, informa el gobierno estatal
La reunión de Michel Forst con las autoridades fue en la mañana en la Secretaría de Gobierno, y se dio a conocer en un boletín de prensa.
Se informó que estuvieron el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
“El interés de Michel Forst por reunirse con las autoridades del Estado es por la preocupación que tiene sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos, para informarse sobre si existen casos de hostigamiento o tortura”, se informó en la misiva.
Agrega que el relator pidió a las autoridades reconocer la labor públicamente de los defensores y defensoras y a su vez tener voluntad para resolver los casos que pudieran presentarse.
Afirma que el secretario general de Gobierno le explicó al enviado de la ONU que el gobernador le instruyó que “expresara con claridad y transparencia la situación que guarda el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, ya que ésta es una política prioritaria para esta administración”.
Se informó que en la presentación se señaló que desde el 2011 a la fecha existen 21 medidas solicitadas y que la administración de Astudillo Flores sólo ha recibido una solicitud de medidas cautelares, solicitada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Se destacó que se envió al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de un mecanismo de protección eficaz, garantizando los derechos fundamentales y de libertad de expresión. Dentro del mismo informe se detallaron por nombre, organismos solicitantes las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado”, agrega.
En el boletín se informa que las autoridades presentaron un informe de la protección a personas Defensoras de Derechos Humanos .
