El sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Efrén Cortés Chávez denunció que a casi un mes del asesinato de su sobrino, estudiante de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el gobierno estatal le han informado si hay avances en la investigación.
Insistió que por la actitud sospechosa y omisa de las autoridades sigue pensando que el asesinato fue un acto de represalia y advertencia hacia él, por su activismo en el estado.
Cortés Carmona, originario de Cruz Grande la cabecera municipal de Florencio Villarreal, desapareció en Cuajinicuilapa el 29 de octubre y su cuerpo fue encontrado el 7 de noviembre en una fosa clandestina.
“Después de todo esto el gobierno del estado y la Fiscalía no han presentado ningún resultado. Otra de las cosas es que los gobiernos federal y estatal no acataron el requerimiento de los amparos que promovimos ante el juzgado Octavo de Distrito, y ni el Ejército ni la Marina realizaron la inspección que se pidió”, denunció vía telefónica Cortés Chávez.
El sobreviviente denunció que hay una “total cerrazón” de las autoridades federales y estatales para dar información con respecto de lo que está pasando.
Agregó sigue pensando que fueron gentes del gobierno quienes participaron en la privación de la libertad y posterior ejecución de su sobrino, “de lo contrario ya hubieran dado a conocer qué fue lo que pasó, quiénes participaron y cuáles son los móviles”.
Denunció que va para un mes y no se sabe qué fue lo que pasó y menos si hay algún detenido, ya sea autor material o intelectual, “si el gobierno sabe algo que lo diga y que ejerza la acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales”.
Añadió que extraoficialmente saben que hay lagunas en la investigación y que pretenden dar una versión en el sentido de que no iban sobre él, que lo confundieron, “pero hay varias cosas que no cuadran con respecto a eso”.
Insistió en que para la familia es sospechoso que a casi un mes no haya resultados de la investigación y ningún detenido, a pesar de que hubo gente que vio cuando se lo llevaron y que, además, Cuajinicuilapa no es un pueblo grande y todos se conocen como para obtener información.
“El estado cuenta con los instrumentos para ordenar la detención en contra de quienes hayan sido los responsables. Por ejemplo el presidente municipal y el director de Seguridad Pública tienen que saber algo de lo que sucedió, porque la desaparición se dio frente a testigos y en el centro, pero no se investiga nada”, se quejó.
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Arturo Campos podría ser liberado en esta semana, le informa su abogado Rogelio Téliz
A cuatro días de cumplir cuatro años preso, el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera fue informado por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Teliz García, que en esta misma semana podría quedar en libertad.
Ayer Campos Herrera recibió la visita de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, además de dirigentes de organizaciones sociales y sindicales quienes exigieron la inmediata e incondicional libertad del integrante de la CRAC detenido el 1 de diciembre de 2013.
Los representantes de organizaciones exhortaron al juez de primera instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con sede en Tlapa a dictar una sentencia conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva intercultural y conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos en materia de derechos humanos.
A las 12 del día un grupo de activistas y defensores de derechos humanos entró a la antesala de la cárcel de Ayutla para ver al dirigente de la CRAC. Entre ellos iba el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para todas y todos, Fernando Ríos.
Además de la indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega quien recriminó que el gobierno mienta para inculpar a gente inocente.
Una hora después el abogado Teliz García entró con un grupo de comunicadores y ahí informó a Arturo Campos que en esta misma semana el juez de Tlapa deberá citar a una audiencia de vista, el abogado confió en que se dará la sentencia la libertad del integrante de la CRAC debido a que ninguna de las 43 personas que lo demandaron por secuestro han sostenido la acusación en los careos. El abogado recordó que en dos amparos, tribunales federales han declarado la inocencia del preso en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra.
En una breve plática Campos Herrera expresó que en casi cuatro años de encierro comprobó que el sistema carcelario “está más jodido” que el sistema de reeducación comunitario de la CRAC.
Con voz fuerte Campos Herrera expresó que “no tengo porque estar encerrado” y tampoco Gonzalo Molina, ni Samuel Ramírez, presos en Chilpancingo, y que tampoco sus compañeros que han salido en libertad deben de ir a firmar a Tlapa porque no cometieron ningún delito.
“Esto es una tortura para los compañeros que están afuera por los gastos de un viaje que implica ir a Tlapa”. Insistió que ante las autoridades han demostrado que no son delincuentes y que todas las acciones hechas fueron como autoridades comunitarias nombradas en asambleas.
Dijo que la criminalización a los integrantes de la CRAC se demuestra con la fabricación de delitos por parte de las autoridades, pero que se han ido desvaneciendo, por ello cuando salga “ tengo la idea de seguir en el movimiento y seguir reclamando la libertad de nuestros compañeros presos en el país, que están defendiendo a su pueblo”.
Los presos en la CRAC “comen lo que nosotros comemos”, lo que no ocurre en la cárcel de Ayutla donde le dan un huevo y siete tortillas, además de que no hay agua potable para beber sólo entubada.
Recriminó la falta de inversión en las cárceles donde no hay baños y se tienen que bañar a jicarazos. Sin embargo el preso reconoció que no hay autogobierno en la cárcel de Ayutla como en otras cárceles del país o del estado.
Se comprueba patrón de criminalización
En declaraciones al término de la visita, Abel Barrera afirmó que con el proceso de Campos Herrera se ha demostrado que hay un patrón de criminalización a los defensores de los derechos humanos como Samuel Ramírez, Gonzalo Molina y también Nestora Salgado quien fue liberada pero se encuentra fuera del país.
Fernando Ríos expresó que la reclusión está transgrediendo el sistema de justicia indígena y que se está utilizando para criminalizar a los defensores de derechos humanos. “Dejar que Arturo siga en las mismas condiciones es dejar que las condiciones en este estado sigan empeorando”.
La esposa de Campos Herrera, Agustina García dijo que la reclusión de su esposo ha sido una tortura psicológica para ella y sus hijos quienes en la escuela sufren de bullying porque su papá está en la cárcel.
Exigió a las autoridades dejar a su esposo en libertad, “ya pasó mucho tiempo, los abogados ya aportaron todas las pruebas y aún así el gobierno sigue impidiendo” su libertad.
Se dieron locales a familiares de trabajadores del Ayuntamiento, se quejan comerciantes de Ayutla

Comerciantes de Ayutla de los Libres denunciaron irregularidades en la construcción de locales del nuevo mercado municipal y la entrega indebida de éstos a comerciantes que no son del municipio y familiares de trabajadores del Ayuntamiento por parte de la alcaldesa, Hortensia Aldaco Quintana.
El dirigente de los comerciantes del antiguo mercado Primero de Marzo y los nuevos comerciantes, Armando Maldonado Salazar denunció que el nuevo mercado municipal construido durante el periodo del defenestrado gobernador, Ángel Aguirre Rivero, está en pésimas condiciones y no cuenta con salidas de emergencias, además que un dictamen de Protección Civil (PC) determinó que algunas estructuras presentan riesgos.
En conferencia de prensa solicitó la revisión del padrón de la entrega de los locales de las cuatro naves del nuevo mercado municipal porque han detectado (que se entregaron locales) a trabajadores y familiares de funcionarios cercanos a la alcaldesa del PRI-PVEM. Indicó que otros 249 comerciantes lo apoyan, los que siguen instalados en las calles de los alrededores del Zócalo.
Señaló que en total deben de existir 87 locales en el mercado pero hay más, “por si había la posibilidad de anexar a nuevos comerciantes” y recriminó que la alcaldesa no informa el número total de locales. Asimismo dijo que hay personas que están ocupando locales y vienen de otros municipios.
Responsabilizó a la alcaldesa de lo que le pudiese pasar porque afirmó que la edil le ha dicho que adentro del Ayuntamiento es su amigo, pero fuera de ahí es su enemigo. La comerciante, Delia Judith Reyes solicitó un espacio para vender de manera digna en otro lugar que no sea el antiguo mercado porque ahí no caben, además de que es consiente de que se debe de respetar un padrón que ya existe.
Mercado vacío y estacionamiento ocupado por vendedores
En un recorrido en el nuevo mercado se observó que la mayoría de los locales de 3 metros por 3 están cerrados y son pocos los ocupados. Las naves tienen al menos siete salidas y flechas de señalización para evacuar, y sólo en la entrada principal hay una pequeña rampa para discapacitados.
Durante el recorrido en el mercado se observó que el estacionamiento está ocupado por vendedores que estaban en las calles, sin embargo también había comerciantes que tienen locales designados en las cuatro naves del mercado pero que no los ocupan.
Los comerciantes que ya venden en el nuevo mercado indicaron que los inconformes están exigiendo tener locales de hasta 6 metros por 6, así como el tamaño del espacio que ocupan en las calles, lo que no es posible.
Reconocieron que la estructura de los locales comerciales son frágiles porque no tienen estructura de soporte y sólo son tabiques de cemento, por ello algunos vendedores han optado por reforzarlos con acero.
Matan a una mujer el martes en Tlacoachistlahuaca y otra el miércoles en Ayutla
El martes y el miércoles dos mujeres fueron asesinadas en los municipios de Tlacoachistlahuaca y Ayutla de Los libres en la Costa Chica de Guerrero, una era trabajadora de la Secretaría de Salud (Ssa).
El miércoles una anciana fue encontrada asesinada al parecer con un golpe de piedra en la cabeza en el estanque de crianza de pescados en la localidad de San Felipe de Ayutla. La señora fue identificada como Sabina de 70 años.
En otro hecho el martes, en Tlacoachistlahuaca en la zona amuzga del estado la trabajadora de la Jurisdicción Sanitaria 06 de la Ssa y ganadera de nombre Irma de 54 años fue asesinada a balazos.
Fuentes de seguridad informaron que la mujer fue bajada de un taxi cerca del crucero donde está la subestación eléctrica del municipio y fue ejecutada atrás del automóvil, otros dos pasajeros y el chofer fueron despojados de sus pertenencias por los dos sujetos que usaron pasamontañas. (Jacob Morales Antonio).
Rechaza la oposición líneas del IEPC para otorgar candidaturas a mujeres
Acusan PRD, PAN, PT, MC y Morena exceso
en criterio de IEPC en candidaturas a mujeres
Abandonan la sesión y anuncian que impugnarán en tribunales el acuerdo de consejeros electorales, que entre otros, obliga a los partidos a no postular a mujeres en espacios perdedores
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Representantes de partidos políticos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), denunciaron excesos en los criterios para combatir la discriminación de las mujeres en las candidaturas del proceso electoral de ayuntamientos y diputados locales que los consejeros estatales propusieron y aprobaron ayer, en sesión extraordinaria.
Luego de argumentar problemas de idiosincrasia, de capacitación de las mujeres, que no están posicionadas ni les interesa participar en cargos de representación, y que las acciones afirmativas (contra la discriminación) no tienen cabida en este proceso electoral, el PRD, PAN, PT, Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) abandonaron la sesión y advirtieron que van a impugnar el acuerdo en tribunales.
Uno de los lineamientos del acuerdo establece que los partidos políticos no podrán postular sólo a mujeres en las candidaturas de municipios o distritos donde recibió el menor porcentaje de votación en el proceso anterior, para evitar que postulen a mujeres en los espacios perdedores, que implica violencia de género, explicó la consejera Alma Delia Eugenio Alcaraz.
Asimismo, se incluyó una acción afirmativa para que, en los casos donde la relación de candidatos (50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres), termine en número impar, se incluya en el último sitio a una persona de género femenino.
En consulta, la presidenta Cinthya Citlali Díaz Fuentes, explicó después que la ley obliga al IEPC a garantizar la paridad de género en el registro de candidaturas, y en este sentido se elaboró una fórmula que se aplicará a las planillas que presenten los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas comunes, en el periodo de registro de candidatos.
Aseguró que los lineamientos están apegados a la norma y comprende que a los partidos “no les guste”. Sin embargo, aseguró que el acuerdo es sólido, “está bien argumentado y fundamentado, por eso sostuvimos la postura, los consejeros estamos convencidos, creemos que es la vía correcta, de poder garantizar los derechos de las mujeres”.
En más de una hora, los partidos integrados en el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC), además Morena, agotaron las tres rondas de participaciones (reglamentadas) para insistir en la modificación del acuerdo.
El representante del PRD, pidió que la paridad se aplicara por partidos, de forma global, no a coaliciones ni candidaturas comunes, y que la candidatura excedente (sin par) tampoco se asigne a una mujer.
El representante de Movimiento Ciudadano señaló que, por cumplir con los lineamientos, tienen riesgos de postular a personas que no están posicionadas en la vida pública, y en general todos los partidos que consideraron que los consejeros se excedieron en sus funciones, incluido el PRI, Partido Nueva Alianza, PVEM y Humanista.
Entre otras cuestiones, el representante del PAN Carlos Millán aseguró que antes de esta ley, los órganos electorales obligaban a los partidos a asignar 50 por ciento de las candidaturas a las mujeres en los espacios de representación proporcional. Con los nuevos lineamientos la violencia política de género alcanza también a los hombres.
Añadió que por idiosincrasia, hay lugares donde a las mujeres no les interesa participar en política, y en ese sentido, el IEPC debe difundir sus derechos, “ayúdenos a capacitar a mujeres indígenas que sus maridos no las deja participar”.
El de Morena añadió que obligar la postulación de mujeres en determinados bloque de municipios (en el caso de menor porcentaje de votación) puede propiciar que se se proponga a una mujer como candidata y el esposo sea el que gobierne. Añadió que “las mujeres deben participar y no gritar más (en política)”.
La consejera Alma Delia Eugenio Alcaraz aclaró que el Estado mexicano está comprometido por la firma de diversos tratados internacionales, a garantizar una serie de mecanismos para alcanzar la igualdad sustantiva, real, reducir la brecha de desigualdades entre hombres y mujeres. Por lo tanto, las acciones afirmativas en materia político electoral, siempre están dirigidas a las mujeres.
Sobre la capacitación, recordó que el financiamiento público a los partidos políticos incluye 5 por ciento para capacitación de liderazgo femenino, es un acción afirmativa para garantizar la cuota de género en la postulación de candidatos y en los cargos de representación proporcional. Precisó que a las mujeres les encanta participar en política, solo que han sido relegadas como lideres de colonias y promotoras del voto.
El representante del PRI consideró que es colocar como propietario y suplente a personas del mismo género para evitar “los Juanitos y Juanitas”, la estrategia política para simular que se cumplen con las cuota de género en las candidaturas, no así en los espacios de representación.
Antes de someter el acuerdo a votación, cinco representantes de cinco partidos salieron en protesta de la sesión.
Durante la plenaria, se aprobaron tres acuerdos por unanimidad: el de paridad, el procedimiento que deberán observar el consejo general y los consejos distritales electorales para la selección y designación de los secretarios técnicos en los 28 consejos distritales del estado, y las modificaciones del periodo de precampañas para ayuntamiento en el calendario del proceso electoral ordinario 2017-2018.
Según el punto de acuerdo, la precampaña para la elección de Ayuntamientos será del 16 de enero al 11 de febrero del 2018, para dar un total de 27 días, como establece la legislación para dicha actividad, que “no puede durar más de dos terceras partes de la campaña”.
El procedimiento para la designación de secretarios técnicos de los Consejos distritales, incluye una convocatoria para el concurso amplio de aspirantes, con un examen de conocimiento que aplicará el Instituto de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano (IEPA-IMA) de la universidad Autónoma de Guerrero, y una valoración curricular, cada uno tendrá una ponderación de 70 y 30 por ciento, en la evaluación final.
A casi cinco meses de la alerta de género no la cumple el gobierno estatal: Alianza Feminista
En lo que va del año han ocurrido 128 asesinatos de mujeres, dicen las activistas. En algunos casos ni los alcaldes de los ocho municipios señalados saben de la declaratoria, reclaman
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Activistas de la Comisión de Seguimiento de la Declaratoria de Alera de Violencia de Género de la Alianza Feminista Guerrero, denunciaron que han pasado cuatro meses y 25 días sin que el gobierno del estado tenga un programa autorizado para dar cumplimiento a su declaratoria.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, las integrantes de la Comisión informaron que en lo que va del año han ocurrido 128 asesinatos dolosos de mujeres.
La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia a las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, informó que el 22 de junio del 2017 la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios del estado.
Denunció que han pasado 4 meses y 25 días sin que el gobierno del estado tenga un programa autorizado para dar cumplimiento a la declaratoria de Alerta de Violencia de Guerrero.
Reyna Aguilar indicó que en lo que va del año, la comisión de seguimiento tiene el registro de 128 mujeres asesinadas dolosamente.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al gobierno estatal, para que en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para a la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, les informen sobre cuál es la razón para no haber presentado el programa y dar cumplimiento a la declaratoria de la alerta de violencia.
Exigieron que se implementen las medidas de seguridad, donde informen en los medios de comunicación que Guerrero tienen decretada la alerta de género; que se recuperen espacios públicos, patrullajes preventivos en zonas de riesgo para las mujeres y líneas de apoyo a víctimas de la violencia.
Además, que se conforme un grupo especializado en procuración e impartición de justicia, que emita las sanciones correspondientes por feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales, que los ayuntamientos fortalezcan los módulos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia.
Las activistas solicitaron que funcione el banco estatal de datos e información, relativo a los actos de violencia que se ejercen contra las mujeres y niñas. Revisar los expedientes y carpetas de investigación de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, entre otras peticiones.
Por su parte, María Luisa Garfias Marín manifestó que las autoridades estales continúan simulando la erradicación de la violencia, porque los servidores públicos continúan con un trato de nepotismo e insensibilidad contra las mujeres que sufren violencia.
Dijo que ni los presidente municipales de los ocho municipios señalados están realizando acciones para combatir la violencia contra las mujeres, e incluso desconocían de la declaratoria; asimismo, no hay coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, para la creación del programa y del presupuesto.
Los municipios donde se decretó la alerta de genero son Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
“Ya pasaron casi cinco meses y no hay programa ni presupuesto, a pesar de que las autoridades dicen que ya lo entregaron, las autoridades sólo están en simulación”, enfatizó la activista.
Toca a la Fiscalía registrar feminicidios, dice la secretaria de la Mujer a diputados
El gobierno cumple las medidas dictadas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sostiene Rosa Inés de la O
Alina Navarrete
Chilpancingo
Durante su comparecencia ante comisiones de diputados, la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García fue cuestionada por los diputados respecto de los feminicidios, el seguimiento a las víctimas de la violencia, el apoyo que reciben las mujeres indígenas en el estado y por el uso de los 23.3 millones de pesos que recibió la dependencia, de los cuales sólo un millón corresponde a la inversión estatal.
Respecto de los feminicidios, informó que el contabilizarlos, investigarlos y resolverlos le compete a la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que la Semujer “únicamente coadyuva” para esclarecer y definir si se trata de un feminicidio, el cual etimológicamente se refiere al asesinato de una mujer; sin embargo, según la ley hay parámetros específicos para determinar el crimen.
Informó que es la Fiscalía la que lleva las estadísticas de mujeres asesinadas.
Dijo que la Semujer tiene una coordinación de unidades de género, donde hay siete delegadas para atender a las regiones del estado; además, resaltó que las jornadas comunitarias “han sido un éxito”, pues las mujeres indígenas las recibieron “con mucho beneplácito”, ahora se implementa la denuncia y cuentan con asesoría legal bilingüe.
Expresó que la Semujer “no puede sola” y que tiene que convivir con las demás dependencias, porque el presupuesto “no alcanza” para cubrir las necesidades de las mujeres que buscan apoyo, además de que muchas son canalizadas ante las autoridades correspondiente, para garantizar que sus peticiones sean cubiertas por programas específicos.
Del seguimiento a las víctimas de la violencia y sus hijos, dijo que se atendieron a 606 mujeres, aunque el DIF cuenta con atribuciones para atenderlas, por lo que insistió en que la colaboración entre dependencias es necesaria para canalizar a los afectados, de manera que reciban la atención necesaria.
Sobre el apoyo el programa de apoyo a madres solteras, Cisneros Martínez cuestionó su funcionalidad, debido a que se les solicitan demasiados documentos para poder obtener el beneficio. En ese sentido, De la O García dijo que la dependencia se mantiene en respaldo a las mujeres en esta situación, para ello se gestionan los recursos correspondientes.
Por otra parte, afirmó que el gobierno de Héctor Astudillo Flores cumple con las medidas dictadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ayutla, José Azueta, Tlapa y Ometepec.
Informó que en octubre pasado se instalaron 73 sistemas municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; además se realizaron 73 cursos de capacitación a titulares de las instancias municipales de la Mujer y personal vinculado, sobre los dos programas; mientras que las unidades de género de la Administración Pública Estatal capacitó a 954 servidores públicos con el objetivo de transversalizar la igualdad de género.
Sejuve contribuye a erradicar la violencia
Por su parte, Díaz Villanueva fue cuestionado por los diputados sobre el seguimiento que se da a los jóvenes víctimas de la violencia, y al respecto informó que éste se da mediante la Procuraduría de la Juventud en cuanto a lo legal se refiere; además de que la dependencia es tutora de quienes están en centros de readaptación social.
Dijo que para acabar con la violencia en los barrios se implementó el programa Pinta tu cancha, pues hay puntos de reunión que eran utilizados para consumo de drogas y alcohol, pero ahora estos son espacios recuperados.
Agregó que además, con el programa Ritmo joven la dependencia motiva a los jóvenes a fomentar la paz, consideró que “muchas veces hay etiquetas” hacia ellos, por el tipo de música que escuchan y su vestimenta, por lo que “los inducimos a la industria musical, pero música con mensajes de paz”, contrario a la música popular que contiene mensajes de odio, discriminación y violencia.
En cuanto a la prevención de conductas de riesgo, dijo que a través de las estrategias Haz Conciencia por Guerrero, Agentes de Cambio, Estudiantes por la Seguridad y el programa Estatal de Prevención de Trata de Personas, se ha logrado informar, concientizar y prevenir a jóvenes de las distintas regiones del estado, buscando generar el desarrollo integral de las juventudes a través de la cultura de paz y valores.
Mientras que más de 5 mil jóvenes han sido beneficiados por medio de las políticas implantadas en materia de emprendimiento, mediante cursos, talleres y programas como son Jóvenes Ecosol, Crédito Joven, Arráigate Ser Joven, El Portal del Empleo, Guerrero nos Necesita Emprendedores, Ferias del Empleo Joven Empleatón, además de generar la inclusión de los jóvenes al mundo laboral, con acciones como Vinculación Escuela Trabajo y Joven es Compromiso.
“Hecho histórico”, mantener a una mujer de
candidata de Morena en Acapulco: militantes
En conferencia, reprochan la consejera estatal Matilde Testa y la ex aspirante a la coordinación, Leticia Castro Ortiz, actos de misoginia de la dirigencia estatal y demandan investigarlos
Abel Salgado
Mujeres militantes y simpatizantes de Morena señalaron a la dirigencia estatal que mantener la propuesta de una mujer para la coordinación de la organización municipal de su partido es un hecho histórico y corresponde a los varones respetar esa decisión.
En conferencia de prensa en las oficinas de La Coprera, la consejera estatal Matilde Testa y la ex aspirante a la coordinación de la organización municipal, Leticia Castro Ortiz, expusieron que seguirán apoyando a Adela Román Ocampo.
Leticia Castro Ortiz recordó que el lunes, cuando anunciaría su declinación para la terna de la coordinación municipal en apoyo a Román Ocampo, las oficinas de Morena en Acapulco estaban cerradas. Concluyó que es un acto violatorio a los derechos políticos, de género e incluso de derechos humanos.
Derivado de ese hecho, la secretaria de Mujeres del Comité estatal de Morena, Esther Araceli Gómez Ramírez les dio una respuesta. Castro Díaz leyó un comunicado en el que Gómez Ramírez reconoce la violencia hacia la mujer. Añadió que hacía un llamado a los integrantes de Morena a “conducirse dentro de los principios que nuestro instituto político tiene”.
Leticia Castro, manifestó que la coincidencia de opiniones por el hecho del lunes es un ejemplo de la discriminación hacia las mujeres en Morena.
Matilde Testa respondió que tras el deslinde del presidente del Comité estatal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de los hechos del lunes, se tiene que investigar “hasta las últimas consecuencias, hasta saber el nombre de las personas que cambiaron el candado de la oficina”.
Expuso que tras la determinación del Consejo Estatal por mantener el acuerdo de que en Acapulco será una mujer la coordinadora, “me siento orgullosa, es un hecho histórico en Acapulco que una mujer nos llegue a representar”.
Añadió que las mujeres han sido constantemente agredidas por diversos sectores de la sociedad. A la militancia de Morena y a la sociedad recordó que cuando los hombres han salido a pedir el voto, las mujeres los han apoyado.
La ex aspirante a la Coordinación municipal, Leticia Castro, pidió a la dirigencia de Morena en Guerrero una disculpa pública por las “lastimosas acciones que van en contra de los derechos de las mujeres”. De la declaración que hiciera el miércoles Sandoval Ballesteros al considerar el cierre intencional de las oficinas como un “golpeteo”, Leticia Castro dijo que casos como esos se tienen que destacar: “Sí, hay que exagerar el evento, porque esas conductas discriminatorias y misóginas no pueden darse más”.
Se le recordó que minutos antes, también en conferencia de prensa el presidente del CEE, Pablo Amílcar Sandoval dijo que todavía no estaba definida la situación de Adela Román. La consejera estatal respondió que “daba mucha pena” la postura del dirigente de su partido en Guerrero.
Destacó que la coordinación de la magistrada Adela Román ya “está blindada” y es el Comité Nacional quien también avaló la postulación.
También consideró que las declaraciones de Amílcar Sandoval en el que pedía que no se ventilara las inconformidades en los medios de comunicación, debe ser dirigida al representante de Morena en el IEPC, Sergio Montes Carrillo, porque él fue quien informó que de una encuesta en la que incluía a hombres en una terna, “él fue el primero en hacer un sinfín de declaraciones denostándonos a los compañeros de Morena”.
Matilde Testa afirmó que ella fue señalado por Montes Carrillo como una “simple ama de casa”.
Concluyeron que ya no permitirán más agravios a los derechos de las mujeres, incluso si surge de su propio partido. A la conferencia asistieron militantes de Morena Virginia Serrano Radilla, María de Jesús Mendoza Sánchez, Guadalupe Rivas Pérez, Magdalena Valtierra García, Guadalupe Meza de la Rosa, Patricia Batani Giles y Damaris Ruano Lucena.
Propone el PT a Javier Solorio para medirse en encuesta con Adela Román por Acapulco
Daniel Velázquez
Por acuerdo de las dirigencia nacional del PT y la de Morena, el cirujano plástico Javier Solorio Almazán es el aspirante único del PT a la candidatura a alcalde de Acapulco, informó el integrante de la coordinación operativa estatal Roberto Ortega González.
Ayer por la tarde, mediante la red social Facebook, Ortega González publicó cuatro fotografías en las que Solorio Almazán aparece al centro de la imagen flanqueado por el diputado federal Victoriano Wences Real, quien encabeza la coordinación estatal, y Ortega González quien tiene la coordinación municipal en Acapulco.
El PT es el único partido con el que la dirigencia nacional de Morena aprobó que irá en coalición en la elección de julio del próximo año.
Javier Solorio es uno de los siete aspirantes de Morena que impulsaba el grupo del presidente estatal de ese partido Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros para ser el coordinador de organización municipal en Acapulco, que es la antesala para la candidatura a alcalde.
En declaraciones por teléfono, Ortega González contó que en una reunión, el miércoles en Iguala se reunió la dirigencia estatal del PT en pleno con el cirujano plástico para hablar sobre “algunos detalles” que no mencionó, y después de eso se llegó al acuerdo de postularlo como su propuesta a la candidatura a alcalde de Acapulco.
Explicó que la propuesta de Javier Solorio llegó de parte de la dirigencia nacional porque el cirujano plástico estableció acuerdos con las dirigencias nacionales del PT y Morena para conseguir la postulación debido a que el Consejo Estatal de Morena aprobó que la coordinación del partido en Acapulco sería encabezada por una mujer.
Roberto Ortega añadió que con la definición de la propuesta del PT a la candidatura a alcalde, esta deberá someterse a una medición por encuesta con la aspirante que salga de Morena.
En la reunión en Iguala, estuvieron el coordinador de la Zona Norte del PT Isaac Carachure, el representante del partido ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Comisión de Elecciones del partido Israel Molina y otros miembros de la dirigencia estatal.
Adela Román no ha formalizado que quiere
participar en proceso de Morena, dice Sandoval
El que no haya enviado una carta de aceptación, no la descarta, aclara y adelanta que buscará a la magistrada del TSJ. Anuncia visita de López Obrador por cuatro días, a partir del 30 de noviembre
Daniel Velázquez
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, informó que buscará a la magistrada Adela Román Ocampo, a quien se refirió como “una figura pública muy distinguida”, para establecer comunicación con ella porque la magistrada no ha presentado su carta de aceptación para participar en el proceso interno de Morena, pero eso no la desacredita del mismo.
Ayer, en la oficina del partido en Acapulco, Sandoval Ballesteros anunció que el presidente nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, realizará una gira de cuatro días en el estado para visitar 12 municipios de la Costa Chica, Costa Grande, Zona Centro, Tierra Caliente y la Zona Norte.
La visita de López Obrador a Guerrero será del 30 de noviembre al 3 de diciembre. El 30 de noviembre visitará los municipios de San Marcos, Tecpan y Coyuca de Benítez; el 1 de diciembre estará en Xochistlahuaca, Ometepec y San Luis Acatlán; el 2 de diciembre en Quechultenango, Tixtla, Huitzuco y el 3 de diciembre en Coyuca de Catalán, Teloloapan y Taxco.
Sandoval Ballesteros indicó que en todos esos municipios realizará asambleas informativas como parte del proceso interno de organización del partido y los ciudadanos podrán afiliarse durante esta gira.
Indicó que la conferencia fue para invitar a los ciudadanos a que participen en las asambleas.
Llamó a los militantes a actuar con mucha prudencia, mesura, tranquilidad y responsables.
Aceptó que el proceso de definición del partido de las coordinaciones de organización ha causado mucho “nerviosismo” entre los militantes porque las preferencias de Morena van a la alza en los estudios de opinión que se publican y no se publican, que tienen la Secretaría de Gobernación, el PRD y el PRI.
En la conferencia, el presidente del Consejo Estatal Luis Enrique Saucedo Ríos informó que hace una semana remitieron al Consejo Nacional y la Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los resultados de la selección de las propuestas a coordinadores de organización de los distritos y municipios.
Detalló que de los 81 municipios del estado en 31 hay propuestas de consenso y en 49 se presentó más de un aspirante lo mismo que en los 9 distritos federales y en los 28 distritos locales. En estos casos se integraron ternas o binas, las cuales fueron remitidos a los órganos nacionales. En el caso de Ayutla, señaló se elegirán autoridades por el modelo de usos y costumbres.
Agregó que están en espera de que les informen cuáles serán las fechas para las encuestas y la entrega de resultados. Pablo Amílcar Sandoval dijo que por tratarse de información estratégica para el partido no avisa a nadie sobre la fecha para la aplicación de encuestas para evitar que se falsee información.
Sobre el caso de Acapulco, donde solo hay una propuesta, Sandoval Ballesteros dijo que todo fue remitido a los órganos nacionales y reiteró que estos tienen la facultad de incluir a quien sea, “ellos tienen la facultad de poner hombres, mujeres, pueden hacer cualquier cambio que ellos consideran o decidir que es alguno de los compañeros”.
Reiteró que Acapulco es prioritario para Morena y les dijo a los militantes que no es con presiones como se va a resolver la definición del coordinador de organización ni con declinaciones, porque las candidaturas de unidad debieron concretarse antes de la sesión del Consejo donde se plantearon las propuestas.
Adelantó que se establecerá comunicación con la magistrada Adela Román porque de ella no se recibió carta de aceptación a participar en el proceso interno de Morena, pero como fue una propuesta de varios consejeros se establecerá un diálogo formal para conocer su postura. Aclaró que aunque no haya una carta de aceptación eso no la deja fuera de la contienda interna porque “es una figura pública muy destacada”.
Rechazó que en el partido haya actos de misoginia. Sostuvo que la participación de la mujer en la política es necesaria y debe impulsarse.
Insistió en que se debe cuidar el proceso interno del partido porque están conscientes que muchos de los interesados en conseguir postulaciones tendrán una presencia pasajera si no consiguen espacios de representación. Por eso el interés del partido es “buscar a los hombres y mujeres que tengan más compromiso en este proyecto y a esos son a los que queremos llegar y en su momento sean postulados como candidatos”.
Declaró que Morena no tiene comunicación con el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y en caso de que quiera participar debería estudiarse y analizarse por los órganos de dirección nacional del partido.
Sobre el retuiteo a un comentario del columnista de La Jornada Julio Hernández, quien criticó la decisión de nombrar a Félix Salgado Macedonio como coordinador de organización estatal, dijo que fue un error de uno de los colaboradores que manejan su cuenta: “de inmediato se borró porque no es una cuestión política”.
Matan a una mujer el martes en Tlacoachistlahuaca y otra el miércoles en Ayutla
El martes y el miércoles dos mujeres fueron asesinadas en los municipios de Tlacoachistlahuaca y Ayutla de Los libres en la Costa Chica de Guerrero, una era trabajadora de la Secretaría de Salud (Ssa).
El miércoles una anciana fue encontrada asesinada al parecer con un golpe de piedra en la cabeza en el estanque de crianza de pescados en la localidad de San Felipe de Ayutla. La señora fue identificada como Sabina de 70 años.
En otro hecho el martes, en Tlacoachistlahuaca en la zona amuzga del estado la trabajadora de la Jurisdicción Sanitaria 06 de la Ssa y ganadera de nombre Irma de 54 años fue asesinada a balazos.
Fuentes de seguridad informaron que la mujer fue bajada de un taxi cerca del crucero donde está la subestación eléctrica del municipio y fue ejecutada atrás del automóvil, otros dos pasajeros y el chofer fueron despojados de sus pertenencias por los dos sujetos que usaron pasamontañas. (Jacob Morales Antonio).
La Fiscalía modificó sus declaraciones, afirman cuatro presuntas víctimas de la CRAC en un careo

Seis policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla, acusados de privación ilegal de la libertad se carearon con cuatro de sus acusadores, quienes dijeron que no los conocían, que era la primera vez que los veían y que ellos no los privaron de su libertad.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Teliz informó que los seis policías comunitarios: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Benito Morales Justo, Eleuterio García Carmen y Abad Ambrosio Francisco que enfrentan su proceso en libertad bajo fianza, están en la misma causa penal que Arturo Campos, la 196/2013, pero ellos sólo están señalados de privación ilegal de la libertad y Campos de secuestro.
Dijo que fue una audiencia de careo procesal, la primera fecha para desahogar el caso donde estuvieron cuatro de las 43 personas que los señalan por lo que están pendientes 39, pero se consideraría la viabilidad de los desahogos porque varios no los señalaban.
Mencionó que los cuatro que acudieron no los señalaron por lo que se demostraba su inocencia.
Agregó que no ratificaron en su totalidad su declaración ministerial porque ellos no manifestaron algunas cosas que fueron puestas por la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que el 21 de agosto de 2013 cuando fueron liberados por la Marina declararon que fueron secuestrados y les pidieron dinero, pero ahora en su declaración dicen que el contenido total no lo manifestaron ya que en ese tiempo dijeron por qué estaban detenidos y en su declaración nunca mencionaron que les habían pedido dinero, afirmaron que todo eso lo hizo la Fiscalía para poder integrar el expediente.
“Niegan el delito, por lo que quedó debidamente demostrado, con pruebas, la inocencia de los compañeros y que si estaban retenidos fue por algunas infracciones que cometieron en sus comunidades, pero nunca estuvieron secuestrados ni privados de su libertad por ellos”, dijo.
Mencionó que con Arturo Campos queda un mes para cerrar pruebas, ya que fueron agotados los careos en la misma causa penal, y los seis policías comunitarios están libres al ampararse y reclasificarse el delito de secuestro al de privación de la libertad personal en la causa penal 196/2014-I por el juzgado penal de Tlapa.
Mencionó que fueron liberados el 12 de mayo de 2016 del penal de Ayutla por la orden de libertad del juez Mixto de Ayutla de los Libres, y la jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa al no existir elementos que acreditaran el delito de secuestro del que fueron injustamente acusados.
Resultado de una resolución de amparo de noviembre de 2015 en la que el juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso, en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC.
Denuncian desaparición en Cuajinicuilapa de un sobrino del sobreviviente de El Charco, Efrén Cortés
La Red Solidaria Década contra la Impunidad denunció que desde hace tres días se desconoce el paradero del sobrino del luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, en Ayutla, Efrén Cortés Chávez.
El joven Jorge Cortés Carmona se encontraba en Cuaijinicuilapa cursando un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
En un escrito solicita a las autoridades y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos una acción urgente para garantizar la integridad física y la vida del joven de 24 años, originario del municipio de Cruz Grande, quien concluyó en el último ciclo escolar sus estudios de licenciatura.
Informó que la última información de su ubicación fue que acudió a una tienda de conveniencia del centro de Cuajinicuilapa, en la noche. Está desaparecido desde la madrugada del domingo.
Conforme a lo expuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos sobre derecho a la vida, a la integridad y la libertad personal, solicitó que las autoridades tomen las medidas necesarias para la presentación con vida de Jorge Cortés Carmona, una efectiva investigación que conduzca a la aparición con vida del estudiante, el esclarecimiento de los hechos denunciados y la sanción de los responsables materiales e intelectuales de este acto, para garantizar que hechos como el ocurrido no se repitan.
En el documento se dirigen al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al gobernador Héctor Astudillo Flores, al secretario general de gobierno Florencio Salazar Adame, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, al procurador de la República Raúl Cervantes Andrade, al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, así como a las representaciones de México en la Misión Permanente ante Naciones Unidas, la Embajada en las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa, y ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Marcha el FODEG en Ayutla y se queda en plantón por la libertad de seis presos políticos
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) marcharon ayer en Ayutla y se instalaron en plantón afuera del penal de esa cabecera municipal, en demanda de la libertad de seis encarcelados a los que consideran presos políticos.
Unos 600 integrantes de esa organización de varias comunidades de Ayutla marcharon en esa cabecera municipal, y al final instalaron un plantón afuera del Ministerio Público, en demanda de la libertad de Máximo Mojica Delgado, su esposa María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.
Asimismo exigen la libertad del promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González y de Samuel Ramírez Gálvez, policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
Los tres primeros se encuentran presos en el penal de Tecpan de Galeana acusados de secuestro. Arturo Campos está preso en el penal de Ayutla y Gonzalo y Samuel en la cárcel de Chilpancingo, acusados de portación de arma de fuego. Gonzalo y Arturo También son acusados de secuestro.
El dirigente del FODEG, Hoguer Hernández informó vía telefónica que había un compromiso del gobernador Héctor Astudillo Flores de revisar sus casos, pero incumplió y por eso ayer se movilizaron en demanda de la libertad de los seis encarcelados.
Informó que después de la marcha y la protesta afuera del Ministerio Público, los manifestantes se trasladaron afuera del penal en donde se quedaron en plantón. Ayer en la noche realizaron ahí una actividad político cultural como parte de las acciones.
Advirtió que el movimiento va a permanecer en ese lugar hasta que tenga una respuesta del gobierno estatal.
“Ya había un acuerdo entre el doctor Bertoldo Martínez Cruz (el dirigente del FODEG ya fallecido) y el gobernador para liberar a los compañeros”, dijo el ahora representante de la organización.
Informó que en la protesta participaron unas 600 personas de 10 comunidades de Ayutla y que en el plantón por tiempo indefinido afuera del penal se quedaron unas 200.
Marchan padres de los 43 en Ayutla; desalojan el INE y un juzgado y protestan en la cárcel

A 22 días de cumplirse tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, sus padres marcharon durante tres horas en las principales calles de la cabecera municipal de Ayutla para recordarle a la población que el caso sigue sin avances, como en el primer día, desalojaron dos oficinas e hicieron un mitin afuera de la cárcel.
La protesta inició a las 11 de la mañana en la Unidad Deportiva de Ayutla, se sumaron las exigencias de la libertad de los presos políticos en el estado, y un alto al cobro de trámites de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En el contingente de poco más de 200 personas iban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que no dejaron de exclamar los números del 1 al 43 por sus compañeros desaparecidos.
También se vio a integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, los desplazados de La Laguna de la sierra de Coyuca de Catalán, 18 comisarios de comunidades de Ayutla y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la comunidad de El Tamarindo.
En las mantas que portaron los manifestantes se leía, “Los desplazados de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, exigimos el regreso de los 43 normalistas. Presos políticos libertad”.
En la vanguardia los padres de los 43 normalistas iban encabezados por Melitón Ortega, quien una y otra vez recordó que el gobierno poco hace por esclarecer la desaparición de los estudiantes, y se niega a abrir las líneas de investigación hacia el Ejército, a la Policía Federal, el trasiego de droga Iguala-Chicago, hacia el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero y a dar a conocer las llamadas hechas desde los teléfonos de los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Mientras la marcha avanzaba por las calles, desde las ventanas de las casas y las puertas algunas mujeres miraban la protesta, algunas preguntaban quiénes eran y por qué marchaban.
Los rostros de los padres de los tres normalistas desaparecidos originarios de Ayutla: Carlos Iván Villanueva, Mauricio Ortega Valerio y Felipe Arnulfo Rosa eran esperanzadores. También acudió la familia de Aldo Gutiérrez Solano quien está en coma desde los ataques de hace casi tres años.
Para las 12:30 del día la movilización llegó a las oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Sagarpa, ahí los comisarios encararon a la encargada a quien le recriminaron el cobro hasta de 500 pesos a los campesinos de 18 comunidades para hacer trámites de los programas gratuitos para el campo.
A la 1:30 de la tarde la movilización llegó a las instalaciones de la Junta local número 8 del Instituto Nacional Electoral (INE), donde los padres de los 43 normalistas reprocharon el dinero entregado a los partidos políticos y responsabilizaron al instituto de ser cómplice de la corrupción.
Señalaron que por eso en Ayutla las comunidades retomaron el modelo de elección de sus autoridades por Usos y Costumbres y que eliminarán las malas prácticas de los partidos políticos. Indicaron que otros municipios del estado tienen el mismo derecho.
De las oficinas salió el presidente vocal ejecutivo Agustín Moreno Pérez, a quien los padres solicitaron desalojar a los trabajadores de las oficinas y a todas las personas que estaban en el lugar. Visiblemente molesto aceptó. En la fachada del inmueble fueron escritos frases como “nos faltan 43”.
El paso firme de los manifestantes siguió hasta las oficinas del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Allende, del Tribunal Superior de Justicia, donde el integrante del FODEG, Hoguer Morales Miranda encaró al juez Esteban Saldaña para que sean cancelados los procesos que se les sigue a nueve presos políticos en el estado.
Entre los que están integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) presos en Ayutla y Chilpancingo. Ahí los integrantes del FODEG se dijeron en “activa movilización”, y el inmueble también fue desalojado por los manifestantes.
A las 2 de la tarde el contingente se apostó afuera de la cárcel de Ayutla, donde se solicitó desde las bocinas al director del penal que dejara pasar a una comisión a visitar al preso político Arturo Campos Herrera, sin embargo las puertas del penal fueron cerradas y no hubo respuesta.
El dirigente y luchador social de Atenco, Ignacio del Valle exigía la libertad de los presos políticos, una fuerte lluvia se dejó caer pero su voz no cedió y señaló que los presos lo estaban porque respondían a los intereses del pueblo y no del gobierno, en temas como la seguridad.
La entrada del penal fue cubierta con las mantas que los integrantes de las organizaciones llevaron en la protestas.
Al término de la movilización los padres de los 43 normalistas hablaron con los 200 asistentes y los invitaron a sumarse a las movilizaciones a tres años de la desaparición de sus hijos, y también al grito popular de independencia.
Entran soldados y policías a pueblos de Ayutla por la emboscada en Ahuacuotzingo, informa la CRAC
La Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunció que efectivos de la Marina y del Ejército en ocho patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incursionaron el viernes pasado en cuatro comunidades en busca de delincuentes.
Según las autoridades comunitarias, el viernes los marinos encabezados por policías del estado, llegaron a las comunidades na’ savi de Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, Ocote Marillo y El Charco, buscando a quienes el 25 de julio en un asalto a trabajadores del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que iban a pagar dinero del programa federal Prospera, en Ahuacuotzingo, mataron a cinco policías municipales y a dos custodios de esa empresa bancaria.
En una llamada a esta redacción el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Juan Antonio García, informó que luego de una reunión el lunes con los comisarios de las cuatro comunidades, solicitaron al gobierno del estado y federal dejar de hostigar a las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres.
“Quieren seguir intimidando a los pueblos, pero la CRAC está muy organizada y ha sido muy respetuosa, como representantes hemos respetado a los tres niveles de gobierno, no nos metemos con ellos, pero sí nos quejamos cuando ellos se meten con nosotros”, expuso.
Indicó que los comisarios dejaron claro que no quieren ver a los soldados en su territorio, y tampoco a los marinos en las comunidades donde opera la Policía Comunitaria de la CRAC.
Indicó que la presencia de los agentes causa miedo y temor entre las mujeres y los niños, “lo que llegue a pasar vamos a responsabilizar al gobierno del estado”.
El coordinador también llamó a las autoridades del estado a verificar la falta de obras en las comunidades de la zona mixteca de Ayutla, donde la actual alcaldesa del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana no ha hecho obra social.
