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Bloquean indígenas de Rancho Ocoapa, Ayutla, y la UPOEG a una empresa que tala los bosques

Indígenas de la comunidad na savi de Rancho Ocoapa, municipio de Ayutla, bloquearon este martes los trabajos de una empresa maderera que hace tres semanas comenzó a talar el bosque del núcleo agrario de La Concordia y abrió una carretera en tierras de Rancho Ocoapa sin su permiso, derribando árboles de encino y ocote y ocasionando daños al medio ambiente.
Apoyados por policías ciudadanos armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), más de 50 indígenas de la localidad inmovilizaron tres máquinas trascabo y dos camiones de volteo que abrían una carretera en sus tierras. También retuvieron dos camiones troceros que regresaban para llevarse madera de la zona.
El comisario municipal de Rancho Ocoapa, Sergio Sixto Nereido denunció que la empresa maderera firmó un convenio con el núcleo agrario de La Concordia y con Coapinola, pero dijo que ignoraron a su pueblo en cuyas tierras comenzaron a provocar daños con la apertura de la carretera para que pasen los camiones cargados de madera.

Las demás comunidades de la zona están en territorio de la CRAC; vecinos dicen temer una confrontación

Rancho Ocoapa, se encuentra a poco más de una hora al oriente de Ayutla, la cabecera municipal, y es la única comunidad en la zona que cuenta con policía ciudadana de la UPOEG, el resto de las localidades es territorio de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, por lo que los habitantes temen que el conflicto provoque otra confrontación entre las dos agrupaciones.
Desde las 12 del día de este martes, unos 100 indígenas, la mitad de ellos policías ciudadanos armados de la UPOEG, bloquearon el acceso a la zona en donde la empresa maderera propiedad de Gabriel Bautista, quien tiene su aserradero cerca de Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo, está talando los árboles.
El bloqueo se instaló en el crucero que se encuentra entre las comunidades de Mezoncillo y Tres Cruces, para impedir que sigan saliendo camiones cargados de madera, pero también para prohibir que los trabajadores de la empresa sigan abriendo el camino en tierras que les pertenece.
Los casi 100 indígenas llegaron a la zona ayer al mediodía e inmovilizaron tres retroexcavadoras y dos camiones de volteo que se utilizaban para abrir el camino por donde van tumbando árboles de encino y ocote, mientras que la tierra y piedras que remueven y ruedan, provocan daños a la maleza.
“Aquí el problema son los límites que no respetaron. Están trabajando en terrenos que no les corresponde. Estas tierras son de Rancho Ocoapa y nosotros estamos en nuestro derecho de defenderlo como sea, como sea”, advirtió el comisario Sixto Nereido, con la ayuda de un traductor.
Denunció que la empresa maderera que está abriendo la carretera y ocasionando daños al medio ambiente no pidió permiso a la comunidad, “a mí no me tomaron en cuenta, ni tuve conocimiento de nada”, dijo.
Después de caminar los casi 3 kilómetros donde la empresa abrió una nueva carretera y en otras partes amplió la que ya estaba, el comisario dijo que los habitantes de su comunidad solamente están defendiendo el bosque, porque quienes entraron sin su consentimiento “están derribando árboles, dañando la tierra y el medio ambiente y eso ocasiona que se acabe el agua, se vayan los animales silvestres, y provoca graves daños al medio ambiente”, insistió.
El comisario, dijo que el bosque “es la vida” parta los habitantes, no solamente de la zona, sino para los de las comunidades y pueblos de más abajo. “Nosotros estamos defendiendo el futuro de la niñez, estamos defendiendo los bosques, el agua, el medio ambiente”.
Cuando los indígenas recorrían sus tierras en donde se abre la carretera, llegaron las autoridades agrarias de La Concordia, que es la comunidad que tiene el permiso para la explotación de la madera, a quienes les impidieron el paso y les reclamaron que hayan dado permiso a la empresa maderera de abrir el camino en tierras que no son suyas.
Uno de los representantes de La Concordia, que no fue identificado, dijo que el permiso también lo autorizó el comisariado del ejido de Coapinola, Camerino Castro García, pero el comisario de Rancho Ocoapa insistió en que a él no lo tomaron en cuenta, y que por ello los habitantes de su pueblo decidieron impedir el paso de los camiones con madera en sus tierras.
Los campesinos de Rancho Ocoapa denunciaron que el convenio solamente lo conocen y fue autorizado los comisariados de La Concordia y Coapinola, pero no el resto de los ejidatarios.
“Están enterados todos los ciudadanos”, aseguró el representante de La Concordia, quien al ver que le impedían el paso, a bordo de una camioneta Nissan doble cabina se regresó junto con dos de sus acompañantes, y dijo que volvería con el comisariado de Coapinola para que se aclararan las cosas, lo que después de las 2 de la tarde aún no ocurría. La discusión inició a las 11 y media de la mañana, aproximadamente.
Los indígenas de Rancho Ocoapa explicaron que sus vecinos de La Concordia pretenden sacar la madera por tierras de Rancho Ocoapa para que los camiones troceros no pasen por las comunidades de La Concordia y Coapinola, porque temen que los habitantes de estos pueblos se enteren del saqueo de la madera de su ejido, porque insistieron que el convenio sólo lo conocen los comisariados.
El comisario municipal aseguró que los comisariados de los dos núcleos agrarios que autorizaron el convenio no cuentan con los requisitos que establece la normatividad y que, a pesar de ello, el empresario ya comenzó a extraer la madera.
Ayer, durante el bloqueo de los trabajos de la empresa maderera, los indígenas de Rancho Ocoapa contaron con el respaldo de una comisión de habitantes de La Fátima.
“Aquí todos estamos unidos para defender el bosque” dijo, y demandó a los comisariados de La Concordia y Coapinola que diriman las diferencia mediante el diálogo y no con la violencia, y los responsabilizó del conflicto porque no lo tomaron en cuenta.
Ante la posibilidad de que los indígenas de las comunidades de La Concordia y Coapinola acudan a retirar el bloqueo, el comisario Sixto Nereido los convocó a que resuelvan el diferendo mediante el diálogo, “de manera pacífica, no con violencia”.
Después de que los indígenas inmovilizaron la maquinaria de la empresa maderera, se instalaron en plantón en el acceso hacia la zona donde desde hace tres semanas se comenzaron a talar los árboles de ocote y encino.
Los indígenas colocaron lonas para protegerse del sol y la lluvia, y advirtieron que van a permanecer allí el tiempo que sea necesario para proteger sus tierras.
Unos 40 o 50 policías ciudadanos armados de la UPOEG que resguardan el plantón, pertenecen a las comunidades de Rancho Ocoapa y La Fátima.
A pesar de las diferencias que existen entre la dirigencia de la UPOEG y las autoridades comunitarias de la CRAC en otras zonas, en estas comunidades hay coordinación entre la Policía Ciudadana y la Policía Comunitaria, aseguró el comisario de Rancho Ocoapa.
Sin embargo, los vecinos advirtieron del riesgo de que la policía de la CRAC intervenga para apoyar a las comunidades de La Concordia y Coapinola en este diferendo por la explotación de la madera.
Incluso, durante la discusión entre las autoridades agrarias de La Concordia y los de Rancho Ocoapa, el mediodía de ayer, los primeros reprocharon que estuviera la policía ciudadana en una zona que es territorio de la CRAC, pero los habitantes de Rancho Ocoapa le aclararon que en esa comunidad está la Policía Ciudadana de la UPOEG.

Se reconoce el feminicidio como un problema grave, celebran activistas

 

Con sorpresa y sospecha feministas que promueven la aplicación de la Alerta de Género en Guerrero, conocieron en redes sociales “la auto declaración” del gobernador Héctor Astudillo Flores un día antes de que las activistas denunciaran el incumplimiento del gobierno del estado y los ayuntamientos, de varias recomendaciones del Grupo de Trabajo creado para atender la solicitud ante la violencia feminicida en ocho municipios del estado.
Sin embargo destacaron que a casi un año de que presentaron la solicitud en la Secretaría de Gobernación (Segob) mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(Conavim), el estado reconoce el feminicidio como un problema grave.
La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia a las Mujeres, Marina Reyna Aguilar informó que el martes a las 11:30 de la noche recibió la invitación a la actividad de ayer del gobernador, y no asistió por cuestiones de agenda.
Pero conoció con sorpresa la declaración del gobierno estatal, al margen del proceso en la Segob.
Reveló que las organizaciones de la Alianza programaron una conferencia de prensa para este jueves, un día antes de que se cumpla un año del trámite en la Segob, porque descubrieron que el gobierno estatal no cumplió las recomendaciones del Grupo de Trabajo creado para atender la solicitud de alerta de género.
Denunció que los ayuntamientos tampoco atendieron algunas de las recomendaciones, y consideraron necesario denunciar el incumplimiento.
Opinó que este anuncio implica voluntad política para atender el problema, “si existe voluntad debe haber justicia para las mujeres y el trabajo debe comenzar ahora”.
Del Grupo Plural, Viridiana Gutiérrez consideró sospechoso el anuncio, dado que apenas la semana pasada la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O declaró que había más muertes violentas de hombres “y nadie dice nada”, cuando se le preguntó de los feminicidios.
No obstante, Viridiana Gutiérrez celebró que el gobernador acepte que el problema es grave y que se tiene que hacer algo, aunque el procedimiento es incorrecto ante el proceso que sigue abierto en la Segob.
Además opinó que el plan del gobernador sólo contiene acciones ordinarias que debe aplicar cualquier gobierno estatal.
Insistió en que ante la violencia feminicida se deben de desarrollar acciones emergentes, como cuando se activa el plan DN-III del Ejército para contingencias naturales.
La feminista María Luisa Garfias Marín advirtió que la declaratoria “a todas luces tiene fines políticos” frente a las elecciones locales y federales de 2018, y para invisibilizar a la Alianza Feminista.
En consulta telefónica explicó que Astudillo aceptó públicamente que la “autodeclaración” es resultado del análisis del Grupo de Trabajo que se creó a propósito de la solicitud de Alerta de Género, pero no mencionó que fue presentada por la Alianza Feminista.
El anuncio ocurre dos días antes de que se cumpla un año de que el colectivo llevó la petición formal a la Conavim, ahora “él se adelanta porque sabe que viene la declaratoria, y retoma prioritariamente acciones en los ocho municipios señalados en la solicitud”, que son Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tlapa, Ayutla, Coyuca de Catalán y Ometepec.
Opinó que el gobernador pretende golpear a las promoventes de la alerta, sin embargo, “políticamente el golpe lo recibió su gobierno porque reconoce los feminicidios después de haberlos negado”.
También consideró que está maquillando las cifras ante la opinión pública, porque la Alianza documentó mil 500 mujeres asesinadas de 2005 a 2016 en su diagnóstico, y el estado habla de 142 feminicidios del 2010 al 2016.
Aseguró que el gobierno incumplió las 10 recomendaciones que planteó el Grupo de Trabajo para emprender acciones positivas en favor de las mujeres en un plazo de seis meses, que concluyó a mediados de marzo.
A partir del análisis del informe del gobierno sobre el cumplimiento de las recomendaciones, la Cona-vim iba a evaluar la pertinencia de la alerta en Guerrero.

Bloquea la Prepa popular de El Tepetate la carretera Ayutla-Cruz Grande; piden nuevas aulas

Estudiantes, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Tepetate bloquearon por seis horas y media la carretera estatal Ayutla-Cruz Grande, para exigir a la alcaldesa de Ayutla la construcción de seis aulas que se comprometió a edificar desde hace dos años.
Por la mañana, unos 200 inconformes, de acuerdo con los manifestantes, protestaron en el Ayuntamiento donde solicitaron una reunión con la presidenta municipal postulada por el PVEM-PRI, Hortensia Aldaco Quintana, sin embargo no encontraron respuesta, y decidieron bloquear la carretera estatal.
Los estudiantes en la protesta y en el bloqueo en la entrada de Ayutla, sobre la carretera, portaron pancartas donde se leía: “¡Exigimos la construcción de aulas de la escuela preparatoria Los Tepetates”.
Por la tarde, el director de la preparatoria, Emiliano Carreto Moreno, informó que por la intervención del gobierno fue pactada una reunión para el viernes en la presidencia entre las autoridades de la comunidad de El Tepetate, los maestros y la alcaldesa.
Indicó que de no ser atendidos por Aldado Quintana y no comenzar la obra que se comprometió a realizar, que en una asamblea en marzo de 2015 informó que en este año comenzaría su edificación, la comunidad tomará el Ayuntamiento.

Matan de dos tiros a un joven de 22 años en  la carretera Ayutla-Tecoanapa

 

Ayer un joven de 22 años fue asesinado a balazos en la carretera Tecoanapa–Ayutla.
Según datos de la Policía Ciudadana, el joven había sido reportado desaparecido por su familia una noche antes, fue encontrado muerto por la la mañana, no hubo más detalles.
Roynel de 22 años tenía las manos atadas hacia atrás y sólo vestía un short rojo. Su cuerpo estaba boca abajo cerca del rancho de Los Ortiz y tenía dos impactos de bala.
Al lugar llegaron agentes del Ministerio Público (MP) de Ayutla quienes realizaron las diligencias y recogieron el cuerpo que fue reconocido por familiares.

 

Revocan un auto de formal prisión contra Arturo Campos

Redacción

La Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en cumplimiento al amparo otorgado por el Juzgado Sexto de Distrito con número 746/2016 revocó el auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado de la causa penal 031/2013 contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera, sin embargo aún no quedará en libertad puesto que se le sigue un proceso en Tlapa.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Teliz García indicó que con la resolución demuestra como la Fiscalía General del Estado (FGE) y el defenestrado gobernador, Ángel Aguirre Rivero fabricaron delitos contra las autoridades comunitarias.
Además reprochó que “es una vergüenza que las autoridades de la Cuarta Sala Penal revoquen el auto de formal prisión (únicamente) cuando lo ordena un juez federal”.
Los agraviados, Pedro Gil Apreza Salmerón y Karla Espinoza Bolaños fueron acusados en el Sistema de Justicia Comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, Karla Espinoza le entregó el arma de fuego a Pedro Gil y ambos fueron detenidos por la Policía Comunitaria.

Destruyen comunitarios de la CRAC una hectárea sembrada de amapola en Ayutla

La Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias informó que 25 policías comunitarios destruyeron media de hectárea de sembradío de amapola rayada. El plantío se localizó en una barranca a media hora de la comunidad de La Cortina . Foto: El Sur
La Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias informó que 25 policías comunitarios destruyeron media de hectárea de sembradío de amapola rayada. El plantío se localizó en una barranca a media hora de la comunidad de La Cortina . Foto: El Sur

La Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso en Ayutla informó que 25 policías comunitarios destruyeron media de hectárea de sembradío de amapola rayada.
El plantío se localizó el domingo en una barranca a media hora de la comunidad de La Cortina luego de que los policías comunitarios hicieron un recorrido y detectaron las plantas, informó la Casa de Justicia.
El comisario de la localidad integrada a la CRAC y que está también a media hora de la cabecera municipal no entregó el nombre o los nombres de los responsables de la siembra de los plantíos de amapola. Uno de los integrantes de la Casa de Justicia informó por teléfono que no hubo detenidos.
Por esta situación en la asamblea del 20 de mayo en la Casa de Justicia de El Paraíso las autoridades determinarán si expulsan a la comunidad de 60 habitantes del Sistema de Justicia Comunitario, debido a que la siembra de enervantes en el territorio donde opera la CRAC está prohibida.
Sin embargo el integrante de la CRAC indicó que si el comisario entrega los nombres de las personas implicadas en la siembra de la amapola la comunidad no será expulsada.
Ese mismo día serán presentados los dos hombres detenidos en la comunidad de El Mezoncillo, Ayutla, donde el pasado 28 y 29 de marzo también fue destruida 1 hectárea y media sembrada de amapola.
La Casa de Justicia de El Paraíso también condenó el asesinato del policía comunitario de la colonia Adulfo López Matilde Ramos de Ayutla, el comunitario Benito de 36 años fue asesinado a machetazos y encontrado la mañana de este lunes.
La Casa de Justicia señaló que no es el primer hecho contra un integrante comunitario y que está en comunicación con los familiares para dar con los responsables
Se dio a conocer que la delincuencia organizada está empezando a operar en la cabecera municipal y no sólo está  dando un golpe a la CRAC, sino que también han caído policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). El caso más reciente es el del segundo comandante de la comunidad de El Refugio, Melquiades quien fue encontrado muerto en terrenos de la comunidad de Las Ánimas, casi cinco días después de su desaparición. (Jacob Morales Antonio).

Esta semana esperan una resolución de libertad para Arturo Campos pero no saldrá de prisión

El jueves o viernes de esta semana la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberá dictar una resolución de libertad al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, preso en la cárcel de Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz, dijo que el Juzgado de Distrito Sexto el martes pasado envió la notificación a la Cuarta Sala Penal, pero como se atravesaron los días de asueto de Semana Santa,  hoy o mañana será entregada.
Explicó que el Juzgado Sexto ordenó a la Sala Penal dictar una nueva resolución del amparo 746-2016 promovido por Campos Herrera, luego de que ninguna de las partes interpuso un recurso de revisión, y después de que no se acreditó el delito de secuestro de la causa penal 031/2013, promovido por los agraviados Pedro Gil Apreza Salmerón  y Katia Espinoza Bolaños.
Agregó que en 24 horas se  tendrá que dictar una nueva resolución de libertad a Campos Herrera, porque no se acredita el delito de secuestro.
Afirmó que con la resolución del amparo se demostró que la Cuarta Sala Penal actuó de manera dolosa y respondiendo a intereses políticos en la sentencia condenatoria contra Campos Herrera, el 17 de julio pasado, cuando confirmó el auto de formal prisión.
Téliz García afirmó que queda evidenciada la criminalización que hace mediante las instituciones que imparten justicia para mantener a los líderes comunitarios en la cárcel.
El 2 de abril, el abogado  informó que a pesar de que quedara libre en este expediente, Campos no saldrá de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa”.
De este caso en el Juzgado Penal de Tlapa por el delito de secuestro, promovido por Abraham Ortega Zamora y otros 43 agraviados, del mismo caso que se le siguió a Nestora Salgado y del que fue absuelta en marzo de 2016, el abogado indicó que se solicitó una nueva fecha para que se interrogue a 10 agraviadas.
Añadió que en la nueva fecha también se presentaría una prueba de antropología social para acreditar que Campos Herrera es indígena y que en la comunidad donde nació se rige por usos y costumbres y que está integrada a la CRAC, además de que fue electo como consejero regional en una  asamblea para poder desempeñar un cargo comunitario. ((Jacob Morales Antonio).

Cierra la OPIM una calle en Chilpancingo; exige justicia en una muerte por negligencia médica

Integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), bloquearon este lunes 5 horas la avenida de los gobernadores frente a la puerta 3 de Casa Guerrero, y exigieron el cumplimiento de la recomendación 43/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que establece la reparación del daño a los familiares de la indígena Brígida Campos García, quien falleció por negligencia médica en el hospital de Copala.
La CNDH emitió la recomendación desde el 25 de septiembre del 2014 y recomienda, asimismo, la sanción al personal responsable de la negligencia.
Los manifestantes exigieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores porque denunciaron que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame y el de Salud, Carlos de la Peña Pintos encargados de atender el caso, no les han dado una respuesta satisfactoria.
En su protesta denunciaron la falta de médicos y medicamentos en los centros de salud de la región Costa Chica.
La dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel denunció que ya tiene 2 años y medio que la CNDH emitió la recomendación que establece que se tiene que reparar el daño a los familiares de la víctima Brígida Campos, sin que el Gobierno estatal le haya dado cumplimiento a pesar de que fue aceptada.
Explicó que a pesar de que no existe una ley que establezca cómo y cuánto debe ser la reparación del daño, hay reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en este caso están pidiendo que la Secretaría de Salud se apegue a ese reglamento.
Denunció que la Secretaría de Salud, mediante su representante Javier Guerra, les ha informado que la dependencia ya dispuso cuánto es lo que van a pagar como reparación del daño a la familia, pero que el secretario de Gobierno no ha autorizado el trámite.
“Nosotros decimos que una vida no se compra, que no hay un precio, pero los empleados de salud que provocaron su muerte (de Brígida Campos), arruinaron el proyecto de vida que tenía con Jesús Victoriano, su esposo y el hijo de ambos, quien también murió porque no hicieron nada para salvarle la vida en el hospital. Sus vidas, sus aspiraciones y su proyecto de vida que empezaron a construir no vale dinero, su valor no tiene precio, y estos empleados de gobierno no lo entienden, piensan que con unos cuantos pesos pueden callar el reclamo de justicia”, denunciaron en un volante distribuido durante la protesta.
Eugenio Manuel dijo que piden hablar directamente con el gobernador para que cumpla la recomendación que emitió la CNDH, específicamente la reparación del daño a los familiares.
Informó que también han pedido al senado de la República que intervenga para que pida al Gobierno estatal una explicación, de por qué no ha cumplido la recomendación.
Brígida Campos era una mujer indígena na savi del municipio de Ayutla, quien murió el 21 de Marzo de 2014 a los 20 años de edad en el hospital de Copala, según sus familiares por falta de atención médica.
A raíz de ese caso el 25 de septiembre de 2014 la CNDH emitió la recomendación 43/2014 dirigida al gobernador del estado, en ese entonces recién había solicitado licencia el gobernador Ángel Aguirre Rivero a raíz del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala y la desaparición de 43 de ellos, pero todavía no tomaba posesión el interino Rogelio Ortega Martínez.
“A tres años de la muerte de Brígida y a dos y medio de la recomendación de la CNDH, el gobierno del estado se ha negado sistemáticamente a reparar el daño a los familiares de Brígida y su hijo”, denunció la OPIM en su volante.
La agrupación se quejó que De la Peña Pintos, “de mala fe ha tratado de hacer una reparación de daño que no corresponde como lo marca la ley”.
“Por esta razón, como familiares de Brígida, hemos solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de acuerdo al derecho que nos asiste y a la recomendación, que por su conducto pida a la Cámara de Senadores la comparecencia de Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado, y explique las razones por las cuales se ha negado a cumplir la recomendación”, se agrega en el escrito.
Durante la protesta demandaron un nuevo centro de salud en el municipio de Ayutla y denunciaron la falta de médicos y medicamentos en los centros hospitalarios de la región Costa Chica.
Eugenio Manuel informó que en junio del año pasado integrantes de esa organización se reunieron con el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Salud de la Peña Pintos, a quienes les pidieron la construcción de un nuevo centro de salud en Ayutla porque el que está no se da abasto, además de que no hay medicamentos.
Un grupo de vecinos de la comunidad de Tres Cruces, municipio de Acatepec que colinda con Ayutla, vino a demandar una ambulancia para el traslado de sus enfermos a Ayutla, porque su centro de salud no tiene médico ni medicamentos.
También vinieron habitantes de las comunidades de El Camalote y Barranca Tecoani, quienes solicitaron el envío de medicamentos a sus comunidades, “si en la cabecera municipal no hay medicamentos, menos habrá en las comunidades”, dijo Obtilia Eugenio.
Los más de 50 indígenas encabezados por Ángela García Victoriano, madre de Brígida y la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, llegaron a las 10 de la mañana a la puerta 3 de Casa Guerrero en donde se mantuvieron en plantón, bloqueando la avenida hasta las tres de la tarde cuando salió a platicar con ellos César Armenta Adame, secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El funcionario les dijo que el gobernador los recibirá en audiencia el 24 de abril.
El secretario de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez advirtió que ese día podrían volver a instalarse en plantón en caso de que no sean recibidos.

 

Acuerda la CRAC de Ayutla detener al comandante de Chacalapa y libera a un detenido por la UPOEG

En una asamblea microregional los representantes de las comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron detener al comandante de la policía comunitaria de Chacalapa, por el asesinato de un policía en noviembre, caso por el que ya hay un detenido.
También, se liberó a un joven que fue detenido el mes pasado con 50 plantas de mariguana, y se reabrió la investigación de un detenido que lleva un año y cinco meses en reeducación (que es el castigo de prisión y servicio comunitario que se le da a los presuntos delincuentes en el sistema de justicia comunitario), debido a que cambió su declaración hace unos meses y confesó que fue torturado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para admitir el homicidio del que se le acusó.
A la asamblea acudieron integrantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán quienes informaron de los temas que se hablaron en la reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, así como que se tiene que trabajar en la armonización de la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que no está vigente en la Constitución del estado. Los invitaron a participar en la reunión programada para hoy en San Luis Acatlán en la que se tratará esa ley.
En la asamblea con unos 100 asistentes, en la que se habló en tu’ un savi (mixteco), los coordinadores presentaron el caso del homicidio del policía comunitario Leonardo Feliciano, quien fue herido en una pierna y murió ante la falta de atención médica en noviembre.
Se expuso en la asamblea que el disparo que recibió el policía comunitario fue por un jaloneo que se dio entre el comandante del grupo y quien fue detenido por el homicidio, quien se encuentra en proceso de reeducación. Debido a que no se había tenido dicho antecedente, ayer acordaron en la asamblea detener al comandante, que se ampliará la investigación y se someterá también a reeducación.
Otro de los casos que se expusieron en la asamblea es el de un detenido en la comunidad de Coapinola, Ayutla. Fue detenido el 12 de febrero Israel Basilio con 50 “matitas” de mariguana. En la asamblea acudió la madre del joven a abogar por él y después de escuchar diferentes posturas la asamblea votó a favor de liberarlo, porque había sido suficiente un mes en reeducación.
Después se expuso el caso de Juan Manuel Encarnación de Jesús, quien lleva un año cinco meses detenido. Se explicó que fue entregado por la UPOEG, con una supuesta declaración en la que aceptaba que había cometido un homicidio, sin embargo luego de un año de estar en reeducación Juan Manuel entregó a su familia una carta en la que se retractó de haber cometido el delito.
En la nueva declaración indica que fue torturado no sólo por los policías de la UPOEG sino también por los ministeriales, y al reabrir la investigación los policías comunitarios interrogaron a uno de los supuestos testigos, quien también dijo que fue torturado por los policías ciudadanos para señalar a Juan Manuel como responsable del homicidio.
Los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso pidieron a la asamblea que se interrogara a dos personas más que el detenido menciona en su declaración, y el resultado de la investigación se expondrá en asamblea para que sean todos los integrantes los que decidan si es liberado o reeducado.
La familia del detenido acudió al lugar con la esperanza de que fuera liberado y después de exponer que llevan más de un año dando vueltas buscando una respuesta al caso, aceptaron la decisión del colectivo.
La asamblea fue presidida por los coordinadores Juan Antonio García Fidencio, Francisco Neri Victoriano y Néstor Chávez García.

Protestan indígenas defraudadas en la autopista en Chilpancingo y en la Costera de Acapulco

Indígenas de Ayutla, Tecoanapa, Iliatenco, Zihuatanejo, San Luis Acatlán, San Marcos, Acapulco y Chilpancingo protestaron una hora en la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol, y en la Costera de Acapulco, para exigir al gobierno del estado que solucione el fraude contra 200 mujeres por la presidenta de la Asociación Civil Carmen Serdán, Rosa Rayo Macedo, quien además es líder del Círculo Femenino de Emprendedoras, Obreras y Campesinas del Estado de Guerrero y secretaria de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Minutos después de las 8 de la mañana unos 30 hombres y mujeres de Ayutla se plantaron en la caseta de la Autopista del Sol en Palo Blanco para demandar justicia a las autoridades del estado.
Los manifestantes portaron pancartas en las que se leyó: “Exigimos Justicia somos indígenas más vulnerables y más olvidados”, “Presidente de la República queremos audiencia” y pidieron cooperación voluntaria.
Los manifestantes exigieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para plantearle sus demandas, pues entre el 2009 y el 2014 fueron defraudados por Rayo Macedo, quien les prometió empleo temporal, proyectos productivos y vivienda, a cambio de 5 a 6 mil pesos por cada uno durante los cuatro años, hasta reunir 31 mil 150 pesos, más los días que perdieron su tiempo sumaron 61 mil 150 pesos para cada una.
A la caseta llegaron agente federales, quienes acosaron a los manifestantes para que se retiraran, de lo contrario les dijeron que se los llevarían detenidos.
Al lugar también acudieron representantes del gobierno del estado, quienes prometieron que el miércoles a mediodía los recibirá el gobernador. Minutos después de las 9 de la mañana se retiraron.

Presentaron una denuncia penal en el MP en 2015 pero no hay avances, denuncian en el puerto

En la protesta en la Costera de Acapulco afuera de Oceanic 2000 dijeron que 180 mujeres en el estado fueron defraudadas, pero que hay otras más y calculan que son unas 2 mil las que tuvieron que vender terrenos y animales, porque les prometieron proyectos productivos.
Pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que se resuelva el problema.
Se informó que presentaron una denuncia penal en la agencia del Ministerio Público sector Garita en el año 2015, pero que no hay avances debido a que no tienen recursos para pagar al abogado, para que el agente dé seguimiento y emita una resolución en contra de Rayo Macedo, a quién le piden que les regrese su dinero.
La presidenta de la asociación civil Mujeres Indígenas Guerrerenses, Maura Guzmán Cano informó que el fraude fue de 2009 al 2014, “nos empezaron a pedir de mil pesos, cinco mil pesos, 6 mil, ocho mil pesos y aparte de eso lo que estamos pidiendo es que nos regresen nuestra cooperación que dimos, porque no hay ningún proyecto de los que nos prometió de 300 mil pesos o de 500 mil pesos, prometió viviendas, becas”.
Reprochó que ni Rayo Macedo ni el secretario general de la CTM, Antelmo Alvarado García, “nos da la cara, cuando el señor Antelmo nos dijo que ella estaría aquí (ayer) a las 12 en punto de la mañana”, pero como no llegó se manifestaron.
Guzmán Cano informó que hace ocho días recibieron una llamada del secretario general de la CTM, y le ordenó a Rosa Rayo que los recibiera para que “le pidamos que ella pague, porque él no se hacía responsable, porque él no agarró el dinero, sino la señora Rosa Rayo, quién es la secretaria de la CTM”.
“Estamos aquí pidiendo que nos regresen el dinero, lo que estamos pidiendo que nos pague es de 71 mil 155 pesos por cada una, somos 180 de todo el estado, y ella no sólo defraudó a esa cantidad, sino arriba de dos mil mujeres en todo el estado con la misma cantidad, y con todas las vueltas no nos han dado la cara”, detalló.
Agregó que la petición es que Rayo Macedo les pague a las señoras que hicieron sus pagos, porque son “personas muy humildes que vendieron sus terrenos, empeñaron sus alhajas, vendieron sus animales para poder cumplir la cuota que la señora quiso”, que cuentan con pruebas “porque ellos nos recibía, aunque sea su puño y letra tenemos comprobante”.
“Queremos pedir justicia al gobierno federal, con el gobierno estatal que ponga su atención en nosotras las mujeres, que nos están engañando con proyectos y nos están sacando dinero, eso no es justo para muchas personas aquí”, indicó la dirigente y recordó que en el año 2015 se retiraron de la organización porque “no veíamos apoyo”.
De la denuncia mencionó que “no hay resolución porque no tenemos dinero, somos mujeres indígenas”, el Ministerio Público “no esta haciendo nada porque el asunto apenas lo fui a sacar y no se le ha movido nada”.
“No nos han dado nada, ninguna despensa, estamos desde hace ocho meses buscando la cara del gobernador queremos pedir su intervención, porque somos gente que votamos por él, y todas estas personas fueron promotoras”, dijo y advirtió en caso de no tener una respuesta van a movilizar más de 18 mil mujeres de todo Guerrero.