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Recurrirá a su derecho de audiencia ante el Congreso, responde la fiscal Valdovinos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, se rebeló, refutó y no aceptó su remoción del cargo como lo anunció la tarde de ayer la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y advirtió que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del estado.
“La Fiscalía General del Estado que encabezo, continuará desempeñando la función constitucional de investigación y esclarecimiento de los hechos, promoviendo la defensa de los intereses de la sociedad en beneficio de la ciudadanía guerrerense”, sostuvo en un comunicado.
Derivado de las irregularidades y discrepancias que ha habido en el caso del asesinato del estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta la noche del 7 de marzo, la tarde de ayer la gobernadora informó que recibió y aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del Secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera.
En tanto que de la fiscal Valdovinos Salmerón, la gobernadora dijo: “hago de su conocimiento que con base a mi facultad constitucional notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de Fiscal General del Estado realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal”.
Sin embargo, más tarde, la fiscal Valdovinos Salmerón refutó mediante un comunicado a la gobernadora: “En atención a la comunicación realizada este día por la Gobernadora del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, la suscrita Fiscal General del Estado es respetuosa de lo dicho por la mandataria estatal; sin embargo, no debe pasar desapercibido que para mí remoción del cargo, se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales que para tal efecto se han establecido, los cuales me permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa”.
Y advirtió: “Informo que haré valer mi derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que esta Fiscalía General realizó por los lamentables hechos que derivaron en la muerte de Yanqui N, ilícito que se investigó dentro de la carpeta iniciada de oficio el día 8 de marzo de 2024, por el delito de homicidio calificado.
Valdovinos Salmerón, agregó: “No omito señalar, que la Fiscalía General del Estado que encabezo, continuará desempeñando la función constitucional de investigación y esclarecimiento de los hechos, promoviendo la defensa de los intereses de la sociedad en beneficio de la ciudadanía guerrerense”.

 

Juicio político para la gobernadora por la violencia en el estado, pide Adrián LeBarón

La madre del normalista asesinado Yanqui Kothan, Liliana Vianey Gómez llega a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, acompañada del padre Filiberto Velázquez Foto: Carlos Carbajal

Alejandro Guerrero

Iguala

El activista Adrián LeBarón solicitó a la Cámara de Diputados federal y al Congreso del Estado que inicien un juicio político contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, y otros hechos de violencia en la entidad, en la que “son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad de miedo”.
Este jueves por la tarde, mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter), Julián LeBarón hizo públicas las peticiones de juicio político que entregó ese mismo día y que están fechadas un día antes. Con los oficios entregados y firmados, acompaña un video en el que justifica su solicitud.
“Pedimos juicio político a la gobernadora Evelyn Salgado. Es muy grave lo que ocurre en Guerrero, un lugar donde no existe el Estado de derecho, y son los grupos criminales los que cada día imponen su autoridad de miedo”, dice el activista en un video corto y un texto que acompaña su publicación.
Menciona que este jueves pidió al Congreso local y al federal, que inicie un juicio político contra Evelyn Salgado porque “ya no es posible que la gente esté pagando los costos de una administración omisa, incapaz de brindar seguridad a su población”.
Menciona, además, el homicidio del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez, cometido por agentes de la Policía Estatal la noche del jueves de la semana pasada, y ante las inconsistencias que se evidenciaron desde el inicio de las investigaciones, consideró que “se quería construir otra verdad histórica, y formar una realidad sesgada, para deslindarse de la responsabilidad”.
Agrega que con la fuga del policía que presuntamente habría matado a Yanqui Kothan, “se demostró que la institución del Estado no sirve y no responde a quienes debería servir. Eso es una muy alta traición”.
El miembro de la comunidad LeBarón, asentada en Chihuahua, y que ha apoyado a víctimas de la violencia en Guerrero, agregó: “No podemos dejar solos a nuestros hermanos guerrerenses, no podemos ser omisos ni voltear la mirada ante lo que sucede. No los dejemos solos y espero que el Congreso atienda este llamado”.
La demanda de juicio político contra la gobernadora se da en medio de la crisis política debida al asesinato del estudiante Yanqui Kothan, que este jueves obligó a la separación del cargo de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el general Rolando Solano Rivera, respectivamente, y a la remoción de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Las solicitudes de juicio político

Las demandas de juicio político contra la gobernadora Evelyn Salgado fueron entregadas este jueves a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, y en la oficialía de partes del Congreso del Estado, dirigido a la presidenta de la mesa directiva, Leticia Mosso Hernández.
Es promovida por el activista Adrián LeBarón Soto, en la que se indica que con fundamento a los artículos 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, 6 y 7 fracción VII, 9 y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “comparezco ante usted, para presentar una denuncia contra Evelyn Cecia Salgado Pineda, actual gobernadora del estado libre y soberano de Guerrero, con la finalidad de que se dé inicio al procedimiento de juicio político”.
Justifica que la procedencia de la denuncia, para que se inicie este juicio político, está de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados”.
En el segundo punto de la petición, establece que es procedente que se inicie el procedimiento en contra de la gobernadora Salgado Pineda, en virtud del artículo 110 de la Constitución, que establece que los ejecutivos de las entidades federativas “sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen”.
Asimismo, indica que es procedente, en virtud de que los hechos sobre los que se sustenta la presente denuncia encuadra en la hipótesis reconocida en el supuesto normativo del numeral 5, en relación con el artículo 7 fracciones VI y VII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que “los gobernadores de los estados (…) podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen”.
Mientras que en la denuncia ante el Congreso local, Adrián LeBarón fundamenta su petición de juicio político contra Salgado Pineda en los artículos 195 de la Constitución Política del estado de Guerrero, así como los artículos 9, 10, 11, 13 y 14 de la ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Guerrero.

 

Pide presidenta de la Jucopo al IEPC manejarse con “austeridad republicana”

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Citlalli Calixto Jiménez, en entrevista en el auditorio José Joaquín de Herrera, en el interior del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, Citlali Calixto Jiménez, pidió al  Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que priorice los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2023, en los comicios, para fortalecer la democracia y la soberanía del estado.
Consultada sobre la crisis financiera que denunció el IEPC, y que ahora negocia una ampliación presupuestal con el gobierno del estado, la diputada de Morena respondió con un exhorto “a todas las instituciones” a optimizar los recursos para la democracia, con austeridad republicana.
En el auditorio José Joaquín de Herrera en la sede del poder Ejecutivo estatal, a donde acudió a la entrega de apoyos a adultos mayores del programa Pensión para el Bienestar, dijo que es respetuosa de cada instituto, “nosotros siempre pugnamos por el bienestar”.
Cuando se le preguntó si eran altos los salarios de los consejeros del IEPC, respondió que “los 46 diputados pugnamos por fortalecer con estos recursos, para la democracia de los ciudadanos y ciudadanas; sin embargo, si entramos a un tema de la 4T y del proyecto de nación, siempre nosotros hemos señalado que la austeridad republicana es indispensable, que el recurso no vaya sólo a los consejeros, digamos, a los que llevan el estandarte de estas instituciones, sino a la propia ciudadanía”.
Insistió en que los recursos públicos sean para “dar cabal cumplimiento a la democracia de los ciudadanos en las elecciones de manera puntual”.
Hizo un exhorto a las instituciones y a los consejeros del IEPC, a que, en pleno periodo electoral se utilice (el presupuesto) para fortalecer al organismo”.
Del llamado es amarrarse el cinturón, como dijo antes la representante de Morena en el Consejo general, declaró que “(los diputados) tenemos el objetivo de fortalecer a los ciudadanos y a su democracia, creo que eso siempre va a ser importante, indispensable. Insisto, desde el Congreso damos las herramientas necesarias y cabal cumplimiento a lo que nos toca como Congreso, pero sí es importante señalar que desde esta institución (IEPC) se tiene que priorizar, ese es el exhorto respetuoso a que se fortalezca la democracia, por supuesto con austeridad republicana”.
En específico sobre la financiamiento ordinario y de campaña a partidos políticos, etiquetado en la fuente financiera de Inversión Estatal Directa (IED), que resultó insuficiente para cubrir los montos presupuestados 2023 y que motivó una movilización de trabajadores por el pago de sus salarios la semana pasada, sólo dijo que el Congreso cumplió con su obligación.
“Desde el Congreso del estado dimos cumplimiento para aprobar el presupuesto y fue asignado en cada área, con cada institución, y la organización de cada institución u organismo será acorde a sus necesidades”.
Reconoció que antes de aprobar el Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2023, hubo varias mesas de trabajo, acercamientos puntuales, “(y) el congreso dio cabal cumplimiento para este periodo de elecciones, y en ese sentido, esta institución tendrá que darle puntual seguimiento y sobre todo priorizar este recurso para el tema electoral, para fortalecer la democracia,  y la soberanía del estado de Guerrero”.
De la solicitud de fiscalización a la publicidad anticipada de aspirantes de Morena, ella incluida en la lista de 101 aspirantes que presentó MC en el INE, señaló que cada partido puede hacer las denuncias que considere, y el exhorto a cada ciudadano o actor político que legítimamente tiene aspiraciones, es para que se conduzca con respeto a la ley electoral.
En cuanto a la violencia en diferentes regiones, enfatizó que es importante que todas las instituciones fortalezcan la democracia para a elegir en este 2024 a quienes serán los proximos representantes populares, “cada poder, cada institución tendrán que garantizar las condiciones para que los ciudadanos puedan salir sin mayor percance”.

 

Urgen el IEPC y partidos al gobierno estatal el pago de 26 millones; hay actividades afectadas

Redacción

Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) realizaron un llamado urgente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para efectuar el pago del adeudo que tiene con el organismo.
“Expresamos nuestra y nuestra más enérgica inconformidad, por la omisión de pago de recursos autorizados en que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado ha incurrido con este organismo electoral”, indicaron en una carta que se difundió el sábado, dirigida a la gobernadora y a la opinión pública.
No obstante, la presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, informó ayer que hasta este lunes no ha habido respuesta del gobierno del estado a ese posicionamiento.
Se detalla que a la fecha se adeuda a este organismo un monto de 26 millones 563 mil 452 pesos que corresponden al pago del financiamiento público a partidos políticos, así como gasto de operación y proyectos de este organismo electoral, no obstante que en un ejercicio de planeación, dichos recursos fueron proyectados, presupuestados, autorizados y calendarizado su pago, con toda oportunidad y cumpliendo con todas las formalidades que la ley establece.
Sostuvieron que en el transcurso del año la ministración de dichos recursos presentó retrasos en la transferencia por parte de la Secretaría de Finanzas en los pagos que mensualmente se debieron realizar a este instituto, lo que provocó retardos en la ejecución de diversas actividades fundamentales para la organización electoral en la entidad.
“Es necesario señalar que la falta de pago de los recursos autorizados afecta sensiblemente a cientos de familias que a esta fecha no perciben sus salarios y prestaciones laborales, a actividades preparatorias de la elección y, con esto último, a la vida democrática en nuestra entidad”.
La carta la firman los consejeros electorales, encabezados por la presidenta Luz Fabiola Matildes Gama y los representantes de los partidos políticos en el organismo electoral, a excepción de Morena, que no aparece en el documento.
Firman los representantes del PRI, PRD, PAN, PT, PVEM, MC, Partido México Avanza, Partido Fuerza por México, Partido de la Sustentabilidad Guerrerense, Encuentro Solidario, Alianza Ciudadana, Movimiento Laborista, Bienestar Guerrero, Partido Regeneración, Representante del Pueblo Afromexicano y Representante de los Pueblos y Comunidades Originarias.
La presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, informó este lunes que no ha habido comunicación de gobierno del estado, tras el posicionamiento de organismo difundido el sábado, donde el organismo expresó su preocupación y enérgica inconformidad por la omisión de pagos de recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2023.
Confirmó que tampoco, hasta este lunes primero del año, se realizó el depósito el financiamiento público que las ministraciones que se adeuda a partidos políticos de medio mes de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que quedaron pendientes al cierre del año.
Por separado, se trató de tener una reacción vía telefónica del secretario de Sefina, Raymundo Segura Estrada y del secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sobre la denuncia pública del IEPC. En ninguno de los dos casos se tuvo respuesta.

 

Califica líder de Morena de suficiente y legal, el presupuesto asignado al IEPC

 

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, sostuvo que el presupuesto aprobado al Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC) es “suficiente para la elección” y está apegado a la austeridad.
El pasado 23 de diciembre el Congreso local aprobó el presupuesto de Egresos para el 2024 del gobierno estatal. Para el IEPC se etiquetaron 393 millones 120 mil pesos, de los cuales 244 millones serán para gastos de partidos y saldrán de recursos propios que recauda el estado (inversion estatal directa). El Instituto había solicitado un presupuesto de 695 millones 543 mil pesos para el siguiente año.
En declaraciones por teléfono y a pregunta expresa sobre el presupuesto aprobado para el IEPC para el siguiente año, el líder de Morena y diputado local dijo: “creo que con esas cantidades alcanza lo suficiente para la elección (pero) yo creo que sí se van a necesitar ampliaciones conforme el desarrollo, creo que la ejecución del presupuesto inicia en marzo, ojalá y el secretario de Finanzas y la presidenta del Instituto logren acuerdos”.
González Varona dijo que confia en los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quienes fueron los que revisaron el presupuesto, y llamó al Instituto a que confíe en que el Congreso, “no los dejará sin recursos, podemos autorizar partidas especiales”.
A pregunta expesa del porqué aprobaron un presupuesto reducido si preven ampliaciones presupuestales, respondió que debe analizarse cómo se desarrolla el gasto y en función de eso autorizar otras partidas. Dijo que el presupuesto fue aprobado con base en “estudios, me imagino que de Planeación y Presupuesto”.
Sobre si la austeridad debe aplicarse al ejercicio democrático de los comicios del próximo año, respondió: sí, “la democracia no nos puede salir tan cara, por ahí debemos empezar”, y los partidos deben ajustar sus gastos.

Se busca someter al órgano electoral: PRD

Por separado, también por teléfono el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD Alberto Catalán Bastida consideró que el presupuesto aprobado en el Congreso local lo que pretende es tener “sometido” al IEPC ante el gobierno estatal.
Opinó que es “lamaentable” que el Congreso no haya dado oportunidad al Instituto de exponer con claridad su propuesta de presupuesto, lo que impactará directamente en el proceso electoral de 2024.
Recordó que en este 2023 hubo varios “contratiempos” para el IEPC por no tener suficiencia presupuestal. Puso como ejemplo las dificultades para instalar los 28 consejos distritales locales este año.
Alberto Catalán adelantó que buscará una reunión con la presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, para saber cómo prevé enfrenar el proceso electoral del 2024 y qué acciones emprenderá, pues sabe que buscarán, por medios legales, que se pudiera modificar el presupuesto.
El dirigente del PRD dijo que desconoce por qué los diputados de su partido aprobaron ese presupuesto.
Aparte, en un comunicado, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano advirtió que el recorte al IEPC “pone en riesgo la integridad de nuestro sistema democrático”.
“Hacemos un llamado a la cordura institucional, recordando que el camino para cambiar las instituciones no radica en debilitarlas, sino en reformarlas de manera constructiva. Destruir nuestras instituciones debilita la base misma de nuestra democracia”.
MC señaló que el recorte presupuestal genera “un peligroso retraso que amenaza la certeza y legalidad en la calificación de las elecciones”.
“La democracia requiere de una inversión sólida en los procesos electorales, la aplicación de una supuesta austeridad lo puede convertir en un austericidio”.

 

Los 244 millones asignados por el Congreso al IEPC serían sólo para partidos y campañas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, declaró que analizará con los consejeros electorales el financiamiento que aprobó el Congreso local para el ejercicio fiscal 2024, menor al requerido por el Consejo General para un año de comicios locales, y en el órgano colegiado determinarán lo conducente.
En consulta telefónica, la funcionaria precisó que tuvo información extraoficial de que el presupuesto aprobado para el instituto sería de 393 millones 120 mil pesos, el señalado en la tabla de Distribución de Gasto por Unidad Administrativa del anexo 4 del documento.
El monto de 244 millones para el IEPC, indicado en la partida de rubro de Inversión Estatal Directa (IED), sería sólo para el financiamiento público de partidos políticos y gastos de campaña para las candidaturas, pero aún desconocen las fuentes de financiamiento del resto de los recursos etiquetados: 149 millones.
Al insistirle sobre posibles acciones legales que plantearon representantes de partidos políticos en la última sesión de diciembre del Instituto, para requerir al gobierno del estado, el total de la solicitud 695 millones de pesos que aprobó en el anteproyecto el IEPC, ratificó que, antes de emitir una opinión debe discutirlo con sus homólogos.
“Vamos a llevar a cabo una reunión en la semana para ver qué vamos a realizar”.
Aclaró que esperan recibir información oficial para analizar el documento completo. Sin abundar, confirmó que tienen interés en saber cuáles son las fuentes de financiamiento del resto de los recursos programados al IEPC, porque sólo una parte está señalada en el IED.
En la última sesión del IEPC, a mediados de diciembre, el Consejo General subrayó que los recursos etiquetados en el proyecto de la iniciativa que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, los 393 millones de pesos aprobados, por el Congreso local, eran insuficientes para cumplir con los servicios básicos para el desarrollo normal del proceso electoral ordinario de diputados y ayuntamientos 2023-2024.
Los representantes de partidos políticos también revelaron que en 2023 los recursos etiquetados al instituto se encontraban en el apartado de IED, donde no hubo suficientes ingresos para cumplir en forma con las ministraciones programadas del financiamiento a partidos políticos, y el Instituto estuvo requiriendo ampliaciones presupuestales para la instalación de 28 Consejos Distritales y el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año, al gobierno del estado.

Planteó el PRD un presupuesto al IEPC similar a 2021, pero no lo avaló el Congreso, dice Raymundo

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Raymundo García Gutiérrez, señaló que el planteamiento de su partido de presupuesto para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en el ejercicio fiscal 2024, era que recibiera al menos, el mismo el financiamiento aprobado en 2021, que también fue un año electoral.
En breve consulta telefónica, aclaró que no tenía los documentos del presupuesto, pero confirmó que no se logró el cometido en el debate en el Congreso local.
En 2021, de elecciones locales, el presupuesto aprobado para el IEPC fue de alrededor de 620 millones de pesos. La solicitud del organismo para 2024, era del orden 695 millones de pesos. Sin embargo, lo etiquetado en el presupuesto de Egresos aprobado el sábado 23 de diciembre, son 393 millones de pesos.
Por separado, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado del PRD, Ociel Hugar García Trujillo, informó que en la sesión permanente donde la Comisión dictaminó el proyecto del dictamen del Presupuesto de Egresos del estado de Guerrero que se votó en el pleno, dijo que solicitó levantar un acta para expresar su desacuerdo respecto al financiamiento del IEPC.
“Mi argumento fue que la fracción del PRD no estaba de acuerdo, que no podía ser un presupuesto menor, que ponemos en riesgo la democracia y las elecciones, para dejar constancia se levantó un acta”, dijo.
Añadió que hubo dos posturas en este sentido, de él, y del diputado del PRI, Olaguer Hernández Flores, vocal de la Comisión.
Sin embargo, García Trujillo añadió que recibieron toda una réplica del planteamiento del gobierno federal, sobre los recortes que, estimó, en Guerrero no aplican por todas las condiciones sociales, económicas, incluso de seguridad pública, además, de  la referencia de los ahorros que se tienen que manejar para enviarlos a Acapulco para atender las afectaciones del huracán Otis.
Confirmó que la partida de 244 millones de pesos para el IEPC en el apartado de Inversión Estatal Directa (IED) representa riesgos por menor recaudación, y no mencionó en dónde fueron etiquetados el resto de los recursos aprobados para el organismo

 

Urgen al Congreso a instalar el cabildo de Las Vigas; “estamos en el abandono”, dicen

Régulo Viviano Mendoza; la presidenta Adriana Garnica; Adilene Canoy y Georgina Sandoval Baltazar en la conferencia de prensa del Gobierno instituyente del Municipio de Las Vigas Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del cabildo instituyente de Las Vigas, desprendido del municipio de San Marcos, exigieron ayer en conferencia de Prensa en Chilpancingo al Congreso local les tome protesta y los instale como cabildo.
Encabezados por Adriana Elizabeth Garnica Ventura, quien encabeza la planilla, como presidenta, denunciaron que han pasado dos meses de que se venció el plazo sin que haya habido una causa justificada para que no se haya instalado el cabildo.
Garnica Ventura, fue acompañada por los regidores Georgina Sandoval Baltasar y Régulo Viviano Mendosa.
Dijo que desconocen por qué el Congreso local no ha querido tomarle posesión a la planilla ganadora.
“Lo que pedimos al Congreso es que dejen trabajar al municipio de Las Vigas, que nos regresen a ver, que nos dejen ser, que ya basta, estamos abandonados y necesitamos trabajar para resolver los problemas de nuestros municipios”.
Demandó a los diputados que permitan que el municipio comience a trabajar y que los proyectos que tienen en puerta se hagan realidad en beneficio de los pueblos.
A nombre de las familias de las Vigas exigió que les permitan ejercer sus labores porque no hay ninguna justificación para sigan retrasando la instalación del cabildo.
Indicó que no quiere pensar que no la dejan ejercer porque es mujer, igual que el cabildo de San Nicolás, (antes de Cuajinicuilapa) que también la encabeza una mujer y no le han tomado protesta, “¿será ese el motivo que no nos dejan ejercer porque somos mujeres?, se preguntó.
La regidora Abilene Cano Ocampo, también le exigió al Congreso local que ya cumpla con la ley y que les tome protesta y los instale como cabildo instituyente.
Dijo que hay muchos problemas y que el cabildo ya requiere comenzar a trabajar para atender, por ejemplo, “las escuelas que se están cayendo”, los caminos destrozados, los servicios de agua potable y alcantarillado que ahora no son atendidos por el ayuntamiento de San Marcos al que pertenecían y que como ya forman parte a otra demarcación no se hace cargo de sus problemas.
“Y tiene razón porque ya no le correspondemos a San Marcos nuestro municipio de Las Vigas, ahora nos corresponde trabajar a nosotros por nuestro propio municipio, pero no podemos hacerlo porque no nos toman protesta, no nos han dado posesión”, reprochó.
Régulo Viviano Mendoza, otro de los regidores, informó que el nuevo municipio necesita que sea atendido en sus caminos saca cosecha, agua potable “y muchos de los servicios que requiere la gente que nos pide que los ayúdenos, pero no podemos si los diputados no nos aprueban comenzar a trabajar”.
La alcaldesa Garnica Ventura agregó que hay muchos servicios que tienen que ser atendidos por las nuevas autoridades pero que mientras no los instale el Congreso no pueden trabajar, “por eso pedimos de todo corazón al Congreso que nos escuche”, clamó.

 

Piden dos diputados que la Jucopo los reconozca y los integre como fracción

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los diputados locales, Masedonio Mendoza Basurto y Manuel Quiñonez Cortés, informaron su determinación de constituirse en una asociación de “diputados en Movimiento”, con la intención de integrarse a las decisiones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la 63 legislatura.
Mediante un oficio con fecha de entrega este jueves 15 de noviembre, los diputados separados de sus partidos políticos de origen, Morena y PVEM, respectivamente, solicitaron “de manera urgente” el reconocimiento y que se formalice su integración a la Jucopo, “para no dejar en estado de indefensión a ninguna expresión política y a nuestros representados”.
Argumentaron que esta petición tiene precedentes  en el Senado, en noviembre de 2021, cuando la Jucopo y la Mesa directiva reconocieron la integración de un grupo plural, a solicitud de los senadores Alejandra del Carmen León Gastelum, Nancy de la Sierra Gamburo, Germán Martínez Cázares, Gustavo Madero Muñoz y Emilio Álvarez Icaza.
En ese acuerdo se reconoció a la agrupación denominada Grupo Plural, “con el propósito de trabajar de manera conjunta para los fines políticos e ideológicos que correspondan”.
Además, indicaron que la resolución del estado, se basó en una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras resolver una acción de inconstitucionalidad en el estado de Veracruz, sobre grupos legislativos mixtos,
Es decir, “en el entendido de que el objeto de su encargo no es defender intereses de partido, sino por el contrario, como representante de la voluntad popular debe gozar de libertad para agruparse con otros diputados, que aunque no tengan la misma filiación, sí comparten el mismo ideal político que permita expresar su ideología”.
En consulta telefónica, Mendoza Basurto dijo que hace unos días se sumó a MC, e indicó que el 24 de octubre solicitó su separación del grupo parlamentario de Morena, y Quiñones Cortés hizo lo propio en el PVEM.
Indicó que esperan una respuesta en una semana de la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, pero no descartó ir a una lucha jurídico política para quedar representados en el órgano de gobierno, “porque al no tener fracción parlamentaria, entonces en las tomas de decisiones de la Jucopo, nos quedamos sin esa posibilidad, se vulnera nuestra función”.

 

Notifican al Congreso local demanda contra la fiscal y otros funcionarios por despidos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la sesión de este martes, el Congreso local notificó al pleno que recibió una denuncia por responsabilidad política contra autoridades y funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), por el despido de dos trabajadoras.
La denuncia es en contra de Sandra Luz Valdovinos Salmerón y Miguel de la Cruz Pérez, José Armando Socket Hernández, Ángel Sotelo Ortiz, Rafael Saldaña Julián y Nancy Gandarilla Durán, en su carácter de fiscal general del estado, vicefiscal de Prevención y Seguimiento, director general de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, coordinador de Zona y directora del Centro de Justicia alternativa, respectivamente
Piden además la respectiva ratificación en los cargos de la estructura, que aprueba el Congreso del estado.
En un párrafo mensaje alusivo a este oficio, en el orden del día, no menciona la dependencia que emite el mensaje, solo que la denuncia presentada por Emma Aguilar Lagos y Victoria Karely Galarza de la Paz, es por responsabilidad política.
De acuerdo con fuentes del Congreso, algunas de estas figuras tienen fuero político, y en caso de responsabilidad penal, se requiere del desafuero para llamarlas a la justicia.
Un antecedente de este caso, publicado en El Sur, es la denuncia Victoria Kareli en la Comisión de Derechos Humanos del Esado de Guerrero, por actos de discriminación debido a su orientación sexual, que obligó a la Fiscalía Regional de Acapulco a ordenar a agentes del Ministerio Público, titulares e investigadores del Distrito Judicial de Tabaretodo su personal, a abstenerse de hacer comentarios homofóbicos sobre la empleada transgénero, el 28 de julio de 2022.

En seguridad “tenemos mucho que hacer”, acepta Evelyn en su informe al Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En su segundo informe del estado que guarda la administración pública estatal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció que en materia de seguridad “tenemos mucho que hacer”, pero destacó la reducción en delitos como homicidios dolosos, el robo de vehículos, robo a comercio, feminicidios y trata de personas.
En el informe entregado el domingo al Congreso local se señala que de acuerdo con los reportes con corte a julio pasado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “los homicidios dolosos se han reducido en un 37.4 por ciento; el robo de vehículos disminuyó en 51.4 por ciento; el robo a comercio bajó 68.9 por ciento; el feminicidio se redujo en 50 por ciento; y en un 25 por ciento se logró bajar el delito de trata de personas”.
Sin embargo, se reconoce que en esta materia “tenemos mucho que hacer”, pero Salgado Pineda señala que “nuestro compromiso está firme y no tengo duda de que las familias guerrerenses deben tener más y mejores resultados, y vamos a seguir dándoselos”.
La gobernadora señala en su informe que en su administración son conscientes “de la importancia del combate a la inseguridad desde sus raíces” y de generar las condiciones para que los guerrerenses vivan en paz, y señala que la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de Paz, es un espacio desde el cual, diseñan “la estrategia multidisciplinar para combatir desde sus orígenes la inseguridad y así reducir los índices delictivos”.

Resultados de los operativos

Se informa que con el Operativo Refuerzo Guerrero, en los municipios de mayor incidencia delictiva que son Chilpancingo, Acapulco e Iguala detuvieron a 94 personas por delitos del fuero común y federal, el decomiso de 48 armas de fuego, 94 cargadores, 4 mil 376 cartuchos, ocho chalecos tácticos, dos placas balísticas, 25 celulares, 35 vehículos y ocho motocicletas recuperadas con reporte de robo, 34 vehículos, 25 motocicletas relacionados con diversos delitos; y mil 440 kilogramos de enervantes así como 369 dosis de estupefacientes.
Mientras que con el operativo Código Rojo en Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Zihuatanejo, en los anillos de seguridad móviles y fijos, así como con el reforzamiento de grupos de reacción inmediata y la participación de las fuerzas federales, detuvieron a 39 personas por delitos del fuero común y federal, el decomiso de 47 armas de fuego y la recuperación de diez vehículos con reporte de robo.
Mientras que la policía estatal, en coordinación la Guardia Nacional, detuvieron a 18 personas por delitos del fuero común y federal, decomisaron 73 armas de fuego, 40 cargadores, 962 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, siete placas balísticas y se obtuvo el aseguramiento de cinco kilogramos y 125 dosis de estupefacientes, así como de 23 vehículos y la recuperación de dos motocicletas con reporte de robo.

Disminución de la pobreza

En la presentación de su informe, Evelyn Salgado destaca que en “tan sólo dos años de gobierno” se detuvo “la tendencia creciente de la pobreza sino la disminuimos”, esto de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): “los resultados son contundentes e históricos: más de 189 mil personas salieron de la pobreza, lo que representó una disminución del 6 por ciento, niveles nunca vistos en todas las mediciones”, se lee en el documento.
En el apartado denominado “gestión que da resultados” se destaca el programa de Becas Ignacio Manuel Altamirano, que atienden a estudiantes sin otro tipo de apoyo; el fortalecimiento del Programa Pensión Guerrero, del cual se triplicó el número de beneficiarios respecto al último año del sexenio anterior; y la complementación de la Pensión Universal a Personas con Discapacidad, que cuenta con la contraparte del 50 por ciento de recursos presupuestales del estado.
También se menciona la coordinación para ejecutar programas federales como el de fertilizantes gratuitos y el de infraestructura en caminos rurales.
Del Protocolo Violeta se destaca en el informe que, como una política pública transversal, es único en el país, y que se han tenido “resultados contundentes”, en el cual también se implementó el componente Asistencia Violeta. Con la Alerta Violeta se señala “se han localizado 324 mujeres guerrerenses desaparecidas”, sin embargo, no se señala a cuántas no se han encontrado.
Se menciona también al Transporte Violeta en el que se realizó la credencialización, cursos en perspectiva de género, y evaluaciones de control y confianza “que aseguran que más de 200 choferes de transporte público se encuentren en las condiciones adecuadas para prestar un servicio integro y de calidad donde las mujeres se sientan seguras”.
También se señala que en este rubro, tienen la meta de llegar a las ocho regiones “mediante la intervención de calles, barrios, senderos, parques, escuelas y espacios públicos estratégicos para generar polígonos de confianza y seguridad en donde deberá existir mayor iluminación y botones de pánico conectados con el C4 y C5 pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública y videovigilancia”. Y se afirma también que la Alameda Central Francisco Granados Maldonado, lo convertirán “en territorio seguro y libre de violencia” contra las mujeres.

Atención a familias desplazadas

Ya en el apartado de “Recuperación del Estado de Derecho y Fortalecimiento de la Gobernanza Democrática”, se habla de la atención a familias desplazadas, para lo cual se destaca que el gobierno estatal ha trabajado coordinado con organismos internacionales especializados en la materia, que capacitaron a 90 servidores públicos de 15 dependencias del gobierno del estado y de la fiscalía
Sobre estas comunidades desplazadas por la violencia de los grupos de la delincuencia organizada, se apunta que su administración “se ha caracterizado por ofrecer soluciones a través del diálogo y la concertación con los diversos actores de este fenómeno, a efecto de ofrecer alternativas duraderas que permitan abonar a la solución de la problemática que presentan algunas comunidades desplazadas en el estado”.
Y destaca que se logró el retorno y asentamiento de comunidades como La Laguna, de Coyuca de Catalán que después de 12 años de permanecer desplazados, “se logró el reasentamiento de un grupo de familias de esta comunidad en la localidad de La Tondonicua, municipio de Petatlán”; de Zihuaquio, también de Coyuca de Catalán que tras cuatro años de establecerse provisionalmente en Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo, “se logró el retorno a su comunidad de origen”.
De Tlaltempanapa, de Zitlala, de dónde “se logró el reasentamiento de la localidad después de cuatro años en la cabecera municipal de Copalillo”; de Los Bayados de Ajuchitlán del Progreso que tras dos meses “de haberse establecido” en la comunidad de El Súchil en Tecpan, “los habitantes fueron retornados a su comunidad de origen ofreciéndoles todas las garantías de seguridad necesarias”; y de San Antonio de las Tejas, también de Coyuca de Catalán de dónde los habitantes desplazados se establecieron provisionalmente en la cabecera municipal de Tecpan pero posteriormente regresaron a su lugar de origen.
En el caso de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, el 10 de diciembre del año pasado “el Gobierno del Estado realizó acciones inmediatas para contener el desplazamiento de esta comunidad. Esta visita contó con la participación de las siguientes dependencias: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Salud, Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero”.
En la atención a estas comunidades desplazadas, se informa de una serie de apoyos “para mejorar sus condiciones de bienestar y calidad de vida, esto les permitió lograr su reintegración a la vida social y productiva del estado”.
En el rubro de Atención de demandas político-sociales se señala que en el segundo año de gobierno han “dado cobertura” a mil 319 movilizaciones y justifican que estas son generadas por demandas históricas de maestros, burócratas, pensionados, jubilados, emanadas de distintas peticiones, como salarios y prestaciones devengadas, la solicitud de servicios públicos e infraestructura educativa, de las cuales mil 057 son de competencia estatal, 90 federal y 172 municipal. Este seguimiento se ha dado siempre bajo premisa del respeto y el diálogo.