Bloquean la carretera federal padres de una Técnica en Patatlán; piden maestros faltantes

Padres de familia de la secundaria técnica 14 Vicente Guerrero, de Petatlán, bloquearon de manera intermitente durante poco más de dos horas un tramo de la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, para exigir que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) resuelva el faltante de maestros en este plantel.
Mientras que padres de familia de la secundaria técnica 37 Ignacio Manuel Altamirano, de la cabecera municipal de La Unión, cerraron el plantel para exigir también maestros y nombramientos. Con éstas son ocho escuelas, de un total de 17 de la zona 7 de secundarias técnicas, las que están cerradas por los padres de familia.
La secundaria 14 se ubica en el lado poniente de la cabecera municipal de Petatlán, con dirección a Zihuatanejo, sobre la carretera nacional Zihuatanejo-Acapulco. Desde el viernes de la semana pasada, los padres de familia tomaron la decisión de cerrar la escuela como lo hicieron desde un día anterior seis secundarias técnicas en Zihuatanejo, las cuales hasta ayer lunes seguían cerradas y los padres de familia hacían guardia afuera de los planteles.
La presidenta del comité de padres de familia de la secundaria 14, Esperanza Salas Romero, dijo que salieron a la carretera nacional para informar a la población de que tienen faltantes de maestros en las materias de física, química, matemáticas, formación cívica y ética, los cuales han sido maestros que se han jubilado y la SEG no ha repuesto esos faltantes, desde el ciclo escolar pasado.
Agregó que los padres de familia, principalmente los que sus hijos cursan el tercer grado, están preocupados porque los alumnos no están recibiendo los conocimientos que necesitan para cursar el bachillerato, además de que no están teniendo calificaciones.
Comentó que la postura de los padres de familia es no abrir la escuela hasta que las autoridades de la SEG se presenten y le den una solución a la demanda de maestros.
Por otra parte, hoy lunes, en la secundaria técnica 37 Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en la cabecera municipal de La Unión, los padres de familia se sumaron al cierre de los planteles, con lo que aumentaron a ocho las escuelas técnicas cerradas de un total de 14 que hay en la zona escolar 7.
Ahí, el vicepresidente de padres de familia, Víctor Manuel Valdovinos, manifestó que desde 2007 hacen falta por cubrir 50 horas de distintas materias, que algunos maestros dejaron su plaza por jubilación y no han sido cubiertas, así como también otros maestros tienen años cubriendo horas sin que se las paguen.
Por su parte, el director de la escuela, Víctor Adame Mondragón, sostuvo que son 254 alumnos los que no recibirán clases porque los padres de familia cerraron la escuela y exigen la que SEG resuelva la falta de maestros. En tanto que el inspector de la zona escolar 7 de las secundarias técnicas, Humberto García, dijo que son tres días en que los padres de familia tienen cerradas las escuelas de Zihuatanejo, movimiento al que se han ido sumando los padres de familia de las secundarias de Petatlán y La Unión. Pero las autoridades responsables de resolver no se han comunicado, “al menos conmigo no se han comunicado, desconocemos si están atendiendo el asunto, suponemos que así es, pero no se han comunicado”.

Del 11 de diciembre de 2015 al 30 del mismo mes de 2016 la Fiscalía detuvo a mil 671 personas

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Policía Investigadora Ministerial detuvo a mil 671 personas, algunas en flagrante delito, del 11 de diciembre de 2015 al 30 de diciembre de 2016 en todo el estado.
Según un boletín emitido ayer, en Acapulco los agentes ministeriales detuvieron a 784 personas, en la región Centro a 346 y la en Costa Grande a 98.
En Costa Chica en operaciones y retenes detuvieron por diversos delitos a 121 personas, en la región Tierra Caliente a 48, en la Montaña a 57 y en la zona Norte a 78. Mientras que en flagrante delito fueron 139 detenciones en la entidad.
Las detenciones corresponden a secuestros, homicidios, violaciones, extorsiones, robos, posesión de enervantes y portación de arma, entre otros delitos, según la misiva.

 

El grupo de El Tequilero podría huir a una ranchería pero está cercado, considera la autodefensa

El grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan investiga la posible ruta de escape del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, de La Gavia a la sierra luego de que el Ejército cercó ese poblado sin que lo pueda detener.
Una versión es que pudiera irse a una ranchería que está aproximadamente a 5 kilómetros de distancia rumbo a la sierra, luego de la presión de la Policía Ministerial y de los soldados en La Gavia.
La autodefensa cree que el grupo criminal Los Tequileros están cercados pues por un lado están ellos vigilando la ruta hacia la parte del centro, del otro lado del río en las comunidades El Remance, El Cubo y La Tinaja hay grupos que también se armaron y vigilan que ese grupo no cruce el río Balsas.
En tanto que en la parte alta de la sierra está la policía comunitaria que también bloqueó.
En la ruta de la sierra se encuentran los puntos más importantes de cruce hacia la Costa Grande bloqueados por la policía comunitaria que es contraria al grupo de El Tequilero en la comunidad de Petlacala, en Encino Amarillo y más arriba en la comunidad Lindavista.
En las colindancias con Ajuchitlán se encuentran levantadas en armas las comunidades El Coco y La Laja que son otra de las rutas de escape desde La Gavia. Estos grupos son afines a los civiles armados de San Miguel Totolapan.
La valoración de un posible escape hacia la sierra surgió luego de que el Ejército y la Policía Ministerial prácticamente rodearon el pueblo de La Gavia así como su cerro en donde detuvieron a cinco delincuentes y liberaron a tres secuestrados, pero no se ha informado de que entre los detenidos esté el líder de la banda.
El ejército recorre puntos cercanos a la comunidad, considerando que parte de la célula podría ubicarse en otro de los cerros cercanos, pero la autodefensa tiene la versión de que podrían haber tomado una ruta a pie para escapar.

A Los Tequileros les gusta caminar

Entre los integrantes de la autodefensa de San Miguel Totolapan hay víctimas del grupo criminal de El Tequilero, unos han sufrido de extorsiones y otros han tenido algún familiar secuestrado y consideran que una de las principales características de estos delincuentes es que les gusta caminar largos tramos de terreno.
Según los testimonios de secuestrados de Arcelia en enero cuando ese grupo se llevó a 23 vecinos, entraron a esta ruta caminando y ahí se llevaron una camioneta.
Los maestros que también fueron secuestrados a principios de año en Santana del Águila municipio de Ajuchitlán, también confirmaron que tomaron una ruta a pie por los cerros cercanos y que todos los días cambiaban de un punto a otro caminando largas distancias. El cansancio fue tal que el director de la escuela falleció el primer día ya que tenía una complicación física.
A la comunidad de San Jerónimo el Grande también en Ajuchitlán, donde recientemente secuestraron a 10 vecinos, éstos informaron que el grupo de Los Tequileros entraron caminando por el río y por un camino que va de Santana del Águila. Estiman que pudieron haber caminado más de 15 kilómetros.
Por eso la mayoría de los secuestrados han sido liberados en las faldas de los cerros, principalmente los cercanos a La Gavia. Suben y bajan en poco tiempo sin que puedan ser detenidos.

Más de 50 casas de víctimas de secuestros o asesinatos siguen abandonadas en el centro de San Miguel Totolapan

En el centro de San Miguel Totolapan hay más de 50 casas abandonadas porque las familias fueron desplazadas, los dueños ya no quieren volver porque sufrieron secuestros o les mataron a algún familiar en los últimos tres años.
Según la estimación del grupo de autodefensa, esta semana regresaron cerca de 60 integrantes de familias que estaban viviendo en otros municipios o en comunidades alejadas de Tierra Caliente o en otras partes del estado.
Hay todavía una lista de personas que terminaron en los Estados Unidos o en el Distrito Federal huyendo de la violencia de San Miguel Totolapan.
Se estima que son más de 50 casas sólo en la parte del centro que se encuentran abandonadas, y que la mayoría de ellas representan negocios que fueron cerrados desde hace tres años y no volvieron a funcionar.
Por lo menos tres familias de dueños de comercios grandes de materiales y de abarrotes que estaban en el centro, no han regresado y no lo quieren hacer.

Liberan al hijo y al sobrino de un adulto mayor que se sumó a la autodefensa

El miércoles el señor Abacuc de 77 años se sumó a la autodefensa, a pesar de su avanzada edad llevó víveres con la esperanza de que el movimiento le regresaría con vida a su hijo y a su sobrino secuestrados, quienes fueron liberados la tarde de este lunes.
A casi una semana de sus mensaje de apoyo, el movimiento de autodefensa celebró con el señor Abacuc la libertdad de sus dos parientes y la de un amigo de ellos, quienes fueron secuestrados el 28 de octubre en la carretera de San Francisco a Valle Luz, que son dos pueblos muy cercanos La Gavia.
La familia no quiere hacer declaraciones pero su felicidad no la esconde. Hablan una y otra vez con la gente que mantiene la seguridad en San Miguel Totolapan, porque “de no haberse iniciado esto ellos no estarían libres. Sabemos que el gobierno le entró, pero si ellos no se hubieran movido el gobierno no hubiera hecho nada. Fíjese cuánto tiempo llevaban secuestrados y nadie nos hacía justicia”, dicen.
Habacuc dijo el 14 de diciembre “vengo a sumarme a este movimiento para pedirles su apoyo, porque creo que así podrá regresar mi hijo”.
Su mensaje no quiso ser escuchado por la comisión negociadora que envió el gobierno del estado, pero la presión del grupo de autodefensa hizo crecer el movimiento y la exigiencia de que ingresaran al pueblo de La Gavia en busca de El Tequilero.
“Yo soy de los Guajes, me vine caminando desde haya (14 kilómetros), vine a sumarme a este movimiento porque creo que pueden rescatar a mi hijo Abacuc y mi sobrino Tomás. No sé nada de mi hijo desde esa fecha. Me vine andando porque con la ayuda de todos creo que se puede. Yo no sé porque motivo no hacen nada, hay gente que dice que los mataron pero no aparecen. Las autoridades no han dicho nada, no sé nada de mi hijo y de mi sobrino. Ya no quiero que ande por allá, quiero a mi hijo por favor”, suplicó el señor entre lágrimas el miércoles 14, justo después de la liberación del ingeniero Isauro que fue intercambiado por la mamá de El Tequilero.
El lunes oficialmente se anunció la liberación de tres secuestrados, Pedro, Tomás y Abacuc, y la detención de cinco integrantes del grupo criminal Los Tequileros, que los tenían cautivos en el cerro de La Gavia.

Irrumpe un comando en Petacalco, ejecuta a un taxista y balacea la comandancia de la PF

Un taxista ejecutado a balazos, el ataque a la comandancia de la Policía Federal, a dos casas y a una tienda de abarrotes fue el saldo de una jornada de violencia en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión en la región Costa Grande.
Consultado por teléfono el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia confirmó el hecho e informó que las autoridades policiacas hacen las investigaciones para dar con los responsables.
Según el parte informativo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, al mediodía de ayer hombres armados en vehículos entraron a Petacalco que está a 20 minutos de la cabecera municipal de La Unión.
Los agresores ejecutaron a balazos a un taxista en el centro de la localidad y después llegaron a la comandancia de la Policía Federal que atacaron a balazos, las balas alcanzaron dos viviendas y una tienda de abarrotes.
En este ataque armado no se reportaron muertos ni heridos y autoridades policiacas realizaron las investigaciones para dar con los responsables.
En la región Costa Grande ha habido otros ataques contra agentes federales, a principios del mes, el 8 de diciembre en Zihuatanejo los cuerpos de tres agentes de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República PGR y de otro hombre fueron encontrados dentro de una camioneta incendiada.

Legislar para que los soldados hagan labores de seguridad es militarizar al país: Tlachinollan

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra denunció que si se regula la actuación de los soldados en funciones de seguridad pública, “entraremos en un régimen militarizado”.
Reconoció que la ola de violencia en Guerrero y otras entidades del país tiene a la población desesperada, al gobierno, e incluso diputados de izquierda quieren mantener a los militares en labores de investigación y seguridad pública, porque las corporaciones policiacas y los gobiernos municipales están infiltrados por las bandas del narcotráfico.
Mencionó que en Costa Grande la Familia Michoacana, en la zona Centro Los Ardillos y Los Rojos ponen alcaldes y diputados.
En este escenario, dijo que “nadie confía en los policías y piensan que los únicos que pueden salvarlos en esta desesperación son los militares, pero se comete un error”.
Vía telefónica aclaró que el negocio de las drogas no se limita a los policías, están implicados políticos, empresarios que limpian el dinero sucio, y el modelo económico favorece al crimen organizado.
En tanto esa situación prevalezca, “se le estará dando un cheque en blanco a los militares para el autoritarismo, la mano dura, para que se cancelen los derechos fundamentales de los ciudadanos”, advirtió.
Recordó que los instrumentos internacionales dicen que en sociedades democráticas la seguridad pública no puede estar en manos de los ejércitos, pues esa es una tarea de la policía, y la formación de los soldados es eliminar al enemigo, matar.
Así los soldados no caben en la seguridad pública, donde tienen que interactuar con la población civil, aplicar ciertos protocolos en proporción y racionalidad con las leyes, que no observan los militares.
Indicó que la experiencia de golpes en América Latina, los gobiernos militares representan lo más oscuro de la historia: se formaron las dictaduras, hubo miles de desaparecidos, asesinados, encarcelados, principalmente disidentes políticos.
En Guerrero, en la década de 1960 y 70, el Ejército salió a encargase de la seguridad y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, en la llamada guerra sucia.
De casos recientes señaló el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas, transeúnte del servicio público, asesinado por soldados después de una revisión en un retén de Huamuxtitlán en 2009, “porque en el autobús iba una persona con bota militar, eso ocasionó una discusión y después de que el camión se retiró, a menos de 50 metros de distancia los militares descargaron sus armas”.
Como ese, aseguró que hay muchos casos en el país, además de los ataques directos contra grupos de civiles desarmados, como en Tlatlaya en el Estado de México, y del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa.
Recordó las recomendaciones del relator contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los Grupos de Trabajo sobre desapariciones forzadas, libertad de expresión, detención arbitraria, desplazamiento forzados que llaman al gobierno de México a cesar la actividad militar en seguridad pública, a capacitar a las fuerzas policiales y regresar a los soldados a su función original. Pero en lugar de que regrese a los cuarteles, ahora piden facultades legales para estar en las calles, contradiciendo la propia constitución, se quejó.
Aclaró que hoy el Ejercito es un gobierno paralelo a los poderes formales en el país, “nadie se imagina a un agente del Ministerio Público llamando a comparecer a los soldados o a un policía obligando a militares a comparecer, o implementar una orden contra alto mando de las fuerzas armadas”.
“Es ahí donde el Ejército fija una posición política, a no ser sometido a una investigación, a no rendir cuentas, es la institución más hermética, no está abierto al escrutinio público, sólo ellos saben lo que pasa en las fueras armadas, carece de controles civiles”, explicó.
A pesar de que hay muchos militares en los mandos de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, opinó que no están exentos de infiltración y cooptación del crimen organizado.
“Aún estamos en un régimen civil, porque es ilegal que un militar entre a una casa a hacer un cateo, a detener a una persona, pero si se aprueba un marco legal los ciudadanos no tendrán forma de defenderse de las arbitrariedades, con facultades legales se va convirtiendo en un régimen militarista”, insistió.
Consideró que los foros a los que llaman diputados locales para discutir una ley que regule la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tendría que ser para “arreglar toda esa cloaca en las instituciones, en las policías, qué pasa con los ayuntamientos que se convirtieron en promotores de la droga, precisamente donde la violencia está desbordada”.

Marchan estudiantes en la capital; exigen la libertad de un preso que encarceló Florencio Salazar

Estudiantes de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en la capital a Casa Guerrero, para exigir la liberación de Patricio Margarito Rivera quien fue detenido de manera irregular, acusado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio en la colonia Temixco II.
A las 12:30 del día 20 universitarios se congregaron en Ciudad Universitaria (CU) y partieron a Casa Guerrero, con pancartas en las que se leía, “Liberen a Patricio es inocente”.
La hija de Patricio Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo exigió al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame que desista de la denuncia en contra de su padre por invasión de un terreno, a pesar de que cuenta con las escrituras de que adquirieron el predio.
Dijo que los avances que han tenido es que se le fijó una fianza de 124 mil 900 pesos pero se les redujo a 104 mil 900 pesos al presentar una constancia de pobreza, sin embargo no cuentan con recursos económicos para pagar.
Señaló que en el juzgado han presentados pruebas de que llevan 24 años viviendo en un predio en la calle Moisés Parra en la colonia Temixco II, “los testigos de Salazar Adame dicen que llegamos al terreno el año pasado y construyeron la casa en la noche, eso es mentira, hay tráfico de influencias en el caso de mi padre”.
Agregó que su papá es carpintero y tiene un sueldo de 400 pesos al mes, no cuenta con dinero para pagar la fianza y pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga en el caso.

Piden la destitución del subcoordinador del Registro Civil Joaquín Zúñiga, lo acusan de corrupción

El ex supervisor regional de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil adscrito a la Costa Grande, César Antonio Aguirre Noyola demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores la destitución del subcoordinador operativo Joaquín Zúñiga Ramos, por corrupción y nepotismo.
En conferencia de prensa expuso las inconformidades que tiene con 15 antiguos oficiales del Registro Civil de Costa Grande.
Dijo que del 2012 al 2015 tuvo el cargo de director del Registro Civil de Zihuatanejo y el 1 de octubre de 2015 el de supervisor regional, en ese tiempo entregó un oficio a la coordinación denunciando la corrupción de Zúñiga, pues su sobrino que era supervisor regional en Tecpan cobró entre mil y mil 500 pesos para hacer los trámites en una campaña gratuita, y pidió su renuncia.
Expuso que el lunes acudió al Palacio de Gobierno a la Oficialía de Partes en la oficina del gobernador, para presentar pruebas que incriminan al subcoordinador, entre ellas que tiene un grupo de familiares trabajando en la coordinación, un hijo, un sobrino, una sobrina y su esposa.
Entre las pruebas que entregaron está una grabación y un video que demuestra cómo presiona a los oficiales pidiéndoles solventar sus viáticos cuando acude a las campañas gratuitas para trámites de actas de nacimiento, matrimonio, aclaración y rectificaciones. El dinero es para pagar gasolina, hospedaje, pago de casetas, cuando a él la coordinación le designa dinero para esos gastos, pero también les pide cajas con productos de la región como mangos, plátanos y camarones.
Resaltó que Zúñiga Flores se jacta de tener buena relación con la esposa del gobernador, la presidenta del DIF estatal Mercedes Calvo Elizundia, además de que tiene nexos con políticos y dice que está certificado en honestidad.

Los gobiernos no tienen idea de cómo reactivar el sector cafetalero, advierte Arturo García

El dirigente de la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos (RASA), Arturo García Jiménez dijo que los gobiernos federal y del estado no tienen una idea para reactivar el sector cafetalero, pese a la inversión de 80 millones de pesos para controlar la plaga de la roya.
Ayer, durante su participación en el Grupo ACA, el cafetalero anunció que la próxima cosecha de unos 15 mil quintales, al menos mil 500 quintales de la sierra de la Costa Grande, será comercializada en California con un precio de 90 pesos el kilo de café sin procesar.
García Jiménez dijo que el gobierno no tiene una idea clara de cómo reactivar el sector cafetalero en el estado, y denota la poca importancia que le da. En declaraciones, abundó que de la meta planteada por el gobierno de invertir los 80 millones para el sector, ni siquiera llegará al 10 por ciento.
Es decir que de las 40 mil hectáreas que hay en el estado, apenas unas 900 hectáreas serán renovadas, “lo que se haga no va a tener un impacto”. El caficultor dijo que lo planteado por los productores “es que por lo menos se apoyara con una hectárea por cada productor (de los 24 mil que hay en el estado), y que cada año se renovaran 5 mil hectáreas, es decir, que en 5 años se recuperaría la producción de los 30 mil quintales”.
Indicó que debe de existir un plan rector para el sector del café de corto y mediano plazo, para ir avanzando y alcanzar la meta de producción máxima que ha tenido el estado, que es de 30 mil quintales.
García Jiménez destacó que otro problema de los productores en el estado es el acaparamiento por parte de una sola empresa que tiene el 80 por ciento del mercado y que compra el café verde en 45 pesos, esto a pesar de que fuera del estado el precio es del doble.
El representante de los cafetaleros afirmó que el problema de la inseguridad que se vive en la sierra de Atoyac y Tecpan, de manera directa no afecta a los productores, pero sí se topan con retenes de personas armadas, “que ni la autoridad nos hace”.
“A veces nos toca un retén, y si no llevas una credencial de elector que te identifique, pos ahí te quedas y eso no es justo”, pero subrayó que las víctimas han sido integrantes de las bandas delincuenciales.

Mil 818 asesinatos de enero a octubre, 358 más que en 2015; sube 24.5 por ciento

En los primeros 10 meses del año han ocurrido mil 818 asesinatos en el estado, en los que aparentemente participó el crimen organizado, 358 más que en el mismo periodo de 2015 lo que representa un 24.5 por ciento de incremento.
En octubre de este año se registraron 162 ejecuciones, 18 más que en septiembre que tuvo 144 homicidios según un recuento de lo publicado en El Sur, lo que representa un incremento de 12.5 por ciento ese mes.
El 24 de octubre hubo un enfrentamiento entre civiles armados del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete muertos, pero esos no se consideran en este recuento porque no hay indicios de que participara el crimen organizado, como sí ocurre en los otros casos.
El 3 de octubre en una actividad en Tixtla el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que el índice de homicidios dolosos en el estado disminuyó en septiembre en un 40 por ciento en Acapulco y 32 por ciento en el resto de la entidad.
El mes pasado en Acapulco aumentaron los asesinatos, sumaron 70, el 44 por ciento del total en el estado y fueron ocho más que en septiembre cuando hubo 62, es decir, en el último mes aumentaron un 11 por ciento.
En los 31 días de octubre de las 162 víctimas cinco fueron mujeres. Sin contar Acapulco en el conteo hubo 18 jóvenes entre 18 y 26 años, una niña de 14 que fue secuestrada y después hallada cerca de la comunidad de Iyotla en Leonardo Bravo (Chichihualco). Las edades de las demás víctimas oscilan entre 30 y 60 años.
La mayoría de los homicidios fueron a balazos, le siguen los asesinados con arma blanca, lapidados, a golpes y desmembrados. En algunos casos les dejaron narcomensajes.
Las regiones en las que se cometieron más ejecuciones son Acapulco, Centro, Costa Grande, Norte y la Montaña.
Los municipios en los que se cometieron más hechos de violencia fueron Chilpancingo con 25 muertes, Coyuca de Benítez con 11, Zihuatanejo con siete, Iguala y Atoyac de Álvarez con cinco, Chilapa de Álvarez con cuatro, Eduardo Neri (Zumpango) con tres, en San Marcos, Buenavista de Cuéllar, Atenango del Río, Ometepec, Tixtla, Petatlán, Huitzuco y Pilcaya se registraron dos, en Tecpan de Galeana, Leonardo Bravo, Marquelia, Telolopan, Cruz Grande, Zitlala, Metlatónoc, La Unión, San Luis Acatlán, Copala, Ayutla de los Libres, Cuetzala del Progreso, Tlapa, Tepecoacuilco y Tlacoapa hubo uno.
Entre las víctimas están un trabajador de una empresa de Tecpan, un campesino, el ex secretario particular del ex diputado PRD Miguel Cantorán, el director de asuntos indígenas de Chilapa Apolinar García Palatzin y el comisario Zizicazapa en Chilapa Bartolo García Tlalamolteco, el chofer del secretario de Finanzas de Chilapa Edgar Salmerón, un líder priista en Metlatónoc, la doctora del IMSS Adela Rivas Obé, dos presuntos asaltantes de Oxxos en Chilpancingo, y un policía ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Además un ingeniero, un comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y chofer de Petaquillas, Julio Alarcón Astudillo, dos taxistas, un carnicero, el ex secretario particular del alcalde del PRI Javier Escobar, dos hermanos, dos choferes de la ruta a Chilapa, tres albañiles, un mecánico, un pasajero de un taxi, el director de Tránsito de Cocula Luis Alberto Bahena Mora, un trabajador del Ayuntamiento de Acapulco, un maestro de primaria, un comerciante, dos estudiantes de Telebachillerato en Ometepec y un indígena me’phaa.

La violencia en 30 municipios

El 1 de octubre un joven de 26 años fue asesinado a balazos cuando viajaba en una camioneta Urvan del transporte público en Tecpan. Al siguiente día dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de un vehículo en Alto Ventura, municipio de San Marcos en la Costa Chica.
El 4 de octubre el ex secretario particular del ex diputado local perredista Miguel Cantorán Gatica, Manuel Pérez Lazca fue ejecutado a balazos a unas cuadras del Zócalo de Chilapa.
La tarde del mismo día los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, y el trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal fueron asesinados en el viejo libramiento a Tixtla en un supuesto asalto. Los presuntos asaltantes al huir asesinaron a balazos al chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo en la colonia Ampliación Revolución en la capital. Los cinco delincuentes fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado.
Dos días después el director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Chilapa, Apolinar García de 29 años y su tío el comisario de la comunidad de Zizicazapa, Bartolo García Tlalamolteco de 43 años fueron torturados y asesinados con arma punzocortante.
Los cadáveres fueron encontrados la mañana de este miércoles en la carretera de El Limón a Refugio en el lugar conocido como La Pila, en Chilapa. A un lado de los cuerpos había un narcomensaje.
El día 7 de ese mes el chofer del secretario de Finanzas de Chilapa, Israel Salmerón fue ejecutado y encontrado en la orilla del nuevo libramiento a Tixtla, a un kilómetro de la caseta de cobro.
El 11 de octubre el cuerpo de la doctora del IMSS Adela Rivas Obé, desaparecida el 22 de septiembre, fue encontrada en un barranco de la playa La Majahua en Zihuatanejo.
Después de tres días un ingeniero topógrafo de unos 30 años fue ejecutado a balazos en el negocio Pizza Bar La U en la plaza Las Palmas cerca del Congreso del Estado en Chilpancingo.
El domingo 17 de octubre vecinos e integrantes del FUSDEG de Petaquillas y El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, bloquearon más de seis horas en estos tres sitios la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para exigir el esclarecimiento del asesinato del comandante y chofer de Petaquillas Julio Alarcón Astudillo quien fue asesinado dentro de su Urvan en el estacionamiento del mercado San Francisco en la capital.
El 18 hombres armados ejecutaron a balazos a dos vecinos de la cabecera municipal de Huitzuco, y el cuerpo de un hombre con el tiro de gracia en la cabeza fue hallado en la entrada de la comunidad de San Vicente Palapa, municipio de Tepecoacuilco.
El 19 de octubre cuatro hombres fueron encontrados asesinados en dos hechos distintos. En las inmediaciones del poblado de Atoyaquillo en la sierra de Coyuca de Benítez hallaron a tres víctimas que habían sido levantadas en Aguas Blancas, entre ellas al ex secretario particular del alcalde priista Javier Escobar Parra, Gabino Ramos Flores.
Hace 12 días dos choferes del transporte público de la ruta Chilapa-Chilpancingo fueron ejecutados a balazos en la cabeza a un lado del parque Margarita Maza de Juárez en la capital.
En un enfrentamiento a balazos entre la Policía Estatal y civiles armados hace ocho días hubo tres hombres muertos y uno herido en la gasolinera cerca del entronque al aeropuerto de Zihuatanejo.
El 27 de octubre dos hermanos fueron ejecutados con el tiro de gracia y hallados en una brecha de terracería en la cabecera municipal de Atenango del Río.
Un día después hombres armados entraron, mataron a un estudiante e hirieron a dos más en el Telebachillerato Comunitario 82, de la comunidad Las Iguanas, Ometepec, luego murió uno de los heridos.
Hace cinco días el director de Tránsito Municipal de Cocula, Luis Alberto Bahena Mora de 40 años, fue hallado asesinado en la carretera Iguala-Cocula, en la comunidad de Mextitlán, Teloloapan, con huellas de tortura y un narcomensaje clavado en el pecho con un picahielos, en el que advirtieron al ex alcalde Ulises Ramírez Crespo que no asumiera el cargo.
El último día de octubre en Chilpancingo dos hombres fueron ejecutados a balazos en distintos hechos, uno era chofer de una Urvan de transporte público.

En Acapulco 70 asesinatos

En Acapulco en octubre ocurrieron 70 homicidios, ocho más que en septiembre cuando hubo 62, lo que es un aumento de 11 por ciento y en lo que va del año suman 844 en el municipio.
Según las notas publicadas en El Sur el mes pasado de las 71 muertes en las que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, 10 fueron mujeres.
Entre las víctimas están tres tortilleros, un trabajador administrativo de una escuela, un teniente de corneta, una vendedora de jugos, cuatro taxistas, un jardinero, un cobrador de cuotas, un mecánico, un arquitecto, un abogado, un policía municipal, dos comerciantes, una trabajadora de pastelería y un estudiante de enfermería, un taquero, un carnicero, la dueña de un autolavado, una secretaria de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), un vendedor de chicles y dos militares.
En algunos de los casos fueron desmembrados y dejados con narcomensajes, degollados, torturados a golpes y otros ejecutados a balazos.
Las colonias donde ocurrieron los hechos de violencia son Alianza Popular, Clemencia Figueroa, Andrés de Urdaneta, Costa Azul, Renacimiento, Bella Vista, Unidos por Guerrero, Loma Bonita, Industrial, Ampliación Miguel de la Madrid, Zapata, Cumbres de Figueroa, Ampliación Villa Madero, Fraccionamiento Magallanes y Las Parotas.
El 6 de octubre tres personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos, entre ellas una vendedora de jugos en el fraccionamiento Costa Azul.
Después de cuatro días un taxista y su pasajero fueron asesinados a balazos en la colonia Unidos por Guerrero y esa noche otro hombre fue ejecutado en la calzada conocida como carretera federal Acapulco-México, en el punto conocido como la Y Griega.
El día 12 del mes pasado dos hombres fueron asesinados, otro fue desmembrado, y hubo un ataque a balazos contra la fachada de la Coordinación de la Policía Ministerial en la colonia La Laja.
Asimismo dos hombres fueron ejecutados a balazos la noche de ese día luego que fueron sacados de su casa en la colonia Industrial, cerca de Paso Limonero.
Hace 17 días tres cuerpos, una mujer y dos hombres, fueron exhumados de una fosa clandestina en la colonia Ampliación Miguel de la Madrid en la parte alta de Las Cruces. Además una cabeza y el brazo de una persona fueron hallados afuera de un negocio de comida en la avenida Ruiz Cortines en la colonia Quebradora, tenían un narcomensaje.
El 22 de octubre siete personas fueron asesinadas a balazos en distintos hechos en Acapulco, entre ellos un policía municipal acribillado frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y dos trabajadores de la pastelería Charlotte, en el fraccionamiento Magallanes, una era mujer estudiante de enfermería quien trabajaba para sostener sus estudios.
El domingo una pareja fue asesinada a balazos y se hallaron dos cuerpos envueltos en sábanas debajo del puente de la Vía Rápida.
Un joven fue asesinado a golpes dentro de su vivienda en el fraccionamiento Las Playas, mientras que otro, muerto a pedradas, quedó abajo del puente de la Vía Rápida. Mientras que los dos militares levantados el sábado en el Mercado Central fueron localizado el domingo envueltos en sabanas en Acapulco.