“Les pedimos no abandonar el proyecto, es una familia, continuaremos haciendo reuniones, continuaremos trabajando, esto es un reto y no nos atemorizaran, a esto venimos, estamos puestos porque el pueblo demanda seguridad”, fueron las últimas palabras declamadas frente al cuerpo del coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio hallado asesinado este viernes.
A las 3:30 de la tarde con cuatro coronas de flores blancas se encabezó la marcha fúnebre del profesor rumbo a la iglesia de San Martín en Tixtla, seguidos por un contingente de policías comunitarios quienes montaron una operación de seguridad afuera de la iglesia y en el panteón.
“Tenemos miedo a que la sociedad siga igual, que no apoye en este conflicto, desafortunadamente vivimos en una sociedad que no es solidaria en la lucha”, dijo Pedro Santos Bartolo, el coordinador de la Policía Comunitaria.
Responsabilizó al gobierno del estado “con su nueva careta de crimen organizado” del asesinato de Salmerón Dircio, ante lo que dijo que estarán atentos a lo que ocurra en los siguientes días, “porque nadie está exento”.
“Estamos indignados porque es un hecho que no nos esperamos, responsabilizamos al gobierno con su careta de delincuencia organizada estaremos diseñando un plan de acción”, agregó.
Agregó que habrá una reunión de enlace con la Casa de Justicia matriz con sede en San Luis Acatlán y sus representantes, para determinar el plan de acción para responder.
“Aquí ya el llamado que se tiene por el mensaje de texto (un narcomensaje dejado junto al cuerpo del maestro) es un ataque directo hacia la Policía Comunitaria”, expuso.
El cuerpo del coordinador del comité de enlace de la CRAC fue encontrado envuelto en bolsas negras y con cinta café la mañana de este viernes en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles, en Chilapa, a unos 500 metros de un retén de militares.
A un lado tenía una cartulina blanca que decía, “Esto les pasó por no alinearse con el jefe y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros la mera riata. Atte. Los Jefes”.
Ayer en la tarde más de 500 amigos, familiares e integrantes de la Policía Comunitaria participaron en la misa de cuerpo presente en la iglesia principal de Tixtla, donde en un discurso cortó se dijo que se enfrentan “los hermanos”.
Tras la misa el cuerpo fue enterrado en el panteón de Tixtla, donde un policía comunitario dijo “el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.
Mencionó que el proyecto de la Policía Comunitaria se creó por la necesidad de seguridad para el pueblo, y que funciona como una familia, por lo que se insistió en que este hecho no provocará que sus integrantes desistan.
Se recordó al maestro como un profesionista admirado por todos debido al cargo que desempeñaba y al ejemplo que le dio a sus compañeros, al comprometerse de manera íntegra al cargo que ocupaba.
En un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humano de Morelos, señalaron que se aprovecha la violencia generalizada para atacar a defensores de derechos humanos de la educación y de los pueblos, y calificaron el asesinato como ejecución extrajudicial, ante lo que urgieron que las autoridades federales, estatales y municipales actúen.
“Les pedimos no abandonar el proyecto, es una familia, continuaremos haciendo reuniones, continuaremos trabajando, esto es un reto y no nos atemorizarán, a esto venimos, estamos puestos porque el pueblo demanda seguridad”, fueron las últimas palabras declamadas frente al cuerpo del coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio hallado asesinado este viernes.
A las 3:30 de la tarde con cuatro coronas de flores blancas se encabezó la marcha fúnebre del profesor rumbo a la iglesia de San Martín en Tixtla, seguidos por un contingente de policías comunitarios quienes montaron una operación de seguridad afuera de la iglesia y en el panteón.
“Tenemos miedo a que la sociedad siga igual, que no apoye en este conflicto, desafortunadamente vivimos en una sociedad que no es solidaria en la lucha”, dijo Pedro Santos Bartolo, el coordinador de la Policía Comunitaria.
Responsabilizó al gobierno del estado “con su nueva careta de crimen organizado” del asesinato de Salmerón Dircio, ante lo que dijo que estarán atentos a lo que ocurra en los siguientes días, “porque nadie está exento”.
“Estamos indignados porque es un hecho que no nos esperamos, responsabilizamos al gobierno con su careta de delincuencia organizada estaremos diseñando un plan de acción”, agregó.
Agregó que habrá una reunión de enlace con la Casa de Justicia matriz con sede en San Luis Acatlán y sus representantes, para determinar el plan de acción para responder.
“Aquí ya el llamado que se tiene por el mensaje de texto (un narcomensaje dejado junto al cuerpo del maestro) es un ataque directo hacia la Policía Comunitaria”, expuso.
El cuerpo del coordinador del comité de enlace de la CRAC fue encontrado envuelto en bolsas negras y con cinta café la mañana de este viernes en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles, en Chilapa, a unos 500 metros de un retén de militares.
A un lado tenía una cartulina blanca que decía, “Esto les pasó por no alinearse con el jefe y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros la mera riata. Atte. Los Jefes”.
Ayer en la tarde más de 500 amigos, familiares e integrantes de la Policía Comunitaria participaron en la misa de cuerpo presente en la iglesia principal de Tixtla, donde en un discurso cortó se dijo que se enfrentan “los hermanos”.
Tras la misa el cuerpo fue enterrado en el panteón de Tixtla, donde un policía comunitario dijo “el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.
Mencionó que el proyecto de la Policía Comunitaria se creó por la necesidad de seguridad para el pueblo, y que funciona como una familia, por lo que se insistió en que este hecho no provocará que sus integrantes desistan.
Se recordó al maestro como un profesionista admirado por todos debido al cargo que desempeñaba y al ejemplo que le dio a sus compañeros, al comprometerse de manera íntegra al cargo que ocupaba.
En un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humano de Morelos, señalaron que se aprovecha la violencia generalizada para atacar a defensores de derechos humanos de la educación y de los pueblos, y calificaron el asesinato como ejecución extrajudicial, ante lo que urgieron que las autoridades federales, estatales y municipales actúen.
El cuerpo del coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio y el de otro hombre fueron encontrados envueltos con bolsas negras y con cinta café la mañana de este viernes en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles en Chilapa, a unos 500 metros del retén de militares.
La mañana del miércoles el coordinador de la CRAC, Irineo Salmerón Dircio fue levantado en Tixtla por hombres armados a bordo de una camioneta blanca, de inmediato la Policía Comunitaria lo buscó en las inmediaciones pero no lo encontraron.
Ese día a las 5 de la tarde, integrantes de la CRAC bloquearon la carretera federal durante seis horas en el entronque de la carretera Tixtla-Chilapa con el nuevo libramiento, en exigencia para que las autoridades estatales iniciaran la búsqueda y presentación con vida de su compañero de 48 años.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) recibieron un reporte que a las 8:40 de la mañana de ayer que había dos cuerpos envueltos con bolsas de plástico negras.
A lado tenían una cartulina blanca que decía, “Esto les pasó por no alinearse con el jefe y esto vs pa todos los comunitarios chaqueteros la mera riata. Atte. Los Jefes”.
La zona fue resguardada por policías municipales, estatales, ministeriales y militares y peritos de la Fiscalía hicieron las diligencias correspondientes.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo para la necropsia de ley.
Por otra parte, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que la muerte de Irineo Salmerón Dircio no puede verse sólo como un resultado de la violencia e impunidad que impera en el estado, sino que es un ataque directo a las actividades de la CRAC-PC.
Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Morelos y la Red expresan en un comunicado su profunda indignación pues “representan un claro ejemplo de la actuación deficiente y omisa de las autoridades ante situaciones de extrema urgencia”.
“Cabe señalar, que la desaparición y muerte del Coordinador de la CRAC-PC, se da en medio de una ola de inseguridad y violencia que impera en diversas zonas de Guerrero, como en Chilapa y Tixtla, circunstancias, que darían vida a la CRAC-PC y por las cuales la organización ha sido objeto de ataques y hostigamientos tanto por los grupos de la delincuencia organizada como por las propias autoridades estatales quienes criminalizan sus sistemas normativos de defensa”, exponen.
Dicen que es necesario que las autoridades den respuesta sobre su actuación ante la desaparición del Coordinador, así como que garanticen la debida investigación del homicidio en contra de Irineo Salmerón.
Los ex secretarios de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, actual asesor del Congreso de la Unión, y Carlos de Jesús Alejandro, actual integrante de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, denunciaron que le propusieron al gobernador Héctor Astudillo colaborar en su administración para hacer foros sobre la reforma a la Ley 701 pero no hubo disposición de su parte.
Este martes la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán denunció que la Comisión Coordinadora que formaron el gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, no ha sido llamada a ninguna actividad.
Al respecto Matías Alonso y De Jesús Alejandro consideraron que fue erróneo de parte de las autoridades y los universitarios no incluir en la Comisión Coordinadora a la CRAC ni a organizaciones de pueblos originarios para que contribuyeran en los trabajos de la reforma que finalmente los regirá.
En una llamada a la Redacción, Matías Alonso dijo que representantes de pueblos originarios hablaron a principios del año pasado con el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, el diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo, a quien le propusieron una iniciativa de proyecto a la reforma de la ley 701 inspirada en la nueva Constitución del estado, y en la declaración de las Naciones Unidas.
Dijo que no tuvieron respuesta y que es lamentable que se haya formado una Comisión Coordinadora, en la que sólo participan el gobierno estatal y la UAG, excluyendo al Congreso local y a las organizaciones de pueblos originarios,.
“Varios compañeros estamos sorprendidos porque nos dimos cuenta de que el gobierno del estado solamente se fue con el esquema académico, con el esquema universitario, y un esquema de esa naturaleza está condenado al fracaso con anticipación porque no incluye al Congreso local ni a los pueblos indígenas”, consideró.
Dijo que cuando comenzó la administración de Astudillo le propusieron un formato amplio para discutir el tema en reuniones conjuntas, pero no respondió.
De Jesús Alejandro dijo que el planteamiento se le hizo al gobernador de manera formal mediante un oficio, pero “no tuvimos suerte y nunca encontramos eco, o quizá no hubo voluntad política”.
Señaló que pese a que la 61 Legislatura del Congreso local prolongó la reforma a la Ley 701 hasta marzo de 2017, en tres meses no pueden llevarse a cabo los foros de consulta necesarios para elaborar una propuesta, de acuerdo a las necesidades de los pueblos.
Contó que cuando se otorgó la prórroga se reunieron con Astudillo “de manera muy rápida”, que ya se había formado una comisión para hacerse cargo de la reforma, pero lo cierto es que no supieron de ninguno foro o alguna otra actividad que se llevara a cabo para discutir el tema.
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla tuvieron una reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, José Martín Maldonado del Moral, el alcalde tixtleco, Hossein Nabor Guillén, y el vicefiscal, Alejandro Santos, para exigir la búsqueda y localización con vida del coordinador de esa organización, Irineo Salmerón Dircio.
El miércoles a las 6:45 de la mañana el encargado de enlace de la CRAC de San Luis Acatlán fue levantado en Tixtla por hombres armados a bordo de una camioneta blanca tipo CRV, de inmediato la Policía Comunitaria lo buscó en las inmediaciones sin encontrarlo.
Después a la 5 de la tarde integrantes de la CRAC bloquearon la carretera federal durante seis horas en el entronque de la carretera Tixtla-Chilapa con el nuevo libramiento para exigir su regreso.
Finalmente llegaron al bloqueo agentes del Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos el fiscal regional de la zona Centro, Ernesto Jacobo García, el fiscal Antisecuestros, Pablo Jasso, policías ministeriales y estatales quienes venían de Zitlala donde se localizaron 16 fosas con 32 cuerpos y nueve extremidades humanas. Ahí acordaron una reunión este jueves con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Una comisión de la CRAC acudió al Palacio de Gobierno pero el secretario general no estaba.
La reunión se sostuvo en privado después de medio día durante casi una hora. Al término de la reunión se consultó al coordinador, Pedro Santos, sobre la reunión.
“Ellos están en lo mismo, que van a hacer lo propio pero bueno, la verdad no confiamos, no confiamos en lo que nosotros podamos hacer, venimos nada más una comisión pero los compañeros están perdiendo el tiempo”, agregó.
Contó que solicitaron los apoyen en la búsqueda porque ellos tienen la tecnología y los medios para hacerlo rápido, como localizarlo por medio del celular, sin embargo les dijeron que ese es un proceso que tarda.
El coordinador dijo que junto con sus compañeros tienen la voluntad de encontrarlo con vida que eso es lo que están peleando.
Reiteró que los comandantes, la Policía Comunitaria junto con la Policía Municipal están haciendo recorridos de campo, retenes en las entradas, salidas y calles.
Dijo que están actuando “siempre cuidando nuestro reglamento, nuestro ámbito de operación sabemos que la CRAC es territorial, pero sí lo que estamos haciendo y los compañeros sobre todo pues es eso tener la esperanza (de encontrarlo con vida)”.
Manifestó que la Policía Estatal se retiró de Tixtla y les dijeron que por el conflicto que hay en Tierra Colorada con el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Además indicó que el mismo miércoles ya se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público (MP) de Tixtla.
—¿Acordaron otra reunión?
—De momento no pues vemos que no hay tanto apoyo, tal es el interés que es tan escaso, que la Fuerza (Policía) Estatal ya no se encuentra en Tixtla.
Mientras que el alcalde tixtleco dijo que por el momento quería reservarse comentar sobre los acuerdos que se dieron para no entorpecer la estrategia, añadió que la Policía Municipal estaba coadyuvando en las acciones, y aseguró que también la Policía Ministerial y la estatal.
También se intentó consultar al vicefiscal quien no dejó de caminar negándose con el argumento de que no tenía nada que declarar.
Mientras que el subsecretario se introdujo a su oficina porque lo estaban esperando.
En declaraciones el miércoles durante el bloqueo, los comunitarios manifestaron que en menos de dos meses asesinaron a dos policías y que ahora se agrega la desaparición reciente de su compañero.
Se debe buscar inmediatamente; no esperar 72 horas, exige el Centro Morelos
En un comunicado el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió que los cuerpos policiacos y militares se movilicen en la búsqueda del coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, y reclamó que el programa de seguridad del gobierno del estado no está funcionando.
El miércoles a las 6:45 de la mañana Salmerón Dircio fue levantado en Tixtla por hombres armados a bordo de una camioneta blanca tipo CRV en el barrio de San Lucas cuando se dirigía a su centro de trabajo en la comunidad de Zoquiapa, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación porque se investigue de manera urgente el paradero del profesor Irineo Salmerón, pues con el contexto de inseguridad que se vive en el estado de Guerrero, en el que se han dado a conocer números alarmantes de desaparecidos, es imprescindible que los cuerpos policiacos, incluso el Ejército actúen de manera inmediata, pues la integridad del profesor corre grave peligro”, se detalla en el escrito.
En un comunicado el Centro Morelos señala que las autoridades deben esperar las 72 horas después de su desaparición como lo marca el protocolo para accionar una búsqueda. Sin embargo en una situación de esta magnitud todos lo cuerpos de seguridad deberían de estar movilizados, señala el comunicado.
El Centro Morelos considera que en los protocolos de búsqueda se debe contemplar su accionar de manera inmediata, antes de que se agoten las posibilidades de encontrar con vida a las personas desaparecidas.
“Es inaceptable que conociendo que un comando de hombres armados fue responsable de la privación de libertad de Irineo Salmerón, se tengan que esperar 72 horas para comenzar con las investigaciones, cuando podría tratarse claramente de un secuestro o desaparición”, reclama el Centro Morelos en el comunicado.
La mañana del miércoles fue levantado en Tixtla por hombres armados a bordo de una camioneta blanca, el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, de inmediato la Policía Comunitaria lo buscó en las inmediaciones sin encontrarlo.
A las 5 de la tarde integrantes de la CRAC bloquearon la carretera federal durante seis horas en el entronque de la carretera Tixtla-Chilapa con el nuevo libramiento, para exigir a las autoridades estatales la búsqueda y presentación con vida de su compañero de 48 años.
En la mañana se dio a conocer que el coordinador fue levantado por hombres armados cuando se dirigía a la primaria de Zoquiapa, donde labora y a las 5 de la tarde la CRAC convocó al bloqueo.
Acudieron unos 80 policías comunitarios y vecinos, en el lugar se consultó al coordinador Pedro Santos Bartolo, quien detalló que su compañero fue levantado a las 6:45 de la mañana en el barrio de San Lucas, y se corroboró que no llegó a su centro de trabajo.
Dijo que testigos informaron que fue llevado en una camioneta tipo CRV blanca. Salmerón Dircio se desempeña como coordinador desde 2014.
“En días recientes ustedes saben aquí en Tixtla en esta parte fueron tirados nueve cuerpos, es lamentable la situación que se está viviendo y no podemos ser indiferentes. Hoy levantan a este compañero, igual tenemos que hacer algo, la obligación del gobierno es dar seguridad”, expuso Santos Bartolo.
Informó que se platicó con el alcalde, el perredista Hossein Nabor Guillén para solicitarle una vía para entablar diálogo con el gobierno del estado.
Abundó que durante el día la Policía Comunitaria hizo la búsqueda en las inmediaciones de Tixtla, pues el gobierno ha limitado su territorio de acción.
–¿Ha habido más ataques contra la Policía Comunitaria?-, se le preguntó.
–Sí, no es la primera vez, de hecho digamos que en un lapso de dos meses otros dos compañeros fueron asesinados aquí mismo en Tixtla. Entonces hablamos que es el tercer desaparecido, de los otros dos los cuerpos fueron encontrados, se les dio la sepultura correspondiente.
Los dos asesinados eran policías, el primero desapareció hace mes y medio y el segundo 40 días después, informó.
Exigió que se respete su vida porque lucha por dar seguridad, “porque la sociedad ha estado muy silenciada y no se puede permitir más”.
“Que el gobierno nos escuche, sabemos que la presión sirve mucho y es lo que estamos haciendo, y lo que le pedimos a la ciudanía es que también alce la voz y que las personas que no están alzando la voz comprendan la situación, tenemos que ser solidarios, una lucha aislada no va a prosperar”, recalcó.
Ante el bloqueo el transporte a Chilpancingo y a Chilapa bajaba a los pasajeros para que cruzaran el bloqueo y del otro lado otra Urvan los condujera a su destino. Una de los pasajeros era la diputada local por el PRI Flavia García García.
Cuando los policías se percataron de su presencia se acercaron a la Urvan para pedirle que dialogara con ellos, pero no quiso bajar del vehículo, dijo que desde su asiento los escuchaba.
“Duele mucho que a veces seamos indiferentes, como pueblo estemos por un lado y las autoridades por otro lado”, le dijo el coordinador Pedro Santos.
Como respuesta la priista dijo en reiteradas ocasiones, “por qué no hacen su petición dirigida a quien tengan que dirigirla” y que abonaran al diálogo porque el gobernador Héctor Astudillo Flores estaba abierto.
El coordinador le respondió que llevaban meses intentando hablar con él sin lograrlo, que si el estado cumpliera su función no tendrían la necesidad de armarse.
El bloqueo siguió hasta que al retén llegaron cerca de las 9 de la noche agentes del Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos el fiscal regional de la zona Centro, Ernesto Jacobo García, el de Antisecuestros, policías ministeriales y estatales quienes venían de Zitlala donde se localizaron 16 fosas con restos humanos.
Más tarde vía telefónica Santos Bartolo dijo que exigieron que comenzara la búsqueda, pero les respondieron que por protocolo deben de dejar pasa 72 horas.
Acordaron que toda la noche harían recorridos y retenes coordinados con los agentes del estado, y que este jueves a mediodía se reunirán con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.
A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, seis ex presos políticos y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso acudieron al reclusorio de Ayutla, a visitar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera para mostrarle su solidaridad y explicarle su situación jurídica actual.
Además le informaron que el 1 de diciembre arrancará una campaña para exigir su libertad, a tres años de que fue encarcelado.
En consulta telefónica su abogado Rogelio Téliz García recordó que el 1 de diciembre de 2013 detuvieron en Chilpancingo a Arturo Campos, cuando a los 12 días por la libertad de los presos políticos en Chilpancingo fue detenido y llevado al penal de Acapulco, después al del Altiplano, y el año pasado lo regresaron a Ayutla por un amparo que se promovió.
Informó que acudieron al reclusorio a visitarlo unas 3 horas junto al director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coordinadores y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Dijo que fueron a recordarle su solidaridad, que están pendientes de su proceso penal y que el pasado 9 de noviembre el Juzgado Sexto de Distrito en Acapulco se celebró la audiencia constitucional del amparo 7462016, que promovió en contra de la resolución que emitió la Sala Penal, donde se confirma el auto de formal prisión por secuestro.
Resaltó, “recordemos que el Juzgado Séptimo de Distrito en Acapulco fue el mismo que concedió un amparo a favor de Bernardino Francisco y los otros compañeros, donde hace un estudio minucioso y reconoce la función de la policía comunitaria. Y además precisamente dice que la policía en si no puede cometer ni el delito de privación ilegal de la libertad y el delito de secuestro. Y recordemos que esta misma resolución sirviera de base para que Nestora se acogiera a la misma y pudiera obtener su libertad junto con la causa penal de Tlapa y de Ayutla”.
Téliz García agregó que entonces el juzgado ya tiene un precedente de que hay antes una resolución que emitió, por lo que dijo se confía en que Arturo ganará un amparo y va a obtener su libertad.
Añadió que si gana ganaría con el proceso penal de Ayutla. Sin embargo aún está el de Tlapa donde se siguen desahogando pruebas, y donde el 7 de diciembre habrá un careo con los agraviados.
El abogado recordó que en Tlapa está acusado de secuestro contra 43 agraviados en la causa penal 1962012 del Juzgado Segundo Penal, mientras que en Ayutla es en el expediente 592015 y que esta es la resolución que tiene el juzgado, donde a partir del 9 de noviembre entró en estudio.
Manifestó que confía en que se resuelva antes de vacaciones de diciembre y que si no es así en los primeros días de enero.
Téliz García sostuvo que en Tlapa se promovió un incidente de libertad y la jueza de manera “dolosa e irresponsable” y respondiendo a intereses políticos negó el incidente de libertad, argumentando que no era procedente, porque las resoluciones de Juzgado de Distrito, incluso la propia resolución para la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García no le favorece a Arturo Campos, algo que no comparten porque por lógica y por cuestiones legales tendría que beneficiar al promotor de la CRAC, ya que son los delitos de los que se les acusa, los mismos agraviados y las mismas consideraciones que le dieron la libertad a la dirigente.
“Le tienen que dar su libertad, Arturo no es secuestrador, Arturo es un defensor comunitario que lo único que hizo fue organizarse con las comunidades, frenar la delincuencia que el Estado no ha podido hacer”, explicó.
Contó que esta visita que hicieron Arturo no cambia su convicción de que el día que obtenga su libertad seguirá organizando y participando en la Policía Comunitaria.
“Él no claudica, en el tema de continuar defendiendo los derechos él dice yo estoy aquí y no cometí secuestro, yo sé que soy un preso político, que el Estado me mantiene aquí por intereses más políticos que legales”, recalcó el defensor.
Además dijo que mostró su respaldo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y pidió que se respete la Ley 701 que el estado pretende derogar o adecuar al nuevo Sistema Penal Acusatorio. También solicitó a las comunidades que estén pendientes de alguna movilización o protesta para defender la ley. En cuanto a su salud aseguró que está estable.
Por otro lado los visitantes informaron al promotor que “el primero de diciembre va a arrancar una campaña de exigencia de libertad hacia su persona. La campaña va a consistir en que ese día organizaciones harán acto de presencia fuera del penal y visitarlo para arrancar la campaña, justo en el marco de los tres años de estar privado de la libertad”.
La esposa del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) preso en Chilpancingo, Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato Vázquez denunció que las autoridades del sistema penitenciario insisten en que su esposo sea atendido en un hospital público, y que este miércoles intentaron nuevamente trasladarlo al hospital general Raymundo Abarca Alarcón.
Consultada luego de que visitó al promotor de la CRAC, Ausencia Honorato informó que este miércoles policías del reclusorio nuevamente quisieron trasladar a Gonzalo Molina al hospital general Raymundo Abarca para que le controlaran los dolores, debido a que toda la noche tuvo la presión alta.
“Fue controlado con una pastilla que le dieron las enfermeras que están en la enfermería del reclusorio, además tenía dolor en los riñones por los cálculos renales”, indicó.
Dijo que las autoridades penitenciarias quisieron trasladar a Gonzalo Molina para aplicarle una inyección para el dolor, sin embargo no lo permitieron debido a que “sólo lo están controlando, yo quiero que ya sea operado pero con un médico particular que las organizaciones sociales han propuesto”.
Mencionó que este lunes fue trasladado al hospital general de Chilpancingo para que fuera internado, pero el promotor de la CRAC se negó a ser atendido porque tiene miedo a que lo maten, por lo que tuvieron que hablar con el director del hospital para que no lo internaran.
La esposa del promotor de la CRAC exigió al gobernador priista Héctor Astudillo Flores que ordene que su esposo sea atendido en un hospital privado.
Resaltó: “lo único que le estoy pidiendo a las autoridades es que autorice que mi esposo sea operado por un médico privado, las organizaciones sociales se harán cargo de los gastos, ya tenemos al especialista que lo va a operar, ya no quiero que sólo le den medicamento para que se le pase el dolor”.
