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El Estado debe recuperar los núcleos agrarios tomados por el crimen, dice Arturo García

Ramón Gracida Gómez

El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, dijo que el Estado debe usar todo su poder para recuperar los núcleos agrarios controlados por el crimen organizado, lo que dio a conocer en entrevista con El Sur el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón.
Vía telefónica, expuso que es importante que las comunidades se empoderen poco a poco con los programas sociales y sus integrantes participen en las decisiones, pero también que las autoridades garanticen el libre tránsito con la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército.
Dijo que “es interesante que un funcionario de alto nivel haga declaraciones de lo que ha sido un secreto a voces. Quizás se quedó corto en los datos”, pero coincidió en que hay núcleos agrarios donde las asambleas no funcionan, los comisariados son impuestos o simplemente no existe tal figura, todo esto por el “abandono de los territorios por parte de los tres órdenes de gobierno. Entonces, los habitantes no tienen otro referente, no tienen otros interlocutores”.
Indicó que es en la Montaña, en los municipios Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo y Chilapa; la parte alta de Costa Grande, como en Petatlán y gran parte de Tierra Caliente, donde no se puede transitar y las personas no pueden salir de sus comunidades, ni para recoger su fertilizante.
Señaló que los gobiernos estatal y municipales no quieren entrarle al tema de recuperación del territorio, que apenas el gobierno federal le está poniendo atención, porque antes, al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no le llegaba la información como tenía que ser”.
Para el asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, el gobierno federal tendría que usar “todo el poder del Estado, que no es sólo Guardia Nacional y Ejército, sino recargar los diversos programas de gobierno, pero empoderando a las comunidades”.
Además, dijo que la Guardia Nacional, que “no la vemos activa”, y el Ejército deben garantizar el libre tránsito en esos territorios, “no estoy hablando de represión, de guerra, de enfrentamiento, estoy hablando de empoderamiento de las comunidades”, puntualizó.
Entonces, expuso: “Si nosotros vamos logrando que poco a poco las comunidades se empoderen, que la asamblea se convierta en el mecanismo de gobernanza permanente, que las comunidades tomen decisiones, que las comunidades programen sus obras para el corto, mediano y largo plazo, yo considero que es la manera de cómo ir logrando una cultura de paz, pacificando las regiones hoy controladas por la delincuencia organizada”.
Sin embargo, señaló que los cuatro grandes programas, que son Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes y Precios de Garantía, presentan problemas, por lo que se deben de replantear. Por ejemplo, el fertilizante consiste en miles de “toneladas de productos químicos tóxicos”, por lo que hay que disminuir su uso.
De Sembrando Vida dijo que en Guerrero son menos de 50 mil los beneficiarios, cuando hay un promedio de 350 mil familias del campo, o sea, el 10 por ciento de la población rural; además, no hubo una planificación de la comercialización, entonces necesitan asesoría para colocar sus productos en los mercados.
La Producción para el Bienestar es un programa que da en promedio 6 mil pesos al año a cada productor que siembra maíz, café, miel, arroz y frijol, cantidad que “no se desprecia, pero no puede ser sólo eso el apoyo para reactivar el campo”, que mejor sería un esquema de crédito blando para garantizar la producción.
Del programa Precios de Garantía dijo que “ya vimos que no garantiza el incremento de los precios como se pensó, porque ese pacto no llega ni al 3 por ciento del maíz del estado y, además, no se paga a tiempo y se abren los centros de acopio tarde”.
García Jiménez aseveró que en el campo no existe rentabilidad, “la gente siembra maíz porque no tiene liquidez para comprar, pero sí tiene un pedazo de tierra y tiene manos”, por eso cuestionó la reducción de la pobreza dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la semana pasada.
Un nuevo agrarismo, expuso, debe reconstruir las instituciones en las que “ha predominado el burocratismo y la corrupción, la falta de presupuesto ”, además de crear una nueva ley agraria y promoveer un ejido integral y de un segundo piso, es decir, “crear cooperativas, asociatividad de los campesinos productores, para que concurran a proyectos de otro nivel”, y habló de maquinaria para el maíz y el café.

No sabe de núcleos agrarios bajo control del crimen, dice Daniel Cahua

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Asuntos Agrarios, Daniel Cahua López, aseguró este lunes que esa dependencia no tiene conocimiento de que algún núcleo agrario esté controlado por el crimen organizado, que impida entrar a esos territorios a funcionarios gubernamentales.
El viernes, el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón, informó en Xochistlahuaca que 100 de mil 250 núcleos agrarios de Guerrero están controlados por el crimen organizado, que en éstos, la institución que dirige no puede entrar.
A pregunta por teléfono, Cahua López declaró: “Nosotros no hemos tenido mayor problema, hemos podido transitar en los diversos núcleos agrarios y no tenemos ningún tipo de recomendación o restricción. Hemos realizado nuestro trabajo”.
Según el funcionario, han estado en las regiones Montaña, Costa Grande y Centro “y no hemos tenido ningún problema, en el que haya intervenido particularmente el crimen organizado”.
Aseguró que la atención que se ha dado a los ejidatarios y comuneros ha sido tanto en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno como en el territorio, que quienes participan son los ejidatarios o comuneros sin restricciones de ningún tipo.
“De modo que desconozco si él (el funcionario federal) tenga alguna otra información, pero lo cierto es que hay constancia de que hemos transitado y estado desde Atlixtac hasta Metlatónoc, Alcozauca y Alacatlatzala de donde hemos dado la vuelta hasta San Luis Acatlán y Marquelia, y por toda esa zona no hemos tenido ningún problema”.
En su declaración del viernes, el titular de la PA, Palacios Mirón, dijo que los grupos criminales tienen el control territorial de núcleos ubicados en Costa Grande y la Montaña, en donde eligen a sus comisariados y que otra de sus actividades es extorsionar a los beneficiarios de los programas federales.
El subsecretario declaró que también en Costa Grande han acudido a reuniones, que apenas estuvieron en Tecpan y el sábado pasado en Coyuca de Benítez, donde estuvieron entregando títulos agrarios, concretamente en la localidad Ocotillo.
Agregó que es esa reunión estuvo precisamente el director general del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco García Jiménez. “Hemos tenido reuniones con los diversos órganos de representación y las únicas controversias son por límites de tierras, pero no de otro tipo de problemas”.
Informó que, incluso, han transitado por todo el territorio guerrerense con diversos representantes del gobierno federal que atienden los problemas agrarios, “no hemos tenido conocimiento de que algunos de ellos ha tenido problemas”.
Aseguró que, en su caso, se traslada sin seguridad “porque asistimos a las reuniones para atender problemas de los campesinos, de los sectores agrarios, no de otro tipo”.
“La verdad es que en materia agraria, por lo menos yo, en los lugares donde he asistido no me he encontrado a alguien que me haya impedido el acceso a algún núcleo agrario, y no hemos visto otra cosa más que conflictos agrarios”, insistió.
Acotó que, sin embargo, “tal vez el procurador, al hacer esa declaración, tenga datos distintos”, lo cual dijo que es extraño porque por lo regular los temas agrarios son atendidos de manera coordinada, por autoridades tanto federales como estatales.
“De manera conjunta, se atienden en la Mesa Agraria, en donde participamos todas las autoridades del ramo”, explicó.

Ya no hablará más Norma Otilia de los señalamientos en su contra

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y el síndico Andrei Marmolejo Valle, decidieron ya no hablar más sobre los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En la conferencia de prensa de los lunes, argumentaron que el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), que serán éstas las que den a conocer los resultados de las investigaciones.
La misma Hernández Martínez ha venido informando que hay dos procesos abiertos en su contra, uno por el caso de la cartulina con un mensaje, que le dejaron junto con siete cuerpos desmembrados la madrugada del 27 de junio, frente a la plazuela del barrio San Mateo; y el segundo, por los videos en los que aparece desayunando con un jefe del grupo delictivo Los Ardillos, quien ha sido identificado como Celso Ortega.
El mensaje que le dejaron en la cartulina dice: “Saludos, presidenta Norma Otilia. Sigo esperando el segundo desayuno, que me prometiste después de venirme a buscar. Con cariño”.
En el mismo lugar fue dejado otro para el síndico Marmolejo Valle, con el siguiente texto: “Síndico Andrei Marmolejo, sigue amenazando a la gente con las licencias comerciales, hijo de tu puta madre, para llevarles las cuotas a Los Tlacos”.
Este lunes, cuando se le preguntó sobre el proceso que se le sigue, la presidenta respondió: “Todo esto, que se ha suscitado en los últimos días, en este momento tratamos de salvaguardar nuestra opinión, derivado de que ya estamos en un proceso de investigación que yo solicité. Yo fui y me puse a disposición, con toda la responsabilidad que me toca, por ser presidenta”.
Añadió que también se guarda su opinión para no caer en alguna controversia, “sin embargo, yo estoy muy confiada de este proceso. Vamos a esperar. Espero que concluya pronto, por lo menos, que sea en los tiempos en que debe ser”.
Con respecto al tiempo que duró su plática con el jefe del grupo delictivo, que fue de unos 40 minutos, según declaró el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza en una entrevista a Quadratin, dijo que de ello ya habló, que “hay muchos opinólogos, pero será la autoridad la que tenga que dar a conocer los resultados”.
Informó que no ha tenido comunicación con la dirigencia nacional de su partido, Morena, porque no le compete atender el caso.
“Este es un proceso de investigación. No está dentro de nuestros estatutos y cuando ya haya un delito comprobado, entonces se emprende un proceso interno. Por eso soy respetuosa, soy consejera y nos queda claro que debemos mantenernos prudentes en estos temas”.
Luego opinó: “Morena no come Morena, eso se sanciona. Si yo llego y hablo mal del compañero, primero hay que arreglar la ropa sucia en casa, porque estamos en un proceso de transformación, como partido, y necesitamos la solidaridad y la sororidad de las mujeres”, dijo, probablemente en alusión a quienes desde su mismo partido le han sugerido que analice pedir licencia al cargo.
La presidenta, quien en sus recientes actividades públicas se la ha visto fuertemente resguardada por militares o por agentes de la Guardia Nacional, como ocurrió el domingo durante el recorrido del pendón de Petaquillas, reconoció que el caso, sin duda, “fue un levantamiento de olas gigantes”, pero presumió que demostró cual “es el carácter que tiene esta servidora. Tomar decisiones no es fácil”.
Dijo que los señalamientos en su contra tienen que ver “con el cambio en la forma de gobernar, por la toma de decisiones, por dar pasos firmes” en su administración.
Un reportero le preguntó por la fotografía en la que aparece con el ex gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, que circuló en las redes sociales la semana pasada.
La presidenta aseguró que la imagen fue del año pasado y que en su trayectoria ha conocido a varios políticos, algunos con los que ha coincidido, pero que eso no la involucra para hacer alianzas, “es un amigo, hasta cierta circunstancias, y al que yo respeto”.
El síndico Marmolejo Valle fue más parco en cuanto al proceso que le sigue la FGR. Declaró que ya hay una investigación, “hay que esperar los resultados y ellos serán los que den los pormenores de lo que suceda. Hay que ser prudentes respecto a la situación”.

Dejan una manta en Taxco donde denuncian nexos del alcalde con el crimen organizado

Redacción

Chilpancingo

En una manta con un mensaje escrito, que fue dejada la mañana de este miércoles en la barda de un kínder en el barrio Los Jales, de Taxco, presuntos miembros del crimen organizado denunciaron nexos del alcalde Mario Figueroa Mundo con una célula de La Familia Michoacana.
En el texto advirtieron de una “guerra” por el control del municipio y lanzaron amenazas contra un regidor, funcionarios municipales y policías municipales.
El hallazgo de la manta se hizo alrededor de las 8 de la mañana, en el jardín de niños 20-30, del barrio Los Jales, al sur de la cabecera municipal, cerca del libramiento de la carretera federal México-Acapulco. Fuentes policiacas informaron que fueron agentes de la Policía Municipal quienes realizaron el aseguramiento.
En el mensaje, firmado por El Comandante Fantasma y El Chikilin, presuntos miembros de la Federación Guerrerense, denuncian que los acuerdos del alcalde Figueroa Mundo con el jefe de plaza, de La Familia Michoacana, Roberto Carlos Zagal, El Pelón, ya lo habrían rebasado.
Señalan que se le dio un plazo y no ha cumplido, “ahora viene la verdadera guerra”, advierten. Piden a la población que no salga de noche si no tienen nada que hacer en las calles.
Denuncian que la Policía Municipal supuestamente está operando para el grupo criminal de El Pelón, a pesar de que fue quien los privó de la libertad durante una semana.
Asimismo, advierten que irán contra miembros del Ayuntamiento “que están al servicio de El Pelón”, y mencionan al regidor Edgar Reyna y al secretario de Gobierno, José Luis Ortega Fuentes, “tienen los días contados”, les dicen.
También mencionan a otras cinco personas, al parecer funcionarios del gobierno municipal, así como a otras personas, que presuntamente operan para el mismo grupo delictivo.
Al hacer referencia a reporteros de medios locales de comunicación, les indican que son libres de dar a conocer sus noticias, pero también amenazan a quienes no difundan los hechos, “ya no quieras tapar el sol con un dedo Mario Figueroa. La prensa es libre de dar su noticia, no le tengan miedo. A todo aquel que no haga su trabajo lo tomaremos como que están al servicio de El Pelón. La limpia sigue”, amagan en el mensaje, en el que al final se lee “puro tamarindo”, en aparente alusión al grupo que opera en Iguala.

Pide el activista contra el crimen organizado, Bryan LeBarón, la renuncia de Norma Otilia

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El mormón activista en contra del crimen organizado, Bryan LeBarón pidió a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández que renuncie mientras se aclarara su relación con Celso Ortega, líder criminal de Los Ardillos.
En su cuenta personal de Twitter publicó una carta dirigida a la alcaldesa, además de compartir un mensaje en el que le exige su renuncia, calificando de inmoral que sea representante de la ciudadanía y se relacione con con grupos criminales.
“Debería renunciar hasta no aclarar los videos publicados, es inmoral representar a los Guerrerenses y sentarse a desayunar con quien los mata, extorsiona, desaparece y ocupa su dolor para enviar mensajes TERRORISTAS”, publicó LeBarón.
“Alcaldesa, consideramos que es muy oportuno que pida a las autoridades que investiguen, pero dé el siguiente paso, solicite licencia a su cargo hasta que todo esto se esclarezca, sin ninguna atadura institucional”, demandó.
Agregó que comprende que haya tenido “pocas opciones” y que no es sencillo negarse a una reunión con líderes de grupos criminales, particularmente en una zona con altos índices de violencia y criminalidad.
“Debe ser difícil también levantarse de ese tipo de mesas sin acuerdos”, escribió, y reitero que podría haber sido obligada porque llegan a ser situaciones en las que la vida también está sobre la mesa, “lo más reprobable es que ese tipo de acuerdos perjudican a mucha gente”, puntualizó.
Afirmó que solamente las autoridades saben si llegan a tener acuerdos con los distintos grupos criminales, y reiteró su petición a Norma Otilia Hernández de que renuncie al cargo de presidenta municipal, señalando que los chilpancingueños no pueden ser representados por alguien que comparta con los líderes criminales.
“Sólo las autoridades y los criminales saben sus acuerdos o desacuerdos, los que guían sus relaciones, pero a diferencia de ellos, que viven entre el miedo y la impunidad, usted debería renunciar hasta que se aclare el punto, porque los chilpancingueños no pueden estar representados por quien se sienta a desayunar con quien los mata, extorsiona, les arrebata sus hogares, los desaparece y abandona sus cuerpos desmembrados para mandar mensajes, que cabe señalar, en alguna ocasión usted fue remitente”, expuso.
Dijo que la presidenta municipal de Chilpancingo tiene la oportunidad de ser un ejemplo sobre cómo debe de ser el actuar correcto de un funcionario en una situación de esta magnitud.
“Finalmente me atrevo a levantar la voz porque ya hemos sido víctimas de autoridades que son cómplices de criminales, a nombre de muchas otras personas que han padecido lo mismo, por ellos que no pueden, es esta solicitud. Conviértase en un caso ejemplar, no deje dudas sobre su ejercicio, de lo contrario, la omisión también es uno de los males de nuestro país”, puntualizó.
Bryan LeBarón es integrante de la familia LeBarón que el 4 de noviembre de 2019, presuntos miembros del crimen organizado en el municipio de Bavispe en Sonora, atacaron a 17 integrantes y asesinaron a nueve.

Morena pacta con intereses ocultos: MC

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Julián López Galeana, acusó que “Morena está pactando con intereses ocultos que atentan contra el país”, al comentar la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
En conferencia de prensa, donde presentó como nuevas adhesiones al ex presidente municipal de San Marcos, el priísta Armando Bibiano García, y al secretario general de la sección 42 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a los trabajadores del DIF Guerrero, Miguel Ángel Cejudo Blanco, el dirigente subrayó que es claro que Morena le falló a México y a Guerrero. “Cómo es posible que la primera autoridad de la capital esté inmersa en situaciones que laceran, que de verdad generan un sentir de vergüenza de la comunidad política, porque están dando fe y constancia de que hemos venido señalando, de que Morena está pactando con intereses ocultos que atentan contra el país” (Con información de Karina Contreras)

Pide la alcaldesa de la capital a la FGR atraer investigación sobre los siete crímenes

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya le pidió a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, “que esté pendiente”, por si en algún momento se requiere que vaya a declarar respecto a los siete cuerpos mutilados que fueron hallados la madrugada del 24 de junio frente a la parroquia del barrio de San Mateo con los que le dejaron un mensaje a ella y al síndico Andrey Marmolejo.
A su vez, la alcaldesa solicitó mediante oficio de fecha 27 de junio a la Fiscalía General de la República (FGR), que intervenga en las investigaciones “de tan lamentables hechos”.
En la conferencia de prensa del lunes de la semana pasada, Hernández Martínez expresó sus sospechas de que personal de la FGE haya manipulado y alterado las cartulinas en la que el grupo delictivo dejó mensajes para las autoridades.
Uno de los, mensajes decía: “Saludos presidenta Normal Otilia sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme con cariño”.
En el otro se leía: “Síndico Andrey Marmolejo sigue amenazando a la gente con las licencias comerciales para llevarle las cuotas a los Tlacos”.
Derivado de ello en la conferencia de prensa del lunes pasado la alcaldesa declaró que estaba dispuesta a una investigación de parte de la FGE y anunció que pediría que la FGR atrajera las investigaciones pues externó sus sospechas de la FGE por irregularidades durante el hallazgo de los cuerpos y las cartulinas con los mensajes.
En declaraciones después de la conferencia de prensa de ayer, en la que se informó del problema de la escasez de agua potable, Hernández Martínez informó que el mismo lunes de la semana pasada fue personal de la FGE a platicar con ella y le dijo que si en algún momento se requiere que vaya “a atender alguna declaración que estuviera pendiente”.
Según la presidenta su respuesta fue que sí, “vamos a esperar que hagan sus investigaciones, que nos manden llamar, si es que se requiere, nosotros lo hemos dicho, estamos con toda la disposición de poder estar en manos de las instituciones, y estamos de acuerdo en que nos hagan los llamados que se requieran”.
Informó que en el transcurso de la misma semana envió un oficio a la FGR, mediante el cual también se pone a su disposición de la dependencia federal y le solicita que intervenga para que se realice la investigación por esa dependencia federal.
El oficio PM/342/2023 de fecha 27 de junio, está dirigido al Fiscal General de la FGR Alejandro Gertz Manero, a quien le informa las circunstancias en que se dio el hallazgo de los cuerpos, la madrugada del 24 de junio.
“En tal virtud, me permito solicitar su valiosa y puntual intervención, para realizar las labores de investigación de estos lamentables hechos”, dice el escrito.
La alcaldesa explica que con respecto al contenido de una de las cartulinas, “donde se hace alusión al nombre de la suscrita, y que presuntamente un grupo de la delincuencia organizada dejó en el lugar de los hechos, desde este momento niego rotundamente el contenido de las mismas y ratifico mi absoluta disposición para declarar en caso de ser necesario sobre los hechos que se mencionan”.
Hernández Martínez agrega: “En mi calidad de titular del Poder Ejecutivo Municipal me sumo al clamor de la ciudadanía, de mis homólogos de otros municipios, e incluso de diputados y diputadas locales, para que se haga justicia y se realicen las inmediatas investigaciones de manera transparente y objetiva y se aplique todo el peso de la ley en este y en todos los acontecimientos delictivos que se han suscitado no sólo en esta ciudad, sino en todo el estado de Guerrero”.
Sostiene en el documento que como primera autoridad municipal siempre ha tenido la voluntad y disposición para colaborar y coadyuvar con las demás instancias de gobierno, en las estrategias de seguridad. “De nuestra parte hacemos lo que nos corresponde en cuanto a la prevención social del delito”.
La alcaldesa informó que se reunió con los familiares de las personas que fueron asesinadas a quienes les proporcionó apoyos para los funerales.
Aseguró que los apoyó para agilizar los trámites del terreno donde fueron sepultados y les entregó despensas a través del DIF municipal.
De los siete cuerpos hallados a las 4:30 de la madrugada del 24 de junio, cuatro correspondían a una familia que estaba desaparecida desde el 10 de junio; eran los de Eloy Peralta García, su esposa Elizabeth Catalán Olalde, el hijo de ambos, uno adolescente de 17 años de edad y la novia de éste de 16.

Reanuda actividades el Ayuntamiento de Iguala con protección del Ejército y la policía estatal

Alejandro Guerrero

Iguala

El Ayuntamiento de Iguala reanudó este viernes sus actividades en oficinas y sedes alternas bajo un dispositivo de seguridad de efectivos del 27 Batallón de Infantería y la Policía Estatal, luego de las amenazas dirigidas en contra del alcalde David Gama Pérez, el síndico Oscar Díaz Bello y trabajadores, que obligó el jueves a cerrar todas sus oficinas y suspender los servicios.
Hasta este viernes el gobierno municipal no había emitido ningún comunicado ni información relacionado a estos hechos, y sólo se difundió una fotografía de una reunión que tuvo el priista David Gama Pérez con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de la que se informó que fue para revisar proyectos de obras y programas para Iguala.
El jueves se detuvieron todos los servicios del gobierno municipal y fueron cerradas todas las oficinas, desde áreas administrativas, operativas y recaudadoras, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capami), recolección de basura y el DIF con sus distintas áreas y guarderías, éstas últimas que fueron las únicas que este viernes no regresaron a laborar.
La determinación se derivó de una amenaza difundida en una página de Facebook en contra del alcalde priista, David Gama Pérez y el segundo síndico, Oscar Díaz Bello (PRD), en el que presuntamente el grupo del crimen de la Familia michoacana, advirtió a los trabajadores que “no vayan a trabajar hasta nuevo aviso en todas sus áreas”.
Este viernes al retomar las actividades, en la principal sede alterna del Ayuntamiento ubicada en los terrenos de la Feria a la Bandera, se instaló un camión militar con efectivos del 27 Batallón de Infantería que resguardan de forma permanente las instalaciones en la que están la presidencia municipal, la mayoría de regidurías, secretarías y direcciones de área.
Los soldados armados vigilan el único acceso que ha sido habilitado para ingresar a estas instalaciones, y este viernes, se observó escasa presencia de contribuyentes y se presentaron algunos funcionarios, pero no así los ediles, de acuerdo con fuentes consultadas.
En otra de las sedes alternas, en el edificio de la sala San Luis, en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Centro, en la que se ubica la sindicatura de Procuración de Justicia que encabeza el perredista Oscar Díaz Bello, y donde además están la secretaría de Seguridad Pública y las direcciones de la Policía Municipal, Tránsito, Protección Civil y Reglamentos, fue la más vigilada.
Afuera de estas instalaciones había un numeroso grupo de efectivos del Ejército fuertemente armados, así como de la Policía Estatal, resguardando la zona.
Mientras que en la sede ubicada en la ex comandancia de la Policía Municipal y Barandillas, en la que hubo una ataque a balazos el 13 de junio, y donde está la primera sindicatura, tres regidurías y la secretaría de Obras Públicas, había recorridos de vigilancia por el Ejército y Policía Estatal, y siguen operando con el portón cerrado.
De acuerdo con trabajadores, principalmente quienes son de áreas operativas como recolección de basura, Limpia, Parques y Jardines, hay zozobra por las amenazas difundidas, luego del asesinato a balazos cometido el miércoles en contra de uno de los trabajadores, al que dejaron una cartulina con un mensaje escrito dirigido al alcalde Gama Pérez y al síndico Díaz Bello, éste último del que ha trascendido que se fue al extranjero.

Se reúne Gama con la
gobernadora

Hasta el cierre de esta edición el gobierno de Iguala no había emitido ningún comunicado de prensa ni postura relacionada con estos hechos, y en su página personal de Facebook el alcalde David Gama difundió una fotografía de una reunión que sostuvo este viernes con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Sin mencionar la seguridad o la violencia en el municipio, en un breve texto que escribió indica que esta reunión fue para “revisar proyectos de obras y programas” que próximamente se realizarán en Iguala, entre los que menciona la restauración del Lienzo Charro y la entrada por la autopista a Cuernavaca.
Ofrece su gratitud y reconocimiento a la gobernadora “por todo su apoyo y respaldo para su natal Iguala”, y señala que acordaron seguir trabajando “de la mano para mejorar la calidad de vida de las y los igualtecos”.

El IEPC, incompetente para atender quejas del PRD contra Morena por campañas: consejero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Amadeo Guerrero Onofre, informó que desde el 24 de abril la coordinación de lo contencioso electoral se declaró incompetente para atender la denuncia del PRD contra Morena y las pintas a favor de Claudia Sheinbaum, y lo remitió al INE.
En declaraciones telefónicas se le preguntó al consejero por lo dicho por el dirigente perredista Alberto Catalán Bastica, quien acusó que el IEPC no hace valer sus funciones por no sancionar a Morena por las pintas realizadas a favor de la jefa de gobierno también por el caso de la denuncia contra dirigente de Morena, Jacinto González Varona, por señalar que el PRD, PRI y PAN ganan en municipios controlados por el crimen organizado.
Amadeo Guerrero señaló de esta denuncia en contra la dirigencia estatal de Morena está en proceso de substanciación y no puede dar mayores declaraciones respecto al estado en el que se encuentra: “solo podemos comentar que ya tenemos el proyecto para resolución, vamos a someterlo a la consideración del Consejo General”, en sesión programada para esta próxima semana.
Respondió sobre la denuncia por las pintas a favor de Sheinbaum, que se presentó como Procedimiento Ordinario Sancionador (POS), el cual que se desarrollan fuera de proceso electoral cuando se trata de actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada de la imagen u otra violación a la normativa electoral.
Recordó que desde el pasado 24 de abril, la coordinación de lo contencioso electoral “dictó un acuerdo por el que se declaró incompetente para conocer del asunto y lo remitió a la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, porque se advierte que se trata de una aspiración a una candidatura de elección popular federal no local”.
Guerrero Onofre explicó que cuando no se trata de elecciones locales, el IEPC no puede resolver o instaurar el procedimiento correspondiente, así como tampoco ni dictar medidas cautelares y en automático nos declaramos incompetentes. Hasta ayer, el IEPC tenía, junto con este caso, siete POS.
Además comentó que ante el IEPC se han presentado 11 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) por violencia política contra las mujeres en razón de género, en las que se denuncia la obstaculización para el libre ejercicio del cargo público.
Destaca la negación y ocultamiento de información, falta de convocatoria a sesiones de cabildo, desigualdad en sus remuneraciones entre los integrantes del cabildo, también las expresiones denigrantes y descalificación del trabajo hacia las mujeres, también por amenazas e intimidaciones hacia las mujeres servidoras públicas, familia y sus colaboradores.
De estos 11 casos, en 3 quejas se han dictado medidas cautelares y en 5 medidas de protección.
El consejero explicó la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado, establece que los procedimientos especiales sancionadores se sustancian y resuelven a través de dos instancias que son los órganos electorales que es el INE y el IEPC que se encargan de la sustanciación, es decir reciben las quejas y denuncias, inician una línea de investigación, dictamos medidas cautelares o de protección cuando se solicitan y se requieren, también desahogan la audiencia de pruebas y alegatos, integran el expediente y lo remiten al Tribunal Electoral del Estado (TEE).
Es precisamente el TEE la segunda instancia, la cual puede ordenar adicionalmente nuevas investigaciones para posteriormente emitir su resolución.
Amadeo Guerrero explicó que en la parte que le corresponde al IEPC sustancian este procedimiento a través de la coordinación de lo contencioso electoral que depende a su vez de la secretaría ejecutiva.

El IEPC, incompetente ante quejas por campañas de Morena

El IEPC, incompetente para atender quejas del PRD contra Morena por campañas: consejero

El organismo estatal remitió al INE las quejas por pintas en Guerrero a favor de Claudia Sheinbaum, informa Amadeo. La denuncia contra el líder de Morena, Jacinto González, quien acusó a la oposición de vínculos con el narco, está en revisión, precisa

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, durante el Encuentro Nacional de Educación Civica, en Acapulco Foto: Carlos Carbajal

Consultó ya el IEPC en 49 municipios sobre la elección en comunidades indígenas y afros

Informa la presidenta del Instituto, Fabiola Matildes Gama, que han obtenido buena respuesta y apoyo de algunos ayuntamientos y el 40 por ciento de comunidades, así como de las organizaciones civiles. A pesar de que en Acapulco no se cuenta con una población mayoritaria de esas comunidades, también se instalarán mesas de consulta, adelanta

Karina Contreras

La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, informó que realizaron consultas en 49 municipios sobre la iniciativa de reforma a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
También a las reglas de postulación y registro de candidaturas para el Proceso Electoral 2023-2024.
Dijo que dicha consulta se está aplicando en los municipios con población afromexicana e indígena, para la elección de candidatos en esas comunidades.
Aseguró que han obtenido buena respuesta y apoyo de algunos ayuntamientos y el 40 por ciento de comunidades indígenas y afromexicanas, así como de organizaciones civiles.
Añadió que para la consulta están yendo con autoridades comunitarias y de los pueblos afros porque “el ordenamiento en que se basan estas consultas es la Constitución”.
En declaraciones en un receso del XIV Encuentro Nacional de Educación Cívica, que se llevó a cabo en el hotel Emporio, la consejera dijo que esos municipios tienen el 40 por ciento en población indígena o igual porcentaje en afromexicana. Indicó que en Acapulco el próximo domingo pondrán un módulo en el Zócalo para la consulta y que es a petición de algunas asociaciones de la sociedad civil, porque el puerto tiene una importante cantidad de personas afrodescendientes e indígenas.
“Si bien Acapulco no tiene más del 40 por ciento de población afromexicana, si tiene por ejemplo más afros que Cuajinicuilapa, entonces nos lo han pedido las organizaciones”.
La consejera Azucena Cayetano, integrante de la Comisión de sistemas normativos, “propuso que instaláramos módulos en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco”.
Matildes Gama convocó a la población afrodescendiente e indígena de Acapulco paara acudir al módulo y se les explique de qué se trata la consulta, se le entregue un cuadernillo y viertan su opinión sobre estas dos normativas, que son la ley y los lineamientos.
La consejera dijo que la situación con Acapulco es que tiene más de un millón de habitantes, aunque el 40 por ciento no es afromexicana.
Agregó que el INEGI ha dicho cuánta población se tiene en cada municipio y Acapulco no alcanza ese porcentaje, pero hay mucha población, por lo que se está abriendo la consulta.
Pidió a la población de dichos sectores acudir el domingo al Zócalo.
Resaltó que los trabajadores del IEPC se han desplazado por todo el estado para llevar a cabo estas consultas.
La consejera dijo que están trabajado con pocos recursos económicos y que se tuvo que recortar algunos proyectos para poder hacer las consultas y ya cuando terminen le dirán al Congreso cuánto costaron.
Recordó que esa consulta es un trabajo que se hace con el Congreso del estado y el propósito es que la ciudadanía opine de las modificaciones en la ley en materia electoral que están establecidas 483.
Señaló que eso dos temas se tienen que consultar a estos pueblos y señaló que la Corte le ordenó al Congreso esas consultas, mientras que al IEPC se los demandó la sala regional del Tribunal Electoral.

Anuncia Amílcar comisión para investigar vínculos del ex presidente Calderón con el crimen

El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval anuncia la presentación de un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para investigar al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa Foto: El Sur

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El diputado federal guerrerense Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros anunció la presentación de un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en el que se busca la creación de una Comisión Especial para investigar posibles vínculos del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa con grupos del narcotráfico.
Mediante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Sandoval junto a diputados de Morena, señaló que se busca que la Comisión en cuestión tenga como función el recibir información que resulte trascendental para presentar denuncias y el inicio de procesos judiciales contra Calderón.
“Que sirva para recibir información que resulte pertinente, para presentar las denuncias e iniciar los procesos judiciales contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y los funcionarios encargados de la seguridad pública y procuración de justicia durante su gobierno, por su probable participación en hechos de corrupción y conductas constitutivas de delito”, expresó Pablo Amílcar Sandoval.
El diputado mornista añadió que dicho punto de acuerdo es firmado por 259 diputados y diputadas, lo que representaría una mayoría de los integrantes de la Cámara, además de que los firmantes, pertenecen a distintos Grupos Parlamentarios.
Aseguró que no es la primera ocasión en la que se señala a Felipe Calderón de tener vínculos con el narcotráfico. Indicó que en 2012, Édgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie, declaró que Calderón buscó tener un acuerdo con los grupos, mediante una negocación dirigida por el general Mario Arturo Acosta Chaparro.
“Esta no es la primera vez que el ex presidente Calderón es acusado de tener vínculos con el narcotráfico. En 2012, el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, señaló que Felipe Calderón deseaba tener un acuerdo con todos los grupos de la delincuencia organizada, para la cual se llevaron reuniones donde el general Mario Arturo Acosta Chaparro, buscó negociar con los carteles”, puntualizó el diputado.
Criticó que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), defiendan al ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna y calificó como irrelevante si pertenecía a dicho partido, sino que era parte de la toma de decisiones del país.
Reiteró que la Comisión que se propone, deberá servir para recabar información y dar seguimiento a las investigaciones que se lleguen a derivar, además de asegurar que no buscan intervenir en las facultades y atribuciones a lo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Esta Comisión Especial que hoy proponemos, debe servir para recabar la información necesaria y dar seguimiento a las investigaciones que se deriven sobre probables hechos de corrupción y participación en actos constitutivos de delito por parte del expresidente Felipe Calderón” precisó Sandoval Ballesteros.
Declaró que se busca que se realicen investigaciones y no sean “dichos y gritos que hacen los panistas en tribuna”, además de exhortar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la instauración de la Comisión en cuestión.
“Hemos solicitado a la Junta de Coordinación Política, valore instaurar esta Comisión Especial que contribuya a la búsqueda de la verdad y la justicia tan necesaria a la luz de los resultados de la mal llamada Guerra contra el narcotráfico” señaló.