La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), desechó la demanda de la diputada local de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, contra su compañero de bancada, Alfredo Sánchez Esquivel, por violencia política de género.
En sesión del miércoles 27 de diciembre, la última instancia determinó que en el recurso de reconsideración no se actualiza “el requisito especial de procedencia, ni se aprecia un error judicial evidente o la posibilidad de fijar un criterio importante y trascendente”.
Concluyó desechar de plano la demanda “al no subsistir un problema de constitucionalidad o convencionalidad, error judicial evidente o importancia y trascendencia que justifiquen la intervención de la Sala Superior”.
En el Tribunal Electoral del Estado (TEE), sancionó al diputado de Morena por violencia política en razón de género, y el mes pasado la Sala regional especializada de la Ciudad de México dejó sin efectos la sentencia, que este miércoles confirmó la Sala Superior. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Vecinos de diversas colonias cercanas fueron a la glorieta de Puerto Marqués para que trabajadores de la Secretaría del Bienestar los incluyan en el censo de damnificados por el huracán Foto:?Karina Contreras
Más de 200 personas se concentraron en la glorieta de Puerto Marqués, para acudir con los trabajadores de la Secretaría del Bienestar y registrarse en el censo de la dependencia.
Los colonos portaban pedazos de cartón, donde tenían la nombre de su colonia, y se acercaban para ser atendidos por los trabajadores, pues manifestaban que perdieron todo y necesitaban el apoyo.
Los trabajadores del Bienestar pidieron que hubiera al menos fueran diez personas por colonia, para llevarlos en la camioneta y censarlos en sus hogares.
Uno de ellos explicó que la medida es porque ya han recorrido más de ocho veces las colonias, cuando aún hay personas que no están en sus hogares para ser censados y puedan recibir el apoyo del gobierno federal.
Uno de ellos fue Arnulfo Solano, quien dijo que cuando pasaron los del censo no se encontraba en su casa, ubicada en Tres Palos.
Comentó que se salió el río, por lo que se inundó su casa y perdió todo. Indicó que tuvo que sacar a su familia, porque tiene un bebé de tres meses que no podía tener en esas condiciones, y entonces fue cuando pasaron los del Bienestar.
Añadió que estaba en el lugar porque varios vecinos le enviaron un mensaje, diciéndole que se juntaran, para que fueran a censar a los que faltaron.
Se vio que los trabajadores formaban grupos por colonia, se subían a las camionetas y se iban para allá, como una forma para que nadie quede fuera del censo.
En el lugar había personas de las colonias Alborada y Arroyo Seco, así como de los poblados Tres Palos, Puerto Marqués y el fraccionamiento La Marquesa. (Karina Contreras).
Dependencias y ciudadanos saturan el servicio de pipas en avenida Universidad
La demanda de acapulqueños satura la venta de agua en pipas, sobre todo en el negocio de la avenida Universidad, a una cuadra de la avenida Costera, ante el desabasto que hay en la ciudad.
Las pipas con agua se piden al negocio ubicado en el fraccionamiento Magallanes, frente a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Educación Guerrero.
El tiempo para cargar las pipas con agua es de media hora, donde esto ocurre de manera alternada, entre dependencias del gobierno y el negocio privado.
El encargado de las Pipas Bernal, Francisco Bravo, dijo que venden cuatro pipas diarias, que transportan agua, que en la garza, como se le llama a la bomba para extraer agua del pozo, la mayoría de las viajes son para el uso de los bomberos, Conagua, Ejército y Marina.
Manifestó que el negocio Bernal tiene 10 pipas y que atienden con un día de espera a sus clientes, por la gran demanda.
Informó que el precio del servicio de pipas que transportan agua es de mil 200 a mil 500 pesos, dependiendo de la distancia.
“Se está conservando el precio anterior, pero el gobierno se lleva la mayoría de agua, y hay mucha demanda de las personas, por el desabasto en la ciudad”, puntualizó.
Indicó que el 80 por ciento de la extracción se lo llevan las dependencias de gobierno y “no hay pago alguno”.
Explicó que cada dependencia de gobierno se lleva cuatro viajes diarios, desde hace una semana, en que se puso a funcionar la garza.
Declaró que ellos solamente tienen cuatro pipas diarias, que sacan de la garza, y las personas en la mañana hacen largas filas para tener el servicio. (Argenis Salmerón).
Integrantes de la planilla Guinda externaron que el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado admitió la demanda por el “fraude” en el proceso de elección, para el cambio del comité del Sindicato Democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Sd-Cecyteg), por lo que podrían llamar de nuevo a votaciones.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, los integrantes de la planilla y el representante general, Eloy Marcial Lorenzo, reiteraron que el proceso de elección para el cambio del comité del Sdcecyteg fue ilegal.
Marcial Lorenzo dijo que fueron a los tribunales para informar lo que pasaba en el interior del sindicato, de todas las anomalías, “ya entró la demanda y hay muchas recomendaciones”.
Precisó que los miembros de la planilla Guinda solicitan que se anuale el proceso de elección, que llevó a Margarito Godínez de Dios a reelegirse como dirigente sindical, por lo que ante las anomalías podría anularse y llamarse de nuevo a elecciones.
Eloy Marcial indicó que en el proceso electoral, que se realizó el 30 de agosto, el comité electoral le negó el registro a la planilla encabezada por la ex aspirante a secretaria general, Damaris Rodríguez
Sin embargo, manifestó que a Margarito Godínez se le permitió reelegirse en el cargo, “sin dejar pasar el espacio de tiempo equivalente a 12 años, para poder participar de acuerdo con los principios de sus estatutos sindicales”.
En su participación, el trabajador del plantel de Chilapa, Martín Casarrubias Rivera, informó que “fui objeto de violación a mis derechos laborales, me dejaron sin horas, cuando yo soy el único que tiene antigüedad”.
Denunció que la dirección general le dio a la maestra Maritza Román Hernández seis grupos de la nueva currícula, en este semestre en el plantel Chilapa, considerando que tiene una antigüedad de 15 años de servicio, “cuando su servidor tiene 25 años de servicio y no me dieron ningún grupo”, destacó.
Por ello, pidió la intervención de las autoridades educativas para que se solucione el problema, porque no es el único caso, “lo único que pido es que se respeten mis derechos laborales”.
Integrantes de la dirección colectiva de la CETEG, del grupo que representa Antonia Morales, toman la Dirección de Secundarias de la SEG y bloquean la calle Pedro Ascencio, donde también demandaron nombramientos definitivos Foto: Jessica Torres Barrera
Integrantes de la dirección colectiva de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que representa Antonia Morales Vélez, tomaron tres oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para protestar contra el cambio de directores y demandar nombramientos definitivos.
Los manifestantes exigieron al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, solución a sus peticiones, de lo contrario, advirtieron que mantendrían tomadas las oficinas.
Las direcciones tomadas fueron las de Secundarias, Primarias y Educación Inicial; además bloquearon la calle Pedro Ascencio, en el centro de la capital, y el bulevar del río Huacapa, en la calle Baltazar R Leyva Mancilla.
El integrante de la dirección colectiva, Ángel Andrés Domínguez Zambrano, informó que en las mesas de trabajo con las autoridades educativas se han firmado minutas de acuerdo, pero siguen sin cumplirse sus peticiones.
Detalló que en la región Norte, funcionarios de la SEG sacaron “de manera irregular” a tres directores, y lo mismo ocurrió en Tixtla, por no cumplir supuestamente una disposición de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Usicamm), por lo que dijo que piden su reincorporación.
Además, dijo que piden nombramientos definitivos para nueve docentes que laboran en la periferia de Chilpancingo desde hace dos años, “es necesario que los compañeros tengan sus documentos en regla”.
Domínguez Zambrano detalló que piden también el pago de horas, para docentes de secundarias ubicadas en Chilpancingo, porque desde hace dos años y medio no reciben salario.
Minutos antes de la 1 de la tarde, otro grupo de manifestantes de la misma agrupación bloqueó el bulevar, a unos metros de la dirección de Educación Inicial, Preescolar y Primarias, además de la avenida Alemán.
Los cetegistas, hasta las 7:30 de la noche, mantenían bloqueadas las vialidades e indicaron que seguían sin tener respuesta por parte de las autoridades de la SEG. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Pobladores de Lindavista, municipio de San Miguel Totolapan, esperan con cartulinas de protesta la llegada de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda en Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, el martes pasado Foto: Lenin Ocampo Torres / archivo
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, consideró que la petición de armarse de vecinos de la Sierra a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es porque se sienten desesperados, “el gobierno no puede, la solución está en nosotros”.
Por separado, el comisario de Linda Vista, Juan Nazario se sumó a la petición de que se les permita armarse. Informó que no hay una operación de seguridad en la zona como les ofreció la mandataria, y ayer había militares que le dijeron que iban de paso.
Este martes Evelyn Salgado acudió a Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, en donde comisarios de 67 comunidades de San Miguel Totolapan y de la mencionada demarcación le pidieron seguridad y que les permita armarse legalmente, para defenderse de las incursiones del grupo criminal la Familia michoacana, a lo que la mandataria accedió.
Durante las actividades de la supervisión de la pavimentación del camino Puerto del Gallo-Toro Muerto-Linda Vista-Petlacala, comisarios y vecinos la abordaron y le pidieron que les permita armarse legalmente. Ella aceptó, pero dijo que tiene que hacerse por la vía legal.
El secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, informó a los manifestantes que hay un proyecto que se está trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública para hacer la Policía Rural y que en las comunidades se elija a gente “honorable” para que esté a cargo de la seguridad.
Afirmó que ya había seguridad en la zona. Le respondieron que era mentira, que los soldados se fueron de Toro Muerto y replicó, “llegaron hoy”, y ofreció seguridad.
Consultado ayer por teléfono, el comisario de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, Juan Nazario denunció que no hay ninguna operación de seguridad en la zona, que si bien acudieron militares, éstos le dijeron que fue una coincidencia que estuvieran en el lugar el día que la gobernadora acudió a supervisar la carretera, a unas tres horas Linda Vista.
“Seguimos igual, la gobernadora nos dijo que iba a mandar la seguridad ayer mismo, pero no ha mandado nada; sí tenemos a gente del gobierno (soldados del Ejército) que llegó ayer, pero me dicen que vienen de paso, que no vienen a quedarse, que no vienen como parte de un operativo de seguridad para la Sierra, ni vienen de parte de la gobernadora”.
Los militares le dijeron que “así como llegaron así mismo se van, ahora sí que ya no le creemos a la gobernadora que vaya a mandar un destacamento militar para acá como prometió, ya se hubiera visto desde ayer (el martes) o por lo menos hoy (miércoles)”.
De las actividades del Ejército agregó, “me dicen que nomás vienen a inspeccionar al área que no les corresponde, eso me dijeron a mí”.
Expuso que su alternativa es mantener el contacto con el delegado del gobierno del estado para la Sierra, Saúl López Sollano, “para que se cumpla lo que nos dijo, que habrá seguridad”.
Que se arme a los pueblos de manera legal, insiste Víctor Espino
El presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, mencionó que hay una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador que retoma para que se permita que los pueblos se armen: “con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”.
De la petición a la gobernadora de vecinos de la Sierra de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, expuso que es lo que ha planteado desde que se recrudeció la violencia en la zona, “lo mismo nos vino a decir acá la gobernadora, que se iba a revisar y es la fecha en que no ha regresado”.
Advirtió que el de la seguridad es un problema grave en la octava región, porque los gobiernos estatal y federal “ni nos defienden ni nos dejan defendernos, la gobernadora vino a El Durazno, quedó de regresar. Algunas cosas sí se le agradecen, las bases de operaciones en la sierra están algunas, pero la Policía Estatal ya se bajó de Los Bayados, ya se fue de El Durazno, de Las mesas”, en la sierra de Ajuchitlán y de Coyuca de Catalán.
“Insistimos, la solución es que se formen las guardias rurales en la Sierra o en cualquier pueblo atacado, vemos que las autoridades no pueden y no van a poder, ya se va a ir el presidente López Obrador y es la misma cosa, el gobierno no puede, la solución es que se armen las guardias rurales, están sustentadas legalmente”.
Citó la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y como lo ha hecho anteriormente, propuso que los militares estén a cargo.
Cuestionó, “qué le tienen miedo a los pueblos, no quieren que nos defendamos pero legalmente se puede. El detalle es que si no aceptan los pueblos se arman de manera ilegal, de manera ilegal, porque está el problema, nos están matando en la sierra”.
Afirmó que ya hay un movimiento masivo de autodefensa, “esto no lo van a parar, a los de la sierra de Totolapan ni los conozco pero es el mismo problema, y la solución es esa, que dejen que los pueblos se armen, la gobernadora no nos da respuesta, nomás dice que sí pero no dice cuándo, no hay nada en concreto”.
“A poco el Ejército tiene miedo de que los pueblos se armen, ellos tendrían el mando, o será que les llega el centavo y no les conviene a los generales, nomás se meten en medio cuando está el pleito, pero no corretean al que anda haciendo el mal”.
Normalistas frente a la Puerta 1 del Campo Militar 1 antes de que comanzara el plantón encabezado por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace nueve años Foto: Juan Luis Altamirano
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados de sus representantes, y estudiantes normalistas, instalaron un plantón frente al Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México.
En un mitin realizado frente a la Puerta 1 dl campo, minutos antes de las 2 de la tarde, los padres y madres, acompañados de cerca de 500 estudiantes normalistas, anunciaron que el plantón será indefinido hasta que el Ejército les entregue los archivos relacionados con la búsqueda de los 43.
“La actividad de este día, en este Campo Militar Número 1, se debe a que el Ejército mexicano a la fecha no ha entregado toda la información. Por eso se hace esta actividad, en la que los padres y madres del movimiento de los 43, instalarán un plantón en este espacio”, dijo el abogado Isidoro Vicario Aguilar.
Ante la llegada de los manifestantes, se observó que detrás de las puertas del Campo Militar se instalaron barricadas, alambres de púas, además de la presencia de militares que estaban resguardando el recinto.
De acuerdo con el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, realizarán actividades diarias durante el plantón en las instalaciones de la institución militar.
“Aquí vamos a estar y vamos a estar teniendo actividades diarias. La invitación es que puedan acompañarnos, de aquí vamos a salir a hacer otras actividades y regresamos, esa va a ser la dinámica de todos los días”.
Sobre el orden o plan de actividades que tienen para los próximos días, Vidulfo Rosales afirmó que son decisiones que se tomarán día con día y aceptando que la condicionante para levantar el plantón es el acceso a la información requerida, y “si mañana nos entregan pues nos vamos”.
El vocero de los padres y madres, Melitón Ortega, indicó: “Nuestra instalación acá va a ser permanente, no sabemos para cuándo pero aquí vamos a mantenernos”, y se le preguntó si existía la posibilidad de levantar el plantón después de la reunión del día 25, y dijo que “todavía no sabemos,va a depender de la información que vamos a tener después de ir a la reunión el día lunes, el plantón se va mantener, de manera indefinida”, comentó.
Ortega señaló que el plantón frente al Campo Militar Número 1 les funcionará como un centro de operación para continuar con sus actividades previamente programadas, señalando que el fin de semana se realizarán actividades culturales.
“Aquí va a ser el centro de operación, de aquí vamos a mover para hacer diferentes actividades que ya tenemos programadas, incluso para ir a la marcha nacional del día 26, de aquí va a partir la salida de los padres. Las actividades que siguen se mantienen, se van a realizar”.
Sobre un posible temor de que los militares realicen acciones en contra de los manifestantes, Melitón Ortega destacó que no acuden con una actitud de confrontación, sino por una necesidad debido a un planteamiento que no se les ha cumplido.
“Nosotros no venimos a confrontar a los elementos de este Campo Militar Número 1, nosotros venimos aquí a decirle a las autoridades militares que tienen una responsabilidad, que tienen un compromiso que han estado negando de proporcionar la información, a eso venimos, no a confrontarlos”.
Insistió en que la petición de los padres de familia de los normalistas desaparecidos y sus representantes, es la información reservada de la inteligencia militar del 27 Batallón de Infantería, y aclaró que le han indicado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que la información entregada está parcializada.
“Información reservada de la inteligencia militar del 27 Batallón de Iguala, esa es la información que queremos. De manera parcial se ha dado la información, se ha dado, se le ha dicho al Presidente que queremos información y se ha dado. Pero de esa información, de ese expediente, surgen nuevas líneas”.
Sin verdad no puede haber ninguna transformación, dicen en mitin
Durante el mitin, la señora Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio Bautista, indicó que la presencia de los padres frente a las instalaciones del Campo Militar Número, es para exigir directamente al Ejército que entregue la información requerida, a pesar de los dichos del presidente López Obrador.
“Estamos aquí para exigirle al Ejército mexicano que nos entreguen esos documentos que hacen falta. Aunque nos ha dicho el presidente de la República Mexicana, que tuvimos una reunión ayer, donde dice que ya se entregó todo, que no hace falta nada”.
Por su parte Mario González, padre de César Manuel González, llamó “cobardes” a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en la desaparición de sus hijos y reclamó que López Obrador niegue que hace falta información sobre el caso.
“El presidente de la República dice que ya no hay información, que se entregó todo. No es verdad señor presidente, se lo dije ayer, tal vez no estemos de acuerdo pero el chiste no es estar de acuerdo, sino presentar pruebas”.
Añadió que no puede existir una Cuarta Transformación si no se llega a la verdad y que el objetivo primordial es conocer lo que realmente pasó con sus hijos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Este miércoles, tras sostener una reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales Sierra hizo referencia que el Ejército detectó una intervención telefónica donde se cuenta que la noche del 26 de septiembre de 2014, se llevaban a 17 estudiantes.
“Se obtuvieron varios documentos, esos documentos dan cuenta de cómo el Ejército mexicano intervino. Pero particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el Ejército mexicano que da cuenta que se están llevando 17 estudiantes el día 26 de septiembre a las 10 de la noche. Estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar”, agregó Rosales.
Este lunes 25 de septiembre, los padres y sus representantes sostendrán una reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en la que se les brindará una respuesta a la petición de información.
Egresados y estudiantes en activo mantiene la protesta en el CAM de Iguala para exigir que la SEG gestione y entregue sus títulos, y obtenga las claves oficiales de sus licenciaturas Foto: Archivo El Sur
Estudiantes y egresados del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) mantuvieron por segundo día consecutivo el paro estudiantil y la toma de instalaciones, para demandar que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) entregue sus títulos y la clave de las carreras, las que no tienen aval de la SEP.
Este martes, alumnos de tercer año y egresados desde 2018, plantearon su exigencia a representantes del gobierno estatal en la zona Norte, para que la SEG agilice la entrega de sus títulos y la clave a las carreras de biología, matemáticas e historia, entre otras, debido a que no tienen validez oficial.
Los afectados explicaron que no tener sus títulos les ha afectado, al grado de que les fueron retiradas las plazas de trabajo que obtuvieron mediante concurso en otros estados, como Ciudad de México, Puebla y Morelos.
Es por ello que exigen, egresados de tres generaciones desde 2018, a la gobernadora del estado y al secretario de Educación, la entrega inmediata de sus títulos, así como las claves de las diferentes carreras, para que puedan acreditar su preparación profesional.
De lo contrario, los estudiantes advirtieron que radicalizarán en sus acciones, que no sólo será el paro estudiantil y toma de instalaciones del CAM, de manera indefinida.
Por ello, dijeron que habrán de elaborar su pliego petitorio, con el cual plantearán sus demandas a la directora general de Operación y Servicios de Educación Media y Superior, Erika Urióstegui; a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña. (Redacción / Iguala).
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, declaró por unanimidad, “infundados” los agravios expuestos por la secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Guerrero, Ana Lilia Botello Figueroa, contra los ex integrantes del Comité, el ex presidente y actual diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y la ex secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Leovigilda Chávez Hernández por negarse a devolver dos vehículos.
El caso fue llevado a la CNHJ el pasado 13 de abril. La secretaria de Finanzas del CEE de Morena en Guerrero, Ana Lilia Botello, por acuerdo del Consejo Estatal, recurrió a la CNHJ de su partido para denunciar que dos militantes se negaron a devolver los vehículos propiedad del Comité.
El alegato de Botello Figueroa es “que en fecha 14 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la verificación del levantamiento físico del inventario de bienes por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, sin embargo, las personas denunciadas, quienes ostentaron los cargos de presidente y secretaria de Derechos Humanos -ambos del referido Comité-, se han negado a entregar dos vehículos de la marca Nissan, NP300, propiedad del partido”.
El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros rechazó que adeude una camioneta al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero. Dijo que en el periodo en el que estuvo como dirigente del partido en la entidad sólo se contaba con dos vehículos y que cuando dejo la dirigencia hizo entrega a la Secretaría de Finanzas del Comité.
En tanto la ex secretaria de Derechos Humanos Bernarda Leovigilda Chávez, el 14 de marzo de este año sostuvo que mantiene la camioneta en resguardo y esperaría hasta que hubiera una resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre la impugnación que promovió contra la sesión donde se eligió a los actuales dirigentes partidistas, en septiembre de 2022.
En la resolucion del pasado 28 de agosto, publicada en los estrados electrónicos de la Comisión sobre el expediente CNHJ-GRO-067/2023, los comisionados resolvieron: “al no quedar plenamente acreditado que Pablo Ami?lcar Sandoval Ballesteros y Bernarda Leovigilda Cha?vez Herna?ndez tienen bajo su resguardo los vehi?culos marca Nissan es que se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por la parte actora”.
La CNHJ sostiene“que la parte actora es omisa en aportar documento alguno en el cual se demuestre que efectivamente los denunciados son los resguardantes de los vehi?culos motivo de la Litis, es decir, documento, alguno en el que los denunciados hayan expresado su voluntad para tener a su resguardo los referidos vehi?culos.
En su defensa, el diputado federal Pablo Ami?lcar Sandoval objetó “las pruebas ofrecidas por la parte actora consistentes en el Acta Administrativa de entrega-recepcio?n del Comite? Ejecutivo Estatal de Guerrero de Morena, relativa al anexo 7, con numeral 4, Vehi?culos, donde se establece que se entregaron los vehi?culos asignados al Comite? Ejecutivo Estatal de Guerrero, sin detallarlos, y en el que se le consigna como resguardante de un vehi?culo que no se individualiza, u?nicamente sen?alando la negativa de entrega”.
En tancho Chávez Hernández no aportó ninguna prueba en su defensa, “toda vez que no dio contestacio?n al recurso de queja instaurado en su contra, a pesar de haber sido debidamente notificada mediante estrados de este o?rgano jurisdiccional el di?a 11 de mayo”.
La resolución esta firmada por los cinco integrantes de la CNHJ: la presidenta Donají Alba Arroyo, la secretaria Ema Eloisa Vivanco Esquide y los comisionados Zazil Citlalli Carreras Ángeles, Alejandro Viedma Velázquez, Vladimir Ríos García.
Los vehículos perdidos
El CEE de Morena en Guerrero alegó que Sandoval Ballesteros no entregó una camioneta Nissan doble cabina, modelo 2016, color blanco con valor de 268 mil 200 pesos y que Chávez Hernández mantiene una camioneta Nissan NP300 doble cabina modelo 2020 color blanco con valor de 353 mil 400 pesos. Y acusó a los ex integrantes del CEE de trasgredir “la declaración de principios de Morena relativas a ‘no robar, no mentir y no traicionar’ derivado de la omision de entregar los vehiculos”.
En el expediente de la Comision también queda de manifiesto que en Morena dos ex integrantes del CEE fueron presuntas víctimas de la delincuencia en el estado, pues reportaron que los vehiculos que les habían asignado les fueron robados. Son los casos del ex presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, a quien se le entregó en resguardo una camioneta Nissan doble cabina, modelo 2016, color blanco con valor de 268 mil 200 peso, y a Bulmaro Muñiz Olmedo, quien tenía bajo su custodia una camioneta Nissan NP300 doble cabina modelo 2020 color blanco con valor de 353 mil 400 pesos.
Trabajadores municipales de Tixtla tomaron el Palacio Municipal en demanda de incremento salarial y prestaciones sociales.
Los 142 agremiados a la sección novena del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) pararon labores desde el 3 de junio y a partir de ayer decidieron tomar todas las áreas del gobierno municipal ante la falta de respuesta por parte de las autoridades.
Los empleados piden incremento salarial sujeto a negociación, así como que se les permita proponer a los que están por jubilarse a un familiar para que ocupe su plaza.
El secretario general de la sección sindical, Humberto Luna Temelo, denunció que es una burla que les quieran incrementar sólo el uno por ciento y denunció que a partir de ayer los paristas comenzaron a recibir amenazas de represalias, lo que derivó en la toma de las instalaciones.
Luna Temelo, dijo que después de los tres días de paro laboral no hubo respuesta de las autoridades y que, por el contrario, hay amenazas de represión, incluso mediante oficio, a los trabajadores que participan en el movimiento laboral.
Denunció que hay molestia de los trabajadores porque a partir del miércoles a los paristas les enviaron oficios en los que los amenazan de que se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes sino se presentan a sus centros de trabajo.
Indicó que esta es una represión abierta a los trabajadores de base que participan en el movimiento, porque a través de audios que les envían los directivos les exigen que se presenten a sus centros de trabajo.
Luna Temelo agregó que incluso a él lo han responsabilizado de que anda “incitando” al paro laboral, “cuando realmente no soy yo, sino es decisión de la base trabajadora”.
Según el dirigente, antes de que iniciaran el movimiento tuvieron muchas mesas de diálogo y varias veces fueron “plantados” por el presidente municipal, el morenista Moisés González Cabañas.
Contó que el jueves de la semana pasada tenían una mesa de negociación en el Comité Ejecutivo Central del SUSPEG a las cinco de la tarde y el alcalde no se presentó, “porque según tenía otras actividades”, les mandó decir.
Añadió que al día siguiente, el alcalde los volvió a citar a la una de la tarde, pero solo estuvieron presentes los integrantes de la dirigencia sindical, y esperaron hasta a las 2 y media pero el edil no llegó ni les hizo alguna llamada avisándoles que no asistiría.
Explicó que en esta reunión estaría la dirigencia del Comité Ejecutivo Central del SUSPEG.
El dirigente seccional informó que participan en el movimiento una representación del área jurídica del SUSPEG y que son los que se encargarán de realizar las acciones en caso de que se cumplan las amenazas de represión.
Las autoliquidaciones “fuera del marco jurídico” de 14 ex funcionarios de primer y segundo nivel que estuvieron al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante el año en el que el Congreso dejó acéfala la titularidad, ascienden a más de 4 millones de pesos, informó el auditor Marco César Paris Peralta Hidalgo.
En entrevista en su oficina en la sede de la ASE, se le preguntó a Peralta Hidalgo por las denuncias que presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y en la Fiscalía Anticorrupción con las que busca revertir la decisión de este órgano que durante la administración anterior dejó prescribir 537 procesos de fiscalización del mismo número de cuentas públicas de municipios, y las otras contra las autoliquidaciones que ex funcionarios se asignaron.
Al respecto, dijo que tiene conocimiento de que “estamos a punto de recibir, los tiempos están ya cerca”. Recordó que el TJA tiene sus propios tiempos y que de acuerdo a éstos, deben estar “a punto de emitirse con el tema de las autoliquidaciones y de las prescripciones”.
En el caso de las autoliquidaciones se trata de 14 ex funcionarios y personal operativo de la anterior administración que encabezó Natividad Pérez Guinto.
Peralta Hidalgo explicó que los ex funcionarios tenían derecho a un finiquito porque concluyeron un periodo como funcionarios, pero no a una liquidación como si se les hubiera despedido de un trabajo.
Sanciones a entes fiscalizables
El 30 de abril se cumplió el plazo para la entrega de la cuenta pública 2022 y cuatro entes fiscalizables entregaron a destiempo: fueron el Fideicomiso Centro Internacional Acapulco, el Instituto Municipal de Vivienda de Chilpancingo, la Escuela de Parteras Profesionales del Estado, y el Ayuntamiento de Chilpancingo.
Estos cuatro entes fiscalizables que entregaron su cuenta pública después del 30 de abril y fueron acreedores sólo a apercibimientos por no cumplir con los plazos establecidos en la ley.
Mientras que dos ayuntamientos de Costa Chica fueron sancionados con multas económicas por no atender los requerimientos de la ASE, porque ese órgano tiene sus tiempos establecidos, y “cada retraso nos complica en la fiscalización”.
Cuajinicuilapa fue multado por 57 mil pesos debido a que no entregó la documentación que el órgano fiscalizador le pidió dentro de la fiscalización de la cuenta pública 2021, y Florencio Villarreal (Cruz Grande) por 15 mil pesos. Este caso fue por no acudir a una audiencia a la que de la ASE “para aclarar y entregar documentación que le hacía falta de cumplimiento financiero”.
Curso virtual a ayuntamientos de Tierra Caliente
Comentó que se realizó el miércoles el curso de capacitación de los criterios para la integración y presentación del informe financiero semestral del ejercicio fiscal 2023 dirigido Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y poderes del Estado a una reunión a la que asistieron directores, coordinadores, contralorías internas, y secretarios de despacho.
Es equivalente al que se realizó en mayo de manera regional para los ayuntamientos.
El auditor comentó que con este curso se agotó la capacitación presencial y que únicamente queda pendiente para el 6 de junio realizar otro de manera virtual para los alcaldes de la región Tierra Caliente, argumentando que se trata de un avance “la ASE estamos posicionados en los primeros lugares de cumplimiento hacia la modernización, la rendición de cuentas por vías electrónicas con todos los candados”.
También justificó que la fiscalización a través de medios electrónicos facilita el trabajo de la ASE, hay un cumplimiento más alto de los entes, además de que hay ahorro importante en el uso de papel.
A pregunta hecha sobre si el curso a alcaldes de Tierra Caliente no se debe al tema de seguridad y que los alcaldes no pueden salir de la región o municipios, respondió: “afortunadamente podemos trabajar de manera virtual”, porque dijo que eso permite tener documentos certificados sin que los alcaldes tengan que acudir a la ASE, “ellos están cumpliendo entregando toda la documentación electrónica”
