Respaldan los padres de los 43 a Antonio Tizapa, quien increpó a López Obrador en Nueva York

El padre de un normalista desaparecido de Ayotzinapa, Antonio Tizapa cuestionó al presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador sobre su relación con el alcalde de Iguala José Luis Abarca y con el gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes en Iguala, y en respuesta el político tabasqueño lo acusó de “provocador” y lo llamó a pedir respuestas al Ejército, después de un mitin en Nueva York el lunes.
En México el comité de padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, emitió un boletín para respaldar a Antonio Tizapa porque sienten el mismo dolor que el papá que vive en Estados Unidos.
En el escrito se aclara que aún cuando no tienen los detalles del caso, el 17 de marzo una comisión de padres de los 43 viajará a Washington DC a participar en las audiencias del 161 periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se van a supervisar las investigaciones del Estado mexicano, y van a dialogar con Antonio Tizapa del incidente.
Vía telefónica Antonio Tizapa precisó que no le interesa la política ni milita en partidos políticos, ni siquiera es parte de los colectivos que se solidarizan con la presentación con vida de lo jóvenes normalistas en Estados Unidos, “simplemente soy un padre que busca a su hijo de ciertas maneras”. Corre en maratones con fotografías de su hijo para visibilizar la impunidad del caso, exigir la presentación de los estudiantes y castigo a los responsables de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ayer se deslindó de las acciones por los 43 durante del mitin de López Obrador, y aclaró que al final sólo cuando los seguidores del político se habían separado de él, se acercó para hacerle dos o tres preguntas y quedó muy sorprendido con su reacción.
Del acto político aclaró que asistió porque militantes de Morena lo buscaron días antes para que estuviera en la actividad, él no estaba interesado pero insistieron incluso el domingo, un día antes.
El lunes aún no sabía si tendría tiempo de acudir. No obstante llegó temprano a la actividad y un conocido lo invitó a sentarse en la primera hilera de sillas, y ahí notó que los organizadores con chalecos beige comenzaron a observarlo constantemente y le pidieron que se quitara de ese lugar. Sin un argumento tampoco insistieron demasiado.
“No entendía qué estaba pasando luego pusieron una hilera de sillas enfrente, pensé que eso era raro, después cuando veo que llegan cuatro personas a sentarse, sólo quedan tres y mueven el micrófono del podio al otro extremo”, relató.
Finalmente llegó López Obrador, lo reciben con aplausos y una señora alzó una manta alusiva a los 43, y a los pocos minutos la subieron al frente y ahí se quedó sin decir nada. De acuerdo con la crónica de la agencia Proceso, López Obrador pidió a sus seguidores que se inconformaron con la protesta por los 43 a dejarlos manifestarse, incluso señaló que se trataba de una causa justa.
Al concluir el acto, notó que los militantes de Morena rodearon al político, también dos personas con fotografías de los 43 y Antonio Tizapa intentó acercarse pero le fue imposible.
Mientras López Obrador atendía a sus seguidores él saludó a varios conocidos activistas y reporteros, y pensó que “ya no fue posible hacerle las preguntas, ni modo”.
Cuando la gente se dispersó y López Obrador subía a su camioneta se acercó, se presentó y le preguntó de su relación con Abarca y con Aguirre cuando todavía formaba parte del PRD, “no esperaba lo que él fuera a decir: que era un provocador, pregúntale a los militares, me dejó sorprendido su respuesta”.
Observaron el suceso periodistas y algunos dijeron que el dirigente de Morena lo empujó. Antonio Legideño aseguró que no fue así, incluso dijo que guardó distancia para no tocarlo ni a él ni a su coche, estimó que tal vez sabe algo y “es necesario que lo diga”.
Informó que hace un mes en la Universidad de Columbia fue a una conferencia del dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, “fui a decirle, ustedes (los priistas) ejercen la impunidad, que hace 30 meses están pidiendo que devuelvan a sus hijos y que se investigue al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y a los militares”.
Ratificó que a los padres no les interesan los partidos, sólo sus hijos y que se castigue a los responsables de los ataques, los asesinatos y la desaparición forzada de los estudiantes.
Por separado, el comité de padres de familia de los 43 señalaron que tienen claro que “los responsables de la desaparición de nuestros hijos”, de acuerdo con dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), son los policías de todas las corporaciones y el Ejército, y de manera indirecta los presidentes municipales de la región Norte, así como el exgobernador Ángel Aguirre.
De igual forma señalaron a funcionarios de la PGR como Tomás Zerón, “que realizó investigaciones irregulares y turbias que encubren a los responsables”, y demandaron que lo sucedido en Nueva York no debe de convertirse en una cortina de humo que desvíe la atención, para seguir investigando a los implicados en la desaparición.
Señalaron que lo fundamental para los padres es que la PGR y otras autoridades avancen en la búsqueda e investigación para dar con el paradero de sus hijos, y no van a permitir que la desaparición sea utilizada por los políticos para sacar ventaja.
“El nuestro es un tema de graves violaciones a los derechos humanos que merece una investigación exhaustiva para obtener verdad y justicia, y no debe estar sujeto a los intereses electorales”, declaran.

Se reúnen jefes de la SSP y militares en Chilapa; se enviaron 100 policías más, informa el vocero

Después de un violento domingo que dejó 10 muertos, cinco de ellos calcinados, en distintos hechos en el municipio de Chilapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió 100 policías más para contener e inhibir la violencia de la región.
El miércoles en la tarde en Acapulco el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó la reunión del Grupo Coordinación Guerrero, para abordar principalmente el repunte de la violencia en Chilapa, luego de que cinco personas fueron encontradas calcinadas en un automóvil en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Ajacayán.
El sábado en un boletín de prensa se dio a conocer que se intensificaría la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los municipios de Chilapa y Chilpancingo. El documento se difundió un día después de que el presidente de la organización de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro reveló que los integrantes del grupo criminal Los Ardillos tienen una ruta en la que se trasladan desde Chilapa a Chilpancingo “de Chilapa a Atzacoaloya, San Ángel y Xiloxuchican. Después enfilan a Juxtlahuaca y Colotlipa, municipio de Quechultenango, pasan por la cabecera municipal y siguen hacia Mochitlán, para después llegar a Petaquillas que ya tienen como bastión y de allí entran a Chilpancingo”.
Ese día Díaz Navarro dijo que las actividades de ese grupo criminal cuentan con la complicidad del gobierno, “porque todo les acepta y permite a ese grupo”.
Pese a la “intensificación” de las acciones de las dos corporaciones, la noche de este domingo se encontró otro carro calcinado con cinco personas en el interior, el hecho violento se registró en la colonia Miguel Hidalgo, en esta ocasión fueron quemados en un taxi y ese día hubo otros cinco ejecutados en distintos hechos en Chilapa.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia subrayó que la determinación de enviar a 100 policías estatales más fue una decisión que tomó únicamente el gobernador, para sumarlos a los 30 que ya están activos en aquel municipio.
Reconoció que desde la semana pasada antes de la calcinación de los primero cuerpos se tenían indicios de que la violencia estaba resurgiendo, ya que el numero de homicidios dolosos de Chilapa iba en aumento.
La zona comprendida entre los municipios de Eduardo Neri, Chilpancingo, Tixtla, Zitlala y Chilapa está considerada como prioritaria por el enfrentamiento que existe entre las bandas delictivas por el control de ese territorio, agregó en un comunicado.
Dijo que del primero de enero al 12 de marzo iban 35 homicidios dolosos, aunque en un recuento de lo que se ha publicado en El Sur de los crímenes en los que al parecer estuvo involucrada la delincuencia organizada, suman 45 en ese periodo, más otros tres ejecutados ayer en una base del transporte público.

Otra reunión por la seguridad de Chilapa

El 28 de diciembre de 2016 con la presencia del secretario de la defensa, general Salvador Cienfuegos se hizo la evaluación de la región de Chilapa y Zitlala para reforzar la seguridad.
En ese mismo año pero el 21 de enero fue la reunión de seguridad en el restaurante Casa Pilla, ahí estuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y se determinó la construcción de un cuartel militar en Chilapa.
Ayer el comandante de la 35 Zona Militar José Francisco Terán Valle, el secretario de Seguridad Pública del Estado Pedro Almazán Cervantes, así como el responsable de la Policía del estado con destacamento en Chilapa se reunieron en la tarde en Chilapa para supervisar las tareas de seguridad.
La presidencia municipal de Chilapa, en un boletín de prensa, indica que los mandos llegaron en la tarde a esta ciudad azotada por la violencia y la inseguridad.
En la reunión, agrega el documento, el general Almazán Cervantes dio a conocer que se enviaron 100 nuevos agentes de la Policía del Estado para contener e inhibir la violencia, el general Terán Valle confirmó que 500 soldados del Ejército resguardan el municipio.
Al encuentro asistieron el alcalde priista Jesús Parra García y el segundo síndico Esteban García García.
Según la presidencia municipal, Jesús Parra “reconoció” al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores por “el apoyo en materia de seguridad” y solicitó “una mayor atención a este municipio”.
Apenas el pasado jueves el alcalde evadió responder del recrudecimiento de los hechos delictivos en el municipio.
En otro comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado dice que “los mandos policial y militar escucharon los planteamientos de las autoridades municipales con el objetivo de identificar sus necesidades en materia de seguridad, durante su estancia en Chilapa el secretario de Seguridad Pública y el Comandante de la 35 Zona Militar supervisaron también el despliegue de la Policía Estatal y militar, así como la instalación de puestos de vigilancia conjunta ubicados en puntos estratégicos de la cabecera municipal para prevenir e inhibir la comisión de delitos”.

Informa la PGR del hallazgo de 13 plantíos de amapola en Leonardo Bravo y Chilpancingo

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que soldados del Ejército localizaron 13 plantíos de amapola en las comunidades de Iyotla, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Tejocote, Chilpancingo.
En un comunicado de prensa la dependencia federal dio a conocer que debido a las operaciones terrestres hechas por el Ejército, hallaron en las localidades 13 plantíos de amapola.
La PGR detalló que cada sembradío era de una densidad de 12 plantas de amapola cultivadas por metro cuadrado, con una altura de 50 centímetros por planta, agregó que soldados del Ejército destruyeron manualmente307 mil 800 plantas de amapola.

La última barrera para contener a la delincuencia es el Ejército, afirma un colegio de abogados

 

El presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del estado de Guerrero (Coliposdeg), Hugo Hernández Martínez consideró que a pesar de las críticas en contra de que el Ejército esté en las calles en labores de seguridad, es justificable porque es la última “barrera de contención” ante la delincuencia.
Dijo que si la delincuencia no tiene respeto por los cuerpos policiacos en sus tres órdenes de gobierno ”y aunque no nos guste y constitucionalmente pudiéramos ver que está tolerado, aceptado o no, pues es el último muro, la barrera de contención: el Ejército o la Marina, y es lo que le queda a los ciudadanos”.
Mencionó que la Fiscalía no da resultados y utiliza las mismas frases genéricas, “utilizan un discurso muy especial en cuanto viene una situación en la que le pueden echar la culpa a las bandas delincuenciales, al crimen organizado o que van a estudiar líneas de investigación, entiendo que por la situación del debido proceso no pueden ellos hablar más de lo debido, pero lo que observamos es la falta de resultados”.
Sostuvo que mientras los resultados no se informen, persistirá la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades.
Hernández Martínez expuso que los abogados encontraron que en el nuevo sistema penal acusatorio no hay avance real, sino un retroceso. Comparó, es como “una puerta giratoria”, porque ahora se presume inocente y se tiene comprobar, cuando se da esa circunstancia genera cuestionamientos por parte de sus representados “¿Cómo le explicas a la gente que hay determinado delito de extorsión, pero al no ser considerado grave pues al final de cuentas de acuerdo a la Constitución Política salen libres?”.
Expuso que los extorsionadores al ser procesados en libertad, hay riesgo de que amenacen a las víctimas.
Antes, en su discurso indicó que la corrupción está enraizada en todos los ámbitos  y que el problema no radica en las leyes, sino en su aplicación, “no hay un respeto en la misma autoridad”.
Consideró que el gobierno no es el responsable de generar plazas de empleo  pero sí el de generar las circunstancias para que se establezcan las empresas, y exista inversión, y eso ha trastocado la labor de los abogados, “lo sabemos claramente en el campo de la abogacía, sabemos cómo están los clientes y sabemos al momento de cobrar cómo nos hablan los clientes. La situación de extorsión está en todas partes”.
Dijo que debido a la situación de violencia en la capital es similar a lo que antes se sufrió en Acapulco, “están cerrando restaurantes, Chilpancingo está viviendo lo  que en su momento vivió Acapulco”. Reiteró que se debe aplicar la ley en todos los ámbitos, desde los ciudadanos que no deben de incentivar la corrupción.
Ayer en el salón Huichol en el hotel de la Costera y antes de iniciar la conferencia del invitado, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros y los integrantes Coliposdeg rindieron homenaje con un minuto de aplausos al periodista de Tierra Caliente asesinado en Ciudad Altamirano, Pungarabato, Cecilio Pineda Birto.

La Ley de Seguridad busca legalizar las torturas del Ejército, denuncia la Afadem en Atoyac

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) conmemoró el 103 aniversario del natalicio del líder atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en 1974.
La ceremonia fue presidida por el secretario ejecutivo de esa organización, Julio Mata Montiel, en el Zócalo de Atoyac frente a la placa del perdón que el gobierno federal colocó en disculpa a los familiares de Radilla Pacheco. Ahí denunció que se quieren legalizar los asesinatos y torturas del Ejército.
Esa placa se colocó sin la presencia de los familiares de Rosendo Radilla y de otros desaparecidos de la guerra sucia, y no se invitó a la actividad a las organizaciones que demandan justicia.
En la colocación de la ofrenda floral los familiares y miembros de la organización explicaron que la vicepresidenta de la organización, Tita Radilla Martínez no pudo asistir porque estaba en un foro en la Ciudad de México.
Mata Montiel destacó que la defensora de derechos humanos fue para inconformarse por la propuesta de Ley de Seguridad Interior que pretende oficializar mecanismos de desaparición y tortura del Ejército, “son asesinos, han desaparecido personas, torturado y ahora se quiere legalizar que el Ejército torture y desaparezca a la gente como lo hizo con Rosendo Radilla hace 42 años, con dos días que se llevó al cuartel que había en Atoyac”.
El secretario ejecutivo de la Afadem dijo que este es un día importante para la organización, porque el caso Rosendo Radilla ayudó a modificar las leyes mexicanas después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al Estado mexicano.
A 103 tres años de su nacimiento dijo que los familiares y la organización exigen la presentación con vida de Rosendo Radilla y de más de 500 desparecidos de Atoyac en la época de terrorismo de Estado en la década del 70, cuando miles de militares sitiaron el municipio y desaparecieron a más de 300 ciudadanos.
La bisnieta del desaparecido, Cintia Martínez Nogueda destacó que en tres generaciones de su familia no han visto investigaciones serias en el caso.
Criticó que en las excavaciones que ordenó la Comisión Interamericana de los Derechos Humano (CIDH) para localizar los cuerpos, se van posponiendo porque las autoridades dicen que no hay dinero y que esperen.
Destacó que su abuela Tita Radilla ha persistido y luchado pese a muchas adversidades, lo que les da ánimo y fuerza a las nuevas generaciones para exigir justicia.

En Zitlala, ejecutan a dos jóvenes en Topiltepec; en Tlaltempanapa se enfrentan vecinos a Paz y Justicia

Dos jóvenes fueron ejecutados a balazos y otro más resultó herido en un ataque armado cometido por hombres a bordo de una motoneta en la comunidad de Topiltepec, municipio de Zitlala.
En el mismo municipio, en Tlaltempanapa se dio un enfrentamiento entre vecinos de la comunidad y el grupo Paz y Justicia (autodenominado policía comunitaria, presuntamente vinculado al cártel de Los Ardillos), que dio lugar a la intervención de efectivos del Ejército que detuvieron a dos hombres de esa agrupación.
Sobre los dos ejecutados, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 7:40 de la noche recibieron un reporte al número de emergencia 911, en el que se informó que atrás de la iglesia del barrio del Dulce había tres jóvenes heridos de bala.
Las fuentes dijeron que al llegar efectivos de la Policía Estatal hallaron los cuerpos de dos jóvenes asesinados a balazos frente a la casa del joven que resultó herido, y que con sus propios medios se trasladó al hospital general de Chilapa.
Testigos informaron que los dos jóvenes esperaban afuera de su casa a su compañero para salir a trabajar al campo, y dos hombres a bordo de una motoneta los atacaron a balazos.
A la comunidad de Topiltepec llegaron policías estatales y ministeriales que acordonaron la zona, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias. Los cuerpos de los dos jóvenes fueron entregados a sus familiares.
Civiles armados intentan rescatar a los detenidos pero les impiden el paso en un retén militar

Un enfrentamiento entre vecinos de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, con policías del grupo Paz y Justicia de esa misma comunidad motivó la intervención del Ejército que detuvo a dos hombres de esa agrupación.
Las fuentes confirmaron el enfrentamiento pero no precisaron si hubo muertos o heridos en este episodio violento, que ocurrió después de las 6 de la tarde de este lunes.
La detención de los dos civiles del grupo Paz y Justicia por el Ejército movilizó a unos 70 u 80 miembros de ese grupo civil armado de las comunidades El Jagüey, San Ángel, Xiluxuchicán y Tlanicuilulco, quienes a bordo de 10 camionetas intentaron llegar a Zitlala para rescatar a sus compañeros.
Los civiles armados fueron retenidos en el punto conocido como Los Ajos, a unos 10 minutos de Chilapa, por soldados del Ejército que mantienen allí un retén permanente. Los civiles armados seguían allí hasta las 11 de la noche.
El grupo Paz y Justicia ha sido vinculado públicamente con el grupo criminal Los Ardillos que tiene su base en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
El jueves de la semana pasada, vecinos de la comunidad de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, acusaron a los miembros de Paz y Justicia de ser los responsables del ataque que sufrieron el 6 de enero de 2016 cuando mataron a seis habitantes, cuatro de ellos a balazos con arma AK-47, AR-15 y 9 milímetros y dos fueron degollados.
A las 11 de la noche de ayer había tensión entre Chilapa y Zitlala ante el riesgo de que los llamados comunitarios de Paz y Justicia, quisieran entrar a rescatar a sus compañeros que, se informó, los mantenía el Ejército en Zitlala.
A esa hora el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia confirmó en un reporte que desde las 9 de la noche estaban en Los Ajos unas 80 personas armadas con escopetas y rifles calibre 22, “de la policía comunitaria, mismos que se encuentran de manera pacífica”.
En esta zona en la mañana un hombre fue asesinado y otro herido de bala en la comunidad de Topiltepec, que se encuentra en un lugar intermedio entre Chilapa y Zitlala.
Estos hechos de violencia ocurrieron en la víspera de la pelea ritual denominada Los Xochimilcas que se celebra cada martes de carnaval en Zitlala, la cabecera municipal cuando llegan visitantes de varias partes del estado e incluso del país a presenciar la tradicional pelea entre los habitantes de este municipio nahua.

Decomisa el Ejército un narcolaboratorio de goma de amapola en Coyuca de Catalán

 

Militares del 34 Batallón de Infantería informaron que decomisaron un narcolaboratorio donde trabajaban goma de amapola, en la comunidad de Mesas de Pineda, en el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente.
Se dio a conocer que los militares pusieron a disposición del Ministerio Público federal herramientas de cocina, bidones y la goma de amapola, que dijeron eran utilizados para la elaboración de heroína y sus derivados.
No se informó de ninguna detención, dijeron que el lugar se ubica en las afueras de la comunidad pero no detallaron más información, y fue localizada tras una denuncia anónima.
En lo que va del año, el Ejército ha reportado en esa misma localidad dos enfrentamientos, el decomiso de armas y vehículos.
Para llegar a Mesas de Pineda, se toma una una desviación de dos kilómetros, ubicada en el kilómetro 65 de la carretera federal Coyuca de Catalán-Zihuatanejo, en el pueblo hay varias rutas hacia la sierra, además se enlaza con varios pueblos de la parte alta con la carretera federal, y que colindan con estados del centro y costa del país.
En el 2005, el 40 Batallón de Infantería hizo uno de los decomisos más grandes de la región, 3 toneladas de mariguana que fueron incineradas en el lugar.
En el 2012, el mismo Batallón halló en Mesas de Pineda un laboratorio de drogas sintéticas, había más de 3 mil litros de heroína, entre otros líquidos y goma de amapola.

No puede haber ínsulas de no aplicación de la ley, dice Leyva Mena de la salida del Ejército

El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena declaró que no puede haber ínsulas de no aplicación de la ley, “de no tránsito de la autoridad, porque eso se convertiría en impunidad”, en referencia a las exigencias de vecinos de Petaquillas para que salga el Ejército de su comunidad.
El alcalde aseguró que se ha mantenido atento al asunto, y ayer se reuniría con el comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, a quien le plantearía la posibilidad de permitir el libre tránsito de las corporaciones policíacas.
Este miércoles vecinos de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, transportistas y policías rurales se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, y con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, con quienes acordaron que la seguridad estaría en manos de la Policía Rural.
Esta reunión se dio tras las seis horas de bloqueo el martes, en la carretera federal México-Acapulco, al sur de Chilpancingo, como medida de presión de los manifestantes para exigir la salida de un campamento militar instalado frente a la entrada de petaquillas tras la irrupción de sicarios a la comunidad de Chacotla.
Consultado al concluir su participación en la entrega de reconocimientos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en Palacio de Gobierno, el priista Leyva Mena señaló que tiene la misma información que el gobernador Héctor Astudillo Flores, “sobre de que de alguna manera esos grupos extraños están interesados en que no entre el Ejército”.
Agregó que la intervención del gobierno del estado en el conflicto es la reacción de una autoridad prudente y sensata, ya que, “si estiras mucho la liga, eso hubiera terminado obviamente en términos de enfrentamientos armados que no le convienen a nadie”.
Dijo que la acción de los gobernantes en este tipo de situaciones debe ser muy cuidadosa y ponderada en beneficio de la vida de sus habitantes.
Sobre la situación de inseguridad, reiteró que no es un problema nuevo y reafirmó que merece toda la atención de los tres órdenes de gobierno. “Por tratarse de estos grupos, le corresponde a la federación, para entrar en una ruta de estabilidad y buen gobierno”, señaló.
A pesar de que el alcalde no ha participado en la mesas de negociaciones con los habitantes de Petaquillas y el gobierno del estado, dijo que se avanza en un ruta de diálogo y razonamiento. “Yo entiendo que hay una población alarmada ante esta situación, y estamos en este momento coordinándonos con las autoridades para que no suceda un enfrentamiento”, comentó.
Aseguró que, a pesar de los hechos registrados en la comunidad, hay un riesgo controlado, ya que mientras haya diálogo, todo estará tranquilo para avanzar en la ruta de una solución a la petición de los pobladores.

Decomisan tres motocicletas y un auto robado en Iguala que tal vez se usaron en crímenes

Soldados del Ejército, agentes de la Policía Federal (PF), estatal y municipal decomisaron tres motocicletas y un carro con reportes de robo en distintos hechos, los cuales se cree que pueden estar relacionados con los recientes hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Iguala.
Ayer al mediodía tras un reporte anónimo al número de emergencias 911, agentes de la Policía Municipal y estatal localizaron y confiscaron una motocicleta con reporte de robo afuera de las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 56 en la avenida del Estudiante, al oriente de la ciudad.
La motocicleta que antes era roja fue pintada de morado. Posteriormente y tras dar a conocer la información al director de la escuela, la motocicleta fue decomisada por los policías que la subieron a una patrulla de la Policía Estatal para posteriormente ponerla a disposición del Ministerio Público (MP). A pesar de la búsqueda de los policías no se ubicó al propietario de la motocicleta.
Se dio a conocer que según con las características de la motocicleta, ésta podría estar relacionada con los recientes hechos de violencia registrados en la ciudad.
Por separado, se dio a conocer que en operaciones entre el Ejército y la PF y tras una ola de robos de motocicletas a mano armada que se dio en las primeras semanas de enero, se logró la recuperación de otras dos motocicletas entre el lunes y martes.
En la calle Juan Escutia de la colonia El Capire, al sur de la ciudad, decomisaron una motocicleta Italika roja con negro modelo 2014 que fue robada con violencia el 2 de febrero y en esa misma colonia en la calle Javier Altamirano fue confiscada una motocicleta Italika blanca con negro modelo 2015 sin placas que fue robada el 13 de diciembre.
Y en otro hecho, soldados y policías estatales confiscaron en la comunidad de Tejocotes municipio de Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco)  un Seat Ibiza amarillo modelo 2015 con placas de Guerrero, el cual estaba abandonado en una brecha.

En enero de 2017 hubo ocho asesinatos y ningún secuestro en Tierra Caliente, informa la Fiscalía

 

En el primer mes de 2017, en la región de Tierra Caliente ocurrieron ocho asesinatos en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Pungabarato, y en lo que va del año no se ha reportado secuestros, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
A la Fiscalía del Estado se le solicitó el número de casos de asesinatos en la región, y de acuerdo a su estadística en Tierra Caliente han ocurrido ocho asesinatos en enero de este año.
De las ocho víctimas, tres fueron asesinados cuando transitaban en un camino rural en la comunidad de las Mesas de Pineda, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán.
De acuerdo con los vecinos de la comunidad de Paso de Arena también en Coyuca de Catalán, la semana pasada fue sepultada otra persona que murió en el hospital de la localidad, luego de que fue herido en un enfrentamiento a balazos. La víctima es originaria de la comunidad de Arroyo Grande, pero no hay registro de este caso en la fiscalía.
En Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, ocurrieron tres homicidios, uno de ellos cerca de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería. Los otros dos asesinatos ocurrieron la semana pasada en la colonia Lomas del Valle, con seis horas de diferencia entre un hecho y otro, en la misma zona.
El 6 de enero, dos jóvenes vecinos de Ciudad Altamirano fueron hallados ejecutados en la comunidad de Riva Palacio, municipio de San Lucas del estado de Michoacán, a pesar de que fueron levantados en la cabecera municipal de Pungarabato, la fiscalía de Guerrero no los tiene registrados.
El sábado 21 de enero fue asesinado a balazos un hombre en la comunidad de Santa María Santa Fe, en la sierra de Ajuchitlán. Y el 7 de enero, fue hallado un hombre ejecutado a balazos en la comunidad de La Tinaja, municipio de San Miguel Totolapan.
En tanto, durante el mes de enero de 2017, no se ha reportado ningún secuestro en la región de Tierra Caliente de acuerdo con la FGE.
Informó que en la zona entre los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan en enero de 2016 registaron 29 secuestros y 3 asesinatos.
Los secuestros del año pasado son atribuidos al grupo delictivo de Los Tequileros, y en enero de 2017 no hay registro oficial de algún secuestro cometido por este grupo delincuencial.
En la región de Tierra Caliente no hay presencia de la Policía Federal desde el 5 de enero, pues fueron enviados a otras partes de la República, para contener protestas sociales debido al incremento en los precios de las gasolinas. Los policías estatales tienen que atender los nueve municipios de la región, que no alcanzan a dar seguridad por las largas distancias entre los municipios. Además grupos del Ejército sólo realizan recorridos esporádicos en toda la región, porque operan en zonas estratégicas.