Ejército Archivos - Página 7 de 30 - El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero

Reanuda actividades el Ayuntamiento de Iguala con protección del Ejército y la policía estatal

Alejandro Guerrero

Iguala

El Ayuntamiento de Iguala reanudó este viernes sus actividades en oficinas y sedes alternas bajo un dispositivo de seguridad de efectivos del 27 Batallón de Infantería y la Policía Estatal, luego de las amenazas dirigidas en contra del alcalde David Gama Pérez, el síndico Oscar Díaz Bello y trabajadores, que obligó el jueves a cerrar todas sus oficinas y suspender los servicios.
Hasta este viernes el gobierno municipal no había emitido ningún comunicado ni información relacionado a estos hechos, y sólo se difundió una fotografía de una reunión que tuvo el priista David Gama Pérez con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de la que se informó que fue para revisar proyectos de obras y programas para Iguala.
El jueves se detuvieron todos los servicios del gobierno municipal y fueron cerradas todas las oficinas, desde áreas administrativas, operativas y recaudadoras, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capami), recolección de basura y el DIF con sus distintas áreas y guarderías, éstas últimas que fueron las únicas que este viernes no regresaron a laborar.
La determinación se derivó de una amenaza difundida en una página de Facebook en contra del alcalde priista, David Gama Pérez y el segundo síndico, Oscar Díaz Bello (PRD), en el que presuntamente el grupo del crimen de la Familia michoacana, advirtió a los trabajadores que “no vayan a trabajar hasta nuevo aviso en todas sus áreas”.
Este viernes al retomar las actividades, en la principal sede alterna del Ayuntamiento ubicada en los terrenos de la Feria a la Bandera, se instaló un camión militar con efectivos del 27 Batallón de Infantería que resguardan de forma permanente las instalaciones en la que están la presidencia municipal, la mayoría de regidurías, secretarías y direcciones de área.
Los soldados armados vigilan el único acceso que ha sido habilitado para ingresar a estas instalaciones, y este viernes, se observó escasa presencia de contribuyentes y se presentaron algunos funcionarios, pero no así los ediles, de acuerdo con fuentes consultadas.
En otra de las sedes alternas, en el edificio de la sala San Luis, en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Centro, en la que se ubica la sindicatura de Procuración de Justicia que encabeza el perredista Oscar Díaz Bello, y donde además están la secretaría de Seguridad Pública y las direcciones de la Policía Municipal, Tránsito, Protección Civil y Reglamentos, fue la más vigilada.
Afuera de estas instalaciones había un numeroso grupo de efectivos del Ejército fuertemente armados, así como de la Policía Estatal, resguardando la zona.
Mientras que en la sede ubicada en la ex comandancia de la Policía Municipal y Barandillas, en la que hubo una ataque a balazos el 13 de junio, y donde está la primera sindicatura, tres regidurías y la secretaría de Obras Públicas, había recorridos de vigilancia por el Ejército y Policía Estatal, y siguen operando con el portón cerrado.
De acuerdo con trabajadores, principalmente quienes son de áreas operativas como recolección de basura, Limpia, Parques y Jardines, hay zozobra por las amenazas difundidas, luego del asesinato a balazos cometido el miércoles en contra de uno de los trabajadores, al que dejaron una cartulina con un mensaje escrito dirigido al alcalde Gama Pérez y al síndico Díaz Bello, éste último del que ha trascendido que se fue al extranjero.

Se reúne Gama con la
gobernadora

Hasta el cierre de esta edición el gobierno de Iguala no había emitido ningún comunicado de prensa ni postura relacionada con estos hechos, y en su página personal de Facebook el alcalde David Gama difundió una fotografía de una reunión que sostuvo este viernes con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Sin mencionar la seguridad o la violencia en el municipio, en un breve texto que escribió indica que esta reunión fue para “revisar proyectos de obras y programas” que próximamente se realizarán en Iguala, entre los que menciona la restauración del Lienzo Charro y la entrada por la autopista a Cuernavaca.
Ofrece su gratitud y reconocimiento a la gobernadora “por todo su apoyo y respaldo para su natal Iguala”, y señala que acordaron seguir trabajando “de la mano para mejorar la calidad de vida de las y los igualtecos”.

Creció un 80.5% la extorsión en Guerrero en los últimos siete años, advierten expertos

Locatarios del Mercado Central de Acapulco, con algunas de las pertenencias que lograron rescatar del incendio que consumió una gran parte de la nave mayor la madrugada del lunes Foto: Carlos Carbajal

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El delito de extorsión en Guerrero ha crecido poco más de 80 por ciento en los últimos siete años, de acuerdo con cifras oficiales, lo cual responde a un vínculo estrecho entre las autoridades de gobierno y los grupos criminales, advierten especialistas entrevistados por El Sur.
“El delito de extorsión en Guerrero es demasiado grave. Estamos hablando de dos Estados: en primer lugar, el oficial-constitucional-jurídico, con autoridades establecidas; pero, en segundo lugar, hablamos de un Estado paralelo, criminal.
“Desde hace mucho tiempo existe una relación y connivencia entre los grupos delictivos y las élites políticas estatales, situación que se agravó con la llegada del nuevo gobierno al estado, con la gobernadora” Evelyn Salgado, expone Leopoldo Rodríguez Aranda, director general de Consultores en Gerencia Pública (Gesec), firma especializada en el análisis de seguridad y otras políticas públicas.
Los registros oficiales respaldan el análisis de Rodríguez Aranda. La cifra de delitos de extorsión ha crecido de manera constante. En el periodo 2015-2020 se pasó de 144 a 241 reportes de extorsión. Al cierre del año pasado hubo un nuevo repunte: se llegó a 260, de acuerdo las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así, este delito en particular alcanzó el 80.5 por ciento entre 2015 y 2022. “Ya ha habido noticias e informes sobre las extorsiones en Guerrero. El año pasado, por ejemplo, se habló de lo que pasaba en las pollerías. Incluso hubo un desabasto, particularmente en Chilpancingo e Iguala”, contextualiza Rodríguez.
Sin embargo, dice, esa apenas muestra una parte del problema; fue “una pequeña perla de todo el baúl de situaciones que ocurren en la entidad” porque la situación ahí se ha generalizado”.
Ahora, enfatiza, no existe sector de la economía formal e informal que no esté invadida por la extorsión. Afecta a todo mundo, “desde los comerciantes más básicos, aquellos que venden tamales o paletas, a quienes se les pide una cuota, hasta comerciantes bien establecidos, del sector empresarial”.

Alianzas criminales y extorsión en todas partes

El “muy estrecho” vínculo entre autoridades de gobierno y el crimen organizado siempre ha existido. “Se trata de alianzas que benefician a los dos grupos”, coincide por separado José Luis Cisneros, especialista en seguridad e investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
Aunque, dice, en la actual administración se ha formado “un vínculo más fuerte”. Ahí está el caso del grupo criminal Guerreros Unidos, por ejemplo. “Después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el grupo criminal aparentemente se desarticuló, pero lo que realmente sucedió es que algunos de sus ex integrantes se aliaron con otros grupos de la sierra ante el fuerte avance de La Familia Michoacana”.
Lo que sucedió, según el análisis de Cisneros, es que estas nuevas alianzas se extendieron por todas las regiones del estado “y empezaron a tener control en las presidentes municipales, en los cabildos y hasta en la gubernatura”.
Las extorsiones se han ido multiplicado por todos lados. Y eso es así, explica, porque es una forma de control de estos grupos criminales. “Hoy podemos decir que el delito se ha generalizado. En el comercio y el turismo, pero también en la vida cotidiana. Es bárbaro lo que ha sucedido”, advierte el investigador universitario.

“En manos del crimen
organizado”

La extorsión en Guerrero se encuentra extendida y está en manos de varios grupos criminales. Todos los días se registran homicidios en la entidad; a veces como resultado de la disputa entre esas bandas delictivas, pero en otros casos como consecuencia de las extorsiones. “Son personas que se niegan a pagar o que no tienen para pagar y las asesinan, en sus negocios o domicilios”, menciona Leopoldo Rodríguez.
Otros fenómenos sociales son producto también de las extorsiones. Uno de ellos es la migración. El desplazamiento ocurre de forma generalizada. “Sucede sobre todo en Chilpancingo, Iguala y Taxco, las ciudades con mayor población y comercio, después de Acapulco. Muchos empresarios y negocios cierran cortinas y se mudan de la zona”.
El director de Gesec señala que en Iguala se exige a los taxistas una cuota diaria. “La entregan al líder de taxistas, y éste, a su vez, la entrega al grupo delictivo que controla. Eso pasa con todos negocios, hasta en las tortillerías. Y mucho en cantinas. En las cervecerías establecidas formalmente y también en las clandestinas”.
En caso de que las personas se nieguen o no puedan pagar, el modus operandi consiste en disparar al comercio. “Llegan y balean, aun con comensales. Lo hacen para presionar y como una muestra dirigida a la persona directamente afectada y a toda la zona”.
La extorsión pone en peligro la vida de las víctimas, quienes, ante las amenazas de muerte, difícilmente denuncian. “No hay manera. La estructura criminal conoce todo sobre los extorsionados. Éstos no tienen forma de escapar”.
Generalmente, detalla Rodríguez, quienes efectúan los cobros son personas jóvenes y no las verdaderas cabezas de las organizaciones. Por eso, las detenciones de los cobradores no afectan a las estructuras criminales. Las organizaciones y las represalias siguen.
Las actividades criminales han llegado a ser tan predominantes en muchas zonas del estado que la presencia de estos grupos también incide directamente en el ámbito de la política formal.

Fuerzas armadas con rol “meramente testimonial”

En las elecciones de 2021 ocurrió una situación “muy grave” a los ojos de Rodríguez Aranda. “Los grupos delictivos determinaban las horas, momentos y lugares en que podían hacer campaña los candidatos. Controlaron la agenda”.
Esto ilustra un problema aún peor porque se habla de un territorio con una autoridad formal establecida, “pero en términos de seguridad, en este caso de la extorsión, la autoridad está fuera del ámbito, no opera”.
En otras palabras, remarca, no es la autoridad, pero sí el crimen organizado el que controla la seguridad de los estados y los municipios. “La Guardia Nacional, Ejército y la Marina son invisibles. Cuando hay actos de violencia, llegan después de que ya sucedió, pero su papel es meramente testimonial”.
La situación de Guerrero, puntualiza el consultor en seguridad, se encuentra “en manos del crimen organizado”. E identifica tres premisas clave: una, la autoridad evita tratar el tema de seguridad de forma pública. Dos, existe un abandono de las instituciones de seguridad, cuyo control recae en la delincuencia organizada. Y tres, las autoridades están rebasadas. En el mejor de los casos, hacen caso omiso; en el peor, se someten a estos grupos.
Si el problema ya era grave antes, hoy es más serio, pues hay “un gobierno plenamente coludido con estos grupos”. A su juicio, la autoridad no interviene porque tiene pacto con las organizaciones criminales o está sometida. Y tampoco posee la capacidad técnica ni operativa para hacerlo. “Si no es un estado criminal, sí es una entidad donde la línea que divide a los grupos delictivos y quienes gobiernan es inexistente”.

Actuar y recuperar la confianza de la gente

–¿Es posible revertir la situación? –se le pregunta a José Luis Cisneros.
–Campesinos y otros ciudadanos se han organizado como grupos armados, de autodefensas, para poner freno a esto. La única posibilidad es que desde el gobierno federal se intente someter a control a estos grupos, pero no se ve claro. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido coludidas y penetradas como cualquier fuerza de seguridad en México. En algunos casos había contención, pero hoy es más fuerte la situación.
Es lamentable lo que sucede en México, insiste el especialista, “no sabemos qué va a pasar. La única forma es que el Estado mexicano retome su papel. Ha perdido el control; se halla en manos del crimen organizado. Eso es muy peligroso”.
–¿Qué se requiere?
–Primero, que se reconozca el problema. Hace días fueron a balear la casa del presidente municipal de Iguala, pero no se publicaron notas sobre eso. La delincuencia también controla lo que se publica en los medios a través de amenazas a los periodistas.
“El dato del aumento de extorsiones –continúa Leopoldo Rodríguez– no refleja el profundo terror y miedo que vive la población en el estado. Mientras la autoridad local no reconozca que hay una situación grave, será difícil avanzar.
“Después tendría que venir la acción de la autoridad. Dar el manotazo en la mesa. Se tiene que hacer. Hacer uso de la fuerza e intervenir en la reconstrucción de las instituciones de seguridad y de la cohesión social. Es decir, reconstruir para que la población tenga confianza en la autoridad”.

Pide Evelyn seguir trabajando en construir la paz, en acto por la gesta de Veracruz

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la ceremonia de conmemoración por la Gesta Heroica de la defensa del Puerto de Veracruz, en la Decima Segunda Región Naval. La acompañan el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias, el comandante de Décima Segunda Región Naval, Julio César Pescina, el comandante de la 27 Zona Militar, Martín Gerardo Franco, y el secretario de seguridad del estado, Evelio Méndez Foto: Carlos Carbajal

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que en Guerrero se refrenda el compromiso de seguir trabajando de la mano “como lo hemos venido haciendo en todas las tareas de construcción de la paz”.
Así como en la reconstrucción del tejido social, de la generación de bienestar para las familias de Acapulco y de Guerrero de la mano del Ejército, Marina y la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales y de todas las instituciones que desde sus diferentes trincheras están trabajando de manera incansable con valentía, con transparencia y honestidad.
En su mensaje durante la ceremonia de conmemoración al 109 aniversario de la gesta heroica del puerto de Veracruz, por parte de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, ante la pretensión de la fuerza naval estadunidense, en las instalaciones de la Décimo Segunda Región Naval y que encabezó el almirante Julio César Pescina Ávila, subrayó que esos hechos son el reflejo de lo que es esa institución y por eso se honran con la memoria, pero también con la acción. Y señaló: “con la memoria para nunca olvidar de dónde venimos, nuestras raíces. Nunca perder de vista nuestra historia que nos motiva y que nos empuja todos los días a salir adelante”.
Mientras con la acción llevar a la práctica los más altos valores navales “y siempre navegando por lo correcto con honor, con deber y con lealtad, patriotismo. Valores que siempre han distinguido a esta gran institución de la Marina”.
La gobernadora manifestó que sirva esta conmemoración “para recordarnos en México y en Guerrero somos hijos e hijas de esa tradición. Que nuestra historia nos obliga a seguir a adelante, a fortalecer nuestras instituciones, a valorar a quienes nos antecedieron y a trabajar de manera incansable en beneficio del pueblo de Guerrero”.
Mientras que el comandante de la décimo segunda región Naval, almirante Julio César Pescina Ávila, leyó el mensaje del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Recordó la gesta del puerto de Veracruz y dijo que ha 109 años el honor, deber, lealtad y patriotismo que impulso a los marinos navales al amparo de la patria siguen intactos.
Añadió: “Valores que son el faro y guía de actuar de los integrantes de la institución. Hoy el México en que vivimos las armas no son la opción menos aún esperamos que por el suelo nacional corra la sangre de nuestro pueblo”.
Dijo que ahora la patria llama a los marinos mercantes y navales a defenderla con actos “colmados de honradez y honestidad. Con legalidad y respeto a los derechos humanos nos llama a velar por la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestro pueblo sobre una base de inclusión y justicia social”.
Añadió que en memoria de los héroes del 21 de abril 1914 “la Secretaría de Marina refrenda un respeto absoluto a las decisiones de nuestro pueblo, refrenda un legítimo deseo de contribuir a fincar un país de paz y seguridad y bienestar. Refrenda nuestra entrega al servicio de la patria”.
Al acto acudieron el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez; la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón; el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y el ex alcalde de Acapulco Luis Walton Aburto, entre otros. (Karina Contreras).

“Grave error” de la Corte el quitar control de la Guardia Nacional al Ejército: Ebrard

El presidente de la AHETA, Alejandro Domínguez; el ex alcalde, Luis Walton Aburto; el secretario general del Ayuntamiento, José Juan Ayala; la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos; el comandante de la Déci-mo Segunda Zona Naval, Julio César Pescina Ávila; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el canciller Marcelo Ebrard Casaubón; el comandante del 56 Batallón de Infantería, Diego Antonio Chávez; el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Luis Enrique Velázquez y la síndica procuradora, María Inés Mendoza en el acto de entrega de cien patrullas y cuatro ambulancias en la avenida Costera Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, calificó como “un grave error” la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de declarar inconstitucional que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En declaraciones a reporteros después de encabezar dos actos de seguridad pública en Acapulco, Marcelo Ebrard consideró que los ministros no valoraron el avance en seguridad que hay en el país, de acuerdo con la encuesta sobre percepción de seguridad presentada por el Inegi.
Marcelo Ebrard estuvo ayer en Acapulco, donde participó en dos actividades con la alcaldesa Abelina López. La primera fue la presentación de la estrategia de seguridad Fuerza Acapulco y después la instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana en Seguridad Pública.
A pregunta expresa sobre la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, Ebrard opinó que se trata de un grave error y explicó que su postura es porque el Inegi reportó avances en la percepción de inseguridad.
“Esa encuesta se hace con 30 mil cuestionarios, no existen de 190 países del mundo una encuesta similar. No la hay, nadie hace esa encuesta, ni Estados Unidos la tiene. ¿Por qué se hace en México? Bueno, hace muchos años se decidió hacerla para tener una medición de lo que la gente opina, y no sólo la versión de la autoridad, para eso se hizo la encuesta ¿Qué nos dice la encuesta que se dio a conocer hoy en la mañana? Que tienes una mejora, si bien el problema de seguridad sigue siendo muy serio Quizá en muchos lugares, el primero, sí hay una mejoría en la percepción pública respecto al último trimestre. O sea, se está avanzando gradualmente de manera importante. Ahora hay un descenso en la sensación de inseguridad de poquito más del 4 por ciento. En ese momento donde estás empezando a tener resultados, ‘ah no, pues vamos a poner en tela de juicio a la Guardia Nacional. Es un error, eso va en contra de la seguridad de las personas mas allá de la opinión de cada cual”.
Añadió que de acuerdo con esa encuesta, el Ejército y la Marina tienen un apoyo muy alto por parte de la población, “y se está dando resultados. Entonces desde mi punto de vista es un error ponernos ahorita discutir la naturaleza de la Guardia Nacional cuando estamos empezando a tener resultados”.
E insistió: “en mi opinión es un error (de los magistrados), vista la seguridad de las personas, porque metes en tela de juicio. Ustedes imaginense si eres parte de la Guardia Nacional: estás preocupado. No sabes qué va a ser tu futuro, creas un problema que nos va a distraer, cuando el asunto principal es la seguridad de las personas”.
Agregó que la decisión de la Corte no tiene efecto inmediato, por esa razón la Guardia Nacional seguirá al mando del Ejército, pues falta definir en qué tiempo la decisión de la Corte va a entrar en vigor, lo cual podría demorar varios años. “Yo diría que no deberíamos de distraernos u ocuparnos en eso ahorita hoy mañana Porque eso significa interrumpir el esfuerzo de la Guardia Nacional, yo creo que no es un acierto eso”.
A pregunta si eso desmantela la estrategia de seguridad del gobierno federal, respondió: “Depende que resuelva la Corte de cuándo va a entrar en vigor, No lo sé en este momento, pero desde mi punto de vista es un error como país ponernos a discutir la naturaleza de la Guardia cuando está obteniendo resultados a favor. ¿Llevamos cuántos años esperando resultados favorables? Desde que me acuerdo”.
De las declaraciones de la senadora del PRI y aspirante a la candidatura presidencial del PRI Beatriz Paredes Rangel de que los lugares turísticos necesitan seguridad especializada, Marcelo Ebrard dijo que Acapulco eso ya es realidad y no son planes. Puso como evidencia la estrategia presentada por la alcaldesa, Fuerza Acapulco, que es un esfuerzo por tener mejores resultados y de la cual la evaluación será en tres meses, “es una gran oportunidad para Acapulco”.
Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enterado del esfuerzo que se hará en Acapulco en materia de seguridad, y ofreció que si se tiene éxito la misma estrategia se replicaría en otros municipios del país.
Considero que el resultado de la encuesta del Inegi es una buena noticia para Acapulco pues tiene una mejoría de 11 puntos en cuanto a percepción de seguridad.

Ejército y Guardia Nacional se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

El Ejército y la GN se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan gobierno, alcaldesa y CRAC

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social

Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

Escoltados por militares reconecta CFE a pueblos de Totolapan que aislaron grupos armados

Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) subieron a la sierra de San Miguel Totolapan la mañana de este miércoles escoltados por el Ejército para reconectar la energía eléctrica a unos nueve pueblos de la parte media que quedaron incomunicados tras las confrontaciones entre grupos del crimen organizado.
Muy temprano salieron los vehículos con trabajadores de la CFE de Ciudad Altamirano para atender el problema del corte de luz en la parte de la sierra de San Miguel Totolapan.
Activan lo necesario para reconectar la electricidad que mantiene incomunicados a pueblos como Las Tunas y El Querenque, entre otras siete rancherías cercanas, cuyos habitantes señalaron que a propósito les cortaron la energía eléctrica algunos grupos armados que operan cerca de esa zona.
La falta de luz en la parte media de la sierra fue reportada hace 10 días, en ese tiempo se informó que hubo un incremento de enfrentamientos entre grupos armados.
Escoltados por el Ejército subieron unas 10 camionetas de la CFE para atender el problema del suministro de energía. También se observó un helicóptero sobrevolando la zona.
La atención a la parte de la sierra de San Miguel Totolapan forma parte de los llamados que se han presentado en las mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz.
La delegación de la Secretaría de Educación Guerrego en Tierra Caliente informó que las escuelas de esa zona se mantienen cerradas y que algunas que abrieron volvieron a suspender clases debido a que han ocurrido cuatro enfrentamientos fuertes en los últimos 10 días.
Por separado, agentes de la Policía del Estado subieron desde Coyuca de Catalán a la sierra de San Miguel Totolapan para atender el llamado de la población de que les brinden seguridad. Se reportó que hay un grupo de policías en la parte alta y que no reportaron incidencias. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Hay respaldo del gobierno estatal a acciones del Ejército contra la delincuencia: Ludwig

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que el gobierno estatal respalda todas las acciones del Ejército mexicano en el combate a la delincuencia, en consulta telefónica sobre el enfrentamiento este viernes en la comunidad serrana de El Pescado, en el ejido de Los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán.
Afirmó que van a seguir trabajando de manera conjunta, para fortalecer la presencia del Estado mexicano en regiones que estaban tomadas por la delincuencia organizada.
Sobre el enfrentamiento donde resultó muerto el jefe de zona del grupo delictivo La Familia Micho-cana y dos de sus hijos, indicó que los militares realizan acciones conforme a las líneas estratégicas de acción que se están implementando en toda la Sierra, “nosotros obviamente respaldamos la actuación del Ejército mexicano en la zona”.
Confirmó que van a trabajar de manera conjunta con los militares que tienen más efectivos en campo, “para seguir fortaleciendo la presencia del Estado mexicano en estas regiones donde ya no había control, ya la delincuencia organizada se había apoderado de estas regiones”.
Lamentó la muerte de dos soldados en servicio durante ese evento de violencia, pero añadió que hay personas involucradas en la región con la delincuencia organizada y son señalados por toda la población.
De la situación en la región, consideró que “todo proceso de estabilización lleva tiempo, nosotros estamos trabajando para que haya más presencia del Estado, obviamente para que con esto se logre una paz duradera”.
Confió en que “las acciones van trascender, van tener mayores alcances para que la gente de la sierra viva en paz”.
Si bien, en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción Paz es donde se revisan las estrategias acordadas, recordó que el Ejército participa más activamente en las acciones porque tienen tiene un mayor número de elementos en el estado.
Enfatizó que la Sierra tiene una atención especial en este gobierno, porque sus condiciones son más complejas, “hay una gran dispersión de las comunidades, los caminos están en muy mal estado, hay condiciones muy diferentes de trabajo.
También están atendiendo la demanda social, y Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (Cicaeg), prepara la mejora de caminos.

Reprueba expresiones del delegado estatal en la Montaña sobre el paro en el hospital

Sobre el paro laboral del hospital general de Tlapa, confirmó que están revisando alternativas con la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), y probablemente en unos días haya una solución.
De las declaraciones del delegado del gobierno estatal en la Montaña, José Bazán González, para que ciudadanos y alcaldes de la región desalojen a paristas del hospital de Tlapa, en un acto público, Reynoso Núñez aclaró que “definitivamente” esa no es una solución.
Precisó que el funcionario no depende de la SGG, sin embargo, tienen una buena relación como autoridades, y se habló con él.
“Entiendo que son expresiones que se hicieron en algún momento, ya hemos hablado con él, definitivamente la solución no es que se tome justicia por propia mano, para eso estamos la autoridad”.
Confirmó que está en diálogo con la líder de la Sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez, con quien espera encontrar una salida dialogada al paro de labores.
Los trabajadores tienen poco más de tres semanas exigiendo con la toma de oficinas la salida del director y el administrador Javier Blanco Martínez y del administrador Gregorio Ramírez Maldonado, porque no atienden sus demandas para el servicio y como trabajadores.
El secretario indicó que están trabajando en alternativas, en propuestas y probablemente en estos días haya una solución.

Con el espionaje, el Ejército los hostiga, criminaliza, persigue y los pone en riesgo, dicen agraviados

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.

Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera

Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el

Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.

Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales

El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.

Infiltran movilizaciones: Héctor Torres

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.

En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega

Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.

Pide el cetegista Walter Añorve a AMLO cesar el espionaje al movimiento social

Karina Contreras

El responsable de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación Guerrero (CETEG), Walter Añorve Rodríguez, calificó como lamentable el espionaje del que son objeto las organizaciones y luchadores sociales por parte del Ejército, y llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a terminar con esa práctica, porque si llegó a la Presidencia fue también por el apoyo de los que ahora vigilan.
“Le pedimos al presidente que detenga toda esta maquinaría en contra de la lucha social, y de no ser así pues finalmente yo creo que tocará a las diferentes organizaciones sociales seguir resistiendo este embate que durante décadas han venido recibiendo. Parece que será un cuento de nunca acabar”.
En declaraciones telefónicas, Añorve Rodríguez dijo que el presidente debe recordar que las organizaciones sociales son los que desde hace años han estado luchando por un cambio. Recordó que no es la primera vez que sale ese tipo de información y que desde el 2013 “nosotros teníamos claro que el Ejército y, obviamente, todo el equipo de inteligencia del gobierno federal, tenía enfocado, sobre todo a Guerrero, a los líderes y representantes de las organizaciones sociales, y en ese sentido estábamos vigilados totalmente en aquel momento por esa instancia de inteligencia que utilizaba el gobierno federal, el Cisen, y a nosotros como integrantes del magisterio vinculándonos con organizaciones clandestinas, armadas”.
Señaló que “era un procedimiento permanente de hostigamiento y de vigilancia de todo tipo, entonces pensamos que con el cambio de este gobierno iba a ser totalmente diferente y que esa persecución tenía que cesar; sin embargo, entendemos que seguimos siendo focalizados, siguen operando equipos de inteligencia a través del Ejército. Es una situación que definitivamente no aceptamos y vulnera a cualquier compañero y compañera que está luchando desde diferentes trincheras, desde los derechos humanos hasta los compañeros que integran diferentes organizaciones de campesinos, magisteriales, estudiantiles”.
Añorve Rodríguez indicó que para ellos sería importante que se diera un cambio de estrategia, “y que esto nos lleva que procesos futuros de represión o para prepararse para confrontar a los movimientos sociales. Estamos con cierta alarma ante este espionaje de manera permanente al movimiento social en Guerrero y en las diferentes partes del país”.
Sobre si esta situación de un gobierno de Cuarta Transformación los decepciona, tomando en cuenta que ellos dieron su apoyo, respondió que están completamente en desacuerdo y rechazan esa política de hostigamiento al movimiento social.
El cetegista dijo: “Creíamos que con este gobierno iba a darse un cese a todas estás prácticas, que llevaron a muchos compañeros a procesos extrajudiciales, a encarcelamientos y no debe ser. En este proyecto de cambio que se planteó, en esta Cuarta Transformación no debe darse ese hostigamiento, lo rechazamos y no es parte de aquello en lo que confiamos, esto no es parte de una transformación”.
Sobre si hay un doble discursos del presidente, porque dijo que en su gobierno no hay espionaje y ahora se revela esto, respondió que quiere pensar que en el Ejército hay una cúpula que sigue dominando.