El sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Efrén Cortés Chávez denunció que a casi un mes del asesinato de su sobrino, estudiante de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el gobierno estatal le han informado si hay avances en la investigación.
Insistió que por la actitud sospechosa y omisa de las autoridades sigue pensando que el asesinato fue un acto de represalia y advertencia hacia él, por su activismo en el estado.
Cortés Carmona, originario de Cruz Grande la cabecera municipal de Florencio Villarreal, desapareció en Cuajinicuilapa el 29 de octubre y su cuerpo fue encontrado el 7 de noviembre en una fosa clandestina.
“Después de todo esto el gobierno del estado y la Fiscalía no han presentado ningún resultado. Otra de las cosas es que los gobiernos federal y estatal no acataron el requerimiento de los amparos que promovimos ante el juzgado Octavo de Distrito, y ni el Ejército ni la Marina realizaron la inspección que se pidió”, denunció vía telefónica Cortés Chávez.
El sobreviviente denunció que hay una “total cerrazón” de las autoridades federales y estatales para dar información con respecto de lo que está pasando.
Agregó sigue pensando que fueron gentes del gobierno quienes participaron en la privación de la libertad y posterior ejecución de su sobrino, “de lo contrario ya hubieran dado a conocer qué fue lo que pasó, quiénes participaron y cuáles son los móviles”.
Denunció que va para un mes y no se sabe qué fue lo que pasó y menos si hay algún detenido, ya sea autor material o intelectual, “si el gobierno sabe algo que lo diga y que ejerza la acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales”.
Añadió que extraoficialmente saben que hay lagunas en la investigación y que pretenden dar una versión en el sentido de que no iban sobre él, que lo confundieron, “pero hay varias cosas que no cuadran con respecto a eso”.
Insistió en que para la familia es sospechoso que a casi un mes no haya resultados de la investigación y ningún detenido, a pesar de que hubo gente que vio cuando se lo llevaron y que, además, Cuajinicuilapa no es un pueblo grande y todos se conocen como para obtener información.
“El estado cuenta con los instrumentos para ordenar la detención en contra de quienes hayan sido los responsables. Por ejemplo el presidente municipal y el director de Seguridad Pública tienen que saber algo de lo que sucedió, porque la desaparición se dio frente a testigos y en el centro, pero no se investiga nada”, se quejó.
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El estudiante de Veterinaria de la UAG asesinado en Cuajinicuilapa fue torturado, revela Efrén Cortés
En Acapulco familiares del estudiante desaparecido de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona, acompañados de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acudieron al Servicio Médico Forense donde reconocieron a la víctima y reclamaron el cuerpo.
En declaraciones, Efrén Cortés Chávez, uno de los tíos del joven de 24 años y sobreviviente de la masacre de El Charco, reveló que el joven fue torturado, y recriminó que desde que la Fiscalía General del Estado tomó el caso de la desaparición de su sobrino, quien realizaba un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia de la UAG, no informó nada a los familiares quienes se enteraron del hallazgo del cuerpo por otras personas.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que el cuerpo no sería entregado hasta que se realizaran los exámenes de ADN para una mayor certeza, pero a la una de la tarde los familiares informaron que en 2 horas les sería entregado y trasladado a su natal Cruz Grande.
En una llamada informaron que el cuerpo fue entregado a las 3 de la tarde y que las pruebas de ADN se las entregarían después, pero que identificaron plenamente al joven por señas particulares y la ropa que llevaba el día que desapareció.
Según el reporte de la Policía Ministerial que acudió al lugar donde fue encontrado el cadáver del joven desaparecido el 28 de octubre en el centro de Cuajinicuilapa, estaba en una fosa clandestina de unos 80 centímetros de profundidad, en un terreno ubicado en la carretera entre Cuajinicuilapa y San Nicolás.
Dice que el hecho fue reportado a las 10:30 de la mañana del martes por el comandante de la Policía Municipal de Cuajinicuilapa, Benito Gracia Morales, quien informó del lugar donde estaba enterrado el cuerpo reportado por los vecinos.
En un diámetro de 10 metros del terreno ubicado cerca de la comunidad de Montesillo, había ramas de árboles cortados y tierra removida, encontrado una fosa de 80 centímetros de ancho, un metro con cuarenta centímetros de largo y 90 centímetros de altura, donde estaba la víctima.
El reporte indica que al cuerpo se le apreciaron “múltiples fracturas de cráneo, observándose atado del cuello con una cuerda de plástico de color blanco, así como la mitad de una camiseta de color blanco con rojo con el numero 85”.
El joven sólo vestía un “pantalón de mezclilla de color azul, bóxer gris, cinturón piteado el cual tiene la figura de la cara de caballo en la hebilla, y puesta sobre los brazos una playera tipo polo de color verde con figuras de Mickey Mouse en color rojo”.
El cuerpo no fue trasladado a la morgue a las 2:10 de la tarde, hora en que terminaron las diligencias. En el Servicio Médico Forense los familiares estuvieron acompañados de integrantes del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
Llama a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar
El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortes Chávez insistió en que la desaparición y el asesinato de su sobrino, el estudiante de Veterinaria Jorge Cortés Carmona, fue un crimen político por su relación de parentesco.
En una conferencia de prensa con representantes del Colectivo de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero denunció que el gobernador Héctor Astudillo Flores guardó silencio cuando se le pidió su intervención, y la Fiscalía General del Estado (FGE) fue muy lenta en la localización del joven de 24 años, además de que el cuerpo tiene indicios de tortura.
Aseguró que el siguiente día al de su desaparición, el lunes 30 de octubre, hombres desconocidos llamaron al número telefónico del papá de la víctima, y desde el anonimato dieron a entender que ellos sabían dónde estaba el muchacho y podían ayudarlos a localizarlo, sin pedir rescate.
Indicó que los registros telefónicos fueron entregados a las autoridades y no hubo más información del caso, hasta que encontraron su cuerpo enterrado en un paraje rumbo a la comunidad de San Nicolás, por la colonia Miguel Alemán de la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, y la localidad de El Comal.
Estimó que el cuerpo fue enterrado para desaparecerlo, y eso implicaría que el gobierno sabía dónde se encontraba, “¿o quién le dio el pitazo?”.
En tanto no haya una investigación profesional con resultados comprobables y científicos, dijo que insistirá en que el ataque a su sobrino pudo tener una motivación política, debido a las actividades políticas del luchador social. Subrayó que la vida de su familia es lícita.
Aclaró que independiente de los resultados del caso, sean responsables o no las autoridades, hay responsabilidad legal del Estado que debe garantizar la vida de los ciudadanos.
Señaló que la FGE no actuó hasta que la Red Solidaria Década contra la Impunidad solicitó acciones urgentes a las autoridades del Estado mexicano y a organismos internacionales. Entonces, comenzó la aplicación del protocolo de investigación compartida para casos de desaparición forzada.
Llamó a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar “no de simulación. Si hay agentes estatales culpables materiales o intelectuales, o no, debe haber una sanción ejemplar”.
También exigió un pronunciamiento o deslinde del gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que explique por qué la autoridad cayó, hubo silencio gubernamental, no hubo comunicación con la familia”.
Del Colectivo estuvieron representantes la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de los mineros de Taxco, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), colonos del Nuevo Mirador, y el integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García.
Consultado sobre la inseguridad en la entidad, Fuentes García aseguró que el grado de violencia no puede entenderse sin la connivencia de las autoridades.
Aunque hay operaciones militares y policiacas, estimó que hay cierto grado de contención en lugares estratégicos, como Acapulco, no así en las regiones.
“Es grave todo lo que ocurre, no basta toda esa movilización del Ejército y cuerpos de seguridad porque hay presunción de que están involucrados, y en esa circunstancia no puede hacer ninguna seguridad para nadie”, advirtió.
Mencionó que en la época conocida como la guerra sucia, de la década de 1970, hubo una decisión de Estado para localizar y eliminar un movimiento guerrillero, que no llamaban así, sino de delincuentes, pero no fueron sólo contra los guerrilleros sino tras los familiares y la población que podía protegerlos, “el daño de aquel tiempo no ha sido reparado, no ha habido justicia ni verdad”.
Ahora, señaló que la situación es más compleja por el involucramiento de grupos criminales, “que no podría ocurrir sino fuera por la connivencia del Estado”.
Hallan muerto al estudiante de Veterinaria en Cuajinicuilapa; estuvo 10 días desaparecido
El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez informó que a 10 días de no saber de su paradero, su sobrino Jorge Cortés Carmona fue hallado muerto en un paraje entre los poblados de San Nicolás y El Tamal, en el municipio de Cuaujinicuilapa.
Indicó que el cuerpo fue identificado por su hermano por la ropa que llevaba puesta el día que desapareció.
Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Acapulco para la necropsia de ley, con la que se determinará la causa de muerte.
De acuerdo con la ficha de la acción urgente que emitió la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el joven de 24 años de edad originario de Cruz Grande, se encontraba en la cabecera municipal de Chuajinicuilapa cursando un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia, donde concluyó sus estudios de licenciatura.
Sus familiares detallaron que el sábado 28 de octubre por la noche estuvo en una reunión con sus compañeros de escuela, lo último que se supo de él es que acudió a una tienda de conveniencia la madrugada del domingo 29.
En la acción urgente se solicitó la intervención de los tres niveles de gobierno para garantizar su integridad física y su vida, también se dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humano y las representaciones en México de organismos internacionales.
Denuncian desaparición en Cuajinicuilapa de un sobrino del sobreviviente de El Charco, Efrén Cortés
La Red Solidaria Década contra la Impunidad denunció que desde hace tres días se desconoce el paradero del sobrino del luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, en Ayutla, Efrén Cortés Chávez.
El joven Jorge Cortés Carmona se encontraba en Cuaijinicuilapa cursando un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
En un escrito solicita a las autoridades y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos una acción urgente para garantizar la integridad física y la vida del joven de 24 años, originario del municipio de Cruz Grande, quien concluyó en el último ciclo escolar sus estudios de licenciatura.
Informó que la última información de su ubicación fue que acudió a una tienda de conveniencia del centro de Cuajinicuilapa, en la noche. Está desaparecido desde la madrugada del domingo.
Conforme a lo expuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos sobre derecho a la vida, a la integridad y la libertad personal, solicitó que las autoridades tomen las medidas necesarias para la presentación con vida de Jorge Cortés Carmona, una efectiva investigación que conduzca a la aparición con vida del estudiante, el esclarecimiento de los hechos denunciados y la sanción de los responsables materiales e intelectuales de este acto, para garantizar que hechos como el ocurrido no se repitan.
En el documento se dirigen al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al gobernador Héctor Astudillo Flores, al secretario general de gobierno Florencio Salazar Adame, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, al procurador de la República Raúl Cervantes Andrade, al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, así como a las representaciones de México en la Misión Permanente ante Naciones Unidas, la Embajada en las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa, y ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH
El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.
Piden tres organizaciones a la CIDH que declare admisible el caso de la masacre de El Charco
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Dayton, el Tribunal Internacional de Conciencia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la admisibilidad de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
La petición también la respaldan Diana Cordero y María Pérez, de la agrupación Kaos en la Red, así como Aníbal Garzón, de Hispan TV.
En su escrito dirigido a Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, con sede en Washington, le plantean emitir “de manera inmediata el informe de admisibilidad y fondo a este caso paradigmático”.
En el escrito plantean que Ayutla, donde se encuentra la comunidad de El Charco, es uno de los 10 municipios con mayor pobreza y marginación social de los 81 que integran el estado de Guerrero. Recuerdan que allí, en 1998, la mayor parte de estas comunidades indígenas carecía de los servicios básicos como luz eléctrica, agua potable y teléfono. “Ángel Aguirre era el gobernador interino del Estado de Guerrero, sustituto de Rubén Figueroa Alcocer, quien solicito licencia como consecuencia de la Masacre de Aguas Blancas”.
Destacan que por eso el 6 y 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco se había convocado a las autoridades tradicionales na savi a la asamblea regional en la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez, para tratar los temas de proyectos productivos y una propuesta de alfabetización en las comunidades. “Se pretendía convertir la región na saavi, en una región autónoma de facto. El día 6 de junio de 1998, asistieron a esta asamblea representantes de 30 comunidades, todas pertenecientes a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, la asistencia fue de aproximadamente 150 autoridades indígenas, dos estudiantes de la Universidad Autónoma de México: Ericka Zamora Pardo y Ricardo Zavala Tapia y el activista social Efrén Cortés Chávez.
Pero denuncian que la madrugada del domingo 7 de junio de 1998, efectivos del Ejército Mexicano rodearon la escuela, al frente del operativo se encontraba el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, comandante de la 27 Zona Militar, “quienes dispararon a pesar de la rendición y súplica de los desarmados indígenas, quienes salieron con las manos en alto y gritando que estaban desarmados, que no dispararan”.
El escrito detalla que el saldo fue 11 personas ejecutadas extrajudicialmente, siete personas fueron heridas, 23 detenidos que fueron obligados a rendir su declaración ante el Ministerio Público Militar, entre ellos cuatro menores de edad, dos de ellos sin saber leer ni escribir y sólo hablando el na savi, y dos más que apenas entendían el español y apenas si leían y escribían. “Subrayamos que el Ejército mexicano no sufrió daños, mientras una de las personas ejecutadas, Ricardo Zavala Tapia, de 24 años, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, su cuerpo tenía 10 heridas, el rostro deshecho, por una herida provocada por proyectil de arma de fuego a corta distancia; Ericka Zamora Pardo, quién ha señalado, tanto en sus declaraciones en juzgado como en los medios, al general Oropeza Garnica como el responsable de sus torturas”.
Destacan que en su momento varias organizaciones internacionales se manifestaron porque se investigara esta masacre, “incluso la Relatora Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas, Asma Jahangir, se manifestó por una investigación de los hechos”. Pero denuncian que a 16 años de estas ejecuciones extrajudiciales realizadas por integrantes del Ejército mexicano, y a cuatro años de que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ingresó la solicitud de admisibilidad de este caso a la CIDH, no han tenido respuesta.
Exigen ONG y grupos sociales quese aclare la masacre en El Charco
Organizaciones sociales y organismos no gubernamentales de derechos humanos exigieron ayer el esclarecimiento de la masacre de indígenas ocurrido hace seis años en la comunidad de El Charco, del municipio de Ayutla.
En una breve ceremonia, este domingo en Chilpancingo, las organizaciones que pertenecen al Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero (FODEG), los dirigentes, entre ellos Pedro Nava Rodríguez, lamentaron que hasta ahora no haya avance de las investigaciones ni del gobierno federal ni estatal
Y es que ayer en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac de esta capital, los dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero se manifestaron por el esclarecimiento de estos hechos que dejaron como resultados 11 indígenas muertos por parte de miembros del Ejército Mexicano.
Nava Rodríguez informó que por ello este lunes integrantes de diferentes organizaciones sociales se manifestarán en la localidad de El Charco, municipio de Ayutla, para exigir que continúen las investigaciones del caso y se deslinden responsabilidades, así como el castigo a los responsables del múltiple homicidio.
Nava Rodríguez lamentó que a seis años de los hechos aún no se aplique la ley a los responsables, “que yo sepa no hay detenidos, no hay responsables de estos hechos, mientras que los familiares y los dirigentes de organizaciones sociales siguen exigiendo justicia”, dijo.