Balean sicarios a cuatro reporteros que venían de cubrir un hecho de violencia en Chilpancingo

El auto en el que viajaban los cuatro reporteros atacados a balazos ayer en Chilpancingo Foto: El Sur

En la imagen de la izquierda reporteros de diversos medios de comunicación afuera del área de urgencias del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo a donde fueron traslados tres periodistas heridos a balazos. A la derecha la sección 33 del SNRP se manifiesta en Altamirano para repudiar la agresión a los comunicadores de la capital Fotos: Jesús Eduardo Guerrero e Israel Flores

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Cuatro reporteros capitalinos fueron atacados a balazos después de cubrir un hecho de violencia ayer al mediodía por motociclistas que les dispararon a quemarropa, dejando heridos de gravedad a Víctor Mateo del Diario de Guerrero y colaborador de la agencia Quadratín y a Jesús de la Cruz Nava, del medio digital Reporte Guerrero y con un rozón a Oscar Guerrero, del portal Primer Plano e hijo del corresponsal de Reforma Jesús Guerrero Salgado, quedando ileso Héctor Camacho del semanario Interacción.
Los reporteros fueron atacados afuera del Sexto Batallón de Ingenieros del Ejército mexicano, en la colonia Ayala, cuando hicieron una parada para mandar sus fotos y textos a sus medios luego de cubrir el asesinato de un chofer de Urvan en la colonia Las Palmas.
A ese lugar llegaron dos hombres en una motocicleta y dispararon a mansalva contra los comunicadores. El conductor Víctor Mateo recibió un disparo en el rostro y en el pecho, el copiloto Oscar Guerrero un rozón en el brazo izquierdo y el acompañante de atrás Jesús de la Cruz dos disparos cerca de los hombros.
Los reporteros corrieron a las instalaciones del Batallón donde fueron atendido por elementos de la Guardia Nacional (GN), que con su ambulancia los trasladaron al hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo.
El ataque se da luego de constantes amenazas en redes sociales contra la labor de los reporteros que cubren hechos de violencia vinculada con el crimen organizado y sus derivaciones polícicas en vísperas de la selección de candidatos para las elecciones de 2024.
Hasta las 10 de la noche Víctor Mateo y Jesús de la Cruz se reportaron como estables y el hospital donde se encuentran esta bajo vigilancia de la GN.

Es un ataque directo al gremio, señalan reporteros

Por la noche reporteros de varias organizaciones exigieron durante una conferencia de prensa en la página de Facebook del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de criminalizar a los reporteros y medios de comunicación porque con eso da pauta a las agresiones que reciben.
En el escrito leído responsabilizan “a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por el atentado ocurrido contra lo que consideramos es un ataque directo al gremio periodístico”.
“Al presidente Andrés Manuel López Obrador, le exigimos que termine con su discurso de odio y descrédito hacia la labor de los reporteros y los medios de información, ya que esto implica ponernos en un estado grave de vulnerabilidad y criminalización, en el que cualquier persona cree que atacar a un periodista es solidarizarse con el gobierno que él encabeza”, reclamaron en el texto respaldo por al menos 50 reporteros y organizaciones.
A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le pidieron “asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública y otorgar las garantías necesarias y suficientes a los que se encargan de relatar diariamente la realidad que se vive en el estado; porque su indolencia y menosprecio al trabajo de los medios también constituye un agravio a la sociedad que exige estar informada, como es su derecho constitucional y una obligación gubernamental”.
Y a los grupos del crimen organizado les recalcaron que “no somos sus enemigos y pedimos que dejen fuera al gremio periodístico de sus diferencias con el Estado, porque sólo nos limitamos a ejercer nuestra actividad de informar a la sociedad”.
Finalmente anunciaron una movilización para hoy a las 10 de la mañana para exigir la investigación del ataque y pedir a los tres niveles de gobierno garantías para ejercer el derecho de informar.

Se solidarizan el gremio de Tierra Caliente y la OCSS

Integrantes de la sección 33 del SNRP con sede en Tierra Caliente, se manifestaron este martes por la noche en la glorieta de Ciudad Altamirano para expresar su apoyo a los reporteros agredidos en Chilpancingo y exigir garantías de seguridad.
En la concentración con cartulinas de repudio a la agresión, el dirigente del SNRP, Jesús Benítez, leyó un pronunciamiento en en que se exige que los gobiernos federal y estatal, así como los diferentes ayuntamientos, hagan su trabajo y den garantías de seguridad a la labor periodística.

Expresó que se vive en Guerrero un Estado fallido, pues los gobernantes no garantizan la seguridad de todos ni tampoco la libertad de expresión .
“Brindamos todos nuestro apoyo y respaldo a cada uno de los reporteros que fueron heridos a balazos, pedimos que las autoridades les brinden todo el respaldo y seguridad a ellos y a sus familias, y repudiamos los hechos de violencia y la agresión que sufrieron en cumplimiento de su trabajo”, expresó.
En tanto, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se solidarizó con el gremio y con los reporteros atacados en Chilpancingo y exigió al gobierno que resguarde su integridad así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que atienda este hecho.
En un comunicado la OCSS señaló que este ambiente de violencia y agresión directa a periodistas “que cubren y difunden día a día los actos criminales que inundan nuestros pueblos es generado por el contubernio entre grupos criminales y gobierno, quienes permiten, promueven y forman parte de la perpetuación de la guerra contra la población”.
Ya investiga, dice la Fiscalía del estado

La Fiscalía General del Estado informó que, “a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos investiga la agresión a los cuatro periodistas.
Agrega que inició de oficio la carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, en contra de quién o quienes resulten responsables.
También afirmó que por instrucciones de la Fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el Fiscal Especializado en Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas “acudió al Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo para realizar las primeras investigaciones, brindar atención jurídica y acompañamiento a las víctimas y familiares”.
Dice que se puso en marcha un operativo donde participan autoridades federales y estatales como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agentes Ministeriales, Policía Estatal y Municipal.

 

Marcha el SNTE en la capital; piden pago de prestaciones y atención por daños de Otis

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Cerca de mil trabajadores de afiliados a la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), marcharon de sus oficinas, en el sur de la ciudad, a la sede del recinto del poder ejecutivo estatal, para entregar un pliego de demandas de las que no han tenido respuesta, dijo el secretario general, Silvano Palacios Salgado.
En el mitin frente al Palacio de gobierno, antes de pasar con una comisión a una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda poner orden en la dependencia del sector.
Aclaró que el movmiento que comenzó ayer es resultado de la falta de respuesta de las autoridades, y adelantó que se estarán movilizando cada vez que sea necesario si los trabajadores así lo deciden.
El SNTE ha sido un sindicato institucional que casi nunca realiza acciones de protesta, a diferencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) la expresión disidente. La organización nacional se pronunció en apoyo a la aspirante presidenta de Morena, Claudia Sheimbaum.
El dirigente estatal declaró que no estaban ahí por las implicaciones politicos, sino para exigir respuestas.
Además del pago de prestaciones, exigieron que no haya hostigamiento laboral a los trabajadores damnificados por el huracán Otis, a quienes la SEG urge regresar a clases; reparación de las escuelas en los municipios afectados por el huracán, el pago del bono decembrino a jubilados, y el pago de marcha a deudos de trababajadores que fallecieron durante la pandemia del Covid-19.
Asimismo, demandaron el  pago del seguro institucional, la aportación adicional de 2 por ciento del sueldo base en el SAR-ISSSTE  y el ahorro solidario, la revisión y pago de incidencias de la medida adicional que anunció el gobierno federal, la revisión de la retabulación salarial, la incorporación de 3 mil 500 afiliados al FONE del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), el pago del bono decembrino al nivel medio superior y superior (tecnológicos) y a trabajadores homologados, el cumplimiento, transparencia en los procesos de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Uesicamm), entre otras.
Contigentes de las regiones comenzaron a llegar a la sede del sindicato a alrededor de las 9 de la mañana, y a las 10 salieron marchando hacia el norte por el encausamiento Huacapa.
Mientras un grupo continuó avanzando en esa ruta para prepara el mitin frenta el ex Palacio de gobierno, el grueso de la manifestación, encabezados por el dirigente estatal y el representante del CEN, Luis Enrique Morales Acosta, tomaron la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero, antes de volver al encausamiento Huacapa rumbo a la sede del poder Legislativo.
Con consignas demandaron la instalación de una mesa de trabajo permanente para dar resolución a diversas demandas de orden laboral, salarial, profesional y prestacional, para activos y jubilados.
En entrevista colectiva, Palacio Salgado denunció “no hemos tenido respuesta a nuestras demandas justas, no con caprichos de nadie”. En cuanto a la cercanía del SNTE con Morena, aclaró que el compromiso de la organización es con los trabajadores, “y de no haber respuesta, seguiremos manifestándonos posteriormente”.
Adelantó que esperaban instalar ayer mismo una mesa de trabajo con carácter resolutivo
A mediodía, una comisión sindical entró al Palacio de gobierno, y se tuvo información de que fueron atendidos por el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, y titulares de la Subsecretarias de Administración y Finanzas, Educación Básica, de la dirección Juridica, de Educación Preescolar, Primaria y Especial.

El ISSSTE aclara que no paga bono a jubilados

Con un comunicado fechado en la ciudad de México, el ISSSTE declaró ayer que es falso que vaya a entregar un bono anual a jubilados y pensionados, como se señala en medios de comunucación.
Llamó a los derechohabientes a evitar caer en noticias falsas y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, donde se difunden las actualizaciones relativas a prestaciones.
Ayer, la Sección 14 incluyó en su pliego de demanas la aportación adicional en el SAR-ISSSTE de 2 por ciento.
El ISSSTE también informó que el 15 de noviembre se pagó la primera parte del aguinaldo para jubilados y pensionados, y el 30 noviembre se depositará la pensión mensual correspondiente a diciembre para un millón 312 mil 775 jubilados y de pensionados.
De igual manera, indicó que el 2 de enero de 2024 se cubrirá la segunda parte del aguinaldo, así como la pensión mensual de enero.

 

Padres acusan del desvío de recursos al director del Emsad de Cacahuatepec; piden su salida

Padres de familia del centro de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) 84, ubicado en San Pedro Cacahuatepec, exigen a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la destitución del director, Miguel Ángel Leyva Nava, a quien acusan de hostigamiento.
Los padres y alumnos protestaron en el plantel, para denunciar el supuesto desvío de recursos del director, quien es protegido por la diputada federal de Morena, Rosario Merlín.
Los quejosos piden la intervención de las autoridades educativas para resolver los varios problemas que hay en la escuela de nivel medio superior.
En una gran lona, los manifestantes acusan que el director en dos años no ha convocado a los padres a una reunión, para informar sobre los recursos de la escuela, que ingresan a través de las cuotas voluntarias cada semestre.
Acusaron que quitó 800 pesos de las becas de los alumnos para la construcción de unos baños, pero no entregó cuentas de cuánto se gastó. Además, no va a la escuela para cumplir con su horario de trabajo.
Dijeron que utiliza a los alumnos para obtener dinero de los programas de gobierno. También se le acusa de abuso de autoridad con alumnos y padres; así como de cobros excesivos para constancias y certificados. (Karina Contreras).

Exigen liberar a ex comisarios de Petaquillas detenidos por presunta retención de militares

Familiares de Paula Calderón y Lenin Locia, detenidos acusados de secuestrar a 40 militares y policías estatales, en conferencia de prensa. De izquiera a derecha, de la tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Fernando Vázquez Maldonado y Wblester Montaño; el padre y la hija de Paula Calderón, Belester Herrera y Ariadna Bernal y los padres de Lenin Locia, María Victoria Reyes y Ángel Locia Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los ex comisarios de Petaquillas, Paula Calderón Herrera y Lenin Locia Reyes, fueron detenidos el viernes pasado por el delito de privación de la libertad y secuestro agravado, derivado de la retención de militares y policías estatales en esa población el 7 de junio del 2022.
Este lunes, familiares de los detenidos exigieron en una conferencia de prensa su libertad. Aseguraron que son inocentes, que no participaron en los hechos y sólo se sumaron al final de la protesta de los pobladores y a la mesa de diálogo para firmar la minuta de acuerdos para la liberación de los retenidos porque era su deber como autoridades electas de la localidad.
Estuvieron en la conferencia de prensa el tío y padre adoptivo de Paula Calderón Herrera, Belester Herrera Rojas, y la hija de la detenida, Ariadna Pilar Bernal Calderón, así como el padre del también detenido Lenin Locia Reyes, Ángel Locia Hidalgo y su madre María Victoria Reyes de la Cruz.
Los familiares fueron acompañados por los abogados de la tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), Fernando Vázquez Maldonado y Wblester Montaño Buitrón, quienes les darán acompañamiento en el proceso judicial, según explicaron al final de la conferencia.
El 7 de junio del año pasado, soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Estatales entraron a Petaquillas y detuvieron a una persona, pero pobladores les impidieron la salida para presionar la liberación de su vecino.
Argumentaron que los militares realizaron algunos disparos por el rumbo del segundo panteón y la telesecundaria del pueblo, “no importándoles que hubiera gente adulta, adolescentes y niños”, explicaron ayer en un escrito los familiares de los detenidos.
Agregaron que al oír los disparos la “guardia civil” se desplazó hacia allá “y alguien” tocó las campanas de la iglesia y se pidió a los vecinos que se concentraron que se trasladaran al panteón nuevo donde exigieron la libertad de su vecino.
“Pero ante la terquedad de los militares la gente reaccionó cerrándoles el paso”.
En su escrito aseguraron que tanto Paula Calderón como Lenin Locia “no participaron en la obstrucción del paso”, que es de lo que los están acusando, porque estaban en sus respectivos centros

de trabajo, “y se puede comprobar con documentos, libro de firmas y reloj checador”.
Paula Calderón –contó entre sollozos su padre adoptivo, Belester Herrera– es madre soltera y jefa de familia. Trabaja en el Congreso local desde hace 24 años “y de su buena conducta y desempeño laboral pueden dar fe los diputados de la actual y de las anteriores legislatura”.
“Ha sido una luchadora social y presidenta de una asociación civil formada con el único propósito de hacerle llegar a la población productos a bajo costo como pollitas ponedoras, herramientas, tinacos y cemento”, aseguró y agregó que es afromexicana, nacida en Juchitán, Guerrero.
En tanto que el padre de Lenin, Ángel Locia Hidalgo, contó que es biólogo de profesión “amante de la cultura de Petaquillas”, y es coautor del libro Miradas al pasado.
“Es un amante de la naturaleza, de la danza folklórica y participa en eventos culturales, religiosos, deportivos y de entretenimiento”.
En el escrito entregado a los medios de comunicación explicaron que ambos se incorporaron como “testigos” de los hechos después de las 4 de la tarde “por la responsabilidad que tenían como comisarios electos” pero que su único propósito fue “calmar los ánimos” de la gente, llegar a un acuerdo con las autoridades y firmar la minuta de acuerdos”.
Se explica en el documento que el día de los hechos aún no habían tomado protesta, y que ocho días después del conflicto la planilla completa, cuatro comisarios, el titular, dos vocales y el suplente presentaron su renuncia en una asamblea porque consideraron que no había condiciones para seguir al frente.
A más de un año, Lenin Locia Reyes y Paula Calderón Herrera, fueron detenidos el viernes pasado, según sus familiares, por policías federales. Lenin fue detenido a las nueve de la mañana en su centro de trabajo, en tanto que Paula en el bulevar Petaquillas-Chilpancingo en uno de los retenes de la Guardia Nacional, militares y policías estatales cuando se dirigía a su centro de trabajo.
“Es ilógico, irracional, una estupidez, que solamente en una cabeza de poco cerebro y razonamiento estrecho puede caber que una mujer de mínima estatura, y un integrante del grupo LGBTI, hayan secuestrado a cierto número de militares armados hasta los dientes”, cuestionaron en su escrito.
Informaron que después de que fueron detenidos el viernes los trasladaron a las instalaciones de Ciudad Judicial de Chilpancingo, pero por la noche los trasladaron al penal de la Unión, supuestamente por el riesgo que implica la delincuencia organizada.
Contaron que desde allá los estarán trasladando a Chilpancingo cuando se realicen las audiencias del juicio oral.
Los familiares de los dos detenidos pidieron la intervención de la gobernadora Evelin Salgado Pineda para que sean liberados, pues insistieron que es injusta su detención y que son inocentes.

Piden periodistas de la zona Norte y Tierra Caliente seguridad para su labor

Reporteros de diversos municipios de Tierra Caliente se manifestaron afuera de la Fiscalía Regional en Coyuca de Catalán para exigir mayores garantías en su labor Foto: El Sur

Alejandro Guerrero e Israel Flores

Iguala/ Ciudad Altamirano

En el acto conmemorativo por el Día de la Libertad de Expresión, reporteros de Iguala y Tierra Caliente exigieron a los tres órdenes de gobierno garantías de seguridad para ejercer el periodismo, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que reactive la oficina del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas para que atienda las necesidades del gremio.
En Iguala, las 9 de la mañana colocaron una ofrenda de flores y realizaron un mitin en el monumento a los Héroes ubicado en el crucero del Periférico Oriente y la lateral de la carretera federal México-Acapulco, acto en el que hubo resguardo de efectivos de la Policía Estatal, a solicitud de la delegación 30 del Sindicato Nacional de Redactoras de la Prensa (SNRP), luego del reciente homicidio del locutor de radio y cronista de jaripeos, Pablo Salgado y por amenazas que antes ya han recibido algunos reporteros de este municipio.
La secretaria general de la delegación 30 del SNRP, Hilda Avilés Camarena exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantías para ejercer un libre periodismo en el país, “porque nuestro único delito es mantener informada a toda la ciudadanía”.
En tanto que a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, le solicitó “enérgicamente” la reactivación de la oficina regional del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas con sede en esta ciudad, ya que actualmente no cuenta con los servicios básicos para atender a los compañeros que los requieren.
Indicó que los gobiernos están obligados a proteger el derecho de la libertad de expresión, así como el de buscar, recibir y difundir información de todo tipo.
Lamentó que en nuestro país se siguen dando agresiones y asesinatos contra periodistas, tarea que los tres órdenes de gobierno deben de poner especial atención. “México debe seguir siendo un país de libertades, en el que la crítica, los cuestionamientos y la investigación que conllevan al ejercicio de la libre expresión, sigan siendo necesarios, como uno de los pilares de la democracia”.
Demandó que no haya más atentados contra periodistas, y dijo que en lo que va del año han ocurrido más de cinco asesinatos en contra de periodistas de diferentes medios de comunicación, “sin que las autoridades encargadas de justicia hayan dado a conocer el avance de las investigaciones por estos hechos”.
Pidió un minuto de aplausos para los periodistas que han fallecido o que han sido asesinados en el cumplimiento de su labor.
En su intervención, la periodista Virginia Barrios se sumó a la exigencia de garantías de seguridad para todos los periodistas y la población en general por los momentos tan difíciles de violencia que se viven en el país, el estado y el municipio, “los tres órdenes de gobierno deben coordinarse para salvaguardar la integridad física y patrimonial de todos los mexicanos”, sentenció.

En Tierra Caliente, recuerdan a Cecilio Pineda

Unos 20 reporteros de municipios de Tierra Caliente, pertenecientes a la sección 33 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), se manifestaron con pancartas afuera de la Fiscalía Regional con sede en Coyuca de Catalán para exigir garantías para su labor, en el Día de la Libertad de Expresión.
El líder de la sección 33, Jesús Benítez Jiménez, dijo que en Guerrero ha sido complicado ejercer el periodismo. “En Tierra Caliente también vivimos condiciones de riesgo para el ejercicio periodístico, recientemente tuvimos un caso con la visita de la gobernadora, donde su personal de seguridad agredió a los reporteros, por eso queremos hacer un llamado a la gobernadora para que atienda estos casos y se respete el ejercicio periodístico y la libertad de expresión”.
Dijo que “Tierra Caliente necesita más garantías para ejercer el periodismo, más respeto de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
El grupo no ingresó a la Fiscalía, sin embargo, el edificio ya era resguardado por seis policías ministeriales con armas largas en la entrada donde se encuentran las oficinas de los ministerios públicos.
La manifestación comenzó a las 10 de la mañana y se mantuvo el plantón por una hora en la entrada de la Fiscalía, sin obstruir las actividades. Mientras se realizaba la manifestación arribaron dos patrullas de la policía estatal. También hizo recorrido el Ejército, además de los elementos de la Fiscalía que ya se mantenían en la entrada del edificio, donde están las oficinas.
El dirigente regional del SNRP, dijo que se hará entrega de un pronunciamiento ante la oficina de defensa de los derechos humanos y expresó el sentir de los reporteros en Tierra Caliente.
Se recordó también a Cecilio Pineda, el periodista asesinado en el 2017, caso del cual a la fecha no se ha tenido algún informe de resultados.
En el grupo también participó el reportero Jesús Pintor Alegre, quien fue levantado en diciembre del 2022 y apareció con golpes semanas después.

 

Promotores de nuevos municipios exigen al Congreso instalar los gobiernos instituyentes

Los promotores de los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, José Feliciano Molina, Felipe de la Cruz y Jaime Viviano hablan con los reporteros afuera de las instalaciones del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de los cuatro municipios de nueva creación protestaron en el Congreso local porque se acerca el vencimiento de la prórroga de 120 días que se estableció por el Congreso para la designación de los gobiernos instituyentes, y ahora se habla de una posible consulta para atender un amparo en proceso de resolución.
Del nuevo municipio afromexicano de San Nicolás, el promotor Felipe de la Cruz subrayó que los municipios creados hace un año con ocho meses, están llegando al límite de la tolerancia, porque a principios de abril termina el segundo plazo fijado para designar autoridades municipales, no hay avances y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, no ha respondido a dos solicitudes de audiencia.
Piden que los integrantes de la Jucopo les informen qué pasa con este proceso, porque el diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, declaró que podría caerse el decreto de creación de los nuevos municipios.
Explicó que, se enteraron hace casi dos años que los comisarios de las comunidades El Tamale, Punta Maldonado y El Faro, de San Nicolás, y de otros municipios, impugnaron el decreto de creación. Ahora, el Congreso argumenta que esa es la razón por la que se ha frenado la designación de los gobiernos instituyentes.
“Como parte afectada, exigimos que nos informen de estas demandas, porque es nuestro derecho también”.
Aseguró que los pueblos no tienen asignación de obras ni presupuestos, “porque los alcaldes de los municipios de los que se desprendieron se deslindan de nuestros pueblos”.
Del acuerdo aprobado por diputados para que los ayuntamientos de origen no excluyan de servicios y de obras a las comunidades de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, mientras se designan los ayuntamientos instituyentes, “ahí queda nada más, son dos años de los pueblos en la misma exigencia a las presidencias municipales, y no hay respuesta a los comisarios”.
Subrayó que los cuatro municipios han atendido todos los acuerdos y lineamientos aprobados por el Congreso para terminar la constitución de los ayuntamientos creados.
Incluso, hubo consultas de las comunidades, “que ahora argumentan que no fueron tales, sino que fueron encuestadas, pero salió del Congreso, no la inventamos nosotros, queremos que nos respeten la decisión que hemos tomado como pueblos originarios”.
Aclaró que siempre han privilegiado la línea del diálogo, “(pero) que no los obliguen a tomar otras medidas que no ayudan mucho al estado, en las condiciones en que está. Únicamente que nos informen, nos notifiquen de la responsable del retraso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Recordó que cuando la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación planteó la prórroga de 120 días para designar a los cabildos instituyentes, aceptaron la condición porque les aseguraron que se haría mucho antes del cierre del plazo, que ahora está a dos semanas de terminar.
“Van a violentar la Ley que aprobó el (mismo) Congreso, para los nuevos ayuntamientos, en el sentido de que antes de las elecciones constitucionales, los gobiernos instituyentes deben estar en funciones tres años como máximo, y uno mínimo”.
El promotor del Comité promotor de Las Vigas, Jaime Bibiano Pano, insistió en que a la brevedad instalen los gobiernos institucionales en cada uno de los nuevos municipios.
Aclaró que en Las Vigas no hay ciudadanos inconformes con la creación del municipio. Recriminó que la presidenta de la Jucopo nunca los ha recibido. Los ha atendido la presidenta de la Comisión, Alicia Zamora
El presidente del Comité de Santa Cruz del Rincón, Francisco Rodríguez Flores, aclaró que los pueblos están cansados de que el Congreso no cumpla sus acuerdos. Primero les dijeron que el primero de enero tomarían protesta los cabildos instituyentes, luego aprobaron la prórroga de 120 días que están por acabar. En tanto, las comunidades atendieron todos los requisitos administrativos que les requirieron.
Denunció que no hay falta de voluntad de los diputados para realizar los nombramientos.
Advirtió que los pueblos originarios tienen sus formas de organización para seguir exigiendo, y los diputados serán responsables de las acciones que realicen “para que la voluntad del pueblo se haga justicia”.
Sobre la equidad de género, los tres promoventes aseguraron que se respetaron las propuestas de mujeres en 50 por ciento, de acuerdo a la organización y el aval de las comunidades, “al pie de la letra de los puntos que señaló el Congreso”.
La manifestación comenzó a las 11 de la mañana. Luego se integran los promotores del municipio Ñuu Savi y se reunieron funcionarios de la Jucopo, del área Jurídica y de Servicios Parlamentarios.
Felipe dela Cruz indicó que ahí les informaron que el juzgado séptimo de Acapulco está por resolver el juicio de amparo contra el decreto de creación de los cuatro municipios. Les aseguraron que la designación del cabildo instituyente sí está avanzando, sólo esperan que la resolución del juez federal para atender también la decisión judicial.

 

Exigen la libertad de presos políticos de la OCSS; apoya AMLO su excarcelación, dicen

Los dirigentes de la APPG, Nicolás Chávez Adame, y de la OCSS, Norma Msesino, durante el mitin que encabezaron ayer afuera de Ciudad Judicial en la capital del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las dirigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), exigieron en un mitin fuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, la libertad de cuatro presos políticos sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Estuvieron, además, familiares de los presos, miembros de la OCSS y sobrevientes de la masacre de Aguas Blancas, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Antonio Barragán Carrasco.
Los dirigentes de las dos organizaciones, Norma Mesino y Nicolás Chávez Adame, denunciaron que a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dio su anuencia para liberarlos, son las las autoridades de Guerrero las que no tienen voluntad y están poniendo obstáculos para no liberarlos.
Después del mitin, los dirigentes se reunieron a puerta cerrada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vásquez, quien ofreció la revisión por separado de los expedientes.
Antes, Norma Mesino denunció que creen que quien está interviniendo para que los presos políticos sigan en la cárcel es el ex gobernador Rubén Figueroa, y denunció que los cuatro están en la cárcel por delitos prefabricados.
Explicó que en el caso de Jerónimo Hernández, preso en el penal de Acapulco, y quien ha estado en diferentes cárceles del país como en Durango. Chiapas y en el del Altiplano, Estado de México, ya cumple en diciembre próximo los 20 años de la condena que le formularon en un proceso viciado, pues denunció que nunca conoció a su acusador.
Denunció que actualmente está amenazado de muerte al interior del penal y responsabilizó a los gobiernos federal y del estado de su integridad física.
“Si hubiera disposición de los gobiernos federal y estatal ya debiera estar en libertad”, reprochó.
Con respecto a Orlando Ávila Mesino, expresó que a pesar de que todas las pruebas resultaron a su favor, fue torturado y acusado por el delito de homicidio en agravio de un comerciante de Coyuca de Benítez.
Mesino explicó que el abogado Hegel Mariano, quien lleva el caso de Orlando y el de Jerónimo, demostró legalmente que están “muy viciados”, y demostró su inocencia mediante varias pruebas.
Recordó que el abogado metió un incidente de libertad y el 11 de noviembre se emitirá una resolución, “pero pedimos su libertad porque todas las pruebas salieron a favor de él, no tiene ningún delito para que siga preso”.
En cuanto a Gilberto Aguirre y Antonio Barragán, detenidos en el 2001 por el delito de secuestro, denunció que igual fueron torturados “de manera cruel”, para que se declararan culpables del secuestro y asesinato de Paola Gallo, una joven del estado de Morelos.
“Ninguna prueba ha criminalizado a los compañeros, pero por la intervención del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fueron torturados y cada uno de ellos cuentan con una carpeta maestra en la que se prueba la tortura”.
Informó que en una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le entregó los expedientes de los cuatro presos, porque creyeron que la gobernadora tiene una deuda histórica con la masacre del vado de Aguas Blancas.
Recordó que después de tres veces de que periodistas cuestionaron al presidente de la Repúblicas Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, el Comité de Amnistía y Pre liberación retomó y puso los casos de los cuatro presos de la OCSS en la agenda de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy queremos que se revisen de verdad los casos de cada uno de ellos, que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (del gobierno del estado) Anacleta López Vega nos reciba y revise los expedientes de los cuatro presos”.
Recordó que cuando se reunieron con la gobernadora, ella instruyó al anterior subsecretario Carlos Villalpando Milian, pero después renunció y ahora la actual subsecretaria no ha querido retomar el asunto.
Se quejó que de parte del gobierno del estado no se ve voluntad y no está en la agenda del gobierno del estado el problema de los presos políticos.
Advirtió que las organizaciones van a intensificar las acciones para exigir su libertad, “y vamos a instalarnos en plantón, si es necesario en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y vamos a hacer lo que sea necesario para que los compañeros sean liberados”.
Por su parte Nicolás Chávez Adame, dijo que solamente faltan algunos recovecos jurídicos por parte de las autoridades locales para darle trámite a la libertad de los cuatro presos.
Consultados después de la reunión con el presidente del TSJ Casarrubias Vásquez, que fue después de las 2 de la tarde, Mesino Mesino y Chávez Adame, informaron que el magistrado se comprometió a instalar una mesa de diálogo para revisar por separado cada uno de los casos.
Mesino celebró que por lo menos ya se haya abierto el dialogo con las autoridades locales para ir avanzando en la revisión de cada uno de los cuatro presos políticos.
La dirigente de la OCSS, dijo que creen que quien está interviniendo para que no salgan libres es el ex gobernador Rubén Figueroa puesto que fue el que resultó perjudicado políticamente después de la masacre del vado de Aguas Blancas y actúa por venganza política.

 

Exigen a la alcaldesa de Hueycantenango cesar a su hermano del cargo de jefe de la policía


Autoridades comunitarias pidieron a la presidenta municipal de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Angelina García Merino, postulada por el PRD, destituir a su hermano como jefe de Seguridad Pública municipal y que se deje de tirar basura en una comunidad por dañar al medio ambiente y la salud de los vecinos.
Ayer, comisarios, coordinadores, delegados y representantes de comunidades de José Joaquín de Herrera entregaron un escrito a la presidencia municipal y dirigido al cabildo, en el que enumeran una serie de demandas que piden sean atendidas o de lo contrario, advierten, harán un plantón.
Integrantes del movimiento informaron que el lunes pasado realizaron una marcha al edificio del Ayuntamiento, donde sólo había policías preventivos, por lo que no fueron atendidos por ninguna autoridad.
El profesor Crescencio Ramírez Rodríguez estimó que son unas 50 localidades las que solicitan atención del cabildo y que se pueden movilizar.
En el documento se pide la reducción del 30 por ciento de los salarios de la alcaldesa, del síndico procurador y de los regidores; además de la disminución del 20 por ciento del de los asesores, Ignacio Isaías Kennedy y Vicencia García Rojas, por “incumplimiento de sus funciones”.
Las autoridades comunitarias consideran que con la disminución se ahorrarían más de 96 mil pesos mensuales que servirían para destinarlos a obras en las comunidades, así como para atender accidentes y enfermedades en las comunidades que viven en extrema pobreza.
También solicitan de manera urgente la asignación de un depósito de basura por las inconformidades de los pobladores de las comunidades de Zintiotitlán, Tequixca y Zacaixtlahuacan, por los daños que provoca al medio ambiente y a los vecinos.
Según el escrito, en una reunión celebrada el pasado 9 de octubre entre la presidenta municipal y los representantes de las tres comunidades se convino que la basura, sobre todo de la cabecera, se continuara tirando en un terreno que pertenece a Zintiotitlán.
En otro punto indican que el director de Seguridad Pública del municipio, Gregorio García Merino, no cuenta con todos los requisitos para ese cargo, principalmente por ser familiar directo de la alcaldesa.
“Tampoco permite que los elementos municipales manifiesten sus inconformidades porque han sido amenazados en despedirlos, diciéndoles que no han sido evaluados cuando el mismo Gregorio García no ha aprobado su evaluación”, señalan.
En el texto además se pide revisar la reubicación de las comunidades de Axoluapa y Ajacayan Oriente por estar en zonas de alto riesgo; la asignación de obras a las comunidades que no han sido beneficiadas; el rastreo y rehabilitación de caminos, no politizar los programas y apoyos sociales y que cada dos meses se realice una sesión de cabildo abierta a la ciudadanía y autoridades comunitarias.

Exigen perredistas la expulsión del diputado que se alió con el PRI en el caso Ayotzinapa

Militantes del PRD y fundadores de ese partido en Guerrero exigieron la destitución y expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri, por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para bloquear las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Rafael Aréstegui Ruiz dijo que “no le podemos pedir al Estado que se investigue a sí mismo cuando hay pruebas de participación del fuerzas gubernamentales, del Ejército, de las policías federales, policías municipales y fuerzas políticas, no se puede dar carpetazo, es un crimen de Estado”.
El diputado del PRD, Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala, para ya no dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En conferencia de prensa en el restaurante Woolworth, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, lamentó la posición del diputado del PRD de “darle carpetazo” a la investigación de qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Expuso que es una situación que no puede aceptarse por parte del PRD, “no es una posición de partido y exigimos al comité nacional una explicación y expulsión del partido” del diputado.
“Los perredistas no podemos contar con este tipo de personajes que abandonan la lucha social y sobre todo las causas justas, porque este no es sólo un problema que agravia a los padres de los 43 desaparecidos, sino que agravia a la nación y a la comunidad internacional”, enfatizó.
Arellano Maldonado agregó que en la Jucopo también está el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, quien como diputado local se negó a procesar las denuncias en contra del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Aréstegui Ruiz puntualizó que el Estado no tiene autoridad moral ni ética para hacer alguna investigación, “esta actitud del coordinador es una posición de entrega, de subordinación a la política del PRI, que tiene interés de echarle tierra al asunto”.
Dijo que la postura del PRD debe ser la de investigar a fondo los hechos y castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Expuso que la característica de los crímenes de Estado es que nunca se sabe qué pasó, e insistió en que lo que ocurrió en Iguala tiene “características de un narcoestado”.
Por su parte, el ex perredista y ahora integrante de la organización Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, dijo que “la traición está muy de moda” y esa fue la actitud del diputado federal, “traicionan los movimientos sociales y políticos, a los padres al pueblo de México que ha estado luchando por la presentación con vida de los estudiantes, es una actitud de traición porque no ha habido ninguna investigación sería”.
“Exigimos que la investigación se siga dando, se quieren resultados de esta actitud criminal, los gobiernos tienen la obligación de darnos seguridad a todos los ciudadanos”, enfatizó.
El secretario de elecciones del comité municipal del PRD, Jesús Silva, exigió que desde la estructura nacional del partido se apliquen los estatutos, la separación del diputado de la comisión que tiene en la Jucopo, y “si fuera posible exigir la renuncia a la militancia del partido, porque contraviene los principios del mismo, demandamos se restituya el objetivo de darle seguimiento, como militantes del PRD la transparencia y seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Por su parte, Óscar Chávez Rendón dijo que no se puede permitir que se tape el caso Ayotzinapa.
Señaló que los diputados federales como Francisco Martínez están “acostumbrados a que se les beneficie monetariamente”, o que eso parece al actuar en contra de los principios del partido.
Pidió a la dirigencia nacional que no se asuman actitudes que lastiman al pueblo de México y que se enderecen las rutas.
En la conferencia también estuvo la secretaría de Derechos Humanos del comité estatal, Yenedith Barrientos, y Norberto Refugio Chamú.
Durante la conferencia, Eloy Cisneros denunció la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé y exigió su presentación con vida.
Recordó que salió de una reunión en las instalaciones del IMSS en Zihuatanejo el pasado jueves antes de la una de la tarde y desde entonces ya no se pudo localizar.
“No hay información de que algún grupo la tenga”, manifestó, y recordó que la doctora se distinguió en el pasado por la lucha social, “no sabemos aquí, como hay complicidades entre el Estado y las mafias, no sabemos la situación real de la compañera, demandamos la presentación inmediata, los gobiernos en sus distintos niveles tienen la obligación de darnos seguridad, que se aboquen a la investigación de este caso”.

Que Evodio decida si es alcalde o dirigente del PRD, exigen diputados y regidores del PRI

Diputados locales y regidores del PRI en Acapulco exigieron al alcalde Evodio Velázquez Aguirre que decida si será dirigente del PRD o presidente municipal, y que cumpla su obligación de dar seguridad y servicios públicos a la ciudad o renuncie.
Enfatizaron que el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, es un asunto de seguridad y no político como consideraron que lo está haciendo el alcalde Evodio Velázquez con las declaraciones hechas en la ciudad de México el pasado martes, en las que dijo que la coordinación contra la inseguridad es de “chismito”.
En conferencia en el salón El Faro en la Costera, los diputados locales del PRI y los regidores de ese partido en Acapulco coincidieron e insistieron en cada una de las intervenciones en la exigencia al alcalde Evodio Velázquez que decida si será presidente municipal, y de ser así contará con todo su apoyo, o si seguirá actuando como líder político del PRD, ante lo cual le solicitan que renuncie, dijo la diputada Flor Añorve.
La diputada Pilar Vadillo Ruiz expuso que la postura del alcalde en la conferencia de antier en la Ciudad de México no fue la postura de todos los alcaldes del PRD.
“Hay que decirlo, es Evodio Velázquez quien ha querido tomar por estandarte la visión, la opinión pública de los escenarios, los reflectores, cuando Acapulco, lo sabía desde que estaba en campaña porque es joven, pero sí le alcanza para entender la magnitud y la complejidad que significa gobernar Acapulco”, expresó.
Vadillo Ruiz se refirió a las declaraciones de Evodio Velázquez después de asistir al velorio de Soto Duarte, en las que dijo que “parece como si las estrategias no funcionan, había que decirle al presidente de la República y exhortarle al gobierno, que haga algo y que atraiga la PGR este suceso, este homicidio”.
Dijo que se vio como “con una desesperación, con el temor de un infante ante la situación que no puede resolver llamando a su papá” para que la federación actúe, y preguntó “qué ha hecho él por el municipio de Acapulco, dónde están sus estrategias” para combatir la delincuencia.
La diputada llamó al alcalde a no apostarle a la división desde la vocería “que se ha nombrado, quiero pensar”, y trabajar en conjunto, asumir la responsabilidad y gobernar sin distinción de partido, en referencia a lo dicho por Evodio Velázquez en la conferencia del martes.
La presidenta de la Comisión de Gobierno y coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso, Flor Añorve Ocampo, recordó que el martes los diputados del PRD pedían no politizar el asesinato de Soto Duarte, y eso contrastó con las declaraciones de Velázquez Aguirre en la ciudad de México ese mismo día.
“Solamente estamos exigiéndole al presidente que se ponga a trabajar, en él está la decisión de seguir, que trabaje, resuelva los problemas de agua, de inseguridad, obra pública, si es así contaraá con el apoyo de todos nosotros”, ofreció la diputada, y enfatizó que si continúa con las prácticas de actuar y ser vocero de su partido que se dedique a eso.
Agregó que lamentan el asesinato de Soto Duarte y “no queremos que se politice más”.
El diputado del PVEM, Eduardo Cuevas Ruiz, consideró que las declaraciones del alcalde “es protagonismo puro, hay que ponerse a trabajar y si no puede, insisto, que pida licencia y nosotros con todo gusto se la vamos a conceder”.
Exigió a Velázquez Aguirre que deje de echar culpas y que defina si es presidente municipal o dirigente de su partido.

“Cinismo” del alcalde

Por su parte, el diputado Samuel Resendiz Peñaloza expuso que de acuerdo con el artículo 115, fracción 3, inciso H de la Constitución, es responsabilidad de los municipios la seguridad, la policía preventiva y el tránsito.
“Sólo cuando los ineficientes ayuntamientos no pueden, tiene que entrar al quite el gobierno federal y el gobierno estatal, eso es lo que ocurre en el puerto de Acapulco ante la ineficiencia del presidente Evodio Velázquez, otros gobiernos han tenido que responderle a los acapulqueños”, dijo.
Consideró que es “cinismo” del alcalde hacer creer a la población que lo que ocurre en Acapulco es culpa del gobierno federal y estatal.
“Tenemos un presidente municipal que mientras en Acapulco asesinan dolosamente a seis personas él da, hace grilla en la Ciudad de México vestido de amarillo, en horas hábiles, ante los medios nacionales, porque prefiere ese protagonismo a darle la cara a los acapulqueños, exigimos que se defina y actúe como lo que es, el presidente municipal de todos los acapulqueños”, manifestó.
Es “una demanda y no una solicitud de que el joven renuncie porque sus hechos, acciones y palabras nos mandan un mensaje muy claro que se comporta como dirigente del partido de los amarillos”, indicó a su vez la diputada Rosaura Rodríguez.
El coordinador de la fracción de los regidores del PRI en Acapulco, Luis Miguel Terrazas Irra, lamentó el “trágico acontecimiento”, como calificó el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte.
Enfatizó que los regidores del PRI rechazan “todo sesgo” de desvirtuar la intención criminal del asesinato y se quiera ubicar el hecho como asunto de carácter político, por lo que dijo que es “cuestionable” que el alcalde Evodio Velázquez busque en medios culpables “en donde no los hay”, ante la inseguridad.
Cuando Acapulco, puntualizó Terrazas Irra, es calificada como la ciudad más violenta del país, por lo que llamó al alcalde a actuar con “prudencia y sensatez”.
Terrazas Irra puntualizó que el problema de la inseguridad atañe a todos y que el gobierno del estado no ha sido ajeno, por lo que ha coadyuvado para “lograr un Acapulco en paz”, defendiendo con ello al gobernador Héctor Astudillo Flores de los señalamientos que hicieron perredistas que exigieron su renuncia por no garantizar la seguridad de la población.
“Le hacemos, la fracción de regidores del PRI, un llamado enérgico (a Evodio Velázquez) para que asuma su responsabilidad, los acapulqueños demandamos resultados en seguridad y en servicios públicos, los acapulqueños queremos un presidente que trabaje por el municipio y no que sea un dirigente de partido, si no puede exigimos su renuncia”, sostuvo.
La regidora Brígida Rosa María Trani Torralva expuso que Evodio Velázquez olvidó que ya terminó la campaña y que el PRD gobernó los últimos diez años Guerrero, que “dejó un gobierno en ruinas y lo convirtió en uno de los estados más violentos de México”.
Recalcó que el presidente municipal anda distraído en otros temas y no presta atención a los problemas del municipio, como la falta de pago a la CFE por parte de la Capama, por el que le han suspendido el servicio de energía eléctrica desde el lunes.
“Creo que al presiente municipal se le ha olvidado precisamente eso, que es el presidente municipal de Acapulco y no el dirigente del PRD, y si es así que deje la presidencia a alguien que quiera servir a los acapulqueños”, planteó.
En otro tema, a los diputados se les pidió una postura en tres ocasiones sobre la detención el viernes pasado de la secretaria general de la Red de Jóvenes x México en Guerrero, Ximena Bernal, pregunta que ignoraron en dos ocasiones y en la tercera, el diputado Vicario Castrejón dijo que se encontraban ahí para ser solidarios con los regidores del PRI ante la incapacidad de “quien hoy gobierna al puerto de Acapulco”.
En la conferencia estuvieron los diputados del PRI, César Landín Pineda, Antelmo Alvarado García, Irving Adrián Granda Castro y María de los Ángeles Salomón Galeana; del Verde, Rossana Agraz Ulloa, y los regidores Rodolfo Escobar Ávila, Emma Reyes Hernández, Linda Karina Ríos Radilla y Braulio César Montes Vázquez.