El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame dejó plantados a integrantes del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos a pesar de que el funcionario estatal iba encabezar una mesa de trabajo.
Por la mañana de este martes los familiares de desaparecidos fueron recibidos en el edificio norte del Palacio de Gobierno tras denunciar irregularidades en la inhumación de cuerpos de personas no identificadas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El encuentro se había pactado con el secretario general de Gobierno y éste no participó y delegó la responsabilidad en la directora general de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, Rigoberta Román Orea.
Al salir del encuentro los familiares lamentaron que no se haya presentado Salazar Adame y que se haya decidido delegar la responsabilidad en funcionarios de medio nivel.
Se quejaron en que la funcionaria designada para atenderlos no tenía conocimiento del tema ni la capacidad de dar una respuesta pronta y oportuna para las familias que asistieron.
Criticaron el poco interés por parte del gobierno del estado para atender la demanda de justicia que han solicitado los acapulqueños, por lo que señalaron que es cansado estar dando vueltas sin obtener una clara respuesta.
“Pero vamos a seguir luchando para encontrar a nuestros familiares desaparecidos”, sostuvo uno de los miembros del colectivo.
En la reunión se planteó la posibilidad de acceder a proyectos productivos, proyectos sociales y la apertura de una oficina en Acapulco que ayude a facilitar la atención a las personas que cuenten con un familiar desaparecido.
También se solicitó el apoyo para que en el caso de dos maestros de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y uno de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que fueron desaparecidos, las plazas que dejaron vacantes se les entregue a sus familias.
Insistieron en que no sirvió de nada que la funcionaria estuviera encabezando la reunión porque no tenía conocimiento sobre los hechos, como el pasado 9 y 10 de marzo en el Palmar donde fueron violados los procedimientos de exhumación.
Pidieron que se haga una mesa de trabajo multidisciplinaria para que cada dependencia cumpla con su responsabilidad y se hagan los estudios de genética ya que es la prioridad para identificar 13 restos humanos que han sido mesclados.
Los familiares pidieron al gobierno del estado “poner orden” en este tema ante el aumento de personas desaparecidas, ya que se requiere de certeza si se están haciendo los perfiles genéticos.
Uno de los integrantes que por seguridad no quiso dar su nombre expresó que en la reunión no se dio ninguna respuesta por parte del gobierno del estado en relación a sus demandas, por lo que el encuentro sólo fue para recordar la entrega del pliego petitorio en octubre del año pasado.
Recordaron que la demanda de justicia y apoyo para encontrar a sus familiares se le ha planteado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que las autoridades locales se han negado a reconocer que hay fosas clandestinas en Acapulco, con el objetivo de evitar afectar al turismo. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
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Solicitará oficialmente la Coparmex Chilpancingo que la Marina vigile la capital
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Chilpancingo, solicitará de manera oficial a la Secretaría de Marina que opere en la capital del estado, para que resuelva la situación de inseguridad.
“Nosotros en ellos sí creemos, es confiable y nos prometieron que si solicitábamos su presencia, ellos estarían aquí”, señaló el presidente de Coparmex, Adrián Alarcón Ríos.
Durante la mañana de este jueves, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, se reunió en privado con el líder empresarial, y durante el encuentro se le informó al funcionario que la cámara empresarial solicitaría la presencia de la Armada de México para que opere en Chilpancingo.
La reunión fue en el despacho del secretario y tenía como primer objetivo coordinarse para la instalación de la mesa de seguridad y justicia, en la que se planea abordar el problema de los secuestros, extorsiones, asaltos, homicidios y el cobro de piso que hay en la capital.
Al concluir el encuentro, el empresario fue consultado y detalló que el acuerdo es que para esta próxima semana se celebre la primera reunión de la mesa de trabajo, entre sociedad civil y funcionarios del estado.
“La próxima semana ya tenemos la instalación de la mesa de seguridad y justicia en Chilpancingo, me pidió hacer la propuesta de las organizaciones que la integrarán”, agregó.
Detalló que la idea de la mesa es que acudan siete líderes de organizaciones empresariales y civiles, más un secretario técnico, y por la parte de la administración estatal sean 10 dependencias, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia, el secretario general de gobierno, la Procuraduría General de la Republica, la Fiscalía General del Estado, el Ayuntamiento de Chilpancingo, Policía Estatal, 35 Zona Militar, Armada de México y la Policía Federal, pero serán aprobadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Por el lado de las organizaciones, se esta incluyendo la participación de Coparmex, Canaco, organizaciones de transportistas, purificadores de agua y la asociación de padres de familia del estado, entre otros.
Se le preguntó sobre si en esta mesa estaría el obispo Salvador Rangel Mendoza, pero señaló que aún no se le ha hecho la propuesta para determinar su participación.
“Vamos a tener que volver a verlo, para ver si podrá participar o no, después del acuerdo con el secretario general”, señaló.
Agregó que también se hará una invitación especial a la organización México SOS, que fundó el empresario Alejandro Martí y que dirige Orlando Camacho, para que compartan sus experiencias.
Hay otras siete órdenes de aprehensión del fuero federal por la toma de oficinas de Prospera, informa Nicolás Chávez
El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame confirmó en conferencia de prensa que tiene una nueva orden de aprehensión del fuero federal junto con otros siete compañeros por la toma de las instalaciones de Prospera debido al despido injustificado de nueve trabajadores.
A pesar de que tenía amparo, el jueves Chávez Adame fue encarcelado por una orden de aprehensión del 2014, por el delito de motín, con el pretexto de que no había pagado 3 mil pesos para hacer efectivo el amparo, y al siguiente día fue puesto en libertad cuando comprobó que sí hizo el pago de la garantía.
Este domingo en casa de su suegra, Nicolás Chávez en compañía de su esposa e hijos, además de integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva, dio una conferencia de prensa para informar que el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra le dijo que tiene una nueva orden de aprehensión pero ahora junto con otros siete compañeros.
El motivo de dichas órdenes es porque el 24 de enero los integrantes de la Dirección Colectiva desalojaron a los trabajadores de las oficinas de la dependencia federal Prospera, para manifestarse contre el despido injustificado de sus compañeros, tomaron las instalaciones durante 15 días, y finalmente fueron desalojados por policías antimotines.
Dijo que esta vez pidió a su familia que estuviera presente en la conferencia porque el jueves —cuando lo detuvieron— también violaron sus garantías individuales, como en el caso de su hijo de 10 años.
Recordó que en varias ocasiones pidió mesas de diálogo con el gobierno del estado donde además estuviera la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero (Codehum), pero que no fue posible.
En diciembre las organizaciones tuvieron la última mesa de diálogo con el gobernador, pero se rompió el diálogo porque le cuestionaron que dentro de su gobierno está filtrada la delincuencia organizada. A partir de ahí a Chávez Adame junto a su compañero Simón Tavira les retuvieron su salario.
Además dijo que de la detención del jueves los únicos responsables fueron las autoridades del DIF estatal en ese año, por lo que contrademandará con apoyo de Tlachinollan.
Abundó que otro de los que probablemente tienen orden de aprehensión por la toma de las instalaciones de Prospera es Simón Tavira y compañeros que fueron despedidas injustificadamente del programa, quienes tenían laborando hasta 20 años.
Dijo que en su caso supo que el viernes que salió en libertad la Procuraduría General de la República (PGR) pretendía detenerlo y trasladarlo a un penal fuera de Guerrero, pero que el abogado pudo dialogar con ellos.
Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando
Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.
Revisa Tlachinollan el caso del encarcelado por una denuncia del secretario de Gobierno
Beatriz García
Chilpancingo
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan está revisando el expediente del caso de Patricio Margarito Rivera, preso tras acusaciones de invadir un terreno propiedad del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para determinar si retoma el caso, pues antes dos abogados desistieron.
El lunes, integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para quejarse de la falta de solución a demandas de sus compañeros.
Ese día, la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo expuso al ombudsman que el abogado que seguía el caso de su padre desistió, pues les dijo que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general. Recordó que, del primer abogado que tuvo su papá se supo que no hizo nada para defenderlo, y Navarrete Magdaleno le propuso que dialogara con Tlachinollan, para ver la posibilidad de que retomaran el caso.
Consultada telefónicamente, Josefina Margarito informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra le dijo que revisarían el caso y que la próxima semana confirmarían si lo retomaban.
Josefina Margarito de 21 años de edad, originaria de Cuapala, municipio de Atlixtac, dejó de ir a la escuela desde el 1 de noviembre, cuando su padre fue detenido sin orden de aprehensión en su domicilio, en la colonia Temixco 2.
Ella era la mayor y la única de sus dos hermanos que estudiaba, iba en séptimo semestre de Ingeniería Civil, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), contó.
Desde la aprehensión de su padre no volvió a la escuela, pues su madre, Guadalupe Rosendo Sonora, y su hermana, Rosa Margarito Rosendo, con quienes vive, hablan poco el español, su lengua materna es el náhuatl. Josefina tuvo que ponerse al frente de la familia y seguir el proceso jurídico de su padre.
Nadie atiende a las familias sobrevivientes de Quetzalcoatlán, Zitlala, responde Centro Morelos
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos) emitió este domingo una alerta a las autoridades federales, estatales y municipales ante el riesgo en que se encuentran 11 familias de Quetzacoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, por la denuncia que hicieron ante los medios de comunicación el jueves pasado de las condiciones en que viven y por la insensibilidad de las autoridades que no las han apoyado.
El organismo no gubernamemtal criticó la respuesta que dio el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien declaró el viernes que el caso de las familias de esa comunidad está siendo atendido por el gobierno federal en coordinación con el colectivo de Los Otros Desaparecidos de Iguala.
El Centro Morelos le replicó al funcionario que el caso no está siendo atendido por ninguna autoridad y menos hay coordinación con el colectivo Los Otros Desaparecidos. Reprochó que es el Centro Morelos quien le ha solicitado varias veces audiencia para gestionar apoyo para las familias pero que no ha tenido respuesta.
Ante el deslinde que han hecho autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Centro Morelos alertó que las familias podrían ser víctimas de un nuevo ataque por parte del grupo armado que los atacó el 6 de enero del 2016 con resultado de seis asesinados, cuatro de ellos a balazos y dos degollados.
El organismo recordó que el gobierno estatal, municipal y la misma Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) elaboraron una minuta en la que se deslindaron de cualquier responsabilidad que tenga que ver con los pobladores de Quetzalcoatlán.
“Ante la omisión y falta de voluntad del gobierno del estado para garantizar el derecho a la vida y el acceso a la justicia, el Centro Morelos manifiesta su preocupación, y alertamos y hacemos responsable al gobierno del estado y federal sobre las represalias que pueden sufrir en la comunidad”, se lee en la alerta enviada este domingo.
El Centro Morelos sostiene que el riesgo en que viven las 11 familias de Quetzalcoatlán es real ahora por haber denunciado las condiciones en las que viven desde su desplazamiento hacia Zitlala debido a la violencia que vivieron y luego su retorno a la misma comunidad tras ser engañados por las autoridades estatales y municipales de que serían apoyados y protegidos, ofrecimiento que incumplieron.
La grave situación en que viven es a raíz de la incursión armada que hizo un grupo que ahora se hace llamar Paz y Justicia que tiene bajo su control la comunidad vecina de Tlaltempanapa por donde tienen que pasar los de Quetzalcoatlán para viajar a la cabecera municipal, informó el Centro Morelos.
Ese día dicho grupo armado asesinó a Julián y Andrés Lara Tlatempa, a Gerardo Lara Zapoteco, Reynaldo Marabel Lara (de apenas 15 años), a Salvador Flores Tlatempa y a Federico Tejeda Marabel.
Posterior a esos hechos, las familias se desplazaron a la cabecera municipal donde se encontraron con varias irregularidades para acceder a la justicia. Agentes del gobierno municipal y el mismo Ministerio Público (MP) intervinieron para que no se hicieran las denuncias correspondientes.
Después de varios meses de permanecer como desplazados en Zitlala, el gobierno estatal, municipal y la misma Codehum elaboraron una minuta donde se deslindan de cualquier responsabilidad que tenga que ver con los pobladores de Quetzalcoatlán.
El Centro Morelos recordó que esos compromisos que fueron “sólo de palabra”, fue reparar el sistema de agua, seguirlos apoyando con despensas y proyectos productivos, así como visitarlos cada mes para estar pendientes de sus necesidades, lo cual no se cumplió.
“Ante la omisión y falta de voluntad del gobierno del estado para garantizar el derecho a la vida y el acceso a la justicia, el Centro Morelos manifiesta su preocupación ya que por los antecedentes y por el hecho de que los agresores se encuentran a unos cuantos kilómetros realizando retenes, coloca a los habitantes de Quetzalcoatlán en muy alta vulnerabilidad”, advirtió el organismo.
“Alertamos y hacemos responsable al gobierno del estado y federal sobre las represalias que pueden sufrir en la comunidad, donde actualmente quedan 11 familias de 42 custodiadas por cinco o seis elementos de la Policía Estatal que no son suficientes para enfrentar a algún grupo numeroso de hombres armados”, insistió el Centro Morelos.
Finalmente lamentó que el secretario de Gobierno “no tenga la más mínima idea de la problemática”, pues aclaró que los desplazados de Quetzalcoatlán no han tenido atención de ninguna autoridad ni federal ni estatal y que mucho menos hay coordinación con algún colectivo de familiares de desaparecidos como lo declaró el viernes
“También es necesario recordarle que este centro de derechos humanos en varias ocasiones le ha solicitado audiencia para tratar el problema del desplazamiento y su respuesta ha sido delegar la atención en la dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos de esa secretaría”.
Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.
Bloquean el bulevar en Chilpancingo los trabajadores de la SAICA a ocho días de paro laboral
Los trabajadores de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) bloquearon por segunda ocasión el bulevar Vicente Guerrero cerca de las instalaciones de la dependencia, para exigir la destitución del secretario, Gilberto Solano Arreaga y su equipo, además se reunieron con el director de la Dirección de Gobernación Jesús Vargas Vargas, pero nuevamente no llegaron a un acuerdo.
Hace ocho días trabajadores sindicales y supernumerarios cerraron las instalaciones de la dependencia estatal para exigir la destitución del secretario porque no los atiende ni los deja participar en las decisiones de los programas que se manejan en la Secretaría.
Ayer, los inconformes bloquearon el bulevar de las 9 a las 10 de la mañana, y de la 1 a las 2 de la tarde. Los trabajadores portaron una lona en la que manifestaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que no quieren ser cómplices de la falta de compromiso del secretario y su equipo.
Una de las manifestantes, Trinidad Barrera Casarrubias dijo que a ocho días de paro laboral, parece que al gobierno estatal no le interesa solucionar sus peticiones.
“Queremos trabajar, esa es nuestra demanda, ese es nuestro interés, somos parte de la Secretaría, somos parte del gobierno de Héctor Astudillo (Flores), no obstante de que ya hemos tenido una reunión con el secretario general de Gobierno (Florencio Salazar Adame), ellos nada más se concretan en decir (que) no es necesario que tengamos cerrada la oficina”, manifestó la trabajadora.
Agregó que en las reuniones con el director de Personal, Jaime Ramírez Solís, y el secretario general de Gobierno, la propuesta de los funcionarios es hacer mesas de trabajo, que terminen el paro laboral, para que el secretario y su equipo entren en las instalaciones, “y borrón y cuenta nueva, que ahora sí se van a poner las pilas.
Otra manifestante, Esmeralda Antúnez dijo que es una mentira la declaración que dio a El Sur el secretario de la SAICA, de que el presupuesto de la dependencia es de 30 millones de pesos (como se publicó en la edición del miércoles 8 de febrero), porque dijo que son 10 millones, que así está en el periódico oficial. Agregó que los trabajadores anteriormente denunciaron que debido al mal manejo de los programas, le redujeron el presupuesto a la Secretaría.
Más tarde, los manifestantes informaron que se reunieron con el director de Gobernación Jesús Vargas Vargas, pero nuevamente no llegaron a un acuerdo, porque les ofrecen mesas de trabajo con el Solano Arreaga, y ellos no lo aceptarán.
No llegan a acuerdos con autoridades trabajadores de la SAICA en paro desde hace siete días
Los 40 trabajadores de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanos (SAICA), que continuaron por séptimo día su paro laboral, informaron que no aceptaron la propuesta del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de reanudar labores e iniciar mesas de trabajo con el secretario Gilberto Solano Arreaga y su equipo de trabajo, y rechazaron una auditoría a la Secretaría.
Dijeron que no quieren una auditoría, pero sí aceptan las mesas de trabajo si se destituye al secretario, debido a la exclusión laboral a la que los somete.
El representante sindical, Henry Hernández Gutiérrez informó que al paro se unieron seis trabajadores de la SAICA en Ometepec, quienes cerraron las oficinas este martes, y las oficinas de Tlapa desde el viernes 3 de febrero.
El martes una comisión de los trabajadores inconformes se reunieron en el Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el director de Personal, Jaime Ramírez Solís y con el secretario Gilberto Solano Arreaga. Los funcionarios propusieron que harían una auditoría a la SAICA si terminaban el paro laboral, además de iniciar mesas de trabajo y manejar todo con transparencia.
Al término de la reunión los trabajadores dijeron que este miércoles darían una respuesta a los funcionarios. Ayer en las oficinas de la dependencia estatal permanecían los trabajadores en paro, las pancartas donde manifiestan sus demandas y la carpa con la que se cubren del sol.
Los trabajadores basificados y supernumerarios acordaron no aceptar la propuesta, porque quieren la destitución del secretario, Gilberto Solano Arreaga; del secretario particular, Omar Torrijos Posada; de la subsecretaria de Fomento Social, Ninel Salazar Bazán, y del secretario técnico, Arquímides Nabor Gil Ibáñez. Así como del subsecretario de Comunidades Afromexicanas, Benigno Gallardo de la Rosa; del delegado administrativo, Jaime Pineda; de la directora general, Dulce Nayeli Rebaja; del director de Cultura, Vicente López Carrasco; del director de Planeación, José Antonio Tascón Mendoza, y de Guadalupe Bobadilla, de quien desconocen qué cargo tiene y sólo saben que comprueba los recursos de la SAICA.
Notificaron su decisión al director de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jesús Vargas Vargas, para que le informe a Florencio Salazar Adame, dijeron.
Bloquean una calle los paristas de la SAICA en la capital contra el secretario
Trabajadores de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), que están en paro laboral desde hace seis días, bloquearon durante dos horas y media la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero, a un costado de las oficinas, reiteraron su exigencia de la destitución del secretario Gilberto Solano Arreaga y su equipo de trabajo.
A las 10 de la mañana unos 30 trabajadores basificados y supernumerarios bloquearon la avenida para exigir la destitución del secretario, el secretario particular, el secretario técnico, subsecretarios y directores generales porque denunciaron que los excluyen laboralmente.
Los manifestantes portaron pancartas en las que se leía: “¡¡Fuera Gilberto Solano Arteaga!!”, “Fuera usurpadora Guadalupe Bobadilla y no más oficinas alternas”, “¡No más discriminación laboral en la SAICA!”, “¡Fuera equipo directivo! Fuera, fuera!”.
El jueves 2 de febrero, 40 trabajadores cerraron las oficinas de la SAICA a las 8 de la mañana, y aseguraron que Solano Arreaga tenía un mes que no iba, porque tiene unas oficinas alternas.
Ayer durante la protesta, los trabajadores se dijeron “hartos” de las decisiones del secretario y su equipo de trabajo, porque en la SAICA hay dos delegados administrativos, uno fue nombrado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, Jaime Pineda, y otro que nombró el secretario, Guadalupe Bobadilla.
Agregaron que toda la comprobación del presupuesto de la SAICA la hace Guadalupe Bobadilla, y que le acondicionaron una oficina en las instalaciones, pero en lo que va del año no se ha presentado.
Los manifestantes denunciaron que el delegado promociona y patrocina un baile de la fiesta patronal de la comunidad de Chiepetepec, en el municipio de Tlapa. Mostraron una imagen en la que Solano invita al festejo e indicaron que sospechan que se está financiando con dinero de la SAICA, pese al recorte de presupuesto que tuvieron.
Al bloqueo no llegó ningún funcionario del gobierno estatal, sin embargo minutos antes de la 7 de la noche, una comisión de trabajadores se reunió en el Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el director de Personal, Jaime Ramírez Solís, con el secretario Gilberto Solano Arreaga y su equipo de trabajo.
Al término de la reunión, el representante sindical de los trabajadores de base, Henry Hernández Gutiérrez informó que en la reunión expusieron sus inconformidades, y que la propuesta que les hicieron fue que iniciarán mesas de trabajo y someterán a una auditoría a la SAICA si terminan el paro laboral, además de que les prometieron que todo se manejará con transparencia.