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Marchan universitarios en la capital; exigen seguridad y justicia para la familia asesinada

Unos mil estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en esta ciudad para exigir justicia para la familia Cabrera Rosado, asesinada el domingo en la capital, y seguridad en el estado.
Los universitarios le dieron al fiscal general Xavier Olea Peláez, 48 horas para que dé resultados de la investigación del asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, su esposo y médico internista del IMSS, Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo Isaac Daniel, de lo contrario continuarán las manifestaciones y exigirán su renuncia.
En la marcha maestros y trabajadores administrativos de la UAG mediante el equipo de sonido que llevaban le reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que en un año de su administración la violencia y la inseguridad han ido en aumento, le exigieron que si no es capaz de brindar el orden y la paz que prometió en campaña que deje su cargo.
En la movilización participaron integrantes del STAUAG, del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), estudiantes de las escuelas de la Universidad en Chilpancingo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales.

La marcha

La marcha salió a las 10:40 de la mañana de la alameda Granados Maldonado y concluyó con un mitin en Palacio de Gobierno, en el recorrido los manifestantes se detuvieron en el Palacio Municipal y en el Congreso local.
Al frente del contingente marcharon integrantes del Comité Ejecutivo Central del STAUAG, encabezados por el secretario general Ofelio Martínez Llanes, seguidos por integrantes del STTAISUAG con la secretaria general Brenda Alicia Alcaraz González al frente, el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, universitarios y activistas.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyó: “Astudillo ¿dónde está el Guerrero de orden y paz? Justicia”, “UAG, exigimos a las autoridades correspondientes justicia expedita para los universitarios asesinados”, “Gobierno ¿de qué me sirve pagarte mis impuestos si no me das seguridad?” y otros mensajes similares.
También coreaban consignas como “Astudillo no hace nada, que se vaya a la chingada”, “Justicia, justicia, justicia” y “el pueblo unido jamás será vencido”.
Frente al Palacio Municipal el secretario de Conflictos del STAUAG, David Molina Francisco dijo que los universitarios quieren que se haga justicia a los crímenes en su contra, “el gobernador está callado, no dice nada, por eso vamos al Palacio de Gobierno para ver qué mentiras nos va a decir Astudillo Flores”.
Consideró que el gobernador tiene la oportunidad “todavía” de dar resultados claros, pero si no puede “que nos presente su renuncia, que se vaya”. Pidió que también renuncie Olea Peláez y aseguró que desde que él llegó a la FGE aumentaron los asesinatos en el estado.
El maestro Galdino Nava Díaz dijo que los universitarios le dan 48 horas a Olea Peláez para que de resultados de la investigación, de lo contrario le exigirán que renuncie a su cargo.
En el Palacio Municipal los universitarios reclamaron que en Chilpancingo “no hay autoridad” y aseguraron que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena es un mal gobernante pues “no hace nada”.
En el Congreso local el maestro Antonio García Quiroz cuestionó qué harán los ciudadanos que decidan defenderse de un ataque, explicó que jurídicamente deben de tramitar un juicio de amparo, luego huir “porque la justicia de manera oficiosa lo va a perseguir y encarcelar, ese ciudadano tendrá que huir porque los cómplices de los delincuentes estarán tras sus huesos”.
Dijo que se deben de modificar el Código Penal y las leyes que fundamentan la acreditación de la defensa, porque “la legítima defensa en Guerrero es letra muerta, ciudadano honesto, trabajador que se defiende es víctima del estado”, y exigió a los diputados que legislen al respecto.
“Si no lo pueden hacer consulten a los universitarios y si no pueden, dejen ese espacio tan placentero y váyanse a hacer lo que mejor saben, nada”, advirtió que si en un término no mayor a tres meses, el Congreso local no discute el tema, “vendremos a invitarlos a que dejen su espacio, para que entren los que tienen ganas de trabajar”.

El mitin en Palacio de Gobierno

Martínez Llanes, Alcaraz González, Molina Francisco, Magdalena Salgado Patiño, la maestra de la escuela de Enfermería 1 Catalina Santiago, la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, el integrante de Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, Román Ibarra Flores, el integrante de la Comisión Política de la CETEG Carlos Botello Barrera, el secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, el dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame, el maestro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) José Luis Ayala García, y la trabajadora de Prospera despedida injustificadamente, Mayra Morales Sánchez estuvieron en el mitin en Palacio de Gobierno.
Martínez Llanes dijo que los universitarios “estamos de luto, hoy hemos decidido marchar para exigir justicia y seguridad para los guerrerenses y los universitarios, le exigimos al gobierno que cumpla su función de darnos seguridad”.
“No queremos que el gobierno diga que la compañera (Jeany Rosado) estaba en el lugar equivocado o que tenía pacto con la delincuencia, no cesaremos las protestas, persistiremos hasta que sepamos la verdad”, advirtió.
Alcaraz González dijo que el STTAISUAG le exige a los tres niveles de gobierno que esclarezcan todos los crímenes que afectaron a universitarios, y recordó que el maestro de la escuela de Psicología de Acapulco, César Urrutia Guerrero está desaparecido desde el 15 de diciembre pasado.
Lamentó que “ya ni en nuestros hogares estamos seguros” y dijo que “todos hemos pasado por situaciones de inseguridad y hoy salimos a exigir nuestros derechos”.
Ramírez García dijo que el Sutcobach apoyará todas las acciones a las que convoquen los universitarios, “de manera inmediata y especial exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos condenables crímenes contra los universitarios, desde aquí le decimos al gobierno del estado que estamos unidos”.
A pesar de que Reyes Guerrero participó en la marcha, “por cuestiones de salud”, fue Botello Barrera quien habló a nombre de la CETEG y dijo que durante los 27 años que el magisterio lleva manifestándose, los maestros han sido asesinados, perseguidos y encarcelados, y que no es tolerable la situación de inseguridad actual, “ya basta de tanta violencia”.
Puntualizó que “hoy tenemos que hacer una lucha unificada sin protagonismos, sin políticos, los ciudadanos tienen que dar la cara porque hemos sido atacados, ¿qué va a hacer la ciudadanía con los que sólo se vienen a enriquecer?”. Añadió que la CETEG se unirá al plan de acción de los universitarios y viceversa.
Chávez Adame lamentó que el Palacio de Gobierno estuviera rodeado de vallas, “hoy Guerrero se viste de luto, hoy frente a estas rejas venimos a manifestarnos, el gobierno insensible priista que ofreció orden y paz, no cumple, los únicos que se salvan son ellos, el gobernador, los diputados, los senadores, hoy las armas las tiene la delincuencia” y que ante esa situación “la unidad es la clave”.

Reclaman la ausencia del rector

En su intervención, Ibarra Flores dijo que los universitarios deben unirse, lamentó los constantes crímenes en el estado y que “este tipo de movilizaciones no las encabece el rector (Javier Saldaña Almazán), es su responsabilidad encabezarlas pero no lo está haciendo porque coincide con el proyecto político del gobernador de Guerrero”.
Algunos universitarios exclamaron “¡hay que correrlo!”, luego, el integrante del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense dijo que “afortunadamente” se avecinan las elecciones y en ellas “debemos de calificar su conducta”.
Molina Francisco lamentó que Saldaña Almazán no haya respondido a la invitación del STAUAG para que el rector encabezara la marcha junto al resto de los universitarios, y por ello “le haremos un fuerte reclamo”.
Añadió que pese a que las autoridades estatales rodearon con vallas las escalinatas del Palacio de Gobierno, “eso no nos va a impedir entrar”, aclaró que los universitarios no llegaron a la sede del Ejecutivo estatal para cerrarla, pero “el día que queramos hacerlo nadie nos lo va a impedir”.
Pidió a los policías estatales que resguardan el edificio que mejor salgan a cuidar a la sociedad y a dar seguridad en las calles.

Hay avances, les dice un vicefiscal en una reunión

Una comisión de universitarios y organizaciones sociales encabezada por Martínez Llanes se reunió en el Palacio de Gobierno con el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Político, Jesús Vargas Vargas y el vicefiscal a cargo de la investigación del asesinato de la familia Cabrera Rosado, Néstor Fiallo Samayoa, quienes les informaron que “hay avances”.
Se acordó que la próxima semana los universitarios se reunirán en la Fiscalía de manera directa para conocer a detalle los avances en la investigación del crimen, a pesar de esto Martínez Llanes dijo que estarán atentos, porque “si el gobierno no puede debemos asumir nuestra propia defensa”.
Añadió que los universitarios exigirán justicia no sólo para la familia Cabrera Rosado, sino para todos los académicos, administrativos y estudiantes que han sido afectados por la inseguridad, “nunca más un crimen para las universitarias ni para los universitarios, ni tampoco para el pueblo de Guerrero”.
“Desde aquí le decimos al gobierno que nosotros también sabemos actuar racionalmente, los escuchamos, pero necesitamos respuesta y la próxima semana queremos que haya respuesta positiva, la impunidad es lo que nos está matando, el gobierno debe acabar con la impunidad”, expuso.

Marchan 2 mil vecinos con la policía Tecampanera en Teloloapan; reclaman seguridad al gobierno

Más de 2 mil policías comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, muchos de ellos portando rifles, escopetas y pistolas de bajo calibre, así como maestros, mujeres y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal para conmemorar el primer aniversario de la conformación de la Policía Comunitaria Tecampanera.
En la marcha y el mitin reclamaron el incumplimiento del gobierno estatal para reforzar la seguridad y advirtieron, una vez más, que no dejarán las armas ni su movimiento de autodefensa.
Ayer después de la 1 de la tarde los negocios estaban cerrados, las clases en las escuelas de la cabecera municipal fueron suspendidas, el transporte público se paralizó y la mayoría de las calles lucían vacías, como una muestra de apoyo a la Tecampanera, dijo uno de sus representantes.
A las 11:15 de la mañana inició la marcha en el punto conocido como Las Pilitas en la avenida Independencia que es la principal que va al zócalo de la ciudad, encabezaron la marcha los comunitarios de Teloloapan, siguieron los de Cuetzala y cerraron los del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC). Algunos llevaban carrilleras con cartuchos de las armas que usan y otros vestían chalecos, al parecer algunos antibalas y todos iban con el rostro descubierto.
También se vio a mujeres, muchas de ellas también portando armas, y niños con algunas cartulinas en las que se leía “gracias policía comunitaria”, y “primer aniversario de la lucha por la paz de Teloloapan”.
En un carro de sonido al frente del contingente de más de 2 mil comunitarios –4 mil según los organizadores– se informó que la movilización era para conmemorar el primer aniversario de de la Tecampanera, la cual surgió en 2016 en contra del grupo criminal La Familia Michoacana, a la que responsabilizan de más de 400 asesinatos ocurridos en cuatro años, así como de las extorsiones, levantones, secuestros y cobros de piso.
La extensa fila de comunitarios a los que ayer se les vio más organizados que en otras ocasiones, caminó al Zócalo de la ciudad pasando junto a la sede del Ayuntamiento, y regresó por la avenida Vicente Guerrero a la carretera federal Teloloapan-Arcelia, en la entrada a la avenida Independencia donde se colocó un templete y hubo un mitin.
En el recorrido se vio a vecinos de la cabecera municipal que ofrecían agua a los comunitarios que iban marchando.
A pesar de la movilización los retenes de revisión y vigilancia permanecieron en las carreteras y en caminos de terracería que dan acceso a la cabecera municipal.

No dejarán las armas, advierten al gobierno

En el mitin que duró cerca de una hora, tiempo que fue cerrada la carretera federal y se paralizó la circulación vehicular, los diferentes oradores advirtieron una vez más al gobierno estatal que no dejarán las armas ni su movimiento, y reprocharon el incumplimiento del compromiso de reforzar la seguridad como ofrecieron las autoridades en la última reunión que sostuvieron.
Uno de los coordinadores de la Tecampanera, quien omitió su nombre, repudió y rechazó que se les vincule con la delincuencia organizada, y afirmó que entre los grupos de autodefensa están campesinos, comerciantes, maestros, transportistas y amas de casa que han decidido cuidar y defender a sus familias, “y son a quienes les han levantado a un hijo o un padre, o les han quitado el poco dinero que durante toda su vida han podido hacer”.
“Esta gente que hoy ven con una escopeta o con un rifle .22 es gente que se cansó de tantos pinches secuestros, de tantos levantones y de tanta extorsión, de que nos quiten lo poco que hemos tenido. Aquí está la gente que se cansó de que los siguieran privando de la libertad y de su vida”.
Otro orador mencionó al vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, a quien le pidió “que en todos y cada uno de sus comunicados diga la verdad, Teloloapan no ha tenido bajas de la policía comunitaria, al día de hoy seguimos en la lucha y seguimos fortalecidos”.
Exigió a la Policía Federal y al Ejército que los apoyen y recordó el caso de “Rosita”, una mujer que los comunitarios detuvieron y después fue liberada por las autoridades en Iguala, “es la encargada de la plaza en Tlapehuala, quien secuestra, quien ordena a quién asesinar y quien está siendo parte del grupo armado que en Teloloapan no queremos”, dijo en referencia a La Familia Michoacana.
“Ayúdennos o váyanse”, gritó a los soldados del Ejército y policías estatales y reclamó la falta de cumplimiento al compromiso del gobernador Héctor Astudillo de que se instalarían Bases de Operaciones Mixtas y el reforzamiento de la policía federal y que llegarían agentes de la Marina.
Pidió al Ejército “que nos ayude, que nos apoye y que nos permita hacer las cosas como hasta hoy, nosotros estamos cuidando a nuestras familias, ayúdennos en esta lucha que hemos considerado justa”.
Otro de los participantes, todos omitieron sus nombres, señaló al gobierno estatal y federal que “la existencia de las policías comunitarias se debe a que ellos han dejado de hacer la chamba que hoy hombres y mujeres han tenido que hacer, porque ellos han sido incapaces de lograr la paz y la tranquilidad”.
Llamó a no permitir protagonismos ni que el movimiento de autodefensa sea el “trampolín” político de nadie y que el movimiento no se “prostituya”.
Otro mencionó el caso de los tres herreros secuestrados y asesinados por delincuentes de La Familia Michoacana, y le dijeron al gobierno que ellos no se rigen por estadísticas sino por hechos y resultados, y que en un año de su conformación ese es el único caso que se ha dado en Teloloapan, que ocurrió en una comunidad.
Dijo que antes de su conformación había un alto índice de secuestros, asesinatos, violaciones, robos a casa habitación, de carros, y extorsiones que ninguna autoridad podía frenar.
También expuso que la venta de drogas a los jóvenes se ha reducido un 90 por ciento a un año de la conformación de la autodefensa.
Uno de los principales coordinadores de la comunitaria le dijo al gobierno que “la policía comunitaria va a continuar para que pueda haber orden y que pueda haber paz en Teloloapan, porque sólo así podemos vivir tranquilos y sólo así podemos evitar los levantones y todos los delitos que se cometían, aunque no lo quieran reconocer el estado y la federación”.
Advirtió que seguirán con su movimiento y su levantamiento en armas “hasta acabar con toda la delincuencia”, y les dijo a los que no participan con el movimiento que de nada les ayuda a estar en sus casas porque hasta allá los pueden a ir a secuestrar como le pasó a él.
Dijo que los comunitarios “no pedimos cuotas” y llamó a quienes lo pudieran hacer “déjense de chingaderas”.
Advirtió a las organizaciones criminales “rojas, amarillas, azules o de las que sean, Teloloapan no se va a dejar, va a luchar y va a pelear hasta la muerte si es necesario”.
Casi al finalizar el mitin, otro de los oradores dijo que el movimiento también se pronuncia en contra del gasolinazo y el alza a los precios de la energía eléctrica, el gas y los productos de la canasta básica.
Al mitin llegó el alcalde perredista Robell Uriostegui Patiño a quien le agradecieron su respaldo a la comunitaria Tecampanera.

Se va la Policía Federal también de la región de la Tierra Caliente para contener protestas contra el gasolinazo

 

La Policía Federal (PF) se fue otra vez de la región Tierra Caliente, este viernes y sábado los agentes fueron enviados a otras partes de la República, donde hay conflictos sociales debido al incremento en los precios de las gasolinas. Lo mismo sucedió en Iguala el jueves pasado.
Desde diciembre de 2014, tras los ataques de agentes a estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el gobierno federal desarmó a todas las policías municipales de los nueve ayuntamientos de la región, debido a sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, desde entonces no hay otra corporación que atienda la seguridad, hacen recorridos policías federales y del estado, pero su presencia es intermitente en la zona.
La llegada de la PF a Tierra Caliente fue el 15 de diciembre del año pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que la corporación permanecería ahí para atender los problemas de seguridad, luego del levantamiento armado ocurrido en San Miguel Totolapan en contra de la delincuencia.
El 13 de diciembre se informó de la conformación de una operación de búsqueda del ingeniero Isauro de Paz, quien estaba secuestrado y fue liberado, entonces se anunció, “una fuerza conjunta de 220 elementos para iniciar un operativo de búsqueda y localización, integrada por 120 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 policías federales y 40 estatales”.
Pero la Policía Federal se fue de la región desde el viernes y sábado, fueron enviados a otros estados donde se han incrementado las manifestaciones en contra del gasolinazo.
Los grupos que había en Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano, Arcelia y San Miguel Totolapan principalmente fueron recogidos y dejaron las bases abandonadas. En los hoteles se observan sólo las recientes barricadas que construyeron para su protección.
Debido a que se incrementaron las protestas contra el aumento al precio de la gasolina, se reforzarán ciudades clave, pero no se conoce si los agentes van a regresar.
Esta medida ocurre a menos de un mes de que inició el movimiento de autodefensa en San Miguel Totolapan, el cual provocó el anuncio de una fuerte operación de la Policía Federal en esta zona de San Miguel Totolapan, para brindar seguridad tal y como lo pidió la población.
En 2016 la corporación estuvo sólo cinco meses en Tierra Caliente y de manera intermitente, según los registros del pago de hoteles.
Su última llegada fue el 15 de diciembre, después de cuatro meses de ausencia. Cuando no hay policías federales sólo 80 policías estatales tienen que atender los nueve municipios, tarea que no pueden cumplir porque es mucho territorio y son largas las distancias.
La Policía Federal llegó a la zona en el último mes, pero sólo en tres municipios instaló bases permanentes: Arcelia, Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán.
A San Miguel Totolapan los agentes entraban constantemente, pero sin quedarse. El resto de los municipios: Cutzamala, Zirándaro, Tlalchapa, Ajuchitlán y Tlapehuala, no tienen la presencia de ninguna corporación, sólo hay recorridos esporádicos de grupos militares.
Recién el jueves los 200 agentes de la Policía Federal que estaban al frente de la seguridad en Iguala fueron enviados a la Ciudad de México, para contener las protestas y saqueos provocados por el gasolinazo, la seguridad quedó a manos de policías municipales desarmados y algunos estatales.

Pide el gobierno estatal a la autodefensa de San Miguel Totolapan que libere a los 18 retenidos

El gobierno del estado pidió a la autodefensa ciudadana de San Miguel Totolapan que libere a las 18 personas que tiene retenidas.
Tras la liberación de la madre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, el grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan mantiene retenidas a 18 personas y pide la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores para negociar su liberación, bajo la condición de que sean sometidos a proceso sin el riesgo de que al entregarlos a las autoridades los dejen en libertad.
En un comunicado de prensa el gobierno del estado informó que sus funcionarios acompañados por representantes de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), continúa el diálogo para que los retenidos sean trasladados a la ciudad de Chilpancingo.
En un comunicado dice que las autoridades federales y estatales mantienen de manera permanente una operación para evitar un enfrentamiento entre la autodefensa y el grupo delictivo Los Tequileros.
El propósito del traslado de las 18 personas retenidas por la autodefensa a la capital es garantizar que serán sometidas a un proceso legal, y en caso de ser encontradas culpables de algún delito se pondrán a disposición del Ministerio Público, dice el comunicado.
El gobierno estatal menciona su compromiso de “cuidar y velar para salvaguardar la vida de todos los guerrerenses y exhorta a la población de San Miguel Totolopan a continuar por la ruta del diálogo para que estas personas puedan ser trasladadas en las próximas horas por autoridades policiacas, y no poner en riesgo la vida de los pobladores ante la amenaza constante de los delincuentes de irrumpir en la población”.
Por su parte, en un noticiero de radio el fiscal Xavier Olea dijo que desde hoy a las 6 de la mañana comenzaría una operación para detener a El Tequilero, en la que participan 200 soldados y policías ministeriales

Intercambia la autodefensa de Totolapan a la mamá de El Tequilero por el ingeniero secuestrado

El ingeniero secuestrado, Isauro de Paz Duque fue liberado la noche de este miércoles tras las negociaciones de las autodefensas con el grupo criminal Los Tequileros, a quien intercambiaron por la madre de Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, pero se quedaron con el resto de los retenidos y piden la presencia del gobernador Héctor Astudillo para entregárselos.
Cerca de las 7 de la noche se anunció el intercambio y la posibilidad de una liberación. Fue en ese momento cuando llegó caminando solo el ingeniero Isauro, a quien dejaron libre cerca de la entrada de la cabecera municipal.
Minutos después llegaron policías ministeriales a pedir la liberación de los 18 retenidos considerando que había un acuerdo de entregar ante las autoridades al grupo y hacer el intercambio, pero la autodefensa sólo liberó a la madre de El Tequilero.
Los ministeriales se la llevaron al poblado La Gavia, pero a pesar de una fuerte discusión no les dieron a los retenidos.
Pidieron la presencia del gobernador para poderlos liberar, con el argumento de que si les entregaban al resto serían liberados inmediatamente, y ellos piden que sean investigados y procesados por sus nexos con la delincuencia organizada.
El personal del gobierno del estado que acudió este miércoles a negociar con el grupo de autodefensa, sólo mantenía la negociación pero para garantizar que los retenidos no fueran maltratados o lastimados, y para pedir su liberación, pero la negociación de la liberación del ingeniero con El Tequilero fue de la familia y del grupo de autodefensa, desde una casa vía telefónica.
El temor también era que una vez que no tuvieran a nadie retenido se viniera un ataque de noche del grupo criminal contra la autodefensa que se encuentra en la comandancia policiaca. Nuevamente rechazó desde muy temprano liberar a los retenidos y dejar las armas, pese a que policías del estado nuevamente se los solicitaron.
Llega sano y salvo el ingeniero

El grupo negociador encabezado por el vicefiscal Alejandro Santos González llegó a la comandancia dondeo los esperaba el ingeniero con su esposa la señora Yadira Guillermo García, quien pidió la palabra. Sacaron a la señora Félix Dealmonte, madre de El Tequilero para entregarla.
La señora Yadira expuso: “sólo le quiero decir al señor gobernador que voy a cumplir mi palabra, soy una mujer de palabra, mi esposo está conmigo a cambio de la mamá del señor Tequilero, le quiero dar las gracias por la intervención que tuvo, mi esposo está sano y salvo”.
Continuó, “muchas gracias, el pueblo está herido, sólo vamos a entregar a la señora, yo quiero entregarle unas palabras al señor gobernador, que hasta el día que él venga a San Miguel le vamos a entregar a los demás. El pueblo ya está unido y no vamos a dar marcha atrás”.
Un representante del gobierno estatal dijo, “hay una circunstancia, las acciones iniciales y los ilícitos que ellos pudieron haber cometido hay que ponerlo en manos de la Fiscalía, desde el primer momento en que platicamos les pedimos que lo pongan a disposición. Es mi deber pedirles que hagan entrega de ellos para proceder”.
La respuesta de la esposa fue: “lo que puedo decirles es que les entrego sana y salva a la mamá del Tequilero”.
Entre los que iban del gobierno estatal empezaron a platicar y a decir, “que eso no fue lo que acordamos”.
En ese momento un señor de la tercera edad pidió la palabra, dijo, “tengo a mi hijo secuestrado desde el 28 de octubre y no sé nada de él”. El hombre acababa de decir su primera frase cuando el grupo del gobierno estatal le dio la espalda y se retiró.
La acción provocó gritos entre la gente, “pongan atención”, y como no regresaron gritaron: “queremos paz, queremos paz”. Los negociadores del gobierno estatal se retiraron en medio de los gritos.

Llegan policías pero se mantienen sin intervenir

Casi a las 10 de la mañana llegó un convoy de 10 patrullas de la Policía Ministerial, se estacionó en la gasolinera que está abandonada en la entrada de San Miguel Totolapan, bajo una sombra permanecieron el resto del día sin alguna acción.
El Ejército estableció una base de manera formal dentro de San Miguel Totolapan, en el centro, pero a cinco cuadras de distancia de la comandancia donde se encuentra la autodefensa.
En la mañana el grupo de autodefensa grabó un video de la señora donde envía un mensaje a su hijo El Tequilero, pidiendo la liberación del ingeniero Isauro.
“Hijo si es cierto que tu tienes al ingeniero, si de verdad tu lo tienes, te pido que lo liberes que lo entregues porque yo sé que lo vas a hacer”, dijo la señora en un mensaje muy corto, donde incluso le preguntan si la han maltratado pero ya no quiso responder.

Llegaron policías comunitarios de la sierra a sumarse

Policías comunitarios de la sierra de San Miguel Totolapan del poblado de Petlacala llegaron por la tarde de este miércoles a la cabecera municipal para sumarse al movimiento de autodefensa y reforzar el grupo.
Son más de 20 policías comunitarios que bajaron del pueblo de Petlacala, anunciaron que en la sierra harán un bloque para impedir que El Tequilero intente huir por esa ruta.
Además dijeron que reforzarán las acciones en la cabecera municipal y que para este jueves y viernes esperan otros dos grupos que vienen de El Encino Amarillo y Linda Vista, para sumarse al grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan.
Desde principios del año se conformaron grupos comunitarios en la sierra de San Miguel Totolapan, que operan desde la parte media hasta la alta, en donde estiman que son más de 300 que integran el grupo.
Debido a que el movimiento anunció que mantendrán a los retenidos en la cabecera municipal se espera que siga la vigilancia.

No se negoció con nadie, sólo se ejerció la fuerza del Estado, dice Astudillo Flores

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que las autoridades fueron intermediarias en la liberación del ingeniero secuestrado de San Miguel Totolapan, Isauro de Paz Duque pero “no se negoció con nadie, sólo se ejerció la fuerza del Estado”.
Puntualizó que se debe de esperar a que las “cosas se destensen, ya dimos un paso importante que podríamos decir era un punto central, hay otras personas que merecen atención de ambas partes”.
En una entrevista en Milenio Televisión, el gobernador dijo que el gobierno del estado encabezó una operación conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal y la Policía Estatal.
“A raíz de la presión que se ejerció, yo calculo que llegaron a tener alrededor de 350 elementos, entiendo que se liberó primero al ingeniero y después liberaron a la señora”, agregó.
La conductora del noticiario, Azucena Uresti le preguntó de la custodia de la madre de El Tequilero, ya que se tenía la información de que fue entregada directamente a Policía del Estado.
“Entiendo que ella se dirigió hacia algún lugar que no es San Miguel Totolapan, salió del pueblo hacia otro lugar”, contestó.
Ante la respuesta la conductora insistió sobre quien recibió a la madre de El Tequilero, el gobernador dijo que posiblemente estuvo con un grupo de policías del estado.
Reiteró que es importante destensar el “asunto”, aunque después reconoció que no se ha solucionado del todo por lo que primero se debe de liberar a las personas retenidas antes de que él visite San Miguel Totolapan. “Yo creo que se avanzó y los que están allá en el pueblo deben serenarse, y buscar la manera de que quienes quieren secuestrar o violentar los derechos de otros podamos actuar”, agregó.
De los 19 detenidos dijo que no se tiene una investigación que confirme que tienen vínculos con el crimen organizado, por lo que la Fiscalía General del Estado tendría que investigar.
“Nosotros ejercimos presión a efecto de que se entendiera que había un problema y que se tenía que resolver, entiendo que las partes lo vieron y liberaron al ingeniero, sin pagar rescate de por medio”, señaló.
De las garantías de que no habrá represalias señaló que se debe de entender que hay una crisis, que está siendo atendida.
“Yo creo que es importante que se digan las cosas con objetividad, entiendo que se dicen cosas por supuesto hay policía del estado, no los liberaron por cosa graciosa”, agregó.
Subrayó que se intervino con la fuerza del Estado y hará todo lo necesario para que haya garantías de seguridad para los pobladores, porque primero se debe de avanzar en dar seguridad y cuando las condiciones lo permitan él acudirá.
En una segunda entrevista en Televisa, el gobernador fue cuestionado por la reportera Denisse Maerker sobre si el hecho de negociar con la banda de El Tequilero significaba debilidad de su gobierno, a lo que insistió en que no negoció nada con el grupo criminal, sino que se trató de la aplicación de la fuerza del Estado.
El gobernador dijo que está convencido de que las personas que aún se mantienen retenidas serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Aún hay 19 retenidos por la autodefensa, informa el vocero

Tras la liberación del ingeniero Isauro de Paz Duque quien fue secuestrado el domingo por el grupo criminal que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, fue entregada a personal de la secretaría de Seguridad Pública María Félix de Almonte Salgado.
En un comunicado de cinco párrafos se informó de la liberación y que permanecen retenidas por pobladores de la comunidad 19 personas, que en las próximas horas se determinará su libertad ya que serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes.
El boletín describe que luego de la liberación del ingeniero, el grupo de ciudadanos de San Miguel Totolapan entregaron a policías de la Secretaría de Seguridad Pública a la madre del líder de la banda de secuestradores.
Ante los hechos registrados en la comunidad se informó que permanecerán soldados del Ejército, policías federales, estatales y ministeriales para garantizar la seguridad en la cabecera municipal.
En el comunicado de prensa se menciona que se trasladaron a San Miguel Totolapan funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General el Estado y de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, “para atender la problemática de seguridad en ese municipio”.
A las 8 de la noche en su cuenta oficial de Twitter el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que “es satisfactorio dar a conocer que el ingeniero Isauro de la Paz Duque, quien estaba secuestrado, ya se encuentra con su familia”. Seguido por otro tweet en el que informaba que también fueron liberadas las personas retenidas en San Miguel Totolaopan, con la intervención de la Fiscalía.

 

Se acordó con la autodefensa cambiar a la mamá de El Tequilero por el ingeniero, dice el gobierno

El gobierno del estado informó que el equipo negociador que envió a San Miguel Totolapan acordó, con la autodefensa que se creó en esa cabecera municipal, un intercambio entre el ingeniero levantado Isauro de Paz Duque y la madre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, además de la liberación y poner a disposición de las autoridades a los retenidos por los ciudadanos armados.
En el comunicado no dice cómo se logrará que la banda de Los Tequileros libere al ingeniero, para que se pueda hacer el intercambio, o si alguna de las partes ya tiene comunicación con esa organización delincuencial.
Ayer en la mañana el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) integrado por policías federales, estatales, el Ejército y el gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que fue un equipo negociador a San Miguel Totolapan y que se enviaron 220 agentes de diferentes corporaciones para una operación de búsqueda. 120 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 60 policías federales y 40 estatales.
En un boletín del gobierno del estado se informó anoche de los acuerdos entre una comisión de funcionarios y de personal de la Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos (Codehum) con siete vecinos de San Miguel Totolapan.
El comunicado fue distribuido anoche a los medios de comunicación. A algunos les llegó mediante la Secretaría de Seguridad Pública, a otros por la Secretaría de Gobierno o por la oficina de comunicación del gobernador.
Según el boletín la mesa de trabajo concluyó con el acuerdo con los pobladores de San Miguel Totolapan de “liberar y poner a disposición de las autoridades correspondientes a una veintena de prsuntos integrantes del grupo delictivo Los Tequileros, ahora retenidos por autodefensas, así como a la madre de Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero”.
Agrega: “se hará un intercambio entre el ingeniero Isauro de la Paz Duque por la señora Felix de Almonte, madre del presunto delincuente apodado El Tequilero, ante esta acción los funcionarios de gobierno y policías estatales permanecerán en el lugar hasta que se concreten esos resultados”.
Agrega que trasladará a los retenidos al Ministerio Público de Arcelia, “bajo la observancia de todas las medidas de seguridad”, “respetando en todo momento sus derechos humanos”.
Se informó que la reunión fue en la Secundaria Técnica No 38 de San Miguel Totolapan y que participaron el director de Gobernación del estado Jesús Vargas, el vicefiscal de Prevención Alejandro Santos, la primera visitadora de la Codehum Violeta Carolina Parra, así como siete pobladores de esa localidad de la región Tierra Caliente.
Antes al mediodía el gobierno estatal envió otro boletín en el que informó que acordó la integración de un equipo de negociación que “establezca contacto inmediato con familiares de un ingeniero reportado como desaparecido y con la autodefensa que se conformó en su búsqueda en la cabecera de San Miguel Totolapan”.
En este comunicado el gobierno estatal dice que la fuerza conjunta de 220 agentes busca que no lastimen a las personas reportadas como desaparecidas, “ni tampoco a la madre del jefe de la banda de Los Tequileros que al parecer se encuentra en manos del grupo de autodefensa”.

Tiene la autodefensa de Totolapan a 18 retenidos; se armaron ante la violencia, justifica el alcalde

 

La recién formada autodefensa de San Miguel Totolapan mantuvo retenidas ayer a 18 personas incluyendo a la mamá del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, con la intención de intercambiarlas por el ingeniero secuestrado Isauro de Paz Duque, con vida, lo que se asentó como acuerdo en una mesa de negociación con representantes del gobierno del estado que acudieron al punto del conflicto para dialogar.
Ayer cerca de las 10 y media de la mañana llegaron agentes del gobierno del estado a San Miguel Totolapan para dialogar con el movimiento que se levantó en armas este lunes, y para pedirles la liberación de las 18 personas que mantienen retenidas.
Por otra parte según un informe oficial, la noche del lunes, los integrantes de las autodefensas soltaron a seis personas de las 24 que mantenían retenidas en la comandancia, a quienes acusan de nexos con la delincuencia organizada y de trabajar para el grupo criminal Los Tequileros.
Entre los retenidos acusados de vínculos con criminales está la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro y la madre de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, la señora Félix de Almonte.

Los acuerdos

La mesa de negociación se canceló casi al mediodía y se retiró el grupo del gobierno una vez que escuchó las inconformidades.
La postura de la autodefensa fue clara desde el principio: no liberar a ningún otro retenido hasta que estuviera libre el ingeniero.
Cerca de las 4 de la tarde se reanudó la mesa de negociación y las demandas de la autodefensa quedaron como acuerdos: Primero que se hará el intercambio de la señora Félix de Almonte, madre de El Tequilero a cambio de la vida del ingeniero Isauro de Paz.
El resto de los retenidos serán puestos en manos del agente del Ministerio Público de Arcelia para su investigación una vez que se haga el intercambio, se respetará la integridad de cada uno y se mantendrá la policía en el lugar como refuerzo a la seguridad.
En la reunión estuvieron Jesús Vargas Vargas director general de Gobernación del Estado, Alejandro Santos González vicefiscal de Prevención, Violeta Carolina Parra Reyna primera visitadora general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, además de una comitiva de siete vecinos de San Miguel Totolapan.
La autodefensa se mantuvo armada, en la tarde hubo reportes de camionetas con civiles armados de El Tequilero muy cerca del centro y eso puso en alerta a todo el grupo que resguarda dos cuadras a la redonda de la comandancia de la policía, donde están los retenidos, pero no hubo ningún enfrentamiento.
Ayer en la reunión hubo versiones de que hay negociaciones con El Tequilero para el intercambio.

“Dónde está mi marido”; se suman al movimiento familiares de víctimas de secuestrados

La presencia militar y policiaca en la cabecera municipal es intermitente, los agentes salen y entran. El argumento es que están buscando al ingeniero en recorridos foráneos.
San Miguel Totolapan está desierto, todos los negocios están cerrados, las casas cerradas, casi no se ve gente en las calles sólo patrullajes de las autodefensas. Algunas viviendas lucen banderas blancas del mismo grupo.
A la zona están llegando personas a sumarse desde muy temprano al movimiento.
Sonia es una mujer de 30 años de edad aproximadamente, acudió con familiares a sumarse al movimiento y expresó, “quiero que me digan dónde está mi marido, lo secuestró El Tequilero”.
Informó que recientemente secuestraron a su esposo, pagó 40 mil pesos por él cuando le pedían 200 mil.
“Estoy embarazada y me hicieron subir una loma para dejar el dinero y a la fecha no sé nada de mi marido, quiero que me lo entreguen por eso estoy aquí, porque quiero que ellos me ayuden a encontrar a mi marido”, dijo la mujer mientras lloraba.

Si el gobernador no atiende San Miguel habrá un enfrentamiento, advierte el alcalde

El presidente municipal Juan Mendoza Acosta, de extracción perredista, dijo a la prensa nacional y estatal que acudió al lugar que si el gobernador Héctor Astudillo Flores no atiende San Miguel Totolapan podría haber un enfrentamiento.
“El pueblo está haciendo su deber, el pueblo se está levantando porque la gente está cansada, mi postura es que lleguemos a un diálogo y que reine la paz, a un término bueno pero que al pueblo se le haga justicia”, dijo.
También expresó que “el tema es la inseguridad, quieren paz, quieren tranquilidad, si el gobierno les garantiza eso desistirán pero además que los tequileros se entreguen”.
“Yo no me he acercado al movimiento pero la situación es así hace 15 días que se levantaron a dos contadoras de aquí, (empleadas municipales), hace ocho días mataron a un tránsito municipal, el domingo se levantan a un ingeniero, eso derramó la gota, la gente se levantó”, relató.
“Yo le pido al gobernador que mire a San Miguel Totolapan porque puede haber un enfrentamiento”.

 

Acuerdan el alcalde y el Grupo de Coordinación recorridos de la Policía Federal en la capital

El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena informó que este viernes se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores y mandos militares para hacer una evaluación de la estrategia de seguridad.
En declaraciones a reporteros, luego de la entrega de certificados de bachillerato en la sala de juntas del Ayuntamiento, explicó que el acuerdo fue mantener las operaciones de revisión a automovilistas y motociclistas, así como los recorridos que de la Policía Federal.
Además dijo que las bases de operaciones del gobierno municipal que se encuentran en Petaquillas y Amojileca, ya no serán “estáticas” y se van a desplegar en diferentes puntos de Chilpancingo.
Para reforzar la seguridad en Chilpancingo, donde han ocurrido 226 asesinatos en lo que va del año, expuso que las autoridades municipales seguirán impulsando el programa de Vecino Vigilante.
Agregó que ha logrado la integración de 122 comités de Vecino Vigilante y que el objetivo en 2017 será incrementar la cifra a 200, además de que se contratará más personal para la policía de proximidad, dando prioridad a jóvenes que hayan realizado recientemente su servicio militar.
Informó que Chilpancingo cuenta con 112 policías municipales evaluados y certificados, y 24 reprobados que serán dados de baja, pero aclaró que esto no afectará las finanzas del Ayuntamiento.
De la postura del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD y algunos regidores que le pidieron que hable del problema de violencia en la ciudad para que el gobierno estatal y federal lo atiendan, y aseguraron que la capital enfrenta una situación grave de inseguridad, dijo que comprendía su postura porque son oposición.
En cuanto a la declaración del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda quien el jueves manifestó que se necesita legislar para generar un marco jurídico que defina el papel del Ejército en las labores de seguridad pública, y que los soldados no estudiaron para perseguir a delincuentes, Leyva Mena se limitó a decir que sí es necesario legislar para ofrecerle a esa institución certeza en su labor.
“El Estado mexicano le ha pedido la colaboración a una institución como el Ejército para enfrentar temas de inseguridad, temas en los que el marco legal no es el apropiado para las funciones de la Secretaría (de la Defensa) y él dice que no pueden dar los resultados que se quieren sin el marco jurídico legal, por eso se requiere la intervención del (poder) Legislativo”.
En cuanto a los trabajos de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán aseguró que han concluido, y sólo falta terminar las banquetas, pero aclaró que esto se debe a que las empresas de Izzi y Telmex no han resuelto el cableado, pero aseguró que todo estará listo para el 18 de diciembre, cuando se celebrará el tradicional paseo del Pendón.

Es más humano colocar los cuerpos sin identificar en gavetas que en la fosa común, responde el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que los cuerpos que serán inhumados en el Cementerio Forense Estatal de Chilpancingo no han sido identificados por sus familiares pero se cumple con un protocolo.
En conferencia de prensa después de la inauguración del 18 Congreso Internacional en Adicciones, se le preguntó al respecto y dijo que es “más correcto y más humano colocarlos (en las gavetas) que mandarlos a la fosa común”.
Héctor Astudillo reconoció que se trata de un asunto delicado e importante pero asume la responsabilidad de esa decisión.
Del reclamo de la falta de identificación de los cuerpos, el gobernador lamentó que no hay familiares que reclamen los cuerpos, “ese fue el motivo para enviarlos a un cementerio donde se tomaron una serie de medidas de carácter de salud y de trato humano a quienes fallecieron”.
“Entiendo que habrá personas que van a estar diciendo bueno por qué se los llevan si no han sido identificados, pues por eso exactamente porque no han sido identificados”, agregó.
Después el gobernador explicó que donde fueron depositados los cuerpos se trata del “primer panteón ministerial del país” y que en la inhumación de los cuerpos se cumplieron los protocolos internacionales para la conservación e identificación de cuerpos.
Explicó que a los cadáveres se les realizaron diversas pruebas periciales, antropológicas, genéticas, dactiloscópicas, odontológicas, para generar un banco de información y expedientes que permita cruzar información con otras fiscalías y la Procuraduría General de la República (PGR), y de esta forma localizar e identificar familiares vinculados a los cuerpos.
También informó que “las gavetas y bolsas que se utilizan en el panteón ministerial, fueron donadas por la Cruz Roja Internacional, y permiten conservar los cuerpos hasta 50 años”.

Es injustificable la inconformidad de los familiares, dice el fiscal

El fiscal del Estado, Xavier Olea Peláez declaró ayer que es injustificable la inconformidad de los familiares de los desaparecidos por el traslado de cuerpos del Servicio Médico Forense (Semefo) al Cementerio Forense Estatal, y aseguró que se están cumpliendo las reglas y protocolos establecidos en la materia, además, que la Fiscalía cuenta con la base de datos para una posible identificación posterior.
Consultado por teléfono el fiscal informó que los protocolos que se están aplicando son los que les proporcionó la Cruz Roja Internacional, y que continuará el traslado hasta completar 60 en una primera etapa, mientras continúa la aplicación de las pruebas al resto de los 460 que hay en los semefos del estado.
En cuanto a las denuncias que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y ante el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez de la falta de resultados en las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, argumentó falta de presupuesto, pero que aún así hay avances y que hasta les dieron a conocer lugares donde pudiera haber fosas posiblemente con cadáveres.
Dijo que la tarde del martes se reunió con el visitador de la CNDH Ismael Eslava a quien le explicó que los cadáveres que comenzaron a ser trasladados al cementerio ministerial son los que no han sido identificados.
“A mí me salta un problema porque dicen que no están identificados los cuerpos. Los cuerpos no pueden ser identificados si ningún deudo los identifica, lo que tenemos identificado es el ADN, las periciales de antropología forense, dactiloscopia, criminología, tenemos todo, pero son desconocidos”, aseguró.
–Pero la inconformidad de los familiares de desaparecidos es que no se ha hecho una confronta–, se le aclaró al fiscal.
–Están confrontados, cómo que no hay una confronta. Pero si no se sabe quiénes son no puede haber familiares.
Explicó: “si yo me muero tengo quien me reconozca, mi esposa o mis hijos. Aquí no es ese el caso, aquí son cadáveres que no han sido reconocidos por ningún familiar. Entonces la colectividad cómo puede estar en contra si no están reconocidos”.
Olea Peláez aseguró también que se cumplieron los protocolos, “los protocolos nos los dio la Cruz Roja Internacional. Somos el primer estado de la República en crear esto, porque en todos los estados y en la Ciudad de México se ha determinado el tiempo que están los cadáveres no reconocidos en Semefo, y son enviados a la fosa común, sin sacarles el perfil de ADN, sin nada”.
En cambio, explicó que con la medida que se aplicó aquí, “si un hermano mío está desaparecido y ya lo metieron a la gaveta, me sacan sangre y saliva e inmediatamente me van a decir: es el número 5 que está en tal lado”.
–En estas condiciones, ¿va a continuar el traslado?
–Evidentemente que va a continuar porque estamos rebasados en el número de cadáveres que podemos tener en los semefos.
Confirmó que en una primera etapa se van a trasladar 60 de un total de 460 cuerpos que hay en los semefos del estado. El martes fueron trasladados 20, ayer miércoles serían enviados otros 20 y este jueves 20 más, “y hasta allí paramos”.
Agregó que después van a continuar aplicando las pruebas al resto de los cadáveres para que “en un tiempo razonable” se trasladen otros 20, “y así vamos a ir descongestionando los semefos”.
Además aseguró que la Fiscalía cuenta con una relación “perfectamente cotejadas”, y dijo que los datos se encuentran en un libro de gobierno.

Falta presupuesto para investigar los casos de desaparecidos

En cuanto a la denuncia que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab y al visitador de la CNDH Ismael Eslava en el sentido de que no hay avances en las investigaciones para localizar a personas desaparecidas y esclarecer los asesinatos, el fiscal argumentó que la Fiscalía carece de presupuesto para hacer su trabajo.
Informó que la tarde del martes se reunió con el representante del Alto Comisionado, “y le dije claramente las penurias que pasa la Fiscalía en ese aspecto”.
Agregó que le explicó al enviado de las Naciones Unidas la escasez del presupuesto, “le expliqué que Guerrero no es Coahuila, no es Chihuahua y que es muy difícil encontrar cadáveres. Le expliqué claramente qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos avanzando”.
Dijo que el Alto Comisionado y el visitador de la CNDH le recomendaron que de alguna manera se tiene que fortalecer la Unidad o Fiscalía de personas desaparecidas.
“El problema es que hoy no tenemos el presupuesto, y vamos a ver si para el año que entra se puede hacer crecer la Fiscalía de desaparecidos”.
Olea Peláez aseguró que el representante del Alto Comisionado y el visitador de la CNDH “estuvieron 100 por ciento de acuerdo” con su respuesta.
La reunión fue en la Fiscalía entre las 5 y 7:15 de la noche y posteriormente se trasladaron a la Secretaría de Gobierno, en donde se reunieron también con el secretario Florencio Salazar Adame.
En esta segunda reunión los funcionarios entregaron un documento que contiene información de los lugares donde existen fosas posiblemente con cadáveres, y les explicaron que en el caso de las que fueron encontradas en Zitlala con 34 cadáveres y 9 cabezas humanas, fueron encontradas en función del trabajo de la Fiscalía, cuando llegaron a un campamento del crimen organizado en donde habían sepultado a 34 de sus víctimas.
Asimismo, informaron al Alto Comisionado y al visitador de la CNDH que en algunas barrancas profundas puede haber más fosas, “y les dijimos en qué parte del estado pueden estar”.
Agregó que con eso demostraron que “sí estamos trabajando y que tenemos en proceso de avance aún cuando no tenemos el presupuesto adecuado”.

Es un proyecto único

En un boletín de prensa conjunto la Fiscalía y la secretaría de Salud informaron que el Cementerio Forense Estatal (como se lee en las placas que pusieron a las gavetas donde depositaron cuerpos este martes), es un proyecto único en su género y que es coordinado por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.
Se informó que los cadáveres que fueron llevados el martes al panteón ministerial son los que tienen completo el proceso de identificación, “es decir, se realizó la cadena de custodia y las diligencias de traslado, para que todo quede plenamente identificado”
Las dependencias explicaron que cada gaveta fue sellada para inhumación, “misma que cuenta con una placa metálica con número de averiguación previa y fecha de resguardo, previamente se realizó doble verificación de cada cuerpo, es decir peritaje, cuestionario ante mortem y post mortem”.
Se informó que el traslado de los cuerpos será paulatino, mientras continúa el proceso de las pruebas de ADN de todos los cadáveres por el estado en que se encuentran, esto implica que el proceso puede prolongarse, para inhumar los que se encuentran en servicios médicos forenses de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
Las dependencias informaron que en esta etapa de inhumación están concluidos cuatro módulos de 80 gavetas, 40 por cada lado y faltan tres módulos más por construir, “existe un libro de gobierno para ingresar el día y la hora de los cuerpos, un mapa del panteón y cada espacio tiene una ubicación específica”.
“El manejo y tratamiento de los cuerpos se hace bajo los protocolos homologados de necropsia, y el fin último es que en el Panteón Forense se preserven los cuerpos en un lugar específico, para que en la base de datos de genética creada se ingresen los perfiles de los familiares y se haga la correlación de manera sistematizada, previa práctica de los estudios correspondientes de los cuerpos identificables”, agrega.
Se informó que el proceso de inhumación lo hizo la Secretaría de Salud, y que en la primera etapa se tuvo asesoría de la Cruz Roja Internacional, que dotó de un software para facilitar la elaboración de los perfiles genéticos, “señalando que no habrá cadáver en gaveta si no está identificado con todos los estudios que se tendrán al 100%, los cuales se ingresarán a la base de datos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGE”.