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Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

La delincuencia disminuye y “los números ahí están”, dice también Héctor Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores confió que con la llegada del general Germán Javier Jiménez Mendoza como nuevo comandante de la Novena Región Militar habrá la misma coordinación que con el general Alejandro Saavedra Hernández.
Sobre la reducción de la delincuencia, como lo dijo el nuevo mando militar, el gobernador coincidió en que “los números ahí están”.
Astudillo cortó ayer el listón de los proyectos de condominios Velera y Península, en la exclusiva zona Diamante, con una inversión de 2 mil millones de pesos y allí reiteró que las cosas negativas no pueden parar el desarrollo de Guerrero.
Este viernes el general Germán Javier Jiménez Mendoza tomó protesta como nuevo comandante de la Novena Región Militar en sustitución de Alejandro Saavedra Hernández, quien ahora es inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea.
Al gobernador se le pidió su opinión sobre el cambio de mando y dijo que ya lo había platicado con el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, en su reciente visita a Guerrero, y que expresaba su bienvenida al nuevo comandante, con quien seguramente se reunirá en los próximos días.
Explicó que no estuvo en la toma de protesta para recibirlo porque su agenda se complicó, pero reiteró que espera verlo en los próximos días.
Astudillo Flores indicó que su gobierno mantiene una gran coordinación con el Ejército para enfrentar la inseguridad en el estado.
Dijo que está “convencido que trabajaremos de la misma manera, con una gran coordinación como lo hicimos con el general Alejandro Saavedra, y por supuesto le decimos al general Saavedra que le vaya bien y le damos la bienvenida a quien ha llegado”.
Sobre las primeras declaraciones del general Germán Javier Jiménez, de que hay resultados en la lucha contra la delincuencia y que el problema en parte es de percepción, el gobernador respondió: “Los números ahí están”.
Añadió que hay hechos mediáticos que pegan mucho y “yo creo que los hechos que sucedieron hace algunos días, como el secuestro colectivo en Ajuchitlán, el caso de las policías comunitarias, las balaceras que se dieron en Tierra Colorada y por supuesto también los acontecimientos de Teloloapan, más los homicidios dolosos que hay, que normalmente se dan entre grupos de la delincuencia, eso hace que se haga mucho ruido, en algunos lugares del país hay violencia similar o más, no se comenta mucho, pero estamos en Acapulco, estamos en Guerrero”.
Al gobernador se le preguntó sobre el hecho de que los maestros insisten en irse antes de lo que marca el calendario escolar y nada más respondió: “sin comentarios”.
Sobre el tema de la desaparición del dirigente transportista Juan Mendoza Tapia y tres personas, más el gobernador indicó que “hay toda una operación para buscarlos, se ha ido haciendo, hay algunos elementos que la Fiscalía ha proporcionado y nos ha dicho, por supuesto no ha sido suficiente para saber dónde está, hay que seguir buscándolo de manera tal que podamos saber qué es lo que sucedió con su desaparición”.
El gobernador Héctor Astudillo se congratuló de la inversión en los condominios Velera y Península, donde la inversión fue casi de 2 mil millones de pesos, y dijo que ante el arranque de las fechas navideñas es muy apropiado, “es un mensaje de confianza para Acapulco, para que Guerrero camine”.
Ante el presidente del consejo grupo Península, Felipe Tomé Velázquez e invitados, el gobernador Héctor Astudillo manifestó que es buen momento para presentar los proyectos, que cada vez que hay una acción como esa “a nosotros nos da mucho entusiasmo, porque es muestra de confianza en Acapulco y Guerrero”.
Indicó que espera que ese proyecto sirva para “estimularnos y pensar que Guerrero tiene cosas muy importantes por las cuales luchar”.
Reiteró que Guerrero no se puede parar, “las cosas negativas no pueden pararnos, esas hay que acomodarlas en su exacta dimensión, pero hay cosas muy importantes de inversiones que generan empleo y muchas otras cosas más, especialmente en una temporada tan importante”.
Mientras que el empresario y presidente del Grupo Península, Felipe Tomé Velázquez, indicó que en Acapulco se siente en casa y “no hay ningún lugar en el país donde hayamos tenido una acogida tan cercana como esta”.
Aseguró que esas obras son de vanguardia y con la mejor calidad de construcción.
El empresario señaló que a ellos no les gusta poner las primeras piedras sino mostrar lo que saben hacer.
Por su parte, el alcalde Evodio Velázquez agradeció a los empresarios de Península porque desde hace muchos han confiado en Acapulco. Dijo que con ese acto se manda el mensaje de que en Acapulco hay una gran condición para poder invertir, para poder fortalecer la economía del país, para poder atraer las inversiones ante las circunstancias que se presentan a nivel internacional.
Señaló que Acapulco es una opción real para invertir, una opción real para demostrar que es un paraíso y para ello se ha hecho un trabajo conjunto con el gobierno del estado y el gobierno federal.

Llegan a Tixtla 20 policías estatales, recorren la ciudad e instalan retenes en la carretera

Por indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores fueron enviadas cuatro patrullas y 20 policías estatales al municipio de Tixtla, para prevenir más hechos de violencia.
A las 8:30 de la mañana entraron a la cabecera municipal las cuatro camionetas respaldadas por otras dos de la Policía Municipal, las cuales en convoy recorrieron el centro de la ciudad para posteriormente colocarse en las salidas a Chilapa y Chilpancingo.
El reforzamiento es únicamente en la cabecera municipal, la cual cuenta con una población de 54 mil habitantes y en la que en el último mes se han cometido continuos y brutales asesinatos.
Minutos antes de que partiera el convoy del Zócalo de Tixtla, el alcalde perredista Hossein Nabor Guillén informó que este miércoles sostuvo un encuentro privado con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
Dijo que por indicaciones del gobernador se dio el encuentro en Palacio de Gobierno, donde se acordaron las operaciones en conjunto con el gobierno municipal.
“Con el secretario buscamos la posibilidad, por indicaciones reitero del gobernador, de hacer operativos conjuntos para disuadir los hechos de violencia que se han dado en las últimas semanas en el municipio de Tixtla”, agregó.
Detalló que del municipio operan en un turno sólo 20 policías, los que se unirán a los 20 del estado para resguardar las entradas y salidas de la carretera Chilpancingo-Chilapa.
Dijo que en la reunión con el secretario también se planteó la necesidad de crear un proyecto para rescatar el tejido social en el municipio, ya que para su gobierno no se considera como única herramienta para luchar contra la violencia el uso de la policía.

Hay trabajo de investigación, afirma

El alcalde fue informado por el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, que además hay trabajo de investigación de manera paralela a las operaciones de seguridad instruidos por el gobierno del estado.
Dijo que se le informó que la línea de investigación en el hallazgo de los ocho cuerpos y los otros tres cuerpos encontrados en el libramiento, corresponden a ejecuciones de la delincuencia organizada.
“Nos aseguró que la línea de investigación es la de la delincuencia organizada, todas las muertes están relacionadas con esto, lo que no puedo asegurar son datos específicos, esos están por confirmarse”, señaló.
Las cuatro camionetas y 20 policías estatales, acompañados por los 20 municipales se colocaron en dos retenes, uno frente a la gasolinería ubicada en la salida a Chilapa.
En ese retén los policías estatales revisaron las camionetas de pasajeros que provenían de  Chilapa y de Zitlala, bajaban a los usuarios para revisar sus pertenencias.
El segundo se colocó en la salida a Chilpancingo donde también revisaron a los automovilistas y conductores de motocicletas.
La mañana del martes tres hombres asesinados fueron hallados en el nuevo libramiento a Tixtla, entre ellos el ex regidor Luis Tenero Encarnación, y ese día en la noche se encontraron cinco hombres ejecutados en el viejo libramiento. Hace 11 días, el domingo 20, 9 cuerpos desmembrados fueron encontrados en la salida de la ciudad a Chilapa.

Pide el promotor de la CRAC Arturo Campos al gobernador que pare la violencia

El preso político y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores desde la cárcel a que pare la delincuencia o renuncie, y sostuvo que el modelo de la Policía Comunitaria es el mejor y debe de seguir avanzando en las comunidades del estado y del país.
En un pequeño espacio que ocupa una oficina en la cárcel de Ayutla, Arturo saludó y abrazó unos 20 minutos a los representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos que lo visitaron ayer. Después un grupo de reporteros entró para charlar con él.
Vestía una playera blanca del equipo Los Pumas y un pantalón de mezclilla. Se veía fuerte a pesar de lo difícil que ha sido estar encerrado tres años en condiciones precarias, la falta de medicamentos y de doctores.
“Si el gobernador quiere a su estado, que pare la violencia, si no que renuncie”, soltó el promotor de la CRAC, y recriminó lo dicho por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el martes, de que la violencia bajó en el estado, “sigue habiendo muertos”, además de que siguen los secuestros, cobros de cuotas y asesinatos.
El preso político dijo que “puede haber muchas leyes pero mientras no se respeten seguirá la violación de los derechos humanos” en el estado y el país. Culpó a los malos gobernantes de la  “mala” situación del estado.
Señaló la incapacidad del gobierno de dar seguridad a las comunidades, y dijo que la CRAC es la única esperanza para la paz en el estado, “el modelo de la Policía Comunitaria es mejor, se tiene que copiar el modelo para seguir avanzando en las demás comunidades del estado”.
Campos Herrera expresó que “los pueblos tienen que hacer la reforma (a la Ley 701), se tiene que mejorar” y reclamó el presupuesto que se debe de dar a la Policía Comunitaria por el estado, que sigue gastando el dinero en una estrategia que ha fallado.
Expresó que “libertad sería justicia total, que no haya pobreza, corrupción”. Dijo que él afuera no se sentiría seguro y como todos tiene miedo, “pero si nos toca morir por una buena causa la lucha seguirá”, porque pese a los asesinatos de los integrantes de la CRAC, la única esperanza es la organización de los pueblos, donde la inconformidad crece.

Si las autoridades prometen dar seguridad, regresan a clases las tres escuelas de Acapulco, dice el SUSPEG

El secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a los maestros estatales, Robespierre Moreno Benicio, subrayó que las tres escuelas que suspendieron clases por la inseguridad no cuentan con resguardo ni del Ejército ni de policía del estado, pero si las autoridades se comprometen a dárselo, los docentes volverán a las aulas. Añadió que como son escuelas que están en la zona rural no se les ha dado, que los maestros piden seguridad de militares y “regresan a las aulas, pero sí se da seguridad”.
Moreno Benicio señaló que entienden la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien insinuó que los maestros nada más quieren adelantar vacaciones, pero “nosotros tenemos una experiencia amarga, hemos sufrido secuestros de maestros”.
Indicó que han aguantado lo más posible en las aulas en los últimos dos años, pero “desgraciadamente en ese entonces tuvimos varios secuestros y no vamos a pasar por la misma situación. Estamos guardando todas las providencias, todos los mecanismos posibles, hemos entablado una negociación directa con el fiscal Xavier Olea, con la parte castrense y los comunitarios en la zona rural”.
El dirigente sindical reconoció que en algunos espacios la seguridad se ha dado bien, en otros no tan bien. Las escuelas estatales cerradas son tres y se encuentran en las comunidades El Quemado, Leyes de Reforma y Río Papagayo, pues fueron amenazados por delincuentes, quienes les pidieron su aguinaldo, pero en dólares. El martes el secretario de Acción Política, Juan Alberto Rodríguez Rendón, dijo que individuos pidieron a la directora de una escuela de El Quemado 20 mil dólares, pero este jueves Moreno Benicio indicó que fueron 2 mil.
El dirigente del SUSPEG dijo que los maestros no están físicamente en las escuelas, pero se están comunicando por distintas maneras con sus alumnos.
Señaló que la extorsión a los maestros es en dólares y “no estamos en condiciones de caer en ese juego”.
Afirmó el dirigente que nada más son esas tres escuelas que han suspendido clases, pero que hay la petición de otras de adelantar el periodo de vacaciones, pero les han pedido que aguanten y que tengan la seguridad de que “vamos estar atentos y vamos a tomar todos los cuidados posibles para salvaguardar su integridad”.
En las tres escuelas cerradas laboran cerca de 55 maestros y hay alrededor de 800 alumnos, pero precisó el dirigente Robespierre Moreno que los docentes además de contar con el apoyo del sindicato, el cierre fue sugerencia de un comisario y de padres de familia que “conocen la situación”, pues esas escuelas no tienen seguridad de militares, “es lo que piden y se regresa, pero si se da seguridad, pero es el área rural y nunca la han dado”.

Pide el alcalde “apoyo urgente” al gobernador para combatir la violencia en Tixtla

Debido a la violencia en el municipio de Tixtla el gobierno perredista de Hossein Nabor Guillén solicitó apoyo urgente para combatir la ola de violencia al gobierno del Estado.
“Nosotros estamos tratando de contener lo que más podemos, pero mientras no haya presencia del gobierno federal y estatal, pues obviamente se nos complican más las cosas”, enfatizó.
Tras el hallazgo de los tres cuerpos dejados a la orilla del nuevo libramiento a Tixtla, el alcalde se comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores para manifestar su preocupación ante los continuos hechos de violencia.
El lunes de la semana pasada, 21 de noviembre, se hallaron los cuerpos de ocho hombres decapitados, este viernes fue hallado asesinado el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Irineo Salmerón Dircio junto a otra persona, y este lunes fueron encontrados tres hombres muertos, entre ellos un ex regidor.
El gobernador “está integrando a Tixtla en la presencia del gobierno federal para los próximos días, se anunció pero no se ha dado”, dijo ayer el alcalde.
Insistió en que su gobierno repudia la violencia, principalmente contra los integrantes de la Policía Comunitaria, “quienes han sufrido dos levantones”.
Recordó que ante la ola de violencia se organizó la Policía Municipal para instalar retenes sobre la carretera.
“Mira nuestra capacidad económica del Fortamun sólo nos da para sostener 55 elementos de la Policía Municipal, esos 55 elementos para los 53 mil habitantes debes de tener claro que no alcanzan, pero tenemos en activo menos porque la mitad cubre un turno y el otro grupo el otro turno”, informó.
Reiteró que el gobierno municipal trata de combatir el problema de inseguridad, pero es urgente la intervención de la federación y del estado, para evitar que se “compliquen más las cosas”.
“El gobernador nos tomó la llamada por la mañana y anunció que se incrementará la presencia (de policías federales), obviamente esto obedece a algunas estrategias de seguridad que no nos van avisar, estamos esperando cuándo llegan y cuál será la estrategia a seguir”, mencionó.
Confirmó que uno de los cuerpos hallados en la mañana es Luis Tenero Encarnación, quien fue regidor y era uno de los promotores de la creación de la Universidad Intercultural Latinoamericana de Ciencias y Artes (UILCA).

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.

 

Piden la destitución del subcoordinador del Registro Civil Joaquín Zúñiga, lo acusan de corrupción

El ex supervisor regional de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil adscrito a la Costa Grande, César Antonio Aguirre Noyola demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores la destitución del subcoordinador operativo Joaquín Zúñiga Ramos, por corrupción y nepotismo.
En conferencia de prensa expuso las inconformidades que tiene con 15 antiguos oficiales del Registro Civil de Costa Grande.
Dijo que del 2012 al 2015 tuvo el cargo de director del Registro Civil de Zihuatanejo y el 1 de octubre de 2015 el de supervisor regional, en ese tiempo entregó un oficio a la coordinación denunciando la corrupción de Zúñiga, pues su sobrino que era supervisor regional en Tecpan cobró entre mil y mil 500 pesos para hacer los trámites en una campaña gratuita, y pidió su renuncia.
Expuso que el lunes acudió al Palacio de Gobierno a la Oficialía de Partes en la oficina del gobernador, para presentar pruebas que incriminan al subcoordinador, entre ellas que tiene un grupo de familiares trabajando en la coordinación, un hijo, un sobrino, una sobrina y su esposa.
Entre las pruebas que entregaron está una grabación y un video que demuestra cómo presiona a los oficiales pidiéndoles solventar sus viáticos cuando acude a las campañas gratuitas para trámites de actas de nacimiento, matrimonio, aclaración y rectificaciones. El dinero es para pagar gasolina, hospedaje, pago de casetas, cuando a él la coordinación le designa dinero para esos gastos, pero también les pide cajas con productos de la región como mangos, plátanos y camarones.
Resaltó que Zúñiga Flores se jacta de tener buena relación con la esposa del gobernador, la presidenta del DIF estatal Mercedes Calvo Elizundia, además de que tiene nexos con políticos y dice que está certificado en honestidad.

Llegan 80 soldados a Tierra Caliente; van a Ajuchitlán tras el secuestro masivo

Cerca de 80 soldados de la Policía Militar llegaron este lunes a Tierra Caliente para incorporarse al municipio de Ajuchitlán del Progreso, y reforzar la seguridad tras la petición del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ayer al mediodía se pudo ver un convoy militar que llegó a Ciudad Altamirano y dos horas los soldados hicieron compras.
Llegaron en aproximadamente 20 unidades, se estima que se establezcan en Ajuchitlán del Progreso para hacer recorridos en las zonas de conflicto, sobre todo en las colindancias con San Miguel Totolapan.
Se espera también que este grupo ingrese a la comunidad San Jerónimo el Grande, donde secuestraron a 10 personas el jueves 17 de noviembre, y que siguen sin aparecer siete de ellos, raptados por el grupo criminal Los Tequileros.
La Policía Militar estuvo en Altamirano dos horas recorriendo los centros comerciales para comprar insumos personales, los soldados también fueron a los bancos y después se retiraron a Ajuchitlán sobre la carretera de Coyuca de Catalán. San Jerónimo se ubica del otro lado del río, por el lado de Tlapehuala.
Este grupo viene a reforzar la seguridad en el municipio de Ajuchitlán del Progreso donde ya opera la Policía del Estado con un grupo en San San Jerónimo el Grande, y la Policía Federal comenzó a incrementar sus rondines en las zonas rurales en las cercanías de esa comunidad.
El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que aunado a los trabajos de seguridad de la Policía del Estado, la Policía Federal y ahora el Ejército también hay un grupo de investigación antisecuestros apoyado por efectivos de la Procuraduría de Michoacán, para localizar a los siete secuestrados.
Esta operación de búsqueda se da después de que los vecinos de este poblado se levantaron en armas para organizar una autodefensa, que se mantiene de manera discreta vigilando desde algunos cerros y cerca del poblado, pero no dentro donde hay policías estatales.