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Está paralizada la construcción del cuartel en Teloloapan y aún no llega la PF, informa el alcalde

 


El proyecto para la construcción del cuartel del 41 Batallón de Infantería del Ejército en Teloloapan, anunciado en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, está “paralizado” y sólo se cuenta con la donación de un terrero de 60 hectáreas donde está proyectada su construcción, informó ayer el alcalde perredista Robell Urióstegui Patiño.
Vía telefónica ayer en la mañana el alcalde de Teloloapan explicó que en la administración del alcalde Jesús Valladares Salgado el municipio donó el terreno de 60 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante un notario público, “ya se hizo y estamos en espera de que se puedan etiquetar recursos para que se dé la construcción del cuartel en Teloloapan”.
Dijo que ha estado pidiendo información de cuándo inicia su construcción pero le han dicho que se espera que se etiqueten recursos, aunque por el momento no hay.
Agregó que hace unos días platicó al respecto con el gobernador Héctor Astudillo Flores y éste le respondió que también insiste ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para que inicie la construcción de los cuarteles de Teloloapan y de Chilapa.
Mencionó que el municipio donó 30 hectáreas de terreno y se compraron 30 más con el apoyo del gobierno del estado que aportó tres millones de pesos, y otra parte el municipio. El predio está ubicado al oriente de la cabecera municipal en la carretera Teloloapan-Apaxtla, antes de llegar a la comunidad de Acatempan.
En febrero de 2014 cuando el ex mandatario Ángel Aguirre entregó el terreno a mandos militares de la Sedena, anunció la entrega de un cheque de 10 millones de pesos para el inicio de su construcción y que se habrían dado al ex alcalde Ignacio Valladares Salgado.
Al respecto el alcalde, quien fue tesorero en la pasada administración, dijo que “no se entregó nada, hicieron la entrega simbólica de un cheque pero el recurso nunca pudo llegar a las cuentas (del municipio) porque se tenían que esperar a que la Sedena pusiera su parte. Fue un cheque que se entregó de manera simbólica por 10 millones de pesos pero nunca se hizo efectivo, hasta donde yo sé”.
El 13 de febrero de 2014 tras una sesión del Grupo Coordinación Guerrero que sesionó en Teloloapan, el ex gobernador Ángel Aguirre entregó a mandos militares el predio de 60 hectáreas en el que se construiría el 41 Batallón de Infantería, el cual daría seguridad a los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Ixcapuzalco, Cuetzala y parte de Tierra Caliente.
El lunes de la semana pasada y de la misma manera tras una sesión del Grupo de Coordinación Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informaron del reforzamiento de la seguridad en cinco municipios del estado, entre estos Teloloapan.
“El titular del Ejecutivo del estado dará seguimiento con el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación el compromiso de instalar cuarteles militares en Teloloapan y Chilapa”, decía el boletín del gobierno estatal.
En otro tema ante la pregunta, el alcalde Robell Urióstegui informó que hasta la tarde de ayer la Policía Federal no había llegado a Teloloapan como anunció la semana pasada el vocero de seguridad.
Dijo que el municipio estaba en calma y en espera del arribo de los agentes, “no han llegado a Teloloapan y desconocemos el motivo por el cual no han hecho acto de presencia”, pero confió que en los próximos días lo hagan.
Se le preguntó si es por la petición del gobierno de que se repliegue la comunitaria Tecampanera, y respondió que no porque quien hace la petición de que la comunitaria se repliegue es la Policía Militar.

Marchan en la capital organizaciones sociales, cierran el Cecyteg y se plantan en Casa Guerrero

Unos 300 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón afuera de Casa Guerrero para pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Entre sus demandas está la indemnización para los vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, justicia para la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada, Rocío Mesino Mesino, respuesta a los mineros de Taxco que llevan 9 años en huelga, atención para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y la presentación con vida del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia.
También la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia al asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.
Rechazaron la reforma educativa y exigieron la destitución del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero.
Subrayaron que el motivo de salir a la calle a manifestarse es para exigir en conjunto sus demandas. En Casa Guerrero integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) los esperaba en la puerta uno.
El contingente iba encabezado por un carro con sonido por el cual reiteraron sus demandas. Además portaron lonas de sus organizaciones.
Mediante el micrófono los manifestantes externaron su rechazo a las reformas estructurales como la reforma educativa y la reforma al sector salud, señalaron que el gobierno en lugar de dar más apoyo a la educación o al campo habla de reducción de presupuesto.
“No podemos continuar así, nosotros debemos pedir estar de una manera estable con seguridad social, con educación. Imaginen cada uno de estos hechos, nosotros somos ciudadanos, también a parte de que somos trabajadores, vivimos en este lugar y pagamos impuestos. Tenemos derecho del libre tránsito, derecho o a exigir todo lo que nosotros estamos remunerando al estado”, pronunció una profesora.
Exigieron que el gobierno del estado encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores se sentara con ellos en mesas de trabajo, para analizar sus demandas y darles solución.
Cuando el contingente llegó a las oficinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) en la avenida Lázaro Cárdenas, exigieron que los trabajadores desalojaran las instalaciones.
Pidieron la destitución del director de la institución Jaime Carmona Huerta porque les hace retenciones salariales en nómina para pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) préstamos que solicitan, sin embargo el Cecyteg no está haciendo los pagos, por lo que tienen adeudos y padecen de acoso laboral.
Cuando comenzaron a salir los trabajadores se escucharon las consignas: “¡Fuera, fuera por corruptos! ¡Estamos hartos!”.
“Precisamente en esta dirección general hay mucho recurso desviado, aquí hay mucha gente que aparece en nómina y que no tiene un techo financiero, sin embargo ese techo financiero lo toman de los trabajadores de base a los cuales no se les dan las prestaciones”, acusó un profesor.
Los manifestantes cerraron el portón de las instalaciones, colocaron una cartulina y el contingente siguió su trayecto a Casa Guerrero.
Del edificio salió el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, quien dijo a los manifestantes que vería para cuando les programaban una reunión.
La Dirección Colectiva acordó que no se sentarían a dialogar con ningún funcionario porque no resuelven sus demandas, que sólo lo harían con Héctor Astudillo.
Presentaron las calcomanías que pegarán en los parquímetros como muestra simbólica de clausura, ante el rechazo de la población. La calcomanía dice “lo exige el pueblo, no al parquímetro, no a la basura”. Como ejemplo colocaron las primeras calcomanías en el que está afuera de la puerta uno del edificio.
Después, como a las 4:45 de la tarde llegó el secretario particular del gobernador, César Armenta, para programar una cita con el gobernador para este martes, le pidieron que les firmara un documento con el compromiso pero no quiso pero los comunicó telefónicamente con Astudillo Flores.
El gobernador les dijo que con “humildad política” se comprometía a reunirse con ellos el martes a las 10:30 de la mañana. Los manifestantes aceptaron y cerca de las 5:30 de la tarde terminó su protesta.
La Dirección está conformada por organizaciones como los mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), la Universidad Pedagógica Nacional, vecinos del Nuevo Balsas y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP).

Le propusieron a Astudillo hacer foros sobre la Ley 701 pero no respondió: Marcos Matías

Los ex secretarios de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, actual asesor del Congreso de la Unión, y Carlos de Jesús Alejandro, actual integrante de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, denunciaron que le propusieron al gobernador Héctor Astudillo colaborar en su administración para hacer foros sobre la reforma a la Ley 701 pero no hubo disposición de su parte.
Este martes la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán denunció que la Comisión Coordinadora que formaron el gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, no ha sido llamada a ninguna actividad.
Al respecto Matías Alonso y De Jesús Alejandro consideraron que fue erróneo de parte de las autoridades y los universitarios no incluir en la Comisión Coordinadora a la CRAC ni a organizaciones de pueblos originarios para que contribuyeran en los trabajos de la reforma que finalmente los regirá.
En una llamada a la Redacción, Matías Alonso dijo que representantes de pueblos originarios hablaron a principios del año pasado con el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, el diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo, a quien le propusieron una iniciativa de proyecto a la reforma de la ley 701 inspirada en la nueva Constitución del estado, y en la declaración de las Naciones Unidas.
Dijo que no tuvieron respuesta y que es lamentable que se haya formado una Comisión Coordinadora, en la que sólo participan el gobierno estatal y la UAG, excluyendo al Congreso local y a las organizaciones de pueblos originarios,.
“Varios compañeros estamos sorprendidos porque nos dimos cuenta de que el gobierno del estado solamente se fue con el esquema académico, con el esquema universitario, y un esquema de esa naturaleza está condenado al fracaso con anticipación porque no incluye al Congreso local ni a los pueblos indígenas”, consideró.
Dijo que cuando comenzó la administración de Astudillo le propusieron un formato amplio para discutir el tema en reuniones conjuntas, pero no respondió.
De Jesús Alejandro dijo que el planteamiento se le hizo al gobernador de manera formal mediante un oficio, pero “no tuvimos suerte y nunca encontramos eco, o quizá no hubo voluntad política”.
Señaló que pese a que la 61 Legislatura del Congreso local prolongó la reforma a la Ley 701 hasta marzo de 2017, en tres meses no pueden llevarse a cabo los foros de consulta necesarios para elaborar una propuesta, de acuerdo a las necesidades de los pueblos.
Contó que cuando se otorgó la prórroga se reunieron con Astudillo “de manera muy rápida”, que ya se había formado una comisión para hacerse cargo de la reforma, pero lo cierto es que no supieron de ninguno foro o alguna otra actividad que se llevara a cabo para discutir el tema.

 

El estado pide el desarme de la Tecampanera para llevar policías a Teloloapan, dice el alcalde

El alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que el gobierno del estado le pide a la Policía Comunitaria Tecampanera que deje las armas para que la seguridad esté a cargo de las corporaciones policiacas, luego de que esa organización pidió a las fuerzas federales que brinden seguridad en el municipio.
La mañana de este jueves el perredista se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero donde se planteó la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas (BOM) integradas por policías estatales y militares, para atender el problema de inseguridad.
“El compromiso es mandar tres bases operativas, estamos hablando de más de 150 elementos que estarían en Teloloapan, aparte de los que ya hay para garantizar la seguridad”, detalló.
Consultado en la inauguración de la feria empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el gobierno del estado solicitó a las “fuerzas federales” brindar mayor seguridad.
“Hemos tenido una constante comunicación (con el gobernador) para resolver este tema de Teloloapan, espero que hoy por la tarde se tenga un diálogo con el secretario general de Gobierno y se pueda resolver el problema”, agregó.
Sostuvo que no hay una parálisis total en ese municipio a pesar de que confirmó que estaban cerradas las sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
“Yo quiero clarificar que Teloloapan no está paralizado, porque las instituciones educativas, el transporte público está funcionando, sí existe temor y sicosis”, agregó.
Insistió en que ante la situación debe ser franco, que hay temor de la población sobre lo que pueda pasar, porque la ciudadanía “no está acostumbrada a ver gente armada caminando” por la ciudad.
“No pretendemos acostumbrarnos, por eso pedimos que la federación se haga ya cargo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía, que se haga un compromiso concreto de que sí habrá seguridad para la ciudadanía tecampanera”, enfatizó.
Insistió en que su municipio ha sido “fuertemente golpeado” por la delincuencia organizada, y lo que pide la Comunitaria Tecampanera es seguridad para sus pobladores.
De las acusaciones de que tiene vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, el perredista lo negó y se puso a disposición de las autoridades para que lo investiguen.
En videos difundidos en redes sociales presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana dicen que financiaron su campaña electoral pero no cumplió los acuerdos pactados.
“Que sean las autoridades competentes las que hagan el esclarecimiento de lo que se está imputando, yo nuevamente muestro mi rechazo a esas acusaciones, por lo que quien me acuse tendrá que comprobarlo”, enfatizó.
Insistió en que el objetivo de difundir el video es “manchar” a su gobierno, aunque desconocía de quién eran las intenciones y bajo qué encomienda.
Recordó que Teloloapan sólo hay cinco policías certificados de 20, los cuales deben de cuidar a una población de 54 mil habitantes. Su gobierno enfrenta además la falta de interés en formar parte de la corporación, a pesar de las convocatorias para unirse a la Policía Municipal.

El gobernador le ordenó “darle pa’bajo” a El Tequilero, dice el fiscal en San Jerónimo, Ajuchitlán

El fiscal Xavier Olea Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán, donde la semana pasada el grupo criminal Los Tequileros secuestraron a 10 vecinos de los que todavía hay siete en cautiverio; informó que la orden del gobernador Héctor Astudillo Flores no es detener al líder criminal Raibel Jacobo de Almonte, El Tequilero, sino “acabarlo, darle pa’bajo”.
Anunció una operación especial por tierra y aire con agentes de Guerrero y Michoacán para ubicar a los secuestrados.
El fiscal llegó a Ajuchitlán poco antes de las 11 de la mañana en cuatro helicópteros, acompañado de policías ministeriales, estatales y de agentes de la Procuraduría de Michoacán.
Ahí estuvo acompañado de los policías y dialogó algunos minutos con reporteros para después volar a San Jerónimo el Grande.
En Ajuchitlán agradeció el apoyo de los agentes de Michoacán en la operación conjunta. Agradeció al gobernador Silviano Aureoles en nombre de Héctor Astudillo, “no quiero bajas de ustedes, quiero una sola baja, a él (El Tequilero) y ya, porque tiene asolada esta región de la Tierra Caliente”.
“Vamos a demostrarles que la ministerial de Guerrero es honesta, y vamos a sacar adelante este trabajo”, dijo.
Xavier Olea expuso que el objetivo de su visita era encabezar la búsqueda y rescate de los siete secuestrados, además de detener a El Tequilero.
Dijo que la estrategia era rodear San Miguel Totolapan incluyendo la sierra para dar con su paradero, “no es fácil, hay muchas cuevas, la zona es abrupta entre los cerros pero vamos a lograrlo”.
Informó que van bien equipados, incluirán un avión de un solo tripulante para tomar fotografías y reconocer las zonas donde se estima que está escondido el líder del grupo criminal Los Tequileros y en dónde tiene a los secuestrados.
En San Jerónimo el Grande unas 30 personas lo recibieron pero poco a poco salió más gente de sus casas. Le dijeron que las personas estaban escondidas por miedo, a pesar de la presencia de la Policía del Estado.

Lloran vecinos ante el fiscal, le piden que regrese a sus secuestrados

“Ya no sembramos, ya no salen los jóvenes a las escuelas, estamos hablando para ver cómo el gobierno nos puede apoyar porque estamos afectados en nuestras actividades económicas, por el miedo a la inseguridad”, fueron las primeras palabras que recibió el fiscal de un vecino.
La gente se desahogó: “ayúdeme, hace ocho meses se llevaron a mi hijo y no lo he vuelto a ver y no sé nada de él, ahora no veo a mi nieto, se lo llevaron”, le dijo una mujer de unos 70 años en medio de su llanto.
Cinco mujeres más lo abrazaron llorando, “queremos primero que recupere a nuestros familiares”.
“Mi hijo fue a la leña, de ahí se lo llevaron, a eso se dedicaba señor”, dijo otra de las mujeres.
Xavier Olea dijo que llevaría todos los testimonios ante el gobernador, que le diría lo que vio, que “en San Jerónimo hay hambre, que está escaseando el trabajo porque la gente no sale a trabajar por miedo, que realmente están resguardados en sus casas”.
Dijo que “el mensaje que quiero que tengan es que es un operativo. La verdad yo no les puedo prometer el resguardo de la población porque traigo 80 policías solamente, 51 policías del Estado de Michoacán que nos están apoyando”.
Agregó que este viernes “nos mandan un avión para tomar fotografías, para buscar los campamentos. Ya se encontró un campamento por la Policía del Estado, desafortunadamente no estaban ahí los secuestrados. Esta gente se mueve en la noche, hace caminar mucho a sus secuestrados”.
“La intención con este sujeto, se los digo con el corazón en la mano, no es detenerlo, vamos a acabar con él, pero para que ustedes se sientan más tranquilos, para que ustedes trabajen a gusto y que puedan sobrevivir, que esta Navidad sea placentera, primero es el rescate y después le damos pa’bajo a ese sujeto o al mismo tiempo, pero primero son ustedes, ese es el mensaje del gobernador que les manda por mi conducto”.
“Que sepa el tipo este, El Tequilero, que están armados pero no anden pululando en las calles con las armas porque se pueden meter en problemas, ténganlas en sus casas”, pidió el fiscal.
En San Jerónimo la gente fue clara, “no tenemos empleos, no podemos vender nuestra leña por miedo a salir fuera del pueblo y topar esa gente, no podemos ni trabajar la tierra de riego porque los canales no sirven, y si salimos con una camionetita nos topamos con los ministeriales o con los federales que nos quieren extorsionar”. El fiscal se comprometió a tomar cartas en el asunto.

Piden 4 millones de pesos de rescate por los siete secuestrados; son campesinos y un chofer las víctimas

Los familiares de los secuestrados confirmaron que ya tuvieron contacto con los sicarios, quienes piden medio millón de pesos por cada uno de los que se llevaron, pero a uno de los siete le piden un millón de pesos.
La versión dada por los familiares indica que desde el primer día tuvieron contacto, “aquí sale la gente a pedir pero estamos cooperando entre el mismo pueblo y pues no podemos dar más, los muchachos que se llevaron se dedican al campo, cortan y venden leña, a uno lo levantaron poniendo una cerca, otro el que tal vez más modo tenga es chofer de una combi, pero cuánto puede dar, no tienen dinero sus familias para juntar medio millón”.
También se informó que los primeros tres liberados ya no están en el pueblo y que no pagaron rescate por ellos.

Vecinos armados vigilan desde los cerros

Vecinos de San Jerónimo el Grande instalaron tres puestos de control en las entradas y desde tres lomas ubicadas en puntos cercanos. No están a pie de la carretera pero se alcanzan a ver a lo lejos, y ellos ven todo vehículo que entra y sale.
“Lo decimos porque dicen que van a ir a los cerros a buscar, no se confundan, los que están aquí cerca son nuestros”, informó uno de los vecinos a los policías que llegaron.
En el pueblo no se ven los hombres armados, ahí permanece la Policía del Estado que instaló un grupo este miércoles. Ellos se encargan de la seguridad en la comunidad. Afuera están los civiles porque temen otra irrupción por brechas fuera de los caminos comunes.
La Policía del Estado convocó este jueves a una reunión con los vecinos. Llamó a los líderes de los hombres que están en la autodefensa a desarmarse y a permitir que la Policía Estatal se hiciera cargo de la seguridad.

Retiene la Tecampanera unos cien camiones de productos para Tierra Caliente y mantiene paralizado Teloloapan

 

En su segundo día de protestas para exigir mayor seguridad en el municipio, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan retuvieron camiones y tráileres de empresas nacionales y trasnacionales en los retenes de vigilancia en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, que hasta la noche de ayer seguían varados.
Ayer también mantenían tomado el Palacio Municipal como parte de su plan de acción para exigir a los gobiernos estatal y federal mayor seguridad para el municipio y la presencia de la Policía Federal, lo que fue parte de los acuerdos tras el bloqueo de la carretera más de 30 horas de los días 10 y 11 de este mes.
Ayer en la tarde en declaraciones vía telefónica el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que además estaban cerradas las sucursales bancarias, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
Cerca de las 8 de la mañana de ayer fuentes de la comunitaria Tecampanera informaron que en el segundo día de protestas estaban reteniendo todo tipo de camiones de carga de mercancía y servicios de empresas nacionales y trasnacionales. Pararon camiones de Coca-Cola, Bimbo, Coppel, repartidores de gas, cerveceras y de otras empresas que llevaban mercancía a la región Tierra Caliente y que venían a la zona Norte.
A la una de la tarde de ayer informaron que había unos 100 camiones y tráileres retenidos en los retenes que instalaron en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia. Los camiones y tráileres fueron estacionados en la orilla de la carretera, sin que se bloqueara la circulación vehicular.
El martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento y tiendas de autoservicio para demandar mayor seguridad y la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia a los tres herreros asesinados y se aplique la ley en contra de miembros de la delincuencia que se adjudicaron el crimen, y que se capture a los principales líderes del grupo criminal La Familia Michoacana. Además que se abra una carpeta de investigación en contra del alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de tener vínculos con esta organización delictiva.
En la tarde en declaraciones por teléfono, el alcalde Robell Urióstegui confirmó la retención de camiones de carga y dio a conocer que hasta la tarde de ayer seguía cerrado el Ayuntamiento, los juzgados de primera instancia, de paz, el Ministerio Múblico, y no han permitido que las tiendas de autoservicio abran y tampoco en los bancos había servicio.
Declaró que la tarde del martes se reunió con una comisión de comunitarios para escuchar sus peticiones. Dijo que le pidieron que sea intermediario para programar una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame. Dio a conocer que ya había platicado con el secretario y estaba en espera de que le dijeran la hora para que pudiera recibir una comisión, que podría ser ayer en la noche.
Del anuncio del gobernador tras una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero de reforzar la seguridad en este municipio, Urióstegui Patiño dijo que no le han dado una fecha para eso.
Mencionó que hay un planteamiento a los comunitarios que para que lleguen fuerzas federales, “ellos se tienen que hacer a un lado y dejar de seguir al frente de su movimiento”.
A pregunta de que si está despachando en Teloloapan dijo que no se lo han permitido. Dio a conocer que tenía una oficina alterna en la que atendía a la población pero que también fue cerrada, por eso definió parar las actividades y confió en que hoy se reinicien labores.
El martes los comunitarios habían advertido que en caso de que no fueran atendidas sus demandas también podrían tomar la hidroeléctrica El Caracol y las mineras asentadas en la zona.

La CRAC es un proyecto inacabado y hay que mejorarlo, dicen dos consejeros

A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.

Exige la esposa de Gonzalo Molina que Astudillo ordene que sea operado en un hospital privado

 

La esposa del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) preso en Chilpancingo, Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato Vázquez denunció que las autoridades del sistema penitenciario insisten en que su esposo sea atendido en un hospital público, y que este miércoles intentaron nuevamente trasladarlo al hospital general Raymundo Abarca Alarcón.
Consultada luego de que visitó al promotor de la CRAC, Ausencia Honorato informó que este miércoles policías del reclusorio nuevamente quisieron trasladar a Gonzalo Molina al hospital general Raymundo Abarca para que le controlaran los dolores, debido a que toda la noche tuvo la presión alta.
“Fue controlado con una pastilla que le dieron las enfermeras que están en la enfermería del reclusorio, además tenía dolor en los riñones por los cálculos renales”, indicó.
Dijo que las autoridades penitenciarias quisieron trasladar a Gonzalo Molina para aplicarle una inyección para el dolor, sin embargo no lo permitieron debido a que “sólo lo están controlando, yo quiero que ya sea operado pero con un médico particular que las organizaciones sociales han propuesto”.
Mencionó que este lunes fue trasladado al hospital general de Chilpancingo para que fuera internado, pero el promotor de la CRAC se negó a ser atendido porque tiene miedo a que lo maten, por lo que tuvieron que hablar con el director del hospital para que no lo internaran.
La esposa del promotor de la CRAC exigió al gobernador priista Héctor Astudillo Flores que ordene que su esposo sea atendido en un hospital privado.
Resaltó: “lo único que le estoy pidiendo a las autoridades es que autorice que mi esposo sea operado por un médico privado, las organizaciones sociales se harán cargo de los gastos, ya tenemos al especialista que lo va a operar, ya no quiero que sólo le den medicamento para que se le pase el dolor”.

Liberaron al universitario por una operación de policías y militares, dice el gobernador

El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que el estudiante desaparecido de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Enrique Hinterholzer Rodríguez fue liberado, “seguramente” por una operación de diferentes corporaciones de seguridad en Chichihualco, cabecera del municipio Leonardo Bravo.
Por su parte el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán llamó a los universitarios a “extremar al máximo su seguridad” para evitar que los afecte la violencia en el estado, luego de los recientes asesinatos y secuestros de estudiantes, así como del plagio del hijo del secretario técnico de la institución, Rubén Quintana Rosas.
El domingo los cuerpos de dos hombres asesinados y de dos mutilados atados de manos y pies fueron encontrados dentro de una camioneta gris en la colonia Flores Baños, al oriente de Chilpancingo pegado a la parte alta de la colonia Tatagildo. Con ellos fue encontrado un joven a quien tenían secuestrado, presuntamente el estudiante universitario Enrique Hinterholzer Rodríguez.
Consultado por reporteros cuando recorría la feria de proximidad social y prevención del delito en el Zócalo de la capital, al gobernador se le preguntó si estaba confirmado que los dos hombres asesinados eran los secuestradores del universitario, pero respondió de manera confusa, que “los jóvenes fueron afortunadamente recuperados”, lo que hace suponer que además de Hinterholzer Rodríguez, había por lo menos otra persona privada de su libertad.
La primera pregunta que se le hizo fue si tenía información respecto a las dos personas asesinadas ayer en Chilpancingo, y los dos hombres y una mujer ejecutados en una boda en Acapulco, ambos hechos ocurridos el domingo, pero no respondió.
Habló de las actividades que se celebraron ayer en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac y después del presupuesto federal, ante la insistencia mencionó la liberación de Enrique Hinterholzer, estudiante de la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública de la UAG, quien desapareció la madrugada del sábado.
Se refirió al caso como el de “los jóvenes” pero no precisó a quiénes se refería, además especuló que posiblemente fueron liberados por una operación policiaca en Chichihualco.
“A ver, el asunto de los jóvenes que fueron afortunadamente recuperados. Hubo un operativo un día antes, fuerte, por parte del Ejército mexicano, por parte de la Policía del Estado, por parte de la Policía Federal que incursionó especialmente en la zona de Chichihualco, en donde se detectó que estaba el teléfono celular, hubo un operativo fuerte que seguramente ocasionó que los liberaran”, respondió.
–Parece que hubo un repunte de homicidios– se le inquirió.
–En Chilpancingo lamentablemente hay circunstancias pues muy lamentables que en Acapulco no, al contrario, en Acapulco va a la baja– respondió, a pesar de que el domingo en la comunidad de Tres Palos, en Acapulco, dos hombres y una mujer fueron ejecutados en una boda por hombres armados con rifles de asalto AR-15 y AK-47.
Consultado por teléfono el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia no dio detalles de cómo encontraron al universitario en la capital, y si los dos herido son cómplices del secuestro.

Se van a redefinir los protocolos de seguridad de la UAG, anuncia el rector

Consultado en la entrega de becas para estudiantes de nivel medio superior de la UAG ayer en el auditorio de la Rectoría, Javier Saldaña en su intervención anunció que se van a redefinir los protocolos de seguridad, porque no quiere que ocurran hechos de violencia en las escuelas.
Ante más de 100 funcionarios de la UAG, estudiantes y maestros de nivel medio superior, Saldaña Almazán dijo que “en este último mes” la institución tuvo “problemas de inseguridad”, por lo que se reunirá con los directores de las escuelas “para redefinir los protocolos de seguridad”.
“Yo les pido que sus inquietudes las dejen para otro momento, que de su escuela vayan directamente a su casa, si no es necesario no salgan”, dijo el rector a los estudiantes.
Informó que los departamentos psicopedagógicos y de orientación van a trabajar con los directores para reorientarlos y así evitar la inseguridad en la UAG.
Luego contó que “tenemos un problema con un hijo de mi secretario (Rubén Quintana) que venía de Querétaro, no ha aparecido desde el jueves, no quiero comentar más porque es un tema que se está resolviendo pero yo les pido que se cuiden, que extremen al máximo su seguridad”.
El rector dijo que evita lugares públicos y que en cuanto puede va a su casa, “a un lugar seguro”, porque “siento que la estrategia de seguridad (en el estado) iba caminando bien pero ha habido algunas variantes”.
Mencionó que ya habló con el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, “de los temas que le han pasado a los estudiantes y afortunadamente se ha hecho justicia pero ya es a toro pasado, ya perdimos a algún alumno o alumna, lo que queremos es no perder a nadie, mantenernos entre nosotros”.
Recordó a la estudiante de la escuela de Enfermería 2 de Acapulco, Adriana Ramos García asesinada el 22 de octubre mientras trabajaba en la pastelería Charlotte, “esa muchacha tenía esperanzas de ser alguien en la vida, la juventud es muy inquieta pero cuídense por favor, vale mucho nuestra vida”.
El 24 de septiembre fueron asesinados los estudiantes de Ciencias de la Educación Aidé Fuentes Nava y de la Preparatoria 33, Emanuel Juárez Flores en la colonia CNOP en Chilpancingo, en un ataque a balazos a una tienda. El estudiante de Medicina, Ángel Mendoza Ocampo fue visto por última vez el 1 de noviembre y la UPOEG lo encontró muerto el jueves pasado en el río de Ayutla.
El estudiante de la licenciatura de Gestión en Gobierno y Gestión Pública, Enrique Hinterholzer fue reportado como desaparecido el sábado en Chilpancingo y apareció el día siguiente en una casa en la colonia Flores Baños, donde dos de sus captores fueron asesinados y otros dos mutilados.
Quintana Rosas reportó la desaparición de su hijo en su cuenta de Facebook, el joven estudia en Querétaro y se dirigía a Acapulco el jueves pasado.