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El gobernador no puede ser sólo un espectador de cómo se pierden vidas, señala Salvador Alanís

 

El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que debe de asumir su responsabilidad, que como mandatario él no es un espectador que puede sólo sentarse a ver cómo se pierden vidas.
Consultado por teléfono, Alanís Trujillo quien tuvo que salir de Guerrero tras ser amenazado por el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez de que sería detenido, expuso, “yo creo que más que quedar en medio de pleitos, el gobernador debe asumir su responsabilidad, como gobernador principalmente, él es responsable de mantener a un estado en orden, como él lo dice”.
Este viernes El Sur publicó que el corredor de Xaltianguis, municipio de Acapulco a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se utiliza para el trasiego de droga de la sierra por los grupos criminales Los Ardillos y Cártel del Sur, de los que el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio forma parte, y tienen acuerdos con el gobernador, según la denuncia del coordinador del FUSDEG.
“El gobernador lo que tiene que tener es mucho cuidado de no quedar en medio de estos pleitos que se dan entre grupos que están armados y que están fuera de la ley. El gobernador siempre lo que le corresponda para hacer que la mayoría pueda estar en condiciones de estar libre y evitar los menos conflictos posibles, el gobernador siempre lo que ha hecho es tratar de evitar conflictos y por supuesto cuidar no quedar en medio de estos pleitos que se han convertido casi en personales entre grupos armados que están fuera de la ley”, dijo el viernes Astudillo en respuesta.
Ayer, Salvador Alanís advirtió, “la delincuencia sigue avanzando y sigue sometiendo a pueblos, yo creo que debe de fajarse los pantalones y cumplir los acuerdos” que hizo con el FUSDEG, de desarmar a la UPOEG.
Reprochó que lo haya engañado, que si no quería intervenir en el conflicto debió evitar meterse desde el principio, “y ya veíamos nosotros como arreglar el conflicto, es cierto que la UPOEG desde San Juan del Reparo abrió la puerta a una situación de violencia”.
“Este no es un conflicto personal como él lo suaviza, más bien un conflicto entre la delincuencia y un grupo de la policía comunitaria que nació del pueblo”, precisó.
“Hay muchas familias que viven exiliadas, que están fuera de sus pueblos, y ahora sí, él no quiere quedar en medio, esto demuestra sólo la falta de ética del gobernador”, señaló.

Le ofrecieron 5 millones de pesos a cambio de irrumpir en Corral de Piedra, asegura

El coordinador del FUSDEG informó que el interés de los narcotraficantes era tan alto que el líder del grupo criminal Los Rojos, Ángel Villalobos Arellano, El señor de la A, le ofreció 5 millones de pesos a cambio de que la Policía Comunitaria del FUSDEG entrara a la comunidad Corral de Piedra.
“El FUSDEG no se creó para eso, y ese fue un problema que a la larga nos afectó por que quedamos como un movimiento pobre, porque no teníamos el recurso económico para poder comprar armamento más pesado como el que trae la UPOEG sierra”, expuso.
Mencionó que esta organización encabezada por Bruno Plácido llegó a El Ocotito con 400 hombres armados con cuernos de chivo y granadas.
“Entonces el interés económico es muy grande y no solo le interesa al estado, sino a la federación y por eso le echa la bolita al estado y la cosa es que no va a terminar esto, porque el interés económico es más grande que la verdadera responsabilidad de los gobernantes de querer solucionar esto”, consideró.
Agregó que los grupos delictivos apadrinan campañas políticas, y a cambio a los grupos del crimen organizado los dejan mover sus mercancías en el territorio.

Amenazan de desalojo policías a familiares que denunciaron que un comandante violó a una menor

Luego de que el pasado 7 de febrero familiares acusaron al comandante de la Policía Estatal Ismael Jiménez Téllez violó a una menor de 11 años, el padre de la niña Jorge Antonio Rufino Jiménez denunció que su familia fue intimidada por seis policías que pretendían desalojarlos de su vivienda sin mostrarles un oficio de las autoridades.
En una visita en la casa los afectados colonia Alianza Popular en Chilpancingo, relataron que a las 12 del día de ayer, llegaron seis policías estatales acompañados de una abogada y con actitud prepotente les exigieron que desalojaran la casa sin mostrarles un oficio con la orden de las autoridades.
Rufino Jiménez afirmó que son represalias contra de su familia por denunciar al comandante Ismael Jiménez Téllez de violar a su hija de 11 años en mayo del año pasado.
Felipe Rufino Jiménez comentó que su mamá interpuso una demanda en contra de su hermano y él, el 6 de marzo tendrán una audiencia con las autoridades correspondientes para atender la denuncia.
“Como venganza él (Ismael Jiménez Téllez) quien es esposo de mi madre, la manipuló para denunciarme a mi y a mi hermano Jorge Antonio, quien es padre de la menor que fue abusada sexualmente, que según maltratamos a mi madre y quieren desalojarnos del terreno donde vivimos, es injusto”, afirmó.
Felipe Rufino aseguró que en su casa vive desde hace 46 años y su hermano Jorge Antonio compró una parte del terreno, manifestó que el comandante manipuló a su madre para que los denunciara de maltratarla, lo que dijo “es mentira”.
Los hermanos pidieron la intervención del secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, y al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que Jiménez Téllez sea sancionado y separado del cargo.
El 8 de febrero familiares denunciaron que el comandante de la Policía Estatal Ismael Jiménez Téllez, violó sexualmente a una menor de 11 años en mayo de 2016.

Acuerda el gobernador con los alcaldes que Zumpango recibirá la basura de la capital

El gobernador, Héctor Astudillo Flores firmó un acuerdo con los alcaldes de los municipios de Chilpancingo y Eduardo Neri (Zumpango), para que el basurero de este último reciba los desechos que se generan en la capital, luego de la saturación del tiradero.
Por la mañana de ayer, el gobernador encabezó la firma del convenio entre los municipios para que comience el saneamiento, clausura y rehabilitación de una celda del relleno sanitario de Zumpango, para poder recibir los desechos de Chilpancingo.
“El gobernador encabezó todo esto, es un asunto que está caminando, es un asunto que requiere pocos días para empezar los trabajos”, afirmó Astudillo Flores.
El convenio se firmó en una reunión privada en Casa Guerrero, los alcaldes de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes, el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Karina Castrejón Trujillo.
Consultado tras concluir la entrega de nombramientos en Casa Guerrero, el gobernador informó que logró avanzar en el tema de la basura en la capital, gracias a su intervención.
“Yo intervine, el problema está arreglado, en la mañana firmamos el convenio y se va a preparar celdas en el municipio de Eduardo Neri”, agregó Astudillo Flores.
Por medio de un boletín de prensa, se informó que la nueva celda recibirá más de 400 toneladas de basura diariamente entre los dos municipios, y para su construcción, el gobierno estatal 6 millones de pesos, y el ayuntamiento capitalino aportará la misma cantidad, para el saneamiento y clausura de este deposito.

El basurero capitalino

En septiembre de 2012, el gobierno municipal que encabezado por Tulio Pérez Calvo, planeó la compra de un terreno ubicado al norte de la ciudad, para sustituir el relleno sanitario.
Cuando el actual gobernador Héctor Astudillo Flores, fue alcalde de Chilpancingo, prolongó la vida útil del relleno, con anuncios constantes de que quedaban dos de vida útil al tiradero, hasta que se convirtió en un problema de salud público, denunciado por 14 presidentes de colonias, que demandaron oficialmente la intervención de Procuraduría de Ecología, la cual multó con 200 mil pesos por la contaminación de las corrientes pluviales por los lixiviados (líquidos residuales tóxicos) generados en el relleno sanitario.
Durante la administración del priista Mario Moreno Arcos, se intentó construir el relleno sanitario en el terreno conocido como Los Amates, rumbo a la sierra de Chilpancingo, pero habitantes de esta región se  movilizaron y se detuvo el proyecto, y el gobierno municipal determinó convertir el terreno en un pulmón verde.
En 2013, el basurero a cielo abierto sufrió los estragos de la tormenta tropical Manuel, cuyo impacto provocó el aumento considerable de los desechos recogidos por toda la ciudad, saturando aun más su capacidad.
Aun en el periodo de Mario Moreno Arcos, se informó sobre el acuerdo de la construcción de un relleno sanitario intermunicipal, en el que se beneficiarían Tixtla, Eduardo Neri (Zumpango) y Chilpancingo, y durante el último periodo se firmó el convenio en el que se establecía la construcción. Se iniciaron las obras pero debido a la falta de permisos adecuados y la depredación de área protegida, y la Semarnat detuvo el proyecto.
También se planteó la construcción de una planta tratadora de residuos en la comunidad de Metlalapa, pero los vecino impidieron su construcción, además el municipio de Tixtla salió del proyecto.
En 2016 se dieron diversas protestas por el problema de la basura, como los vecinos de la colonia La Cinca que el 13 de agosto, bloquearon la entrada a las camionetas particulares de recolección de basura.

El relator de la ONU confirmó que las violaciones a los derechos no son aisladas, afirma el Centro Morelos

Las recomendaciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, confirman que esas violaciones en Guerrero no son casos aislados, y que el Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad, denunció el Centro regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado recriminó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se empeñe en decir que los delitos van a la baja, y que las operaciones militares serán la solución del problema.
Estimó que la visita del relator será de suma importancia porque refleja la violencia en cuanto a desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, tortura e impunidad, porque llamó a la protección urgente de los defensores de derechos humanos.
Incluso, llamó “defensores emergentes” a quienes defienden los derechos humanos, incluidos periodistas, porque tienen una actividad de alto riesgo.
Ayer el Centro Morelos demandó que las recomendaciones del relator se tomen en cuenta, particularmente, a la hora de elaborar leyes, porque las que están sólo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Afirma que desde 2014 en Guerrero existe una crisis de seguridad reflejada en las “cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas”.
Coincidió con el relator en que el mecanismo de seguridad para defensores debe ser accesible para las personas que corren mayor peligro, pero “no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados”.
El organismo respalda las recomendaciones del relator especial de la ONU, dirigidas a “disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune”.
Concluye que este informe preliminar, confirma que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, “y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la Ley de Seguridad Interior no es la solución para acabar con la violencia”.

El uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”, dijo el relator

En el informe de su visita del 16 al 24 de enero en México el relator Forst, se refirió a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores sobre el cambio al artículo 29 de la Constitución y el proyecto de Ley de Seguridad Interna, por el que miembros del Congreso y organizaciones expresaron preocupación, incluyendo esa ley que normalizaría el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
En el informe difundido en Internet, reconoció los retos que implica la geografía del país, las ejecuciones, la tortura y las desapariciones forzadas, la compleja dinámica de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, pero añadió que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”.
Asimismo recomendó que las leyes y políticas cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, sean revisadas en su objetivo y su implementación.
Consultado por el diario Reforma, Michel Forst opinó que el gobierno mexicano debe cambiar su narrativa sobre los defensores de derechos humanos, para contrarrestar el vilipendio y las campañas de difamación. Aclaró que los defensores no deben verse como enemigos del Estado, sino como agentes de cambio.
En la visita recorrió cinco estados de la República, entre ellos Guerrero, donde escuchó testimonios sobre la situación que viven los defensores, a familiares de personas desaparecidas en la entidad organizadas en colectivos, y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.

Guerrero ya no es el estado más violento del país, festeja el gobernador Astudillo


Durante el acto de formalización de la puesta en operación de la línea única de atención de emergencias 911, el gobernador Héctor Astudillo festejó que Guerrero “ya no es el estado que está en primer lugar” de homicidios dolosos de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Gobernación.
Sin dar cifras, el gobernador dijo que lo vio este martes en la televisión, pero que de ninguna manera es “justificación o consuelo”.
Astudillo Flores también informó que en poco tiempo se tendrá que relevar a los militares que atienden los C-4 y que esos 420 puestos de trabajo podrán ser ocupados por egresados o estudiantes de la Universidad Autó-noma de Guerrero (UAG).
Aunque precisó que primero tiene que ser capacitados y certificados con exámenes de confianza.

“Una motivación”, no tener el mayor índice de violencia

En su edición de este lunes, El Sur dio a conocer, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el SESNSP, en su página de Internet que en los 12 meses del año pasado hubo 2 mil 213 homicidios dolosos en el estado, es decir, seis asesinatos al día, y representan el 10.64 por ciento de los 20 mil 789 cometidos en todo el país.
Guerrero ocupa el primer lugar en el país por el número total de crímenes y el segundo por el índice de violencia por cada cien mil habitantes (61.67), superado sólo por Colima (81.55).
Ante la presidenta de la directiva del Congreso local, Mag-dalena Camacho Díaz; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado; el comisario regional de la Policía Federal, Rafael Lomelí Martínez; el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, el gobernador aseguró que Guerrero “ya no es el estado que presenta el más alto índice de violencia”.
“Esto no es un consuelo, pero no somos el primer lugar, es muy importante decirlo, es muy importante conocer los números que nos da la propia institución para tener la valoración porque además esto debe ser sin duda una importante motivación para seguir adelante”.
Indicó que con los problemas que se viven todos los días, que son lamentables no se puede bajar la guardia, “es un reto permanente el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, sin duda es y sigue siendo el reto más grande que tenemos en Guerrero; hay que concentrarnos, hay que aplicarnos y con la ayuda de las instituciones de la federación tenemos que seguir adelante en esta ruta. Es muy importante hacerlo, el gobernador del estado comparte su idea y convicción de que solamente trabajando todos los días y con una grande decisión de hacer cosas y actividades y darle seguimiento a una gran cantidad de asuntos, obviamente a través de la Fiscalía y que hoy tiene una nueva normatividad constitucional, estoy convencido que tenemos que salir adelante”.
Añadió que “no estamos parados, que no estamos detenidos, los problemas pueden ser muy grandes, pueden ser graves pero la voluntad de los guerrerenses siempre será mayor”.

Con el 911 se incorpora un sistema de países avanzados

Astudillo Flores resaltó la importancia de la presentación formal de la operación del número de emergencias 911, pues dijo que no era un asunto cualquiera porque dicho número elimina la gran cantidad de números de emergencia que había y “sin duda nos pone a un paso adelanta de lo que se considera de una operación que ha funcionado en otros países más avanzados en este aspecto en protección civil, en seguridad tanto en Estados Unidos como Europa”.
Añadió que se podría pensar que era un acto sencillo pero que tenía un alto significado porque el que entre el 911 a operar en Guerrero es “incorporarnos a un mecanismo que nacionalmente ya opera” y que se tiene que ir caminando poco a poco.
Dijo que en Guerrero hay oficinas en Iguala, Chilpancingo y Acapulco, que ya se está en proceso para hacerlo en Zihuatanejo, que se instalará en Taxco y posteriormente en Chilapa para que las llamadas de emergencia se vayan contestando cada día en lugares más cercanos. Astudillo dijo que en poco tiempo se va tener que relevar a los militares que actualmente atienden los C-4.
En este punto, el gobernador pidió al rector interino de la UAG, José Alfredo Romero Olea, que “nos ayude, vamos a necesitar alrededor de 420 personas y esos empleos yo creo que bien pueden ser para jóvenes egresados de la universidad o estudiantes de la propia universidad; que puedan ir siendo capacitados y ser certificados con los exámenes de confianza para que puedan entrar a esos centros y puedan operar todo lo que es el control de cámaras y todo lo que tiene que ver con el centro de llamadas”.

Piden evitar llamadas falsas

Mientras que el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, indicó que el 011 es parte de las medidas que la federación hizo para mejorar la seguridad en el país y que es coordinada por el Sistema nacional de Seguridad Pública.
Con el nuevo número de emergencia se hacen cambio de fondo de los protocolos de atención ciudadana y unifican criterios y facilitan la coordinación entre las autoridades.
Convocó a los ciudadanos para evitar las llamadas de falsas alarma o bromas que retrasen el auxilio a personas que de verdad se encuentren en situación de emergencia. Por su parte, la titular del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata y representante del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaino Zamora, Iliana Marisol Rojas López, agradeció al gobernador el apoyo otorgado para implementar el número de emergencia 911.
Indicó que poner en marcha el número de emergencia a nivel nacional representó un gran reto y que a la fecha se tienen 2 mil 285 municipios cubiertos a nivel nacional. Agregó que en Guerrero el año pasado se recibieron 2 millones 150 mil llamadas, de las cuales 2 millones fueron improcedentes, por lo que pidió a la ciudadanía no hacer bromas.
Indicó que de las llamadas reales el 67 por ciento fueron para atender emergencias de seguridad pública y el 14 emergencias médicas. La funcionaria federal indicó que falta mucho para consolidar el 911 y que para ello son indispensables estrategias integrales enfocada a reducir las llamadas improcedentes.
Estuvieron en el acto la presienta del DIF, Mercedes Calvo; el secretario de Seguridad Pú-blica, Pedro Almazán, el fiscal Xavier Olea Pelaez y la diputada federal priista Julieta Fernández, entre otros.

 

Abandona Los Otros Desaparecidos una reunión con la Fiscalía porque no presentó la información que prometió

Integrantes del colectivo Los otros Desaparecidos de Iguala abandonaron el auditorio de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde peritos exponían las fichas técnicas de personas no identificadas que serán enviadas al Cementerio Forense.
Los familiares de víctimas de desaparición exigieron datos de las exhumaciones en las primeras búsquedas de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La representante de la organización, Adriana Bahena Cruz dijo que una vez que se descartó que los restos hallados en aquellas fosas eran los normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Fiscalía los hizo a un lado.
Informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores en su visita a Iguala en agosto pasado les pidió un voto de confianza, y hace 15 días Bahena Cruz se reunió con el vicefiscal, José Antonio Bonilla Uribe para acordar esta reunión.
El acuerdo fue que les presentarían los resultados de las exhumaciones de fosas clandestinas de 2014 que estuvieron a cargo de la Fiscalía. Sin embargo no les presentaron la información solicitada, a pesar de que ya la tienen.
Ayer recriminó que “sólo nos hicieron perder el tiempo, nos quisieron ver la cara de tontos al hacernos venir”.
En la mañana se tuvo conocimiento que dos camiones con integrantes del colectivo salieron de Iguala rumbo a Chilpancingo, y poco después de las 11 comenzó la reunión con especialistas forenses de la Fiscalía que explicaron el tipo de análisis a los cuerpos encontrados, antes de enviarlos al Cementerio Forense.
A los activistas les dijeron que todas las muestras biológicas de los familiares, se confrontan automáticamente con la base de datos de todos los fallecidos que no han sido identificados.
A pregunta de los familiares sobre sus desaparecidos les respondieron que si no les han llamado es porque no ha habido coincidencia con los perfiles genéticos de los cuerpos.
Comenzó la exposición de las fichas técnicas de los primeros 20 cuerpos enviados del Servicio Médico Forense de Iguala que no fueron reclamados. Entre ellos algunos casos de 2011 a 2015.
Mencionaron siete casos de homicidios, tres de desnutrición severa e inanición -probablemente indigentes-, y una persona que se infartó en la vía pública, cada cual con su filiación personal, racial y prendas de vestir al momento del deceso.
Continuaron con los cuerpos de la morgue de Chilpancingo enviados de Chilapa en 2015, y a media exposición Adriana Bahena denunció que no se habían trasladado de Iguala a conocer los datos de personas que murieron en hospitales, y que la información que les ofrecieron apenas la están preparando.
A las 12:45 los familiares salieron del auditorio, la mayoría con reclamos ante el desgaste y la pérdida de tiempo.
“Hoy nos quisieron ver la cara de tontos al hacernos venir con una parte, porque el colectivo se forma con mil 200 personas. Yo no sé si quieren que yo le venga a hacer un zafarrancho y vea la manera de que esa información se nos haga llegar”, se quejó Adriana Bahena.
Relató que los integrantes del colectivo llevan meses pidiendo la información de ocho fosas en específico que tiene la Fiscalía, “son las que nos interesan a nosotros, algunas de estas fosas tienen como 30 cuerpos, más de 200 en total, y nos interesa saber qué pasó con esos restos”.
Mencionó la de Mexcaltepec, Taxco, que ubicaron con un grupo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que encabezó Miguel Ángel Jimenez Blanco en febrero de 2014, con 25 cadáveres.
Al salir del auditorio el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, José Luis Gallego Peralta abordó a la dirigente del grupo para decirle que irá el viernes a Iguala, y que a fin de mes entregaría al Colectivo la información que requiere.
Ella respondió que era mucho tiempo, pues Eréndida -en referencia a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, fiscal Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Procuraduría General de la República (PGR)- le dijo frente a Bonilla que la Fiscalía ya entregó esa información a la PGR.
La activista le recordó a Gallegos Peralta que está prevista una visita del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián a Iguala el 2 de febrero, como si el gobierno estatal quisiera hacer coincidir la entrega de los datos con la visita del funcionario federal. Gallegos sólo respondió que son muchos temas para abordar con Campa.

De noviembre de 2014 a junio de 2015 se hallaron 104 cuerpos en fosas de Iguala y sus alrededores

Un recuento de El Sur del 30 de noviembre de 2015 indica que de noviembre de 2014 a junio de 2015, después de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala y sus alrededores fueron hallados 104 cuerpos, de los cuales 11 eran mujeres, la mayoría presentaba huellas de tortura, tiro de gracia, pies y manos atados, golpes, estaban amordazados y con los rostros cubiertos.
En el paraje La Joya se exhumaron 20 cuerpos, 42 en Monte Hored, 13 en la Barranca del Tigre, 26 en El Maizal y 30 en Las Parotas.
Los últimos cuerpos fueron exhumados por peritos y antropólogos de la PGR el 15, 17 y 22 de junio, recuperaron tres cuerpos con huellas de calcinación en tres fosas diferentes a sólo unos metros de donde en octubre la Fiscalía hizo la exhumación de Las Parotas.
Antes del 26 de septiembre de 2014, la FGE ya había hecho exhumaciones masivas con base en declaraciones de supuestos detenidos.
El 27 de marzo de 2014 fueron exhumados dos cuerpos en fosas de Pueblo Viejo, al pie del Cerro Gordo, entre el 16 y 17 de abril de ese año la Fiscalía sacó nueve cuerpos más del paraje La Joya y el 20 y 21 de mayo, sólo un mes después, fueron exhumados 19 cuerpos en el paraje Monte Hored, todas estas zonas ubicadas en la misma ruta hacia el Cerro Gordo, al poniente de Iguala.
Antes, del 10 al 14 de febrero de 2014 la Fiscalía y soldados del 41 Batallón de Infantería con base en Iguala exhumaron 25 cadáveres en el cerro de La Antena, en la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, colindante con Iguala.

 

Se espera ahorrar 200 millones anuales con las 20 medidas de austeridad, precisa el gobernador

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que dentro de las 20 medidas de austeridad se consideró una iniciativa para reducir el subsidio para los partidos políticos, pero se desechó porque después “de analizarlo teníamos que modificar la ley electoral y se generaría una complicación poco seria para el Legislativo”.
Tras concluir un recorrido por el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, Astudillo Flores puntualizó que su gobierno calcula en 200 millones de pesos anuales el ahorro que se obtendrá con las medidas de austeridad presentadas el domingo pasado, pero que espera que esa cantidad llegue a 350 millones.
Los 200 millones que pretende ahorrar el gobierno del estado equivalen al 0.39 por ciento del presupuesto para el ejercicio de este año, que es del 50 mil 351 millones 752 mil 600 pesos
El gobernador explicó que el dinero ahorrado se destinará a cuatro puntos principales, el primero de ellos generar un fondo de apoyo para la modernización del transporte público.
“Porque ahí es donde pegó mucho la gasolina y son los asuntos que tratamos con la gran cantidad de transportistas durante los últimos 15 días”, dijo.
El segundo punto corresponde a evitar el incremento en el precio de la masa y la tortilla, por lo que se prevé hacer compras masivas de maíz barato, que es parte de la responsabilidad asumida con este sector para poder evitar la “tentación” de subir el precio.
En el tercer eje planteado se busca generar un fondo de vivienda, porque fue una demanda planteada por los mismos transportistas, quienes pidieron generar pies de casa.
“Hay una gran cantidad de choferes que están viendo complicado entregar su cuenta”, agregó.
Por último enfatizó y recordó que se trata de destinar más dinero para los emprendedores y pequeñas y medianas empresas, así como a las medianas industrias. En las medidas anunciadas el domingo en la Casa Guerrero se habló de una cifra de 160 millones de pesos destinada a créditos para este sector.
Agregó que para darle seguimiento a estas medidas se plantea instalar esta semana una comisión interinstitucional y de ahí partir para crear una comisión que revise y vigile los bienes del gobierno que se puedan vender, en la que participe, representantes de los ciudadanos.
Sobre las críticas por parte de diputados de oposición, de que las medidas no resuelven el problema de fondo, dijo que cada poder debe hacerse responsable de sus presupuestos.
“Eso es responsabilidad del Ejecutivo, todas las medidas y el Legislativo puede tomar las suyas y nosotros seremos respetuosos a lo que hagan”, puntualizó.
Insistió en que el acto donde se presentaron las 20 medidas de austeridad no fue para que participaran figuras políticas, sino que fue convocado para que participara la representación económica del estado.
Reiteró en que él exhortó a los poderes Legislativos y Judicial a que aplicaran sus medidas, pero que será respetuoso de las medidas que decidan tomar cada uno de ellos.
“No quiero injerir ni en el Poder legislativo ni en el Poder Judicial, yo creo que en el país hay una tendencia a hacer esto, yo creo que la convocatoria del gobernador debe continuar, no es un asunto sólo del gobernador; como lo dije ayer, había dos caminos, un camino entrar a una conformación interminable, u otra de convocar y dialogar con los sectores que generan economía, como tratamos de hacer”, recordó.
El gobernador Astudillo Flores recordó que dentro de la mesa de análisis para determinar las 20 medidas de austeridad se planteó reducir el dinero que se entrega a los partidos políticos.
“También estuvo en la mesa el tema de los partidos políticos, por que no se planteó, porque requiere una iniciativa para modificar la ley electoral y entonces iba a generar una compilación más allá de lo que se pueda hacer de manera inmediata”, explicó.
Insistió en que se debía modificar la Ley Electoral, por lo que dijo que “se iba a generar un asunto más complicado de lo que se ve a simple vista”.

Seguridad

“Lo que pasó en Xochipala es algo que se da lamentablemente, lo bueno es que llegó la policía, qué bueno que llegó el Ejército, porque ahí fue un problema seguramente entre grupos delincuenciales, de acuerdo con la información que tenemos”, describió.
Insistió en que en el estado no se puede hacer otra cosa más que seguir enfrentando a la delincuencia y que cada hecho de violencia sigue afectando a la entidad.
“No es un asunto privativo de Guerrero, hoy la inseguridad, vean ustedes sin que tenga que echarle por ahí a otro estado, aparecieron fosas en estados donde supuestamente no hay violencia, con grandes cantidades de personas sepultadas indebidamente”, dijo.

Gana el gobernador 146 mil 916 pesos al mes y los secretarios entre 76 mil y 110 mil

 

En la estructura del gobierno del estado es su titular, Héctor Astudillo Flores, quien ostenta el sueldo más alto con 146 mil 916 pesos al mes, que al año significan un millón 762 mil 992 pesos.
El Sur buscó conocer los sueldos actuales de los funcionarios del gobierno luego de que el martes, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, informó que el sueldo de los siete consejeros disminuirá en un diez por ciento, es decir que de los 212 mil 930 pesos que ella cobraba mensualmente, ahora percibirá 191 mil 637; mientras que los seis restantes de 175 mil 974 pesos ahora cobrarán 158 mil 376.
De acuerdo con el tabulador salarial del sector central correspondiente al ejercicio fiscal 2016, que es el que está disponible en el portal oficial del gobierno del estado, los secretarios de despacho ganan entre 76 mil 52 pesos y 125 mil 258 pesos.
En la última semana, Astudillo Flores ha anunciado la aplicación de un plan de austeridad en su gobierno, que incluye reducciones salariales, para hacer frente a las consecuencias que trae consigo el incremento en el precio de las gasolinas, acción a la que se han sumado ya el Poder Legislativo, el Judicial y algunos organismos autónomos.
El martes en declaraciones a El Sur, el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, informó que las medidas de austeridad que aplicará el gobierno ante el gasolinazo incluyen una reducción en los sueldos de los funcionarios, renta de inmuebles, vehículos, aeronaves y telefonía.
Sin embargo a la fecha se desconoce cuál es el porcentaje de la disminución salarial de los funcionarios de primer nivel, aunque se espera que este domingo los tres poderes den a conocer de manera conjunta su proyecto.
De acuerdo al portal de transparencia del gobierno del estado es Astudillo Flores quien tiene el salario más alto con 146 mil 916 pesos mensuales, sin embargo, en el caso de los secretarios de despacho no hay precisión de cuánto gana cada uno.
El tabulador se limita a establecer el monto mínimo y máximo de salario que se percibe por categoría y en el caso de los secretarios el sueldo es de entre 76 mil 52 pesos y 125 mil 258.
Sin embargo se supo que los titulares de las dependencias que más presupuesto ejercen son los que perciben los salarios más altos, mientras que los que menos cobran son los que ejercerán menos recursos.
Para el ejercicio fiscal 2017 la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que encabeza José Luis González de la Vega Otero; la de Salud (Ssa), de la que es titular Carlos de la Pea Pintos; y la de Seguridad Pública (SSP), que está a cargo de Pedro Almazán Cervantes, son las dependencias que más recursos recibirán.
En el caso de los subsecretarios, el salario mensual es de entre 45 mil 346 y 72 mil 521 pesos, y de los directores generales es de 32 mil 382 a 43 mil 246 pesos.
El miércoles la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flor Añorve Ocampo dio a conocer que el Legislativo también implementará un plan de austeridad, en el que se proyecta una reducción salarial en todos los diputados de entre el 10 y 20 por ciento.
Por su cuenta, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, informó que el Poder Judicial cerrará 30 juzgados de paz y no descartó la disminución del sueldo de los magistrados.

El principal problema de hoy es que la gente quiere sentirse segura, insiste el gobernador

El gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó que a Guerrero le han tocado tiempos difíciles, y ahora el principal problema es que la gente quiere sentirse más segura por lo que pidió a la policía estatal no dar un paso atrás en la lucha contra la delincuencia. No obstante, aceptó que “con la historia que tenemos será difícil que no exista ningún problema… y no porque seamos violentos”.
“Nos ha tocado tiempos difíciles, pero en ningún momento nos hemos hecho para atrás ni nos ha invadido el temor, por eso merecen más reconocimiento”, enfatizó.
La mañana de este miércoles, Astudillo Flores celebró en Casa Guerrero el Día del Policía, y en su discurso de 15 minutos reconoció y pidió a los policías estatales “ponerles una raya a quienes piensan que pueden estar sólo delinquiendo”.
A días de anunciar un plan de austeridad para enfrentar el alza en las gasolinas, el Ejecutivo sorteó seis autos, diez refrigeradores, diez pantallas y electrodomésticos además de entregar cheques de reconocimiento por antigüedad, desempeño y liderazgo.
En el festejo que contó con un grupo musical, mariachi y un desayuno, estuvieron el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el secretario de Seguridad, Pedro Almazán Cervantes: el fiscal Xavier Olea Peláez, y el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí Martínez.
Al inicio de su intervención, el gobernador subrayó que la policía del estado es la “más esforzada, y la más sacrificada”, y recordó que durante el año pasado hubieron muertes de policías.
“Tenemos que recordarlos cumpliendo con su deber en momentos difíciles, estuvimos para despedirlos en algunas ocasiones”, señaló. Reconoció que el trabajo de la policía estatal ha sido respaldado por la presencia de la federación a través de la Policía Federal y el Ejército, con quien han formado grupos de atención inmediata como las Bases de Operaciones Mixtas.
Insistió que en Guerrero se vive un tiempo complicado y lejano a la realidad que se vivía hace 15 años, donde las demandas de la población eran otras.
“Antes los problemas eran otros, la gente salía a las calles y protestaba, no existían las redes sociales como ahora, la gente ahora quiere sentirse más segura,  la gente protestaba por la pavimentación, porque no llegaba agua. Siguen protestando por esto, pero ya no es lo principal problema. Ahora el principal problema es que la gente quiere sentirse más segura”.
Astudillo Flores puntualizó que en la tarea de dar seguridad no se dará un paso atrás, “para contener y acabar con este problema, con la historia que tenemos será difícil que no exista ningún problema, tenemos que generar una cultura de respeto y disminuir la capacidad de actuar de la delincuencia organizada”, agregó.
Casi al finalizar su intervención comentó que alguien le había preguntado para cuándo se acabaría la inseguridad en Guerrero, a lo que contestó: “en un estado como Guerrero con la historia que tenemos y nuestra manera de pensar, y no porque seamos violentos, será muy difícil que en Guerrero dejen de existir problemas”.
Enunció que para mejorar las condiciones de seguridad en el estado se requiere de mejorar su equipo como patrullas, “más elementos humanos”, inteligencia, motocicletas y “tener estrategias” ante quienes pretenden romper el Estado de Derecho.
“Cuando Guerrero tenga todo eso sin duda se darán pasos verdaderamente importantes contra a impunidad, que es algo que lacera e irrita a la sociedad guerrerense , nadie está satisfecho”, agregó.
Dio a conocer que ante la falta de equipamiento adecuado para la corporación, se determinó adquirir nuevas patrullas y motocicletas en los próximos meses.
Destacó que antes del festejo se les pagó el bono anual a los policías estatales, “reciban la absoluta disposición del gobierno en todo lo que tenga que hacer para apoyar a la corporación, me consta su esfuerzo y entrega, merecen el reconocimiento del pueblo, vamos a iniciar el procedimiento de compra de patrullas, motos, equipo, que estén mejor presentados, equipados, para servir con mayor agilidad, presencia y dignidad a Guerrero”.
Reiteró que este primer año de su gobierno “no ha sido fácil, es una etapa complicada el problema se ha ido expandiendo, el problema de inseguridad no es exclusivo de Guerrero, nos han tocado tiempos difíciles. No nos echamos para atrás, no tenemos temor, debimos ubicar el tiempo en el que estamos, es un tiempo complicado”.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, participó con un discurso de cinco minutos en el que se enfocó en felicitar a los policías por su trabajo.
“Prevenir el delito y proteger a la sociedad, sus derechos y sus propiedades, sabedores de la difícil etapa de inseguridad están comprometidos con la sociedad, ponen de manifiesto su espíritu de servicio para hacer notoria y exitosa la estrategia”, agregó.
Sin solicitar nada al gobierno del estado, el funcionario estatal sólo subrayó que se ha ido avanzando en el combate a la inseguridad en el estado.

Responde a declaraciones de empresarios sobre la ineficiencia de la policía

Después del acto, al gobernador se le preguntó sobre las declaraciones de empresarios capitalinos, de que los cuerpos policiacos no están logrando dar seguridad a la población, y respondió que éstas se dan en momentos en que “suben los acontecimientos lamentables”.
“Yo no me podría imaginar qué pasaría si las fuerzas que se suman a los operativos no estuvieran haciendo lo que hacen, seguramente tendríamos una ciudad intransitable”, agregó.
Al concluir la celebración por el Día del Policía, el gobernador declaró que si las policías no estuvieran trabajando en la capital del estado “le dejaríamos las puertas abiertas a la delincuencia”.
Este martes los dos líderes de la cámaras empresariales de Chilpancingo coincidieron en que ni el Estado ni la federación están cumpliendo con brindar seguridad a la población, ante los hechos violentos registrados el lunes pasado, cuando fueron halladas seis cabezas cerca de la Zona Militar.
“Yo creo que hay momentos difíciles que suben los delitos, especialmente los homicidios dolosos, como lo que pasó hace días”, enfatizó.
Señaló que no comparte la postura de los empresarios, ya que aseguró que se está trabajando diariamente para el combate de la delincuencia.

La CRAC y la UPOEG acordaron impulsar que se ratifique la Ley 701, informa Martínez Veloz

 

El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz se reunió con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones sociales, acordaron impulsar la ratificación de la Ley 701 del estado de Guerrero, de derecho y cultura indígena.
En declaraciones telefónicas el funcionario federal indicó que el asesor César Flores Maldonado lo comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores vía telefónia, con quien acordaron programar una reunión con ambas organizaciones de seguridad.
De la reunión el viernes en Barra Vieja con ambas organizaciones, Martínez Veloz dijo que acordaron trabajar juntos para apoyar la ratificación de la Ley 701 como punto de partida, para que “quede consolidada como un instrumento de regulación del trabajo y de los derechos indígenas en Guerrero”. Indicó que se busca incorporar otros derechos excluidos del texto legal, y que tienen que ver con los derechos universales de todas las comunidades indígenas.
El segundo punto es apoyar la resolución del Tribunal Federal Electoral en donde se establece que en Ayutla se utilizara el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades, sin la intervención de los partidos.
El otro acuerdo es apoyar los procesos de remunicipalización, “en los municipios o comunidades donde existan las condiciones para realizarse”.
Martínez Veloz indicó que es “la base primera de un acuerdo que quizás en el futuro pueda ser más amplio”.
Comentó que las organizaciones solicitaron su intervención para un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo que “permita encontrar una ruta de encuentro para lograr concretar los acuerdos y construir una relación sólida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Dijo que en la reunión estuvieron Pablo Guzmán de la CRAC y Bruno Plácido de la UPOEG, el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro y Marcos Matías, entre otros.