Damnificados de Chilpancingo en 2013 reubicados en el fraccionamiento Zolamaitic, en Petaquillas, se reunieron en privado con el secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Armenta, para demandarle la entrega de las escrituras de 67 familias.
La mañana de este martes, se reunieron en el paso peatonal frente a Palacio de Gobierno más de 30 vecinos afectados por las tormentas Manuel e Ingrid en 2013.
Una de las damnificadas, que no quiso dar su nombre por temor a represalias, explicó que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello se comprometió a resolver el retraso en la entrega de las escrituras, pero no lo ha hecho.
Los damnificados ya cumplieron dos años en sus casas ubicadas en la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, pero a pesar del hecho los funcionarios del estado y la federación no han entregado las escrituras, pese a que se comprometieron a hacerlo a finales de noviembre.
Tras el encuentro privado se informó que continuarán las mesas de diálogo para dar certeza jurídica a las familias afectas. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
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Pide el PRT dinero para obras en comunidades durante una reunión privada con Jaimes Ferrel
Integrantes del Partido del Revolucionario de los Trabajadores (PRT), solicitaron al gobierno del estado dinero para la construcción de sistemas de agua potable, pago de maestros, empleo temporal y fertilizantes en diversas comunidades.
La mañana de este jueves, integrantes del PRT se reunieron con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, en la sala Emperador Cuauhtémoc.
En el encuentro privado que duro más de dos horas, la organización solicitó restablecer la entrega de 180 toneladas de fertilizante que recibían durante la administración pasada.
También solicitaron apoyo para acceder a proyectos productivos de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, la revisión del padrón de beneficiarios de DIF y obras para distintas comunidades, por lo que se programó una reunión para el 22 de noviembre a las 11 de la mañana, en la que deberán de presentar estudios técnicos.
Otra petición fue de maestros y computadoras para escuelas en comunidades, aunque no pudieron determinar cuántos se requieren, por lo que se les prometió que se les fijará una reunión con trabajadores de la Secretaria de Educación para el mismo día, pero a las 6 de la tarde. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
No irán rechazados del MAE a reunión con el secretario de la UAG, informan
Los estudiantes rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) aglutinados en el Movimiento Acciones por la Educación y el Bien Común (MAE) informaron que no asistirán a la reunión propuesta por el secretario general de la Universidad, José Alfredo Romero Olea.
En un desplegado suscrito por el secretario general de la UAG, José Alfredo Romero, se convocó a los integrantes del MAE a reunirse hoy en la Facultad de Turismo en Acapulco, en el documento narra que en los más de dos meses de plantón, las autoridades universitarias han intentado en cinco ocasiones reunirse con los inconformes y que en dos de ellas los estudiantes no han acudido.
En una visita a la Redacción de El Sur, José Abel Sánchez Marcos, en nombre de sus compañeros relató su versión sobre las reuniones en las que presuntamente la UAG y el gobierno del estado han intentado resolver el problema por el que mantienen un plantón desde el 17 de agosto y desde el 1 de septiembre Alejandro Reyes Martínez mantiene una huelga de hambre.
Sánchez Marcos dijo que el 8 de septiembre no se acordó ninguna reunión con funcionarios universitarios y que la reunión del 11 de septiembre no fue cancelada por el MAE, sino por un funcionario del gobierno del estado, del que no mencionó el nombre.
Agregó que no se van a reunir con Romero Olea porque tienen la experiencia que en 2015, cuando les ofreció una reunión, igual lo que hizo fue dividir a los estudiantes y buscarlos de uno por uno, para ofrecerles beneficios a cambio de abandonar la protesta.
En una carta entregada en la Redacción, los integrantes del MAE responsabilizaron al gobierno del estado, a la UAG, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso local de los daños a la salud o posible fallecimiento de Alejandro Reyes.
Piden maestros al gobernador capacitación, espacios adecuados, tecnología y seguridad

Los maestros necesitan capacitación, espacios educativos adecuados, acceso a las nuevas tecnologías de la información y seguridad para la formación de los alumnos, señalaron los representantes sindicales en el festejo por el Día del Maestro que se realizó en Acapulco.
Por la mañana, en el festejo por el Día de Maestro que se llevó a cabo en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, el cual fue encabezado por el gobernador Héctor Astudillo Flores. Al final de los discursos de las autoridades educativas y sindicales se realizó la rifa de cinco vehículos, y el gobernador ofreció entregar once automóviles más a los maestros de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y “proporcionalmente”, otra cantidad de carros no determinada a los maestros del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado Guerrero (SUSPEG).
En su mensaje, el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Lucrecio Leines Medécigo, pidió al gobernador que cuide a los maestros de Guerrero y no suceda lo que ocurrió en Sinaloa hace unos días, donde cinco maestros fueron asesinados.
“No es posible que en una sociedad donde quizá el trabajo más comprometido socialmente, que es el del maestro, no tengan garantizadas las condiciones mínimas de seguridad para la vida de los trabajadores de la educación. Señor gobernador, sé que no es el caso, pero le encargo a los maestros de Guerrero”.
En representación de los maestros del SNTE de la sección 14, intervino Pablo Díaz Oropeza, quien llamó a apostarle a la educación “pues tendremos ciudadanos con un alto sentido de respeto y solidaridad, en consecuencia habrá orden y paz”.
Señaló que los problemas que necesitan ser atendidos en el sector educativo son el acceso a las nuevas tecnologías de la información, las condiciones físicas de los planteles, la nutrición de los alumnos y la capacitación de los maestros.
“Somos maestros del siglo XX y estamos trabajando con educandos del siglo XXI, por esta razón es necesaria la capacitación, actualización y profesionalización de los docentes”.
Otra de las acciones que propuso el representante del SNTE, para mejorar el sector educativo fue “ampliar los programas de nutrición para los estudiantes, mejoramiento físico de las escuelas, actualización de la tecnología y una eficiente señal de internet, para estar a la altura que los tiempos reclaman en esta sociedad del conocimiento”.
En su intervención, el gobernador felicitó a los maestros, les dijo que reconoce la importancia de su labor y el esfuerzo que hacen todos los días a favor de la educación.
Agregó que conoce de cerca esa profesión, porque sus dos hermanas fueron maestras. “Vengo ante ustedes a comprometerme con la educación de Guerrero, sepan ustedes que tienen un gobernador comprometido con la educación, comprometido con los maestros”.
Anunció que invitó al secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, a que visiten Guerrero.
Astudillo Flores informó a los maestros que solicitó “mano generosa” de Aurelio Nuño, para atender el asunto de las jubilaciones y le dio una respuesta positiva.
Adelantó que mañana se reunirá con el sindicato para dar detalles. “Les pedí un poco de calma, porque son asuntos de dinero que no se pueden resolver tan fácilmente, pero ha habido respuesta y trataremos de agilizar la respuesta en los hechos”.
Como parte del festejo, el gobierno del estado entregó reconocimientos a mil 601 maestros por 30 y 40 años de servicio, de los cuales mil 346 son federales y 255 estatales.
Al festejo asistieron mil 700 maestros, quienes empezaron a retirarse después de que concluyó la rifa de los vehículos y nadie hizo caso al grupo de música viva que tocaba en el salón.
En el festejo por el Día del Maestro estuvieron el secretario general de la sección 14 del SNTE, Javier San Martin Jaramillo; el secretario general del SUSPEG, Adolfo Calderón Nava; el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, y el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Inician campaña de defensa del gobernador en redes sociales con el lema “Yo confío en Astudillo”
El área de Comunicación Social del gobierno del estado inició una campaña en redes sociales en defensa del gobernador Héctor Astudillo Flores con el lema, “Yo confío en Astudillo”, a raíz de sus declaraciones en la conferencia de prensa del jueves pasado en Casa Guerrero, tras el asesinato del líder perredista Demetrio Saldívar Gómez, donde culpó de la violencia actual a los gobierno perredistas anteriores.
Fuentes del gobierno del estado explicaron que este viernes se inició en el área de redes sociales el diseño de la campaña publicitaria que impulsará la imagen del Ejecutivo ante los hechos de violencia registrados en lo que va de abril, que han dejado tres políticos asesinados, dos secuestrados (uno ya liberado) y los ataques en el parque de La Reina, en Acapulco.
Con esta campaña publicitaria, trabajadores y funcionarios del gobierno estatal publicarán en sus cuentas de redes sociales, como Facebook y Twitter, la leyenda, “Yo confío en Astudillo”.
En Twitter, el director del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), Jorge Salgado Parra se sumó a la campaña, igual que el subsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), Manuel Añorve Aguayo.
También participaron el delegado general de Gobierno de la zona Norte, y ex alcalde de Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo Zavaleta; el ex candidato del PRI a la sindicatura de Chilpancingo, Guillermo Reyes Villela; y el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Asimismo, publicaron la leyenda en sus cuentas de redes sociales el ex el delegado de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, (STPS), Fermín Alvarado Arroyo; el ex regidor de Seguridad Pública en Chilpancingo, Carlos Leyva Acevedo; el delegado municipal del Consejo Estatal del Coco (Cecoco), Manuel Baltasar Ávila; y la diputada local, Rosaura Rodríguez Carrillo.
En la campaña se utilizan boots (arranques, seguidores fantasmas que multiplicar los mensajes), para avanzar más en la movilización en las redes en la campaña diseñada por el mismo equipo que trabajó en la campaña a la gubernatura de Astudillo Flores.
Pese a que la intención era mejorar su imagen ante la población, la publicación de este lema generó descontento y burlas, ya que se criticó el mensaje, al que los destinatarios respondían, “yo confío en Héctor Astudillo, si estás en la nomina del gobierno del Estado/PRI” y “Yo confío en Astudillo, dicen que si no lo compartes te quedas sin empleo”.
Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad
Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.
La marcha
A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.
El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian
En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.
El Bloqueo
Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.
Solicitó el gobierno del estado a la federación 15 mil millones adicionales para pagar adeudos
El secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, informó que se solicitó al gobierno federal un rescate financiero por 15 mil millones de pesos para pago de impuestos y prestaciones que se deben de años anteriores.
En declaraciones después de la sesión del Comité Rector de Transparencia, Apreza reveló que para atender diversos adeudos del gobierno del estado se requieren 15 mil millones de pesos adicionales.
Añadió que abrieron a la Se-cretaría de Hacienda todos los expedientes con las irregularidades que han detectado, construyendo alternativas de solución, “no es un asunto sencillo, el gobierno federal también enfrenta una restauración financiera importante”.
El secretario expuso que “mes con mes siguen apareciendo desagradables sorpresas” en las cuentas por pagar de las pasadas administraciones: se deben más de mil millones de pesos a empresas que dieron créditos a los trabajadores, a los que se les descontó pero nunca se liquidó la deuda.
Tampoco se pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al SAT, lo que está “repercutiendo de manera brutal en el gasto público”, que con multas, recargos y actualizaciones, sólo por el ejercicio 2013, le están requiriendo al gobierno del estado un pago “de manera inmediata” de 4 mil millones de pesos. Y saben que también falta el pago de los impuestos del 2014 y 2015.
Además se deben las aportaciones al ISSSTE, Fovissste y Fonacot, lo cual suma 4 mil 500 millones de pesos; más laudos laborales y juicios mercantiles que dijo han detectado que para el próximo año entran en ejecución por mil 800 millones de pesos.
De si algún Ayuntamiento ha solicito un préstamo para el pago de aguinaldos, Apreza Patrón dijo que “no se han acercado”, aunque se tendrá que “analizar nuestra disponibilidad financiera”.
El funcionario indicó que el presupuesto de la Ley de Ingresos presentada al Congreso es por 50 mil millones de pesos. Recordó que el gasto público que se ejerce en Guerrero depende el 96 por ciento de la federación, por lo que estiman que haya una reducción del gasto de inversión de fondos federales de unos 3 mil millones de pesos. Esta reducción afectaría principalmente las obras de infraestructura pero no los programas sociales, porque en un estado “con niveles de marginación que vive Guerrero” sería dañar a las familias.
Indicó que hay “cabildeos” con Hacienda y la Cámara de Diputados para que Guerrero tenga un “tratamiento distinto” .
El funcionario aseguró que aún con los recortes no habrá despidos y se están privilegiando los derechos adquiridos por los trabajadores. Reiteró que se hará el cruce de nóminas para ver quién tiene doble o triple plaza.
Refrenda la asamblea de la CRAC en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, su reconciliación con la casa matriz
En la asamblea microrregional de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por unanimidad las autoridades votaron a favor de la reconciliación con la casa matriz, de San Luis Acatlán.
El coordinador de la Casa de justicia de El Paraíso, Gregorio García Morales precisó que no era la reincorporación de las 35 comunidades que conforman la Casa de Justicia de El Paraíso a la de San Luis Acatlán, sino una reconciliación, indicó que seguirán trabajando de forma autónoma, pero coordinada, y precisó que no estarán bajo las órdenes de la casa matriz.
La asamblea inicio a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde bajo una intensa lluvia. Asistieron unos 250 integrantes; consejeros, policías comunitarios, comisarios, comisariados y delegados, y sólo dos mujeres que observaron la reunión, así como los seis integrantes que salieron de la cárcel el 12 de abril, que participaron y votaron en la asamblea.
Al encuentro llegaron los consejeros de la casa matriz, Sabás Aburto Espinobarros e Ignacio Navarro Mosso, y el representante de la Casa de Enlace en Tecoanapa, Prócoro Valente, quien mostró disposición de volver a coordinarse con la casa de El Paraíso.
Minutos antes de la votación de la unificación, en su intervención Aburto Espinobarros recordó que los integrantes de la Casa Matriz de San Luis Acatlán aprobaron la reintegración con la Casa de El Paraíso y la permanencia de la Casa de Justicia, el sábado 4 de junio en asamblea microrregional en San Luis Acatlán.
Sin embargo, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Humberto Viviano precisó que el término reintegración está mal empleado y que el correcto sería reconciliación, “porque nosotros nunca nos fuimos del sistema”. Se declaró a favor de que ambas casas trabajen de manera coordinada y articulada.
Otro integrante, Donaciano Morales coincidió y llamó al respeto de la autonomía de cada Casa de Justicia, “tenemos que unirnos para que no, nos conviertan en policía rural”, pidió, y sostuvo que, gracias a la Policía Comunitaria, desde hace tres años en los poblados donde opera no hay secuestros, asesinatos ni violaciones. En su intervención, el coordinador Gregorio García Morales explicó a la asamblea que el término ya había sido abordado en las reuniones previas, donde se acordó el respeto a la autonomía de las Casas de Justicia, “no vamos a estar bajo el mando de San Luis”, expresó.
El coordinador explicó también, sin decir nombres ?aunque en clara referencia a Eliseo Villar Castillo, preso desde el 30 de abril de 2015?, que quienes provocaron el conflicto en la CRAC ya no están, y llamó a la conformación de un solo frente como organización, porque la CRAC está “apagada” frente a otros movimientos que sí están visibles.
Después, la asamblea votó por unanimidad a favor de la unificación y ratificó el acuerdo votado también a favor el 4 de junio en la asamblea de San Luis Acatlán.
Unidad y defensa de la Ley 701
En otra intervención, Aburto Espinobarros dijo que la importancia de la unificación de las fracciones de la CRAC que se han conformado (algunas sin el reconocimiento de la Casa Matriz) es la defensa de la Ley 701, que será reformada por los diputados locales, y advirtió que “desde el gobierno se intenta frenar a la CRAC”.
Informó que iniciaron los trabajos del convenio que firmó el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para la reforma a la Ley 701, e insistió en la importancia de la unidad para que los cambios a la Ley 701 sean para que el sistema avance y no para el retroceso de la organización, que es considerada y reconocida por la legislación actual como parte del sistema de seguridad estatal.
Reiteró que la unificación servirá para cambiar el reglamento interno de la CRAC, que deberá estar antes de la reforma a la Ley 701, para que del propio reglamento se retomen algunas propuestas a la Ley. Anunció foros de discusión que propondrán en las comunidades donde opera el sistema de justicia comunitario para que sea el pueblo el que decida.
El consejero reiteró la importancia de la unificación para evitar problemas con el reconocimiento del sistema comunitario en la Ley 701, como los que tienen otras organizaciones que han surgido, y sin decir nombres se refirió a la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a la Policía Comunitaria del Frente Unidos para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y a las autodefensas.
El consejero Claudio Sánchez urgió la pronta elaboración de propuestas a la Ley 701, para que el gobierno no lo haga a su manera.
Eligen a dos coordinadores y nombran a nuevo comandante regional
En la asamblea fue aceptada por los pueblos la renuncia del coordinador Efraín Rea López, que el coordinador presentó por escrito el 31 de mayo.
La separación del coordinador es porque se desempeña como director de desarrollo social del municipio y, según lo estipulado en el reglamento de la CRAC, nadie que tenga un cargo público podrá ser autoridad comunitaria.
En la asamblea fue nombrado por unanimidad como nuevo coordinador Juan Antonio García Fidencia, quien en su intervención explicó que cumplirá con sus deberes, siempre y cuando la población también lo apoye con los gastos, porque el nombramiento y el cargo no tiene un sueldo y los días que hay que estar de guardia en la Casa de Justicia, no trabaja, y no tiene ingresos económicos.
El nuevo coordinador, incluso recriminó a Rea López, que no haya dejado su cargo en el Ayuntamiento, “¿por qué no renunció allá donde hay dinero?”, pregunta que arrancó risas entre los asistentes y el propio Rea López.
También fue elegido por mayoría de votos Raúl Morales Morales como coordinador, pero no aceptó el cargo, y Luis Lucas García, quien quedó en segundo lugar en la votación, asumió su cargo. Este espacio lo ocupó la comunidad de El Parotillo que renunció al sistema comunitario el 31 de mayo pasado.
En la reunión también fue elegido como nuevo comandante regional, Valentín García, después de que el comandante regional de la zona El Charco-Pozolapa dejó el cargo por un asunto personal y porque tiene que ausentarse de su comunidad cinco meses.
Se informó que el próximo sábado 18 de junio, será la primera reunión de coordinadores y comités de enlace después de la unificación, y el sábado 26 será la culminación de la asamblea del 11 de junio que fue suspendida ante la lluvia
No está fracturado el puente que pavimentaron en la capital, responde el encargado de la obra
El encargado de la pavimentación de la calle principal del fraccionamiento René Juárez Cisneros, Eliseo Rojas Valentín aclaró que la obra se comenzó tras los estudios de laboratorio, que el puente que se ubica ahí no tiene fracturas y que los muros de contención están reforzados con varilla, aunque aceptó que el desagüe tiene un error que van a corregir para que no se estanque el agua.
El lunes, vecinos del fraccionamiento denunciaron que la calle se construyó sobre un puente fracturado, que los muros de contención estaban construidos sobre escombros y que el agua de la lluvia de la semana pasada se había estancado porque los desagües que construyeron no funcionan, y que la empresa constructora ya se había retirado.
En conferencia de prensa, Rojas Valentín manifestó que la obra no ha sido terminada, ni mucho menos entregada, pues para finalizar, los beneficiados tienen que firmar la carta de entrega-recepción.
Detalló que en la supervisión que hicieron el Ayuntamiento y el gobierno del estado, “se dictaminó que el puente no tiene fisuras ni cuarteaduras, se le informó a la señora (la presidenta de la colonia, Karla Isabel Gallardo Martínez), y en su momento lo aceptó, lo que le preocupaba a ella era una socavación que había, socavación que ya se reparó desde hace dos semanas”.
Investiga la PGR el retraso en la entrega de las casas para damnificados, dice la Sedatu
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) José Manuel Armenta Tello informó que hay denuncias e investigaciones ante el retraso en la entrega de las viviendas a damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, e insistió en que son 2 mil viviendas pendientes, más la invasión de 130 casas en El Mirador y el saqueo de 34 viviendas en Tixtla.
En declaraciones a reporteros antes de la firma del convenio entre el gobierno del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) el delegado precisó que hay dos denuncias contra los líderes que invadieron las casas de El Mirador, una ante la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en la Fiscalía General del Estado.
Además, hay procesos legales y administrativos contra empresas que abandonaron las obras y no cumplieron con la entrega de las viviendas en el plazo previsto de un año. Agregó que tiene asesoría legal para establecer sanciones para las empresas que incumplieron.
En Tixtla, el saqueo de 34 viviendas, explicó Armenta Tello, se debió a que hubo vacíos legales y administrativos, “no había suficiencia presupuestal para hacer el pago de unas estimaciones y la empresa no podía seguir con la carga que representaba mantener su gente ahí”, además faltaban obras de mitigación.
El delegado dijo que la empresa es la responsable de esas viviendas porque no las ha entregado a la Secretaría, y de acuerdo con el contrato, la empresa debe entregar las viviendas con todos lo equipos, “la gente va a recibir su vivienda a satisfacción”.
De las 598 casas de El Mirador, 130 están invadidas por líderes que creyeron que podían ocupar las casas. Añadió que, uno de los líderes que promovió la invasión de las viviendas fue detenido, pero fue liberado a los tres días porque el juez determinó que no había sustento en las acusaciones.
En la Costa Grande están pendientes de construir más de 300 viviendas que resultaron afectadas por los sismos del 18 de abril y del 9 de mayo de 2014; el delegado de Sedatu indicó que el retraso en la entrega de esas viviendas se debe a que se dio prioridad a las obras de reconstrucción comprometidas luego de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
También están pendientes de construir 98 casas en El Paraíso, Atoyac, “porque no hay certeza en la tenencia de la tierra”. Consideró que son unas 2 mil viviendas las que están pendientes de entregar a los damnificados de las lluvias de 2013.

