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Los cuerpos hallados en Chichihualco tenían entre cinco días y ocho meses muertos, revela un testigo

Algunos de los cuerpos hallados en la barranca de la Curva de la Virgen, en El Naranjo, Chichihualco, tenían unos cinco días de haber sido asesinados, otros unas cuatro semanas y los de más tiempo unos ocho meses, dio a conocer un testigo que presenció la recuperación de los 19 cuerpos y restos humanos diversos.
Luego de la polémica generada por el hallazgo de los 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y restos humanos diversos en El Naranjo, que durante tres días el gobierno del estado negó pese a que el director general de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Joaquín Torrez Osorno los había confirmado, un testigo que presenció el levantamiento de los restos habló del caso.
“¿Por qué el gobierno niega eso, si ellos fueron para allá, no tienen por qué decir eso?”, dijo el testigo la mañana de ayer, antes de que el gobernador Héctor Astudillo reconociera el hallazgo.
Consultado vía telefónica, el testigo indicó que la recuperación de los cuerpos fue del martes 8 al viernes 11 de diciembre, en un lugar conocido como la Curva de la Virgen de la comunidad de El Naranjo, camino a Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
El testigo del hallazgo y la recuperación de los nueve cuerpos completos, ocho semicalcinados y restos humanos diversos, precisa que no estaban en fosas, sino a la intemperie, en una barranca que es usado como basurero.
“Si la PGR está diciendo que sí, ¿por qué el gobierno lo niega?… pues sí, se encontraron los cuerpos”, sostuvo.
Describió que unos cinco cuerpos “eran de poco tiempo”, de unos días, otros de más tiempo, como de unas cuatro semanas, y los de más tiempo como de unos ocho meses de haber sido asesinados, según dijeron peritos en el lugar del hallazgo, dijo el testigo.
Explicó que todos los cuerpos y restos humanos aún tenían tejido, “no eran osamentas, eran cuerpos, unos ya como de ocho meses y los otros más frescos, y los que estaban calcinados estaban frescos”, narró.
Por separado, uno de los familiares de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala describió que el lugar fue hallado por un familiar de un desaparecido que alertó a la PGR del hallazgo, y describen al lugar como “el infierno”.
En el lugar, que consideran un tiradero de cuerpos de gente asesinada por presuntos miembros de la delincuencia, señalan que los cuerpos estaban tirados a la intemperie, otros habían sido arrojados a la barranca de unos 500 metros de profundidad, y otros más estaban “colgados”.
En estas páginas se informó que fuentes oficiales de la PGR y una denuncia anónima confirmaron que, entre el martes 8 y el viernes 11 de diciembre, un grupo multidisciplinario de peritos, una antropóloga, un criminalista, un odontólogo, un médico y un perito en foto y en vídeo de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR recuperó al menos 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados y más restos óseos en una barranca de 500 metros de profundidad de la comunidad de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
La fuente de la PGR que dio a conocer la información indicó que, de entre árboles y piedras de un barranco de 500 metros de profundidad fueron rescatados nueve cuerpos completos, ocho semicalcinados y más restos óseos diversos, confirmando que en una primera evaluación son 19 personas, “pero pueden ser más”.

Se plantan vecinos de Palantla, Chilapa, en Palacio de Gobierno para que la CRAC libere a detenidos

Habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, e integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) se plantaron cinco horas en Palacio de Gobierno para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga para que policías comunitarios de Rincón de Chautla, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), liberen a cinco campesinos detenidos “de manera irregular”, entre ellos el comisario Alfonso Orjil Castro, y otorgue seguridad a las comunidades.
A las 11:30 de la mañana, 50 vecinos de San Jerónimo Palantla y del FDP llegaron a Palacio de Gobierno, donde colocaron una lona para cubrirse del sol y una manta en la que se leía, “La comunidad de San Jerónimo municipio de Chilapa, exige la liberación de nuestros compañeros que se encuentran secuestrados, que se detengan las amenazas a todos nuestros compañeros, exigimos justicia y paz en nuestro pueblo”.
El integrante del FDP, Efraín Torres Fierro solicitó una audiencia con el gobernador para hablar sobre la seguridad en las comunidad de San Jerónimo Palantla y la liberación de sus cinco compañeros detenidos en la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, porque los policías comunitarios los acusan del asesinato de cuatro vecinos de la comunidad de Atzacolaya.
El 24 de noviembre, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era consejero de seguridad de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, y tres más resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público en las inmediaciones de la comunidad de Atzacoaloya.
Por su parte, un vecino de San Jerónimo Palantla, Florencio Salgado Tlatempa relató que después de los asesinatos de los cuatro vecinos en Atzacoaloya, los policías comunitarios de Rincón de Chautla irrumpieron en la comunidad San Jerónimo Palantla y detuvieron al comisario Alfonso Orjil Castro, a Francisco Hernández Tepetate, Apolinar Calvario Tlatempa, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortez.
Otros cinco huyeron y se refugiaron en Chilpancingo por temor a que los policías comunitarios los detengan de manera arbitraria.
Salgado Tlatempa, los pobladores han recibido amenazas de detención e irrupción en sus viviendas, “porque, según dicen, estamos cubriendo a delincuentes, lo cual es mentira; en mi caso, abrieron la puerta de mi casa y me robaron 7 mil pesos”.
Pidió una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque los habitantes huyen de sus comunidades ante el temor de que atenten contra de su integridad física, “amenazaron a las compañeras, (les dijeron) que las van a quemar porque participaron en la protesta”.
Dijo que ya interpusieron las demandas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por estos hechos, pero aún no tienen respuesta.
Consultado por teléfono, el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro informó que fueron atendidos por la Subsecretaría de Asuntos Políticos, con la que acordaron que intervendrán para que hoy los cinco detenidos, entre ellos el comisario de San Jerónimo Palantla, sean liberados.
Dijo que los cinco desplazados que se encuentran en Chilpancingo tendrán seguridad personal para trasladarse a su comunidad.
A las 4: 30 de la tarde los inconformes se retiraron de Palacio de Gobierno.

Se reúnen el gobernador y el fiscal con familiares de desaparecidos en Chilapa; prometen una comisión especial

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, se reunieron con familiares de desaparecidos de la región, y se comprometieron a formar la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa, que había prometido el gobernador desde octubre.
A siete meses de que familiares de desaparecidos en la ciudad comenzaron a exigir su presentación, el gobernador y el fiscal general se reunieron con ellos en la cabecera municipal.
Un día antes, el vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro anunció que el fiscal estaría en la ciudad para hablar con ellos, sin embargo no tenía confirmada la presencia del gobernador.
Aunque tenían programado el encuentro para las 10 de la mañana, cerca de las 2:20 de la tarde ambos funcionarios llegaron junto con el alcalde Jesús Parra García, y la diputada federal Verónica Muñoz Parra. La reunión tuvo lugar en el salón de fiestas y reuniones Mi Pueblito, donde se mantuvo una reunión a puerta cerrada.
Unos 40 minutos después, se abrió una rueda de prensa en la que Astudillo Flores señaló que en enero acudirá a Chilapa junto con el fiscal, para crear la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa.
Sin embargo, Héctor Astudillo Flores ya se había comprometido el 15 de octubre, cuando vino a la ciudad en calidad de gobernador electo, a crear esta comisión, y entonces aseguró que al tomar protesta regresaría a Chilapa con ese objetivo.
El gobernador dijo también que se creará un grupo especial de investigación sobre el paradero de los desaparecidos del 9 al 14 de mayo, cuando ingresaron a la ciudad civiles armados proveniente de comunidades del sur de Chilapa, que dijeron que venían en busca de delincuentes.
Manifestó que firmará una iniciativa para crear la comisión estatal de atención a víctimas, con funciones similares a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El gobernador dijo que, independientemente de la creación de la comisión especial para atender los casos de desaparecidos en Chilapa, verán que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se cree un grupo institucional que esté permanentemente con los familiares.
Por otro lado, ordenó a Parra García que atendiera las demandas de los familiares, una de ellas la destitución del secretario de Seguridad Pública en el municipio, Juan Suástegui Epifanio.
“Yo le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, yo no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Se originó un problema aquí, yo diría, presidente, que vea la manera de relevarlo que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente, yo te lo quiero pedir de la mejor manera, el asunto de los hilos negros, tanto el Ejército nacional, como la Marina, como la Policía Federal, están dispuestos a apoyar en los hilos negros”, remarcó Astudillo Flores, e insistió, “sé que el municipio es independiente pero yo creo que ante un señalamiento de que el secretario de seguridad no estuvo a la altura de las circunstancia (…) se tiene que relevar, te lo pido como gobernador”.
Ante la inconformidad de los familiares con el Ministerio Público del fuero común que no atiende adecuadamente a las víctimas, el gobernador instó a Xavier Olea en que lo cambien.
Otra de las quejas que manifestaron los familiares al gobernador es que, pese a la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, la violencia sigue en Chilapa y en Zitlala.
Indicó que este jueves tratará este tema con el grupo de Coordinación Guerrero, para que el Ejército y la Policía Federal, “también hagan algo más de lo que vienen haciendo”.
Una familiar exigió que acuda a la región la Marina, porque pese a la presencia de las tres corporaciones policiacas, continúa la violencia.
Sobre las deudas acumuladas por los familiares que se han dedicado a buscar a sus desaparecidos, que ascienden a 900 mil 400 pesos, el gobernador también ordenó al presidente municipal que atienda ese caso, y dijo que si no podía resolverlo, él lo haría.
El gobernador reprobó quevecinos de comunidades del sur de Chilapa se hagan pasar por policías comunitarios, “vinieron a hacer actos que todavía nos tienen en la situación de dolor, principalmente a las madres”.
Dijo que está pendiente del caso, que no es fácil, y pidió a los familiares que no pierdan la fe de que van a encontrar a sus desaparecidos.
Posteriormente, Díaz Navarro declaró que tienen un registro de 57 desaparecidos, sin embargo recordó que son más, 200 desaparecidos y 200 homicidios, pero que la mayoría de los familiares temen denunciar, se han ido del municipio o desconfían en las autoridades.

Dice Tránsito de Chilpancingo que los asesinatos de choferes esta semana fueron “casuales”

Luego de los asesinatos de choferes del transporte público en Chilpancingo, el subsecretario de Tránsito municipal, Inocente Mojica Peña aseguró que, de acuerdo con informes recibidos por autoridades municipales y estatales, únicamente uno de los transportistas asesinados pertenecía a una organización de transportistas.
El miércoles pasado, tres choferes de Urvan fueron asesinados en la colonia Obrera, en el boulevard Vicente Guerrero y detrás de las instalaciones de la feria de la capital; Mojica Peña aseguró que estos hechos fueron casuales.
El funcionario, señalado de vínculos con el crimen organizado, dijo que desconoce el motivo de las ejecuciones de los transportistas, aunque mencionó que, conforme a las averiguaciones previas, se ha comprobado que únicamente un trabajador del volante asesinado pertenecía a una organización de transportistas.
Mojica Peña reconoció que en los siguientes días esperará a que las autoridades competentes reconozcan a los culpables de los asesinatos del 9 de diciembre, “no soy ministerio público, lo que he comentado es que es un hecho casual y cuando tengamos la información convincente se la haremos llegar a los medios informativos”, concluyó.

El secretario de Asuntos Indígenas no los ha buscado, se quejan vecinos de La Montaña

 

Vecinos de comunidades indígenas de Cualac, Copalillo, Hueycantenango, Tlapa, Ahuacuotzingo, Zitlala, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Atlixtac señalaron que el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arriaga no se ha presentado con ellos ni ha buscado acercamiento con los pueblos originarios.
Por esta razón llamaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que reconsidere esa designación y ponga al frente de la dependencia a la abogada Dulce Rebaja Pedro, que los ha asesorado en la gestión de recursos para proyectos productivos de programas estatales y federales.
En conferencia de prensa, los vecinos de los nueve municipios de la región Montaña denunciaron que los funcionarios siempre atienden compromisos políticos en la asignación de cargos públicos de la administración estatal.
A nombre de las comunidades, Arturo Salmerón Saldaña, vecino de Zacazonapa, municipio de Chilapa, leyó un comunicado dirigido al gobernador donde se expone que las comunidades indígenas no fueron consultadas para la designación del titular de la dependencia.
“Las designaciones de esta Secretaría han sido con personas que no son indígenas, son cercanas a las corrientes políticas que obedecen a negociaciones internas, sin que estos personajes se sientan identificados con nosotros”, denunció.
Dijo que desconoce si actualmente hay alguien al frente de la Secretaría, “no sabemos si el gobernador nombró a alguien, si lo hizo, no lo conocemos y no hay acercamiento con nosotros”.
Dijo que quienes han estado en esa Secretaría desconocen los problemas de sus comunidades y piden Astudillo Flores que tome en cuenta la opinión de los pueblos indígenas.
“Es necesario que en la Secretaría de Asuntos Indígenas se encuentre una persona cercana a nosotros, que conozca la situación socioeconómica de nuestros pueblos y que nos haga partícipes en las decisiones, ya basta que sólo nos den proyectos de gallinas, puercos y chivos”.
En nombre de las 20 comunidades de los nueve municipios mencionados pidió al gobernador que designe a la abogada Dulce Rebaja como titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas y que destituya a Gilberto Solano, actual titular.
El vecino Salmerón Saldaña dijo que Dulce Rebaja no representa a ninguna organización ni tiene vida en ningún partido político, “se ha distinguido porque nos ayuda a gestionar y conoce nuestra realidad, además cumple con el perfil”, concluyó.

Es “dirigida” y no “por casualidad” la violencia contra vecinos de Iguala, afirma el alcalde

 

El alcalde priista de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza afirmó ayer en conferencia de prensa que los hechos de violencia y las ejecuciones de vecinos que se han dado en el municipio son situaciones “dirigidas”, y que no son de “casualidad”.
Al preguntarle sobre la inseguridad en el municipio, Esteban Albarrán respondió que no sólo él, sino que todos los igualtecos le quieren “dar vuelta a la página” tras lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Reconoció que en el municipio, “no hay ventas, has zozobra, no hay tranquilidad, no hay seguridad…y todo ese tipo de cosas le queremos dar vuelta a la página, y a mí, como autoridad municipal, soy el primer responsable y el primer interesado en que cambien las cosas en el municipio y estamos trabajando en ello, lo que me compete como presidente municipal lo estamos haciendo y lo que le competa a las autoridades estatales y federales ellos harán lo propio, también en su momento”, dijo en relación a que la seguridad está en manos de la federación, en coordinación con el estado ante la falta de seguridad pública en el municipio.
Cerca de la 1 de la tarde de ayer, el alcalde ofreció una conferencia de prensa en el auditorio del Palacio municipal, donde cada miércoles ha dado audiencias públicas.
En materia de seguridad, dio a conocer que en Iguala ya hay 150 policías federales, y prevé que lleguen más, aunque no precisó la fecha.
Cuestionado sobre las ejecuciones ocurridas en el municipio, 25 en lo que va de su gobierno, y a qué las atribuye, el alcalde priista declaró, “son situaciones que se dan, o sea, son situaciones ya muy dirigidas, pues, hacia personas, no es una situación sui géneris, no es algo de la casualidad, es algo ya muy marcado y, bueno, pues estamos muy al pendiente de cómo se está llevando eso y le estamos apostando a que bajen los índices delictivos”.
Y agregó, “efectivamente, creo yo que de repente se suelta otra vez la violencia, son situaciones que se dan, en este momento estamos expuestos a cualquier momento de violencia; sin embargo, creo que el trabajo se está haciendo y pues no estamos como en otras ciudades, como Acapulco o Chilpancingo, donde ahí sí la delincuencia esta desatada”.
Reconoció y destacó el trabajo de la Policía Federal que, aseguró, resguardan todas las colonias y en las comunidades, la periferia y el centro de la ciudad en base a un “mapa delictivo” donde hay “puntos rojos”, los cuales no reveló cuales son.

Entrega 180 proyectos de la Estrategia Integral de reconstrucción del tejido social

Esteban Albarrán dio a conocer que enviaron cerca de 180 proyectos que les fueron requeridos por el gobierno federal sobre la estrategia integral anunciada para la reconstrucción del tejido social en esta ciudad.
Dijo que, dentro de las áreas estratégicas de combate a la pobreza y la prevención del delito, se incluyen remodelaciones a edificios públicos “con inversiones muy fuertes”, entre los que mencionó el Palacio municipal, el mercado, el rastro y la ciudad deportiva.
Agregó que también se incluyen proyectos de rehabilitación de centros deportivos y recreativos, pavimentaciones y drenajes, “lo que nos pidieron ya lo entregamos en tiempo y forma”, dijo.

Sí hay condiciones para celebrar la Feria de la Bandera, dice el alcalde

Sobre la celebración de la Feria de la Bandera Iguala 2016, a realizarse a mediados de febrero, el alcalde Albarrán Mendoza afirmó que sí hay condiciones para la festividad y que en seguridad cuenta con el apoyo del gobierno del estado para su realización, “se trata de que, primeramente garanticemos la seguridad en la feria y que no vaya a haber ningún problema”.
En la conferencia de prensa ofrecida ayer, Albarrán anunció ante los medios de comunicación que el periodista y comunicador, Gerardo Delgado Castañeda, hermano del coordinador de la campaña de Héctor Astudillo Flores en esta ciudad, Herón Delgado, quien será el presidente del comité de la Feria de la Bandera, que, dijo, se formalizará en próximos días.

Se manifiestan campesinos de la zona Norte en el Palacio de Gobierno; piden apoyo para producir

Integrantes del Movimiento de Obreros y Campesinos Pedro Asencio de Alquisiras se manifestaron en Palacio de Gobierno para pedir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, 1 millón de pesos para proyectos productivos y que se incremente el apoyo de fertilizante a 350 toneladas para el próximo año.
A las 11:30 de la mañana, unos 50 campesinos de los municipios de Tetipac, Tepecoacuilco, Huitzuco y Taxco se manifestaron en Palacio de Gobierno y pidieron cooperación a los automovilistas en el carril norte-sur del río Huacapa.
El líder de la organización, Rubén González Vázquez informó que solicitan 1 millón de pesos para proyectos productivos y el incremento de fertilizante a 350 toneladas.
Agregó que en agosto les entregaron 180 toneladas de fertilizante y es insuficiente para beneficiar a los campesinos de cuatro municipios.
Consultado por teléfono, González Vázquez informó que fueron atendidos por el secretario particular del gobernador, César Armenta Adame y acordaron que serán considerados para el presupuesto del próximo año, y el 16 de diciembre tendrán una reunión con el gobernador.
Además, de una mesa de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil estatal y Obras Públicas para atender sus peticiones.
A las 3 de la tarde, los campesinos se retiraron de Palacio de Gobierno y advirtieron que en caso de no atender sus demandas se movilizarán en la capital.

Protestan cetegistas en Chilpancingo y Acapulco contra la evaluación y la represión en Oaxaca

Unos 100 integrantes de la CETEG oficial, encabezados por el secretario general Ramos Reyes Guerrero, bloquearon 40 minutos el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas, Ruffo Figueroa y René Juárez Cisneros, en Chilpancingo, para repudiar los ataques a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca.
En Acapulco, por la tarde los dirigentes de la CETEG opositora, en conferencia de prensa recriminaron los actos de los policías enviados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para reprimir las protestas contra la evaluación docente, y anunciaron su plan de acción paralela a la de la CETEG oficial, que contempla la movilización de maestros a la sede alterna del examen.
La protesta fue de las 12:20 a la 1 de la tarde. Los maestros, que portaban lonas y mantas con mensajes en contra de la reforma educativa y la evaluación del servicio profesional docente, se instalaron sobre las avenidas e informaron que el Estado le sigue apostando a la represión a los trabajadores que se oponen a la ley que atenta contra sus derechos laborales.
En el bloqueo, Ramos Reyes declaró que la CETEG se preparará para rechazar la evaluación en el estado, y condenó los ataques a los maestros en Oaxaca, que ponen en alerta al magisterio disidente, pues podría ocurrir una situación similar en Acapulco, donde se aplicará el examen el 3 de diciembre.
Al concluir el bloqueo, los maestros se trasladaron al edificio de la CETEG, ubicado frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), donde se llevó a cabo la Asamblea Estatal Representativa, a la que asistieron 190 representantes de las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Norte.
La asamblea, que inició cerca de la 1 de la tarde y concluyó a las 5, fue para organizar la jornada de lucha contra la evaluación que iniciará el 2 de diciembre con una marcha en la capital, se acordó instalar la Asamblea Estatal Representativa permanente, luego de la primera protesta, para determinar las acciones que se llevarán a cabo en Acapulco.
De acuerdo con la CETEG oficial, por acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, los maestros evitarán confrontarse con la Policía Estatal y la Policía Federal, que resguardarán las sedes donde se aplicará el examen.
Fuentes de la CETEG informaron que durante la asamblea se discutió la situación de Oaxaca, en donde los integrantes de la sección 22 de la CNTE aseguraron que fueron infiltrados enviados del gobierno quienes iniciaron la agresión; sin embargo, en Guerrero se vigilarán todas las actividades para evitar una confrontación con los policías.

Preparan protesta para sede alterna a Acapulco del examen

Representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) opositora, informaron que el 2 de diciembre iniciarán las acciones contra la evaluación que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 3 al 6 de diciembre.
Las acciones serán paralelas a las de la CETEG oficial de Ramos Reyes Guerrero. En conferencia de prensa a las 5:40 de la tarde en las oficinas de la delegación de servicios escolares Acapulco-Coyuca de Benítez, los representantes de las regiones Centro, Antonia Morales; Acapulco, Walter Emanuel Añorve; Costa Grande, Manuel Salvador Rosas; Costa Chica, Pastor Mojica; Tierra Caliente, Jesús Rivera Bailón; y Norte, Arturo Nava Torres.
Los maestros llamaron a sus compañeros a unirse a las protestas y a la manifestación masiva en la delegación de servicios escolares de Acapulco a partir del 2 de diciembre, para iniciar la jornada de lucha. Además, indicaron que los maestros de la CETEG de las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente se movilizarán a la ciudad alterna donde se aplicaría la evaluación, si no fuera en Acapulco.
Los dirigentes reiteraron que no están contra la evaluación, sino contra las sanciones que aplica el gobierno, y reiteraron el llamado a una evaluación formadora de maestros.
Llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a organizaciones no gubernamentales a estar atentos a lo que ocurra en el estado con la llegada de policías federales, como se hizo en Oaxaca, donde las protestas fueron reprimidas.
Los dirigentes recriminaron y lamentaron los actos de represión contra sus compañeros de Oaxaca. Acusaron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores del despilfarro de dinero que se gastará en el hospedaje de los maestros en el Hotel Resort Mundo Imperial.
Señalaron que ese dinero se puede ocupar en infraestructura de las escuelas donde hay muchas necesidades. Los cetegistas indicaron que los maestros que no acudan a la evaluación no podrán ser despedidos porque la ley no es retroactiva; sin embargo, si aceptan la evaluación, la nueva ley sancionadora será aplicable, pero sostuvieron que no permitirán que el gobierno despida a maestros.
Insistieron en que la ley los amparará y que está a favor de los trabajadores, y en que a nivel nacional la CNTE ya prepara una estrategia legal para enfrentar al gobierno.

Suman 174 asesinatos en Guerrero en el primer mes del gobierno de Héctor Astudillo

Al cumplir un mes de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores han ocurrido 174 asesinatos en el estado.
De acuerdo con un recuento del periódico El Sur, los municipios en los que han ocurrido más asesinatos son Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Leonardo Bravo (Chichihualco), Cuajinicuilapa y Tixtla.
Asimismo, ha habido asesinatos en San Miguel Teloloapan, San Miguel Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coyuca de Benítez, Zumpango, Tepecoacuilco, Atenango, Ayutla, Zitlala, Quechultenango, Coyuca de Catalán, Huitzuco, Copala y Pungarabato.
La violencia en Guerrero se ha recrudecido contra mujeres, niños y adolescentes, activistas y familiares de policías, abogados, choferes, maestros, estudiantes y ex policías, así como contra policías comunitarios.
Al iniciar la administración de Astudillo Flores, en conferencia de prensa en Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció una nueva estrategia de seguridad para Guerrero, que sería coordinada por el comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El 4 de noviembre, el comisario de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Joaquín Romero Ríos, y su secretario Víctor González Luna fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería Puentecillas-Polixtepec.
Después, el viernes 6 de noviembre, en la comunidad de Polixtepec hubo una balacera de siete horas que dejó heridos a siete policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y tres muertos del crimen organizado que opera en la zona.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y armamento de grueso calibre en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo. Tras esta acción, 15 policías ciudadanos estaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto; otro continúa desaparecido.
La medianoche del domingo, hombres armados irrumpieron en Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos, entre estos una mujer. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja y padre de las víctimas.
El 10 de noviembre, hombres armados asesinaron a 12 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, y dejaron heridas a cinco en un ataque a balazos a un taller mecánico que fue habilitado para peleas de gallos clandestinas en Cuajinicuilapa.
Asimismo, ese día en la comunidad de Tetitlán de Limas, municipio de Chilapa, tres hombres, una niña, un niño y una mujer fueron asesinados en una incursión de civiles armados; cinco víctimas eran familiares del ex secretario de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto González.
La madrugada del miércoles cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público cerca de la comunidad de Atzacoaloya.
El jueves de esta semana, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, del barrio de El Fortín, de Tixtla.
El martes, al asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de las Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, en su discurso, el gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que debe cambiar la situación de violencia que se vive en el estado y que incluso hablará, “con el propio presidente de la República (Enrique Peña Nieto), o con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para decirles lo delicado de la situación de Guerrero y lo importante y oportuna que debe ser su intervención nuevamente en Guerrero”.

Ataques como el de Tixtla dejan a los ciudadanos en la indefensión, dicen organizaciones de Atoyac

 

Las organizaciones sociales quedan vulnerables ante los hechos de violencia que se están acentuando en la entidad, denunciaron organizaciones sociales en Atoyac, que lamentaron el asesinato de cuatro policías comunitarios de Tixtla.
La vocera de la coalición que incluye a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México (Afadem), del Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Coalición de Ejidos, Raíz Zubia y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Clemencia Guevara Tejedor, perteneciente a esta última organización, dijo que es preocupante la manera en que se está dejando a la ciudadanía en la indefensión, ante los ataques de los grupos de la delincuencia organizada.
Puntualizó que son los mismos políticos los que están encubriendo a los brazos armados de la delincuencia y se está dejando en la indefensión a los que critican y denuncian, como son las organizaciones sociales.
“En este caso fue en Tixtla, que fue la principal ciudad que se opuso a las elecciones en la pasada contienda electoral, donde se estaba creando el poder popular con la Asamblea Popular y el boicot que se hizo a las elecciones”, dijo.
Guevara Tejedor señalo que antes eran paramilitares los agresores del movimiento social, “hoy vemos que el brazo ejecutor del Estado ahora es la delincuencia organizada que está sembrando el terror, el miedo en el estado, por no hablar en el país, esto se está generalizando, la gota que derramó el vaso fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Dijo que reprueban los hechos violentos en Tixtla, donde han querido quitarse el yugo que el Estado a puesto, “ahí vemos como los reprimen, están satanizando a los luchadores sociales como si fuéramos delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes están protegidos por el mismo sistema de los tres gobierno y eso sí es preocupante; nos lástima que en Tixtla se estén dando estos hechos a unos días de que sea la elección”.
Cuestiona que, “casualmente”, donde se estaban dando alternativas fueron abatidos a balazos los policías comunitarios que, “no están muertos, seguirán vivos en los que estamos en las calles exigiendo justicia”.
Preguntó de qué sirve que el gobernador Héctor Astudillo haya anunciado con “bombo y platillo el orden y la paz, ¿Esa es la paz? que cada rato se escuchan disparos en Chilpancingo, en Chilapa, Eduardo Neri, ya no es libre uno de salir”.
Acusó que la misma iglesia, en vez de llamar a los luchadores a reconstruir el tejido social, convoca a que se busque a los delincuentes.
Dijo que lo que se tiene que hacer es una reconstrucción, “pero de todos; nos declaran la guerra como si nosotros el movimiento social fuéramos los verdaderos culpables, cuando son ellos, el Estado, que no pone un orden”.
Señaló que se está dejando a la ciudadanía en la indefensión al encerrar a policías comunitarias como Gonzalo Molina, de la CRAC de Tixtla, y ahora el asesinato de los policías de la Casa de Justicia La Patria Es Primero.
Demandaron unidad y justicia ante los hechos violentos en la entidad, y anunciaron que marcharán el 2 de diciembre en Chilpancingo.
Reconoció que les da temor, pero seguirán de frente luchando contra sus enemigos, los políticos de los que han denunciado sus actos, “pero alguien tiene que dar la cara, los luchadores sociales siempre hemos defendido al pueblo y seguiremos, aunque hoy declaremos y quizás mañana ya no estemos, no sabemos quién seguirá”.