Está obligada a depurar los padrones de programas de apoyo, responde la Sedesol a adultos mayores

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado, Alicia Elizabeth Zamora Villalva respondió a las tres organizaciones de adultos mayores de Guerrero que demandan su destitución, que está obligada por la ley a cumplir con la depuración para evitar la duplicidad en la entrega de pensiones.
Este lunes, se publicó en El Sur que tres organizaciones de adultos mayores de Guerrero exigen la destitución de la titular de Sedesol del gobierno del estado, Alicia Zamora Villalva, a quien acusan de pretender excluirlos del programa Pensión Guerrero cruzando los datos de los apoyos estatales y federales.
Ante la demanda de las tres organizaciones, la funcionaria estatal explicó que el apoyo económico del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (Igatipam) es un recurso público que debe ser vigilado; “yo estoy obligada a cumplir la norma, porque el recurso que se les otorga es un recurso público, y ese recurso público tiene reglas de operación”, dijo.
Zamora Villalva dijo que si no la hace, “estoy incurriendo en una irresponsabilidad”, por lo que está obligada a depurar cada dos meses el padrón para evitar el doble pago.
Recordó que a su llegada a la dependencia se enfrentó al pago atrasado de tres bimestres de 2 mil 644 pensiones, los cuales se cubrieron sin una depuración previa.
Dijo que la acumulación del retraso en los pagos, se debe a la falta de seguridad en el dinero, ya que la inversión del estado se recaba de todas las administraciones fiscales, por lo que insistió en que su propósito es mudar los programas federales de Sedesol.
“Si nosotros… logramos que Sedesol se mude al ámbito federal, estaremos jalando el recurso federal, que ese viene etiquetado, y ya no estaremos supeditados al vaivén de las recaudaciones fiscales, y estaremos supeditados a la aportación federal, que es lo más seguro”, detalló.
Explicó que la indicación del gobernador Héctor Astudillo Flores fue que se pagara a todos los beneficiarios, aunque estuvieran duplicados los padrones, pero que se les informará a los beneficiarios que sería la última vez que se les pagaría doble.
La nueva administración detectó que en los padrones de pago de pensiones a adultos mayores hay 594 nombres duplicados, por lo que se inició la depuración para que a finales de febrero se cuente con un padrón detallado de beneficiaros.

En Chilpancingo las demandas de la organizaciones están politizadas, dice

La secretaria explicó que el único lugar donde han encontrado resistencia ante la depuración es Chilpancingo, por lo que calificó el hecho como “un asunto politizado”.
“Las organizaciones son extremadamente politizadas, son organizaciones que así trabajan”, comentó.
Insistió en que no se le puede pagar doble a un beneficiario, y que se les informó cuándo supuestamente iban a recibir el pago de su pensión.
Zamora Villalva dijo que no se trata de una posición personal, “creo que estamos en la obligación de continuar con la depuración del programa, seré respetuosa de las expresiones de los grupos o de las organizaciones, o a titulo personal no la comparto”, señaló.
Mencionó que el problema de la duplicidad de nombres de beneficiarios en los padrones no es un problema nuevo, sino de administraciones pasadas, por lo que ahora están buscando atenderla.
El problema fue provocado por el origen diverso de los programas de apoyo a los adultos mayores, ya que uno es federal (65 y más) y el otro es estatal (Pensión Guerrero), y fueron elaborados sin coordinación entre las dependencias responsables de entregarlos.
La funcionara reiteró que el objetivo de su dependencia es acoplarse a los programas federales de Sedesol, para que no haya duplicidad en programas como el de madres solteras, que actualmente está dentro de Guerrero Cumple.
Dijo que su propuesta es que los programas aplicados por el proyecto establecido durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Guerrero Cumple no se conviertan en programas de orden personal, es decir que no se otorgue por el gobierno del estado sino por la federación con un recurso directamente etiquetado.
“Lo que yo propongo en la Sedesol, es que nosotros tengamos de manera trasversal, los mismos apoyos que tiene la federación, estoy tratando de que yo asegure el recurso federal”, comentó.
El programa Guerrero Cumple administra los apoyos a madres solteras, grupos vulnerables como personas con discapacidad y adultos mayores, así como la entrega uniformes escolares.
La funcionaria señaló que para una mejor administración de los programas, algunas secretarías se encargarán directamente de los programas que actualmente maneja Guerrero Cumple. “Tengo entendido que madres solteras lo absorbería la Secretaría de la Mujer”, agregó.

No responde la secretaria a la pregunta de si desaparecerá Guerrero Cumple

Se le preguntó si desaparecería el proyecto que fue bandera del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, y respondió que se planteó al gobernador Héctor Astudillo Flores que los programas podrían continuar este año ahí, porque “no da tiempo de mudarlos en dos meses”.
Recordó que Guerrero Cumple se formó por decreto, por lo que sería difícil modificarlo; de momento sólo serian regularizados esos programas en las secretarías responsables.
“Pero en el momento en el que el decreto se termina su vigencia se pierde ese decreto, pero debe de surgir otro para efecto de la Sedesol, lo que queremos es normar los programas de carácter social y que no estén dispersos, uno lo maneja otra secretaría y nos parece que debe estar normado”, dijo.
La funcionaria estatal, no quiso decir si Guerrero Cumple desaparecerá en esta administración encabezada por el priista Héctor Astudillo Flores.

Marchan maestros, organizaciones y vecinos con la UPOEG en la clausura de su Congreso en San Marcos

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon en las calles de San Marcos en el último día de actividades de su Congreso Estatal, en el tercer aniversario de su creación.
Una marcha y una misa fueron las últimas actividades del Congreso Estatal de la UPOEG, que inició el lunes, en las que los integrantes de la organización demandaron al gobierno respeto al derecho de los pueblos indígenas a organizar su propio sistema de seguridad y justicia.
En la misa, el sacerdote de Xalpatláhuac, Mario Campo Hernández llamó a la UPOEG a recordar que el centro del proyecto es la población y la familia, para no perder sus objetivos de brindar seguridad y lograr la paz en las comunidades donde operan. “Que no se pierdan las asambleas, si se dejan de hacer corren el riesgo de que el movimiento se tergiverse”, advirtió el padre.
Al cierre del Congreso asistieron el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado; el presidente municipal priista de San Marcos, Juan Carlos Molina; el ex diputado local perredista, Bertín Cabañas López; y el fundador de la CRAC, y hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio, quien no quiso adelantar ninguna declaración de su presencia en el Congreso de la UPOEG.
Minutos antes de las 12 del mediodía, unos 500 integrantes de la UPOEG, policías ciudadanos que portaron sus escopetas, vecinos del municipio y maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur salieron en marcha de la colonia Campo de Aterrizaje.
En la vanguardia, cinco integrantes de la organización portaron la bandera nacional, seguidos del promotor de la UPOEG, Bruno Placido Valerio; los fundadores y promotores de la organización, Ernesto Gallardo Grande y Crisóforo García Rodríguez; además de delegados de los municipios de la Costa Chica.
Después, venían los policías ciudadanos portando mantas en las que se leía, “Los pueblos originarios, reconocidos, nos unimos a la UPOEG por el reconocimiento por el derecho del reconocimiento humano, defensa de nuestro territorio y de los recursos naturales. Un territorio con seguridad es un pueblo con justicia”.
Atrás, maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, quienes exigieron el reconocimiento de la institución para que jóvenes indígenas y afro-mexicanos puedan seguir sus estudios. Los maestros portaron una manta donde demandaban la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala.
La marcha fue casi a paso veloz y al ritmo de dos bandas de viento; caminó en las principales calles de la ciudad y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, llegó al Zócalo y regresó al punto de partida, 40 minutos después.
En el trayecto, los vecinos de San Marcos dieron una cooperación a los integrantes de la UPOEG, quienes les acercaban unos botes sellados, con una ranura para depositar su contribución.
Llama el cura de Xalpatlahuac a no olvidar que el centro del proyecto debe ser la familia y la comunidad

En la misa, el presbítero Campo Hernández pidió por los 15 integrantes de la UPOEG asesinados durante los tres años de trabajo de la organización para restablecer la seguridad y la paz en los pueblos de la Costa Chica, Centro, Acapulco, y ahora en la Sierra y en un municipio de la Tierra Caliente.
También pidió por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus familias, y para que la sociedad guerrerense encuentre paz y justicia.
En la homilía, el padre llamó a los presentes a mantener un compromiso y asumir una actitud de responsabilidad con el pueblo, y que los integrantes de la organización no olviden que el centro del proyecto debe de ser la familia y la comunidad en las asambleas, un criterio que otras organizaciones sociales deben de retomar, dijo.
Asimismo, instó a la UPOEG a que no pierda sus objetivos y a que no se corrompa por intereses personales, y pidió que logre salir de las crisis internas. “2016 debe de ser un año de esfuerzo, de apertura, de construcción conjunta, y no de un año de trabajo solitario”, recalcó.

Fortalecer el diálogo con el gobierno para plantear el desarrollo en las comunidades, pide Bruno

En la clausura del Congreso, el dirigente Bruno Plácido Valerio dijo que en 2016 buscará el diálogo con el gobierno del estado para plantear el desarrollo en las comunidades e infraestructura y seguridad, además de mantener el diálogo con los presidentes municipales, que se tiene que fortalecer.
En breves declaraciones, el dirigente expresó que el gobierno está en su derecho de investigarlo por las narcomantas que en diciembre lo señalaron de estar relacionado con integrantes de la delincuencia, pero afirmó que, “la UPOEG, entre más avanza, afectamos a más intereses”.
Por su parte, Flores Maldonado dijo que se tiene que seguir trabajando en unidad para sacar adelante al estado. Mientras el presidente municipal, Juan Carlos Molina agradeció la presencia del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano en el municipio.
En declaraciones, el alcalde dijo que serán los integrantes del cabildo quienes decidirán el reconocimiento de la UPOEG como un sistema de seguridad, e indicó que él promueve el respeto de la ley y que bajo sus principios habrá coordinación con la organización.
A nombre de los comisarios de los municipios de la Costa Chica donde opera la UPOEG, el comisario de la comunidad de Colotepec, Ayutla, Honorio Rodríguez reconoció el trabajo del fundador de la organización, Bruno Plácido.
En su mensaje, se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quienes dijo que la UPOEG está haciendo el trabajo que el gobierno dejó de hacer de dar seguridad a las comunidades, y solicitó respeto a la organización.

Serán gratuitos los conciertos de Belinda y los Ángeles Azules en la feria capitalina, dice el alcalde

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena informó que las presentaciones de la cantante Belinda y del grupo Los Ángeles Azules serán gratuitas, y anunció que al finalizar la feria de San Mateo Navidad y Año Nuevo se entregará su diagnóstico financiero.
La semana pasada se dio a conocer que la entrada a los conciertos de Belinda y Los Ángeles Azules, programados en la cartelera del Teatro del Pueblo, costaría 150 pesos y se realizarían en la Plaza de Toros Belisario Arteaga.
El patronato de la feria, encabezado por Daniel Morales Pastor quien fue director de ecología del Ayuntamiento durante la administración de Mario Moreno Arcos, recibió del gobierno del estado 2 millones de pesos, que se destinarían a la contratación de los artistas.
La aportación del gobierno de Héctor Astudillo Flores y el Ayuntamiento de Chilpancingo, encabezado por Marco Antonio Leyva Mena, tenía como objetivo que los espectáculos fueran gratuitos.
Una fuente del patronato detalló que Daniel Morales tenía concertado con Cristian Valadez el cobro de 150 pesos de entrada para cada concierto, y que presuntamente el dinero recaudado se lo repartirían. La Plaza de Toros tiene capacidad para 10 mil personas.
La fuente, que por seguridad no quiso dar su nombre, señaló que Cristian Valadez fue quien se encargó directamente de la contratación de todos los artistas del Teatro del Pueblo, sin consensuarlo con el patronato.
Desde el inicio de la feria se hizo público que Belinda se presentará el 5 de enero en el Teatro del Pueblo, donde no caben más de mil personas.
Esta semana se publicó en la página oficial de Facebook del Patronato de la Feria de San Mateo un nuevo cartel en el que se informó que la cantante Belinda y los Ángeles Azules se presentarán en la Plaza de Toros, donde sólo hay espectáculos de empresarios que traen a artistas. Los Ángeles Azules estarán el lunes y Belinda el martes.
Durante el desayuno que ofreció el gobierno capitalino en el restaurante El Toro Rabón, de la feria de San Mateo, el presidente Leyva Mena aclaró públicamente que no se cobrarían los espectáculos programados.
Recordó que el destino del dinero aportado por los gobiernos del estado y del Ayuntamiento es dar una opción gratuita de entretenimiento a las familias capitalinas.
Agregó que ante los señalamientos se determinó que para aclarar lo que pasó se hará un diagnóstico financiero, para especificar con claridad los ingresos y egresos del patronato.
Además de estos señalamientos, la fuente del patronato recordó que no les han pagado a los 100 trabajadores, entre personal de seguridad interna, de operativos, logística, administrativo y jefes de área.
Durante la actividad de este sábado no intervino en ningún momento el presidente del patronato, ni tampoco el alcalde explicó que pasaría con las acusaciones que le han hecho.
En la página oficial de la cantante Belinda, sus fanáticos informaron del cobro para entrar a su concierto, así como de los serios problemas de inseguridad que se viven en la capital del estado.
La artista solicitó al patronato un equipo de seguridad y una camioneta blindada que la recibiera en la ciudad y que se mantuviera en el hotel donde se hospedaría, y durante el trayecto a la Plaza de Toros.

Por orden de Astudillo, removió el alcalde de Chilapa hace ocho días al secretario de Seguridad, revelan

 

Desde hace una semana, el secretario de Seguridad Pública de Chilapa, Juan Suástegui Epifanio fue destituido de su puesto por orden del gobernador Héctor Astudillo Flores, y el gobierno municipal encabezado por el alcalde priista Jesús Parra García ha mantenido esa información en sigilo.
Fuentes oficiales dieron a conocer a El Sur que desde el lunes 21 de diciembre no hay secretario de Seguridad Pública municipal. La decisión tampoco fue informada a los integrantes del Cabildo.
No obstante, el mismo día 21 el Cabildo fue convocado para presentarle al encargado de despacho, Isidro Casarrubias Tlacotempa, quien fungía como director de Seguridad Pública municipal; la designación la habrían hecho el alcalde y los dos síndicos.
El pasado miércoles 16 de diciembre en esta cabecera, en una reunión con familiares de personas desaparecidas, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores prácticamente ordenó al alcalde Jesús Parra la remoción del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Suástegui Epifanio.
“Le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Que (el alcalde) vea la manera de relevarlo, que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente. Ante un señalamiento de que no estuvo a la altura de las circunstancias se tiene que relevar. Te lo pido como gobernador”, dijo el mandatario estatal.
El gobernador se refería a la petición pública que el 6 de octubre hicieron familiares de los desaparecidos en Chilapa, para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigara la actuación de Suástegui Epifanio durante la irrupción de civiles armados a la ciudad, del 9 al 15 de mayo.
El oficial de la Policía Estatal, Juan Suástegui Epifanio fue designado el 10 de mayo, en la administración del priista Francisco Javier García González, como secretario de Seguridad Pública municipal por el gobierno del estado, encabezado entonces por Rogelio Ortega Martínez.
Lo anterior, tras la renuncia de Job Encarnación Cuenca ante las exigencias de los civiles armados de las comunidades del sur del municipio que sitiaron la ciudad del 9 al 14 de mayo.
Suástegui Epifanio fue ratificado por el gobierno municipal entrante de Jesús Parra García, quien, en un comunicado filtrado a periodistas afines, lo defendió de las acusaciones de presuntos nexos criminales que hicieron vecinos de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, el 30 de septiembre.

Reconoce Astudillo la inseguridad y violencia, pero dice que hay buen momento en el turismo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que las amenazas e inseguridad en el estado son un problema que “ahí está, pero creo que Guerrero está atravesando un buen momento en el sector turístico”.
El gobernador fue abordado en la unidad deportiva durante la entrega de recursos para proyectos productivos, equipo y material para las campañas gratuitas de Registro Civil en la región de La Montaña. Desde temprano lo esperaron cientos de vecinos para recibir una despensa y apoyos que entregó con su esposa Mercedes Calvo.
En relación con el problema de inseguridad y amenazas a los alcaldes, dijo que no negaba la violencia en el estado, pero evadió la pregunta, y dijo que Guerrero atravesaba un buen momento y esperaba que le fuera bien como ocurre en Acapulco, Zihuatanejo y otras zonas turísticas.
Además dijo que le da gusto estar en Tlapa entregando apoyos de cerca de 4 millones de pesos que su esposa gestionó, “la visita estaba pendiente” y agregó que se reuniría con presidentes municipales para articular el programa de obras públicas en 2016.
El gobernador dijo que en la región de La Montaña se atenderán obras de agua potable, drenaje y aulas para las escuelas, así como otras peticiones recibidas.
Se le insistió si se había reunido con alcaldes para hablar del problema de la inseguridad, dijo que sí, pero los casos como el de Chilpancingo eran particulares y se seguirán atendiendo y la federación ha ayudado como el caso de Tierra Caliente.
Sobre la quema de las Urvan, dijo que el problema está siendo investigado y las líneas de investigación se darán a conocer en su momento.
Por separado se le preguntó al secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Manuel Añorve Baños sobre la inseguridad en el estado, dijo que es lamentable y lo más importante es que sigan las acciones de coordinación entre los tres niveles de gobierno, como lo ha venido planteando y concertando el gobernador.
En el caso de los asesinatos de los municipios de Zitlala y Chilapa, dijo que “había escuchado y que era muy complicado, nadie decía que con la llegada de Héctor Astudillo de la noche a la mañana las cosas cambiarían”, pero se está haciendo un trabajo importante para reconstruir el tejido social, dijo.
“Astudillo sabe que no basta con combatir los problemas de inseguridad, sino de bajar programas sociales en educación, apoyo al campo, desarrollo regional y recursos económicos”, agregó.
El funcionario dijo que, no tenía mayor duda que si se combinaba la reconstrucción del tejido social y las acciones de Mercedes Calvo, quien lleva programas de apoyo a la gente más necesitada como la escuela para padres y otros programas, habría cambios.
Sobre las amenazas de la delincuencia organizada al alcalde priista de Chilpancingo, dijo que, “no ha hablado con Marco Leyva, pero ha leído en la prensa su sentir, por supuesto el gobernador ya ha dado su postura en ese problema”.

Incendian hombres armados otras cinco Urvan del transporte público en la capital

Hombres armados quemaron cuatro Urvan en la colonia Servidor Agrario y el fraccionamiento 21 de Marzo en Chilpancingo. Asimismo, por la noche se reportó otra Urvan quemada en la colonia Morelos que no fue confirmada.
Fuentes policiacas informaron que a las 5:30 de la tarde recibieron una llamada anónima para avisar que en la barranca del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), al lado del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) había una camioneta incendiada.
Según testigos, los desconocidos le prendieron fuego a la Urvan que llegó hasta la barranca desde la entrada de la calle.
Un policía municipal informó que hombres armados despojaron de la camioneta de la ruta de la colonia PRI, número económico 273, al chofer y se la llevaron a la colonia Servidor Agrario para quemarla.
La camioneta sin placas de circulación quedó quemada cerca de la barranca, ahí fue detenido el propietario de la Urvan por policías ministeriales para llevarlo a declarar sobre los hechos.
Por otro lado, a las 6:30 de la tarde se reportó el incendio de tres Urvan de la ruta Tomatal- Cooperativa-Mercado en la calle Oaxaca, del fraccionamiento 21 de Marzo, en la capital.
Según testigos, civiles armados llegaron a la base de las Urvan, ubicado en la colonia Tomatal, y despojaron de sus camionetas a tres choferes, para después quemarlas.
Las tres Urvan con numero económico 364, 274 y 272 quedaron formadas en la calle y sólo una sufrió daño parcial.
Se supo que policías ministeriales detuvieron a tres hombres que luego trasladaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su declaración por los hechos.
A la calle Oaxaca acudieron bomberos del municipio y de Protección Civil estatal, quienes sofocaron el incendio.
Policías municipales, estatales y ministeriales acordonaron la zona, y peritos de la FGE realizaron las diligencias correspondientes.

Semana de violencia contra
choferes

La mañana del sábado, desconocidos prendieron fuego a tres Urvan del servicio público de transporte, una en la colonia Plan de Ayala, otra en Jardines del Sur y una más en el fraccionamiento Jacarandas, cerca de Casa Guerrero.
En el tradicional Paseo del Pendón, el domingo, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que ya se investiga el caso de las tres camionetas del transporte público que fueron incendiados en diferentes momentos y lugares de la capital por presuntos integrantes de algún grupo del crimen organizado.
Asimismo, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez dijo que, el responsable del incendio de tres camionetas Urvan del transporte público de Chilpancingo el sábado, “es el crimen organizado, también por las concesiones, pero es el crimen organizado”.
La mañana del miércoles, el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Leyva Mena dio a conocer que ha sido amenazado por el crimen organizado para “seguir sus lineamientos”.

Ejecutan en Chilapa al padre de tres jóvenes desparecidos en mayo y familiar de otros dos

El padre de tres jóvenes desaparecidos que desde mayo exigía públicamente su presentación, Bernardo Carreto González, de 49 años, así como la de otros dos familiares, fue asesinado en un camino de terracería en el municipio de Chilapa.
La víctima es también hermano del ex director de Seguridad Pública de Chilapa, Silvestre Carreto, cesado en julio de 2014 por el Grupo de Coordinación Guerrero, por no “resultar confiable”, y del que hasta el momento no se sabe nada.
Con Bernardo Carreto suman siete familiares asesinados del ex jefe de la policía de Chilapa, entre ellos dos menores de edad.
Reportes policiacos precisaron que el homicidio ocurrió alrededor de las 2 y media de la tarde del martes, en un camino de terracería entre las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco.
Conducía una camioneta Nissan blanca, placas 74-44FMC de la ruta Chilapa-Ahuihuiyuco, e iba acompañado por tres pasajeros, que eran su esposa y sus dos nueras, cuando hombres armados le dispararon; el conductor perdió el control y volcó a unos metros del camino, muriendo en ese momento.
Las autoridades policiacas y ministeriales confirmaron que Bernardo Carreto recibió un balazo en la cara y que los pasajeros que viajaban con él resultaron ilesos.
Bernardo Carreto, junto con familiares de 14 desaparecidos en mayo, durante la incursión de hombres armados del sur del municipio, reclamaba públicamente la presentación de sus tres hijos: Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 21 y 25 años de edad.
Según la denuncia ante autoridades ministeriales, los hermanos fueron vistos por última vez el 10 de mayo en un retén que  civiles armados instalaron en la entrada a Chilapa.
Además de a sus tres hijos, también buscaba a Crispín Carreto González de 39 años, y a su hijo Samuel Carreto Vázquez, de 15.
Los familiares de los desaparecidos ya se habían constituido en la asociación civil Siempre Vivos, a la que pertenecía Bernardo Carreto.
Este grupo se reunió en su momento con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, el comisionado general de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián y con otros funcionarios, así como con peritos de la Procuraduría General de la República, que tomaron su denuncia ministerial y muestras de ADN.
Hasta ayer, ninguno de los familiares tenía información sobre el paradero de sus parientes.
Bernardo Carreto se reunió en dos ocasiones con Héctor Astudillo Flores: en su calidad de gobernador electo, el 14 de octubre, y como gobernador constitucional apenas el 16 de diciembre, en esta cabecera municipal, donde fue acompañado por el recién nombrado fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
El mandatario estatal, en su última reunión ofreció enviar en enero de 2016 una iniciativa al Congreso del Estado para la creación de una Comisión Especial para  investigar las desapariciones ocurridas en mayo pasado durante la irrupción de los pobladores armados del sur del municipio.
Como publicó El Sur, el 3 de noviembre, el hijo de Silvestre Carreto, Alejo Carreto Cuevas de 27 años de edad fue asesinado a balazos cerca de su casa en la comunidad de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa. El 9 de noviembre en la comunidad de Tetitlán de las Limas, en una persecución armada seis personas fueron asesinadas, entre ellas cinco familiares de Silvestre Carreto, dos menores de edad.

Desesperada por su proceso penal detenido, anuncia Nestora nueva huelga de hambre

 

Después de que se cancelaron por sexta vez sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga de hambre a costa de su salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz.
Ante la violencia en aumento en todas las regiones y la permanencia en la cárcel de líderes del movimiento por la seguridad que se expandió en Guerrero de 2012 a 2013, consideró que el pueblo se está acostumbrando a vivir con la criminalidad.
Desde la torre médica de la prisión de Tepepan en la Ciudad de México, donde está recluida desde mayo luego de casi dos años en el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad, y consideró que México “no puede ser un país de agachados”.
Dijo que los mexicanos “tenemos el poder, como pueblo, de organizarnos, y no podemos conformarnos a vivir con esto. Nos merecemos una vida digna, ya basta de este gobierno corrupto y represor”.
Vía telefónica anoche, la luchadora social dijo que por los activistas que la visitan ha conocido la violencia e inseguridad que parece acrecentarse en Guerrero, y que se agrava en la región Montaña.
Por ejemplo Chilapa, por el conflicto entre dos bandas de narcotraficantes, y hace dos días en el municipio vecino de Zitlala, que sumó cuatro personas degolladas a la larga lista de muertes en la entidad.
“Es muy fuerte, es algo inaceptable, yo siento que nos hace falta más lucha, por eso nos falta más unidad, unificarnos en este tema por lo que está pasando, que no sólo es en el estado, (también) Oaxaca, Chiapas, somos muchos los que estamos en la lucha por esta paz, por esta justicia. Cómo me gustaría que los estados, las organizaciones se unifiquen, no debemos, no podemos permitirnos ni darnos el lujo de quedarnos sentados o callados”, expuso.
Nestora Salgado se unió al movimiento de seguridad ciudadana que surgió en Olinalá en octubre de 2012, tras la desaparición de un taxista que se pensaba secuestrado, y las extorsiones y cobros de piso que mantenían en zozobra a la población. En 2013 el grupo de seguridad de Olinalá se unió a la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Detenida desde agosto de 2013, consideró que hay “tibieza” en la defensa de los presos políticos, “no solamente por mí, somos muchos los que estamos encerrados injustamente, esto es imparable y debemos detenerlos. Los pueblos podemos”.
Anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad. La primera fue en mayo y principios de junio de este año, durante un mes, de acuerdo con la información que transmitió por medio de sus representantes y familiares.
Después de que se cancelaran por sexta ocasión sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga a costa de su propia salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz. Hace diez meses, su condición física deteriorada motivó la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su traslado del penal de máxima seguridad a la torre médica de Tepepan.
Mencionó que su salud fue tema recientemente en una mesa de trabajo de gobierno y organismos que la acompañan, pero la nueva jornada es por su libertad y la de sus compañeros de la CRAC y otros presos injustamente en México.
Denunció que en la última audiencia de testigos y víctimas que la acusaron de secuestro, ninguno se ha presentado a los careos, pese a los citatorios del Poder Judicial. Ayer se informó que la parte ofendida no se presentó a la primera serie de audiencias programadas en el Juzgado 67 de Santa Martha Acatitla, y que habría diligencias del lunes a este miércoles, y lunes y martes de la siguiente semana.
Desde la cárcel, denunció que sus acusadores no se presentaron, “¡porque las autoridades no lo han exigido, ni su gente que se supone que secuestré!, no estoy dispuesta a seguir siendo la burla y el símbolo de la represión. Estoy cansada, si tengo que morir por eso, lo voy a hacer; no quiero seguir dando el gusto de seguirme usando”.
Dice que la inasistencia de sus acusadores a los careos confirma que fueron usados para llevarla a prisión, porque en un estado machista se castiga a la mujer que deja su hogar para unirse a un movimiento; “confié en que esto le daría fuerza a las mujeres para una lucha necesaria por la paz, por la humanidad, por el respeto a los derechos y la dignidad”.
Reveló que la consejera de la CRAC, Felicitas Martínez Solano la visitó para refrendar el respaldo de la organización, pero opinó que hace falta más trabajo por los presos. “Sé que ha habido muchas divisiones que lejos de ayudarnos nos están perjudicando, no sólo en la Coordinadora, en muchas organizaciones que se están desviando, y hago un llamado a cada padre con un hijo injustamente encerrado a que hagan conciencia de lo que está pasando, no podemos permitir que el gobierno siga haciendo detenciones arbitrarias”.
Al gobernador Héctor Astudillo Flores, le dijo que él no buscó este problema, pero tiene que resolverlo y darse cuenta de que el gobierno anterior se equivocó, que los integrantes de la CRAC presos en cárceles de Chilpancingo, Ayutla y la Ciudad de México actuaron en el marco de la ley y no cometieron los delitos de los que los acusan.
A familias con desparecidos, como a los padres de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, pidió que sigan luchando. “Es la parte dolorosa y vergonzosa, cuando toco ese tema para mí es lo más desgarrador en lo emocional, es una gran vergüenza, atroz, que no debió pasar, ni palabras tengo para describir emociones y sentimientos, como madre, hermana, hija, sé que en estos momentos (de fin de año) es tremendo para los familiares, pero les puedo pedir que no dejen de luchar, que sigamos, podemos avanzar”.
Informó que ayer le permitieron una comida con sus familiares, a propósito de la Navidad, en la que estuvo en director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Ante ellos, ratificó que emprenderá una nueva huelga de hambre por todos los presos y sus compañeros, “si tengo que dar la vida, lo haré, estoy decidida; mi familia cree que es algo así como una presión nada más, pero estoy decidida”.
Pasó dos años de fiestas de Navidad y Año Nuevo en la prisión de máxima seguridad de Tepic, y este año en la cárcel estatal de Tepepan, que tampoco la ilusiona; “estas fechas son de soledad, encierro, la tristeza de no estar con la familia, la cárcel es horrible”.
Aunque dijo que en la torre médica hay mejores condiciones que en el penal federal y entre la población penitenciaria de Tepepan, donde ha recibido como visitas a decenas de activistas sociales de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Jalisco, e incluso del extranjero, de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Costa Rica.
Lamentó que la solidaridad nacional e internacional no diga nada a las autoridades que la mantienen en prisión, “yo estoy en contra de la violencia, pero creo que necesitamos ser un poco más fuertes, tenemos que hacer más presión y el único medio al alcance es la huelga, no puedo hacer más, mi única arma soy yo”.

Autorizan 4 millones a la Universidad Intercultural para el pago de salarios, prima y aguinaldo

 

El rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), Urbano Lucas Santamaría, informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores autorizó 4 millones de pesos de recursos extraordinarios para la institución y este miércoles pagará a 117 trabajadores las dos quincenas de diciembre, la prima vacacional y la primera parte del aguinaldo.
El viernes, Lucas Santamaría acudió a Palacio de Gobierno para solicitar al gobernador 5 millones de pesos para pagar a los trabajadores su salario y prestaciones correspondientes, además de 2 millones 600 mil pesos que le adeudan a la universidad del presupuesto anual.
En declaraciones vía telefónica, el rector dijo que ayer por la mañana se reunió con el subsecretario de Egresos, Eduardo Montaño Salinas, una comisión de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, y el secretario general de la sección 71 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Fabián Carrasco Villegas.
El rector informó que el gobernador instruyó a la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal para que le den a la UIEG un apoyo extraordinario de 4 millones de pesos por concepto de pago de salario, prima vacacional y la primera parte del aguinaldo para pagar a 117 trabajadores de la institución.
Con el apoyo extraordinario de 4 millones de pesos queda resuelto el adeudo a los trabajadores, quienes el viernes de la semana pasada amenazaron con manifestarse en las regiones de La Montaña y Costa Chica. Pero está pendiente la entrega de 2 millones 600 mil pesos del presupuesto anual de la UIEG.
El rector dijo que está pendiente el pago de la luz eléctrica y el Internet de la universidad, además hay adeudos a proveedores, pero la indicación del gobernador fue que se pagarán salarios y prestaciones, y en enero se harán las gestiones necesarias para los pagos correspondientes.
Agregó que ayer y hoy realizará los trámites bancarios necesarios para que los trabajadores puedan cobrar su salario, prima vacacional y aguinaldo este miércoles.

Exigen 31 organizaciones a la PGR que informe sobre los 19 cuerpos hallados en Chichihualco

Familiares de víctimas de desaparición forzada de 31 organizaciones del país piden a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre el hallazgo de 19 cuerpos en la comunidad de El Naranjo, Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, y que se les tomen muestras de ADN a los cuerpos recuperados y a familiares de víctimas de desaparición forzada en esa zona.
Ante la polémica generada por los hallazgos de 19 cuerpos, ocho de ellos semicalcinados, y varios restos humanos en La Curva de la Virgen, en El Naranjo, en la sierra de Chichihualco, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y 29 organizaciones nacionales de familiares de víctimas de desaparición forzada como la Red de Enlaces Nacionales, la Asamblea Popular de Familias Migrantes, Familiares en Búsqueda María Herrera AC, e Idheas, emitieron ayer un comunicado de prensa en el que dieron a conocer que, en una reunión con funcionarios de la PGR que realizaron la diligencia en El Naranjo, Chichihualco, se les informó de la recuperación de unos 22 cuerpos, algunos de ellos calcinados, denunciaron, ante el descuido, y la falta de resguardo y de la aplicación correcta de los protocolos de la dependencia.
Denunciaron que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR sólo dio evasivas y no cumplió con su compromiso de tomarles muestras de ADN a los familiares de víctimas de desaparición forzada para cotejarlas con las de los restos encontrados, como demandan que se haga.
Criticaron que se convoque de forma individual y “discreta” a familiares de víctimas de desaparecidos para informarles del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, excluyendo a las organizaciones a las que pertenecen, como ocurrió el 9 de diciembre. Reiteraron que fue un familiar de un desaparecido quien ubicó la zona del hallazgo de los cuerpos en Chichihualco, a la que describen como el “mismo infierno”: “ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, confirmándose una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos, y no las autoridades”.
Denunciaron que, al día siguiente del hallazgo, la PGR dejó el lugar sin resguardo, y el martes 8 de diciembre varios de los cuerpos habían sido calcinados durante la noche por presuntos delincuentes, lo que temen que complique la toma de muestras de ADN.
Como se informó en estas páginas y como lo confirmó el martes la PGR, fuero nueve los cuerpos completos y ocho semicalcinados, así y restos óseos diversos.
“Nos preocupa la manera discrecional y maniquea con que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR ha manejado éste y otros casos, lo que nos hace pensar que hay intereses oscuros y que en el fondo no está el objetivo de esclarecer estos casos y hacer justicia a las familias, sino más bien de justificar su existencia dentro de la estructura de la PGR”, señalan.
En el comunicado emitido antes de las 11 de la mañana de ayer, previo a que el gobernador Héctor Astudillo confirmara el hallazgo de los 19 cuerpos, manifestaron su preocupación de que el gobernador Astudillo “afirme que no está enterado de éste asunto y que es falsa la existencia de esos cuerpos, pues nos hace pensar que algo encubre, (que) no le interesa o que no está siendo tomado en cuenta por la PGR, lo cual también sería extraño, pues podría significar que él mismo está siendo considerado por lo menos sospechoso por esta dependencia”.
Señalan que el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero y Los Otros Desaparecidos de Iguala, “reiteramos nuestra postura de que el Estado mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia social, aunque entendemos que, por su indolencia, complicidad y falta de actuación, algunos familiares de víctimas se han tenido que involucrar en la búsqueda directa de sus familiares, poniendo en riesgo su seguridad y su vida”.
Manifiestan su desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad en el estado de Guerrero y en la misma PGR, “sin embargo es su responsabilidad identificar los restos humanos inhumados clandestinamente o encontrados en fosas recientes y anteriores, garantizando el trato digno en el manejo de los restos y a sus familiares sus derechos humanos, certeza en el manejo de la información genética, justicia y reparación integral del daño”.
Las organizaciones que aglutinan a familiares de víctimas de desaparición forzada exigen una urgente mesa de trabajo con la titular de la PGR, Arely Gómez González, para que “sean atendidas las demandas de los familiares de víctimas del Estado y exigimos una explicación sobre la labor y funciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, pues desconfiamos de la manera discrecional y maniquea con que realiza su trabajo y manipula la información”.
Solicitaron al Congreso del estado, al gobernador Héctor Astudillo y a los gobiernos municipales su intervención inmediata de acuerdo con sus facultades constitucionales, y señalan, “deploramos que pretendan mantenerse ajenos y lavarse las manos de su responsabilidad, pues los delitos de lesa humanidad se están cometiendo en la entidad y las víctimas y sus familias somos guerrerenses”.