El esposo de la líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García, José Luis Ávila Báez informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián se comprometió a reunirse con él para hablar de la liberación de su esposa, pero el funcionario federal no ha cumplido.
Asimismo, dijo que están programando una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no se han cumplido varios compromisos acordados con el gobierno federal el 21 de octubre de 2015. “No sabemos si van a citar a funcionarios de México; esperemos que así sea para ver con qué excusas vienen”. Además, adelantó que la CIDH les dará una resolución de la ONU sobre Nestora.
Ávila Báez explicó que el 21 de octubre de 2015, en una reunión en Washington con Roberto Campa, el funcionario federal se comprometió a que en 10 días volverían a reunirse para hablar de la liberación de Nestora; sin embargo, hasta ayer martes no se han reunido, y el subsecretario se ha reusado a darle seguimiento a la reunión.
Dijo que tuvieron una reunión con funcionarios de la subsecretaría el 18 de diciembre, pero no pudieron tomar una decisión, por lo que acordaron reunirse con Roberto Campa antes de que finalice enero; sin embargo, todavía no les han dicho cuándo.
Ávila pidió que le avisen con tiempo, “porque siempre avisan un día antes”, para que los abogados puedan viajar y estar en la reunión.
Dijo que lo único que se planteará en la reunión con Campa es la libertad de Nestora, y sobre los careos, dijo que “sólo han servido como una tortura para Nestora, para prolongar que esté detenida”.
Ávila Báez informó que los abogados de Nestora Salgado calendarizaron una reunión con la CIDH para recibir una resolución de la ONU en la que el organismo internacional dará su posicionamiento sobre Nestora, pero no saben en qué sentido venga, por lo que esperarán a que les informen.
Recordó que siete relatores de las ONU se han declarado a favor de Nestora. “Sería algo contradictorio que primero se hayan pronunciado a favor y que después sea algo en contra”, enfatizó.
Dijo que esperan que el gobernador, Héctor Astudillo Flores haga algo sobre la liberación de Nestora, “que no caiga en oídos sordos, como lo hicieron Rogelio Ortega y Ángel Aguirre, quien fue el que la encerró”, y esperara que el gobernador rectifique el camino y que, “si en verdad quiere paz para el estado, que haga justicia empezando por Nestora”, concluyó.
Ávila Báez manifestó que el gobierno federal le mandó a los abogados un expediente médico integrado por 500 hojas sobre el estado de salud de Nestora Salgado, al que se le hará un peritaje porque aún no sabe qué contiene.
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Urgen familiares al gobierno estatal a crear la comisión sobre los desaparecidos en Chilapa

La organización civil Siempre Vivos urgió al gobierno del estado la creación y el inicio de operaciones de la comisión especial para investigar los casos de sus familiares desaparecidos en Chilapa.
Informó que, a ocho meses de que se organizaron no tienen información de 57 casos registrados entre 2014 y 2015.
Asimismo, integrantes de la organización exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, implementar un operativo de búsqueda en esta región similar al de Tierra Caliente para localizar a los vecinos de Arcelia y Ajuchitlán secuestrados y levantados la semana pasada.
Ayer, el grupo de familiares que desde mayo de 2015 inició la búsqueda de sus parientes y el registro de otros casos, informó que tras una evaluación, siguen como iniciaron, en la incertidumbre, sin que las autoridades ministeriales del estado y la federación les hayan informado algún avance en las investigaciones.
La organización tiene documentados los casos de 57 vecinos de la cabecera municipal de Chilapa desaparecidos des
de abril de 2014; el último es del 25 de noviembre de 2015.
Sus registros con denuncia ministerial indican que 16 casos ocurrieron del 9 al 14 de mayo, cuando unos 300 habitantes, comisarios y civiles armados de localidades del sur del municipio tomaron el control de las calles de Chilapa en busca de líderes de la delincuencia. De estos, 14 fueron denunciados ante el Ministerio Público federal.
Los integrantes de Siempre Vivos demandaron al gobernador Héctor Astudillo un operativo como el que implementaron en La Tierra Caliente con 500 policías, ahora para dar con sus familiares en Chilapa.
Recordaron que hicieron esa petición desde mayo al entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez y al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Asimismo, dijeron desconocer cuál es el avance de la creación de la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa que anunciaron el mandatario estatal, Héctor Astudillo, y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez. Mientras no se instale, indicaron, no hay certeza de que estén investigando.
“Seguimos exigiendo, como desde el primer momento, la búsqueda y localización de los desaparecidos y que empiece a operar la comisión especial”, insistieron. Dijeron que tampoco tienen fecha para reunirse con el fiscal estatal.
Al término de una evaluación de resultados a ocho meses de búsqueda, los familiares concluyeron que están igual que como iniciaron, con nada.
“No hay información ni buena ni mala, no hemos sabido nada por parte de las autoridades. Los 57 casos están en ceros”, lamentaron.
A ocho meses, agregaron, no hay ni un solo familiar localizado, ni siquiera alguno de los vehículos en los que viajaban al momento de ser llevados por la fuerza.
En cuanto a la atención a las familias de las víctimas, informaron que han recibido 30 becas alimentarias de 2 mil pesos mensuales de los gobiernos municipal y estatal.
Además, dijeron, de la ayuda alimentaria
para otras familias, de mil a mil 500 pesos, de la Secretaria de Gobernación; mientras que representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), según familiares de las víctimas, tienen más de un mes que no se han presentado y no han aportado los gastos de transporte.
La organización Siempre Vivos ya sufrió el asesinato de uno de sus activistas. Apenas el 22 de diciembre, Bernardo Carreto González, padre de tres hijos desaparecidos y hermano del ex director de la Policía de Chilapa, fue asesinado cuando regresaba a su comunidad, Ahuihuiyuco.
Dice el alcalde de Arcelia que esperará indicaciones del gobernador y que ahora está todo tranquilo
El alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, aseguró que en su municipio está “todo tranquilo”, a diez días de que un grupo de la delincuencia organizada levantó a 21 vecinos en la comunidad de El Salitre.
Torales Catalán participó en el Foro de Seguridad Pública y Protección Civil, en la Sala de la República en Casa Guerrero, donde el funcionario buscó evadir a los reporteros que le preguntaban de la situación que se vive en su municipio.
Primero, en la tarima principal se le preguntó sobre la situación delicada en Arcelia, donde se limitó a decir que esperaría las indicaciones del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Luego, en un segundo intento de obtener una respuesta, el alcalde se excusó diciendo que hablaría en la conferencia de prensa programada con el gobernador, por lo que se limitó a pedir a los medios de comunicación que participaran en la conferencia.
Después de salir de la Sala de la República, viéndose rodeado por los reporteros, el funcionario sólo atino a decir que no quería responder a todos los reporteros y que sólo se le preguntara una vez; se le cuestionó entonces sobre la situación de su municipio a lo que contestó, “ahorita el municipio está muy tranquilo”.
El alcalde dijo que inclusive estaba la feria de Arcelia llevándose a cabo de manera tranquila y pacífica, y que continuaba la vigilancia de policías en la zona, y aseguró que, “el gobernador me da todo el apoyo”.
Después de la conferencia de prensa que ofreció el gobernador, el alcalde no dio más entrevistas ni respondió más preguntas sobre la violencia en su municipio.
En diciembre, en la reunión de alcaldes en Casa Guerrero, Torales Catalán aseguró que en Arcelia no se habían recibido amenazas del crimen organizado, e incluso que no había registro de secuestrados.
Delincuentes piden listas de maestros a tres directores de escuelas en Costa Chica, dice el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que en tres de las ocho escuelas de la institución que hay en la región Costa Chica, los directores recibieron mensajes de presuntos delincuentes de Guerreros Unidos y Los Rojos que les exigieron una lista de los nombres de los maestros, ya que a todos se les cobraría cuota.
Saldaña Almazán precisó que recibió el reporte el viernes, y que los mensajes de texto fueron enviados de un mismo número de celular, aunque en los tres casos los delincuentes cambiaron el nombre del grupo criminal al que representaban de Guerreros Unidos a Los Rojos.
Consultado durante el desayuno del Día del Policía, en la sala de la República en Casa Guerrero, respecto de los secuestros masivos y la inseguridad en la región Tierra Caliente, en donde la UAG tiene nueve escuelas, Javier Saldaña declaró que no hay reportes que indiquen situaciones de riesgo para los maestros y los estudiantes.
Sin embargo, dijo que en el caso de la región Costa Chica, en donde hay ocho escuelas de la UAG, tres directores reportaron que recibieron mensajes de textos vía celular, en los que delincuentes que dijeron pertenecer a Guerreros Unidos y Los Rojos, pidieron una lista con los nombres de los maestros, ya que se les pediría una cuota.
Javier Saldaña añadió que está en proceso la denuncia por las amenazas que recibieron los directores, y que los mensajes fueron enviados de un mismo número, por lo que pedirá que la Policía Federal lo asesore, “que es más efectiva para identificar de dónde vienen los mensajes”.
La presencia de militares en las escuelas de la UAG no viola la autonomía, señala
Por otra parte, dijo que el comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández atendió la petición de seguridad de la UAG, por lo que las escuelas de la institución en Acapulco cuenta con resguardo, pero la situación causó polémica en el Grupo Universidad, ya que un maestro se oponía a que hubiera militares o policías en las instalaciones.
Javier Saldaña precisó que la autonomía de la UAG se viola cuando militares o policías irrumpen en las instalaciones, pero en el caso de Acapulco los uniformados asistieron a las escuelas porque se solicitó el resguardo.
No aumentó el presupuesto de la Universidad, afirma
Con respecto al presupuesto de la UAG para este año, Javier Saldaña Almazán señaló que el gobierno federal no incrementó los recursos de la universidad porque no se ha firmado el convenio correspondiente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero “afortunadamente”, el gobernador Héctor Astudillo Flores apoyó a la institución con el gasto de operación.
Dijo que el gobierno estatal incrementó cerca de 50 millones de pesos al presupuesto de la UAG, por lo que, en total la universidad recibirá mil 400 millones de pesos, que serán destinados al pago de nómina, saneamiento financiero y otros rubros ya etiquetados que “no se pueden tocar, son como las novias de los demás, no las puedes ni ver”, bromeó.
Expresó que los universitarios no quieren detener su dinámica académica, y que la Cámara de Diputados hizo un exhorto al gobierno federal para que aumente los recursos que se le destinan a la UAG, “esperemos que con eso se resuelva (la situación financiera de la institución)”.
Añadió que la visita del presidente de la República Enrique Peña Nieto, el martes pasado, le da ánimo porque Guerrero es uno de los estados con menos cobertura académica en el país, de cada 100 jóvenes de entre 18 y 25 años solo 20 estudian una licenciatura, 40 se van al extranjero, 20 tienen trabajo de servicios y 20 están en la delincuencia organizada, “20 de cada 100” puntualizó.
Criticó que el gobierno federal es poco sensible ante la situación en Guerrero, porque la UAG abrió 28 programas de estudios y es necesario que se aumente su presupuesto, pero cuando planteó la situación la respuesta que recibió fue, “no te pedimos que abrieras más programas”.
Javier Saldaña informó que la UAG cuenta con 48 preparatorias, incluyendo a la Universidad Virtual, 71 licenciaturas, 25 posgrados, aproximadamente 82 mil estudiantes inscritos y 6 mil trabajadores, entre académicos y administrativos, “somos la universidad que menos trabajadores tiene y que menos presupuesto por alumno recibe”.
Declaró que en el transcurso de la semana, funcionarios de la UAG entregaron unas 62 mil becas a los estudiantes de 16 programas distintos, “queremos que la universidad mantenga la calidad que se le reconoció el año pasado”.
Heredar plazas es monopolizar la UAG, declara
Sobre las propuestas y acuerdos del 38 Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), dentro de las cuales los maestros incluyeron que se incorpore al contrato colectivo que sus hijos se queden con el 100 por ciento de su carga laboral, el rector explicó que las peticiones se pueden cumplir en un 80 por ciento.
Precisó que el 80 por ciento de las peticiones que sí se podrán cumplir, “están relacionadas a dinero, el incremento, rezonificación, prestaciones, espero que mi gober (Héctor Astudillo) no me deje solo”.
Sin embargo, declaró que la reforma constitucional no permite que se hereden las plazas, “hoy vamos más por indicadores de calidad”.
Informó que el jueves se reunió con los representantes del STAUAG y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), para analizar sus peticiones dentro de los emplazamientos a huelga, “ya les dije que un trabajador que tenga un hijo con maestría, doctorado y que cuente con el perfil, que concurse como todos, tendrá mejores posibilidades (de obtener una plaza), no vamos a monopolizar la universidad”.
Se le señaló que en otros años sí se monopolizó la universidad, ya que se permitió que los hijos de los trabajadores heredan su carga laboral, pero dijo tajantemente que esto ya no se permite y las plazas deben ser para aquellos que tengan mayor competitividad.
Por último, expresó que los universitarios tienen que ser “autónomos y democráticos”.
Dejan ir a 21 levantados en El Salitre, Arcelia; los hallan ministeriales en San Miguel Totolapan

Al comenzar este viernes, los hombres que fueron levantados el sábado pasado en El Salitre, Arcelia –al final fueron 21 y no 17– fueron dejados ir por sus captores y encontrados por policías ministeriales cerca de la comunidad de La Gavia, del vecino municipio de San Miguel Totolapan, en medio de la amplia operación de búsqueda desplegada por soldados del Ejército y corporaciones federales y estatales.
De acuerdo con reportes oficiales, a la 1 de la madrugada los policías ministeriales ubicaron a los 21 hombres en el cerro de Las Antenas, cerca de la comunidad de La Gavia, y los trasladaron a la Agencia del Ministerio Público en Arcelia.
Se trata de los hombres que fueron levantados la tarde del sábado cerca de la comunidad de El Salitre, cuando se dirigían a una boda en la comunidad de La Palma, a 35 minutos de la cabecera municipal, donde hombres armados vestidos con uniformes tipo policiaco los bajaron de sus vehículos, dejaron a mujeres y niños, y se llevaron a los hombres. Ahí ejecutaron a dos taxistas.
El domingo apareció un tercer cuerpo, y el martes fue encontrado el cuarto cadáver, de José Eutimio Tinoco, conocido en Arcelia como El Rey de la Tortilla.
En su edición del domingo, este diario informó que podrían ser 20 las personas levantadas. El lunes, la Fiscalía General del Estado dijo que sólo había siete denuncias, y el martes el gobernador, Héctor Astudillo precisó que el alcalde priista Adolfo Torales Catalán le entregó una lista con los nombres de 17 desaparecidos; ayer se conoció que fueron 21 los hombres privados de su libertad en ese hecho.
Las personas localizadas son las 16 que faltaban de la lista de 17 levantadas el sábado, luego del hallazgo del cuerpo de José Eutimio Tinoco, y cinco hombres más de los que no había registro porque los familiares decidieron no denunciar por temor a represalias.
Los liberados fueron encontrados en general bien de salud, con algunos golpes y lesiones en los pies y dos de ellos con crisis nerviosas. También se confirmó muy temprano que entre los 21 no estaban los cuatro maestros y una maestra que fueron secuestrados el lunes cuando hombres armados los sacaron de la secundaria técnica de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, mientras desempeñaban sus labores.
Según el primer reporte, las investigaciones determinaron que los 21 hombres ya habían sido liberados por sus secuestradores cerca de La Gavia, y policías ministeriales iniciaron la búsqueda.
Al llegar a ese lugar, los agentes se dirigieron al cerro de las Antenas, y en las faldas del mismo hallaron a los 21 levantados. No hubo detenidos ni enfrentamiento con sus captores.
Al parecer, los hombres levantados fueron liberados cerca o en la parte alta del cerro, y estuvieron caminando durante una hora.
Las rutas de los secuestradores
La comunidad de El Salitre, donde ocurrieron los hechos, se ubica en la región de La Cañada, del municipio de Arcelia, en el camino que lleva a la mina de Campo Morado, distante unos 40 kilómetros de donde fueron ubicados, en el municipio de San Miguel Totolapan, y al otro lado del río Balsas.
Para llegar de un punto a otro hay dos rutas, evitando pasar por Arcelia, que se estima que pudieron ser las que usaron los delincuentes.
Primero, hay un camino rural que bordea cerros y que va de El Salitre al poblado El Guayabo; de ahí se toma otro camino que lleva a un brazo del río Balsas para cruzar a la comunidad de Valle Luz, y luego seguir por un camino rural que va a La Gavia, en un recorrido aproximado de 50 kilómetros, que se cubren en un lapso de tres a cuatro horas.
La primera ruta tiene el obstáculo del río Balsas, y no hay en esa zona embarcaciones con la capacidad para trasladar carros.
La segunda ruta viene de El Salitre a El Guayabo, y de ahí se tiene que tomar un camino que sale a Santana del Águila para salir la carretera estatal pavimentada y cruzar por el puente a San Miguel Totolapan, para atravesar toda la cabecera municipal y llegar a La Gavia.
Esta ruta pasa por la cabecera municipal y, forzosamente, por dos retenes militares. Esas son las únicas rutas posibles.
Despierta expectación entre vecinos y familiares la liberación de desaparecidos
Un grupo de agentes de la Policía Ministerial llegó a esta ciudad en las primeras horas de este viernes con los 21 hombres levantados, y un representante del Ministerio Público les tomó sus declaraciones y permitió que todos los liberados llamaran a sus familiares, que comenzaron a llegar poco a poco.
A las 3 de la madrugada llegó un médico enviado por el Ayuntamiento de Arcelia para atender y valorar el estado de salud de los 21. Se confirmó que llegaron deshidratados, bajos de peso y con algunas lesiones en los pies, pues varios estaban sin zapatos. Al menos dos de los hombres liberados estuvieron llorando y tuvieron crisis nerviosas, pero ninguno requirió hospitalización.
Discuten policías militares y ministeriales; niegan el paso a los soldados
A las 4 y media de la madrugada llegaron policías militares a interrogar a los liberados, o al menos a tomar datos. Pero los ministeriales les impidieron el paso. Dijeron que sería directamente la Fiscalía General del Estado la que informaría al Ejército de las diligencias.
Un teniente que encabezaba el grupo reportó vía telefónica que le impidieron el paso, en la misma línea donde estaban las familiares de los liberados. Se retiró y minutos después llegó un coronel, acompañado con 10 soldados, que se metieron sin pedir permiso, en medio de llamados de los ministeriales, quienes siguieron a los soldados hasta las instalaciones del Ministerio Público.
Recibieron a los militares prácticamente en la puerta y no les dieron oportunidad de dialogar ni ver a los liberados. Hubo discusión entre ellos, y los ministeriales les pidieron respeto.
Llegaron con lesiones, pero “nada grave”
Cerca de las 6 de la mañana llegó a la agencia del Ministerio Público el alcalde, Adolfo Torales Catalán. Le autorizaron el ingreso, y al salir dijo “qué bueno que ya están aquí”, dirigiéndose a los familiares que ya esperaban.
El alcalde dijo que “yo sí esperaba esta noticia favorable, porque desde el momento en el que llegaron los cuerpos de seguridad, yo vi el interés del gobernador (Héctor Astudillo Flores) porque realmente se liberara a estas personas. Es una satisfacción tener un gobernador que se preocupe por los guerrerenses”, declaró.
Torales dijo que no vio grave la situación de salud de los 21 liberados, “porque gracias a Dios están con vida, como lo manifestaron ellos: no importa lo que pasó, sino lo que viene, y seguir adelante”.
Confirmó que “algunos están golpeados, lastimados por el camino, con hambre, por eso mandamos un médico, para que los atendiera”.
“La alegría completa va a llegar cuando se resuelva completamente esta situación. Es decir, cuando aparezcan también los maestros”, dijo el alcalde en referencia a los cuatro profesores y el director de la secundaria técnica 114 de Santa del Águila, Ajuchitlán.
Los familiares de los liberados agradecieron a los policías ministeriales por su actuación en el problema que los aquejaba. Les llevaron café, pan, empanadas, botellas, de agua, y otros alimentos. “Estamos de verdad muy agradecidos con ellos, no sé cómo lo hicieron, ni qué hicieron, pero lo que me interesa aquí está, señor”, dijo Alejandra Durán, familiar de uno de los liberados.
Los familiares no quisieron hablar del secuestro ante los reporteros de diversos medios que vinieron a Arcelia. “Mientras esa gente esté libre no queremos problemas. Ahorita tenemos la dicha de que regresaron nuestras personas con vida. Eso no siempre ocurre, aquí hay gente que busca a otras personas levantadas, pero no aparecen y llevan años”, expresó uno de ellos.
El fiscal regional, Carlos Vinalay de la Rosa salió a las 7 de la mañana a hablar con los familiares, a quienes les pidió calma, y anunció que se organizarían para que todos pasaran a saludar a sus parientes y más tarde serían entregados, una vez que rindieran su declaración.
“Ya todos comieron, todos tomaron agua, y todos fueron al baño, quiero que estén tranquilos, y ahorita pasarán a verlos”, dijo.
Eran unas 80 personas a cada lado de la cuadra de la céntrica calle Berriozábal. Entraron desde las 7:30 en grupos de tres a ver a sus familiares. La gente salía del Ministerio Público llorando de alegría.
A las 10 de la mañana comenzó la entrega de los liberados. La Policía Ministerial permitió el ingreso de un carro de los familiares a la calle, donde les entregaba en la puerta de la agencia del Ministerio Público a su familiar, que salía tapado del rostro con su propia ropa. Casi a las 11 de la mañana salió el último liberado.
De ahí, al menos 18 de ellos fueron llevados a consulta médica a clínicas particulares, por las lesiones que presentaban, aunque ninguno requirió de hospitalización.
En la lista de los 21 levantados están los nombres de Benito Ezequiel Eutimio Consuelo, hijo de José Eutimio Tinoco, El Rey de la Tortilla, que apareció muerto el martes, y el de un enfermero del centro de salud de Arcelia.
Cuelgan taxistas lonas en Tlapa; rechazan la destitución del delegado de Transportes

Miembros de Organizaciones de Transportes Unidas de la Montaña colocaron lonas en diversos puntos de la ciudad para pedir que el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arriaga no politice el trabajo del gremio al alentar a un grupo de taxistas para que pidan la destitución del delegado regional de Transportes, Diego Méndez.
Sobre el río Jale, a la altura del puente vehicular estaba una lona que decía: “Apoyo total al delegado de Transportes, Gilberto Solano saca las manos del transporte y dedícate a la encomienda del gobernador, ¡el transporte no se politiza!”, firmada por Organizaciones de Transportes Unidas de la Montaña de 18 municipios de la región, todos excepto Huamuxtitlán.
Los transportistas dijeron que colocaron otras lonas para pedirle al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que atienda los problemas y designe a gente que le ayude, no que los aliente, como el secretario de Asuntos Indígenas, que pretende tomar las riendas del grupo político Montaña, del extinto Javier Morales, colocando gente afín a él.
Comentaron que una muestra de ello es la designación de Eugenio González Rodríguez, hermano del diputado local Eusebio González, del municipio de Olinalá, y ahora aliente a organizaciones de taxistas a que pidan la destitución de Diego Méndez para colocar a otro titular que le sea afín.
Desde el viernes 8 de enero, los taxis de los sitios Señor del Nicho y Benito Juárez tenían leyendas pidiendo la salida de Diego Méndez de Transportes.
Se menciona que el dirigente del sitio Juárez, Eustaquio Alcaide es quien pretende asumir la delegación regional de Transporte, y en las giras del gobernador a la región siempre se ha movilizado con taxistas para ir a saludarlo.
El dirigente del sitio del Señor del Nicho, Rolando Morales Prieto es director de Tránsito del alcalde priista Jesús Noé Abundiz.
Ambos sitios participaron y alentaron al grupo de choque contra los del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), antes y durante el proceso electoral del 7 de junio de 2015, ya que se oponían a las elecciones como protesta ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en contra de las reformas estructurales del gobierno federal, sobre todo la educativa.
El delegado de Transportes, Diego Méndez comentó que desconoce los motivos por los que taxistas piden su salida, “porque apenas hace unos días me dieron la titularidad, luego se vinieron las fiestas decembrinas y no se laboró, por lo que no conocen ni mi plan de trabajo”, dijo.
Agregó que ninguno le ha comentado sobre su salida y que se dio cuenta por las pintas en los taxis que circulan, por lo que espera que se acerquen a dialogar con él y les muestre su plan de trabajo para el sector.
Hay indicios de quiénes levantaron a los 17 ciudadanos en Arcelia el sábado, dice Olea Peláez
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que hay indicios de quiénes fueron los que levantaron a 17 ciudadanos en el municipio de Arcelia el 8 de enero, pero que, por seguridad, no podía revelar más datos; sin embargo, aclaró que aún no hay detenidos ni han localizado a las personas privadas de su libertad.
Ayer en Acapulco, tras la firma del Acuerdo Guerrero incluyente y próspero, que encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal confirmó el secuestro de cuatro maestros y el director de la Secundaria Técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán.
“Tenemos indicios, no se los puedo revelar por razones de seguridad, pero hay indicios de quiénes fueron, y estamos en un operativo conjunto entre todas las fuerzas federales y estatales para detener a las gentes que levantaron a estas personas, o más bien que están privadas de su libertad”, dijo el fiscal.
Agregó que la operación de búsqueda que se implementó con marinos, soldados y policías federales, continúa; “estamos cerca de agarrar a estas personas, y ojalá podamos recuperar a los amigos que fueron secuestrados”, aunque aclaró que aún o hay detenciones, ni tampoco se ha encontrado a las 17 personas que fueron levantadas.
El fiscal general declaró que no han sabido si se ha pedido rescate a los familiares de las 17 personas privadas de su libertad, dijo que “evidentemente” en esos hechos se encuentra involucrado el crimen organizado, al cual, aseguró, este gobierno combatirá con inteligencia, y que la Fiscalía creo la Coordinación General de Inteligencia, para “poder avanzar en las cosas, y estamos trabajando muy duro”.
“Los familiares tienen razón, pero nosotros, dentro de la medida de nuestras posibilidades estamos haciendo lo que debemos; yo mandé un equipo de 60 policías ministeriales y al coordinador de la Policía Ministerial a entrarle a toda la investigación, y tengo información de que ahí van”, dijo sobre la marcha de familiares que piden su presentación con vida.
De lo ocurrido en Ajuchitlán, donde hombres armados irrumpieron y se llevaron a cuatro maestros y al director de la Secundaria Técnica 114, de la comunidad de Santana del Águila dijo, “efectivamente, inclusive hay unos Olea”, y bromeo, “deben ser mis parientes, porque son de Tierra Caliente, estamos investigando todo, absolutamente todo”.
Aunque después justificó que no podían cumplir con todo a la ciudadanía, “porque no tengo los suficientes recursos, por eso estoy haciendo el mayor de mis esfuerzos para lograr en los guerrerenses el orden y la paz”.
También aseguró que hay coordinación entre el gobierno federal y el estatal, pero, “no es tan fácil llegar a un punto de resolución, vamos avanzando conjuntamente con el grupo de Coordinación Guerrero”, dijo que no eran tan fáciles las circunstancias.
Aceptó que no se había visto levantones masivos como el de Arcelia y el de maestros en Ajuchitlán, “siempre hay algo nuevo y hay problemas, en el estado hay problemas, pero el gobernador me ha instruido, y hacemos lo más humanamente posible”.
“Sé que no son nuevos los focos rojos, lo que sí les digo es que va a la baja, afortunadamente, no porque yo sea el fiscal, sino porque se está haciendo un gran esfuerzo con las autoridades federales y estatales” puntualizó.
Propondrá la CRAC al Congreso una reforma a la Ley 701 o que la ratifique, dice Abad García
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Abad García informó que la institución planteará al Congreso local una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, o que la ratifique tal como está, para mantenerla vigente.
En consulta telefónica, dijo que buscan una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para conocer su postura sobre la Ley 701, y en las comunidades la Policía Comunitaria está levantando firmas de apoyo y actas de cabildo de los ayuntamientos de respaldo a la legislación estatal.
La ley estatal indica que, por sus funciones, la CRAC también es parte del sistema de seguridad pública del estado, pero la legislación podría quedar sin efecto debido a un artículo transitorio de la nueva Constitución del estado que indica que, a más tardar en abril de este año, se deben adecuar las leyes secundarias con la nueva legislación.
El dirigente de la CRAC adelantó que en la asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el 24 de enero, van a proponer acciones de protesta para evitar que en lo inmediato se derogue la legislación, así como para exigir la libertad de los presos de la CRAC recluidos en Ayutla de los Libres y en la Cuidad de México.
Aclaró que la amnistía que se planteó con el gobierno anterior, como posibilidad de la libertad de los detenidos, quedó rebasada, y la exigencia será por la libertad inmediata de 10 detenidos de manera arbitraria. Entre los presos de la CRAC están la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco.
Aunque la Ley 701 reconoce como autoridad a los integrantes de la CRAC, precisó que existen más de 100 averiguaciones previas en las que señalan a integrantes de la institución comunitaria, personas que se inconformaron con el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que es necesario volver a discutir la relación de respeto y coordinación que debe haber en las dos instancias.
En tanto, dijo que en los pueblos siguen trabajando en la unificación de la institución comunitaria, fraccionada por distintos liderazgos e intervenciones del Estado, y revisando la posibilidad de realizar foros de defensa de la Ley 701.
Para ello, también están buscando una relación con otros sistemas de seguridad que funcionan en el estado, pero cuando se le preguntó si hay comunicación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), solo confirmó que han tenido pláticas con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.
Sobre las reuniones del fin de semana, donde participaron representantes de Morena, aclaró que estos políticos están apoyando de manera externa, harán sus propuestas, pero la CRAC llevará su propio planteamiento a la mesa de trabajo con las autoridades estatales.
Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.
Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM
Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.
El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian
La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.
Quita su plantón el FDP de Palacio de Gobierno tras acordar una reunión con funcionarios
El Frente de Defensa Popular (FDP) quitó el plantón que instaló el lunes en las escalinatas del Palacio de Gobierno, luego de que sus dirigentes Clemencia Guevara Tejedor, Efraín Torres Fierro y Rodolfo Colorado Huizteco acordaron con funcionarios del gobierno estatal una reunión el 13 de enero, previa a la mesa de trabajo en la que participará el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los dirigentes del FDP no firmaron minuta con los funcionarios y no se fijó fecha para la mesa de trabajo en la que estará Astudillo Flores, por lo que los manifestantes aseguraron que reinstalarán el plantón en el Palacio de Gobierno si no hay avances el 13 de enero.
El lunes unos 70 integrantes del FDP protestaron en Palacio de Gobierno y se plantaron en las escalinatas sin impedir el paso a los edificios, para exigir la liberación del comisario Alfonso Orgín Castro, Apolinar Calvarillo Tlatempa, Francisco Hernández Tepetate, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortés, quienes fueron retenidos por la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla del municipio de Chilapa, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), como probables responsables del ataque armado a una Urvan en el que fueron asesinados uno de sus consejeros y tres mujeres, el 26 de noviembre del año pasado.
Asimismo exige carreteras, hospitales, escuelas, proyectos productivos y que las autoridades garanticen seguridad para las comunidades de Costa Grande, Chilapa, Mártir de Cuilapan y Carrizalillo.
Tras el plantón, ayer los dirigentes Clemencia Guevara, Efraín Torres y Rodolfo Colorado fueron atendidos por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el subsecretario de Coordinación con Organizaciones Sociales, Javier Morlett Macho y el secretario particular del gobernador, César Armenta Adame.
Los dirigentes del FDP fueron recibidos por funcionarios de manera privada en Palacio de Gobierno, primero se reunieron con Florencio Salazar, el encuentro duró unos 15 minutos, después con Javier Morlett y por último con César Armenta.
En declaraciones posteriores a las reuniones, Clemencia Guevara informó que los funcionarios escucharon las peticiones del FDP de manera atenta, y aunque mostraron disposición para resolver las demandas de la organización, “fue lo mismo de siempre, realmente no hubo solución (a las peticiones)”.
Dijo que los funcionarios se comprometieron a analizar el pliego petitorio del FDP, que discutirán con los dirigentes de la organización en una mesa de trabajo el 13 de enero, para plantear alternativas y soluciones en la reunión con Héctor Astudillo, pero no se fijó fecha para este encuentro.
Al concluir la reunión con César Armenta, los integrantes del FDP retiraron el campamento en las escalinatas del Palacio de Gobierno y regresaron al plantón popular magisterial en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.