El Consejo General, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024, en el que habrá elección ordinaria de diputaciones locales y ayuntamientos, donde el órgano calculó un gasto de 695 millones 543 mil 148 pesos.
De acuerdo con el documento, aprobado por el Consejo General en la sesión del viernes, los 695 millones y medio que el IEPC presupuestó para el ejercicio fiscal 2024, se dividen en 178 millones 354 mil pesos, que es el 25.64 por ciento, para los gastos operativos del órgano electoral, incluidos los “servicios personales” en el que se incluyen los sueldos, salarios, dietas, honorarios y prestaciones que representan 142 millones 482 mil pesos.
Para financiamiento público y gastos de campaña a partidos políticos son 244 millones 719 mil pesos, que representan más del 35 por ciento; de los cuales, 183 millones 173 mil pesos son para actividades ordinarias permanentes, 5 millones 495 mil para actividades específicas, para gastos de campaña 54 millones 952 mil, mientras que para gastos de campaña de candidaturas independientes se planifica un millón 99 mil pesos.
El otro 38 por ciento son para los gastos del proceso electoral, 265 millones 352 mil pesos, en este apartado, que contiene los rubros a los que se les presupuesta mayor recurso, son para la “operación eficiente de los consejos distritales electorales” por 127 millones 44 mil 244 pesos; para la producción de documentación y material electoral se planifican 43 millones 610 mil pesos; también para “asistencia electoral”, con 29 millones 900 mil pesos y “operación de los sistemas informáticos de resultados electorales” con 29 millones 917 mil 574 pesos.
También 13 millones 342 mil 768 pesos para la “coordinación y colaboración” entre el INE y el IEPC; 4 millones 420 mil 588 pesos para los mecanismos de entrega y recolección de paquetes electorales, y 3 millones 78 mil 308 pesos para la “jornada electoral, cómputos y resultados”.
Para “proyectos estratégicos” hay 3 millones 463 mil pesos y para “proyectos transversales” 3 millones 652 mil pesos.
El IEPC había solicitado al Ejecutivo estatal, para el ejercicio fiscal 2023, un presupuesto por 422 millones de pesos, sin embargo, en la propuesta que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local se planteaban sólo 285 millones 346 mil pesos para este órgano electoral, que finalmente fue el monto que los diputados aprobaron. Es decir, 137 millones menos de lo solicitado por el órgano electoral.
El Consejo General, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó que la actualización, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del proceso electoral local 2023-2024, sea realizado por este órgano electoral con acompañamiento de un ente especializado, que será contratado.
La propuesta fue aprobada con cinco votos a favor de la consejera presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, y de las consejeras Cinthya Citlali Díaz Fuentes y Vicenta Molina Revuelta, los consejeros Edmar León García y Amadeo Guerrero Onofre.
Así como dos votos en contra de las consejeras electorales Dulce Merary Villalobos Tlatempa, quien señaló que no hay claridad sobre qué equipos o programas se van a actualizar para poder operar el PREP, y Azucena Cayetano Solano, quien planteó la necesidad de revisar la funcionalidad de los equipos y la operatividad.
El acuerdo aprobado plantea que el IEPC tiene los insumos necesarios, como equipos de cómputo, de digitalización e impresión; equipos para el control y acceso de red; servicios de computación basados en la nube y el código fuente del sistema informático implementado en los pasados procesos electorales de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021 y la elección extraordinaria del municipio de Iliatenco, insumos que serán sometidos a un proceso de actualización para la ejecución del PREP.
Para presentar este acuerdo, la Dirección General de Informática y Sistemas, que es la instancia responsable, emitió una opinión técnica sobre la viabilidad y posibilidad material, humana y de infraestructura tecnológica para que la implementación y operación del PREP sea responsabilidad única del IEPC Guerrero.
Dentro de esta opinión técnica se sugirió considerar el apoyo de un ente especializado en la materia, “a fin de colaborar en el análisis y ejecución de una actualización del sistema, así como el acompañamiento durante su implementación y operación”, por lo que también se aprobó la contratación del ente especializado.
También se aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el ejercicio fiscal 2023; así como el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal 2024 de este instituto electoral.
También se informó a los integrantes del Consejo General, sobre la presentación de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido político local, de junio de 2023, informando que las organizaciones Organización Ciudadana Juntos Avanzamos AC, Venciendo la Pobreza en Zonas vulnerables AC y Guerrero Pobre AC presentaron sus informes en tiempo y forma.
El Consejo General, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los lineamientos para la ubicación, selección, contratación, adecuación y equipamiento de los inmuebles objeto de arrendamiento, para la instalación de los 28 consejos distritales electorales para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos.
En sesión ordinaria y de trámite, el Consejo General aprobó estos lineamientos, en los que se incluyen las etapas de búsqueda de los inmuebles, selección, contratación, acondicionamiento y equipamiento de éstos, así como de las bodegas electorales en cada distrito.
Cada consejo distrital debe contar con las condiciones y equipamiento, para su adecuada operación durante el proceso electoral que iniciará el próximo 8 de septiembre.
También se aprobó “la segunda renovación” del encargado del despacho de la Coordinación de Sistemas Normativos Pluriculturales, Zenaido Ortiz Añorve, de quien señalaron que ha demostrado tener las habilidades y aptitudes necesarias para este cargo, en el que después de concluir su periodo continuará del 1 de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024, o hasta en tanto se designe a una coordinadora.
Este espacio debe ser ocupado por una mujer, incluso al ser parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, esta coordinación ya fue concursada a través de una convocatoria pública exclusiva para mujeres, sin embargo, la ganadora decidió no ocupar el puesto y será elegida mediante la lista de reserva, pero no se mencionó cuándo se realizará.
En esta sesión ordinaria participaron los representantes propietarios de cuatro partidos políticos locales: Partido Alianza Ciudadana, José Or-lando Isidro Ramos; Partido de la Sustentabilidad Guerrerense, Yessica Gabriel Moreno; Partido del Bienestar Guerrero, Alan Ramírez Hernández, y Partido Movimiento Laborista Guerrero, Joel Gutiérrez Zamora. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, informó que este lunes, el órgano electoral recibió un requerimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la entrega de constancias de mayoría de autoridades electas, pero se negó a proporcional más datos o nombres que involucren la petición.
Consultada durante la presentación de la convocatoria para los Encuentros Regionales de Participación Ciudadana de la Juventud Guerrerense, que serán en formato virtual, de donde saldrán 46 participantes del Parlamento Juvenil 2023, en el Congreso local, confirmó que el organismo es el responsable de emitir copias certificadas de las constancias de mayoría de las candidaturas electas.
Cuando se le recordó que esta solicitud fue presentada antes al Congreso del Estado, pero no fue atendida y habría sido redireccionada al IEPC, confirmó que llegó a través de la Secretaría Técnica.
Desde el 7 de julio, la FGE solicitó al Congreso local copias certificadas de las actas y documentales que acrediten, como servidores públicos, a siete alcaldes, un síndico y una diputada local, de diferentes partidos, implicados en dos investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Graves.
Detalló que en el documento se detalla que en una investigación está implicada la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández y Andrei Marmolejo.
En otro caso, los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
Reporteros le preguntaron si los aspirantes a candidaturas, ahora autoridades electas, no presentaron constancias de no antecedentes penales, y Matildes Gama aclaró que el órgano electoral no tiene las atribuciones para exigir este requisito.
Sobre el presupuesto complementario, de 70 millones de pesos que solicitó el IEPC para el arranque del proceso electoral, el 8 septiembre, dijo que hay avances con el gobierno estatal; sin embargo, aún no tienen los recursos.
Adelantó que el Consejo General aprobará un acuerdo para aplazar lo más que puedan la instalación de los consejos distritales, y evitar el pago de rentas de inmuebles y nóminas, mientras reciben el financiamiento extraordinario.
Sobre la operación del Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP), que hará el propio IEPC, aseguró que esta vez no va a fallar. Agregó que ella también se va a incorporar a la comisión especial de organización del programa.
Dijo que con ahorros en mobiliario y el software que utilizaron en la elección pasada, el PREP tendrá un costo de alrededor de 17 millones de pesos.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), emitió dos convocatoria para aplicar el derecho de representación de los pueblos indígenas y afromexicanos, tanto en el Consejo General como en 12 de los 28 los consejos distritales para el próximo proceso electoral de ayuntamientos y diputados locales.
En sesión virtual, aprobaron la convocatoria para la designación e integración de representantes de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas, a través de asambleas comunitarias y asambleas municipales, en los Consejos Distritales Electorales 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, así como, en su caso, ante los Consejos Distritales Electorales 13, 19 y 20.
Comenzarán por seleccionar a una mujer y un hombre por localidad.
En este procedimiento, aprobaron también la convocatoria para acreditarse como observadores en el procedimiento de designación de la representación en las etapas de asambleas comunitarias y asambleas municipales.
Las acciones comenzarán con asambleas informativas en los 50 municipios con población indígena, del 15 al 23 de julio.
El consejero Edmar Leon García, precisó que habrá otra convocatoria para una asamblea estatal.
Recordó que el 31 de enero el Consejo General aprobó una acción afirmativa para que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan voz en el proceso.
La comisión de Sistemas Normativos propios del IEPC propuso comenzar este procedimiento para que, en el arranque de los traybajos del proceso electoral, que será la primera semana de septiembre, ya estén los nombramientos, para sean parte de la instalación del Consejo general en septiembre, y de los Consejos Distritales en noviembre.
Llamó a la ciudadanía que hace vida comunitaria a conocer la convocatoria que será difundida interpretada y difundida en lenguas maternas, para que haya postulaciones para nutrir esta actividad.
Los requisitos para las personas interesadas en ser representantes, son tener ciudadanía mexicana, pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, contar con credencial de elector, gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado mediante sentencia firme por delito doloso que implique privación ilegal de la libertad por tres años o más.
Así como tener residencia efectiva de cinco años en el estado, no haber sido candidato a elección popular, en el año inmediato anterior a su designación.
Además, no desempeñar ni haber desempeñado cargo en algún partido político, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos a nivel federal o local, o desempeñar cargo de servidora o servidor público con mando medio o superior federal, estatal o municipal ni de los poderes legislativo y judicial federal o estatal, no ser ministro de culto religioso o ser parte de los consejos del IEPC y del INE, no ser impartidor de justicia estatal o federal, ni funcionario del Tribunal Electoral.
Tampoco pertenecer al servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca y, No ser agente del Ministerio Público federal o local.
Además, tienen que acreditar ser originaria o residente de algún municipio indígena o afromexicano del distrito correspondiente, y la pertenencia a un pueblo originario Náhuatl, Na savi (Mixteco), Me’ phaa (Tlapaneco), Nn’ anncue Ñomndaa (Amuzgo) y/o Afromexicano.
Señala que “preferentemente” que hable alguna lengua originaria del municipio y distrito que corresponda, y que haya desempeñado con honorabilidad algún cargo o servicios comunitarios en su pueblo o comunidad de origen, que tenga relación con sus prácticas consuetudinarias, con la constancia que lo respalde.
Además, contar con la carta de adscripción, con el aval de la autoridad de la comunidad originaria o afromexicana en donde resida con un escrito bajo protesta en el que manifieste que se conducirá conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad.
Para ser observador electoral, podrán registrarse con el formato de la solicitud que acompaña la convocatoria, desde esta fecha al 25 de agosto.
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó la acreditación de los siete partidos nacionales que participarán en el proceso electoral 2023-2024.
Ayer se realizó de manera virtual la décima segunda sesión extraordinaria del Consejo General del IEPC, únicamente para aprobar la acreditación que solicitaron los siete partidos con registro nacional.
Los partidos acreditados son PAN, Morena, PT, MC, PRD, PVEM y PRI, los cuales podrán participar en el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024.
Estos partidos “gozarán de los derechos y de las prerrogativas que les correspondan y quedan sujetos a las obligaciones establecidas” en las elecciones constituciones de la República y la de Guerrero, y las leyes en materia electoral.
El 2 de julio fue la fecha límite para que los partidos políticos nacionales presentaran su solicitud de acreditación para participar en el próximo proceso electoral local. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses expresó su preocupación porque el líder estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, impugnó dos veces las medidas de protección que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización de mujeres señalaron que las medidas otorgadas en el proceso de queja de violencia política en razón de género que promovió Bernal contra el González Varona, no afectan al imputado, sólo son parte del procedimiento de sustanciación que se realiza antes de enviar el expediente al TEE, donde será juzgado.
La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal Reséndiz.
En la conferencia, advirtieron que el diputado y sus abogados han visitado a los magistrados electorales para cabildear el proceso que sigue en atención del IEPC. Los llamaron a que no ceder a ningún tipo de presión.
Sobre esta duda en la actuación del Tribunal local, la feminista Yuridia Melchor Sánchez precisó que más que presión, la Red ha observado opiniones que no se han ajustado marco legal.
Explicó que hay antecedentes de varias de las sentencias que ha emitido el TEE, impugnadas en las salas regional y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que se han ganado en estas instancias.
“Si se ha ganado allá, entendemos que es porque el razonamiento apegado, o como lo mencionan ustedes: manipulado o no a nivel local, es una situación que dejamos ahí. Pero si se impugna, significa que el razonamiento que en ocasiones se hace en el TEE no es ajustado a lo que establece la norma electoral”.
Recordó que la sentencia de la primera impugnación del diputado González Varona contra acuerdo la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, fue aprobada por mayoría de los magistrados electorales. Sólo votó en contra Alma Delia Eugenio Alcaraz.
“Es igual al tema de la paridad. Hemos ido avanzando de manera numérica, de manera cuantitativa se ha avanzado, pero estamos en el trabajo día a día para que se avance de manera cualitativa. Lo hemos dicho como parte de la Red, que el ser mujer no garantiza conciencia de género, y no solamente en el TEE, también en la integración del Congreso del Estado, en la integración del poder ejecutivo, incluso en los ayuntamientos”.
La también ex procuradora de Derechos de la Mujer de la actual administración estatal, subrayó que el TEE no se ha pronunciado por la violencia política de género que constituyen los comentarios misóginos y fuera de lugar que profirió el diputado contra Bernal Reséndiz, y que motivaron la denuncia.
“El diputado local, en su calidad de agresor, impugnó el análisis de riesgo que elaboró el IEPC, en el que dicta las medidas cautelares”. El TEE revocó el acuerdo y ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias emitir uno nuevo bajo lineamientos del protocolo, recordó.
Después de que la Comisión ratificó las medidas cautelares que prohíben al diputado acercarse a la denunciante fuera de los trabajos legislativos, González Varona promovió otro juicio de impugnación al nuevo acuerdo, como se informó en la edición de El Sur de fin de semana.
En la conferencia de prensa participaron de Movimiento Territorial del PRI, Olivia López Galicia; la ex diputada del PRI, Guadalupe Castillo Díaz; la militante del PRD, Sol Cuevas; del PAN, Yolanda Vázquez Bautista, y la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Tixtla, Dulce María Alvarado.
Dejó mucho qué desear el TEE
La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal.
Aclaró que es poco usual que un presunto responsable de violencia política en razón de género, impugne medidas cautelares, como González Varona.
“El hecho de que impugne por segunda ocasión, pareciera emitir el mensaje de que este actor lo que busca es la impunidad y dejar a la denunciante en una situación de desprotección, enciende una alerta para nosotras”.
Además, señaló que los esfuerzos del imputado, de acercarse a los magistrados electorales, “nos parece muy delicado porque puede estar vulnerando el principio de debida diligencia y debido proceso”.
Pidió que el Tribunal de manera muy especial atienda lo que establece la Ley General de Víctimas, sobre la obligación del Estado a realizar acciones que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos, a evaluar de manera permanente impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas, que implican las medidas cautelares y de protección.
Consideró delicado que el presunto agresor pida el retiro de las medidas cautelares a la diputada, que no le afectan, porque todavía no constituye una sanción del TEE, que no ha emitido sentencia en el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 03.
Añadió que el diputado miente en sus argumentos de impugnación a las medidas cautelares cuando dice que la denuncia de violencia política en su contra se basa en declaraciones hechas en el pasado, de manera única y que no existe repetición.
Salinas Díaz aclaró que hubo réplicas en medios de comunicación a la posición de González Varona sobre Bernal, a quien acusó de que el PRI usó su imagen para que ganara la elección el primero en la fórmula de la candidatura al senado, Manuel Añorve Baños.
La activista recordó que Bernal promovió otro PES contra otras actoras: la consejera nacional de Morena y representante ante el IEPC, Esther Aracely Gómez Ramírez, y la representante de Morenas Guerrero, Teresa Nava Alfaro, que hicieron pronunciamientos públicos, en donde denostan su imagen pública.
Asimismo denunció que el TEE dejó mucho que desear al aprobar una sentencia débil por actos de violencia política en razón de género contra el alcalde de Coyuca de Benítez, Osiel Pacheco Salas, y otros funcionarios municipales, donde tampoco ordenó su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
Confirmó que sólo ese hecho, vulneró el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia de la víctima, regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.
El dirigente estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, volvió a impugnar las medidas de protección que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para que, entre otras restricciones, no se acerque a la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, en tanto se desahoga la queja de violencia política en razón de género en su contra.
Luego que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revocó el primer acuerdo y ordenó a la comisión emitir uno nuevo, con un análisis de riesgo y otros lineamientos de protocolo, que motiven y justifiquen la decisión, la que se aprobó la semana pasada y ratificó las medidas de protección.
Según el recurso de apelación publicado en estrados, desde este domingo, el acuerdo “viola el principio de legalidad, en sus vertientes de fundamentación y motivación y de fundamentación jurídica, exhaustividad y congruencia”.
El diputado argumentó que ninguno de los lineamientos requeridos por el TEE fueron desarrollados por la comisión para establecer los riesgos notorios o afectaciones inminentes, su nivel, la peligrosidad, el establecimiento de potenciales amenazas y su factibilidad, así como la idoneidad de la medida de protección impuesta.
Se señala que tampoco observó un análisis que arrojen datos que, de alguna manera en la actualidad, difamen, injurien, denigren o descalifiquen a la denunciante en el ejercicio de sus funciones políticas, en menoscabo de su imagen pública.
En cuanto a la naturaleza de los cargos del imputado, como dirigente de partido estatal y diputado local, consideró que la autoridad debía analizar “preliminarmente a la luz de los derechos de libertad de expresión, pero de frente al derecho que tiene la denunciante a una vida libre de violencia, y en particular, a no ser objeto de violencia política, en su calidad de servidora pública”, y aseguró que tampoco lo hizo.
Insistió en que las medidas cautelares “no pueden basarse sólo en la denuncia de posibles hechos constitutivos de violencia política de género”, sino que es indispensable un estudio preliminar, en el que se brinden razones suficientes para decir que la conducta denunciada puede traducirse en un acto violento que afecta derechos políticos electorales.
En la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los representantes de partidos condenaron el asesinato del dirigente del PVEM en Copala, Jesús Gon-zález Ríos, y los consejeros pugnaron por condiciones para un proceso electoral con tranquilidad.
El representante del PVEM en el Consejo General, Juan Manuel Maciel Moyorido, condenó la privación de la libertad de González Ríos, conocido como Chucho Ríos, el miércoles, y el hallazgo de su cuerpo este jueves.
Exigió a las autoridades estatales que no haya impunidad, y al IEPC que tome las medidas necesarias para que los aspirantes en general, y los actores políticos, tengan seguridad, porque a dos meses del arranque formal del proceso electoral hay temor de que amenazas coarten el derecho legítimo de participar, “si eso le sucede a personas destacadas, la democracia se irá acabando”.
La presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, aclaró que el organismo sólo está facultado para ser enlace en la solicitud de medidas de protección a candidatos registrados, a petición de parte.
Se sumaron a las condolencias y la demanda de justicia por la paz en las elecciones, los representantes del PRD, Mariano Hansel Patricio; del PRI, Manuel Saavedra Chávez; Esther Araceli Gómez Ramírez, de Morena; Isaías Rojas Ramírez, del PT y Lorenzo González, del PAN.
La presidenta compartió que las autoridades resuelvan este cas que ocurre “a unas semanas de inicio del proceso electoral, entonces estaremos pendiente. Mi más sentido pésame, licenciado, por este fallecimiento de Jesús González Ríos”.
La consejera Vicenta Molina Revuelta compartió las condolencias y “por velar que en el estado y en todo el país contemos con la paz y la tranquilidad que todas la ciudadanas y ciudadanos necesitamos”.
La consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, expresó preocupación por las condiciones que se estarán generando para el inicio del proceso electoral.
Señaló que en otros hubo situaciones de violencia hacia quienes participaban e hizo votos porque las instituciones “tengamos la responsabilidad de generar las condiciones para que el proceso electoral se lleve a cabalidad y con la certeza de que se respetará la integridad de las personas que participan en política”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes hizo votos “para que pronto regrese la paz, y se puedan desarrollar el proceso electoral en las mejores condiciones y garantías de seguridad a la ciudadanía”.
Consultada por separado, Ma-tildes Gama recordó que en cada proceso electoral se forma un grupo con instituciones de seguridad pública, las fuerzas armadas y la Fiscalía, donde invitan a los órganos electorales para que informen sus necesidades de seguridad pública.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), reasignó el financiamiento público pendiente por entregar a partidos políticos del ejercicio fiscal 2023, entre los siete nacionales y los ocho nuevos locales para el periodo de julio a diciembre de 2023
El acuerdo aprobado en sesión del Consejo general, indica que al mes de junio se habían entregado 83.3 millones de pesos de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, y 2.5 millones de financiamiento público para actividades específicas, de un monto anual aprobado de 171 millones 727 mil 204 pesos.
Señala que faltan por distribuir 85.8 millones de pesos; es decir, 83.3 millones para las actividades permanentes, y 2.5 millones para actividades específicas. Así, la ministración mensual para actividades ordinarias del PAN pasa de 988 mil pesos, a 830 mil; el PRI, de 3.32 millones recibirá ahora 2.79 milones; el PRD, de 2 millones baja a 1.6 millones, y Morena que tenía asignado 4.6 millones de pesos recibirá 3.8 millones.
El financiamiento ordinario de seis meses para México Avanza, Fuerza por México Guerrero, Partido de la Sustentabilidad Guerrerense, Partido Encuentro Solidario Guerrero, Partido Alianza Ciudadana, Movimiento Laborista Guerrero, Partido del Bienestar Guerrero y Regeneración, será de 1 millón 667 mil pesos, dividido por mes en 277 mil 876 pesos.
El Consejo también aprobó por unanimidad el calendario del proceso electoral de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024, para ajustarse al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las reformas a las leyes secundarias electorales, conocidas como Plan B.
Según el proyecto, del 8 de septiembre al 8 de diciembre comienza la recepción de solicitudes de registro de convenios de coalición y candidaturas comunes y el 24 de noviembre se instalarán los 28 Consejos Distritales Electorales.
Las precampañas para ayuntamientos durarán 26 días, del 7 al 31 de enero de 2024, mientras que las de diputaciones locales serán de 40 días, del 7 de enero al 15 de febrero.
Y el 4 de marzo es la fecha límite para que los funcionarios públicos que pretendan participar por alguna candidatura se separen del cargo.
Del 29 de febrero al 14 de marzo es el registro de candidaturas para la elección de diputaciones locales, tanto por mayoría relativa como de representación proporcional y del 20 de marzo al 3 d abril será el periodo de registro de candidaturas para la elección del ayuntamiento; las primeras serán aprobadas del 28 al 30 de marzo y las segundas del 17 al 19 de abril
Por otrol lado, se informó que en junio el IEPC entregó al Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, por concepto de multas a partidos políticos y a un particular, Marco Tulio Sánchez Alarcón, 3 millones 276 mil pesos. La multa más alta fue para el PRD, de 1.5 millones de pesos.
Tras una discusión y un receso de 15 minutos, los consejeros sacaron del orden del día un acuedo, para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayunta-mientos 2023-2024, a fin de que se realizara únicamente por el IEPC, para ajustar la argumentación legal local con la federal.
