La consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, pidió al Congreso local respetar su propuesta de presupuesto para 20024, en entrevista al término de la sesión de iInstalación del Consejo Local del INE Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, afirmó por las condiciones existentes tras el impacto del huracán Otis, “no hay condiciones” para instalar los seis Consejos Distritales Electorales de Acapulco en noviembre, y que está en comunicación con la presidenta del Consejo General del INE Guadalupe Taddei Zavala para buscar la ruta de qué hacer con estos casos.
Recordó que como órgano electoral están obligados a cumplir con los plazos que establece la ley, que en este caso señala que en noviembre deben ser instalados, por lo que será el INE el que determine qué pasará.
En declaraciones después de la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, Luz Fabiola Matildes informó que el gobierno estatal aún no ha depositado al órgano 26 millones de pesos de financiamientos público -de Inversión Estatal Directa- correspondiente a julio, agosto, septiembre y octubre. Tampoco los 12 millones de ampliación presupuestal que se les autorizó.
Asimismo el IEPC no ha recibido la ampliación presupuestal que se les autorizó por 12 millones de pesos, “ya estamos en la firma del convenio donde nos autorizan ya”.
A Luz Fabiola Matildes se le preguntó por la solicitud que envió al Congreso local para pedir que se autorice el presupuesto para este órgano por 695 millones 543 mil pesos sin la reducción de 302 millones que plantea el Ejecutivo Estatal.
Explicó que es porque tan solo de financiamientos público a los partidos políticos y campañas electorales son 244 millones de pesos, y para boletas y materiales electorales se gastarán “más de 50 millones de pesos”, por lo que serían solamente en estos rubros una cantidad de 294 millones de pesos.
Pero en la iniciativa de presupuesto de egresos que el Ejecutivo Estatal entregó al Congreso local, se plantea que al órgano electoral se le etiqueten solamente 393 millones 120 mil pesos, es decir 302 millones menos de lo que el IEPC previó.
Este presupuesto de 393 millones de pesos “la verdad nos deja en imposibilidad de llevar a cabo el proceso electoral… de verdad que no hay manera con este presupuesto que se presenta, no hay manera”.
Informó que están buscando a los partidos políticos y grupos parlamentarios para plantearles la necesidad de que se apruebe el presupuesto que el Consejo General del IEPC previó para el 2024, por 695 millones, pero aún no se han reunido con ellos, pero los representantes de los partidos políticos “están muy preocupados por esta situación”.
Y uno de los principales planteamientos, además de la no reducción, es que el presupuesto del órgano electoral no se etiquete de Inversión Estatal Directa, porque si no nuevamente dependerá de la recaudación del Estado y se podría poner en riesgo el proceso electoral, “y será más en riesgo porque recordemos que Acapulco es la ciudad que más aporta”.
Y a partir de la devastación en Acapulco por el huracán Otis, el escenario para el IEPC representa “una complejidad mayor, porque si teníamos sin el huracán, un atraso de junio para acá pues ahora con esto no sabemos cómo vamos a terminar”, por lo pronto determinaron instalar los Consejos Distritales Electorales hasta el último día de noviembre para estar dentro del plazo que establece la ley.
La sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que se llevó a cabo la mañana de este martes Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó la creación e integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.
Entre las atribuciones del Cotaprep están el realizar análisis, estudios y propuestas, en el desarrollo y optimización del PREP, con la finalidad que éste cumpla con los objetivos y metas planteadas.
También asesorar los trabajos del en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, investigación de operaciones, ciencia política, análisis estadístico o ciencia de datos, así como en aspectos logísticos y operativos; y asesorar y dar seguimiento al diseño, implementación y operación de los mecanismos, este comité inicia funciones hoy primero de noviembre y concluirá su periodo el 30 de junio de 2024.
En esta sesión se aprobó también el Reglamento de Sesiones del Consejo General y de los Consejos Distritales que se realizó con una redacción incluyente informaron en la sesión, se contempla la incorporación de las mujeres y de representantes de los órganos colegiados del instituto; así como representaciones de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas.
En este reglamento se establecen las reglas sobre la inclusión y retiro de asuntos en el proyecto del orden del día de las sesiones; la posibilidad de de realizar sesiones virtuales o híbridas; realizar una votación diferenciada sobre un proyecto de acuerdo o resolución.
Se aprobó también el proyecto de acuerdo, por el que se da respuesta a una solicitud presentada por el ciudadano Fabián Morales Marchan, respecto a la solicitud de acciones afirmativas a favor de la ciudadanía guerrerense residente en el extranjero para el registro de candidaturas a diputaciones ñocales e integrantes de los ayuntamientos en el Estado de Guerrero para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024, el que el órgano electoral determinó que ya existen en la legislación, las reglas para estos temas.
Se informó sobre los recursos económicos entregados el 25, 28 y 29 de septiembre pasado al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG); por concepto de multas impuestas por el INE a los partidos políticos nacionales con acreditación local, mediante diversas resoluciones, así como, por el IEPC a los partidos políticos con registro estatal y que fueron descontados a las ministraciones de junio, julio y agosto del 2023.
De enero a agosto de 2023 el COCYTIEG ha recibido en total 10 millones 267 mil 663 pesos, por multas a partidos políticos, de los cuales 3 millones 890 mil 501 pesos de Morena; 2 millones 24 mil pesos 642 pesos al PT; 2 millones 481 mil 877 pesos al PRD; un millón 63 mil 770 pesos al PVEM; 896 pesos del PAN; 5 mil 377 pesos del PRI; y 9 mil 931 pesos de MC.
Los partidos locales multados fueron el de Sustentabilidad Guerrerense con 42 mil 336 pesos; el de Bienestar Guerrero 123 mil 65 pesos; el de Movimiento Laborista Guerrero con 33 mil 677 pesos; el Alianza Ciudadana con 32 mil 41 pesos; el México Avanza con 132 mil 13 pesos; el Fuerza por México Guerrero 49 mil 264 pesos; el Encuentro Solidario Guerrero 138 mil 938 pesos; el Regeneración 22 mil 130 pesos; también hubo una multa al diputado local de Morena Marco Tulio Sánchez Alarcón con 217 mil 200 pesos.
El Comité Gestor para la Continuidad del Sistema Normativo Propio en el municipio de Ñuu Savi, demandó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que dé una respuesta a la solicitud para que esta nueva demarcación elija a sus representantes por usos y costumbres.
Este lunes, en un documento firmado por el Comité Gestor “con el aval de las autoridades, comisarios, delegados y ciudadanos en general del municipio Ñuu Savi”, exigieron al IEPC el respeto a su derecho como pueblo originario, “para que nos garantice el derecho a la libre determinación”.
Explicaron que el órgano electoral no ha dado respuesta a la petición de Ñuu Savi como nuevo municipio para para regirse por sistema normativo propio a pesar de que reiteradamente solicitaron una respuesta.
En el escrito señalan: “Consideramos que por lógica debemos seguir bajo este modelo de gobierno ya que nos segregamos de Ayutla de los Libres que se rige por sistema normativo propio, solicitamos que no nos corten el derecho de autogobernarnos como pueblos indígenas” y demandaron al IEPC que no continúen postergando la respuesta a este nuevo municipio.
Mientras que a los partidos políticos “y actores que se oponen a nuestra legítima petición les exigimos que dejen de estar obstruyendo a los sueños y anhelos de los pueblos originario ya que las comunidades están solicitando conforme a sus derechos, exigimos respeto a nuestras asambleas, a nuestras autoridades y a nuestros ciudadanos, para que podamos alcanzar el pleno de nuestros derechos, ya que por muchos tiempo nos gobernaron los partidos y nos mantuvieron en la marginación y sólo propiciaron las divisiones en las comunidades”.
Explicaron que el 25 de diciembre de 2022, en una Asamblea Municipal de Autoridades Comunitarias celebrada en la comunidad de La Angostura, las autoridades comunitarias y Ciudadanos en general acordaron solicitar a IEPC que Ñuu Savi se rija por el sistema normativo propio. Esta solicitud fue ratificada por autoridades comunitarias.
Y posteriormente el 9 de mayo unas 30 autoridades comunitarias enviaron la primera Solicitud para la continuidad del sistema normativo propio en el municipio y derivado de este el 7 de julio el IEPC notificó a la Asamblea Municipal, que debían presentar las actas de asambleas y copias del INE de quienes suscribían la petición.
En julio la asamblea Municipal de Autoridades Comunitaria Nombraron al Comité Gestor para la continuidad del Sistema Normativo Propio, y determinaron realizar una consulta a cada una de las comunidades, acordaron la metodología y procedimientos para garantizar la participación de cada uno de los ciudadanos desde sus comunidades se lee en el documento.
Posteriormente entregaron las actas y copias de las credenciales de elector de más de 2 mil ciudadanos que están de acuerdo con regirse bajo sistema normativo propio, sin embargo, no hay aún una respuesta.
Por unanimidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), ordenó a la alcaldesa Abelina López Rodríguez retirar los pendones publicitarios colocados en espacios públicos en la calzada Pie de la Cuesta y en vehículos del transporte público en los que promociona su imagen y su nombre.
La denuncia la presentó el aspirante a la candidatura a alcalde por el Frente Amplio por México (FAM), Ramiro Solorio Almazán, el pasado 29 de septiembre, quien entregó como evidencias fotografías de la campaña desplegada por la alcaldesa morenista “fuera de los periodos establecidos”.
La propaganda fue identificada como parte de la promoción que hizo la alcaldesa con motivo de su segundo informe de gobierno, que fue el pasado 10 de septiembre. De acuerdo con la ley, la promoción sobre esta actividad solo se permite una semana antes y cinco días después del mismo.
La denuncia fue verificada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del IEPC el 10 de octubre y certificó la existencia de nueve artículos publicitarios a favor de Abelina López en la Calzada Pie de la Cuesta.
El acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC fue emitido este miércoles. En el documento se lee textualmente: “Se ordena a la ciudadana Abelina López Rodríguez, presidenta municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero que de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de dos días naturales, realicen las acciones, trámites y gestiones necesarias para retirar los pendones publicitarios, cuya existencia fue certificada por esta autoridad electoral, así como cualquier otra de contenido similar al estudiado que no cumpla con lo establecido en el artículo 264 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las 12 horas siguientes a que eso ocurra”.
En su dictamen la Comisión advierte que será el Tribunal Electoral del Estado (TEE) el que emitirá la “resolución de fondo” sobre la queja presentada por Solorio Almazán pues, el mandato de retiro de la propaganda de la alcaldesa es solo una medida cautelar pues “no ordenar su retiro podría vulnerar el principio de equidad en la contienda”.
La alcaldesa Abelina López busca otra vez ser presidenta municipal de Acapulco mediante la reelección.
El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), reencauzó los juicios interpuestos por la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, contra las resoluciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por medio de los cuales declaró improcedente la emisión de medidas cautelares que había solicitado.
Las medidas cautelares que había solicitado Norma Otilia Hernández son en contra de la directora general del medio de comunicacio?n Diario de Guerrero, Erika Cecilia Garci?a Guevara, y de los autores de la notas o columnas periodi?sticas publicadas por ese medio, “por actos que pudieran configurar violencia poli?tica contra las mujeres en razo?n de ge?nero”.
Las demandas presentadas por la morenista como Juicio Electoral Ciudadano, fueron reencauzados para que sea sustanciada como Recurso de Apelación, “por ser este el medio de impugnación idóneo para resolver la inconformidad planteada”.
Los juicios que presentó son contra acuerdos emitidos por la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, por medio de los cuales declaró improcedente la emisión de medidas cautelares. Ayer, el pleno del TEE resolvió que la vía adecuada para impugnar los actos y resoluciones del IEPC cuando se resuelva adoptar o no medidas cautelares, es a través del recurso de apelación.
En otro asunto, se dio cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo a los juicios electorales ciudadanos 7 y 8 acumulados del 2023, interpuestos por Carlos Arturo Millán Sánchez y otra persona, en contra de la resolución emitida por los juicios de inconformidad 159 y 160 del 2022 por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. Sobre este asunto, mediante acuerdo plenario se declararon cumplidas las sentencias emitidas por la Sala Regional y el TEE, de fecha 8 de junio y 16 de marzo del presente año, respectivamente, y se ordenó el archivo de este asunto como concluido.
Con relación al proyecto de sentencia relacionado con el Jui-cio Electoral Ciudadano promovido por Felícitas Navarrete Neri, para controvenir la omisión de cumplimiento de la resolución del 9 de junio del 2023, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en el recurso de reclamación CJ/REC/011/2022, se desechó el medio de impugnación “por advertirse su notoria improcedencia”.
Y se explica que la vía intentada por la impugnante no es la idónea para conocer sobre el posible incumplimiento de la resolución intrapartidaria dictada por la responsable, al existir un procedimiento incidental a través del cual es posible exigir su cumplimiento; el pleno del TEE determinó que es innecesario el reencauzamiento de este asunto, por lo que acordó desechar este Juicio Electoral Ciuda-dano.
Chilpancingo
En la propuesta de presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local, se plantea que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), reciba 393 millones 120 mil pesos, que son 302 millones menos de lo que este órgano había solicitado para el año en el que habrá elecciones locales para renovar ayuntamientos y diputaciones locales.
En julio, el Consejo General del IEPC aprobó el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024, en el que el órgano calculó un gasto de 695 millones 543 mil 148 pesos, pero la propuesta del Ejecutivo es de 393 millones 120 mil pesos.
Para el ejercicio fiscal 2021, año en el que se hubo elección para renovar la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, el Congreso aprobó al IEPC 630 millones 74 mil pesos.
La distribución por dependencias
En el paquete fiscal 2024 que la gobernadora envió al Congreso local por 81 mil 752 millones de pesos, se piden para el Poder Ejecutivo 45 mil 808 millones 999 mil pesos; para el Poder Legislativo son 879 millones 417 mil pesos, de los cuales 692 millones 770 mil pesos son solo para el Congreso local y 186 millones 646 mil para la Auditoría Superior del Estado (ASE); y mil cinco millones 719 mil pesos al Poder Judicial.
En la distribución para las dependencias, la Secretaría General de Gobierno tendría un presupuesto de 393 millones 247 mil pesos, unos 29 millones más que lo etiquetado para 2023; mientras que para la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional que en el actual ejercicio fiscal ejerce 259 millones 682 mil pesos. Se pide que el próximo año reciba 383 millones 709 mil. Mientras que para la Secretaría de Finanzas y Administración se plantea un presupuesto de 645 millones 884 mil pesos, que es un incremento de más de 150 millones, ya que en 2023 recibió 495 millones 252 mil pesos.
Para la Secretaría de Bienestar, un presupuesto de 718 millones 755 mil pesos, la cual para este ejercicio fiscal recibió 689 millones; se propone también para las secretarías de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 933 millones 997 mil pesos, esta dependencia en 2023 tiene un presupuesto de 896 millones 217 mil pesos.
Para la Secretaría de Seguridad Pública, la gobernadora, un presupuesto de 3 mil 634 millones 417 mil pesos para 2024, que son unos 250 millones más que los recibidos este año
La Secretaría de Educación Guerrero que este año recibió 26 mil 101 millones, se propone que para 2024 reciba 28 mil 701 millones, es decir, 2 mil 600 millones de incremento; para la Secretaría de Salud se plantea un incremento de 146 millones de pesos ya que pasa de 8 mil 385 millones 576 en 2023 a 8 mil 531 millones para el próximo ejercicio fiscal; a la Secretaría de Turismo se propone etiquetar 207 millones 787 mil, que este año recibió 179 millones.
A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural a la que este año se le etiquetaron 405 millones 600 mil pesos, para el próximo se plantean 422 millones 897 mil pesos.
Las secretarías que tuvieron incrementos mínimos son las de Cultura a la que se le plantea un presupuesto de 64 millones; la de Fomento y Desarrollo Económico para la que se proyectan 92 millones; a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales 70 millones de pesos; para la de Asuntos Indígenas y Afromexicanos 60 millones 710 mil pesos; y la de la Mujer con 101 millones.
Mientras que para la Secretaría de la Juventud y la Niñez se etiquetan 39 millones 513 mil pesos; a la de Migrantes y Asuntos Internacionales 64 millones; a la de Trabajo y Previsión Social 89 millones; a la de Contraloría y Transparencia Gubernamental 128 millones 812 mil pesos; y para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 394 millones 812 mil pesos.
En la propuesta de presupuesto, se plantea que para la Oficina de la gobernadora se aprueben 34 millones 478 mil pesos; para la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 13 millones 148 mil pesos; al Consejo de Políticas Públicas 3 mil 921 mil pesos; a la Procuraduría de Protección Ambiental 37 millones 237 mil pesos; al Tribunal de Conciliación y Arbitraje 42 millones 504 mil pesos.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que los actos de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda están “ajustados a derecho” y que “así se demostrará”, ante las denuncias que el PRD y el PRI presentaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), por su asistencia a un acto político privado en el que estuvo la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultado después del acto protocolario en el que entregó al poder Legislativo el informe del estado que guarda la administración pública estatal en su segundo año, Ludwig Reynoso dijo que la gobernadora tendrá que dar respuesta a estas denuncias y consideró que “es normal que en ciernes del proceso electoral” se generen estos actos. Dijo que desconoce si ya se recibió la notificación de las denuncias.
El secretario de Gobierno recordó que Sheinbaum Pardo no es candidata a ningún cargo de elección popular. “Es coordinadora de un movimiento al que la gobernadora pertenece, pero no es candidata a nada, todavía”, insistió Reynoso Núñez y destacó que Salgado Pineda no asistió al acto público en el centro capitalino y que sólo estuvo en el acto privado, “que no tiene nada que ver con candidaturas”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
El secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, informó que ya se autorizó la única ampliación presupuestal que darán al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) por 12 millones 800 mil pesos.
Esto, después de que desde abril el Consejo General del IEPC ha solicitado en reiteradas ocasiones una ampliación presupuestal al gobierno estatal, por 72 millones 747 mil pesos, al final se autorizó una partida extraordinaria por 12 millones 800 mil pesos.
El órgano electoral había advertido una insuficiencia presupuestal y que con la reasignación de 20 millones 808 mil pesos, se quedaban sin dinero para el pago de aguinaldos, así como la instalación y operación de los 28 consejos distritales electorales.
Consultado al respecto, Raymundo Segura comentó que a partir de la reasignación que realizó el Consejo General del IEPC, en referencia a los 20 millones 808 mil 70 pesos que redujeron en diferentes áreas y serán destinados al pago de prerrogativas a los partidos políticos, el gobierno estatal autorizó una partida extraordinaria.
“Se llegó a un acuerdo. No vamos a darles ese apoyo extraordinario que se había solicitado, sin embargo, hay una cantidad importante, que en este caso son arriba de 12 millones de pesos 800 mil pesos que se van a dar”, informó el secretario de Finanzas y Administración.
Con estos casi 13 millones y los otros 20 millones 808 mil pesos que los consejeros lograron reasignar, así como “otros recursos” que tienen por algunas “retenciones”, dijo que “serán parte de esta utilización, para que salgan adelante con sus responsabilidades. Ya quedó arreglado, sólo se está programando de aquí a diciembre para poder otorgar el recurso”.
El secretario confirmó que el Consejo General del IEPC, sin tener la autorización de una ampliación presupuestal, decidieron reasignar “esos recursos de los últimos meses, para ciertas actividades y ciertos programas, ciertas acciones” a pesar de que la bolsa general autorizada por el Congreso local seguía siendo la misma, de 285 millones 346 mil pesos.
Así como que ese fue el motivo por el que no tenían “para recibir más recurso el último mes, porque ellos mismos lo habían retirado para asignarlo a otras acciones”.
Al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, se le preguntó sobre lo reiterado en el Consejo General del IEPC, respecto a que la falta de la partida extraordinaria se ponía en riesgo el proceso electoral, a lo que respondió que “no, porque en este año, el único acto que se desarrolla es la instalación de los consejos distritales y eso es hasta finales de noviembre”.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abarca, confió en que se logre un acuerdo entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el gobierno estatal para que se dé la ampliación presupuestal que necesita el órgano, y “no se ponga en riesgo el proceso electoral”.
El dirigente fue consultado después de que los integrantes del Consejo General del IEPC reasignaron 20 millones 808 mil 70 pesos para garantizar el pago de prerrogativas a los partidos políticos, los cuales ya estaban asignados, entre otros, al pago de aguinaldos, a la instalación y operación de los 28 Consejos Distritales Electorales (CDE), y de que se advirtió que hay una insuficiencia presupuestal.
Alejandro Bravo recordó que el IEPC había solicitado al Ejecutivo Estatal un presupuesto de 427 millones 962 mil pesos en el que se contemplaban los gastos del arranque del proceso electoral; sin embargo, el Congreso local sólo aprobó 285 millones 346 mil pesos.
Y que el órgano electoral confió en que, como se daba en otros gobiernos, se autorizaría una ampliación presupuestal para el último trimestre del año, ya que se trata del previo al de la elección, en el que inician los preparativos, en este caso se han solicitado 72 millones 747 mil pesos, pero la respuesta ha sido negativa.
El priista recordó que el IEPC ya advirtió que el no obtener la ampliación presupuestal “pondría en riesgo la propia operatividad del órgano electoral y obviamente todo lo que eso conlleva ante el proceso electoral”, como la instalación de los Consejos Distritales Electorales, en lo que se debe contratar “al personal que va a estar en esos consejos, la renta de los inmuebles, el mobiliario, todo eso es lo que se pondría en riesgo”.
El dirigente priista confió en que continúen las pláticas entre el IEPC y el gobierno del estado y se logre conseguir la ampliación presupuestal.
De lo señalado por el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD Alberto Catalán Bastida respecto a que podría haber responsabilidad del área administrativa del IEPC por la crisis que atraviesa el órgano, a partir de que realizó una asignación de los recursos previendo una ampliación presupuestal que aún no estaba autorizada. Al respecto Alejandro Bravo dijo: “desconozco qué vericuetos administrativos se hicieron”, por lo que no podría emitir una opinión al respecto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Ejército ha entregado toda la información respecto a los crímenes cometidos de 1965 a 1990, conocido como el periodo de la guerra sucia.
“Están malinformados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad, porque primero a mí me obedecen. Segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente. Me consta que han entregando todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa”, mencionó respecto al informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que acusó al Ejército de obstaculizar la consulta de documentación.
Asimismo, y en el asunto de la inculpación a militares en casos de desapariciones, aseguró que actualmente él es quien se encarga de dirigir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente rechazó el informe que la víspera presentó David Jesús Fernández Dávalos, responsable del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, quien acusó al Ejército de obstaculizar la consulta de documentación.
López Obrador dijo que personas relacionadas con el Mecanismo están mal informadas o desinforman de “mala fe” y dejó abierta la posibilidad de reemplazarlas.
“Si ellos no tienen convicciones, no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden”.
El presidente comparó la situación con la salida de Omar Gómez Trejo de la Fiscalía Especial del Caso Ayotzinapa, y de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
López Obrador afirmó que su administración no busca ocultar ningún hecho, además de tener como prioridad la transparencia, destacando que se ha entregado toda la información referente a la Guerra Sucia.
“¿Cuál sería el propósito de ocultar los hechos, si ya es más que conocido de que hubo un periodo autoritario, de represión, que se conoce como la Guerra Sucia? Nosotros creamos ese comité, y si lo creamos pues cómo no vamos a entregar toda la información, que se sepa todo”.
El presidente aceptó “tener ganas” de hablar sobre el tema referente a la presentación realizada por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Este miércoles, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico expuso la falta de colaboración y la obstrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las investigaciones de las violaciones cometidas de 1965 a 1990.
Fernández Dávalos mencionó que se entregó un reporte al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, donde hay una recopilación de hechos que podrían ser “constitutivos de delito” en la obstrucción para la consulta de los archivos.
De igual forma, el sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Iberoamericana denunció la falta de colaboración de la Sedena para la obtención de la información y que recientemente las negativas aumentaron a tal medida que personal militar llegó a ocultar, alterar o mutilar información.
Cienfuegos no estuvo implicado en la desaparición de los 43
El presidente aseguró que actualmente él es quien se encarga de dirigir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
“Pero toda la información, toda se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia en estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo, nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de Seguridad para ir a fondo”.
El presidente declaró que no hay información que responsabiliza al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es sólo por lo de los 43, no, no, no. Voy a empezar a responder sobre esto: no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, Para que también quede claro”.
Ante las críticas por haber condecorado a Cienfuegos este miércoles en los festejos del 200 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar, López Obrador aseguró que si se tiene información distinta se dé a conocer.
López Obrador dijo que la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), “le fabricaron delitos” a Cienfuegos razón por la que estuvo detenido en Estados Unidos, asegurando que se trataba de una venganza.
“Los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados y quisieran tener un Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México, como se los permitía Calderón” indicó.
Respecto a las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, López Obrador aseguró que existen avances, destacando que no hay un país donde se tengan detenidos a funcionarios por su participación. Añadió que a pesar del conflicto bélico entre Israel y Palestina, seguirán solicitando la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, supuesto protagonista de la creación de la llamada Verdad Histórica.
“¿Por qué se va Zerón a Israel? Pero también, ¿cómo es que para crear la mentira de que habían quemado a los jóvenes, además nunca fue aceptado por nadie, torturan, se demuestra que hay tortura?”, cuestionó el presidente.
Aceptó que cuando se le solicitó al ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que iniciara los trámites para las órdenes de aprehensión de los involucrados, se negó debido a fallas en el procedimiento.
“Resulta que cuando le pedimos que se tramiten, se hagan los trámites para las órdenes de aprehensión del procurador y de militares y de otros funcionarios de la procuraduría de ese entonces, de alto nivel, se niega y junto con algunos miembros de la comisión de los observadores internacionales, sostienen que no era el procedimiento adecuado, que se necesitaban 90 días para poder actuar” comentó.
Durante la conferencia de prensa matutina del pasado tres de octubre, López Obrador afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas fue debido a la responsabilidad y colaboración de las autoridades locales con la delincuencia organizada, diciendo que en caso de que hubiera participación de militares, fue de algunos elementos.
“Pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tiene que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis y con la delincuencia, que dominaba esa región” aseguró el presidente.
En la misma conferencia López Obrador reiteró su postura según la cual el Ejército no participó en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, además de asegurar que ni el ex presidente Enrique Peña Nieto ni el ex secretario Salvador Cienfuegos, ordenaron desaparecer a los jóvenes.
“Que esa delincuencia tuviera vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y hubiesen cometido el delito de omisión, es otra cosa, a que el gobierno desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el General Secretario de entonces, la desaparición de los jó-venes, no, no”.
