No son de normalistas los cuerpos hallados en Cocula por la Unidad Especializada para Ayotzinapa, informan

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron que, con base en información extraoficial que se les dio a conocer, los dos cuerpos que fueron hallados cerca del basurero de Cocula por la Unidad Especializada de Investigación del caso Ayotzinapa, son de una mujer y a un hombre mayor, que habrían sido asesinados e inhumados hace aproximadamente dos años.
En estas páginas se dio a conocer que el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra informó que entre el 11 y el 13 de diciembre, cerca del basurero de Cocula, en un sitio conocido como Canal Grande, integrantes de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa encontraron restos de dos cuerpos en cuya identificación participa el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Consultado sobre este hallazgo, un integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala dio a conocer que fuentes extraoficiales les confirmaron del hallazgo de los dos cuerpos por la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa.
Informó que de los cuerpos hallados uno corresponde a una mujer y el otro a un hombre mayor, y que ambos tenían cerca de dos años de haber sido inhumados, por lo que no se descarta que sean de familiares de miembros del Comité de Los Otros Desaparecidos.
Confirmó que esos dos cuerpos no están entre los cinco que ellos hallaron y que fueron exhumados de tres fosas por peritos y antropólogos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Barranca de la Carnicería, ubicada a 1 kilómetro y medio del basurero de Cocula, exhumaciones del 5 y el 12 de enero.
Solo informó que el Canal Grande está cerca de la zona del basurero y la Barranca de la Carnicería de Cocula, pero los hallazgos realizados por ellos son diferentes a los hechos por la Unidad Especializada para el caso Ayotzinapa.
El 5 de enero, la PGR exhumó de dos fosas cuatro cuerpos en la Barranca de la Carnicería, y el 12 de enero recuperó un cuerpo más a sólo unos metros de los anteriores hallazgos.
En casi 14 meses, familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala han hallado unas 90 fosas clandestinas de las que la PGR ha exhumado 121 cuerpos, y de los que sólo 15 han sido identificados y entregados a sus familiares.

Niega el gobierno del estado medidas cautelares para defensoras de Iguala; no hay dinero, dice

 

El gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo Flores, no tiene dinero para proveer de medidas cautelares a las defensoras de derechos humanos de Iguala Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito, quienes dejaron sus hogares tras ser amenazadas de muerte.
“No hay esperanza de volver pronto, no hay esperanza de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, no hay esperanza de seguir luchando por los derechos humanos”, enfatizó Bahena García.
La mañana de este miércoles, las dos luchadoras sociales se reunieron en la Secretaría General de Gobierno con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas, quien no les dio una respuesta sobre las atenciones a las medidas cautelares dictadas en su caso.
“Uno de los puntos para poder regresar es que el gobierno ayude a mejorar la calidad de vida”, agregó Bahena García.
La reunión tuvo lugar en el despacho del subsecretario, quien únicamente recibió las propuestas de las activistas para atender su caso, sin darles una solución o fecha para darles una respuesta.
Al concluir la reunión, Bahena García explicó que el gobierno del estado únicamente recibió sus propuestas, y justificó que no puede darles ayuda porque no hay dinero.
“Nos dijo tajantemente que no hay recursos, que ellos no manejan dinero, que este gobierno entró sin dinero y que el otro gobierno los dejó endeudados”, señaló.
La activista cuestionó que el gobierno del estado siempre tenga apoyo para gestores que lucran y se aprovechan de otra gente, pero no abonan ni trabajan para mejorar las condiciones de los defensores de derechos humanos.
Bahena García detalló que la propuesta entregada al gobierno del estado para poder regresar a Iguala es que mejore sus condiciones de vida, ya que la casa en la que vive una de ellas es de cartón y no cuenta con los servicios básicos.
Agregó que se solicitó alumbrado público para su colonia, aunque reconoce que no es suficiente garantía de seguridad, “por lo menos para correr y salvar la vida”.
Recordó que el beneficio no es sólo para ellas sino para las familias que viven en la colonia Tlachinollan, de Iguala, así como la ayuda a la regularización de los predios.
Las activistas Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito huyeron de la ciudad porque recibieron amenazas de muerte.
Evelia y Diana han recibido agresiones, amenazas, hostigamiento y difamación por su trabajo en ese asentamiento, que se incrementaron a mediados de 2015.
El 30 de julio 2015, Evelia Bahena recibió una llamada telefónica a las 7:16 de la tarde: “¡Ah!, contigo quería hablar, tu eres la que se siente líder chingona y que todos te la pelan, te aviso que te tienes que largar de aquí, tú, el licenciado Félix Rodríguez y Diana Carolina, porque se los va a cargar la verga”, señaló.
Luego de la llamada, la defensora recibió un mensaje de texto del mismo celular que reiteraban la amenaza de muerte.
Las amenazas obligaron a ambas defensoras y sus familias a desplazarse de Iguala, y solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

En espectaculares, ofrece la SEIDO recompensa a quien informe de una joven desaparecida en Iguala

 

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), colocó desde el viernes cuatro espectaculares en los que aparece la imagen de una de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, en el que se ofrece una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos para quien dé información para su localización.
Se trata de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, cuando tenía 19 años, y su mamá, Sandra Román se integró al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala desde noviembre de 2014, cuando surgió el grupo tras el caso Ayotzinapa.
Según información proporcionada por Sandra Román, desde el 21 de octubre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación que la PGR ofrece hasta un millón 500 mil pesos de recompensa a quien proporcione información para la localización de Ivette Melissa Flores Román y cuatro personas más secuestradas entre 2011 y 2014, y ofrece una cantidad similar, para quien aporte información para la captura de los responsables de los hechos.
En total fueron colocados desde el viernes cinco espectaculares en Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Taxco y el Estado de México, además de su publicación en medios impresos y canales de televisión, en el que aparece la fotografía de Ivette Melissa, datos de su desaparición y el teléfono y correos electrónicos para hacer la denuncia correspondiente.
En el caso de Iguala, el espectacular fue colocado en la carretera federal México-Acapulco, tramo Iguala-Chilpancingo en dirección sur-norte, junto al puente elevado del crucero con el Periférico Norte.
Los otros desaparecidos por las que se ofrece la misma recompensa son dos de Zitácuaro, Michoacán; uno de San Julián, Jalisco, y uno más de Orizaba, Veracruz.
Ivette Melissa Flores Román, que tiene una pequeña hija, es la primera de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala por cuya localización se ofrece una recompensa.
“Mi lucha es por mi hija y por mi nieta”, expuso Sandra Román, a más de tres años de buscar a su hija desaparecida en Iguala.

Asesinan sicarios a un ex agente de Tránsito de Iguala y hieren a su esposa, en Tepecoacuilco

Hombres armados atacaron con fusiles AK-47 y AR-15 una casa en la colonia Padre Jesús de la cabecera municipal de Tepecoacuilco, donde ejecutaron de varios balazos a un ex agente de Tránsito municipal de Iguala y dejaron gravemente herida a su esposa.
El ataque fue cerca de las 2:30 de la mañana afuera de una casa en la calle El Pedregal de la colonia Padre Jesús, en el lugar peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de la zona Norte encontraron 56 casquillos percutidos calibre 7.62 para AK-47 o Cuerno de Chivo, .223 para AR-15 y .9 milímetros.
Informes de fuentes policiacas de Seguridad Pública del estado indican que el reporte del ataque se hizo al número de emergencias 066 por vecinos del lugar.
Adentro de la casa fue hallado asesinado de diversos balazos Arturo Valle Ocampo de 43 años, quien más tarde se informó que había sido agente de Tránsito municipal de Iguala pero había dejado la corporación luego de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.
También se dio a conocer que es familiar del ex alcalde de ese municipio y ex diputado local del PRI, Ignacio Ocampo Zavaleta.
En la balacera resultó herida Graciela Montiel Zárate de 39 años, esposa de Arturo Valle Ocampo, quien fue trasladada por rescatistas de Protección Civil municipal al hospital general Jorge Soberón Acevedo de la ciudad de Iguala, donde hasta la tarde de ayer se reportaba como grave de salud.
En lo que va del año es el segundo ataque a una vivienda y el segundo ejecutado en Tepecoacuilco, luego de la balacera y ejecución de un hombre la mañana del 1 de enero.

Deja líder transportista señalado en narcomantas la coordinación del transporte en la zona Norte

A diez días de que aparecieron narcomensajes que señalaban de supuestos vínculos con la delincuencia al líder transportista Victórico Martínez López, ayer transportistas de la región dieron a conocer la separación de éste de la coordinación general de la Coordinadora del Transporte Organizado de la Zona Norte por razones “personales y de salud” y en su lugar nombraron al quien fuera director de Tránsito municipal en el gobierno del perredista Antonio Jaimes Herrera, Roberto González Sandoval.
El 24 de diciembre el cuerpo de un hombre de unos 40 años fue hallado ejecutado a balazos, con las manos atadas a la espalda y huellas de tortura, en un lote baldío del fraccionamiento Valle del Sol y junto al cuerpo dejaron un mensaje en el que, entre otros, se acusaba a Victórico Martínez López de tener nexos con el grupo Guerreros Unidos.
Días después, el 28 de diciembre, en dos narcomantas halladas en diferentes puntos de la ciudad, aparecieron los mismos mensajes dirigidos al gobierno federal, estatal, municipal y al Ejército, con una lista de personas supuestamente ligadas a ese grupo criminal y también se mencionaba al líder transportista.
Ayer, una comisión de unos 10 líderes de las diferentes organizaciones y bloques del transporte público en Iguala y la zona Norte, adheridos en la Coordinadora del Transporte Organizado de la zona Norte, entre ellos el ex regidor del PRI y dirigente estatal de la Confederación de Organizaciones y Transportistas Independientes de Guerrero (COTIG), Benjamín Salgado Adame, el director regional del grupo Federados, Carlos Peña Lucas, el director regional del Grupo Independientes, Martín Ocampo Arteaga, Julio César Ojeda Rivera, el presidente de la Fateg, José Tonatiuh Cuevas Gutiérrez y el secretario general de Líneas Unidas, Pasajeros de Segunda y Mixtos de Iguala (UPLUSMI), Eduardo Peralta Sánchez, entregaron un oficio en la Presidencia municipal y la Dirección de Tránsito, en el que informan que por acuerdo de asamblea a partir de ayer asume la coordinación del transporte en la zona Norte el presidente de la Confederación de Bloques Independientes del Estado de Guerrero (Cobiteg), Roberto González Sandoval.
El miércoles, al ser consultado sobre el tema de los narcomensajes, el alcalde Esteban Albarrán Mendoza informó que la federación estaba “analizando y estudiando” esos mensajes, y dijo que “el hecho de que se haya mencionado el nombre de una persona es cuestión de que la autoridad correspondiente investigue”.
Consultado sobre si la salida de Victórico Martínez es por el señalamiento en los narcomensajes, el nuevo líder, González Sandoval lo negó y dijo que su salida fue “por razones personales y de salud”.
“Yo al compañero Martínez López lo conozco como dirigente transportista y no puedo dar una opinión diferente porque lo conozco de años, lo conocí como trabajador del volante y no puedo dar otra opinión de él. Mientras sean puros rumores no afecta absolutamente nada y el que nada debe nada teme”, sostuvo.
Dijo que el cambio en la coordinación del transporte, a sólo seis meses de que asumió la encomienda Victórico Martínez, “se dio y se puede dar también el día de mañana si los compañeros ven que no estoy dando resultados”.
A pregunta expresa sobre las 13 ejecuciones que hubo en 2015 contra de taxistas y choferes de Combi del transporte público, González Sandoval afirmó que estos no pertenecían a ninguno de los 16 bloques o federaciones adheridas a la coordinadora y que eran independientes.
Invitó a los transportistas independientes a organizarse y adherirse a cualquiera de las diferentes organizaciones, “los casos que se han dado no son de organizaciones, si se han dado algunos casos esporádicos es porque el taxi es de una persona particular o son independientes”.
Informó que las 16 organizaciones del transporte integradas a la Coordinadora del Transporte Organizado de la zona Norte, tienen más del 90 por ciento de las unidades del transporte público, más de mil 200 taxis, más de 600 Combi del servicio urbano y algunos mixtos de ruta.

Se ampararán Los Otros Desaparecidos de Iguala; el Estado no les brinda medidas cautelares

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron en la asamblea de ayer que interpondrán un amparo, ante la negativa del Estado mexicano, dos veces, de brindar medidas cautelares para 33 familiares que salen a buscar fosas clandestinas o que han recibido algún tipo de amenaza.
La petición de las medidas cautelares para los 33 familiares de víctimas de desaparición forzada al Estado mexicano se hace a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y fue una petición conjunta a este organismo internacional de las diferentes organizaciones nacionales de víctimas de desaparición forzada, como Idheas y Organización de Enlaces Nacionales, informó ayer uno de los familiares.
La fuente informó que, la Secretaría de Gobernación dijo que desde diciembre se estaban brindando las medidas cautelares a los familiares de desaparecidos, lo cual fue desmentido ayer en la asamblea.
Se informó también que, a través del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –al que el grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala tienen como asesor jurídico independiente– se elaborará un amparo para exigir al Estado mexicano el otorgamiento de las medidas cautelares para estas familias.
Denunció que a pesar de que había un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal de que cada domingo una comisión de policías federales acompañaría al grupo de familiares durante la búsqueda de fosas clandestinas, ya en dos ocasiones, incluyendo este domingo, cuando la búsqueda se hizo en cerros de Cocula, la Policía Federal no dio seguridad a los familiares.

Registra 14 nuevos casos de desaparecidos el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala

Al menos 14 nuevos casos de víctimas de desaparición forzada de Iguala, Teloloapan, Cuetzala, Tepecoacuilco y Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, se han presentado ante el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala luego del hallazgo de los 116 cuerpos recuperados de fosas clandestinas en Iguala.
El número de casos registrados por el comité supera los 350, aunque en varios de esos las familias no han presentado denuncias ni información de sus familiares desaparecidos por temor o desconfianza en las autoridades.
En las últimas tres semanas al menos 13 nuevas familias se han acercado al comité para dar a conocer sus casos, tomarse las pruebas de ADN y solicitar información de los 116 cuerpos que han sido exhumados de fosas clandestinas.
En la asamblea de ayer, un familiar de una víctima de desaparición forzada en la comunidad de Chichihualco, se presentó para informar de la desaparición de su pariente.
Según esa información, se trata de Jaime Hernández Marcelo, desaparecido el pasado 6 de septiembre de 2015, y su familiar se acercó al grupo luego del hallazgo de 19 cuerpos el 14 de diciembre.
Entre los nuevos casos también se encuentran José Guadalupe Delgado Martínez, de 38 años, desaparecido en Iguala el 21 de junio de 2008, Orlando Catalán Isidro, de 23 años, desaparecido el 25 de abril de 2010 también en Iguala, José Antonio López Rodríguez, desaparecido el 14 de diciembre de 2013 en la carretera federal México-Acapulco, en el poblado de Mezcala, German Vázquez Montaño, de 20 años, desaparecido  el 14 de febrero de 2013 en Cuetzala, Nancy Gutiérrez Peña, de 27 años, desaparecida el 30 de noviembre de 2013 también en Cuetzala.
Asimismo, Francisco Ocampo Figueroa, de 52 años y Francisco y Eric Ocampo Torres, de 30 y 21 años, padre e hijos, los tres desaparecidos el 19 de julio de 2014 en Teloloapan.
También Miguel Ángel Miranda Jiménez, desaparecido el 1 de mayo de 2013 en Teloloapan, Ricardo Alonso Cabrera, de 18 años, también desaparecido en Teloloapan, Juan Antonio López Reyna, desaparecido el 25 de diciembre de 2013 en Tepecoacuilco. Además dos menores, uno de 17 y el otro de 16 años, el primero desaparecido en esta ciudad de Iguala el 16 de agosto de 2014 y el segundo el 1 de septiembre de 2012 en Orizaba, Veracruz.
A poco más de un año de su aparición, después del caso Ayotzinapa, el comité de familiares de víctimas de desaparición forzada Los Otros Desaparecidos de Iguala, han hallado más de 80 entierros clandestinos en cerros al norte y al oriente de la ciudad, de donde peritos y antropólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) han exhumado 116 cuerpos, de los cuales, hasta ayer habían identificado y entregado 15 a sus familiares, quienes eran originarios de Iguala, Teloloapan, Huitzuco y Acapulco.

No se sabe nada del dirigente de MC desaparecido en 2012 en Iguala

Entre los más de 350 casos de víctimas de desaparición forzada registrados en el comité Los Otros Desaparecidos, hasta ayer no se sabía nada del dirigente municipal del partido Movimiento Ciudadano, Eliseo Ocampo Ávila, de 47 años, desaparecido en esta ciudad el domingo 29 de abril de 2012.
Según los registros y el testimonio ofrecido en su momento por sus familiares, Ocampo Ávila desapareció cuando salió a una marcha convocada por su partido en el centro de Iguala, para dar a conocer que el entonces precandidato del PRD, Oscar Díaz Bello se iba ser candidato de su partido (MC) para contender por la presidencia municipal de Iguala contra José Luis Abarca Velázquez, el ex alcalde del PRD preso en un penal federal, pero finalmente esa candidatura no se dio.

Suman 265 ejecuciones en 2015 en la zona Norte, 145 de éstas en Iguala; 35 víctimas fueron mujeres

En el 2015 se registraron 265 ejecuciones en la zona Norte, 35 de las víctimas fueron mujeres y seis menores de edad, 145 de ellas, el 54.7 por ciento, ocurrieron en Iguala, seguido de los municipios de Teloloapan con 35, el 13.2 por ciento, Taxco y Tepecoacuilco con 13, el 4.9 por ciento y Huitzuco con 12, el 4.5 por ciento.
En el resto de los municipios hubo menos de 10 asesinatos en el año, en Ixcateopan y Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco) se registraron ocho ejecuciones, en el primero dos fueron mujeres; en Cocula, Buenavista y Atenango hubo seis, en Tetipac cuatro, en Copalillo y Pilcaya tres, y en Apaxtla, Canuto Neri (Acapetlahuaya) y Cuetzala sólo uno, este último fue una mujer calcinada.
Según los registros de El Sur, con base en la cobertura que se hizo durante 2015, en Iguala los meses con mayor violencia fueron febrero, donde hubo 22 ejecuciones, octubre 19, marzo con 18 y julio con 17.
En Iguala, a pesar de la presencia de la Policía Federal, estatal y de soldados del 41 y 27 Batallón de Infantería, se registraron 145 ejecuciones, lo que representa el 54.7 por ciento del total, 18 de las víctimas fueron mujeres, seis menores de edad, un policía municipal, 13 taxistas, y durante los ataques resultaron heridas de bala 48 personas, mientras que otras 30 fueron levantadas por hombres armados. Además se tiene registrada la muerte accidental de un soldado durante una operación, y de un policía federal, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza.
En enero en Iguala hubo siete ejecutados y cinco heridos, en febrero 22 ejecutados, tres de ellas mujeres, así como cuatro heridos, en marzo 18 asesinatos, dos de ellas mujeres, y cuatro heridos, en abril 12, y de ellas dos mujeres, y en mayo y junio, que fueron los meses con menos hechos violentos se registraron tres y dos ejecutados, y seis heridos en junio.
En julio la violencia repuntó con 17 ejecuciones, dos de las víctimas mujeres, siete heridos y cuatro levantados, en agosto hubo 11 ejecutados, dos fueron mujeres, en septiembre sólo seis, dos de ellas mujeres, para octubre la violencia repuntó y se registraron 19 ejecutados, ocho heridos y cinco levantados, en noviembre 12 hombres ejecutados y cuatro heridos, y pare el cierre de año, en diciembre se registraron 16 asesinatos, cuatro de ellas mujeres y cuatro heridos en los diferentes ataques.
El 13 de febrero un hombre armado ejecutó de dos disparos, uno de ellos en la cabeza, a Norma Angélica Bruno Román, de 25 años, quien  participaba en el comité de familiares de víctimas de desaparición forzada Los Otros Desaparecidos de Iguala, grupo al que se unió para buscar a su prima Ivett Melisa Flores Román, desaparecida el 2 de marzo de 2013 por un grupo armado.
El 25 de febrero, hombres armados asesinaron a balazos en hechos diferentes, al comisariado ejidal de Iguala, Emilio Rabadán Román en la puerta de su domicilio en la calle Pineda del centro de la ciudad, y de forma simultánea, a las 6:45 de la mañana también fue atacado a balazos el ex comisariado de ese mismo ejido y ex regidor del PRD, Gerardo Román Chávez, quien murió cuando llegó al hospital general.
Ese mismo día, hombres armados a bordo de motocicletas atacaron por la noche el autolavado Los Peques, y asesinaron a el ex funcionario municipal del PRI, Luis Acosta Beltrán, quien había llevado a lavar su vehículo, y dejaron herido a un joven empleado del negocio.
Ese mismo mes, entre el 25 y el 27 de febrero hubo 14 ejecuciones, entre ellas la del policía municipal Juan Varela, además el teniente del 27 Batallón de Infantería, Bruno Hernández murió cuando cayó de una patrulla y se golpeó la cabeza durante un operativo.
El 3 de marzo, cinco personas fueron ejecutadas en la ciudad, un taxista y cuatro integrantes de una misma familia, a quienes hombres armados asesinaron en su domicilio de la colonia Educación, a solo tres cuadras del centro de la ciudad.
El 6 de marzo, el policía federal Roberto Ixtlahuaca Barrientos fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el estacionamiento del hotel Plaza las Fuentes, en el centro de Iguala, donde se hospedaban los agentes federales desde octubre de 2014 que tomaron el control de la seguridad en el municipio luego del caso Ayotzinapa.
El 29 de abril, en un nuevo ataque al autolavado Los peques, un par de hombres armados hirieron a dos lavadores y ejecutaron de varios balazos a un contratista de la empresa minera Media Luna, de Nuevo Balsas, Cocula, el ingeniero Gustavo Alejandro Gómez, de 50 años, de nacionalidad argentina, quien iba acompañado por otra persona que resultó ilesa.
La ola de violencia también alcanzó el proceso electoral de junio, pues el 9 por la noche, hombres armados ejecutaron a balazos al dirigente de la organización social perredista Mártires del Vado de Aguas Blancas y ex secretario general del comité municipal del PRD en Iguala, Francisco López Liborio, quien después se supo que había recibido amenazas para no apoyar a los candidatos de su partido.
El 21 de octubre hombres armados ejecutaron con armas de alto poder a cuatro personas, entre ellas  dos ejidatarios de la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), y dejaron herido de gravedad a otro en la colonia Nuevo Horizonte, al norte de la ciudad.
Y el 26 de noviembre hombres armados atacaron y lesionaron de un balazo en la pierna a un hermano del activista de la Unidad Popular (UP), levantado, torturado y asesinado el 30 de mayo de 2013, durante el gobierno del perredista José Luis Abarca, Félix Rafael Bandera Román, de nombre Cuauhtémoc, a quien le dispararon en la recepción del hotel Cuba, propiedad de su familia, en el centro de la ciudad.
Entre el 24 y 25 de diciembre, para cerrar el año, en una nueva escalada de violencia seis hombres fueron ejecutados en diferentes hechos, uno de ellos fue hallado con las manos atadas, huellas de tortura y un narcomensaje en el que señalan a un líder transportista y a otras personas de tener vínculos con la delincuencia, y en los que se advierte de una “limpia”, en una posible disputa entre grupos rivales de la delincuencia.
La madrugada del 27 de diciembre dos hombres y dos mujeres fueron ejecutados a balazos en una cocina económica de la comunidad de Sabana Grande, municipio de Tepecoacuilco, a la orilla de la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala.
Y al final del 2015, el 31 de diciembre un hombre fue hallado ejecutado de varios balazos en la cabeza en un lote baldío del bulevar Heroico Colegio Militar, junto a la agencia de automóviles Chevrolet y cerca de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, a quien le dejaron el mismo mensaje de advertencia de una “limpia”, en una aparente disputa de la plaza entre miembros rivales de la delincuencia organizada asentados en Iguala.

Marchan maestros, organizaciones y vecinos con la UPOEG en la clausura de su Congreso en San Marcos

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon en las calles de San Marcos en el último día de actividades de su Congreso Estatal, en el tercer aniversario de su creación.
Una marcha y una misa fueron las últimas actividades del Congreso Estatal de la UPOEG, que inició el lunes, en las que los integrantes de la organización demandaron al gobierno respeto al derecho de los pueblos indígenas a organizar su propio sistema de seguridad y justicia.
En la misa, el sacerdote de Xalpatláhuac, Mario Campo Hernández llamó a la UPOEG a recordar que el centro del proyecto es la población y la familia, para no perder sus objetivos de brindar seguridad y lograr la paz en las comunidades donde operan. “Que no se pierdan las asambleas, si se dejan de hacer corren el riesgo de que el movimiento se tergiverse”, advirtió el padre.
Al cierre del Congreso asistieron el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado; el presidente municipal priista de San Marcos, Juan Carlos Molina; el ex diputado local perredista, Bertín Cabañas López; y el fundador de la CRAC, y hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio, quien no quiso adelantar ninguna declaración de su presencia en el Congreso de la UPOEG.
Minutos antes de las 12 del mediodía, unos 500 integrantes de la UPOEG, policías ciudadanos que portaron sus escopetas, vecinos del municipio y maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur salieron en marcha de la colonia Campo de Aterrizaje.
En la vanguardia, cinco integrantes de la organización portaron la bandera nacional, seguidos del promotor de la UPOEG, Bruno Placido Valerio; los fundadores y promotores de la organización, Ernesto Gallardo Grande y Crisóforo García Rodríguez; además de delegados de los municipios de la Costa Chica.
Después, venían los policías ciudadanos portando mantas en las que se leía, “Los pueblos originarios, reconocidos, nos unimos a la UPOEG por el reconocimiento por el derecho del reconocimiento humano, defensa de nuestro territorio y de los recursos naturales. Un territorio con seguridad es un pueblo con justicia”.
Atrás, maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, quienes exigieron el reconocimiento de la institución para que jóvenes indígenas y afro-mexicanos puedan seguir sus estudios. Los maestros portaron una manta donde demandaban la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala.
La marcha fue casi a paso veloz y al ritmo de dos bandas de viento; caminó en las principales calles de la ciudad y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, llegó al Zócalo y regresó al punto de partida, 40 minutos después.
En el trayecto, los vecinos de San Marcos dieron una cooperación a los integrantes de la UPOEG, quienes les acercaban unos botes sellados, con una ranura para depositar su contribución.
Llama el cura de Xalpatlahuac a no olvidar que el centro del proyecto debe ser la familia y la comunidad

En la misa, el presbítero Campo Hernández pidió por los 15 integrantes de la UPOEG asesinados durante los tres años de trabajo de la organización para restablecer la seguridad y la paz en los pueblos de la Costa Chica, Centro, Acapulco, y ahora en la Sierra y en un municipio de la Tierra Caliente.
También pidió por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus familias, y para que la sociedad guerrerense encuentre paz y justicia.
En la homilía, el padre llamó a los presentes a mantener un compromiso y asumir una actitud de responsabilidad con el pueblo, y que los integrantes de la organización no olviden que el centro del proyecto debe de ser la familia y la comunidad en las asambleas, un criterio que otras organizaciones sociales deben de retomar, dijo.
Asimismo, instó a la UPOEG a que no pierda sus objetivos y a que no se corrompa por intereses personales, y pidió que logre salir de las crisis internas. “2016 debe de ser un año de esfuerzo, de apertura, de construcción conjunta, y no de un año de trabajo solitario”, recalcó.

Fortalecer el diálogo con el gobierno para plantear el desarrollo en las comunidades, pide Bruno

En la clausura del Congreso, el dirigente Bruno Plácido Valerio dijo que en 2016 buscará el diálogo con el gobierno del estado para plantear el desarrollo en las comunidades e infraestructura y seguridad, además de mantener el diálogo con los presidentes municipales, que se tiene que fortalecer.
En breves declaraciones, el dirigente expresó que el gobierno está en su derecho de investigarlo por las narcomantas que en diciembre lo señalaron de estar relacionado con integrantes de la delincuencia, pero afirmó que, “la UPOEG, entre más avanza, afectamos a más intereses”.
Por su parte, Flores Maldonado dijo que se tiene que seguir trabajando en unidad para sacar adelante al estado. Mientras el presidente municipal, Juan Carlos Molina agradeció la presencia del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano en el municipio.
En declaraciones, el alcalde dijo que serán los integrantes del cabildo quienes decidirán el reconocimiento de la UPOEG como un sistema de seguridad, e indicó que él promueve el respeto de la ley y que bajo sus principios habrá coordinación con la organización.
A nombre de los comisarios de los municipios de la Costa Chica donde opera la UPOEG, el comisario de la comunidad de Colotepec, Ayutla, Honorio Rodríguez reconoció el trabajo del fundador de la organización, Bruno Plácido.
En su mensaje, se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quienes dijo que la UPOEG está haciendo el trabajo que el gobierno dejó de hacer de dar seguridad a las comunidades, y solicitó respeto a la organización.

Una mujer muere y un hombre resulta herido al chocar en una pipa en la carretera Teloloapan-Iguala

Una mujer muerta y un hombre lesionado, fue el saldo de un accidente ocurrido la tarde de ayer en la carretera Teloloapan-Iguala, al impactarse una pipa de agua contra un cerro y volcar.
Reportes de la Policía Federal indican que alrededor de la 1 de la tarde de ayer, una pipa de agua que se quedó sin frenos chocó contra el cerro cerca del poblado de Xaloxtoc, municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.
Por el impacto, la pipa se volcó en la carretera y bloqueo el carril de Iguala a Teloloapan; por las maniobras para retirar la pipa, la circulación fue cerrada casi una hora.
En el accidente resultó con lesiones de consideración el chofer Vicente Villa Trujillo, de 34 años, que fue trasladado de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja al hospital básico comunitario de Teloloapan, mientras que en el lugar murió su esposa, Anita Villa Rendón de 27 años.
Agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado con sede en la zona Norte realizaron las diligencias, y al terminar, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad de Iguala.