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Se necesita de todos para liberar a los presos políticos, llama Nestora a organizaciones reunidas en Olinalá

En el tercer Encuentro nacional de familiares, amigos y organizaciones sociales por la libertad de los presos políticos, se denunciaron desapariciones, asesinatos y encarcelamientos políticos a quienes denuncian y exigen justicia ante los atropellos del Estado, y se exigió la libertad de los presos políticos en el país.
La líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado García dio la bienvenida a los asistentes en un enlace telefónico.
Dijo que desde Estados Unidos se mantiene la coordinación de acciones para seguir luchando por la libertad de los presos, y que se necesita la fuerza de todos para exigir la libertad de los presos, que el gobierno de México acepte las recomendaciones de la ONU, que ya no siga criminalizando y respete el derecho a la lucha, “tenemos que hacerles entender que nosotros sólo queremos paz y luchamos por el bien común”, pidió.
La integrante del Comité Nacional por la Libertad de los Presos y Presas Políticas del país, Yolanda Barranco dijo que el encuentro se da ante el aumento en México de la criminalización de la protesta social, la violación a los derechos humanos, y los montajes policiales y detenciones arbitrarias, que son una constante contra los luchadores sociales.
Yolanda Barranco aseguró que en el país sí hay presos políticos, y por eso organizaciones como la ONU se han manifestado contra las detenciones arbitrarias y las violaciones del debido proceso de los activistas, como en el caso de su esposo Damián Gallardo.
Entre las actividades en Olinalá, las organizaciones de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Guerrero coincidieron en caminar unidos ante las desapariciones forzadas, detenciones y asesinatos del Estado, que cuenta con las corporaciones policiacas y de justicia del país para inculparlos.
Llamaron a romper el cerco informativo de las grandes empresas de medios como Televisa y TV Azteca, y llevar la información a los vecinos, a las comunidades donde no llega, para que se enteren de que hay gente que está presa por defenderse.
En la mesa Defensa del territorio: las policías comunitarias y la justicia comunitaria como forma de defender el territorio, contaron las experiencias de las policías comunitarias de Olinalá, Huamuxtitlán, Metlatónoc, y las autodefensas de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
De Olinalá, el orador fue Giovani Torres Salgado, quien narró que se levantaron ante los secuestros y la nula intervención de la Policía municipal para frenar los delitos; dijo que cuando se incorporaron a la CRAC- PC molestaron a los grupos caciquiles, como el del presidente en turno, Eusebio Rodríguez González, y el síndico municipal, lo que llevó a la detención de Nestora Salgado.
De Huamuxtilán habló el policía Emiliano Cruz, de Tlalqueltzala, quien contó que surgieron porque una banda de delincuentes les robaba y acuchillaban a los vecinos, respaldada por el síndico procurador de Huamuxtitlán; aclaró que no son guerrilleros, que buscan justicia, vivir tranquilos y en paz, y criticó que los comunitarios permanezcan presos mientras a los delincuentes que detienen salgan libres en tres días.
El policía José Vázquez Espinoza confirmó que son campesinos y que se levantaron tras 17 secuestros en la cabecera municipal.
Por su parte, el policía Pablo Gonzaga Campos, de la comunidad de Tehuaxtitlán, contó que su padre fue secuestrado por las autoridades municipales cuando exigió sus derechos, “perdimos el miedo y nos dimos cuenta que hay jóvenes que se metían con la delincuencia”, dijo.
El comisario de la comunidad na savi de Vicente Guerrero, municipio de Metlatónoc, Amador Mendoza informó que tiene un mes de estar en la CRAC-PC de Huamuxtitlán ante los atropellos de los policías ministeriales que detienen a la gente por llevar leña o cualquier cosa, quitándoles dinero o encarcelándolos.
En la actividad participó la esposa de Gonzalo Molina, Ausencia Norato Vázquez, quien contó que la comunitaria empezó en Acatempa ante las extorsiones a los ladrilleros de la zona y los asesinatos; dijo que su esposo empezó a difundir el proyecto y ahora está preso por nueve delitos que no cometió.
Beatriz Gálvez Macario, mamá de Samuel Ramírez, de Zitlaltepec, contó que su esposo fundó la policía comunitaria porque ya no podían salir sin ser asaltados, secuestrados o, en casos de mujeres, violadas en las brechas de los pueblos, y que desde ahí los comunitarios son un estorbo para las corporaciones policiales, que no acuden a estas regiones cuando se les necesita o sólo lo hacen para extorsionar.
Consideró que el síndico de Cochoapa el Grande les tendió una trampa a los comunitarios que fueron a detener a una persona que disparo, por lo que repelieron la agresión y ahí iba su hijo con una carabina 30-30, “por esa arma está en la cárcel, es delito injusto, ya se presentaron las pruebas”.
De las autodefensas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Evangelina Contreras dijo que la gente que enfrenta a la delincuencia está presa o desparecida por defenderse, y que el gobierno los culpa de portación de armas cuando tenían permiso del mismo gobierno.
Coincidieron en que se tienen que crear un comité jurídico para la libertad de los presos, más allá de pedir su libertad, acreditar su inocencia, demostrar que el Estado comete actos ilegales para encarcelarlos, que viola derechos humanos o el debido proceso, y que esto se evitará con la movilización y lucha social.
Entre las organizaciones participantes acudieron el Congreso Social Nacional, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre de Puebla, la CCRI-Austria, el Bloque Revolucionario Estudiantil de Puebla, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Consejo Democrático Magisterial, Los Gastos Pendejos, Comité de Presos de la Ciudad de México, Frente Popular Francisco Villa, el Comité de Apoyo a la Revolución Peruana, el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), la Coordinadora General de Comerciantes, Partido Obrero Socialista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte de Tehuantepec (Ucizoni), Coordinadora Nacional de Movimientos Populares Línea de Masas AC, Movimiento Agrario indígena Zapatista (MAIZ), y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La comunidad indígena de Cherán, Michoacán, y la sección 22 del magisterio de Oaxaca, participaron con enlaces telefónicos, los invitó a seguir organizándose contra las injusticias.

No hay voluntad del gobierno para liberar a otros presos de la CRAC, dice el abogado de Gonzalo

 

El abogado del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González, Hegel Mariano Ramírez, declaró ayer que los gobiernos estatal y federal no muestran la misma voluntad política que tuvieron con Nestora Salgado a los otros ocho presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Aseguró que hay una intención de los gobiernos federal y estatal de mantener en prisión a los otros miembros de la CRAC que fueron detenidos después de Nestora Salgado, que tienen acusaciones por los mismos delitos que ella pero que se los han reclasificado, en otros casos han retrasado la resolución de amparos o han dilatado la resolución de la sentencia más allá del plazo establecido legalmente.
A Gonzalo Molina le han acumulado 12 delitos en cuatro causas penales, dos de ellas del fuero federal y dos del fuero común, lo que dificulta su defensa, y el procesado carece de recursos hasta para sacar copias de su expediente.
El abogado que lleva el caso de dos de las cuatro causas penales de Molina González informó que una de ellas, la 76/2013 por delincuencia organizada es por la que fue absuelta la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, por el Segundo Tribunal Unitario del 21 Circuito, con sede en Chilpancingo.
Informó que otra causa penal es la 196/2013 que lleva el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tlapa por secuestro agravado, por el que también fue absuelta Nestora.
La otra causa es la 157/2013 que lleva el Juzgado Cuarto Penal de Chilpancingo por terrorismo, robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas, por acusaciones del síndico de Tixtla, el director de la Policía Municipal, el secretario general del Ayuntamiento y cinco policías municipales.
Otro proceso penal en contra de Gonzalo Molina es el 59/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito federal por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, y delitos contra servidores públicos.
Asimismo existe en su contra la 678/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito por portación de arma de fuego sin licencia.
Derivado de todos estos procesos penales que enfrenta en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina, otros 14 integrantes de la CRAC tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque algunos de ellos enfrentan los procesos en libertad.
La mayoría de estas causas penales se integraron contra los policías comunitarios luego de que el 26 de agosto del 2013 protestaron frente al Ayuntamiento de Tixtla, para exigir que el gobierno diera a conocer la detención de Nestora Salgado.
Hegel Mariano señaló que tras la resolución que la semana pasada dictaron los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, que absuelven a Nestora Salgado de secuestro y por lo cual sale en libertad, se espera que en los próximos días el resto de los comunitarios presos también sean beneficiados con esta resolución.
Dijo que también se prevé que cuando menos ocho miembros de la CRAC, entre ellos Arturo Campos Herrera (quien está preso en el penal de Ayutla) y Gonzalo Molina, salgan en libertad aunque el 29 de diciembre se les reclasificó el delito de secuestro agravado por privación ilegal de la libertad personal.
Reconoció que el caso de Gonzalo Molina es más complicado jurídicamente porque enfrenta causas penales del fuero común y otra por el fuero federal.
Aunque Hegel Mariano consideró que si las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta la resolución que dictó en el 2014 el Juez 6 de Distrito de Acapulco que dejó en libertad a varios comunitarios de Ayutla, estableciendo que la Policía Comunitaria es una institución protegida por la Ley 701 de usos y costumbres de los pueblos originarios en Guerrero, Gonzalo tiene que abandonar la cárcel.
En opinión del abogado la detención de los policías comunitarios durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue una estrategia para desaparecer a este sistema de justicia de los pueblos originarios.
No descartó que en Tixtla, Ayutla y Olinalá la delincuencia organizada haya presionado al gobierno para detener el avance de las policías comunitarias, porque afectaba sus intereses económicos.
El abogado declaró que esta hipótesis de complicidad es porque durante la administración de Aguirre Rivero los procesos judiciales de los comunitarios presos eran demasiado lentos.
“Como que veíamos que había mala fe de los jueces para una serie de trámites, e incluso era muy complicado realizar audiencias porque los presos estaban en cárceles de máxima seguridad en distintos estados del país”, recordó.
Indicó que si bien durante el mandato interino de Rogelio Ortega a los comunitarios se les trasladó a penales de Guerrero (en el caso de Nestora Salgado a la cárcel femenil de Tepepan, en la Ciudad de México desde Nayarit) de todos modos los procesos penales van en forma lenta.
Agregó que desde hace más de dos años la Primera Sala Penal del Poder Judicial que es integrada por los magistrados Vicente Rodríguez, Miguel Barreto Sedeño y Julio Jáuregui siguen sin dictar una resolución sobre una apelación sobre el auto de formal prisión que dictó el juez penal de esta ciudad, Abimael Rodríguez en contra de Gonzalo Molina acusado de diversos delitos del fuero común.

Anuncian que este martes en la mañana saldría hacia EU Nestora Salgado

Hoy, alrededor de las 7 de la mañana, la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García, partirá rumbo a Estados Unidos del aeropuerto de la Ciudad de México. Hasta tarde, con su equipo de apoyo, aún valoraba si daría un mensaje final.
La luchadora social declaró con anticipación que iría al país vecino –cuenta con la nacionalidad estadounidense–, para atender su salud física y emocional, tras dos años y siete meses de prisión. Incluso, dijo que llegaría a su residencia en Seattle, en el estado de Washington.
Desde allá, acompañaría y empujaría las acciones para lanzar una campaña internacional por los presos políticos, en alianza con organizaciones nacionales, el próximo 10 de abril. En encuentro cerrado el sábado, con organizaciones sociales, también acordaron promover el Tercer Encuentro Nacional de presos políticos en su natal Olinalá, en La Montaña alta de Guerrero, y ofreció hacer lo posible por estar presente.
Hace cuatro días, el 18 de marzo, la luchadora social abandonó la torre médica del penal femenil de Tepepan en la Ciudad de México, luego que tres jueces de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla decretaron su libertad, porque las acciones por las que la acusaron de secuestro, estaban bajo el amparo de la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura Indígena, y ella actuó como autoridad comunitaria.
Sin embargo, el caso aún no está cerrado, siguen en proceso tres apelaciones de presuntas víctimas contra los autos de libertad, en primeras tres causas penales, de seis demandas en total.
El día de su libertad, Salgado García tuvo un encuentro con los grupos de policías comunitarios de Huamuxtitlán y Olinalá –en los que participó en su conformación antes de su aprehensión por militares el 21 de agosto de 2013–, y ofreció una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En lo particular, concedió una entrevista a la periodista Carmen Aristegui, y vía telefónica, la noche de ayer a Milenio televisión.

Decretan tres jueces la libertad de Nestora porque actuó como Policía Comunitaria; sale hoy de prisión

Tres jueces –de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla– decretaron anoche la libertad absolutoria para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que pasó dos años y siete meses en prision.
Se espera que este viernes a las 9:30 la dirigente comunitaria salga de la prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida luego de haber sido trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Los jueces de Tlapa y de Ayutla consideraron que no se acreditó el cuerpo de delito en la acusación de secuestro, ni el de privación de la libertad y robo específico que se atribuyeron a Nestora Salgado García, porque actuó como autoridad de la Policía Comunitaria, al amparo de la Ley 701.
Tampoco se acreditó la probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado de Huamuxtitlán, porque se presentaron pruebas de que cuando ocurrieron los hechos ella se encontraba a kilómetros de distancia del lugar.
Ayer a las 9 de noche, el juzgado 67 del reclusorio de Santa Martha Acatitla, le notificó los auto de libertad en las tres causas penales que la mantenían en prisión.
Este viernes, entre 9 y 10 de la mañana, la luchadora social saldrá de la torre médica del penal de Tepepan al sur de la Ciudad de México, donde la esperan representantes de organizaciones nacionales y de Guerrero, para trasladarse al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde habrá una conferencia de prensa conjunta.
Seguida de una comida con los policías comunitarios de Guerrero y representantes de distintas Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Confirmó su asistencia, el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, que también fue preso político, Bertoldo Martínez Cruz, y se mencionaba entre los asistentes al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, también preso con motivo de la lucha en defensa de sus tierras, y a las esposas de los presos de la CRAC de Ayutla y Chilpancingo.
Salgado García aclaró que ella solicitó que acudieran todos los que pudieran acompañarla, sin distinción.
En el lugar, la menor de sus hijas, Grisela Rodríguez Salgado, adelantó que con sus hermanas van a llevarse a su mamá a Estados Unidos, para atender su salud, deteriorada por las condiciones de reclusión. Consideró que ha empeorado mucho por el encierro.
En tanto, la luchadora social habló de las iniciativas que desea emprender en esta nueva etapa de su vida, y dejar atrás dos años y medio en prisión, de los cuales, un año ocho meses fue en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Mientras esperaban la resolución final de los jueces que se esperaba a favor, habló de las cartas que recibió de todo el país donde le contaron de las injusticias que padecen los más pobres en las prisiones de México, y su anhelo de trabajar por los presos políticos.
Pero Grisel se negaba a echar las campañas al vuelo, hasta que su mamá tuviera  las constancias de libertad en las manos, aún tenía desconfianza, “sabemos que es inocente, pero nos han jugado tan chueco tantas veces, hasta que la vea (libre), han sido casi tres años y de cierta manera como que te preparas mentalmente para lo peor”.
Una, tras la rejilla de los acusados, la otra viéndola desde afuera del edificio,  a través de un cristal, estallaron en risa cuando se confirmó la noticia.
El abogado Leonel Rivero Rodríguez, explicó que los jueces de Guerrero determinaron que en la acusación de secuestro no se acreditó el cuerpo del delito, porque Nestora Salgado estaba en funciones en la Policía Comunitaria de Olinalá cuando sometió a un proceso de reeducación a la presunta víctima.
Tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de privación de la libertad de policías municipales, y robo específico, porque es una autoridad comunitaria y se devolvió el equipo retenido a la autoridad civil.
Nestora Salgado destacó en este largo proceso,  el reconocimiento pleno a la Policía Comunitaria de Olinalá como autoridad, porque inicialmente, el gobierno de Guerrero y los juzgados cuestionaron su integración a la CRAC, ya que entonces eran de los grupos de más reciente creación.

Notifican a Nestora tres órdenes de aprehensión y seguirá el proceso que terminaría en una semana

La comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, fue notificada de tres órdenes de aprehensión en su contra, pendientes de ejecutar desde agosto, luego de que recibió tres autos de libertad porque su actuación como autoridad comunitaria está avalada por la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena.
Las nuevas denuncias son por el homicidio de dos ganaderos implicados en abigeato, cuyas muertes derivaron en la detención del entonces síndico de Olinalá, Armando Patrón, llevado a proceso de reeducación en el sistema de justicia comunitario, cuando se le encontró en el Ministerio Público de Huamuxtitlán, reclamando una vaca que iba en la camioneta de las víctimas, identificada como robada.
Nestora Salgado también fue acusada de privación ilegal de la libertad y robo de equipo y armas de un grupo de policías municipales y el director de seguridad pública, detenidos por los comunitarios por encontrarse en estado de ebriedad durante su servicio, informó el sobrino de la luchadora social Giovanni Torres Salgado.
La tercera es una ampliación de las acusaciones de secuestro, por las cuales la coordinadora de la Policía Comunitaria recibió tres autos de libertad este lunes, informó la abogada defensora, Amanda Rivero Espinoza.
De las notificaciones de aprehensión, Rivero Espinoza indicó que al regresar a la prisión de Tepepan, de los juzgados de la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde recibió las notificaciones de libertad de tres causas penales por el delito de secuestro, le dijeron que vía fax llegaron los escritos de las órdenes de aprehensión, que le notificaron oficialmente ayer.
Los nuevos procesos penales que enfrenta, corresponden a la  causa penal 050/2014-II por los  delitos de robo específico y privación de la libertad personal ante el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa, la causa penal 67/2014 por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza y la causa penal 59-1/2015 por el delito de secuestro ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla.
Indicó que esperan que salga en libertad tras definirse su situación legal porque han reunido pruebas de descargo para un juicio de amparo en un Juzgado de Distrito. En el caso del delito homicidio, indicó que tienen evidencia de que Salgado García se encontraba en una conferencia de prensa  en Tixtla cuando ocurrieron los hechos.
Sobre el robo y privación de la libertad de funcionarios públicos (de los policías municipales y el robo de su equipo y armamento), informó que hay convenios de coordinación con autoridades estatales en materia se seguridad, así como de la entrega donación de equipo y armas de armas, por lo tanto la posesión de las armas no fue ilegal.
En cuanto al delito de secuestro, indicó que van a llevar las mismas pruebas que llevaron a los procesos anteriores, incluidos los autos de libertad, porque corresponden al mismo tema de detenciones en el marco del sistema de seguridad y justicia comunitaria, amparado en la Ley 701.
Por la tarde, en un comunicado, el equipo de abogados explicó que el 5 de marzo de 2016, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, puso a disposición de los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlan y Ayutla de los Libres, a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, en cumplimiento de tres órdenes de aprehensión.
Por lo anterior, esperan que los juzgados de Guerrero soliciten mediante exhorto, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el efecto de que un juez penal recabe las declaraciones preparatorias y posteriormente sean devueltas a los jueces de Guerrero para que éstos puedan resolver su situación jurídica, lo cual podría acontecer entre los días 14 o 15 de marzo, martes o miércoles de la próxima semana.
De las órdenes de aprehensión, Giovanni Torres recordó que los homicidios de los ganaderos y de la detención de Armando Patrón, llevó a la incursión de policías federales, estatales y militares a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres,  para liberar a los detenidos que tenía la CRAC,  y detener al coordinador, consejeros, policías comunitarios y a los líderes más visibles de ese momento: Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos Herrera, que siguen detenidos en prisiones de la Ciudad e México, Chilpancingo y Ayutla, respectivamente.

Piden en una carta con 32 mil firmas que se retiren los cargos contra Nestora Salgado

Un colectivo integrado por la organización Avaaz y promotores de la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, entregaron en la oficina del Gobierno del estado en la Ciudad de México una carta en la que piden que se retiren los cargos contra la lideresa comunitaria.
En la carta, suscrita por 32 mil ciudadanos, se pide a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia la liberación de Nestora Salgado, además de una compensación apropiada que repare los daños causados por la detención y el proceso judicial arbitrario del que ha sido víctima.
De acuerdo con la organización, la carta esta suscrita por ciudadanos de México y Estados Unidos.
Según su página de Internet, Avaaz fue fundada en 2007, tiene 42 millones de miembros y presencia en 194 países promueve el ciberactivismo con la intención de movilizar a ciudadanos de todo el mundo frente “a temas urgentes de interés internacional, regional o local, desde combatir la corrupción, la pobreza y el conflicto armado, hasta la lucha contra el cambio climático. Nuestro modelo de movilización a través de Internet permite que miles de esfuerzos individuales, por pequeños que sean, puedan combinarse rápidamente en una poderosa fuerza colectiva”.

Devolverá Antorcha la comisaría de Coyahuacán, Olinalá, que tomaron desde 2014, anuncian

 

Integrantes del consejo de gobierno de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) y de Antorcha Campesina, de la comunidad de San Antonio Coyahuacán, municipio de Olinalá, acordaron ayer que esta última organización, vinculada al PRI, entregará la comisaría, devolverá las armas y reconocerá al comisario.
La integrante del consejo de gobierno de la CRSJ-PCP, Citlali Pérez Vázquez informó que ayer, en una reunión que duró más de seis horas, acordaron con Antorcha Campesina dar fin a las divisiones y confrontaciones entre los vecinos de San Antonio Coyahuacán.
Pérez Vázquez explicó que la reunión se dio porque el alcalde de Olinalá, Saúl Apresa Patrón los convocó para hablar sobre la toma de la comisaría. La reunión fue con la finalidad de que las autoridades tomen en cuenta las propuestas de los ciudadanos y que no hubiera simulación, como pasó en administraciones pasadas.
Los acuerdos a los que se llegó son que Antorcha Campesina entregará las armas y equipo del que despojaron a los policías comunitarios; la entrega se hará el 28 de enero al mediodía. Asimismo, pidieron respeto al sistema de seguridad y justicia indígena, y que se reconozca al comisario José Aquino Catarino, para que termine su periodo.
Asimismo, acordaron que se desistan de la demanda que los antorchistas interpusieron contra cuatro policías comunitarios sobre quienes hay órdenes de aprensión por delitos que les están fabricando.
Pérez Vázquez dijo que esperan que se respeten los acuerdos, porque “de nada sirve firmar minutas y minutas, y que no se respeten, que sólo queden plasmados en papel; al parecer hay disposición del grupo de antorchistas para llegar a la conciliación”, comentó.
El 31 de octubre de 2014, antorchistas y priistas irrumpieron de manera violenta en la comisaría de San Antonio Coyahuacán, quemaron documentos históricos y se apoderaron del inmueble, con la anuencia del Ayuntamiento.
En mayo de 2015, la CRSJ-PCP y vecinos simpatizantes de su proyecto recuperaron la comisaría municipal, originando frecuentes enfrentamientos entre las dos comisarías paralelas.

Se comprometió Campa a hablar con la familia de Nestora de su liberación pero no ha cumplido, denuncia su esposo

El esposo de la líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García, José Luis Ávila Báez informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián se comprometió a reunirse con él para hablar de la liberación de su esposa, pero el funcionario federal no ha cumplido.
Asimismo, dijo que están programando una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no se han cumplido varios compromisos acordados con el gobierno federal el 21 de octubre de 2015. “No sabemos si van a citar a funcionarios de México; esperemos que así sea para ver con qué excusas vienen”. Además, adelantó que la CIDH les dará una resolución de la ONU sobre Nestora.
Ávila Báez explicó que el 21 de octubre de 2015, en una reunión en Washington con Roberto Campa, el funcionario federal se comprometió a que en 10 días volverían a reunirse para hablar de la liberación de Nestora; sin embargo, hasta ayer martes no se han reunido, y el subsecretario se ha reusado a darle seguimiento a la reunión.
Dijo que tuvieron una reunión con funcionarios de la subsecretaría el 18 de diciembre, pero no pudieron tomar una decisión, por lo que acordaron reunirse con Roberto Campa antes de que finalice enero; sin embargo, todavía no les han dicho cuándo.
Ávila pidió que le avisen con tiempo, “porque siempre avisan un día antes”, para que los abogados puedan viajar y estar en la reunión.
Dijo que lo único que se planteará en la reunión con Campa es la libertad de Nestora, y sobre los careos, dijo que “sólo han servido como una tortura para Nestora, para prolongar que esté detenida”.
Ávila Báez informó que los abogados de Nestora Salgado calendarizaron una reunión con la CIDH para recibir una resolución de la ONU en la que el organismo internacional dará su posicionamiento sobre Nestora, pero no saben en qué sentido venga, por lo que esperarán a que les informen.
Recordó que siete relatores de las ONU se han declarado a favor de Nestora. “Sería algo contradictorio que primero se hayan pronunciado a favor y que después sea algo en contra”, enfatizó.
Dijo que esperan que el gobernador, Héctor Astudillo Flores haga algo sobre la liberación de Nestora, “que no caiga en oídos sordos, como lo hicieron Rogelio Ortega y Ángel Aguirre, quien fue el que la encerró”, y esperara que el gobernador rectifique el camino y que, “si en verdad quiere paz para el estado, que haga justicia empezando por Nestora”, concluyó.
Ávila Báez manifestó que el gobierno federal le mandó a los abogados un expediente médico integrado por 500 hojas sobre el estado de salud de Nestora Salgado, al que se le hará un peritaje porque aún no sabe qué contiene.

Cuelgan taxistas lonas en Tlapa; rechazan la destitución del delegado de Transportes

Miembros de Organizaciones de Transportes Unidas de la Montaña colocaron lonas en diversos puntos de la ciudad para pedir que el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arriaga no politice el trabajo del gremio al alentar a un grupo de taxistas para que pidan la destitución del delegado regional de Transportes, Diego Méndez.
Sobre el río Jale, a la altura del puente vehicular estaba una lona que decía: “Apoyo total al delegado de Transportes, Gilberto Solano saca las manos del transporte y dedícate a la encomienda del gobernador, ¡el transporte no se politiza!”, firmada por Organizaciones de Transportes Unidas de la Montaña de 18 municipios de la región, todos excepto Huamuxtitlán.
Los transportistas dijeron que colocaron otras lonas para pedirle al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que atienda los problemas y designe a gente que le ayude, no que los aliente, como el secretario de Asuntos Indígenas, que pretende tomar las riendas del grupo político Montaña, del extinto Javier Morales, colocando gente afín a él.
Comentaron que una muestra de ello es la designación de Eugenio González Rodríguez, hermano del diputado local Eusebio González, del municipio de Olinalá, y ahora aliente a organizaciones de taxistas a que pidan la destitución de Diego Méndez para colocar a otro titular que le sea afín.
Desde el viernes 8 de enero, los taxis de los sitios Señor del Nicho y Benito Juárez tenían leyendas pidiendo la salida de Diego Méndez de Transportes.
Se menciona que el dirigente del sitio Juárez, Eustaquio Alcaide es quien pretende asumir la delegación regional de Transporte, y en las giras del gobernador a la región siempre se ha movilizado con taxistas para ir a saludarlo.
El dirigente del sitio del Señor del Nicho, Rolando Morales Prieto es director de Tránsito del alcalde priista Jesús Noé Abundiz.
Ambos sitios participaron y alentaron al grupo de choque contra los del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), antes y durante el proceso electoral del 7 de junio de 2015, ya que se oponían a las elecciones como protesta ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en contra de las reformas estructurales del gobierno federal, sobre todo la educativa.
El delegado de Transportes, Diego Méndez comentó que desconoce los motivos por los que taxistas piden su salida, “porque apenas hace unos días me dieron la titularidad, luego se vinieron las fiestas decembrinas y no se laboró, por lo que no conocen ni mi plan de trabajo”, dijo.
Agregó que ninguno le ha comentado sobre su salida y que se dio cuenta por las pintas en los taxis que circulan, por lo que espera que se acerquen a dialogar con él y les muestre su plan de trabajo para el sector.

Desesperada por su proceso penal detenido, anuncia Nestora nueva huelga de hambre

 

Después de que se cancelaron por sexta vez sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga de hambre a costa de su salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz.
Ante la violencia en aumento en todas las regiones y la permanencia en la cárcel de líderes del movimiento por la seguridad que se expandió en Guerrero de 2012 a 2013, consideró que el pueblo se está acostumbrando a vivir con la criminalidad.
Desde la torre médica de la prisión de Tepepan en la Ciudad de México, donde está recluida desde mayo luego de casi dos años en el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad, y consideró que México “no puede ser un país de agachados”.
Dijo que los mexicanos “tenemos el poder, como pueblo, de organizarnos, y no podemos conformarnos a vivir con esto. Nos merecemos una vida digna, ya basta de este gobierno corrupto y represor”.
Vía telefónica anoche, la luchadora social dijo que por los activistas que la visitan ha conocido la violencia e inseguridad que parece acrecentarse en Guerrero, y que se agrava en la región Montaña.
Por ejemplo Chilapa, por el conflicto entre dos bandas de narcotraficantes, y hace dos días en el municipio vecino de Zitlala, que sumó cuatro personas degolladas a la larga lista de muertes en la entidad.
“Es muy fuerte, es algo inaceptable, yo siento que nos hace falta más lucha, por eso nos falta más unidad, unificarnos en este tema por lo que está pasando, que no sólo es en el estado, (también) Oaxaca, Chiapas, somos muchos los que estamos en la lucha por esta paz, por esta justicia. Cómo me gustaría que los estados, las organizaciones se unifiquen, no debemos, no podemos permitirnos ni darnos el lujo de quedarnos sentados o callados”, expuso.
Nestora Salgado se unió al movimiento de seguridad ciudadana que surgió en Olinalá en octubre de 2012, tras la desaparición de un taxista que se pensaba secuestrado, y las extorsiones y cobros de piso que mantenían en zozobra a la población. En 2013 el grupo de seguridad de Olinalá se unió a la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Detenida desde agosto de 2013, consideró que hay “tibieza” en la defensa de los presos políticos, “no solamente por mí, somos muchos los que estamos encerrados injustamente, esto es imparable y debemos detenerlos. Los pueblos podemos”.
Anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad. La primera fue en mayo y principios de junio de este año, durante un mes, de acuerdo con la información que transmitió por medio de sus representantes y familiares.
Después de que se cancelaran por sexta ocasión sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga a costa de su propia salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz. Hace diez meses, su condición física deteriorada motivó la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su traslado del penal de máxima seguridad a la torre médica de Tepepan.
Mencionó que su salud fue tema recientemente en una mesa de trabajo de gobierno y organismos que la acompañan, pero la nueva jornada es por su libertad y la de sus compañeros de la CRAC y otros presos injustamente en México.
Denunció que en la última audiencia de testigos y víctimas que la acusaron de secuestro, ninguno se ha presentado a los careos, pese a los citatorios del Poder Judicial. Ayer se informó que la parte ofendida no se presentó a la primera serie de audiencias programadas en el Juzgado 67 de Santa Martha Acatitla, y que habría diligencias del lunes a este miércoles, y lunes y martes de la siguiente semana.
Desde la cárcel, denunció que sus acusadores no se presentaron, “¡porque las autoridades no lo han exigido, ni su gente que se supone que secuestré!, no estoy dispuesta a seguir siendo la burla y el símbolo de la represión. Estoy cansada, si tengo que morir por eso, lo voy a hacer; no quiero seguir dando el gusto de seguirme usando”.
Dice que la inasistencia de sus acusadores a los careos confirma que fueron usados para llevarla a prisión, porque en un estado machista se castiga a la mujer que deja su hogar para unirse a un movimiento; “confié en que esto le daría fuerza a las mujeres para una lucha necesaria por la paz, por la humanidad, por el respeto a los derechos y la dignidad”.
Reveló que la consejera de la CRAC, Felicitas Martínez Solano la visitó para refrendar el respaldo de la organización, pero opinó que hace falta más trabajo por los presos. “Sé que ha habido muchas divisiones que lejos de ayudarnos nos están perjudicando, no sólo en la Coordinadora, en muchas organizaciones que se están desviando, y hago un llamado a cada padre con un hijo injustamente encerrado a que hagan conciencia de lo que está pasando, no podemos permitir que el gobierno siga haciendo detenciones arbitrarias”.
Al gobernador Héctor Astudillo Flores, le dijo que él no buscó este problema, pero tiene que resolverlo y darse cuenta de que el gobierno anterior se equivocó, que los integrantes de la CRAC presos en cárceles de Chilpancingo, Ayutla y la Ciudad de México actuaron en el marco de la ley y no cometieron los delitos de los que los acusan.
A familias con desparecidos, como a los padres de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, pidió que sigan luchando. “Es la parte dolorosa y vergonzosa, cuando toco ese tema para mí es lo más desgarrador en lo emocional, es una gran vergüenza, atroz, que no debió pasar, ni palabras tengo para describir emociones y sentimientos, como madre, hermana, hija, sé que en estos momentos (de fin de año) es tremendo para los familiares, pero les puedo pedir que no dejen de luchar, que sigamos, podemos avanzar”.
Informó que ayer le permitieron una comida con sus familiares, a propósito de la Navidad, en la que estuvo en director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Ante ellos, ratificó que emprenderá una nueva huelga de hambre por todos los presos y sus compañeros, “si tengo que dar la vida, lo haré, estoy decidida; mi familia cree que es algo así como una presión nada más, pero estoy decidida”.
Pasó dos años de fiestas de Navidad y Año Nuevo en la prisión de máxima seguridad de Tepic, y este año en la cárcel estatal de Tepepan, que tampoco la ilusiona; “estas fechas son de soledad, encierro, la tristeza de no estar con la familia, la cárcel es horrible”.
Aunque dijo que en la torre médica hay mejores condiciones que en el penal federal y entre la población penitenciaria de Tepepan, donde ha recibido como visitas a decenas de activistas sociales de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Jalisco, e incluso del extranjero, de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Costa Rica.
Lamentó que la solidaridad nacional e internacional no diga nada a las autoridades que la mantienen en prisión, “yo estoy en contra de la violencia, pero creo que necesitamos ser un poco más fuertes, tenemos que hacer más presión y el único medio al alcance es la huelga, no puedo hacer más, mi única arma soy yo”.