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Marchan en México 9 mil ciudadanos junto a los padres de los 43 contra las reformas estructurales

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se sumaron a la marcha de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Frente Amplio Social Unitario (FASU), contra la política y reformas neoliberales que implementa y proyecta el gobierno federal, bajo el lema “Salario y empleo digno, soberanía alimentaria, unidad social y derechos humanos”.
En la marcha en la que participaron unas 9 mil personas, se hizo presente la demanda de liberación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, a través de pequeñas pancartas de colores que distribuyeron integrantes del Comité Nestora Libre, de la Ciudad de México.
Las organizaciones campesinas, sindicales y sociales integradas a los colectivos nacionales, en solidaridad con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, llamaron a esta jornada de lucha que comenzó el 26 de enero, día de acción global por Ayotzinapa, y concluyó ayer con esta marcha nacional.
Entre sus demandas que enarbolaron está la presentación con vida de los 43 normalistas, justicia y medidas para la no repetición de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la libertad de los presos políticos, y solución a los conflictos de los jornaleros de San Quintín, Baja California. En general, la demanda principal fue la abrogación de las reformas estructurales y la construcción de una coalición capaz de sacar adelante una agenda social para transformar al país.
La marcha partió del Ángel de la Independencia con los coordinadores de la jornada nacional en la vanguardia, los representantes sindicales de los telefonistas, de distintas universidades y de organizaciones nacionales, entre ellos, el abogado de los padres y alumnos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, y el representante de los padres de familia de los 43, Melitón Ortega Martínez.
El acuerdo del orden de los contingentes fue que detrás de los representantes sindicales y dirigentes sociales irían los padres de los estudiantes desaparecidos y los normalistas de Ayotzinapa, el Frente Popular Francisco Villa, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) y el Frente Popular Revolucionario (FPR), entre otros.
La marcha comenzó sin incidentes en el Paseo de Reforma, fue monitoreada por policías de Tránsito para agilizar la vialidad, hasta que cerca de la Alameda; antes de entrar al Centro Histórico, el bloque del STUNAM se metió detrás de la vanguardia con sus banderines blancos, frente a los padres de familia.
Alrededor de las 5 de la tarde, la marcha entró al primer cuadro de la ciudad, y comenzó un mitin que duró alrededor de una hora. Subieron al templete los dirigentes de las organizaciones, y después de unos momentos, llevaron a los padres de los 43 a la esquina izquierda del templete.
En su intervención, Rosales Sierra advirtió que el gobierno federal no sólo está aplicando reformas contra la población, “está desapareciendo a los luchadores y a los sindicatos, porque somos los que defenderemos a capa y espada los derechos conquistados, que nos ha permitido tener una vida mejor”.
Señaló que el movimiento de los padres de Ayotzinapa coincide con las demandas de cambio de las organizaciones y sindicatos, y dijo que están decididos a no claudicar hasta lograr la presentación con vida de sus hijos.
Lanzó un mensaje a las autoridades federales sobre la continuidad de esta lucha, “si pensaban que a un año y cuatro meses nos íbamos a cansar y nos íbamos a dividir, decimos ‘aquí estamos’, con los sindicatos, el pueblo y los trabajadores, caminando juntos por un cambio de este modelo económico que nos esta matando”.
Convocó a la reunión nacional por la dignidad que están convocado los padres de los 43 alumnos desaparecidos, este 5 de febrero, en el sindicato de los telefonistas en la Ciudad de México, para analizar y diseñar una estrategia que permita un cambio profundo en el país, sin violencia ni desapariciones forzadas.
En la protesta, activistas del movimiento Nestora Libre distribuyeron carteles exigiendo la libertad de Nestora Salgado García, que ondearon el representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Francisco Jiménez Pablo; el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max Correa; y el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Mario González Aguilera.
En su pronunciamiento, la UNT y FASU llamaron a construir una coalición social capaz de llevar una agenda social para transformar al país y diseñar una plataforma para transformar el régimen económico, político y social de México.
Tras una hora de intervenciones de los líderes, concluyó el mitin político con el canto del Himno Nacional.

Propondrá la CRAC al Congreso una reforma a la Ley 701 o que la ratifique, dice Abad García

 

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Abad García informó que la institución planteará al Congreso local una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, o que la ratifique tal como está, para mantenerla vigente.
En consulta telefónica, dijo que buscan una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para conocer su postura sobre la Ley 701, y en las comunidades la Policía Comunitaria está levantando firmas de apoyo y actas de cabildo de los ayuntamientos de respaldo a la legislación estatal.
La ley estatal indica que, por sus funciones, la CRAC también es parte del sistema de seguridad pública del estado, pero la legislación podría quedar sin efecto debido a un artículo transitorio de la nueva Constitución del estado que indica que, a más tardar en abril de este año, se deben adecuar las leyes secundarias con la nueva legislación.
El dirigente de la CRAC adelantó que en la asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el 24 de enero, van a proponer acciones de protesta para evitar que en lo inmediato se derogue la legislación, así como para exigir la libertad de los presos de la CRAC recluidos en Ayutla de los Libres y en la Cuidad de México.
Aclaró que la amnistía que se planteó con el gobierno anterior, como posibilidad de la libertad de los detenidos, quedó rebasada, y la exigencia será por la libertad inmediata de 10 detenidos de manera arbitraria. Entre los presos de la CRAC están la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco.
Aunque la Ley 701 reconoce como autoridad a los integrantes de la CRAC, precisó que existen más de 100 averiguaciones previas en las que señalan a integrantes de la institución comunitaria, personas que se inconformaron con el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que es necesario volver a discutir la relación de respeto y coordinación que debe haber en las dos instancias.
En tanto, dijo que en los pueblos siguen trabajando en la unificación de la institución comunitaria, fraccionada por distintos liderazgos e intervenciones del Estado, y revisando la posibilidad de realizar foros de defensa de la Ley 701.
Para ello, también están buscando una relación con otros sistemas de seguridad que funcionan en el estado, pero cuando se le preguntó si hay comunicación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), solo confirmó que han tenido pláticas con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.
Sobre las reuniones del fin de semana, donde participaron representantes de Morena, aclaró que estos políticos están apoyando de manera externa, harán sus propuestas, pero la CRAC llevará su propio planteamiento a la mesa de trabajo con las autoridades estatales.

Llaman defensoras de derechos humanos a una visita masiva a Nestora Salgado en el penal de Tepepan

En respuesta a la resolución de la Primera Sala Penal del Poder Judicial estado, que desechó un incidente de libertad para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México (RNDDHM) convocó este domingo a una visita masiva a la luchadora social en el penal de Tepepan.
A través de una convocatoria en redes sociales, llamaron a defensoras y defensores, activistas, periodistas, hombres y mujeres guerrerenses radicados en el Distrito Federal a participar en la protesta, este 10 de enero a las 11 de la mañana, en el penal donde está recluida Salgado García desde mayo pasado. Antes, desde el 22 de agosto de 2013, estuvo prisionera en un penal federal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, que forma parte de la RNDDHM, con más de cien organizaciones y activistas de derechos humanos, explicó que la manifestación se organizó a partir de la negativa de los magistrados de Guerrero que declararon improcedente una apelación que pedía tomar en cuenta la resolución de un juez que desechó un auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada en el fuero federal.
En marzo de 2014, un juez federal determinó que los hechos que motivaron la denuncia de delincuencia organizada contra Salgado García forman parte de sus funciones como autoridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), reconocidas en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Hace tres días, la organización insistió en que la Fiscalía General del Estado se desista de las causas penales y órdenes de aprehensión contra la luchadora social, y al Poder Judicial que ajuste sus resoluciones a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, en particular, en la resolución sobre el incidente de libertad que incidiría en los tres procesos de secuestro que hay en su contra.
Ante los obstáculos judiciales, llamaron a exigir su libertad en una visita colectiva, en el penal de Tepepan en la Ciudad de México.

Declara el Poder Judicial del estado improcedente una apelación para la libertad de Nestora Salgado

 

La Primera Sala Penal del Poder Judicial del estado declaró improcedente la apelación a un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y se mantiene el auto de formal prisión en su contra por secuestro, informó el abogado de la luchadora social, Leonel Rivero Rodríguez.
En conferencia de prensa, Rivero Rodríguez informó que la defensa recurrirá a un amparo indirecto contra la resolución que emitieron los magistrados Vicente Rodríguez Martínez, Alfonso Vélez Cabrera y Miguel Barreto Carreño.
Hace dos días, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México (RNDHM) señaló las irregularidades en el proceso judicial de la luchadora social desde que militares la detuvieron en Olinalá, y demandó que los magistrados de la Sala Penal se ajustaran a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Salgado García había anunciado que comenzaría una huelga de hambre el 1 de enero, pero pospuso la protesta hasta conocer el sentido de esta resolución que resultó desfavorable. Ayer, Rivero Rodríguez aclaró que el sábado conocerá qué postura asumirá la luchadora social.
Sobre el incidente de libertad, el abogado recordó que fue presentado por los anteriores defensores en abril de 2014, con base en una resolución federal que emitió un juez unitario de Distrito que anuló el auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada.
Aunque las denuncias en el fuero común se sustentan en los mismos hechos de la demanda por delincuencia organizada en el fuero federal, el recurso fue desechado en primera instancia por la juez de Tlapa el 18 de febrero de 2015.
En respuesta, la defensa promovió un recurso de apelación resuelto el 8 de diciembre por la Primera Sala Penal con sede en Chilpancingo, sustanciado el 15, último día de labores de 2015, y ayer fueron notificados.
El argumento, dijo, es que los magistrados consideraron que al tratarse de un incidente de desvanecimiento de pruebas, tendrían que desvirtuarse todos los elementos que sirvieron como base para establecer el auto de formal prisión, y no basta sólo con la resolución del juzgado federal para echar abajo todo el proceso de la causa penal 05/2014.
“Sin restarle valor a la resolución federal, dicen que esa resolución federal sólo puede ser valorada en tres momentos: si estuviéramos en la etapa de dictar el auto de formal prisión a la señora Salgado, otro momento puede ser cuando el juez emita sentencia y pueda valorar esa prueba, o en segunda instancia, si emitieran una sentencia condenatoria, la sala podía valorar esa resolución”.
La resolución de un juzgado federalfue que no se puede acusar a Nestora de secuestro, ya que las retenciones que hizo fueron como autoridad de la Policía Comunitaria, bajo el amparo de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas .
El abogadio manifestó su desacuerdocon los argumentos de los magistrados, y adelantó que va a recurrir a un juicio de amparo indirecto que probablemente sea resuelto a mediados de febrero.
Por otro lado, indicó que hay otro procedimiento de apelación por la misma causa penal 05/2014, debido a que Salgado García no recibió asistencia consular, en su carácter de ciudadana estadunidense. Consideró que si la Sala decreta la nulidad del proceso, entonces se cumpliría el primer supuesto que señalaron los magistrados en la sentencia para aceptar el incidente de libertad.
Es decir, sí se aprueba la nulidad, el juez tendrá que reponer todos los procedimientos, desde la declaración preparatoria, se valorarían las pruebas reunidas a lo largo de estos meses para definir su situación jurídica, “y puede acarrear probablemente una libertad”.
Estimó que hay suficientes elementos para que la causa penal sea anulada en la Cuarta Sala Penal del Poder Judicial. Indicó que el lunes se fijará la fecha para la audiencia de vista, que podría ser entre el 20 y 22 de enero, y en los siguientes 10 días se debe emitir la resolución.
También informó que buscará al presidente del Tribunal, Robespierre Robles Hurtado, para solicitar que se dé celeridad a los citatorios de los testigos y presuntas víctimas en los careos, que a la fecha no se han realizado ni se ha podido establecer una condición de testigo ausente.
Explicó que para establecer testigos ausentes, es necesario agotar todas las medidas de apremio, los citatorios a testigos y agraviados, las multas si no se presentan y la presentación con la policía, que se ha obstruido a la fecha.

Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.

Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM

Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian

La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.

Desacatan citatorios al careo con Nestora Salgado sus presuntas víctimas, denuncia la abogada

A pesar de que fueron notificadas de las audiencias de ampliación de declaraciones y careos de tres demanda contra la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, las presuntas víctimas de secuestro y privación ilegal de la libertad no se han presentado a las diligencias programas desde este martes, informó su defensa.
Vía telefónica, la abogada Amanda Rivero, de la asociación Defensa Estratégica en Derechos Humanos, informó que el desacato ha sido reiterado, pero los jueces de Tlapa han sido omisos a su petición para que obliguen a los acusadores a presentarse mediante la fuerza pública a las audiencias; simplemente les notifican de manera personal, precisó.
Detalló que hay audiencias programadas todos los días, del martes 2 al lunes 8 de diciembre, y las primeras dos se cancelaron porque no se presentó la parte acusadora, y se reprogramaron para el 21 y 22 de diciembre. No descartó que ocurra lo mismo los siguientes días.
En tanto, la luchadora social es trasladada de la torre médica del penal de Tepepan, donde está recluida, a los juzgados del la prisión de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.