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Hallan el cuerpo de una joven asesinada en la capital en el libramiento a Tixtla

El cuerpo de una joven de unos 20 años asesinada a balazos fue hallado cerca del basurero en el viejo libramiento a Tixtla, donde apenas el viernes dejaron los cuerpos de una pareja de jóvenes ejecutados.
Según fuentes ministeriales, a las 7 de la mañana, en el kilómetro 7 de la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, cerca de la capilla de la Natividad, se reportó el hallazgo del cuerpo de una joven a la orilla de la carretera, que se encontraba boca arriba y vestía blusa blanca, pantalón de mezclilla azul y zapatos rojos.
De acuerdo con las fuentes, el cuerpo fue reportado por algunos automovilistas.
Al lugar se trasladaron policías estatales y federales, para encontrar que la víctima, originaria del barrio de El Santuario, de Tixtla, presentaba varios impactos de bala en la cabeza, sin que en la zona hayan encontrado los casquillos percutidos, por lo que se presume fue arrojada en ese sitio.
Policías municipales, estatales y ministeriales acordonaron la zona, y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias legales. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
En ese lugar, dos jóvenes fueron ejecutados el viernes; los cuerpos estaban atados del cuello hasta los pies y envueltos con cobijas junto a un narcomensaje.

Sólo 15 policías estatales patrullan la ciudad de Iguala, informan a 19 días de la salida de la PF

 

Luego de 19 días de la salida de policías federales que daban seguridad en este municipio, según fuentes oficiales ayer sólo había tres patrullas de la Policía Estatal con unos 15 agentes asignados para la seguridad de Iguala con el apoyo de soldados del Ejército.
De acuerdo con los registros de El Sur, en lo que va del año en Iguala van 62 ejecuciones, 11 de ellas contra mujeres, y sólo en lo que va de junio tras la salida de policías federales, van ocho, de las que cuatro son mujeres.
Según fuentes policiacas y con base en reportes oficiales de las diferentes corporaciones de Seguridad Pública de Iguala para dar atención a las diferentes emergencias en el municipio por medio del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-4), sólo hay cinco agentes en cada una de las patrullas.
Una fuente que de la Coordinación Regional de la Policía Estatal en la zona Norte confirmó que para Iguala, donde hay más de 120 mil habitantes, sólo hay 30 policías estatales y de éstos al menos la mitad atienden servicios como el resguardo de la zona de fosas clandestinas en el paraje Las Parotas, o dan seguridad a funcionarios y a civiles que tienen medidas cautelares, entre ellos el alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza, que trae un grupo de cinco o seis agentes y el reportero Pablo Morrugares, que tiene a cinco policías estatales como parte de las medidas cautelares que le dieron tras el atentado que sufrió el 8 de mayo.
Tras la salida de los cerca de 100 policías federales que estaban a cargo de la seguridad del municipio y que fueron retirados el 2 de junio para enviarlos a estados a reprimir las protestas de los maestros y organizaciones que están contra la reforma educativa, ayer no había patrullas de la Policía Federal en la ciudad.
La fuente consultada informó que “sólo hay disponibles” tres patrullas de la Policía Estatal, una patrulla de Tránsito Municipal con tres peritos, cuatro vehículos de Protección Civil Municipal y tres de Protección Civil Estatal, dos ambulancias, una de la Cruz Roja -que no cuenta con trabajadores- y otra de la Universidad Tecnológica de la Región Norte (UTRNG).
Se informó que por parte de las Fuerzas Federales no hay patrullas disponibles “hasta nuevo aviso”.
Ayer, en las calles no se observó ninguna patrulla de la PF y sólo fueron vistas dos camionetas con soldados del Ejército, los cuales fueron retenidos unos minutos durante una protesta y bloqueo de la avenida Bandera Nacional que hicieron la tarde de ayer maestros en el centro de la ciudad en apoyo a sus compañeros de Oaxaca.

Se deslinda la CRAC de Huamuxtitlán de la retención de comunitarios de Rincón de Chautla

El miembro del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez se deslindó de los hechos de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, donde el sábado pasado retuvieron a 14 policías comunitarios de una fracción opuesta que luego fueron liberados, el 16 de junio.
Manuel Alejandro Gutiérrez solicitó, vía telefónica, que se precisara la información luego de que en diversos medios, incluido El Sur, se publicó que en la operación del 18 de junio participaran policías comunitarios de Cualac, Huamuxtitlán y Temalacatzingo, del municipio de Olinalá.
“Los que integramos la Policía Comunitaria de La Cañada, de Alpoyeca, Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán no tuvimos conocimiento de nada”, dijo.
Descartó la participación de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo y de la que hay en Huamuxtitlán, así como la de Cualac, “porque nadie nos dijo, y no se vale que digan que estuvimos cuando no fue cierto”.
Añadió que en la subregión Cañada tienen sus ocupaciones, y que para participar en alguna acción u operativo se convoca y no se hace a la ligera.
Agregó que la precisión es porque se continúa hablando de su participación, pero “para que nosotros pudiéramos estar nos debieron convocar a una reunión, y eso no ocurrió”, insistió.
El comité de comentó que tampoco cree que participaran en la operación los policías comunitarios de Cualac ni integrantes de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, de Olinalá y sus comunidades.
El 11 de junio, policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco acudieron a la comunidad de San Jerónimo Palantla, Chilapa, donde, luego de anunciar la conformación de su organización, retuvieron a 14 policías comunitarios pertenecientes a la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Las 14 comunitarios fueron liberados el 16 de junio, tras una asamblea, donde se acordó la disolución de ambos grupos comunitarios; el comisario municipal se coordinará con la Policía Estatal para la seguridad, acordaron.

Bloquean vecinos de la capital la entrada a la Capach; exigen agua y recolección de basura

 

Unos 25 vecinos de las colonias Margarita Viguri y Loma Bonita bloquearon la entrada de los depósitos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), y la calle Francisco Valdés Medrano, también de la colonia Margarita Viguri, para reclamar que se normalice la dotación de agua, que no tienen desde hace un mes, y tampoco pasa el camión recolector de la basura.
Alrededor de las 7:30 de la mañana, los vecinos bloquearon la entrada a las instalaciones de la Capach en la colonia Margarita Viguri para exigir los servicios públicos. Cerraron el depósito de agua, colocaron un cerco con una cuerda en la que amarraron listones de colores y pancartas.
En las pancartas se leía: “Col. Margarita Viguri exige el servicio de calidad con agua tratada ¿dónde quedó el funcionamiento de la planta tratadora de agua, no más sarro en tuberías”, “Cansados de seguir escuchando promesas falsas: no hay niveles en los tanques, no funcionan los sistemas de bombeo, gente impreparada que pusieron al frente de esta dirección de Capach. ¡Solución al problema!”, “Organización en el tandeo de agua. Queremos agua. No más promesas mentirosas” y “La colonia Loma Bonita requiere el servicio de agua potable (Capach) no ha cumplido con dicho servicio… solución al desabasto de agua”.
Los colonos manifestaron que hace más de un mes no reciben el servicio, y que hace 15 días sólo les llegó durante 15 minutos el agua, pero que a las casas ubicados en una parte alta no les llegó.
Durante el bloqueo estuvieron llegando pipas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Policía Estatal y pipas sin logotipo que los vecinos creen que son particulares que venden el agua.
También reprocharon que ellos no tienen agua, pero que soldados del Ejército acuden unas 10 veces diariamente a acarrear agua con una pipa, lo mismo que la Policía Estatal, mientras que ellos carecen del servicio.
Algunos compran el agua en pipas que cobran 450 pesos; también acusaron que la Capach vende pipas de agua a 250 pesos.
Además los vecinos se enteraron que al ex presidente del Congreso del Estado, Bernardo Ortega, le llega su recibo de 70 pesos, mientras que al 5 por ciento de los colonos el último recibo les llegó con costos de servicio industrial.
Una vecina detalló que acostumbraba pagar 95 pesos, pero que su recibo más reciente fue de 445 pesos; para otra vecina, el cobro fue de 680 pesos; dijo que han acudido al Ayuntamiento para aclararlo, pero siempre les dicen que no está la persona que puede arreglar su problema.
Acordaron que no pagarán el recibo mientras no los doten de agua y les hagan un descuento.
A las 10 de la mañana, llegó el jefe de distribución y mantenimiento de la Capach, Arturo Carranza Martínez, y les pidió a los colonos que se retiraran, con la promesa de que por la noche el servicio de agua se restablecería.
Finalmente acordaron que hoy miércoles les restablecerán el servicio por la mañana, y Carranza Martínez acudirá a algunas casa para verificar que les esté llegando el agua. Sin embargo, los vecinos no levantaron el bloqueo, y en cambio también bloquearon la calle Francisco Valdés Medrano, que cerraron con una cuerda y dos mantas de colores y en el piso colocaron bolsas de basura.
Explicaron que la basura en sus hogares ya se descompuso, y enfatizaron que no pueden costear el pago de servicios de carros de basura particulares, porque les cobran al menos 20 pesos.
Unos 35 minutos después llegó el representante de Servicios Públicos municipales, Vidal Salmerón Hernández, que también les aseguró que este miércoles por la mañana tendrían en sus colonias el carro de la basura.
Justificó que el carro no ha pasado porque está descompuesto. Los colonos fueron a sus casas y llevaron al lugar la basura, que pusieron en la camioneta de Salmerón Hernández para que se la llevara.
En ese momento levantaron el bloqueo, pero el que instalaron para exigir el servicio de agua potable permaneció hasta casi las 6 de la tarde.
El lunes, vecinos del barrio de San Mateo también bloquearon dos calles porque hace mes y medio no tienen el servicio de agua potable; a ellos, funcionarios de la Capach les pidió que quitaran el bloqueo con el compromiso de que entre las 2 y las 3 de la tarde les restablecerían el servicio; lo que ocurrió hasta la mañana martes.

Detienen al ex comandante de la Policía Municipal de Totolapan acusado de homicidio

 

 

Un ex comandante de la Policía Municipal de San Miguel Totolapan fue detenido por la Policía Estatal, acusado del delito de homicidio, y a quien relacionan como uno de los jefes de célula de la banda de Los Tequileros.
Según reportes policíacos, Arnulfo Pineda Pérez El Boinas fue detenido por policías estatales y encarcelado formalmente en Arcelia, por el delito de homicidio calificado en agravio de José Antonio Ceferino Gil. Presuntamente fue detenido en un retén bajo la orden CUAU/SC/02/00050/2015.
Arnulfo Pineda es el último comandante que tuvo la policía municipal de San Miguel Totolapan, en el periodo de Saúl Beltrán Orozco. La policía fue desarmada en diciembre del 2014, y todos los agentes quedaron bajo investigación federal, pero ninguno fue detenido ni quedaron bajo proceso alguno.
Desde esa fecha, los policías quedaron inactivos. La Policía Federal y el Ejército asumieron el control de la seguridad municipal. Sin embargo, Arnulfo Pineda quedó como mando policíaco, sin funciones, según el registro de la Policía Estatal.
En su mismo reporte, lo ponen como uno de los probables participantes de otros hechos violentos en el municipio, y lo relacionan con la banda de Los Tequileros.
En enero de 2015, se reportó el secuestro de José Antonio Ceferino Gil, en la comunidad de La Gavia. Dos meses después, el 17 de marzo, reportaron el hallazgo de su osamenta, que fue identificada por su familia, basándose en las características de la ropa hallada con los restos.

Mueren dos adolescentes en un choque con una vaca en la carretera a Mezcala

La madrugada del sábado ocurrió un fuerte accidente en la carretera Chilpancingo-Mezcala, en el lugar conocido como El Platanal, donde dos adolescentes murieron al chocar en su motocicleta con una vaca.
El accidente ocurrió a las 2 de la madrugada, cuando la pareja de adolescentes viajaba a exceso de velocidad en una motocicleta y se impactó contra una res que cruzaba la carretera, lo que ocasionó que inmediatamente perdieran la vida; ninguno de los dos portaba casco de protección.
Según fuentes de la Policía Estatal, los ahora occisos viajaban en una motocicleta marca Italika color gris, que quedó destrozada, y era conducida por Emiliano Martínez Campos, de 16 años de edad, originario de la comunidad de El Platanal, acompañado de Julissa Vargas Campos, de 15 años de edad, originaria de Acapulco.

Chocan en su carro tres jóvenes de México en el bulevar Vicente Guerrero; dos están delicados

Mas tarde, a las 8 de la mañana se registró un aparatoso accidente automovilístico en el bulevar Vicente Guerrero, cerca del Crucero a Chichihualco, en Chilpancingo, que dejó tres vacacionistas lesionados.
De acuerdo con fuentes de la Policía Municipal, tres jóvenes provenientes de la Ciudad de México se dirigían al puerto de Acapulco a alta velocidad en un carro Vento color negro, con el que se impactaron contra el muro de contención.
El carro dio vuelcos varios metros, dos de los jóvenes resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón para su atención médica, mientras que el automóvil en el que viajaban quedó destrozado. Su estado de salud era delicado.

Hay poca vigilancia en el predio El Mirador de Chilpancingo tras el desalojo de los invasores, se quejan damnificados

 

Luego del desalojo implementado por el gobierno estatal en el predio para damnificados El Mirador para sacar a las familias que de manera irregular viven en las casas, se comprobó que cuenta con poca vigilancia en su interior, ya que únicamente ocho policías estatales en dos patrullas fueron observados durante el recorrido.
A las 4 de la tarde, en una visita al fraccionamiento ubicado junto a la Autopista del Sol, se observó que una caseta de vigilancia construida con madera en el acceso al predio, y en la manzana 1A se encuentra estacionada una patrulla estatal con cuatro policías a bordo.
En una de las orillas del terreno, aledaño a la Manzana 1A, se constató que otra caseta fue improvisada para albergar a los policías, donde había otra patrulla con dos policías y tres motocicletas de la Policía Estatal estacionadas.
No obstante, tras adentrarse entre las manzanas en las que se hallan las 598 casas del predio, se comprobó que solamente dos policías a píe vigilaban las zonas donde fueron reubicadas la mayoría de las familias damnificadas.
Durante el recorrido, 10 vecinos de las colonias El Amate y Renacimiento, quienes fueron reubicados en la manzana 4-A el domingo tras el desalojo de al menos 30 familias que de manera irregular habitaban el terreno, manifestaron su alegría y agradecimiento a las autoridades por su intervención.
Dijeron que la mayoría de las casas que recibieron presentaron imperfectos debido a que forzaron chapas y candados, y dañaron puertas y ventanas.
Una vecina contó que recibió su casa con el drenaje colapsado, y permanece a la espera de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) acuda a reparar el daño
Los vecinos remarcaron que el único servicio básico con el que cuentan las viviendas es el drenaje, mientras que de la luz y el suministro de agua potable, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, se comprometió a entregarlos en el transcurso de este mes.
Consultada, la vecina Angélica García Miranda consideró que las principales urgencias de los habitantes recién reubicados en El Mirador son la instalación de la energía eléctrica y la escasa vigilancia que quedó en el predio, luego del desalojo de invasores coordinado por el gobierno estatal el domingo.
En cuanto a las declaraciones hechas por Armenta Tello, quien manifestó que el fraccionamiento permanecería resguardado por la Policía Estatal para vigilar las viviendas que aún no han sido entregadas y evitar una nueva invasión o represalias en contra de los beneficiados, la señora Angélica García contó que luego de la inspección de las brigadas de Sedatu para actualizar el padrón de viviendas regulares e irregulares, la mayoría de policías federales y estatales se retiraron.
“Todavía ayer (lunes), durante la inspección que hizo la Sedatu notamos la presencia de los policías, sin embargo, luego de terminar sus trabajos se retiraron casi todos, sólo unos cuantos permanecen en la entrada; parece que los policías cuidaron solamente a los brigadistas y no a nosotros, como beneficiarios del predio”, lamentó.
Subrayó que la vigilancia fue acordada en las mesas de diálogo con funcionarios gubernamentales y el delegado Armenta Tello, “aquí la mayoría somos mujeres, niños y adultos mayores; necesitamos que cumplan lo señalado en materia de seguridad, con más policías que nos vigilen, ellos tienen los elementos y ya comprobamos que pueden hacerlo”, indicó.

Terminan policías estatales despedidos por la SSP el plantón en Palacio de Gobierno que duró siete meses

Al cumplir siete meses y diez días en plantón, los policías estatales acreditables que fueron dados de baja de manera irregular en julio del año pasado levantaron su campamento instalado en Palacio de Gobierno, luego que fueron notificados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) de que había emitido un fallo a su favor, el cual anula su despido de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
Uno de los policías quien se reservó el nombre comentó que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, intervendrá para pagar los sueldos retenidos de sus compañeros dados de baja y que podrán ser reinstalados a la corporación.
Uno de los inconformes dijo que la movilización la iniciaron 32 de sus compañeros pero debido a la falta de empleo 13 de ellos se fueron para buscar otro trabajo y mantener a sus familias, sin embargo los 19 agentes estatales restantes “continuamos en la lucha para que atiendan nuestras demandas”.
A las 12 del día, los 19 policías estatales retiraron las lonas, colchonetas, cobijas, y cartones que tenían en el plantón instalado en las escalinatas en Palacio de Gobierno.
El 20 de julio del año pasado,  32 policías estatales iniciaron un paro laboral en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4), y desde el 22 de ese mes instalaron un campamento afuera del Palacio de Gobierno en demanda de la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, además de un bono de riesgo de 4 mil pesos autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad, la homologación de salarios, y la entrega de equipo y uniformes.
Los policías fueron dados de baja en la corporación de manera irregular.
Asimismo, según información de un boletín del 4 de agosto de la SSP, la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos informó que los 32 policías paristas fueron cesados.
Desde esa fecha los afectados iniciaron una serie de movilizaciones en la capital en la administración del entonces gobernador Rogelio Ortega Martínez, para exigir la reinstalación en su trabajo y el pago de los salarios retenidos de los 32 agentes estatales  dados de baja.
Agregó que en el periodo de gobernador Rogelio Ortega sufrieron hostigamiento cuando se estaban instalados en el plantón frente de Palacio de Gobierno.
Hizo un llamado al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que cumpla la resolución  que fue emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) y “en el Juzgado Federal hay amparos que han ido desahogando y nuestros abogados están interviniendo”.

Cambian de albergue a los desplazados de Quetzalcoatlán por la llegada del Ejército a Zitlala

Los vecinos de Quetzalcoatlán refugiados en la cabecera del municipio de Zitlala, tras la irrupción de hombres armados en su comunidad, cumplieron 25 días en la incertidumbre, y fueron cambiados de albergue debido a la llegada del Ejército al municipio.
El 7 de enero los vecinos de Quetzalcoatlán llegaron al auditorio municipal de Zitlala, acondicionado como refugio temporal, pero fueron cambiados de lugar por la llegada de soldados del Ejército que participan en el Operativo Chilapa contra la delincuencia organizada, y arribaron a ese lugar este viernes.
La madrugada del 6 de enero, seis vecinos en la comunidad de Quetzalcoatlán fueron asesinados con armas de fuego y punzo cortantes por un comando armado, y resultaron heridos otros vecinos; tras los hechos, más de la tercera parte del pueblo se refugió en la cabecera municipal.
Según el último conteo dado a conocer por las autoridades del pueblo, en el albergue hay 74 vecinos, entre ellos 18 niños que abandonaron la escuela.
Ahora los desplazados viven en una casa que rentó el Ayuntamiento y siguen recibiendo alimentación del DIF municipal.
Los vecinos, incluidas las autoridades comunitarias, continúan con su trabajo que consiste en tejer cintas de palma que venden en paquetes de 20 metros, a tres pesos cada uno.
El nuevo refugio está resguardado por tres patrullas de la Policía Estatal.
Los pobladores, quienes no quienen hablar con los medios de comunicación, siguen con el temor de regresar a su comunidad, ubicada a más de 2 horas de la cabecera municipal de Zitlala.
Dijeron que no han recibido una respuesta concreta para determinar su situación por parte del Ayuntamiento.
Fuentes del gobierno municipal, revelaron que se ha considerado instalar a los desplazados en un terreno comunal en Zitlala, pero los comuneros han rechazado la propuesta porque consideran que les traerá problemas.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.