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El grupo de El Tequilero podría huir a una ranchería pero está cercado, considera la autodefensa

El grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan investiga la posible ruta de escape del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, de La Gavia a la sierra luego de que el Ejército cercó ese poblado sin que lo pueda detener.
Una versión es que pudiera irse a una ranchería que está aproximadamente a 5 kilómetros de distancia rumbo a la sierra, luego de la presión de la Policía Ministerial y de los soldados en La Gavia.
La autodefensa cree que el grupo criminal Los Tequileros están cercados pues por un lado están ellos vigilando la ruta hacia la parte del centro, del otro lado del río en las comunidades El Remance, El Cubo y La Tinaja hay grupos que también se armaron y vigilan que ese grupo no cruce el río Balsas.
En tanto que en la parte alta de la sierra está la policía comunitaria que también bloqueó.
En la ruta de la sierra se encuentran los puntos más importantes de cruce hacia la Costa Grande bloqueados por la policía comunitaria que es contraria al grupo de El Tequilero en la comunidad de Petlacala, en Encino Amarillo y más arriba en la comunidad Lindavista.
En las colindancias con Ajuchitlán se encuentran levantadas en armas las comunidades El Coco y La Laja que son otra de las rutas de escape desde La Gavia. Estos grupos son afines a los civiles armados de San Miguel Totolapan.
La valoración de un posible escape hacia la sierra surgió luego de que el Ejército y la Policía Ministerial prácticamente rodearon el pueblo de La Gavia así como su cerro en donde detuvieron a cinco delincuentes y liberaron a tres secuestrados, pero no se ha informado de que entre los detenidos esté el líder de la banda.
El ejército recorre puntos cercanos a la comunidad, considerando que parte de la célula podría ubicarse en otro de los cerros cercanos, pero la autodefensa tiene la versión de que podrían haber tomado una ruta a pie para escapar.

A Los Tequileros les gusta caminar

Entre los integrantes de la autodefensa de San Miguel Totolapan hay víctimas del grupo criminal de El Tequilero, unos han sufrido de extorsiones y otros han tenido algún familiar secuestrado y consideran que una de las principales características de estos delincuentes es que les gusta caminar largos tramos de terreno.
Según los testimonios de secuestrados de Arcelia en enero cuando ese grupo se llevó a 23 vecinos, entraron a esta ruta caminando y ahí se llevaron una camioneta.
Los maestros que también fueron secuestrados a principios de año en Santana del Águila municipio de Ajuchitlán, también confirmaron que tomaron una ruta a pie por los cerros cercanos y que todos los días cambiaban de un punto a otro caminando largas distancias. El cansancio fue tal que el director de la escuela falleció el primer día ya que tenía una complicación física.
A la comunidad de San Jerónimo el Grande también en Ajuchitlán, donde recientemente secuestraron a 10 vecinos, éstos informaron que el grupo de Los Tequileros entraron caminando por el río y por un camino que va de Santana del Águila. Estiman que pudieron haber caminado más de 15 kilómetros.
Por eso la mayoría de los secuestrados han sido liberados en las faldas de los cerros, principalmente los cercanos a La Gavia. Suben y bajan en poco tiempo sin que puedan ser detenidos.

Más de 50 casas de víctimas de secuestros o asesinatos siguen abandonadas en el centro de San Miguel Totolapan

En el centro de San Miguel Totolapan hay más de 50 casas abandonadas porque las familias fueron desplazadas, los dueños ya no quieren volver porque sufrieron secuestros o les mataron a algún familiar en los últimos tres años.
Según la estimación del grupo de autodefensa, esta semana regresaron cerca de 60 integrantes de familias que estaban viviendo en otros municipios o en comunidades alejadas de Tierra Caliente o en otras partes del estado.
Hay todavía una lista de personas que terminaron en los Estados Unidos o en el Distrito Federal huyendo de la violencia de San Miguel Totolapan.
Se estima que son más de 50 casas sólo en la parte del centro que se encuentran abandonadas, y que la mayoría de ellas representan negocios que fueron cerrados desde hace tres años y no volvieron a funcionar.
Por lo menos tres familias de dueños de comercios grandes de materiales y de abarrotes que estaban en el centro, no han regresado y no lo quieren hacer.

Liberan al hijo y al sobrino de un adulto mayor que se sumó a la autodefensa

El miércoles el señor Abacuc de 77 años se sumó a la autodefensa, a pesar de su avanzada edad llevó víveres con la esperanza de que el movimiento le regresaría con vida a su hijo y a su sobrino secuestrados, quienes fueron liberados la tarde de este lunes.
A casi una semana de sus mensaje de apoyo, el movimiento de autodefensa celebró con el señor Abacuc la libertdad de sus dos parientes y la de un amigo de ellos, quienes fueron secuestrados el 28 de octubre en la carretera de San Francisco a Valle Luz, que son dos pueblos muy cercanos La Gavia.
La familia no quiere hacer declaraciones pero su felicidad no la esconde. Hablan una y otra vez con la gente que mantiene la seguridad en San Miguel Totolapan, porque “de no haberse iniciado esto ellos no estarían libres. Sabemos que el gobierno le entró, pero si ellos no se hubieran movido el gobierno no hubiera hecho nada. Fíjese cuánto tiempo llevaban secuestrados y nadie nos hacía justicia”, dicen.
Habacuc dijo el 14 de diciembre “vengo a sumarme a este movimiento para pedirles su apoyo, porque creo que así podrá regresar mi hijo”.
Su mensaje no quiso ser escuchado por la comisión negociadora que envió el gobierno del estado, pero la presión del grupo de autodefensa hizo crecer el movimiento y la exigiencia de que ingresaran al pueblo de La Gavia en busca de El Tequilero.
“Yo soy de los Guajes, me vine caminando desde haya (14 kilómetros), vine a sumarme a este movimiento porque creo que pueden rescatar a mi hijo Abacuc y mi sobrino Tomás. No sé nada de mi hijo desde esa fecha. Me vine andando porque con la ayuda de todos creo que se puede. Yo no sé porque motivo no hacen nada, hay gente que dice que los mataron pero no aparecen. Las autoridades no han dicho nada, no sé nada de mi hijo y de mi sobrino. Ya no quiero que ande por allá, quiero a mi hijo por favor”, suplicó el señor entre lágrimas el miércoles 14, justo después de la liberación del ingeniero Isauro que fue intercambiado por la mamá de El Tequilero.
El lunes oficialmente se anunció la liberación de tres secuestrados, Pedro, Tomás y Abacuc, y la detención de cinco integrantes del grupo criminal Los Tequileros, que los tenían cautivos en el cerro de La Gavia.

Reportan un soldado y un policía ministerial heridos en un enfrentamiento contra Los Tequileros

La madrugada de este sábado soldados del Ejército y policías ministeriales se enfrentaron a balazos contra civiles armados del grupo criminal Los Tequileros, en la comunidad La Gavia del municipio de San Miguel Totolapan. Se reportaron un militar y un agente ministerial heridos.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la mañana cuando el Ejército y la Policía Ministerial patrullaba cerca de La Gavia, y se dirigía a esa localidad como parte de las acciones para detener al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
Se informó que alrededor de la 1:30 de la mañana se toparon con una camioneta Nissan abandonada en el trayecto, mucho antes de que llegara el convoy, ahí les dispararon y los agentes repelieron la agresión.
No se reportaron detenciones ni heridos de los civiles armados, solamente se informó de que un militar y un policía ministerial fueron lesionados. Al parecer no de gravedad pero fueron trasladados a un médico.
Los disparos se escucharon hasta el centro de San Miguel Totolapan. La autodefensa ya tenía puestos de control en las entradas y en algunos de estos puntos dispararon al aire, porque pensaron que era un ataque a larga distancia contra ellos.
Este sábado en la mañana se confirmó que no hubo muertos, sólo se decomisó la camioneta y ocho armas largas que quedaron en manos del Ejército. El grupo no avanzó más en busca del grupo de Los Tequileros.
El Ejército ha mantenido con hermetismo la estrategia para entrar a la localidad, el camino está lleno de piedras para evitar el ingreso de las fuerzas de seguridad.
No se informó de alguna detención este sábado ni del aumento de medidas del Ejército o la Policía Ministerial luego de este enfrentamiento.
La comunidad La Gavia se ubica a cerca de 5 kilómetros de distancia de la cabecera municipal, es considerada la guarida de El Tequilero.
En esa localidad en el 2010 fueron asesinados tres policías ministeriales en un enfrentamiento contra civiles armados.
En el 2012 mataron a dos policías municipales que intentaron ingresar al pueblo. En noviembre de 2015 hubo un enfrentamiento entre militares y civiles. Se informó del homicidio de un mando militar pero que fue retirado de inmediato de la zona, y no se registró oficialmente, sólo se decomisaron armas y vehículos.
El lunes en San Miguel Totolapan se formó con ciudadanos un movimiento de autodefensa, luego del secuestro el domingo del ingeniero Isauro de Paz Duque, los pobladores retuvieron a la madre de El Tequilero que se encontraba en la iglesia católica como parte de las festividades por el Día de la Virgen de Guadalupe. Junto con ella retuvieron a 24 personas más incluyendo a una regidora priista.
El miércoles intercambiaron al ingeniero por la madre del líder de la banda que lo secuestró pero retuvieron a los demás. Poco a poco fueron liberando a personas, y se quedaron con 20, hasta el viernes, cuando todos fueron liberados pero cuatro, entre ellos la regidora María del Carmen Barrera Navarro, a quien le encontraron una lista con los nombres de 32 vecinos que serían las próximas víctimas de la banda criminal, fueron entregados a la Fiscalía General del Estado.
El resto acordó con sus familiares reivindicarse con la sociedad mediante labores.
Colocan barricadas

El grupo de autodefensa de manera paralela a las labores del Ejército y de las policías del Estado y Ministerial, colocaron barricadas en las entradas de San Miguel Totolapan con más de ocho civiles armados en cada punto, además vigilan los puntos altos y las colindancias con el río Balsas.
Recorren las calles y las diferentes colonias y tienen el control del edificio de la comandancia policiaca, a la que le rotularon Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan. Las camionetas que usa el movimiento son particulares y llevan banderas blancas.
También utilizan una camioneta de Protección Civil y una patrulla que estuvo más de año y medio parada en la calle, cargada de artículos de desecho que tenía la comandancia.
La Policía del Estado mantiene la base tal y como se acordó en la zona, para brindar seguridad en la cabecera municipal y también hay una base del Ejército.

Aumenta el comercio en las calles

Aún cuando todavía hay varios negocios fijos cerrados este sábado se estableció como cada fin de semana el tianguis en las calles del centro, y logró mover a cientos de personas que se fueron a surtir de diversos productos que ya no había.
Se observaron camionetas llegando de diferentes pueblos para hacer compras. Según lo que comentaron los comerciantes, no fue como otros fines de semana. Las ventas fueron bajas pero en comparación con el resto de la semana que se vieron todos los negocios cerrados, este sábado hubo más actividad.
En un boletín el gobierno dijo que “derivado de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado realiza con relación al enfrentamiento entre Ejército y tequileros, fueron encontradas ocho armas AK-47 en la zona donde escaparon los agresores”.
El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia señaló que se integró una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades contra quienes se enfrentaron a los militares y policías ministeriales.
Señaló que la operación contra El Tequilero y su banda continuará hasta lograr la detención de los integrantes de este grupo delictivo.

Intercambia la autodefensa de Totolapan a la mamá de El Tequilero por el ingeniero secuestrado

El ingeniero secuestrado, Isauro de Paz Duque fue liberado la noche de este miércoles tras las negociaciones de las autodefensas con el grupo criminal Los Tequileros, a quien intercambiaron por la madre de Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, pero se quedaron con el resto de los retenidos y piden la presencia del gobernador Héctor Astudillo para entregárselos.
Cerca de las 7 de la noche se anunció el intercambio y la posibilidad de una liberación. Fue en ese momento cuando llegó caminando solo el ingeniero Isauro, a quien dejaron libre cerca de la entrada de la cabecera municipal.
Minutos después llegaron policías ministeriales a pedir la liberación de los 18 retenidos considerando que había un acuerdo de entregar ante las autoridades al grupo y hacer el intercambio, pero la autodefensa sólo liberó a la madre de El Tequilero.
Los ministeriales se la llevaron al poblado La Gavia, pero a pesar de una fuerte discusión no les dieron a los retenidos.
Pidieron la presencia del gobernador para poderlos liberar, con el argumento de que si les entregaban al resto serían liberados inmediatamente, y ellos piden que sean investigados y procesados por sus nexos con la delincuencia organizada.
El personal del gobierno del estado que acudió este miércoles a negociar con el grupo de autodefensa, sólo mantenía la negociación pero para garantizar que los retenidos no fueran maltratados o lastimados, y para pedir su liberación, pero la negociación de la liberación del ingeniero con El Tequilero fue de la familia y del grupo de autodefensa, desde una casa vía telefónica.
El temor también era que una vez que no tuvieran a nadie retenido se viniera un ataque de noche del grupo criminal contra la autodefensa que se encuentra en la comandancia policiaca. Nuevamente rechazó desde muy temprano liberar a los retenidos y dejar las armas, pese a que policías del estado nuevamente se los solicitaron.
Llega sano y salvo el ingeniero

El grupo negociador encabezado por el vicefiscal Alejandro Santos González llegó a la comandancia dondeo los esperaba el ingeniero con su esposa la señora Yadira Guillermo García, quien pidió la palabra. Sacaron a la señora Félix Dealmonte, madre de El Tequilero para entregarla.
La señora Yadira expuso: “sólo le quiero decir al señor gobernador que voy a cumplir mi palabra, soy una mujer de palabra, mi esposo está conmigo a cambio de la mamá del señor Tequilero, le quiero dar las gracias por la intervención que tuvo, mi esposo está sano y salvo”.
Continuó, “muchas gracias, el pueblo está herido, sólo vamos a entregar a la señora, yo quiero entregarle unas palabras al señor gobernador, que hasta el día que él venga a San Miguel le vamos a entregar a los demás. El pueblo ya está unido y no vamos a dar marcha atrás”.
Un representante del gobierno estatal dijo, “hay una circunstancia, las acciones iniciales y los ilícitos que ellos pudieron haber cometido hay que ponerlo en manos de la Fiscalía, desde el primer momento en que platicamos les pedimos que lo pongan a disposición. Es mi deber pedirles que hagan entrega de ellos para proceder”.
La respuesta de la esposa fue: “lo que puedo decirles es que les entrego sana y salva a la mamá del Tequilero”.
Entre los que iban del gobierno estatal empezaron a platicar y a decir, “que eso no fue lo que acordamos”.
En ese momento un señor de la tercera edad pidió la palabra, dijo, “tengo a mi hijo secuestrado desde el 28 de octubre y no sé nada de él”. El hombre acababa de decir su primera frase cuando el grupo del gobierno estatal le dio la espalda y se retiró.
La acción provocó gritos entre la gente, “pongan atención”, y como no regresaron gritaron: “queremos paz, queremos paz”. Los negociadores del gobierno estatal se retiraron en medio de los gritos.

Llegan policías pero se mantienen sin intervenir

Casi a las 10 de la mañana llegó un convoy de 10 patrullas de la Policía Ministerial, se estacionó en la gasolinera que está abandonada en la entrada de San Miguel Totolapan, bajo una sombra permanecieron el resto del día sin alguna acción.
El Ejército estableció una base de manera formal dentro de San Miguel Totolapan, en el centro, pero a cinco cuadras de distancia de la comandancia donde se encuentra la autodefensa.
En la mañana el grupo de autodefensa grabó un video de la señora donde envía un mensaje a su hijo El Tequilero, pidiendo la liberación del ingeniero Isauro.
“Hijo si es cierto que tu tienes al ingeniero, si de verdad tu lo tienes, te pido que lo liberes que lo entregues porque yo sé que lo vas a hacer”, dijo la señora en un mensaje muy corto, donde incluso le preguntan si la han maltratado pero ya no quiso responder.

Llegaron policías comunitarios de la sierra a sumarse

Policías comunitarios de la sierra de San Miguel Totolapan del poblado de Petlacala llegaron por la tarde de este miércoles a la cabecera municipal para sumarse al movimiento de autodefensa y reforzar el grupo.
Son más de 20 policías comunitarios que bajaron del pueblo de Petlacala, anunciaron que en la sierra harán un bloque para impedir que El Tequilero intente huir por esa ruta.
Además dijeron que reforzarán las acciones en la cabecera municipal y que para este jueves y viernes esperan otros dos grupos que vienen de El Encino Amarillo y Linda Vista, para sumarse al grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan.
Desde principios del año se conformaron grupos comunitarios en la sierra de San Miguel Totolapan, que operan desde la parte media hasta la alta, en donde estiman que son más de 300 que integran el grupo.
Debido a que el movimiento anunció que mantendrán a los retenidos en la cabecera municipal se espera que siga la vigilancia.

Piden ganaderos de Tierra Caliente a la Fiscalía que policías ministeriales dejen de extorsionarlos

Las asociaciones ganaderas de Tierra Caliente se reunieron este viernes por la tarde en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, con funcionarios de la Fiscalía General del Estado, a quienes pidieron su intervención para que la Policía Ministerial no detenga ni extorsione a los ganaderos que llevan a sus animales al proceso de registro.
La tarde de este viernes, se reunieron 14 representantes de diferentes asociaciones ganaderas de la Tierra Caliente con el fiscal regional, Carlos Vinalay de la Rosa, para dialogar acerca de sus inconformidades con la operación de la Policía Ministerial contra de los ganaderos.
Los ganaderos explicaron que están en el proceso de registro y colocación de aretes a los animales, como parte de la campaña para un tránsito correcto en todo el país, tendiente a abrir la frontera norte para la exportación de ganado.
Denunciaron que cuando los ganaderos van a sus respectivas asociaciones, como la de Altamirano, policías ministeriales detienen a quienes lleven el ganado y no les reconocen la validez de sus documentos.
El dirigente de la asociación ganadera de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario dijo que están platicando con la Fiscalía, “porque tenemos quejas de que se ponen aquí, a dos cuadras los ministeriales a detener a los ganaderos, cuando apenas vienen justamente a registrar a sus animales”.
Dijo que con el afán de que, “también se atienda el tema del abigeato, les estamos orientando a los de la Fiscalía acerca de los documentos obligados que debe traer un ganadero para mover su ganado y acreditar su propiedad, pero si lo acredita, luego vemos que se van ahora con el vehículo”.
Mastachi dijo que también están haciendo un llamado a la Policía Federal, que para a las camionetas para revisar las placas, el pago de la tenencia, “traer un faro roto, queremos que nos apoyen”, y dejen de extorsionarlos.
El diputado local perredista, Isidro Duarte Cabrera estuvo en la reunión y expresó que fue invitado para participar como presidente de la comisión correspondiente en el Congreso. Dijo que “la intención no es ser un estorbo en la lucha contra el abigeato, sino buscar los mecanismos de respaldo para que los ganaderos lleguen a donde quieren documentar su ganado”.
Explicó que el registro ayudará a ordenar este sector, “y lo que vamos a pedir es que el gobierno del estado apoye con un programa emergente que aporte un recurso para que los ganaderos no gastes mucho en este registro y se haga todo lo necesario para concluir el aretado del ganado en esta región, y esté listo para la exportación en menos de ocho meses”.
Los ganaderos consideraron que va un poco más del 60 por ciento de avance en el aretado, y que pronto podrán concluirlo si se dan las facilidades.

Ejecutan a balazos a un ex comisario de Acatempa, Tixtla; lo hallan frente a una capilla

El ex comisario de la comunidad de Acatempa, municipio de Tixtla, Régulo de la Cruz Carranza, fue ejecutado a balazos y su cuerpo fue encontrado en la carretera frente a la capilla de San Miguelito de esa cabecera municipal.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 6:20 de la tarde de ayer recibieron el reporte de que en el crucero de Atliaca había un hombre asesinado a balazos.
Al lugar acudieron policías municipales, estatales y ministeriales que encontraron el cuerpo que estaba frente a la capilla de San Miguelito, tendido boca arriba, la zona fue acordonada por policías estatales y ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes realizaron las diligencias correspondientes.
El cuerpo de la víctima quien era albañil, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
En Tixtla han ocurrido varios hechos de violencia. Hace 10 días el cuerpo del ex regidor y activista Luis Tenero Encarnación y de otros dos hombres más ejecutados a balazos fueron hallados en la orilla del nuevo libramiento de Chilpancingo a Tixtla, cerca del relleno sanitario en Matlalapa.
El 21 de noviembre el coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio fue levantado en Tixtla por hombres armados a bordo de una camioneta blanca, después su cuerpo y el de otro hombre fueron encontrados envueltos en bolsas negras y con cinta café en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande, a unos 500 metros del retén de militares.
El 20 de noviembre los cuerpos de nueve hombres decapitados, desmembrados y con huellas de tortura fueron encontrados a la orilla del puente del distribuidor vial de las carreteras a Atliaca, Chilapa y Chilpancingo.

 

En dos meses han asesinado a 20 transportistas de la capital, denuncian

 

El Consejo del Autotransporte del Estado de Guerrero denunció que de octubre a la fecha han sido asesinados 20 transportistas en la capital, y exigió al alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena que no se justifique y atienda el problema de inseguridad que impera en el municipio.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), el presidente del consejo, Servando de Jesús Salgado Guzmán, informó que por segunda ocasión entregarían un oficio para que el gobernador Héctor Astudillo Flores les dé una audiencia y puedan dialogar pacíficamente sobre temas de inseguridad, además de proyectos para la sierra.
Recordó que a principios de octubre le entregaron el primer oficio, pero no tuvieron respuesta. Dijo que este miércoles en el zócalo harán una concentración pacífica de choferes, líderes y permisionarios, y que se harán presentes de 500 a mil personas, para solicitar audiencia con el alcalde y exigirle que le entre al problema de seguridad.
“Hemos tenido muchos decesos ya en estas últimas fechas, como es el día de ayer, que hubo un asesinato de un compañero del autotransporte, y vamos a pedir que de una vez le entre con el tema de seguridad Marco Leyva, es la única autoridad que no le ha apostado a la seguridad y le estamos exigiendo categóricamente que nos brinde seguridad, no tan sólo al autotransporte, también a la ciudadanía”, expuso.
Indicó que anteriormente ya se habían reunido con Leyva Mena, pero evade el problema de seguridad con el argumento de que no tiene dinero o policías suficientes. Además de que le pedirán sea parte de los proyectos que propone, pues dijo que han sido víctimas de robos de vehículos, asaltos y asesinatos.
Detalló que de octubre a la fecha van cerca de 20 asesinatos de transportistas y que el robo de vehículos es innumerable, pues dijo que prácticamente a diario se roban uno.
“Necesitamos entrarle todos, ciudadanía, asociaciones, pero también el gobierno del estado y si no quiere los proyectos sobre seguridad, pues que le entre el estado, entre el gobierno, pero que le entre bien, ya no queremos más muertes, más robos y ya no queremos más asaltos en Chilpancingo, ni en el estado de Guerrero”, reiteró Salgado Guzmán.
Recordó que entre los proyectos que proponen está el de Choferes Vigilantes, parecido al esquema de Vecino Vigilante, para que en el momento que observen que se comete un delito lo reporten de inmediato.
Dijo que en el caso del gobernador, creen que van a tener buen acercamiento; que en el caso del director de la Comisión Técnica de Transportes del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, ya les informó que el 11 de diciembre les entregarán su cédula de identificación.
De esto, manifestó que “el requisito más importante es la carta de antecedentes no penales, para identificar cualquier situación que se pueda estar dando en el autotransporte, estar excluyendo y tener un autotransporte totalmente limpio. Cerrarle con esto las puertas a la delincuencia organizada y a cualquier otro tipo de delitos que se pueda cometer en el transporte público”.
Añadió que la delincuencia está en todo el estado, pero cree que está más en la capital.
La vicepresidenta María Eugenia Salgado Guzmán señaló que “estamos consientes y estamos certeros en que la seguridad le corresponde al estado y es el estado en sus tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, el que tiene que brindarla. Independientemente de que el Consejo del Autotransporte no ha tenido eco en el tema de seguridad, por cuanto corresponde al municipio, en la prevención del delito, hemos tocado puertas estatales y de la delegación”, explicó.
Contó que el lunes se reunieron con el coronel Aragón, quien es el encargado de las Bases de Operaciones Múltiples, y les externó su apoyo y que se harán recorridos.
Sostuvo que en el caso del presidente municipal, su deber es gestionar los proyectos que sean necesarios, y los recursos económicos que se requieran para dotar y capacitar, para tener todas las herramientas para la prevención del delito y que ahí es donde también resalta que el alcalde está fallando en las comunidades, “no se está ocupando de su municipio”.

Buscan policías, militares y el grupo Paz y Justicia en Tlaltempanapa a la familia desaparecida

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Militares, policías ministeriales y estatales entraron este lunes a Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios.
Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes ubicada a unos 20 minutos al norte de Zitlala, la cabecera municipal, que se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autollamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 a Chilapa, cuando según el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal, y a quienes relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
La búsqueda fue acompañada por el asesor de la Secretaría de Gobierno Jorge Miranda Huesca, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, y el visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije.
El grupo de civiles armados que opera en esta comunidad puso como condición para permitir la búsqueda en el pueblo y alrededores, que no asistiera el presidente de la asociación de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aguardó en Zitlala hasta que terminó la búsqueda, sin resultados.
Marino García Capistrán y su esposa María Feliciano Diego, así como la madre del primero, Florencia Capistrán Tecolapa y los hermanos Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano, hijos de la pareja, desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán a su pueblo Ixcatla.
Díaz Navarro ha insistido en que la familia fue levantada en una zona cercana a Tlaltempanapa, y que la deben de tener en un lugar cercano a esta localidad.
Debido a las acusaciones directas las autoridades locales del pueblo se opusieron a que Díaz Navarro formara parte de la búsqueda, en la que sólo participaron el grupo de la Policía Ministerial que se encarga de las investigaciones, la Policía Estatal así como los visitadores de la CNDH y de la Codehum. El equipo fue resguardado por soldados que se desplazaron en seis unidades.
El convoy entró a la comunidad aproximadamente a las 11 de la mañana cuando cientos de vecinos se encontraban concentrados en la cancha techada del centro.
Los responsables de la operación se reunieron en la Comisaría con una comisión de autoridades del pueblo encabezadas por el comisario municipal, Luciano Colotzin Tlalcomatlán y el comandante de la autollamada policía comunitaria, Felipe Dámaso.
El asesor de la Secretaría de Gobierno, Miranda Huesca explicó los motivos de la acción y dijo que era una búsqueda en todos los pueblos para localizar a los seis integrantes de la familia desaparecida.
El comandante del grupo civil armado del pueblo, un joven que siempre mantuvo su supremacía con relación al comisario, que era de mayor edad, dijo a los visitantes que también ellos “están preocupados por estas personas desaparecidas, porque los han ido a culpar a su propio pueblo de su desaparición cuando no es así”, dijo.
Agregó que aquí la policía que se encarga de la seguridad del pueblo, “estamos trabajando bien no para robar ni secuestrar a alguien” y agregó que se organizaron para integrar su propia policía para defenderse de los delincuentes “y porque eran los mismos militares y policías federales los que venían a molestarnos, por aquí en las orillas a cualquiera le daban su chinga”.
Felipe Dámaso ofreció la colaboración de la Policía Comunitaria del pueblo para buscar a los desaparecidos y con el comandante de la Policía Ministerial a cargo de las investigaciones, acordaron las rutas de búsqueda. Primero recorrieron el pueblo y posteriormente se trasladaron a la comunidad de Tezayuca, a unos 5 kilómetros al poniente de Tlatempanapa. Se trata de una localidad fantasma, de casas abandonadas, versiones policiacas señalan que fue un campamento de un grupo del crimen organizado por donde tenían salida a pie para llegar a La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan.
Posteriormente anduvieron por la carretera que comunica con Tlalcozotitlán hasta el puente de Tlapehualapa, en donde hay un tramo de la carretera accidentado y acudieron para confirmar si la familia desaparecida no tuvo algún percance automovilístico en esa zona. Los miembros de la caravana caminaron por las márgenes de una barranca ante la posibilidad de que la camioneta donde viajaba la familia hubiera volcado.
Al finalizar sin éxito la jornada de búsqueda, el visitador de la CNDH, Hipólito Lugo Cortés declaró que para el organismo nacional es preocupante que se den casos como éste en donde hay toda una familia desaparecida, y agregó que la intervención de la Comisión Nacional obedece a la petición de los familiares y la asociación civil Siempre Vivos de Chilapa.
Dijo que se abriga la esperanza de que los seis integrantes de la familia estén con vida a pesar de que llevan dos semanas desaparecidos.
Agregó que ojalá las instituciones cumplan sus funciones de investigar y localizar a los seis.
Subrayó que existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y una orden girada a la Policía Ministerial, “en este caso corresponde a ellos realizar las investigaciones de manera eficiente, oportuna e imparcial, pero sobre todo con resultados lo más pronto posible, tomando en cuenta que entre más tiempo pase se corre el riesgo de que se atente contra la vida y la integridad de estas personas”.
Mientras tanto el presidente de la asociación Siempre Vivos, Díaz Navarro se mostró insatisfecho porque no se le permitió entrar al pueblo y participar en le búsqueda para proponer los lugares y sitios a los que se debería de dar prioridad.
Insistió en que el grupo civil armado que opera en este pueblo debe saber dónde están los integrantes de la familia que desapareció en este punto de la carretera Tlalcozotitlán-Zitlala, esa tarde del 18 de octubre.
Denunció que cerca de la comunidad de Tlaltempanapa hay un cerro que se llama Tepechpan en donde hay rumores de la existencia de fosas clandestinas, y no descartó que allí se encuentren algunos de los 30 cuerpos de desaparecidos que tiene registrados esa asociación de enero a octubre de este año.
El activista advirtió que de su parte no va a cesar en la búsqueda ni dejar de acompañar a los familiares de los desaparecidos en todas las acciones para encontrar a las seis personas, “tienen que aparecer, no pueden desaparecer así nomás”.

Atacan a balazos a un policía ministerial en la Loma Bonita; un ejecutado en la Morelos

Tres hombres fueron asesinados ayer en distintos hechos, uno de ellos a balazos y los otros a golpes y pedradas.
Asimismo un policía ministerial fue atacado a balazos por personas armadas en la colonia Loma Bonita.
A las 6 de la mañana, un hombre fue hallado asesinado a balazos en la colonia Morelos, ubicada en la parte alta de la ciudad.
De acuerdo con el reporte policiaco, la víctima fue encontrada en la calle Benito Juárez, cerca del kínder Estefanía Castañeda.
El cuerpo quedó tendido en la calle y vestía pantalón de mezclilla y playera azul.
En la escena del crimen se hallaron varios casquillos percutidos de un arma .9 milímetros.
Antes, por la madrugada, un hombre de unos 60 años fue hallado asesinado a golpes adentro de su vivienda en la colonia El Palmar.
De acuerdo con la información recabada, vecinos denunciaron que había mal olor en una vivienda ubicada en la parte alta de la colonia Emiliano Zapata.
Los peritos informaron que el hombre murió a causa de golpes contusos y heridas hechas con un arma punzocortante.
La víctima estaba desnuda y dentro de una habitación, junto montones de carbón y leña.
Después de las diligencias, el agente del Ministerio Público ordenó el levamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones de Semefo.
Y a las 9 de la mañana, otro hombre fue hallado asesinado a pedradas a orillas del río de La Sabana, en el poblado de Tunzingo, ubicada en la zona rural de Acapulco.
De acuerdo con el reporte policiaco, el hallazgo ocurrió abajo del puente peatonal que conecta al poblado mencionado. Los vecinos reportaron que había un cadáver sumergido en el agua y el lodo.
La víctima, de unos 35 años, vestía solamente un pantalón café. Los peritos informaron que hombre perdió la vida a causa de golpes contusos en la cabeza.
Los efectivos encontraron en la franja de arena una parte del cráneo y de masa encefálica, así como una roca manchada de sangre con la que, se presume, los agresores le quitaron la vida a la víctima.

El ataque

En otro caso, hombres armados atacaron a balazos a un policía ministerial en la colonia Loma Bonita, en la parte alta de la ciudad; el efectivo resultó ileso y solamente hubo daños por los impactos en su automóvil.
De acuerdo con la información recabada, el ataque ocurrió a las 4 de la tarde cuando el efectivo circulaba por la calzada México-Acapulco, cuando hombres armados en un automóvil se le emparejaron.
La versión policiaca indica que el agente agredido se comunicó con sus compañeros, mientras que los agresores lo persiguieron hasta el puente Bicentenario, en la avenida Cuauhtémoc.
Al llegar los refuerzos al puente Bicentenario, los agresores huyeron a bordo del automóvil, cuyas características se desconocen.
Se supo que el ministerial agredido se apellida Loreto e iba a bordo de un automóvil Tsuru blanco que resultó con impactos de bala en la carrocería y los cristales.

 

 

Critica Tlachinollan que el fiscal pida soldados para que ocupen los puestos de policías ministeriales

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, calificó como “grave” la decisión del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, de militarizar a la Policía Ministerial, mediante la petición al Ejército de que envíe soldados para que ocupen los puestos de agentes de esa corporación, con el argumento de que está involucrada con el crimen organizado.
“Meter al Ejército en la procuración de justicia es atentatorio a los derechos humanos y a las normas internacionales que piden que sean otro tipo de visiones las que predominen, como el respeto a los derechos humanos, la ciudadanización de las corporaciones policiacas, la investigación científica y no el uso de la fuerza”, dijo.
El sábado, el fiscal Olea Peláez declaró que debido a que agentes ministeriales están involucrados con la delincuencia organizada se hará una depuración, y que pedirá al Ejército que proporcione militares para incorporarse a las filas de la Policía Ministerial.
Vía telefónica, Barrera Hernández, opinó que la propuesta es “grave” porque la procuración de justicia no es un tema que tiene que ver con el uso de la fuerza, sino con una estrategia integral, garantizar la ciudadanización de las policías y el uso de mayores mecanismos de inteligencia.
El defensor de derechos humanos admitió que es necesario depurar a las corporaciones policiacas, pero no para que se militaricen, sino para crear nuevos cuerpos policiacos respetuosos de los derechos humanos, dijo.
Agregó que la del fiscal es una postura “regresiva” y no pensada en el respeto a los derechos humanos, “porque los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con formación militar”.
Añadió que la medida es cuestionable más ahora que los militares están señalados por los casos de la matanza de Tlatlaya, estado de México, y porque no han querido dar cuentas de su actuación en los ataques a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Dijo que la propuesta del fiscal va a contrapelo de las recomendaciones de organismos internacionales de ciudadanizar y profesionalizar a los cuerpos policiacos en el campo de la investigación científica.
“Y yo creo que aquí se le está apostando a cerrar filas con el uso de la fuerza, a la represión y a seguir copando a las instituciones con militares cuando éstos no han dado resultados en el ámbito de la seguridad, y, por el contrario, han agravado las violaciones a los derechos humanos, porque no hay controles civiles en términos de rendición de cuentas”, declaró Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos advirtió que con la medida de Olea Peláez se deja un espacio para que sean nuevamente los militares los que vayan incursionando en el ámbito civil.
Recordó que eso ya pasó en la época de la guerra sucia, “y eso es grave, es volver a reeditar un nuevo escenario de represión, de uso de la fuerza, de contención social, y se deja de lado el tema de la investigación científica y de la ciudadanización de las corporaciones policiales, que es lo que se necesita”, insistió.
Barrera Hernández opinó que no se justifica lo que dice el fiscal que algunos agentes ministeriales están involucrados con el crimen organizado, porque también “hay un Ejército que tiene cuentas pendientes con la sociedad por los crímenes que ha cometido desde la guerra sucia, hasta lo de Tlatlaya y, obviamente, lo que ha pasado en Guerrero con las violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó que con esos antecedentes “decir que se va a suplantar un cuerpo policiaco por otro represivo y que violenta los derechos humanos, no ayuda a dar más confianza a la ciudadanía, sino a generar mayor temor y terror, porque no sería un cuerpo de seguridad para la investigación científica, sino para la represión”, recalcó
Explicó que tampoco es una buena medida porque “sabemos que el Ejército es una institución que no obedece a los ciudadanos, que tiene su propia lógica bélica, y que siempre va a ver a los ciudadanos como enemigos”.
Barrera Hernández añadió que si los militares se han negado a comparecer por el caso de Iguala, para aclarar su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, mucho menos van a querer rendir cuentas cuando actúen en cuestiones de ejecutar órdenes de aprehensión, “pues sabemos que siempre hay una tendencia del Ejército de ver al ciudadano como un enemigo de la sociedad, como alguien que atenta contra las instituciones, siempre con una lógica guerrerista”.
Alertó que la presencia de militares en la Policía Ministerial, “dañaría bastante” a la sociedad y esa no va a ser la solución.
Subrayó que lo que se necesita es lo que siempre han propuesto los organismos de derechos humanos, que se depuren las corporaciones policiacas, pero no para que se militarice la procuración de justicia, sino para que se sustituya por un nuevo modelo policial formado en derechos humanos, en investigaciones científicas y acorde con las nuevas reformas que obligan a la capacitación de las corporaciones y éstas actúen protegiendo los derechos humanos, usando tecnologías que ayuden a ser una policía profesional y no necesariamente usar la tortura como método de investigación, “que es a lo que recurre el Ejército todavía”.
Recalcó que pensar que es el Ejército la solución es una postura “regresiva”, que no está pensada en la perspectiva de los derechos humanos, “mucho menos en atender las recomendaciones de los organismos internacionales, con relación a la ciudadanización de las instituciones policiacas y transparentarlas mejor, capacitarlas en el tema del respeto a los derechos humanos y sobre todo profesionalizarlas”.
Barrera Hernández concluyó que decir que ahora los militares van a incorporarse como policías de investigación en un estado donde hay “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas por el Ejército y donde la corrupción y el involucramiento con el crimen organizado sigue siendo un problema que afecta al sistema de justicia y de seguridad, “implica que los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con una formación militar”.

“Necesito detenidos” de la emboscada en Tlacotepec, dice Olea Peláez a la Ministerial

Karina Contreras

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que inició la investigación del enfrentamiento en la sierra del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), para dar con los responsables de las muertes de tres policías estatales y de tres presuntos policías ciudadanos, ante lo que urgió a la Policía Ministerial: “necesito detenidos”.
En breves declaraciones tras la inauguración de la segunda asamblea plenaria ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos en el hotel Princess, sobre el caso de Heliodoro Castillo el fiscal dijo que se iniciaron las investigaciones correspondientes y “está la Policía Ministerial buscando las líneas de investigación para dar con los responsables, mi instrucción es que se dé con los responsables”.
De si eran policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con los que se enfrentaron los policías estatales, respondió que no podía adelantar nada “por el sigilo de la carpeta de investigación en este caso, pero lo que sí puedo adelantarles es mi instrucción a la Policía Ministerial, en el sentido de que necesito detenidos”.
Se le preguntó qué información tenía del secretario de Obras de Chilapa, José Luis Jiménez Parra, quien, junto con su chofer y su escolta, fue privado de su libertad por civiles armados el martes alrededor de las 4 de la tarde, en la carretera Chilapa-Chilpancingo, cerca de la comunidad de Ojitos de Agua, municipio de Tixtla, y respondió que tenía información, pero “no voy a declarar nada porque los familiares hasta este momento no han presentado denuncia”.
Añadió que, sin embargo, la fiscalía “inició las investigaciones correspondientes”, y a pregunta de si se trataba de un secuestro, el fiscal respondió, “ahorita vamos a llamarle una desaparición, no hay una llamada para pedir un rescate y, como consecuencia, no puede haber un secuestro”.
Sobre la participación de la delincuencia organizada en los hechos, Olea Peláez dijo que instruyó a la Policía Ministerial para que se reuniera, “con un par de testigos para obtener los datos correspondientes, visuales, de testigos presenciales, es todo los que le puedo decir”.

Los policías estatales actuaron en legítima defensa porque los atacaron: Salazar Adame

El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dijo que los policías estatales actuaron en legítima defensa durante el enfrentamiento ocurrido en la sierra, y que se trató de un encuentro donde “grupos” los atacaron.
“Creo que los hechos son contrastables, a nosotros lo que nos importa es que la sociedad reconozca que el esfuerzo que hacen los cuerpos de seguridad es serio, responsable y que lo menos que podemos hacer en este caso es reconocer a estas familias que perdieron a sus policías, a estos elementos que nos hacen falta en el gobierno del estado”, agregó.
Los tres civiles muertos en un enfrentamiento con policías estatales en la sierra de Tlacotepec pertenecen a de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Dos fueron velados en la comunidad La Vuelta con uniformes de la organización y uno más fue trasladado a Chilapa, de donde es originario.
Se le preguntó al funcionario si se confirma que se trató de policías de la UPOEG, y contestó que el vocero de seguridad emitiría el comunicado donde se detallaría la información.
Se le preguntó sobre la queja de policías estatales de que no cuentan con el equipo necesario para brindar seguridad, y contestó que los acuerdos con los policías se cumplirán en varios meses, porque implican presupuesto, dignificación de lugares y compra de equipo. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo ).