Tres de los siete jóvenes que fueron reportados desaparecidos entre el 23 y el 31 de diciembre y que fueron encontrados torturados, atados de las manos hacia atrás y semidesnudos atrás de la tienda Soriana y a un costado del Palacio de Gobierno la mañana del 3 de enero, también fueron detenidos por policías municipales de Chilpancingo y entregados a un grupo de la Policía Ministerial de Acapulco, quien los mantuvo incomunicados siete días, antes de que aparecieran tirados en esta ciudad, relataron familiares de una de las víctimas.
Mientras tanto la defensora de derechos humanos de Acapulco, Julia Alonso Carvajal denunció que posiblemente la intención de la Policía Ministerial era desaparecerlos o asesinarlos, como Abel Aguilar García y Efraín Patrón Ramos quienes siguen desaparecidos, y Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera que fueron encontrados muertos.
Contó que los jóvenes se salvaron porque uno de ellos anotó el número de teléfono de su novia en un jabón y pidió a una persona que le llamaran informándole en dónde los tenían, y fue la propia Julia Alonso quien exigió que se los entregaran, lo cual no ocurrió pero al día siguiente fueron encontrados atrás de la tienda Soriana de Chilpancingo.
Actualmente dos están detenidos acusados de robo y el tercero de 15 años alcanzó escapar el día que los encontraron, y se encuentra bajo la protección de una asociación de madres de desaparecidos a la que pertenece Alonso Carbajal, quien ha solicitado la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue el caso.
Los tres jóvenes forman parte de los siete que fueron reportados como desaparecidos por el empresario Pioquinto Damián Huato el 2 de enero, en una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, a quien le entregó videos que comprueban que algunos fueron detenidos por policías municipales.
De los siete Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34 fueron encontrados muertos casi a la media noche del miércoles 3 de enero cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital. Dos más, Efraín Patrón Ramos de 25 años y Abel Aguilar García de 18 siguen desaparecidos.
Los otros tres son los que fueron encontrados a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío a un costado del Palacio de Gobierno, visiblemente torturados, atados de las manos hacia tras y semidesnudos.
Virgilio Marcelo, padre de Héctor Josué, un menor de 15 años, y uno de los tres jóvenes que fueron encontrados ese día, contó que su hijo fue detenido cerca de las 3 de la tarde del 27 de diciembre por la Policía Municipal en la calle Eusebio Mendoza de la colonia Jardines del Sur.
Dijo que desde ese día no supieron de su paradero y que los policías no lo llevaron a la delegación de barandilla, “o si lo llevaron nadie nos quiso informar”. Informó que no tuvieron noticas de su hijo desde el 27 de diciembre hasta la mañana del 3 de enero cuando fue encontrado junto a los otros dos al sur de la ciudad.
Tras el hallazgo Héctor Josué pudo escapar. Su padre no explicó cómo, pero los otros dos jóvenes en vez de ser entregados a sus familiares quedaron detenidos acusados de robo.
Julia Alonso denunció que se violaron flagrantemente los derechos humanos de los tres muchachos y el debido proceso, porque estuvieron privados de su libertad incomunicados y siendo torturados durante siete días, y ahora dos de ellos no han sido puestos a disposición de ninguna autoridad cuando de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad en las próximas 2 horas.
La defensora de derechos humanos dijo que el caso de cuando menos estos tres jóvenes demuestra que en la detención ilegal, desaparición y tortura, no solamente está implicada la Policía Municipal de Chilpancingo, sino también la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Alonso Carvajal denunció que la versión de los adolescentes (no proporcionó los nombres de los otros dos), es que después de que fueron detenidos por la Policía Municipal el 27 de diciembre, fueron trasladados a una casa de seguridad cerca de Chilpancingo, en donde escucharon que había otros detenidos.
En ese lugar comenzó la tortura y no saben en qué momento fueron entregados a la Policía Ministerial de la Agencia del Ministerio Público sector central de Acapulco, y al mando de un comandante que sólo escucharon que le decían Tino.
“Están vivos de milagro, porque la intención era desaparecerlos o asesinarlos como ocurrió con los otros jóvenes”, dijo Julia Alonso, quien narró que el 2 de enero fueron vistos en Acapulco por otra persona que había sido detenida, y a quien al salir uno delos jóvenes le entregó un jabón en el que anotó el número de su novia para informarle en dónde los tenían.
Entonces los familiares le pidieron apoyo a ella y se presentó a la agencia del Ministerio Público a exigir que se los entregaran, pero que les negaron que los tuvieran allí.
“Ya sabemos que los tienen aquí y a esos jóvenes los quiero vivos”, exigió al personal de guardia a quien amenazó con que ya había enterado del caso a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
También exigió que le mostraran las cámaras de seguridad de las instalaciones, pero también se lo negaron, y después se enteró que los tres jóvenes habían sido sacados a escondidas a las 5 de la tarde del martes 2 de enero, cuando el personal de guardia se enteró que se sabía que los tenían allí.
Los tres muchachos aparecieron a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío, al sur de la ciudad cerca del Palacio de Gobierno.
Tras el hallazgo no fueron entregados a sus familiares, fueron detenidos acusados de robo. Uno de ellos de 20 años está detenido en el penal de Acapulco, otro de 16 está en el tutelar para menor de la capital y Héctor Josué de 15 logró escapar y se encuentra bajo custodia de una asociación de madres de desaparecidos, en la Ciudad de México.
Julia Alonso declaró que también a este lo reclama la Fiscalía por robo, pero en una reunión ayer con el vice fiscal de Prevención de la FGE, Alejandro Santos, le advirtió: “no se los voy a entregar” e insistió en que se violaron flagrantemente sus derechos y el debido proceso al haber estado incomunicados, igual que los otros dos chicos, durante siete días en los que fueron torturados.
También exigió la libertad de los otros dos muchachos y advirtió que el caso ya fue puesto del conocimiento de la CNDH para que sea investigado, para descubrir los vínculos de la Policía Municipal que los detuvo y de la Policía Ministerial que los recibió y los mantuvo incomunicados con la delincuencia organizada.
“Es claro que están siendo acusados por delitos que no cometieron”, señaló la defensora de derechos humanos y dijo que se pretende encubrir la acción ilegal en que incurrieron los policías municipales y los ministeriales.
El domingo el fiscal Javier Olea declaró que “algunos medios de comunicación de Chilpancingo han difundido información sobre otros cuatro jóvenes desaparecidos”, y dijo que tres están vinculados a proceso por robo en casa habitación y violación, y que el cuarto “está prófugo”.
Ayer los familiares y la defensora de derechos humanos sólo hablaron de tres, dos detenidos y el menor de 15 años.
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Arrestaron comunitarios a cuatro policías ministeriales que cateaban casas en Malinaltepec
Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ- PCP) de la comunidad de Alacatlatzala municipio de Malinaltepec, detuvieron y desarmaron a cuatro policías ministeriales el sábado cuando cateaban dos casas para detener a una persona, y los liberaron tras una reunión con Tlachinollan y funcionarios.
Según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los policías ministeriales llegaron el sábado a esa comunidad en la que catearon dos viviendas porque tenían la orden de detener a una persona, pero al no encontrarla amenazaron e intimidaron a los pobladores.
Los vecinos de la localidad pidieron el apoyo a la Policía Comunitaria, quienes encararon a los policías ministeriales que después desarmaron y los metieron a una cárcel del poblado.
Se informó que los ministeriales dijeron que llegaron a este comunidad a ejercer una orden de aprehensión, pero los pobladores los acusaron de irrumpir en dos casas sin una orden de cateo o de aprehensión.
A la 1 de la tarde de ese día llegó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la organización Vidulfo Rosales Sierra, el delegado de Gobernación Jorge Rodríguez Ponce y el auxiliar del Ministerio Público Gonzalo Solano Lorenzo y se reunieron con los pobladores.
Los acuerdos de la reunión fueron “no ejercer acción penal contra los comunitarios, a cambio de que liberaran a los cuatro policías ministeriales y éstos quedaron el libertad”.
Elaborarán el MP y la Ministerial el dictamen del incendio en la Central de Abasto, informa Sabás
El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Sabás de la Rosa Camacho, dijo que la Policía Ministerial y el Ministerio Público elaborarán el dictamen de daños y harán la investigación del incendio en 82 locales de la Central de Abasto, porque la dependencia que él encabeza sólo se encargó de sofocar el fuego y hacer el censo del daño.
Consultado en la comunidad de El Pedregoso tras el simulacro de contingencia de lluvias en la escuela Guadalupe Victoria, De la Rosa Camacho aseguró que se tienen los 90 refugios temporales listos para la temporada de lluvias en caso de requerirlos.
Informó que la dependencia apenas lleva hechos dos simulacros, luego de que la temporada de lluvias ya empezó el 15 de este mes.
De los refugios temporales, De la Rosa Camacho explicó que la dependencia tiene 90 y cinco albergues masivos, y que se utilizarán en caso de una contingencia como la tormenta Manuel y el huracán Paulina.
Dijo que ya están integrados los comités vecinales en las zonas de riesgo: “sabemos perfectamente quiénes tienen las llaves y quiénes son los responsables”.
Pidió a la sociedad involucrarse en los simulacros para que conozcan su refugio temporal y sus rutas seguras, asimismo que las personas sepan qué hacer antes y después de un huracán.
El funcionario informó que los refugios temporales son los mismos desde 1998, que sólo hubo un cambio en un albergue masivo de hotel Mundo Imperial al campus de la Universidad Autónoma de Guerrero ubicado en la colonia Llano Largo.
Añadió que la Policía Ministerial y el MP harán el dictamen correspondiente basados en la investigación, tras el incendio de los 82 locales de la Central de Abasto que ocurrió el sábado pasado.
Por otro lado, De la Rosa Camacho informó que la gasera ubicada en la colonia Icacos está clausurada e incluso los dueños ya retiraron el equipo.
Añadió que en el caso de las gaseras ubicadas en la calle La Suiza, en el fraccionamiento Las Playas, y en Mozimba están en reuniones con los propietarios, que supuestamente van a presentar pruebas que los establecimientos no representarán riesgos para los vecinos.
Detienen a siete presuntos integrantes de Los Tequileros en Tierra Caliente
Este sábado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en dos hechos diferentes, detuvo a siete presuntos responsables de homicidio calificado y secuestro vinculados con el grupo delictivo Los Tequileros.
En un boletín de prensa, la FGE dio a conocer la detención de los presuntos asesinos y secuestradores en la región de Tierra Caliente.
Informa que agentes de la Policía Ministerial cumplieron la orden de aprehensión dictada contra Álvaro, Francisco, Lino, Alberto y Jovany, por homicidio calificado y secuestro, y vinculados con Los Tequileros.
La orden de aprehensión se cumplió este 6 de mayo, y está relacionada con la causa penal 13/2017-I por homicidio calificado, y otra carpeta judicial C-11/2016 por secuestro, y fueron puestos a disposición del juez de Control y enjuiciamiento Penal, y recluidos en el penal de Coyuca de Catalán.
Por otra parte, se informa en el boletín que, en otra acción coordinada, policías federales y ministeriales de la FGE capturaron a los presuntos secuestradores Rubén y María, para cumplir una orden de aprehensión dictada por el Juzgado de Primera Instancia del ramo Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con el expediente 04/2017-II y relacionada con la averiguación previa CUAU/SC01/0077/2016, vinculadas a Los Tequileros.
Saca un comando de 30 sicarios a tres presuntos tequileros detenidos en el MP de Arcelia
Unos 30 hombres armados irrumpieron la noche de este lunes en la agencia del Ministerio Público de Arcelia y se llevaron violentamente a tres hombres, presuntamente integrantes del grupo delictivo Los Tequileros que opera en San Miguel Totolapan y está a cargo de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 11:30 de la noche después de que la Policía Ministerial y el Ejército detuvieron a tres hombres por su probable participación en hechos delictivos, a quienes dejaron en el Ministerio Público como presentados.
Solamente iban a declarar y se retirarían, para lo cual la agencia tenía un plazo máximo de 48 horas para mantenerlos bajo custodia.
El vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, confirmó la versión, y dijo que los detenidos son probables integrantes del grupo delictivo conocido Los Tequileros y podrían estar vinculados, según diversas investigaciones, en delitos de homicidio y secuestro.
El vocero dijo que “en el momento en que ocurrió la incursión del grupo delictivo, aproximadamente a las 22 horas, la agencia del Ministerio Público estaba resguardada solamente por seis agentes ministeriales, los cuales fueron sometidos por el mayor número de delincuentes, quienes fueron por los tres detenidos”.
Álvarez Heredia indicó que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación como consecuencia de los hechos.
En Arcelia desde la medianoche hubo mucho movimiento del Ejército, pero no se informó de ninguna detención.
Los nombres de los tres son David de 26 años, de Anenecuilco del Estado de Morelos, Luis Fernando de 19 años, de Ajuchitlán del Progreso y Luis Ángel de 18 años, originario de Ajuchitlán del Progreso.
Los tres fueron detenidos en el municipio de San Miguel Totolapan, formaban parte sólo de una investigación y no iban a ser procesados.
Arcelia no cuenta con policías, hay algunos recorridos de militares que en ocasiones ingresan desde su base que está a 7 kilómetros, en la comunidad de Palos Altos sobre la salida a Iguala. Los policías estatales cubren todos los llamados de emergencia y operan con cerca de 100 agentes para atender los nueve municipios de la región Tierra Caliente.
Registra Siempre Vivos 58 homicidios en tres meses en Chilapa; falló la seguridad, afirma
Los 58 homicidios registrados en los primeros tres meses de 2017 en Chilapa son una situación alarmante, y muestran que la estrategia de seguridad del gobernador Héctor Astudillo Flores ha fallado, consideró el colectivo Siempre Vivos.
“Los desaparecidos han quedado en el olvido porque la Fiscalía General del Estado y la Policía Ministerial se hacen a un lado y dejan a las familias solas”, indicó la agrupación de familiares de desaparecidos en la parte baja de la región Montaña.
Ayer integrantes del colectivo de familiares de víctimas de desaparición de Chilapa, Zitlala y otros municipios de la Montaña sostuvieron una reunión en el centro de esta ciudad, donde acordaron aplazar la búsqueda de fosas clandestinas hasta el 12 y 13 de mayo próximos, como parte de las actividades para recordar la desaparición de al menos 16 personas en la irrupción de integrantes del grupo criminal Los Ardillos en 2015.
En la reunión a la que asistieron unos 30 familiares y representantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), también se programó una conferencia de prensa el 9 de mayo en la capital del estado, a la que se invitará al obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, y el 11 de mayo un foro sobre la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada.
Consultado al final el coordinador de Siempre Vivos, José Díaz Navarro dijo que en enero, febrero y marzo del presente año se han contabilizado 58 homicidios, y que si esa tendencia continúa al finalizar el año tendrían unos 240 homicidios en este municipio.
“Chilapa tendría 225 homicidios por cada 100 mil habitantes, quiere decir que estaríamos dentro de las ciudades más violentas”, informó.
Consideró que la situación ya es alarmante para la población, no así para el gobernador del estado, “a Héctor Astudillo yo creo que no le dicen nada (las cifras de homicidios), la estrategia que han implementado está fallando porque aparecieron (otros) dos cuerpos de Chilapa (el lunes en el nuevo libramiento de Chilpancingo a Tixtla), hoy (martes) otros dos (cuerpos envueltos en bolsas negras cerca de la Fiscalía en Chilpancingo), por eso no creo que sea descabellada la cifra (de asesinatos) que se tendrá al final de año”, dijo.
De los resultados de la investigación y búsqueda de los seis integrantes de la familia García Feliciano, originaria de Ixcatla del municipio de Zitlala que desaparecieron en octubre pasado entre las comunidades de Tlaltempanapa y Tlalcozotitlán, Díaz Navarro dijo que no se tienen resultados y que como colectivo siguen investigando dentro de sus posibilidades.
“Desafortunadamente los desaparecidos han quedado en el olvido porque la Fiscalía (General del Estado) y la Policía Ministerial se hacen a un lado y dejan a las familias solas, que ellas hagan la búsqueda, no nada más de la familia García Feliciano sino de más de 300 desaparecidos que ha habido del 2012 a la fecha”, reprochó.
En tanto, personal del Centro Morelos informó que aún no tiene noticias de los resultados de las muestras tomadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, y que podría tardar algunos meses.
Atacan a balazos a un policía ministerial y a su familia en Azoyú; responde y mata a un agresor
La mañana del lunes un policía ministerial que viajaba en un vehículo acompañado de dos familiares fueron atacados a balazos por hombres armados en la localidad de Huehuetán, municipio de Azoyú. El policía respondió al ataque y tras un enfrentamiento mató a uno de los agresores.
Fuentes de seguridad pública informaron que el policía ministerial identificado como Juan, de 48 años, fue emboscado por hombres desconocidos cuando viajaba a bordo de un automóvil junto con otros dos familiares cerca de la comisaría.
Las fuentes detallaron que el policía respondió la agresión y en el tiroteo uno de los atacantes murió, identificado como Luis Ángel, de 27 años, originario del poblado de El Huajal, en el municipio de Chilpancingo, de acuerdo con una licencia de manejo hallada entre sus pertenencias.
En el lugar del enfrentamiento fueron localizados cartuchos percutidos calibres 9 milímetros, 38 súper, AR-15 y AK-47, conocidos como cuerno de chivo. El policía ministerial y los otros dos hombres que lo acompañaban quedaron lesionados y fueron trasladados al Hospital General de Ometepec, mientras que el cadáver del agresor fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco.
Desalojan policías a pedradas a campesinos de la vía en Iguala y lesionan a 20; hay dos niños graves
Policías estatales con equipo antimotines desalojaron a pedradas, toletazos y con gas lacrimógeno a campesinos de la asociación civil El Ángel de la Paz de la carretera federal en la entrada a esta ciudad por Chilpancingo, así como del acceso a la caseta de peaje de la autopista Iguala-Cuernavaca y de los accesos a la colonia La Floresta y Acatempan, que cerraron durante 2 horas.
El saldo fue de al menos 13 detenidos, entre ellos cuatro menores de edad y unos 20 lesionados, entre éstos mujeres y dos niños que fueron reportados como graves de salud a consecuencia de las piedras que les lanzaron los agentes a los manifestantes.
En la tarde de ayer horas después del desalojo efectivos armados de la Policía Ministerial, entre ellos agentes vestidos de civil y en carros particulares sin rótulos de la dependencia, hicieron redadas en cerros de colonias cercanas donde fue el desalojo y catearon las oficina de la organización El Ángel de la Paz, ubicada en la avenida Vicente Guerrero de la colonia Centro, para detener al presidente de la asociación, Leovigildo Morales Garcés, quien vía telefónica dio a conocer que su abogado ya estaba tramitando un amparo para evitar su detención y para liberar a los detenidos.
Minutos después de las 9 de la mañana unos mil integrantes de la organización –unos 2 mil según sus dirigentes- que aglutina a campesinos, amas de casa y vecinos de colonias populares y comunidades de Iguala, Cocula, Teloloapan, Taxco y Tepecoacuilco, en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores llegaron a la carretera federal México-Acapulco en el entronque con la entrada a la caseta de peaje de la carretera Iguala-Cuernavaca, y a las 9:35 de la mañana bloquearon de forma total los cuatro carriles de la vía federal y los accesos a las colonias La Floresta y Acatempan, para evitar el paso de los automovilistas que quedaron varados en la zona por dos horas.
La protesta causó molestia de transportistas, comerciantes y personas que quedaron detenidas en el lugar, y que en el caso de quienes viajaban en el transporte público fueron obligados a cruzar a pie la zona del bloqueo para llegar al otro lado y seguir su camino. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se vio que se diera paso a personas enfermas.
Piden despensas, láminas, cobertores, colchonetas, 20 toneladas de maíz, cemento y 200 mil pesos
El dirigente de la asociación civil, Leovigildo Morales dijo durante el bloqueo de la vía federal que cerraron el paso porque no se cumplieron las minutas de acuerdo que firmaron con el gobierno del estado, y que les prometieron cumplir antes de finalizar febrero.
Estimó que entre los “rezagos” a sus demandas desde 2015 son un millón y medio de pesos en especie: 15 mil despensas, cinco mil láminas galvanizadas, cinco mil cobertores, cinco mil colchonetas, 20 toneladas de maíz, cinco toneladas de semilla para siembra, 100 toneladas de cemento y 200 mil pesos en efectivo para gastos de la movilización.
En los bloqueos fueron mostradas lonas con las leyendas: “campesinos y sus mujeres en pie de lucha” y “nadie aboga por los pobres… sólo El Ángel de la Paz”. A los manifestantes se les vio portando machetes, palos y cuatro moto sierras.
El desalojo
A las 11:30 de la mañana en un carro de sonido el dirigente de la organización llamó a los líderes de colonias y organizaciones concentrar a la gente hacia la carretera y dar paso a lo que llamó el segundo plan de acción, que era la toma de la caseta de peaje de la autopista hacia Cuernavaca, a unos 400 metros del bloqueo, para lo cual pidió a los hombres con machetes y moto sierras que se fueran al frente.
Los manifestantes avanzaron a paso lento al tiempo que encendían las motosierras y algunos golpeaban los machetes contra el pavimento. A unos 60 metros los más de 200 policías antimotines que se encontraban en el entronque hacia la caseta de cobro cerraron el paso, y golpearon sus escudos con los toletes.
En el lugar también había policías federales y ministeriales armados. Se vio al fiscal regional José Luis Martínez Silva, peritos y agentes del Ministerio Público.
Ante el cierre del paso hacia la caseta un grupo de unos 30 hombres y adultos mayores rodearon a los policías estatales y éstos nuevamente les cerraron el paso.
En este lugar inició un intercambio de empujones y después de piedras, principalmente de los antimotines que en ese momento superaban en número al grupo de inconformes que avanzó, ya que el resto de la gente, en su mayoría mujeres y niños se quedaron en la retaguardia.
Los policías lanzaron gas lacrimógeno y unos minutos después había unos 15 inconformes intercambiando pedradas con los más de 200 agentes estatales que con esta acción abrieron el paso a los automovilistas.
Los manifestantes corrieron, pero los antimotines siguieron lanzando piedras hacia donde estaba la multitud donde había mujeres, niños y reporteros.
Después de haber dispersado a la gente algunos policías lanzaban piedras hacia los vehículos que estaban estacionados, al parecer de los manifestantes.
Con el apoyo de policías ministeriales armados, algunos vestidos de civil y en vehículos particulares sin rótulos de la dependencia persiguieron a los manifestantes que corrieron hacia los cerros y calles del lugar. Los agentes estatales se metieron a negocios de donde sacaron con violencia y a punta de golpes con los toletes a presuntos integrantes de la organización, a los cuales sometían en grupos de cinco a siete.
Algunas mujeres fueron golpeadas y sometidas por los policías cuando intentaron defender a sus esposos o familiares, hechos que fueron videograbados y difundidos en la red social Facebook. Una mujer se desmayó durante los reclamos y no fue atendida a pesar de que sus familiares pedían una ambulancia.
La agresión de los antimotines también fue contra reporteros, al de ABC radio, Ricardo Almazán le impidieron grabar y con un golpe le tiraron su teléfono. Algunos antimotines también hicieron uso de sus escudos para evitar que los reporteros tomaran fotografías o video de la violencia al momento de las detenciones.
En varias patrullas de la Policía Ministerial del estado y algunos vehículos particulares sin rótulos, civiles armados al parecer policías ministeriales se llevaron detenidas a varias personas, entre jóvenes y personas mayores. Durante esta acción se vio la detención de al menos 15 personas, aunque el reporte oficial menciona 13.
Después de la una de la tarde ya que había desalojada la vía federal se vio que policías estatales, ministeriales y federales, los dos últimos armados, seguían en busca de más manifestantes.
Un grupo de ocho agentes ministeriales en dos vehículos particulares catearon las oficinas de la asociación ubicadas en la avenida Vicente Guerrero para detener al dirigente Leovigildo Morales.
Los detenidos y lesionados
Según información vía telefónica del dirigente de la organización social El Ángel de la Paz, Leovigildo Morales, fueron 13 detenidos pero no descartó que puedan ser más, y reportó 20 personas lesionadas, entre estos a mujeres y dos niños heridos de gravedad por las piedras que les cayeron y que fueron lanzadas por los policías. Dijo que los heridos estaban siendo atendidos por ellos o en sus casas, ante el temor de ir a hospitales y ser aprehendidos por los policías.
En un boletín oficial el gobierno estatal dice que los antimotines fueron “agredidos” y que “repelieron” esa agresión, y que resultaron 13 personas detenidas.
Agrega que “se tiene conocimiento” que una de las personas que está “manipulando” a esta organización es el ex alcalde de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui Salgado.
En el reporte se dice que los inconformes lanzaron petardos, pero esto no se vio en la protesta, sí se oyeron los disparos de los lanza granadas de los antimotines.
Los detenidos son: Juan Esteban Moreno Martínez de 23 años, Alfredo Cortés Rodríguez de 28, José Martín Cortés de 45, Aurelio Fuentes Sánchez de 40, Jesús Carrera López de 19, Silvestre Martínez Díaz de 27, José Luis Enrique Pastor Fuentes de 23, Juan Juárez Lara de 42, Rosa Fuentes Santos de 42, así como dos jóvenes de 17 años, uno de 16 y una adolescente de 14.
Morales Garcés responsabilizó al gobernador Héctor Astudillo Flores de haber ordenado el desalojo, y dijo que en ese momento (a la 1:20 de la tarde) los abogados de la asociación ya tramitaban un amparo para evitar que fuera detenido. Dijo que la consigna que había del gobierno del estado era llevárselo, “y golpear a algunos cuantos para darnos un escarmiento y ya no salgamos a las calles”.
Adelantó que se aliará con otras organizaciones y protestará en Chilpancingo en contra del gobierno estatal y la represión de sus policías.
Denunció que tres policías federales vestidos de civil lo querían detener, pero logró escapar. “Nos clavaron a tres policías federales que iban encubiertos y ellos empezaron a lanzar piedras a los antimotines para que ellos respondieran con todo, tenemos fotos de esos federales disfrazados de civil, los vamos a exhibir”.
Desalojan el Palacio Municipal y el Palacio de Justicia
Durante la represión los empleados del Palacio de Justicia desalojaron el edificio durante una hora y media, después regresaron a sus actividades.
Según un empleado del poder judicial abandonaron el edificio –ubicado a unos 100 metros de donde fue la protesta- por miedo, y no porque alguna autoridad haya dado la indicación.
A las 12:30 de la tarde la sede del Ayuntamiento en el centro de la ciudad también fue desalojada ante el rumor de que los manifestantes llegarían para destruir el edificio.
Ahí se generaron rumores de la llegada de policías comunitarios de la Tecampanera de Teloloapan en apoyo a los integrantes de la asociación civil El Ángel de la Paz, pero esto no sucedió. Algunos empleados, principalmente de Tesorería sacaron equipo de cómputo para su resguardo.
Anuncia la UCEZ protestas contra el desalojo
La activista y dirigente de la organización social Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ)-Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena reprochó en declaraciones por teléfono el abuso de poder del estado en el desalojo, y llamó al gobernador Héctor Astudillo a la reflexión para que no demuestre su ambición, la corrupción y el abuso que existe en su gobierno.
Advirtió que se sumarán a las movilizaciones en apoyo a la organización El Ángel de la Paz para exigir cumplimiento a las demandas de los campesinos de Guerrero.
Denunció que “el Estado mexicano abusa del poder para desalojar una manifestación, que hasta donde sabemos fue pacífica y había mujeres y niños”.
Señaló que las movilizaciones campesinas son el reflejo de las necesidades del campo y de la corrupción que existe en las dependencias estatales y federales que deben atender a los agricultores.
“Sí nos molesta, sí nos indigna y sí le llamo a Astudillo para que no se vea la corrupción y la ambición desmedida de su gobierno, que trae no sólo en el campo y en otros sectores como en la Salud y la Educación”, señaló.
Denunció que los gobiernos priistas de la zona Norte sólo están beneficiando a gente identificada con el PRI, en un claro uso de los recursos públicos para el proceso electoral de 2018.
Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.
La violencia en la capital es porque está sitiada por comunitarios y delincuentes, dice el alcalde
Ayer otra narcomanta fue hallada en esta ciudad, ahora en un puente peatonal frente al mercado central, antes de que el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena hiciera un recorrido en el que dijo grupos de la delincuencia organizada y policías comunitarios tienen sitiado a Chilpancingo, lo que aseguró que es el motivo de la violencia en la capital.
Este jueves a las 7:30 de la mañana el alcalde convocó a un recorrido a los comerciantes fijos y ambulantes, quienes bloquearon el lunes la avenida Insurgentes para exigir la destitución del administrador de esta central de abasto, Daniel Bautista González.
El alcalde llegó a las 8 de la mañana, en ese momento policías municipales vieron la narcomanta en el puente del mercado, debajo de un anuncio del primer año de gobierno del priista Leyva Mena y ordenaron que la quitaran.
El texto era el mismo de que que apareció en miércoles en el paso a desnivel en el centro de la ciudad: “Ya no mates inocentes puto Isaac Navarrete Celis roba tráiler aquí estamos esta Plaza no te pertenece se los se los va a cargar (…) junto con Juan Guevara Rodríguez alias El jaliaco Rafael Medina Hurtado alias el gordo y también chóforo también tu perro, charro, Tita, conejo, chillón, pechan los tenemos ubicados putos mata niños topense con nosotros estamos por todos lados Att. los jefes”, se leía en la manta blanca con letras negras y rojas.
Antes de iniciar el recorrido se consultó a Leyva Mena, “yo no soy de la política de esconder lo que sucede en Chilpancingo, hay un repunte de la violencia muy fuerte, este tipo de grupos delincuenciales tiene un lineamiento de carácter federal y estatal, al municipio le corresponde trabajar en la prevención del delito”, expuso.
Se le preguntó si la manta era algún tipo de advertencia o amenaza a él y respondió que no sabe cuál sea la intención, que implicaría “desentrañar” la estrategia de la delincuencia organizada.
De la narcomanta Leyva Mena dijo que es un buen momento para preguntar a la Procuraduría General de la República (PGR), los avances en las investigaciones de la denuncia que interpuso debido a las amenazas que recibió de la delincuencia organizada.
Manifestó que el repunte de la violencia se debe a las batallas de los grupos delincuenciales, que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de responder con operaciones con el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Ministerial y la Municipal.
“Hay que recordar que Chilpancingo está rodeado de un asunto de este tipo de organizaciones criminales, por el lado de Mochitlán hay un grupo muy conocido, por el lado de Tlacotepec (en la sierra) hay otro grupo conocido, por el lado de Leonardo Bravo (Chichihualco) otro grupo conocido, y luego por si fuera poco las policías comunitarias que también están. No es un asunto fácil de resolver”, afirmó el alcalde.
Aseguró que el municipio no ha sido rebasado porque los criminales usan el factor sorpresa. Consideró que este tipo de amenazas están latentes hacia la autoridad que deberá de responder con la debida aplicación de la ley.
Reclamos de comerciantes en el recorrido
Antes de iniciar el recorrido Marco Antonio Leyva Mena se tomó un café en la nave 4 del mercado, rodeado de sus guardaespaldas, se dirigió a los baños, ahí una comerciante le reclamó que los baños están en malas condiciones, que hace falta agua y casi siempre están sucios.
En el estacionamiento donde se encuentra el basurero había mucha basura y malos olores, y es ahí donde se hacen las cargas y descargas de alimentos.
El presidente municipal dijo que, “estoy sorprendido”, que se deben de colocar contenedores de basura para que no esté tirada en el suelo, mientras se busca un lugar más cercano para tirar los desechos.
No recorrió todo el mercado y acudió porque comerciantes del mercado que bloquearon la avenida le pidieron que acudiera al mercado para que conociera los problemas de la central de abasto. El recorrido fue programado el miércoles pero el presidente municipal los suspendió y se hizo ayer.