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Por recortes federales, heredará pasivos por 300 millones, adelanta el rector de la UAG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Derivado de los recortes presupuestales del gobierno federal a las bolsas económicas en las que concursaba la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para proyectos académicos, la actual administración de la institución heredará pasivos por 300 millones de pesos a la próxima que encabezará Javier Saldaña, reconoció el rector José Alfredo Romero Olea.
En medio de esta situación financiera, el 40 por ciento de los casi 6 mil trabajadores ya están en edad de jubilarse pero no hay recursos para el pago de su pensión.
Entrevistado después de que entregó el expediente de concesión a la radio de la UAG, XEUAG, en las instalaciones de Rectoría, Romero Olea, quien termina su periodo el 26 de septiembre y el 27 toma posesión el nuevo rector Javier Saldaña Almazán, acotó que los problemas financieros por los recortes presupuestales se están presentando en la mayoría de las universidades.
“Hubo recortes a las bolsas económicas en las que concursábamos para proyectos académicos, que ya no se convocaron”, declaró.
Informó que estos recursos generalmente se utilizaban para el pago de fallecimientos de trabajadores o para las prestaciones de quienes renunciaban.
“La falta de recursos para ese tipo de proyectos está generando problemas en todas las universidades y la nuestra no es la excepción. Ahorita ya tenemos pasivos de casi 300 millones de pesos”, informó Romero Olea.
Agregó que el problema se complicará porque hay otro grupo de trabajadores “que ya estamos en edad biológica para retirarnos, pero por falta de recursos no lo hemos hecho”.
Explicó que el 40 por ciento de la plantilla total, que es de unos 6 mil trabajadores, ya están en edad de jubilarse, lo que implica que son unos 2 mil trabajadores en espera de sus jubilaciones.
“Hemos ido solventando algunos casos, que se nos han ido presentado de compañeras que están en muy malas condiciones. Hemos hecho gestiones o se han pagado con recursos de ahorros propios y, en ese sentido, hemos ido avanzando pero son paliativos. El problema de fondo no lo hemos resuelto”, reconoció Romero Olea.
Sin embargo, de acuerdo con su opinión, el balance de su administración, que termina en una semana, “es positivo”.
Resaltó que a pesar de la pandemia “tuvimos una universidad trabajando y en constante movimiento”.
Destacó que hubo gobernabilidad y mantuvo buenas relaciones con las dependencias federales, especialmente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior, así como con el gobierno estatal.
Para el rector, “tenemos a una universidad que está laborando al 100 por ciento y eso satisface”.
Añadió que uno de los retos que se vienen es la incorporación de la institución a las nuevas etapas de la Nueva Escuela Mexicana, que está implementando el gobierno federal, además de insertarse en las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.
Dijo que si la institución no se actualiza en estos aspectos, está condenada a quedarse atrasada y quedarse solamente con las carreras convencionales.

 

Exige el CDE del PRI al gobierno de Evelyn Salgado que entregue el presupuesto al IEPC

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El Comité Directivo Estatal del PRI, exigió al gobierno estatal entregar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el presupuesto etiquetado a este órgano electoral en el que están incluidas las prerrogativas de los partidos políticos, los cuales se encuentran en una “situación insostenible”.
En el posicionamiento, la dirigencia priista señaló que no solicitan una “concesión graciosa” sino un derecho constitucional. El PRI confió en que se trata de “una administración ineficaz de los recursos y no un intento por minar la participación de los partidos de oposición”.
De acuerdo a lo dicho por la presidenta del IEPC, la consejera Luz Fabiola Matildes Gama, existía el compromiso del gobierno estatal de que a más tardar el 8 de septiembre, día en el que inició el proceso electoral ordinario para renovar ayuntamientos y diputaciones locales, este órgano electoral recibiría el presupuesto de los últimos 4 meses que se debían, pero no ocurrió.
El CDE señaló que “el proceso democratizador” en el país ha generado mecanismos que permitan la pluralidad “uno de los mecanismos que el pacto federal ha establecido es el financiamiento a los partidos políticos”.
Recordaron que el financiamiento público está establecido en la Constitución “y no la voluntad política del gobierno en turno la que define las prerrogativas de las que gozarán los partidos políticos para la recreación democrática de la pluralidad política”.
En este posicionamiento el PRI señaló que desde hace 4 meses en el partido “hemos sido afectados por la dispersión irregular del financiamiento público, al que tenemos derecho de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, a la Constitución Política del Estado de Guerrero, y a las leyes electorales nacional y local; este recurso es utilizado para la operatividad de nuestra estructura, sueldos y salarios”.
Ante la falta de financiamiento por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) señalaron que se “rompe con la armonía institucional con la que se venía trabajando con anterioridad”.
En ese sentido se señala que “en algún momento”, el órgano electoral “hizo un esfuerzo por ayudar a los partidos, pero la situación se ha vuelto insostenible”.
La dirigencia priista señaló que el partido no solicita alguna “concesión graciosa”, sino que están “exigiendo que se cumpla la ley, que se respeten el derecho de la ciudadanía que hace política a través de los partidos políticos”.
En el documento solicitaron al gobierno del estado que “libere los recursos que le corresponden al IEPC, que están etiquetados y contemplados en la ley de egresos, que se cumpla con lo programado y se instruya al secretario de Finanzas a resolver esta situación que no sólo afecta a los partidos, sino a la democracia y a los cientos de familias que tienen en el salario del partido su único ingreso”.
En ese sentido, el PRI apuntó que suponen que se trata de “un problema derivado de una administración ineficaz de los recursos y no un intento por minar la participación de los partidos de oposición; por eso esperamos tener respuestas favorables por el bien de Guerrero”.

 

Por disminución de recursos federales, el retraso en entregas al IEPC: Finanzas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, informó que de enero a junio de 2023, la federación ha disminuido la entrega de participaciones proyectadas para Guerrero, por mil 160 millones de pesos, derivado de la disminución en la recaudación de impuestos federales participables.
En breve consulta telefónica, señaló que esa es la razón del retraso en la entrega del presupuesto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que reclamaron representantes de partidos políticos el jueves.
Sin embargo, añadió que esperan poder entregar la próxima semana los recursos al organismo, para evitar dificultades en el proceso electoral.
En sesión pública, representantes del PRD, PVEM, PRI, PAN y Morena ante el Consejo general del IEPC denunciaron que estaban a una semana del comienzo formal del proceso electoral 2023-2024, de ayuntamientos y diputados, y el gobierno estatal no había enviado los recursos correspondientes a junio, julio y agosto, del presupuesto aprobado para este año fiscal.
El representante del PRD, Mariano Hansel Patricio Abarca, pidió al IEPC implementar “una cadena de responsabilidades”, para determinar qué persona o funcionario, por omisión o acción, ha colocado al instituto ante una posible “parálisis financiera”.
La presidenta del organismo, Luz Fabiola Matildes Gama, accedió a plantear por escrito sus requerimientos al gobierno del estado.
En breve declaración, el funcionario estatal confirmó el retraso de las entregas al IEPC debido a la reducción de las participaciones federales, que esperan resolver la próxima semana.
A principios de año, se mencionaba en prensa nacional la reducción de los recursos federales provenientes del Ramo 28, los que se transfieren a estados y municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos.
De acuerdo con el decreto del presupuesto de Egresos para el Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2023, el estado esperaba recibir por este concepto, 27 mil 69.4 millones de pesos.
Pero el documento también precisa que estas asignaciones “están en función de la recaudación federal, además de que son susceptibles de sufrir modificaciones durante el Ejercicio Fiscal concurrente”.
La disminución de las participaciones que informó el titular de la Sefina, representa 4.2 por ciento de la estimación anual, y de 8.5 por ciento de medio año.
No son recursos etiquetados para obra, programas o servicios.  Son fondos para gasto no programable, que incluye operación, nómina e Inversión Estatal Directa. Ahora se sabe que también afecta el presupuesto del IEPC.

 

Plantea plan de desarrollo para la Sierra que los gobiernos municipales recauden el predial

Asistentes al foro sobre el desarrollo de la región Sierra que se llevó a cabo el lunes en el auditorio Sentimientos de la Nación Foto: Jessica Torres Barrera

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

En el Programa Regional para la Sierra del gobierno del estado se propone que los tres niveles de gobierno aporten dinero a la región, que se creó sin presupuesto, pero se hace hincapié en la obligación de los gobiernos municipales. Y en la parte del diagnóstico resalta que el 50 por ciento de la población está en migración y 80 por ciento en carencia de seguridad, y que el 95 por ciento de los caminos son de terracería.
En la presentación firmada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se lee: “Este programa regional nos permite tener un esquema en materia de perspectivas para la administración y aplicación de las políticas públicas de desarrollo, ya que al conocer la realidad que vive en esta parte nuestro estado podremos tomar decisiones acertadas entre autoridades de dependencias tanto federales como estatales, para que juntamente con los municipios, podamos garantizar el bienestar social de las y los habitantes de esta región, además que con esto lograremos un nuevo orden de información y herramientas para que Guerrero se convierta en punta de lanza en el escenario de la transformación de nuestra nación”.
El 20 de octubre el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto a través del cual se reconoce a la Sierra como la octava región del estado de Guerrero, pero no se le asignó presupuesto.
Del financiamiento a la nueva región, el gobierno del estado argumenta en el documento que uno de los principales ingresos de los gobiernos municipales son las transferencias federales (Ramo 33), establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal Vigente.
“En cuanto a recursos propios, los municipios pueden gravar bienes inmuebles a través de impuestos (Catastro) y pueden fijar bases y tarifas con autorización del Congreso del Estado (Ley de Ingresos, Tabla de Valores). Asimismo, pueden acceder a otros mecanismos de financiamiento para su desarrollo, a través del endeudamiento interno, el cual se regula también con normas estatales, inversiones privadas y fondos de cooperación internacional (Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible)”
Agrega: Se “prevé la perspectiva de crecimiento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) de los municipios que integran la región, para una posible corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno”.
En sus estimaciones de los techos financieros del FISM, de mil 795 millones 801 mil 168 pesos que los municipios involucrados recibieron este 2023, espera que para 2027 se incrementen a 2 mil 68 millones 14 mil 565, y es toda la información que trae respecto del financiamiento.
Entre los indicadores que se presentan en el apartado Objetivos de desarrollo sostenible, están que el 67.31% de la población vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, y el 29.94 sufre inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que constantemente denuncian vecinos de la zona, que en la Sierra hay hambre y pobreza.
Según el diagnóstico, el 97.32% de los vecinos tienen acceso a la electricidad, y el 99.912 por ciento de la población rural vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año.
Menciona que el 16 de enero de 2015 siendo gobernador Rogelio Ortega Martínez se emite la declaratoria de que a partir del día 16 de enero del año 2015, se declara el reconocimiento de la identidad de las y los habitantes de las localidades de la región Sierra, pero nunca entró en vigor, y menciona constantemente durante gran parte del documento que a iniciativa de Evelyn Salgado “se consolidó”.
En cuanto a su composición informa que del municipio de Ajuchitlán del Progreso, 23 comunidades pertenecen a la Sierra; de Coyuca de Catalán son 160; de San Miguel Totolapan 133; de Zirándaro de los Chávez 38; de Chilpancingo de los Bravo 20; de Heliodoro Castillo 199; de Leonardo Bravo 36; de Eduardo Neri 20; de Atoyac 68; de Coahuayutla 56; de Coyuca de Benítez 15; de Zihuatanejo 72; de Petatlán 78; de Tecpan 80, además de 199 localidades de 1 y 2 viviendas, y toma territorio de las regiones Tierra Caliente, Centro y Costa Grande.
De los caminos, informa que “sin duda, al igual que la región Montaña, tiene un alto nivel de rezago social, se tienen 3 mil 273.02 kilómetros de caminos de los cuales, el 95% de estos, es decir, 3 mil 075.17 kilómetros, son de terracerías de anchos menor a 5 metros”.
Sólo el 29.1% de las comunidades tiene al menos un plantel educativo en preescolar (262), primaria (343), secundaria (194), y Media Superior (58), “esto deja a un 69.9% de localidades sin escuelas”.
El número de viviendas particulares habitadas es de 24 mil 548, el 3% del total del estado.
El documento finaliza: “como parte de este proceso de crecimiento cualitativo y cuantitativo planteado en este gobierno de la Cuarta Transformación,se realiza un Diagnóstico y Evaluación que permita conocer los avances de los objetivos planteados de manera clara en la etapa de planeación a nivel regional, con miras al desarrollo sustentable de las ocho regiones que integran nuestro estado de Guerrero, realizando el debido estudio de disponibilidad de recursos del erario público tanto estatal como federal para la distribución eficiente y eficaz del mismo, con esto obtener como resultado el cumplimiento de las metas de los Programas Regionales que prioritariamente fueron seleccionados, teniendo como propósito un sistema de evaluación regido por el elemento de transparencia gubernamental, salvaguardar los principios rectores que manda nuestra Gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda”.

 

En el plan de desarrollo anunciado no hay una estrategia para pacificar la sierra, advierten

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, Arturo García Jiménez, advirtió que el plan de desarrollo para la región Sierra no plantea la pacificación de la zona, y consideró que es un documento hecho desde el gabinete.
Dijo que no se toca el tema de la violencia y “se expresa una visión desde arriba con conceptos propios, objetivos y estrategias desde arriba”.
Expuso que en el diagnóstico se plasma “lo que ya sabemos de las características de la región, lo que todo el mundo conoce de la región Sierra”.
Criticó que no haya propuestas para lograr la pacificación mediante el desarrollo, “en el capítulo de financiamiento esperaba ver un apartado para carreteras, que es la demanda principal, tiene que haber un esquema para construir caminos que garanticen el tránsito en la región”.
“Lo chusco es que se refieren a que del presupuesto de cada municipio se destine una parte del fondo de aportación, del Ramo 33, pero a los municipios no les vas a sacar nada, quieren sacarle a los 14 municipios mil 8 millones de pesos, y en sus predicciones hablan de que el presupuesto 2023 al 2027, se puede gestionar un incremento progresivo para que el 2027 sumen 2 mil 68 millones, quieren aumentar en cuatro años más de mil millones de pesos del Ramo 33, ahí se nota que no saben de planeación”.
Mencionó que en el foro de este lunes con funcionarios del gobierno del estado, los vecinos de la Sierra insistieron constantemente en la pacificación y la remunicipalización de la zona, “todavía llegó una alcaldesa (la de Atoyac, Clara Bello Ríos, de Morena), regañó a los asistentes diciendo que no tienen presupuesto, dijo que no pagan impuestos, entonces según sus propios datos: ¿no merecen ser apoyados los ciudadanos?”.
Consideró que si no se considera la remunicipalización, “no habrá avance, no se va a hacer nada en la Sierra, jamás le llegará el dinero directo si no tiene municipios”.
“Todas las regiones socioeconómicas de todos los estados del país tienen regiones integradas por varios parámetros: la cultura, el medio ambiente, alguna cuenca, su historia, y la Sierra será la única sin municipios, es algo ilógico, y más si mandan el tema de presupuesto a quitarle un poco a los ayuntamientos. Nos ven como entenados y quieren que andemos mendigando las obras, esa es su conclusión de un asistente a la reunión de ayer (el foro del lunes).
Además advirtió que “el año siguiente es el año de Hidalgo, es el último año de gobierno de los municipios y los políticos usan los recursos que quedan para su siguiente campaña, que se reeligen, que brincan a una curul, ahí se gastan el dinero. Desgraciadamente sin la municipalización de la Sierra no va a pasar nada”.
Consideró que en el documento no se habla de la pacificación de la zona porque “los políticos aunque se digan de izquierda tratan de maquillar la realidad, decir que en Guerrero no hay focos rojos, y está la matanza en Chichihualco a unos kilómetros de Chilpancingo, no se puede ocultar la realidad pero no se quiere reconocer”.
Para la pacificación dijo que son necesarios programas de gobierno que lleguen directamente a la población, y contribuyan al empoderamiento de las comunidades, y que sean éstas las decidan cómo se va a usar.
Propuso, “que la Guardia Nacional actúe, que el Ejército y la Policía del Estado actúen conforme a la ley, para que por todas las comunidades se pueda transitar, porque hay lugares donde no pueden bajar ni por víveres y fertilizante”.
Afirmó que es posible, pues para perseguir en 1974 a la última columna de combatientes del maestro guerrillero Lucio Cabañas, el gobierno desplegó 25 mil soldados: “¿crees que la Guardia Nacional y el Ejército no pueden garantizar el libre tránsito?”.
Llamó a impulsar el desarrollo productivo, que el programa federal Sembrando Vida siga y se amplíe, “y a quienes ya están en el programa que tengan el apoyo para vender sus productos, necesitamos que el precio de garantía impacte porque es muy bajo, se necesita el empoderamiento del pueblo, si vamos recomponiendo el campo podremos construir la cultura de paz”.

Piden a ediles reportar a Transparencia Financiera; mejoraría posición del estado

Lourdes Chávez

Zumpango del Río

En la segunda sesión de subcomités regionales de la región Centro, la enlace de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, Wendy Karina Raymundo Castro, llamó a los alcaldes a reportar en la plataforma de Transparencia Financiera de Hacienda, la comprobación de los recursos federales transferidos a los ayuntamientos, para elevar la posición de Guerrero en un ranking nacional del índice de calidad de la información.
Felicitó a los municipios que han cumplido y que tienen “cero folios rezagados”: Ahuacuotzingo, General Heliodoro Castillo, Mochitlán y Mártir de Cuilapan.
Aclaró que desde 2021 ya no llegan las auditorías a la Unidad de Enlace y Gestión de la Sefina. Llegan directamente a los municipios y faltan estos reportes, como entes ejecutores, responsables de alimentar ese sistema.
En la reunión que se realizó en un hotel Mezquite de Zumpango, para aprobar el Plan de Desarrollo de la región centro, estuvieron sólo cuatro alcaldes de los 12 de la región: la anfitriona, Sara Salinas Bravo; de Juan R. Escudero, Diana Costilla Villanueva; de Tixtla, Moisés Antonio González Cabañas, y de Mochitlán, Mosso Hernández.
Además de tres secretarios estatales: el de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, la de Fomento Económico y Desarrollo, Teodora Ramírez Vega, y la de Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal.
La secretaría de MIgrantes solicitó ahí a los cuatro alcaldes la firma de un convenio de colaboración para que ayuden a levantar el padrón de jornaleros agrícolas que permita al gobierno del estado elaborar políticas públicas para este sector de la población.
La mayoría de los asistentes eran representantes de dependencias estatales estatales y federales, y algunos comisarios del municipio de Eduardo Neri, como invitados, que escucharon la reunión.
En la presentación del Plan de Desarrollo Regional, el secretario Vargas Pineda, destacó reducción de indicadores de pobreza, según la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social mide la pobreza en México (Coneval), en el periodo que corresponde a lo que va de la administración de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. Al final, destacó que sí está dando resultados la política pública del gobierno federal de “primero los pobres”,  frase recurrente de funcionarios estatales y federales.
Dijo que el plan se envió con anticipación de manera digital a las autoridades, y sólo lo sometió a votación a mano alzada.

Omisiones de comprobación de obras: ASE

El primero en tomar la palabra fue un enviado de la ASE, que detalló las omisiones y fallas en la comprobación, como la entrega de un croquis tamaño carta, para soportar expedientes unitarios de obras 2 o 3 millones de pesos.
“Carecen de memorias de cálculo en la ejecución de sus obras, la falta de expedientes de conducción, la falta de especificaciones técnicas de construcción, la falta de autorización de los proyectos de inversión o la falta de presupuesto”.
Añadió que en los procesos de contratación han encontrado que no hay bases de licitación, no hay evidencias de las convocatorias, o dictámenes y análisis que soporten los fallos para la adjudicación de contratos, entre otros.
En particular, dijo el acta de fallo debe estar soportada por un actuario, y con un análisis donde los auditores de la ASE tengan la forma de comparar todas las propuestas que les presenten; sin embargo, no hay análisis, y el dictamen ni el fallo están sustentados.
Dijo que hay contratos sin firmas, otros no cumplen con la normatividad, no llevan  anexos o garantías. En la verificación física o documental de las acciones, encuentran conceptos de obra pagados pero no ejecutados y obras no identificadas.
En los gastos señaló que tampoco están soportados por la documentación correspondiente, pólizas, facturas, transferencias bancarias,  estados de cuenta, o están deficientes en su integración.
Y en el destino de los recursos, observaron que el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) se utiliza a fines distintos a los que establecen los lineamientos, como la construcción de iglesias y comisarías. Cuando se les piden resolver las inconsistencias, no se pueden resolver porque está fuera de lo que establece la ley.
Señaló el arrendamiento del vehículos, supuestamente para la supervisión de la obra, es utilizado para el traslados de funcionarios
Ante estas irregularidades, recordó que todavía en 2022, la Secretaria de Bienestar en sus lineamientos señalaba que iba a emitir dictámenes de procedencia para los proyectos que se subían a la plataforma MIDS. Para este año, la dependencia se deslinda de esa constancia de procedencia porque observa desviación de recursos, obras que se reportan y no se llevan a cabo.
Incluso, señaló que contratistas se acercan a la ASE para pedirles apoyo para el cobro en las administraciones municipales, pero nada se puede hacer cuando están firmadas las actas de cesión de derechos.
En la construcción de obra directa, las administraciones tampoco acreditan capacidad para desarrollar las obras, ni que tengan maquinaria ni equipo de construcción para llevarla a cabo.
Al final, precisó que este acercamiento es para brindar asesoría necesaria para que todo el gasto aplicado se haga de acuerdo con la normatividad.

Fondo minero

La alcaldesa Sara Salinas, señaló que la Secretaría de Economía federal le sigue requiriendo comprobación de recursos del Fideicomiso que permitía a ciertos municipios acceder al Fondo Minero, de proyectos inconclusos de administraciones anteriores. Aclaró que el ayuntamiento no tiene la documentación comprobatoria.
La enlace respondió que la ASE Guerrero puede entregar información comprobatoria de obras de gobiernos anteriores.
El alcalde de Mochitlán pidió saber cómo acceder a recursos para de agua potable y de saneamiento de agua, por la contaminación que provoca el drenaje de la capital del estado en su municipio.
Un enviado de Conagua respondió que esos requerimientos los hacen quienes tienen concesionada la extracción de agua o la descarga de agua residual. En este caso, Chilpancingo tiene el título de asignación de aguas nacionales en Mochitlán.
Añadió que hay programas de saneamiento para sostener los servicios básicos, aunque se han hecho esfuerzos para adherir a Chilpancingo “han existido algunas cuestiones que lo han limitado, pero trabaja para que este municipio pueda regularizar esa situación”.

 

No repetir lo del PRI, pide Abelina a promotores de “corcholatas”

Pintas en el bulevar del río Huacapa en Chilpancingo en apoyo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que buscan la candidatura presidencial de Morena Foto: Jesús Eduardo Guerrero

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, opinó que la creación de comités de participación ciudadana de Morena debe ser cuidando la institucionalidad y no colocar lonas de alguno de los aspirantes a la Presidencia de la República, porque eso significa “hacer más de lo mismo”.
Este lunes, después de entregar apoyo a madres solteras, acto que se realizó en la unidad Vicente Suárez, opinó de lo dicho por el coordinador Nacional de la Red es Claudia, Héctor Ulises García Nieto, quien negó que haya recursos del gobierno del estado apoyando a la jefa gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
López Rodríguez, quién apoya las aspiraciones del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, respondió: “se tiene que cuidar la institucionalidad, se entiende que están formando comités para la institución de Morena y entonces no puedes agarrar a x o y aspirante, si la idea es formar comité no se pueden poner lonas de algún aspirante porque eso habla mal de lo que nosotros hemos criticado”.
Agregó que los militantes que se han formado en la izquierda, lo que criticaban cuando el PRI era gobierno era que utilizaban los programas para cooptar, “y creo que Morena debe ser diferente y diferente significa convocar a formar comités pero que no vaya ninguno de los aspirantes, que no colguemos mantas de los aspirantes porque eso significa hacer más de lo mismo” (Aurora Harrison).

Los ganaderos no tienen candidato aún, dice Atalo de acto en Coyuca de Benítez

El presidente de la Unión Regional Ganadera, Atalo Niño Ramírez, informó que la organización que preside no ha tomado acuerdos sobre a qué partido o aspirante a la candidatura presidencial respaldarán en 2004. De la reunión en Coyuca de Benítez con promotores de Claudia Sheinbaum, aseguró que fue decisión unilateral del grupo de ganaderos de ese municipio.
Este domingo en Coyuca de Benítez, la Asociación Ganadera Local convocó, junto con el Ayuntamiento morenista, a un encuentro sobre ganadería con promoventes de la aspirante a la candidatura presidencial en Morena, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum.
En declaraciones por teléfono y a pregunta expresa sobre si la Unión Regional Ganadera de Guerrero ya definió a quién apoyará a la Presidencia de la República, el dirigente estatal respondió: “Nosotros nos mantenemos al margen, no hemos platicado con los socios ni con los presidentes de la asociaciones ganaderas en el estado, todavía no son los tiempo;, en su momento haremos un pronunciamiento pero todavía lo tenemos que consensar con los presidentes de las ganaderas del estado de Guerrero”.
Sostuvo que el dirigente local de la ?ganadera en Coyuca acudió a título personal, no a nombre de la Unión Ganadera Regional.
Indicó que en Guerrero hay cien asociaciones ganaderas locales en los municipios, que suman unos 80 mil ganaderos, y la decisión de la mayoría de los socios es el camino que van a tomar. Dijo que el sector ganadero está en un momento complicado porque gobierno federal ha castigado al campo. (Daniel Velázquez).

 

Necesario construir el hospital en Tlapa; el actual, antiguo y en mal estado: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló la necesidad de construir un nuevo hospital en el municipio de Tlapa, debido a la antigüedad y estado en el que se encuentra el Hospital General.
Durante su conferencia de prensa de este viernes, al presidente se le preguntó sobre la transacción realizada con el gobierno de Takiyistán, correspondiente a la venta del avión presidencial, señalando que los recursos obtenidos serán destinados para la construcción del hospital en Tlapa, recordando que la Fundación Teletón ya realiza un centro de rehabilitación.
“Ahí se está haciendo también un hospital para atender a niños, a niñas con discapacidad, pero ese Hospital General se necesita, porque el hospital que hay en Tlapa tiene cerca de 50 años y está en muy mal estado, va a ser un hospital nuevo”, explicó el presidente.
Agregó que la construcción del hospital, correrá a cargo de ingenieros militares, informando que la edificación se realizará en un terreno de 60 hectáreas que es propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Los dos hospitales los va a construir la Secretaría de la Defensa, a través de los ingenieros militares. En el caso de Tlapa, para no tener que tirar el que está, se va a ubicar el nuevo hospital en un terreno que tiene la Secretaría de la Defensa, de alrededor de 60 hectáreas, para que quede bien ubicado”, comentó el mandatario.
De igual forma, señaló que espera que la construcción del hospital de Tlapa y del que se construirá en Tuxtepec en Oaxaca, finalicen antes septiembre de 2024, previo al cierre de su administración.
“De modo que vamos a construir pronto los dos hospitales, también ese de 80 camas con especialidades y vamos a inaugurar los dos hospitales antes de septiembre del año próximo, equipados y con médicos, y con especialistas, y con medicinas suficientes”.
López Obrador remarcó que parte de los recursos obtenidos por dicha venta, serán utilizados para la construcción de dos hospitales, detallando que tendrá capacidad de 80 camas.
“El dinero se va a emplear en la construcción de dos hospitales. Uno en la Montaña de Guerrero, en Tlapa, que es la zona más pobre de México, ahí se va a construir un hospital de 80 camas” indicó López Obrador.
En la conferencia de prensa matutina del pasado jueves, al presidente se le cuestionó sobre la posibilidad de la venta del avión, indicando que los recursos se utilizarían para la construcción de un hospital en Tlapa y otro en Tuxtepec.
El mismo jueves por la tarde, López Obrador informó la venta del avión presidencial al gobierno de Tayikistán, mismo que pagó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, reiterando que los recursos serán para la construcción de hospitales.
“Este dinero se invertirá en dos hospitales, en Tlapa, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca, que serán construidos por los ingenieros militares e inaugurados antes de terminar nuestro mandato” publicó en su cuenta personal de Twitter.
Ante dicha confirmación de la transacción, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, reconoció el compromiso del presidente López Obrador con Guerrero, celebrando la decisión. (Juan Luis Altamirano Uruñuela)

“El compromiso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sigue firme con las zonas más vulnerables de Guerrero. Celebramos la gran noticia de que el dinero por la venta del avión presidencial servirá para construir dos hospitales; uno de ellos en el municipio de Tlapa de Comonfort, el corazón de la Montaña guerrerense”, manifestó Evelyn Salgado. .

Observaciones de la ASF a 15 municipios por mal manejo de recursos durante 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Además del Ayuntamiento de Acapulco, al que le realizó observaciones superiores a 64 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en las cuentas de los gobiernos municipales de Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez; además de Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tlapa, Teloloapan, Pilcaya, La Unión, General Heliodoro Castillo, Cuautepec y Cocula.
Les demandó aclarar el uso de 74 millones 821 mil 161 pesos, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
Las observaciones de la ASF son porque los gobierno municipales no acreditaron el pago de servicios, contratos de recolección de basura, programas de pinta de fachada, compra de software, arrendamiento de maquinaria, adquisición de productos químicos, de materiales, útiles, equipos de oficina, material de limpieza, así como por el arrendamiento de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, entre otros.
En la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que publicó en febrero de este año la ASF, detalla que el gobierno municipal de Ajuchitlán del Progreso, que preside el priista Víctor Hugo Vega Hernández, debe aclarar tres millones 853 mil 532.25 pesos, que gastó en “materiales y suministros” y “servicios generales” con recursos económicos que recibió del Ramo 28, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública. El alcalde gobernó en el periodo 2018-2021.

Los ayuntmientos

Al gobierno municipal de Arcelia, presidido por el priista Bulmaro Torres Berrúm, la ASF le pide aclarar la ejecución de 345 mil 779 pesos, que gastó en “materiales y suministro”, pero del que no da más detalles.
En el caso del gobierno de Chilapa, que preside el priista Aldy Esteban Román, deberá aclarar el gasto de 22 millones 411 mil 806 pesos, ya que no comprobó la ejecución de un gasto en “servicios personales”.
De acuerdo con la ASF, el gobierno municipal de Chilpancingo, encabezado por la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, deberá aclarar siete millones 936 mil 790 pesos, que ejecutó como “servicios generales e inversión pública”, y es que argumentó, el ayuntamiento no entregó evidencia documental suficiente de “servicios prestados” establecidos en siete contratos, ni acreditó el pago de otros tres, en los que utilizó recursos económicos federales del ramo 28.
El gobierno de Cocula, que preside Carlos Alberto Duarte Bahena, de Morena, deberá aclarar 264 mil 322 pesos, porque no acreditó el pago de cinco pólizas de “materiales y suministros”.
El gobierno de Coyuca de Benítez, presidido por el morenista, Ossiel Pacheco Salas, debe aclarar dos millones 659 mil 500 pesos, ya que no entregó la documentación suficiente parar comprobar el gasto en un programa de mejoramiento denominado la “pinta de fachadas”, así como por la “implantación, desarrollo y soporte de aplicaciones y base de dato, capacitación, levantamiento de requerimiento y seguimiento del software Coram”.
El gobierno municipal de Cuautepec, gobernado por el perredista César Iván Pérez Vargas, deberá aclarar un millón 69 mil 927 pesos, ya que no entregó evidencia documental con el que comprobara la adquisición de “materiales, consumibles de oficina y cómputo”, y no acreditó “el pago total de dos pólizas” de servicios prestados por contrato.
En el caso de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), gobernado por el priista Serafín Hernández Landa, la ASF lo pidió aclarar un millón 350 mil pesos, porque no entregó las facturas de los pagos, fotografías, reporte de actividades, documentación que demuestre o acrediten un servicio, pero del que no da más detalle.
El alcalde David Gama Pérez, del PRI, en el municipio de Iguala, deberá aclarar cuatro millones 913 mil 661 pesos, porque no entregó evidencia documental suficiente de los servicios prestados establecidos en 14 contratos adjudicados a un mismo proveedor, por “arrendamiento de maquinaria y/o equipo”, así como de 10 contratos adjudicados al mismo proveedor por “la prestación de servicios para realizar el trabajo de proceso de validación de impuesto sobre la renta participable y timbrado de la nómina de los meses de noviembre 2020 a agosto 2021”.
Sin embargo, en el periodo de 2018 a 2021, en Iguala gobernó el morenista, Antonio Salvador Jaimes Herrera.
En La Unión, gobernado por el perredista Crescencio Reyes Torres, deberá aclarar la ejecución de cinco millones 117 mil 470 pesos, por no entregar la documentación y acreditar los servicios prestados de tres contratos, ni el pago de la cuenta donde se administraron los recursos de participaciones federales de cuatro pólizas de egresos. Tampoco reportó las actividades de la operación y servicio de los camiones recolectores de basura, reporte fotográfico y actas de entrega de dos obras denominadas recolección y acarreo de basura al relleno sanitario municipal.
El gobierno panista de Pilcaya, de Sandra Velázquez Lara, debe aclarar la ejecución de dos millones 674 mil 512 pesos, porque no comprobó los servicios de tres proveedores por la adquisición de productos químicos para la planta tratadora de agua, por la prestación de servicios de asesoría legal de enero a diciembre de 2021 y por la adquisición de una impresora multifuncional. Tampoco acreditó documentos de la propiedad o los derechos de propiedad del lugar donde se efectuó la obra pública, ni el finiquito de los trabajos y el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Del gobierno municipal de Taxco, que encabeza Mario Figueroa Mundo, por Fuerza por México, las ASF le pide aclarar 11 millones 261 mil 110 pesos, luego de que comprobó los servicios prestados establecidos en seis contratos con los que se adquirió “materiales y suministros, servicios generales y bienes inmuebles e intangibles”.
El gobierno municipal de Teloloapan, del perredista Homero Hurtado Flores, debe aclarar a la ASF un millón 323 mil 953 pesos, porque no comprobó la adquisición de bienes, un servicio y dos gastos sin contrato, del que se precisó, fue un servicio profesional para la gestión ante el SAT para la devolución de los pagos efectivamente realizados del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de enero a junio del 2020, periodo en el que gobernó, el perredista Efrén Ángel Romero Sotelo.
En el caso de Tlapa, gobernada por el priista Gilberto Solano Arreaga, debe aclarar dos millones 593 mil 947 pesos, porque no entregó evidencia documental de las adquisiciones y servicios prestados de dos contratos, y de gastos sin contrato a dos proveedores por la adquisición de “materiales, útiles y equipos menores de oficina y la adquisición de material de limpieza”.
El municipio de Zihuatanejo, del priista Jorge Sánchez Allec, quien cumple su segundo periodo, debe aclarar siete millones 644 mil 846 pesos, porque no comprobó tres servicios que se formalizaron en tres contratos, y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto de seis contratos por el “arrendamientos de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, asignados a cuatro proveedores”.

Los 15 municipios observados por la ASF, suman un total de 74 millones 821 mil 161 pesos que deberán aclarar lo expuesto en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021
De acuerdo con la ASF, los municipios de Ajuchitlán, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, General Heliodoro Castillo, Iguala, La Unión, Pilcaya, Taxco, Teloloapan y Taxco no hicieron “una gestión eficiente y transparente de las participaciones federales a municipios en 2021”.
Además, consideró que no cuentan “con un adecuado sistema de control interno, que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

Las contralorías de municipios no tienen capacidad ni recursos: César González

El presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, Carlos González Arcos, durante su participación en la reu-nión con profesionistas y empresarios de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, César González Arcos, informó que los Órganos de Control Interno (OCI) llamados anteriormente contralorías, que son “el primer muro” para combatir la corrupción en los municipios y órganos de gobierno, no están capacitados ni cuentan con recursos para ejercer sus atribuciones; tampoco tienen facultades para sancionar, están mal integrados y reprobaron dos evaluaciones.
Este jueves González Arcos se reunió con presidentes y representantes de asociaciones y colegios de profesionistas para invitarlos a ser parte de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Guerrero, para que juntos vigilen el actuar de los gobiernos y den seguimiento a las observaciones que se hagan a las autoridades.
En reunión con representantes de diferentes asociaciones de Acapulco en un restaurante del puerto, informó que una de las primeras tareas del Sistema Estatal Anticorrupción fue hacer diagnósticos para saber cómo estaban los Órganos de Control Interno de los municipios. En la primera evaluación 49 respondieron pero parcialmente, lo que dio como resultado que los Órganos de Control Interno de los municipios estén reprobados, y en la segunda el resultado fue el mismo.
“Preguntamos a los 81 municipios, tal cual lo que pide la ley: ‘¿estás haciendo esto?’. En el primer diagnóstico nos contestaron alrededor de 49 municipios. Las respuestas entre los 49 fueron parciales, unas no las contestaron bien y en otras dijeron ‘no lo tengo’, que quiere decir, ‘salimos reprobados’… pero lo más fuerte es que entramos en un proceso de entrega recepción, salieron administraciones y entraron otras, ¿y quién creen que juzgaba, analizaba, revisaba y daba certeza de que ese procedimiento estuviera bien? Los Órganos Internos de Control, y esos Órganos nos dijeron ‘no tenemos capacidades’, y entonces prácticamente es una caja abierta, simplemente le están pasando la llave al otro y le dicen ‘ahí síguele, ahí está’. Entonces el primer muro de contención o de prevención de la corrupción son los Órganos Internos de control de los municipios”.
Agregó que una queja que ha escuchado es que los OCI, en caso de que reciban la notificación de sancionar a un funcionario público no hacen nada.
En la sesión participó un ex aspirante a ocupar el cargo de titular del Órgano de Control Interno en Acapulco, Ricardo Espinoza Toscano, quien señaló que en el proceso de selección del gobierno municipal para elegir al nuevo titular del OCI hubo irregularidades y lo hizo de conocimiento al anterior presidente del Sistema Estatal Anticorrupción y lo único que le dijo fue “estuvo mal”, pero no hizo nada al respecto.
Espinoza Toscano se refirió al proceso de selección en el que fue electo por el Cabildo de Acapulco Pedro Roberto Pineda Villa como titular del Órgano de Control Interno de Acapulco, a propuesta de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien lo nombró encargado de despacho de la Contraloría y después participó en el proceso de selección.
Otro de los invitados consideró que “es una payasada” que sean los municipios quienes nombren a su titular del Órgano de Control Interno, pues es el que va a controlar el municipio.

Sin estridencia

González Arcos dijo que no busca “estridencia” sino colaborar con los OCI “para que las cosas se hagan bien”. “No estamos aquí para victimizar al funcionario público o sacar más leña del árbol caído, nuestro objetivo es muy sencillo, ya están los procedimientos de ley, hay que observarlos, que se hagan”.
La invitación a que se integren a la Red Ciudadana Anticorrupción es para que sean testigos sociales o creen observatorios ciudadanos y aporten propuesta y acciones para la política estatal anticorrupción. Actualmente hay 22 organizaciones en la Red. A las asociaciones que se inscriban se les presentará la Agenda Estatal Anticorrupción. La inscripción estará abierta todo el año.
Dijo que este año es cuando debe aplicarse la Política Estatal Anticorrupción mediante la cual se van a homologar, estandarizar, controlar procesos y en función de esos podrá medirse la eficacia de las medidas diseñadas para los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo, municipios y órganos autónomos.
Durante el encuentro con las asociaciones, el también integrante del Comité de Participación Ciudadana, Carlos Morillón López, informó que a nivel nacional el Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero se ubica en quinto lugar, lo que significa que va trabajando bien pero se necesita el acompañamiento de asociaciones para integrar la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Guerrero.
Informó que el estado ya cuenta con la Política Estatal Anticorrupción, la cual fue entregada a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y publicada en el Periódico Oficial del Estado en noviembre. Marca directrices que deben seguir las autoridades para su aplicación.
Anunció que el 7 de diciembre de este año Acapulco será la sede de la Asamblea Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción actualmente está formado por dos miembros: el presidente César González, y un integrante, Carlos Morillón, porque el Congreso no ha emitido la convocatoria para nombrar nuevos.