Etiqueta: Tlapa

No interesa al gobierno estatal resolver el conflicto, reclama la síndica del PRI

 

La síndica procuradora del municipio de Xochihuehuetlán, María Celia Balbuena Rivera, responsabilizó de los hechos violentos de este miércoles en ese municipio al gobierno del estado, porque solicitó su intervención y no acudió ninguna fuerza de seguridad a atenderla, “y hasta ahorita nadie se ha comunicado, no les interesa si estoy viva o muerta por ser mujer”.
La síndica encabeza la toma del Palacio Municipal desde el pasado 3 de noviembre, en demanda de juicio político al alcalde.
La edil, quien pertenece al PRI, también responsabilizó al alcalde Carlos Rivera Medel, del Panal, sobre lo que le suceda a ella, a su familia y seguidores, porque fomentó el grupo de choque, como lo calificó, que llegó a irrumpir una reunión informativa que tenía con habitantes del pueblo: “llegaron alcoholizados y pagados con unas despensas que les dieron momentos antes, nosotros siempre llamamos a no responder sus agresiones”.
Balbuena Rivera dio una conferencia de prensa en esta ciudad acompañada de cuatro policías que tiene bajo su cargo como encargada de seguridad del municipio, y que resultaron golpeados por el grupo de choque. A dos les quitaron las armas con las que después amenazaban a simpatizantes de la síndica.
Dijo que habían iniciado una denuncia por los hechos ocurridos y que acudían para que les hicieran las revisiones médicas en la Agencia del Ministerio Público.
Recordó que Rivera Medel y el tesorero tienen una denuncia por amenazas de muerte en su contra, por lo que ha solicitado a la Fiscalía estatal medidas cautelares y consideró que no se las han dado porque el edil “es poderoso económicamente”, en alusión a que es dueño de gasolineras en la región.
Agregó que Rivera surge del PRI y está relacionado con Manuel Añorve y René Juárez, por lo que espera que eso no frene la petición de juicio político solicitado ante el Congreso ni las auditorias y las acusaciones de las que tiene pruebas, “porque busca ser diputado”.
Reiteró que la reunión del miércoles frente al Ayuntamiento era de carácter informativo y pacífica, pero fue violentada por Rivera Medel, quien tenía días diciendo que recuperaría el edifico tomado por un grupo de pobladores desde los primeros días de noviembre: “mandó a un grupo a hacer bulla, muchas mujeres a las que llamé a que nos debíamos apoyar por equidad, yo sólo vigilaba que las cosas se hicieran bien, pero ya estaban pagados y tienen compromisos”.
Dijo que las agresiones recibidas las considera violencia política de género.
Detalló que luego de la confrontación ella quedó en el pasillo del Ayuntamiento y fue obligada a salirse porque el grupo del edil agarró a su papá. Encerraron en la cárcel a su hermano, menor de edad, “me amenazaron y obligaron con eso a irme del Ayuntamiento, por eso salí, porque tenían privado de su libertad a mi hermano”.
Reconoció que el ambiente es tenso porque la gente la respalda y están con intenciones de volver a tomar el edificio porque el alcalde nunca acudió a las sesiones públicas a la que lo invitaron.
Dijo que la molestia más grande del edil es el señalamiento de desvío de recursos en las obras que no hay en comunidades, y las de la cabecera sólo fueron de primera piedra para la fotografía, como remodelaciones al kiosco, una calle, hospital y la calzada de la iglesia de las cuales no hay nada, pero tienen costos elevados y algunas están fuera del reglamento del Ramo 33.
Aquí acusó de complicidad con el alcalde al delegado regional de Copladeg, Arnulfo Urbina Betancourt, por avalar obras que no estaban aprobadas por el Cabildo.
La síndica dijo que no regresará a Xochihuehuetlán mientras no haya seguridad para ella y su familia, porque sigue recibiendo amenazas.

 

 

Exigen familiares del comandante muerto en un accidente indemnización al gobierno de Tlapa

 

Familiares del comandante de la Policía Municipal de Tlapa, Humberto Ramírez Lara, muerto en un accidente automovilístico cuando regresaba de una capacitación en Chilpancingo, exigieron al presidente municipal el priista, Jesús Noé Abúndiz García, que cumpla con el pago de sus derechos laborales, ya que murió mientras trabajaba.
Según un escrito, el hermano del comandante, Josafat Ramírez Lara; sus ex parejas, Natividad Bartolo Sierra y Antonia Morán Ceballos; y su pareja actual, Blanca Flor Francisco Francisco solicitaron al Ayuntamiento de Tlapa que les garantice los derechos salariales y prestaciones individuales y sociales, derecho a la indemnización, seguro del trabajador, fondo o de caja obligatoria de pensión, y pensión de sobrevivencia en alimentación en orfandad de los seis hijos menores de edad del comandante, pero no han tenido respuesta, pese a que fue recibido por el Ayuntamiento el 4 de agosto.
La mujer con quien vivía al momento de su muerte, Blanca Flor Francisco dijo que el presidente ofreció en el funeral todo el apoyo a los familiares y que se le entregaría una indemnización y pensión para los hijos, pero de ese día a la fecha nada ha cumplido.
Dijo que en el funeral les entregó 15 mil pesos, pero fue todo el apoyo económico que recibieron, y desmintió que a un familiar le entregaron 50 mil pesos como supuesta indemnización, “por eso estamos luchando, para que nos entreguen lo que le corresponde y nos ayuden con educación, salud, vivienda, vestido y calzado para los hijos que perdieron a su padre en un accidente de trabajo”.
Remarcó que, como familiares, están unidos y a nadie le han entregado nada, como han dicho trabajadores del Ayuntamiento, porque lo único que llegaron a cobrar fue la quincena que el finado trabajó, 5 mil 144 pesos, que fue repartida entre las tres mujeres, a quienes les daba mil 500 para sus hijos y, en ocasiones, apoyaba económicamente a su padre.
Blanca Flor Francisco lamentó la falta de respuesta y apoyo del Ayuntamiento, pese a que su pareja murió en el accidente mientras volvía de un curso de capacitación al que se fue con gastos propios.

 

Vigilan la reconstrucción de la carretera Axoxuca-Petlacala, informan vecinos de Tlapa

El representante del comité de construcción de la carretera  de Axoxuca a San Pedro Petlacala,  Luis Eulogio Nepomuceno informó que la empresa inició el trabajo de reconstrucción bajo la vigilancia de los pobladores para que les entreguen una obra de calidad.
Eulogio Nepomuceno informó por teléfono que la empresa  Innovador Constructor de Guerrero S. A. de C.V empezó los trabajos  el pasado martes en el tramo afectado que pretendían entregarles como concluido cuando tenía cuarteaduras, hundimientos, baches y parches para cubrir la mala calidad.
Informó que los trabajos serán vigilados por una comisión de pobladores  y la presencia del ingeniero residente  de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) de Tlapa, Manuel Rosas Torres para que se apliquen de manera correcta los materiales y sea una obra de calidad.
Mencionó que la asamblea de la comunidad acordó que exigirá que la empresa de supervisión externa que contrató la Cdi devuelva los recursos que le pagaron por verificar los trabajos en esta carretera porque no plasmó los daños reales, “nadie visitó a la autoridad para decirles que vino a supervisar, ahí les hubiéramos manifestado las inconformidades”, se quejó.
Los habitantes nahuas denunciaron  esas deficiencias el pasado 12 de septiembre y exigieron a la  delegación estatal de la Cdi que les entregara una obra de calidad al ser los administradores de los recursos federales.
También le pidieron que les entregaran el expediente técnico para conocer las especificaciones técnicas y de calidad ya que la obra tenía como fecha para ser entregada el pasado 5 de agosto, pero no se hizo y posterior a eso se observaron los desperfectos, por lo que la asamblea comunitaria acordó no recibirla.
Tras varias reuniones para pedir que se cumplieran las especificaciones correctas de la carretera  con trabajadores de la Cdi y representantes de la empresa  acordaron que esta será entregada en el mes de diciembre.

 

Exigen estudiantes del Tec de la Montaña al gobernador que resuelva la falta de director


Estudiantes del  Instituto Tecnológico Superior de La Montaña (ITSM) exigieron solución a la designación del director y al pliego petitorio que acordaron el 22 de febrero, cuando se movilizaron para pedir que el directivo tuviera perfil académico y no respondiera a favores políticos.
Anunciaron que si este viernes no les dan una fecha de reunión con carácter resolutivo, el lunes se movilizarán en autobuses a Chilpancingo hasta que les resuelvan la designación del director, luego de que el acuerdo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, fue que el gobierno enviaría una terna y ellos otra, y que ésta sería evaluada por integrantes de Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Los estudiantes, en conferencia de prensa frente a las instalaciones del Tecnológico, que tienen tomadas hace más de 20 días, dijeron que se sienten engañados por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien les dijo que resolvería el problema y les programó una reunión para el 8 de noviembre, que fue cancelada.
Los estudiantes contaron que se reunieron con Astudillo Flores el 31 de octubre durante sólo tres minutos, y les dijo que el problema sería resuelto en una semana, sin que hasta la fecha se haya concretado, “les falta voluntad porque desde marzo debieron hacer las gestiones con los del IPN y presentar la terna, es un tema académico que no necesita dinero”, dijeron.
Contaron que debieron estar el martes en Chilpancingo, pero les cancelaron la reunión, y esperan que este viernes les den una cita con carácter resolutivo, ya que el secretario de Educación, el de Gobierno y el gobernador, “nos prometieron solución y hasta difundieron en periódicos que estaba resuelto, sin ser cierto”, se quejaron.
Mencionaron que en su pliego está la implementación de un comedor, de una casa de estudiantes para los cientos de jóvenes indígenas que acuden a esta ciudad a estudiar en el ITSM, y un autobús para sus prácticas.
La movilización de los estudiantes inició en enero de 2016, cuando comenzó el semestre y el gobernador designó a Eugenio González Rodríguez como director del plantel, pero este fue recibió con un paro de profesores  y luego rechazado por los alumnos, al entrar  por la fuerza  a tomar posesión de la dirección con apoyo de algunos maestros y alumnos.
A eso se sumó que es hermano del diputado local Eusebio González Rodríguez y no tiene ninguna experiencia laboral, por lo que su designación es un favor político y eso no abonaba a la vida académica del Tecnológico, por lo que salió del lugar entre gritos.
Esa movilización duró más de un mes, y el 22 de febrero firmaron una minuta con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar y, como interlocutor, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, estableciendo que la designación sería mediante una terna para que se eligiera al que tuviera mejor perfil académico.
Sin embargo, a más de siete meses del acuerdo no les dieron repuesta para cambiar al director interino Rafael Rojas Herrera con quien no pudieron establecer acuerdos, por lo que reiniciaron su movilización el 11 de octubre para exigir que se cumpla la minuta y se designe al director.
Los jóvenes acusaron al director y a algunos profesores de hostigamiento ante la toma de las instalaciones, y los hicieron responsables de su integridad.
Más tarde, informaron por teléfono que se entrevistaron en esta ciudad con el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Arreaga Solano, quien les dijo que les tendría una fecha para atenderlos, y que quien se negaba a acatar los cambios era el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, porque el gobernador ya había dado indicaciones de que se atendieran de manera resolutiva las demandas de los estudiantes.

Difieren el careo de Arturo Campos porque las autoridades no lo trasladaron a Tlapa

 

El careo procesal del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera, fue diferido porque el subdirector operativo de Seguridad, Custodia y Traslado de Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado no acató la solicitud hecha el 7 de septiembre, de trasladarlo al penal de Atlamajac en esta ciudad.
Campos Herrera está acusado de secuestro agravado en la causa penal 196/2013-I en agravio de Víctor Cid Cisneros y otros, que son cerca de 20 personas, de las cuales sólo acudieron tres que quedaron apercibidos que de no presentarse al careo el 7 de diciembre a las 10 de la mañana, serían presentados por la fuerza pública.
Campos Herrera se encuentra recluido en la cárcel de Ayutla que depende del juzgado Mixto del centro penitenciario de Allende, su defensa solicitó su traslado al penal de Atlamajac para el desahogo de las diligencias sin que el subdirector operativo de Seguridad y Custodia y Traslado de Internos cumpliera, como se lo ordenó un juez.
También pide a la Dirección General de Seguridad que acate el mandato o de lo contrario se le pondrá una multa de 20 días de salario mínimo.
Acudieron a la diligencia en el juzgado segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos tres abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, a cargo de Rogelio Téliz, quien consultado en el penal dijo que la responsabilidad de que no se hiciera el proceso, fue el director de Traslados que no acató la orden del traslado de la que estaba enterado hace más de un mes y medio.
Agregó que se entorpece el proceso jurídico a Campos Herrera con la intención de que no recupere su libertad, porque hay elementos suficientes para hacerlo.
Dijo que no es la primera vez que se difiere una audiencia, el 13 de octubre en Acapulco el Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala Penal no se presentó, y eso fue una forma de retrasar la justicia y ahora “se entorpece el desahogo de tres agraviados que estuvieron presentes y parece que el Estado entorpece las cosas”, dijo
Agregó que acudieron tres de los 23 agraviados que fueron citados a comparecer y que también se retiraron molestos por la suspensión.
Exhortó a las autoridades a que garanticen el traslado de Campos Herrera para que continúe el proceso
Vía telefónica Arturo Campos consideró que el que no los trasladaran a esta ciudad fue debido a un asunto político del gobierno, que lo quiere mantener en la cárcel, pues tiene todo en sus manos para agilizar los trámites y no lo hace pese a que está informado formalmente mediante oficio y por un juez.
Dijo que en donde está escucha que la gente se sigue organizando y eso está bien para seguir combatiendo la inseguridad que según el gobierno ataca, pero hay muertos constantemente en Acapulco, Chilpancingo y el estado en general.
Remarcó que en los territorios donde está la Policía Comunitaria la delincuencia es menor, no ha entrado, que esa organización es más eficiente porque emana del pueblo, de los saberes de los ancianos, de los sabios y que está comprobado que es más eficiente aunque no le guste al gobierno.
Agregó que está sustentada en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, la Constitución y en la Ley 701 del estado de Guerrero.
De su salud dijo que se encuentra bien.

 

 

Es albañil, futbolista y tlacololero; a los 32 años, con su esposa embarazada y un hijo, entró a la Normal de Ayotzinapa

38
 José Ángel Campos Cantor

Lourdes Chávez

Tixtla
26 de diciembre de 2015

Con 32 años, su esposa embarazada y un hijo, José Ángel Campos Cantor, decidió estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa; contó con el apoyo de su papá, Bernardo Campos, que se comprometió a ayudar en la manutención de su familia que vivía en la casa materna. Se dedicaba a la albañilería.
Después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sus padres, su esposa cargando en brazos a una niña de dos meses de nacida y un hijo se convirtieron en decididos activistas del movimiento por los 43, y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para dar con su paradero.
Particularmente el señor Bernabé, que no falta a una reunión, hace guardias constantes por las tardes en la escuela donde con otros padres esperan noticias de los estudiantes.
Son originarios de Tixtla, y en una manifestación por los 43 en la cabecera municipal, habló de cuánto le gustaba el futbol, que era danzante de los Tlacololeros en las fiestas de todos los barrios de la cabecera municipal, y de niño se iba a tocar con las bandas de música de chile frito las tarolas y redoblantes, unas especies de tambores.
Dijo que es un joven serio, sin vicios, al que le gusta reír. Son vecinos del barrio de El Fortín, sede de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia La Patria es Primero perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esta comunidad encabezó algunas manifestaciones en la ciudad en los primeros meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
Su papá recordó que él mismo lo animó a entrar a la Normal, porque el trabajo de campo y la construcción son muy pesados, y los jóvenes aún tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas.
“Yo le dije, los rayos del sol son pesados, hablaba yo y les hacía ver las cosas, nosotros ya estamos impuestos, pero ustedes son jóvenes”, decía.
Un buen día, José Ángel le dijo que quería que lo apoyara con su familia para estudiar la Normal, se enteró por otros estudiantes que la edad no sería limitante. Dos de sus cuñados son maestros egresados de la Normal Rural. Recordó que desde antes lo apoyaba, y sólo le pidió que le echara ganas.
José Ángel estudió la preparatoria abierta para terminar el bachillerato y en el ciclo escolar 2014-15 participó en la convocatoria de nuevo ingreso a la Normal de Ayotzinapa, con la que también se accede a una beca de alimentos y hospedaje.
“Yo le dije a su mamá, a este muchacho le va a hacer los mandados la semana de prueba”, un periodo de adaptación a cargo de los estudiantes, donde los alumnos de nuevo ingreso realizan ejercicios físicos, trabajo de campo y lecturas de teoría socialista.
Recordó que el día que informó a su familia que fue aceptado en la escuela, que era domingo, volvió a su casa temprano porque les dieron un descanso, estaban todos muy contentos.
La noche de la tragedia, escucharon que en un automóvil vocearon que los estudiantes estaban en peligro en Iguala. No sabían de los muertos, horas después se hablaba de más de 70 desaparecidos.
A las 10:30 de la mañana del 27 de septiembre, llegaron los primeros autobuses con estudiantes a la Normal, “corrimos con el ansia de ver a nuestros hijos y él no aparece, no llegaron, pensamos que lo tenían en otro lado, nadie imaginó llegar a este tiempo”.
Jugaba con el equipo de Los Vaqueros de El Fortín, aún estando casado, y obtuvo dos trofeos de goleador en torneos regionales..
Nueve días antes de las fiestas patronales que se acostumbran en Tixtla, iba a bailar a los barrios y un día antes de la fiesta patronal, iba al encuentro de danzas con su traje de tlacololero, una costumbre tixtleca.
El normalista desaparecido es el segundo de cinco hijos. El señor Bernardo aseguró que los hermanos son muy unidos y en particular siempre pensó que la escuela de Ayotzinapa era un espacio de desarrollo para los hijos de las familias pobres, porque observó hace varias décadas, como albañil en la construcción de uno de los dormitorios, que los estudiantes recibían uniformes, chamarras, botas, pero ya no es igual.
Consideró que si reducen los materiales, los estudiantes deben manifestarse por la falta de presupuesto. “Antes no había mucho mitin como ahora, los alumnos protestan porque cada vez son menos los recursos, y (ahora) claro que tenemos que protestar, por lo que ha pasado, por nuestros hijos”.
A 15 meses de la desaparición forzada, consideró que aún existe una esperanza de encontrarlos porque los extranjeros del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), les han dicho que si no hay indicios de dónde pueden estar, ellos (el gobierno) los tienen.

Critican las reformas estructurales en el desfile de la Independencia en Tototepec, Tlapa

En la comunidad na savi de Tototepec, del municipio de Tlapa, se llevó a cabo un desfile del Día de la Independencia crítico de las reformas estructurales del gobierno federal, que pidió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, la libertad de presos políticos y exigió la construcción de obras que necesita el pueblo.
El desfile de protesta fue encabezado por una escolta formada por autoridades municipales que portaban la bandera, el alcalde Abundio Campos, el presidente de bienes comunales y delegados de los anexos de este poblado.
Siguió el contingente de la Policía Comunitaria adscrita a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, padres de familia y alumnos de preescolar, primaria, secundaria, del Colegio de Bachilleres y de educación a distancia, que portaban diversas pancartas en que pedían que muriera el mal gobierno, mejores servicios, apoyos a la educación y que ésta sea gratuita.
Al frente llevaban una lona en la que manifestaban que las instituciones educativas de Tototepec se sentían defraudadas y que no aceptarían imposiciones, y preguntaban si creían en la bondades de la reforma.
Otra lona fue la que llevaban niñas de primaria, en la que se preguntaba, “Por qué nos asesinan, si somos el futuro de México”.
Los participantes en el desfile repetían la consigna de “Tototepec unido jamás sería vencido”, pedían la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la presentación con vida de los 43 estudiantes, entre otras demandas.
Tras recorrer las principales calles de la ciudad, el contingente se reunió en la cancha del poblado, donde dijeron que el desfile fue de lucha contra las autoridades federales, estatales y locales, porque arrebataban y pisoteaban los derechos plasmados en la Constitución, por lo que no era un desfile más de alegría sino de protesta, para exigir que las autoridades volteen a ver a Tototepec, que tiene muchas carencias.
Al cierre del desfile habló el representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Melitón Ortega, para invitar a los vecinos a seguirse organizando para defenderse de las acciones del gobierno federal, y los llamó que se sumen a las actividades simultáneas del próximo 25 de septiembre, en la víspera del segundo aniversario de la desaparición y agresión a los estudiantes de la Normal en Iguala.
Invitó también a participar en la acción global del 26 de septiembre en la Ciudad de México, donde marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo, con diversas instituciones de educación, organizaciones sociales y la población en general.
Dijo que los padres de los 43 normalistas ven como una burla e impunidad la designación de Tomás Zerón de Lucio como nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), por lo que no reanudarán el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) si no se castiga al funcionario por ensuciar la investigación.

La próxima semana empezarán a atender a jornaleros, acuerda el Consejo con el gobierno

Carmen González Benicio

Tlapa

El Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña entregó la agenda de trabajo para la atención integral de las familias jornaleras migrantes al secretario de Desarrollo Rural (Sagadegro), Juan José Castro Justo, en la primera reunión de acercamiento con el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores.
Ahí acordaron que la semana entrante, iniciarán acciones de atención a los jornaleros, y se enviará la agenda a las instituciones para iniciar el trabajo y la coordinación para la atención de los jornaleros, incluyendo a presidentes municipales y a los titulares de las secretarías, para que tomen decisiones.
Se espera que en la próxima semana se active el comedor y que la comisión intersecretarial sea instalada por el gobernador el 23 de septiembre, pero se iniciará con las acciones más urgentes.
La entrega y revisión de la agenda fue este viernes 9 de septiembre, en la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Secretaría de Desarrollo Social, fecha límite que puso el Consejo de Jornaleros al gobierno del estado para atenderlos antes de movilizarse.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña en la gestión al Consejo de Jornaleros, entregó la agenda a Castro Justo, en la que se especifican los problemas a atender y las instancias responsables de cada área.
Barrera Hernández recordó que los planteamientos son añejos y cada año tienen que volver a exigirlos ante la indiferencia de las autoridades, por lo que esperan políticas públicas concretas.

Un programa de 19 puntos para atender a campesinos

La agenda se compone de 19 puntos jerarquizando de acuerdo a la urgencia de atención que deben recibir los jornaleros en sus localidades, en Tlapa (donde abordan los autobuses), y el trayecto. Desde el punto 13 se refiere al apoyo que deben tener en los campos y especifica cuál es la institución responsable de atenderlo.
El punto principal fue la conformación de la Comisión Intersecretarial de Atención y Apoyo a los jornaleros y sus familias, que es la agencia rectora encargada de implementar un plan integral y permanente de atención; se acordó buscar las condiciones para que haya una respuesta el próximo 23, cuando será la siguiente reunión.
Se especificó que las instituciones estatales que deben integrar la Comisión son las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación, Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Migrantes y Asuntos Internacionales, el DIF estatal, la Secretaría del Trabajo, Registro Civil y Desarrollo Rural; mientras que en el ámbito federal quedaría la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En la agenda se pide al gobierno del estado que se pronuncie públicamente por la protección del salario mínimo de los jornaleros, que debe ser de 200 pesos, que se respete la jornada de ocho horas y asuma el compromiso de velar por sus derechos ante la explotación laboral en los campos agrícolas.

Exigen mantenimiento a las USI

El otro asunto en la discusión fue el deterioro de la USI, que se ha inundado de manera recurrente en esta temporada, los espacios se ha restringido a las familias que no cuentan con dormitorios ni camas suficientes, además de que los espacios son ocupados por programas de Sedesol, y las alumnas de la escuela de parteras desplazan a los jornaleros de los espacios.
Se recordó habilitar estacionamientos y que se registren los autobuses, así como la formalización del terreno entregado en comodato por la Cdi, y que no se ha concretado.
Se pidió el servicio médico permanente en la USI para atender a las familias jornaleras, mujeres embarazadas y niños desnutridos que necesitan auscultación antes de migrar, así como módulos de Registro Civil para la expedición de actas de nacimiento y matrimonio.
También se exige la rehabilitación del comedor comunitario y la necesaria dotación del gobierno de insumos para dar de comer a los jornaleros que acuden a la USI antes de abordar el autobús y donde se registran.
Reactivar el seguro de vida Fopresol para los jornaleros ya que se desconoce si continua por lo que se acordó que se buscará que se reactive y sea un fondo mixto con recursos municipales, estatales y de empresarios.
Se pidió garantizar que el Seguro Popular sea efectivo en los estados receptores de migrantes, ya que al requerirlo tienen que hacer las gestiones nuevamente y muchas veces no llevan sus documentos oficiales, les retrasa la atención o sale muy cara.
Pidieron que la ayuda de movilidad laboral que otorga el Servicio Nacional de Empleo sea de al menos mil 200 pesos para trasladarse a los campos de trabajo, y 600 para regresar y que sea en efectivo, porque con las tarjetas bancarias, “muchas veces se quedan con el dinero, porque cuando vamos al banco ya no podemos sacarlo, que lo den cuando salimos y no dos o tres meses después en los campos porque lo necesitamos para irnos”, explicaron.
Castro Justo dijo que se revisarían las demandas y que en la próxima reunión habría algún representante de la institución para que explicara el monto, los beneficiarios y cobertura.
Pidieron también que se reactive la ayuda en especie, como las despensas para las familias que se registran en la USI y consumen en su recorrido de dos a tres días, hasta los campos, así como los paquetes de limpieza que daba la Sedesol estatal.
Sobre el apoyo a las familias una vez que están en los campos, piden estancias en condiciones dignas, servicios educativos en los campos, seguridad social y servicios de salud, contratos de trabajo, inspección en los campos, y proyectos productivos y programas para jornaleros, así como que que se garantice el respeto a las jornaleras que son víctimas de acoso y explotación sexual.
Se acordó que en el marco de colaboración se hablará con los secretarios federales y estatales para que revisen las condiciones laborales en los campos.

El delegado de la Cdi excluyó a Alcozauca de su plan de obras, denuncia el alcalde

El presidente municipal priista de Alcozauca, Nicolás Diego Herrera, dijo que el delegado en Guerrero de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona Omaña, asigna las obras a discreción y a camaradas suyos, dejando de lado a los municipios indígenas marginados.

Nicolás Diego explicó que sus señalamientos son porque en días pasados en una reunión en esta ciudad, el delegado de la Cdi les dijo que por el recorte del presupuesto habría afectaciones generales a los municipios, y “se entiende que pueden quedar fuera algunas obras, pero Alcozauca quedó fuera de todo”, se quejó.
Dijo que le pidió explicaciones al delegado sobre la exclusión de Alcozauca  en las obras, pero no las recibió y el funcionario sólo le dijo que buscara el próximo año.
Mencionó que su municipio es mayoritariamente indígena na savi, tiene un grado de marginación elevado y las obras de las que entregó en tiempo los expedientes técnicos eran para agua, drenaje y electrificación, principalmente, y ascendían a más de 35 millones de pesos, “tenemos la firma de que se recibieron y no hubo observaciones”.
Lamentó la política federal, porque “ellos nos dijeron que fuéramos a las comunidades y recuperáramos el sentir y necesidades, y ahora nos dejaron fuera, ya no se hará nada con recursos de la Cdi  en San Miguel el Grande, Zoyatlán, Xochapa, Xonacatlán, Lomazoyatl y Nuevo Zaragoza”.
El alcalde dijo que a la región sólo le dan migajas del presupuesto y no conformes con eso, “entregan los recursos de manera tendenciosa, a los camaradas, o quieren que les hagan la barba” y no toman en cuenta los indicadores, la realidad de los municipios, que no conocen porque no salen de su oficina.
Pidió que se revise el comportamiento de Licona Omaña, “quien no es de Guerrero, es de Hidalgo, habrá que investigar si los recursos no se fueron para allá”.
Dijo que expresó su inconformidad porque de los municipios citados el excluido fue Alcozauca, “no sé si los demás presidentes de la región tengan la misma opinión, pero yo no me voy a quedar callado porque la Cdi no está cumpliendo con los pueblos indígenas y se ve la inequidad”, enfatizó.
El edil dio la información al concluir la reunión de ayuntamientos de la Montaña convocada por la coordinación regional de la Secretaría de Planeación y Desarrollo  Regional para integrar el Programa de Desarrollo Regional de la Montaña.

Piden en Tlapa la renuncia del secretario del ayuntamiento por conflicto de intereses

Los regidores por el PRI, Román Reyes Rojas, y por el PRD, Leonardo Manzano Vega, pidieron el cese  inmediato del secretario general del ayuntamiento, Julio César Naranjo Jiménez, por considerarlo juez y parte en los laudos  laborales que enfrenta el municipio, pues es el abogado “de unos laudos que esta administración quiere pagar por compromisos políticos en contra de la ciudadanía”, dijeron.

Los regidores citaron a una conferencia de prensa la tarde de ayer para criticar al alcalde priista Jesús Noé Abundiz García, de quien dijeron que no atiende a la población y ni siquiera despacha en el Ayuntamiento.
Dijeron que harán la solicitud formal de la salida de Naranjo Jiménez porque atenta contra los recursos del municipio que las administraciones perredista, priista y petista no quisieron entregar a 79 trabajadores que demandaron por despido injustificado.
“Hay un conflicto de intereses, él debe defender los bienes del ayuntamiento, pero suponemos que por el porcentaje que le toca ahora quieren pagar o ya hay un acuerdo y eso afecta al municipio por más de 40 millones”, cuestionaron.
Comentaron que la disminución de su salario de 120 a 60 mil pesos afectará a la ciudadanía que acude a pedirles apoyo cuando el edil no atiende las peticiones, “ese dinero era salario, viáticos, gastos para actividades, si apoyábamos a 50 ahora serán 25 personas”.
Indicaron que en la sesión de Cabildo del 26 de julio, donde se discutió la disminución del sueldo, el edil les dijo que no era por la presión social de ciudadanos, sino por las deudas y laudos laborales, pero se negó  a mostrarles documentos, “por eso pedimos a la ciudadanía que esté pendiente sobre ese recurso”.
Se quejaron de que la administración de Abundiz García, quien asumió el cargo al morir de un infarto el presidente electo Javier Morales Prieto,  “está  mal, llegó sin compromiso con el pueblo, no atiende a la ciudadanía, no hay obras ni servicios básicos”.
Se les pregunto si consideraban pedir la renuncia del edil y respondieron que si no trabaja será la ciudadanía quien lo haga, “la gente dice que la viuda y directora del DIF, Rosalinda Mata, sería mejor gobernante porque ella acompañó a su esposo, tal vez debería dársele esa oportunidad”.
Agregaron que ellos y los regidores Luis Enrique Solano del PRI y Mayra Curiel del PRD, están en desacuerdo con lo que sucede en el Cabildo, donde no los toman en cuenta para las decisiones ni les entregan documentos e información que se somete a votación, “nos ganan porque suman mayoría con los dos regidores del PT, una de Movimiento Ciudadano, uno del Gallito, una del PRI y la síndica”.
Señalaron que sólo piden transparencia en  la administración y las finanzas, pero de eso nada les quieren dar, que han solicitado por escrito la nómina del ayuntamiento,  el presupuesto de egresos e ingresos de los rubros estatales y federales de los ramos 23, 27, 28 y 33; los conceptos de deuda para analizarlos y dar propuestas, que les aclaren las obras a ejecutarse del Ramo 33 porque ellos no las aprobaron  y desconocen dónde y por cuánto se harán y las actas de Cabildo, “no hemos tenido respuesta”.
Dijeron que al entrar en funciones el alcalde y sus asesores  modificaron las obras del ejercicio fiscal de 2015.
Los regidores concluyeron que hay muchas anomalías y llamaron a los ciudadanos a estar al pendiente.