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Piden abogados a Evelyn abrir los juzgados laborales y reponer expedientes perdidos

Karina Contreras

Abogados laborales demandan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que se abran los juzgados laborales porque están detenidos miles casos de trabajadores que tienen demandas y agregaron que con el huracán Otis se perdieron miles de expedientes de acuerdo con lo que les informaron las mismas autoridades.
El abogado Carmelo Loeza Hernández dijo que estaban exigiendo a la gobernadora Evelyn Salgado que regrese a ver el problema de los trabajadores porque “después del Otis los tribunales laborales, la primera y segunda junta, están cerrados. Estamos en un edificio que se está remodelando, pero faltan los muebles, el sistema para que empiecen a andar las audiencias”.
Agregó que lo que están pidiendo los abogados es una reunión “con algún subordinado de la gobernadora, que tenga facultades para resolver el problema, o bien con la gobernadora directamente, porque ya urge que se abran porque ya son ocho meses del huracán y no hay justicia para la clase trabajadora”. Agregó que todos los asuntos están parados, es decir, los amparos, los amparos indirectos, los amparos directos porque “no hay informe de los tribunales laborales, no pueden avanzar los juicios por ningún lado”.
Loeza Hernández dijo que hay otro problema y es que en la primera junta hay 12 mil expedientes y en la segunda hay 10, en donde en el huracán se perdió el 30 por ciento de los expedientes y “no sabemos cuáles se perdieron, nos tienen que avisar a nosotros de manea oficial cuáles se extraviaron y nosotros mediante un incidente promover la reposición de todos esos expedientes y nos va llevar mucho tiempo, unos cuatro o cinco meses; ya llevamos ocho meses perdidos más otros cinco que pierdamos en la reposición de expedientes no es justo, se tiene olvidada a la clase trabajadora de Acapulco”.
El edificio Vasco Núñez de Balboa, donde estaban las juntas, se destrozó totalmente y ya es “oficial que se extravió el 30 por ciento de los expedientes en cada junta y nosotros queremos que se reabran los tribunales para si se perdió un expediente, empezar a reponer y empezar las audiencias”.
Pidió a la gobernadora que pronto se arregle esa situación porque no hay justicia para la clase trabajadora que fueron despedidos y que esperan que se les haga justicia y “esperan con ansia que sea en laudo a su favor”.

 

El Centro Prodh no exigía castigo a promotores de la “verdad histórica”, señala López Obrador

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al adentrarse en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, encontró “cosas raras” y las atribuyó a la actuación en el caso del prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”, dijo ayer el presidente en su conferencia de prensa matutina.
“Se habló del pacto de silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos, eso es lo que yo supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones, es mi hipótesis”, añadió.
Aseguró que el Centro Prodh, se ha ido “echando a perder”, y agregó que no entendió los motivos por los que no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada “verdad histórica, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam.
“¿Cómo es que los del Prodh, que son defensores de los derechos humanos y además están asesorando a los padres (de los 43), no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados, que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica?”, preguntó.
Afirmó que “lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables y se toma la decisión, de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detiene a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman que se habían hecho mal las cosas”.
Recordó el caso de detenidos que alegaron que fueron torturados para sacarles una declaración a modo sobre los hechos y posteriormente fueron protegidos por defensores de derechos humanos cuando había evidencia de su participación, y después fueran dejados en libertad.
“Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan con elementos o no de que fueron torturados y eso lleva a que los dejen libres. ¿Por qué me entero de esto? Porque tengo las pruebas de que los que supuestamente habían denunciado que habían sido víctimas de tortura después declaran, como testigos protegidos libres, de que sí habían participado” en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Acusa a Álvarez Icaza y a la CIDH de la liberación de involucrados

Aseguró que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de supuestos involucrados están relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien volvió a calificar de “farsante”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde la zona de reporteros, se le preguntó directamente si el abogado Vidulfo Rosales se encontraba entre los asesores en cuestión.
“No, no, no me quiero meter a ese tipo de cosas, lo que quiero es que los padres sepan, porque los padres no saben esto que les estoy diciendo. O sea, los padres no saben que la sentencia que dejó libres a quienes participaron, porque eso sí lo puedo probar, en la desaparición de los jóvenes, al menos algunos de los que participaron tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de los derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando a ellos”, respondió.
De igual forma se le preguntó sobre los avances en las investigaciones contra el ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y respondió que no quieren meterse en esas investigaciones “porque se van a convertir en víctimas y que ya los estamos persiguiendo. No, no, no, para nada, lo que queremos es conocer la verdad, o sea, a ver, porque lo que está de por medio es encontrar a los jóvenes y es un compromiso que hice con los padres. Y además, a todos nos conviene, es un asunto de interés nacional”.
El presidente aseguró que mantiene comunicación con los padres y adelantó que este viernes sostendrán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

Reclaman organizaciones empresariales y de abogados a la gobernadora por la inseguridad

Redacción

Organizaciones empresariales y de abogados reclamaron en un comunicado la “alarmante” situación de inseguridad a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y señalaron que la federación, el estado y el municipio han fallado en la prevención del delito, y pidieron “no más “discursos vacíos y promesas incumplidas”.
Aunque no se menciona en el comunicado el asesinato del ex presidente de la Barra de Abogados-Colegio de Abogados de Acapulco, Salomé Gutiérrez Aguirre, quien fue ejecutado a balazos dentro de su automóvil y su acompañante resultó herido en un ataque en la calle Cinco de Mayo en el Centro de la ciudad.
La misiva respaldada por 22 organizaciones señala: “es evidente la omisión de las autoridades en esta grave situación. No podemos permitir que la impunidad y la falta de acción continúen amenazando a los ciudadanos. La seguridad debe ser la prioridad absoluta de quienes ocupan cargos públicos y de quienes están encargados de hacer cumplir la ley para vivir en un Estado de Derecho”.
Agrega: “expresamos profunda preocupación ante la alarmante situación de inseguridad que prevalece en nuestra región. Es imperativo que nuestras voces se escuchen para exigir a nuestras autoridades acciones concretas en materia de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno, principalmente al Gobierno del Estado”.
En el texto señalan que la violencia e inseguridad que afectan a la entidad “son inaceptables, percibiendo que las autoridades en materia de seguridad, han sido superadas, por los hechos delictivos que acontecen diariamente”.
Recordaron que el incremento de la violencia ha alcanzado a las propias instituciones, “por lo que no podemos permanecer indiferentes ante la creciente ola de violencia y los delitos que laceran diariamente a la economía de nuestro estado; no podemos seguir siendo testigos impotentes de esta realidad que afecta a nuestras sociedad y pone en peligro la tranquilidad y economía de nuestras familias”.
Por eso “exigimos a las autoridades, que pongan en marcha acciones inmediatas y efectivas para combatir la inseguridad”, y pidieron redoblar esfuerzos en las áreas de investigación y prevención del delito, y dar los recursos necesarios a las fuerzas de seguridad para cumplir con su deber.
Señalaron que “la Federación, las entidades federativas y los municipios están fallando en su función comprendida en la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, con el fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
Solicitaron analizar las acciones que se plantean en las estrategias de seguridad pública aplicadas por el gobierno federal y adoptadas por el el gobierno estatal, “que a más de dos años han dado nulo resultado, de no hacerlo, cambiar a los servidores públicos que están a cargo de las instituciones y poner perfiles con conocimiento en el temas de seguridad y procuración de justicia”.
Además de que “no es suficiente los discursos vacíos y promesas incumplidas; los ciudadanos requerimos observar un compromiso real por parte de las autoridades para restaurar la paz y la seguridad en Guerrero”.
Finalizan diciendo que “con unidad y determinación, elevamos la voz contra la inseguridad en Guerrero para ver resultados tangibles que devuelvan la paz y la tranquilidad a nuestra ciudadanía, exigiendo a las autoridades actúen de manera decidida y efectiva para restablecer la paz en Guerrero, a efecto de que el fortalecimiento de las instituciones prevalezca”.
Firman el comunicado el Grupo ACA, Canaco-Servytur Acapulco, AHETA, Coparmex Acapulco, Canirac Acapulco, Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de Acapulco, Aso-ciación Mexicana de Mujeres Em-presarias, Asociación de Hotele-ros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Grupo Solidaridad.
También lo signan el Grupo de Abogados del Estado de Guerrero, Barras de Abogadas y Abogados Colegio de Coyuca de Benítez, Unión de Profesionistas de Guerrero, Colegio de Abogados del Estado de Guerrero Ignacio Manuel Altamirano, INCLUDER Colegio Federado de Abogadas y Abogados, Foro Guerrerense de Abogados, Unión Internacional de Mujeres Líderes del Derecho, Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Colegio de Abogados Eduardo López Be-tancourt, Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Gue-rrero, y la Barra de Acapulco-Co-legio de Abogados.

 

Resolver la impugnación de la elección de rector con apego a derecho, piden al TEE opositores de Saldaña

Integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, durante la conferencia prensa que ofrecieron en el lobby del Tribunal Electoral del Estado luego de que se reunireron con la magistrada, Alma Delia Eugenio Alcaraz Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), exhortó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) a resolver no sólo apegado a derecho, sino con justicia, el Juicio Electoral Ciudadano que presentaron ante ese organismo.
Una comisión de ese movimiento, encabezada por los abogados Rubén Cayetano García y Román Ibarra Flores; el ex rector Ramón Reyes Carreto, y los ex aspirantes a rector, Jorge Luis Urióstegui Traín y Silvia Alemán Mundo, quienes se reunieron con la magistrada del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaraz.
Los universitarios le entregaron un documento en el que piden al organismo electoral que no se deje presionar, ni ceder “ante el chantaje e impedir que intereses políticos aviesos materialicen sus insanos procedimientos, adjudicándose un rectorado bajo la simulación de un proceso democrático, con candados no previstos en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, 178, para impedir la libre participación de aspirantes e imponer un candidato único”.
Después, en conferencia de prensa, denunciaron que “la mafia” que encabeza en la UAG el rector electo, Javier Saldaña Almazán, está ejerciendo distintas represalias en contra de los opositores.
El movimiento opositor presentó el recurso de inconformidad el 3 de junio, ante la Comisión Electoral de la UAG, pero resolvió en contra y el 10 de junio presentó el Juicio Electoral Ciudadano ante el TEE.
Los actos reclamados son la imposición de candados en la convocatoria para la elección de rector o normas que son menores a la ley electoral; el incumplimiento de la paridad de género; la inelegibilidad del ahora rector electo, así como la violación a la periodicidad de las elecciones, debido a que, argumentan, si hubo elecciones en 2017 debió haberlas en el 2021 y las siguientes en 2015.
Recomendaron en su escrito no deteriorar aún más el concepto de autonomía con el pretexto del “no injerencismo” y la concesión “de un manto de impunidad, solapando procedimientos arbitrarios y violatorios de disposiciones de orden público superiores a cualesquier norma interna hecha a modo, para mantener el control absoluto en nuestra Alma Mater”.
Pidieron “disipar la sospecha de que las dos últimas magistraturas fueron cuotas partidistas entre Morena y PRI, actuando con absoluta imparcialidad”.
Exhortaron a no sentar el peor precedente antidemocrático en Guerrero y a no salirse por la tangente, “evadiendo entrar al fondo del asunto, bajo falsos silogismos de falta de legitimidad por no ser candidatos, ya que en el presente asunto no estamos frente a un tema de autogobierno, educativo o académico, de investigación, o cultural interno, sino ante la flagrante violación de una ley (la 178), que en su artículo primero se señala que es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero, ley que, como todas las leyes, emana de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que este tribunal debe salvaguardar”.
Aclararon que no harán ninguna manifestación, marcha o mitin en el TEE, “porque no somos iguales, porque nos asiste la razón y porque guardamos la esperanza de que magistradas y magistrados reflexionarán sobre su papel histórico en este asunto y establecerán un criterio limpio, ajeno de intereses políticos del poder, para recuperar la democracia y la periodicidad en la Universidad Autónoma de Guerrero”.
El ex rector Reyes Carreto dijo que la posición de este grupo de universitarios va a continuar impugnando, a pesar de las amenazas de proceder legalmente en contra de varios universitarios y agregó que si no procede el Juicio Electoral en el TEE, van a continuar en otras instancias.
Silvia Alemán advirtió que van a defender los derechos políticos de las mujeres universitarias, porque no puede ser que en la máxima casa de estudios se estén pisoteando los derechos políticos de las mujeres universitarias, dijo en referencia a que le impidieron su participación en la elección.
Jesús Urióstegui declaró que de lo que se trata es de restaurar la universidad democrática, e hizo un llamado a los que se han enquistado en la institución a que la regresen al pueblo de Guerrero, “para que se trabaje en bien de los guerrerenses con proyectos y no hacerla un trampolín con fines políticos”.
El abogado Román Ibarra volvió a insistir en que con el aval de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el grupo que encabeza el rector electo Saldaña Almazán despilfarra más de mil millones de pesos del presupuesto de la universidad para sus fines políticos.

Pagar directamente a los abogados defensores de migrantes en EU, plantean en foro de la UAG

Las federaciones y clubes de migrantes guerrerenses en Estados Unidos se organizan para defenderse contra la política antimigratoria desde el  gobierno de Barak Obama, cuando las deportaciones de mexicanos rompieron récord, dijeron los representantes en un conversatorio organizado por la Coordinación de Asuntos Globales de la UAG.
Llamaron a los políticos de Mé-xico que se redujeron salarios para apoyar a la comunidades de migrantes en Estados Unidos ante el racismo del presidente Donald Trump, a que no entreguen el dinero a los consulados, que no tienen capacidad de defenderlos por no tener documentos, que lo paguen directo a las barras de abogados que los representan cuando son detenidos.
Los especialistas señalaron la necesidad de abogados que hablen inglés y conozcan el derecho de Estados Unidos, que es muy diferente del sistema penal de México.
Antes, en la mañana, estuvieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Armando Soto Díaz, en la instalación del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) del programa de inversión de obra 3×1.
El delegado Armando Soto Díaz aclaró vía telefónica que hoy continuarán los trabajos con los líderes, en un acto político denominado “Diálogo con migrantes”, y la toma de protesta del COVAM, a la que convocó el gobernador Héctor Astudillo Flores, que se prevé será un acto cerrado en la Casa Guerrero.
El conversatorio se inauguró a las 5 de la tarde, por el rector de la UAG, José Alfredo Olea, y participaron líderes comunitarios, migrantes en retorno, representantes de organizaciones civiles y especialistas de la universidad.
En la reunión, el coordinador de la Federación de Clubes Unidos de Guerrero y California, Gaudencio Vélez Catalán, reconoció que el fenómeno Trump es preocupante, pero “no todo es temor” y las organizaciones con el Senado están tomando medidas precautorias para defender los subsidios de las ciudades santuario, como las de California, donde las reglas son más benévolas para los migrantes.
Aclaró que este problema se vive distinto en cada estado, porque en otros el racismo es tan alto que los migrantes son como “personas inexistentes”.
En comparación con Estados Unidos, dijo que en México los políticos no cumplen sus promesas de campaña, y allá sí, “y Trump quiere deportar a millones de gentes, busca la manera que la supremacía blanca esté al tope, afortunadamente muchos guerrerense que tienen documentos y muchos ya abrimos los ojos para defendernos”.
El coordinador general de los Clubes Unidos de Guerrerenses del Medio Oeste, radicado en Chicago, Erasmo Salgado Jiménez, subrayó que el racismo de Donald Trump no sólo es contra México, sino contra todos los países,
Opinó que en Guerrero “miran que el problema de Donald Trump es demasiado grande para nosotros (los inmigrantes), pero Estados Unidos es un país de leyes, (el presidente) ha firmado ya no sé cuántas iniciativas de ley, y falta que las pase por las cámaras alta y baja”.
Llamó a los políticos que anunciaron millones de pesos de los recortes, que abran una mesa de trabajo para que los líderes les expongan el caso y no envíen el dinero a los consulados, “porque al canalizarse el dinero regresa al mismo gobierno y nos dan atole con el dedo”.
Pidió que se contrate a barras de abogados especialistas en el tema migratorio, para que los migrantes conozcan sus derechos y las medidas que deben adoptar en caso de detención.
“Los consulados no tienen capacidad de atender a los presos que van a ser deportados”, aseguró.

Guerrero no da garantías a los paisanos

Mientras los analistas se interesaban por medidas de atención a los migrantes repatriados en Guerrero, el universitario Alejandro Díaz Garay aclaró que los hijos de los migrantes no tienen interés en vivir en Guerrero, “lo ven como pueblito bonito, que van a conocer pero se regresan allá, seamos realistas”
La entidad tampoco les da garantías. “Guerrero está en crisis, el presupuesto de egresos es del orden de 50 mil millones de pesos, el dinero viene etiquetado; el gasto programado son 39 mil millones, 32.5 mil millones son para gasto corriente. La inversión para infraestructura y servicios es insuficiente desde siempre, y programas como el 3×1 le vienen a hacer la chamba que el gobierno tiene que hacer por ley”.
En el 3×1 que administra Sedesol, los migrantes aportan 25 por ciento del costo de las obras para sus comunidades de origen.
Además, señaló la impunidad en miles de crímenes, que ni los alcaldes ni el gobernador están interesados en resolver, “pobres de los inmigrantes que regresen porque los van a desplumar”,
Planteó que se empiece a tender puentes en Guerrero, pues la tarea es grande, “necesitamos abogados bilingües, que no sólo hablen inglés fluido y sepan de las leyes norteamericanas, muy distintas a las México. Hagamos propuestas, y alcemos la voz”.
Por separado, el delegado de Sedesol, Armando Soto Díaz, dijo que más de 600 mil paisanos están radicados en Estados Unidos, fundamentalmente en Chicago, Los Ángeles, San Diego, Nueva York y la Vegas, la mayoría indocumentados.
El gobernador Héctor Astudillo convocó a los clubes y federaciones de guerrerenses radicados en EU, así como a los municipios con mayor migración, a lo que llamó “Diálogo con migrantes y toma de protesta del Comité de Validación del Programa 3×1”, hoy a las 9 de la mañana en la Casa Guerrero.

Balean una oficina de abogados en Zihuatanejo

Hombres armados atacaron a balazos la fachada de la oficina de abogados Dorian Niño en la calle Ópalo en la colonia centro en Zihuatanejo.
Según fuentes policiacas, a las 6 de la tarde de ayer recibieron un reporte que habían balaceado un edificio en el centro de Zihuatanejo.
Testigos informaron que un vehículo se detuvo al frente de las oficinas y hombres dispararon en dos ocasiones a la fachada del edificio. En este ataque no hubo reporte de heridos ni muertos, policías estales y ministeriales llegaron al lugar para hacer las investigaciones.

No cambió la STPS a seis funcionarios de la JLCA de Zihuatanejo, denuncia la CROM

 

El dirigente regional de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en Zihuatanejo, Felipe Moreno Sánchez, denunció que el secretario del Trabajo en Guerrero, Oscar Ignacio Rangel Miravete, incumplió el acuerdo de cambiar a presuntos malos funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), a cambio de no manifestarse el pasado 15 de marzo, junto con los abogados litigantes que exigieron la destitución de la ahora ex presidenta Martina Martínez Fierro.
Moreno Sánchez, en conferencia de prensa, dijo que antes de que ocurriera la toma del tribunal laboral por parte de abogados litigantes que habían tenido diferencias con la anterior presidenta, él hizo llegar su inconformidad a Rangel Miravete, a quien le planteó la petición de que cambie de lugar de trabajo a cuando menos seis trabajadores de ese tribunal, pues aseguró que “no laboran si no hay dinero por delante, si quieres que tu juicio avance hay que dar propinas”.
Agregó que le expresó al secretario del Trabajo que era urgente un cambio no sólo de la presidenta sino también de los trabajadores “porque ya se han amafiado con los abogados que llevan juicios ahí, hay contubernio; entonces le pedimos que los cambiara y él se comprometió a que así se haría porque para esto le hicimos saber que como Confederación Regional, nosotros íbamos a tomar la oficina de la Junta”.
Moreno Sánchez añadió que enseguida se dio el movimiento de los abogados y volvió a hablar con Rangel Miravete, a quien le recordó que no había cumplido el compromiso de cambiar a los trabajadores por el bien de la propia Junta, “le dijimos que con cambiar sólo a Martina Martínez no iban a cambiar las cosas, que también se deben de ir muchos trabajadores y le dimos los nombres”.
“Le dije que nos íbamos a sumar a la toma de las oficinas junto con los abogados y que íbamos a hacer un escándalo de que está protegiendo a servidores públicos corruptos, entonces, él me ofreció que los cambiaría pero que no se sumara al movimiento de los abogados, mi organización cumplió pero el secretario del Trabajo no, por eso públicamente le pedimos que cumpla y que cambie también al resto de los trabajadores, que venga gente nueva para que la Junta camine, si no, va a seguir siendo la misma gata, nomás que revolcada”, concluyó.

Astudillo encontró altos índices de violencia pero lo tendrá que solucionar, dice abogado

“Es lo que encontró, pero lo tendrá que solucionar, yo creo que es un reto del gobernador, es un reto que tiene en el tintero y tiene que dar el cambio que estamos esperando”, dijo en el nuevo presidente de la Barra de Abogados Mariano Otero, Rigoberto Gallegos Contreras, en relación a las declaraciones de gobernador Héctor Astudillo Flores sobre la ola de violencia en el inicio de su administración.
El miércoles, Astudillo Flores se justificó: “es lo que me encontré”, en relación a la acusación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a los gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, sobre que el alto nivel de homicidios e inseguridad del estado se debe a que fueron omisos en fortalecer la policía.
Ayer el nuevo presidente de la asociación de abogados tomó protesta junto a su comité en el hotel Presidente, y allí se comprometió a enfrentar los retos jurídicos y buscar una sede para el colegio.
En declaraciones a reporteros, Gallegos Contreras comentó que actualmente hay nuevas autoridades, nuevo gobierno del estado y esperanza de que cambie la situación de violencia en el estado.
Indicó que el colegio exige que se aplique el marco jurídico para que se refleje un cambio y disminuya la delincuencia, sin violentar los derechos humanos, “es muy importante”.
Estimó que dentro de un “tiempo meritorio” y adecuado bajen los índices de violencia y agresividad, y “podamos trabajar en paz para tener en el estado y municipio inversiones que se han ido, para traer más riquezas y la gente tenga un trabajo seguro”.
En su participación, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, pidió al colegio y a su nuevo representante defender a los ciudadanos que estén implicados en un problema para que no se violen los derechos humanos.
Y ejemplificó que hay 43 familias que piden “sed de justicia” en relación a los desaparición de los normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala.
El abogado Jesús Lemus Beltrán, pidió al nuevo presidente del colegiado y a su comité no utilicen como “trampolín” la asociación para tener un cargo político o público.
Dijo que hace falta un colegiado digno para los abogados, porque se carece de capacitación en las asociaciones de esa índole.