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Bloquean la autopista en la capital familiares de dos normalistas asesinados por policías en 2011

Padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados el 12 de diciembre de 2011 por policías en un desalojo, acompañados de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, e integrantes de organizaciones sociales, bloquearon la Autopista del Sol y marcharon en Chilpancingo para exigir justica para sus hijos.
En la marcha participaron unos 2 mil manifestantes, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), entre otras organizaciones sociales.
Los manifestantes hicieron un mitin en el cruce de las carreteras a Acapulco, frente al Parador del Marqués en la salida de Chilpancingo hacia Acapulco, lugar donde fueron asesinados Alexis Herrera y Gabriel Echeverría hace cuatro años, donde el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui aseguró que “los machetes” de la organización seguirán solidarios y a las órdenes de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, víctimas de la represión del Estado.
Durante la manifestación llegaron cerca de 20 camiones y tres patrullas de la Policía Federal con equipo antimotines, que no descendieron de los vehículos. Una comisión de los uniformados resguardó la zona para desviar la circulación vehicular y la protesta se llevó a cabo.
Al mediodía los manifestantes partieron en marcha del monumento a Nicolás Bravo, mejor conocido como El Caballito, hacia el Parador del Marqués, sobre los carriles de alta velocidad de norte a sur del bulevar Vicente Guerrero; el contingente fue encabezado por los padres y familiares de Alexis Herrera, Gabriel Echeverría y los 43 normalistas desaparecidos, seguidos por las organizaciones sociales.
Durante la marcha, los manifestantes corearon las consignas como “¡Vestido de verde olivo..!”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”, y “¡el pueblo unido jamás será vencido!”, entre otras.

El mitin

El contingente avanzó por el bulevar Vicente Guerrero, sin detenerse hasta la autopista en la salida a Acapulco, en donde se colocaron dos cruces en memoria de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría; ahí se llevó a cabo una misa y después un mitin político en el que participaron los dirigentes de las organizaciones sociales.
Familiares de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría fueron los primeros en participar en el mitin, que inició cerca de las 4 de la tarde; expresaron que estos cuatro años sin resolver el asesinato de los normalistas han sido difíciles, por la omisión de las autoridades.
En el mitin participaron el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, los dirigentes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes coincidieron en que continuarán solidarios con las familias de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría y con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
El señor Margarito Guerrero, padre del normalista de Ayotzinapa Jhosivani Guerrero de la Cruz, habló a nombre de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y dijo que “por lo menos” los familiares de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría saben qué pasó con sus hijos y pudieron enterrarlos, mientras que, “nosotros no sabemos dónde están nuestros hijos, qué les hicieron, si van a regresar”.
Margarito Guerrero dijo que la injusticia le pegó con más fuerza a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, que desde septiembre del año pasado esperan noticias de sus hijos y viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, esperando que los jóvenes regresen.
Aseguró que los padres de los 43 normalistas desaparecidos pedirán justicia para Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, y pidió a los padres de los estudiantes asesinados hace cuatro años que no dejen solos en su lucha a las familias de los 43.
Por su parte, Marco Antonio Suástegui dijo que el Cecop ha estado en pie de lucha, y que él vivió tanto la injusticia como la represión del Estado “en carne propia”, al ser encarcelado injustificadamente casi un año y medio, “pensaron (las autoridades) que así dejaríamos de manifestarnos, pero están equivocados”.
“Los machetes del Cecop estarán a sus órdenes (de los padres de los normalistas de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos), vamos a seguir exigiendo justicia y continuaremos con nuestra lucha”, expresó Suástegui.
Ramos Reyes dijo que la CETEG ha estado en pie de lucha desde septiembre del año pasado, cuando la organización supo de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aseguró que el magisterio disidente seguirá solidario con las familias de los estudiantes y reprobó que el Estado le apueste a la represión social y no al esclarecimiento de los hechos.
La manifestación concluyó cerca de las 5 de la tarde. Después del mitin los estudiantes abordaron ocho autobuses que los trasladaron de regreso a la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla.

Nombraron precaristas de Iguala a su colonia María de los Ángeles en agradecimiento a la esposa de Abarca

Al norte de Iguala, asentada en un predio irregular se encuentra la colonia María de los Ángeles, nombre que los vecinos le dieron en agradecimiento a la ex presidenta del DIF y esposa del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa, por el apoyo que la pareja dio a los precaristas en la primera etapa de electrificación y el rastrilleo de calles, entre otros beneficios.
La colonia irregular La Pradera o Loma de la Pradera, ubicada al norte de la ciudad a un costado del centro religioso Monte Tabor y a espaldas de la central de abasto, fue fundada por Rafael Ochoa Ochoa y unas 50 familias que invadieron el predio de unas dos hectáreas el 19 de junio de 2010, luego de haber sido expulsados de la colonia 10 de Mayo, también irregular, que encabezó el asesinado dirigente social perredista de la organización Mártires del Vado de Aguas Blancas, Francisco López Liborio.
El asentamiento cuenta con su propio acceso por la carretera Iguala-Taxco, a unos 300 metros de la central de abasto, al norte de la ciudad, y hasta finales de 2013 vivían ahí unas 50 familias en casas de madera, cartón y lámina.
Este asentamiento cambió su nombre de La Pradera a María de los Ángeles Pineda Villa, después del 3 de septiembre de 2013, en reconocimiento a la ex presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez, ambos presos en penales federales, quienes con el interés de promover a Pineda Villa como candidata a la alcaldía de Iguala para quedarse en el cargo de su esposo, entregaron la primera etapa de electrificación a la colonia, realizaron el rastrilleo de calles e iniciaban los trámites para el proyecto de regularización.
Después de ser detenido y encarcelado el 31 de agosto por el presunto delito de portación de arma de fuego, el dirigente de ese asentamiento y sobreviviente de la Unidad Popular, Rafael Ochoa, fue expulsado el 3 de septiembre de la colonia que fundó.
El desalojo violento de él y otras 30 personas, integrantes de siete familias que lo seguían, fue perpetrado por más de 50 policías municipales armados, que esa noche golpearon a hombres y mujeres.
En esa ocasión, Ochoa Ochoa denunció ante la prensa que los policías, enviados por el entonces alcalde José Luis Abarca, “le entregaron” la colonia a un grupo opositor a él, que, según el dirigente, era respaldado y protegido por el gobierno local.
Citó que entre los preventivos iban unas 10 personas opositoras a su grupo, encabezadas por Basilio Sandoval, quienes les iban diciendo a los uniformados a quiénes detener y desalojar.
En esa ocasión, dijo que entre los integrantes del grupo opositor también iban las señoras Cirina y Catalina Basilio, que promovieron la detención de Ochoa Ochoa cuatro días antes por el supuesto delito de portación de arma de fuego, delito del que fue liberado 19 horas después tras el pago de una fianza de 8 mil pesos.
Antes de la detención de la pareja presidencial, la colonia se llamaba María de los Ángeles Pineda Villa, pero después del caso Ayotzinapa, sólo le dejaron el nombre de María de los Ángeles.

Presentan egresados de Ayotzinapa el examen en Acapulco para obtener plaza

 

Los egresados de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la generación 2011-2015 Sangre, Resistencia y Esperanza, se presentaron a la aplicación extraordinaria del examen de ingreso al Servicio Profesional Docente que se llevó a cabo el sábado en el Fórum Mundo Imperial, en Acapulco.
En declaraciones vía telefónica, el dirigente del comité de egresados de Ayotzinapa, Izcóatl Benito Coronado, informó que los 121 normalistas asistieron al examen que se aplicó en dos etapas, la primera se llevó a cabo el 18 de octubre y la segunda este sábado en Acapulco.
Benito Coronado señaló que antes del examen, los normalistas estuvieron en el Curso Integral de Consolidación a las Habilidades Docentes que impartieron trabajadores de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de Educación (DGESPE), en las oficinas alternas del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), en la colonia Viguri, en la capital, pues fue parte de los acuerdos que hicieron con la federación.
Benito Coronado dijo que en la aplicación del examen en Acapulco no hubo resguardo policiaco, y que asistieron los 121 egresados, quienes buscan obtener una plaza como maestros de primaria y de educación física, preparación que sólo se ofrece en la Normal Rural de Ayotzinapa.
Benito Coronado precisó que los egresados de Ayotzinapa continuarán exigiendo que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) les conceda plazas de maestros de manera automática, pero que acordaron con la federación que se presentarían al examen.
“Aunque los compañeros no sean idóneos, la exigencia será que se les dé trabajo para que puedan ejercer sus conocimientos, tanto los que aprendieron en la Normal Rural de Ayotzinapa como los que adquirieron durante el curso (previo al examen)”, declaró el dirigente de egresados.
Benito Coronado manifestó que luego de que se conozcan los resultados de la evaluación, los egresados se reunirán con el gobierno federal para determinar la situación de los 121 normalistas, aunque no se les dijo cuándo se emitirán los resultados.

Protestan organizaciones en la presidencia de Iguala para exigir una audiencia con el alcalde

Representantes de al menos seis organizaciones adheridas al Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala protestaron el mediodía de ayer afuera de la sala de presidencia, en la sede alterna del Ayuntamiento, para exigir una audiencia con el alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza, que les ha negado desde que inició su gobierno hace dos meses, y reclamaron respeto al movimiento por Ayotzinapa.
Cerca de las 12:30 del mediodía, unos 25 representantes de la CETEG, del Bloque Democrático de Organizaciones, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guerrero (Sutcecyteg), jubilados y pensionados, de la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona y empleados despedidos por el actual gobierno protestaron afuera de la sala de presidencia, gritando consignas en apoyo a Ayotzinapa.
En el lugar, los inconformes fueron recibidos afuera de presidencia por el director de gobernación, Miguel Salgado, y por el secretario particular del alcalde, Francisco Mejía, quien sólo recibió y firmó de recibido la solicitud de audiencia, y los citó para el próximo jueves a la 1 de la tarde.
Los representantes de las organizaciones reclamaron que, a dos meses de haber asumido el gobierno de Iguala y a pesar de que ya le habían hecho la petición antes, Albarrán Mendoza se niega a acercarse a las organizaciones que apoyan el movimiento por Ayotzinapa.
Unos 20 minutos después, se retiraron del lugar sin ser atendidos por el alcalde y ofrecieron una conferencia de prensa en la carpa de la explanada municipal.
El representante de le CETEG, el profesor Rafael Salgado Quezada declaró que ante la desatención de Albarrán Mendoza a las organizaciones sociales, más grupos se están uniendo al Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y al Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en apoyo a Ayotzinapa.
A dos meses de iniciado el gobierno priista de Esteban Albarrán, dijo que es una administración que está mostrando “pocas tablas, poca disponibilidad al diálogo y al acuerdo, le falta madurez política para tener apertura para sacar adelante diversos problemas en el municipio, y no sólo con el bloque de organizaciones, sino con diferentes grupos que lo han manifestado así, y prueba de ello es la inconformidad que hoy hay hacia él”.
Señaló que hay información que es cooptada por el presidente municipal, “que hace callar las voces de inconformidad que hay hacia él”.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Honorables Ayuntamientos y Paramunicipales del estado de Guerrero, Alberto Ramírez Suárez dijo que, como trabajadores del Ayuntamiento despedidos injustificadamente y que promovieron amparos indirectos en el juzgado quinto federal, están en espera de que la justicia federal defina su situación respecto al amparo y su retención de salarios.
Al referirse al alcalde, Albarrán Mendoza le dijo que, “esto apenas comienza, nosotros no hubiésemos querido llegar a hacer actividad política, pero ante su cerrazón y la negativa que nos ha dado y nos ha cancelado las audiencias que ellos mismos nos han programado, platicamos con dirigentes liderazgos de colonias de Iguala para desarrollar actividad política con el Bloque Democrático y reclamar justicia y que aparezcan los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el año pasado en Iguala y Cocula”.

Busca 29 millones de pesos para la remodelación del Ayuntamiento de Iguala, informa el alcalde

 

El alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza informó ayer en conferencia de prensa que gestiona ante el gobierno del estado 29 millones de pesos para la remodelación del Ayuntamiento, que fue destruido, saqueado y quemado el 22 de octubre, después de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
El 22 de octubre de 2014, 10 mil activistas marcharon en Iguala encabezados por los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y algunos vecinos de Iguala aprovecharon esta actividad para saquear el Palacio Municipal y tiendas de autoservicio.
Ayer en conferencia de prensa, el alcalde acompañado del secretario de Obras, Ignacio Pérez Niño, informó que está gestionando recursos ante secretarías del gobierno del estado, “el proyecto de remodelación es de 29 millones de pesos, ya está ingresado, es cuestión de darle seguimiento, al parecer vamos por buen camino y espero que sí nos den ese recurso para poder remodelarlo”, dijo.
Agregó “espero que me den la buena noticia de que ya está autorizado”, en las próximas semanas o a principios de enero cuando ya se sepa de la autorización formal.
Dijo que con ese recurso las instalaciones del Ayuntamiento funcionarían sin ningún lujo y confirmó que el edificio no tiene ningún daño estructural, el daño es exterior.
Dijo que ya fueron acondicionadas cuatro oficinas de atención, el Registro Civil, Tránsito, Desarrollo Económico y Jurídico y agregó que el acondicionamiento de más departamentos se hará de forma periódica y cuando tengan más recursos.
Dio a conocer que un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN) revisó hace unos días los edificios públicos del municipio e informaron que las instalaciones del Lienzo Charro Rubén Figueroa están totalmente dañadas y tiene que ser demolido.
A pregunta de una reportera, Albarrán dijo que “la nómina está exactamente como la recibimos y tenemos problemas porque no hay recursos para liquidar, lo de menos es sacar 100 o 200 trabajadores de un jalón y no liquidarlos, pero te demandan y es el problema que tenemos en este momento”, agregó que hay demandas laborales de administraciones pasadas.
Agregó que poco a poco están liquidando a trabajadores de acuerdo al recuso que tienen para pagar, hasta el momento han despedido a 60 trabajadores, a quienes han pagado alrededor de 800 mil pesos.

Acuerda la Asamblea Popular marchar el 26 en el DF a 14 meses de la desaparición de los normalistas

 

La Asamblea Nacional Popular (ANP) aprobó que a 14 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el movimiento social marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, el 26 de noviembre.
Continuarán las brigadas de los padres en las regiones de Guerrero para convocar a una marchar unitaria el 12 de diciembre en Chilpancingo, al cumplirse cuatro años del desalojo a balazos de una manifestación pacífica de alumnos de la Normal en la Autopista del Sol, donde murieron dos estudiantes, y otros más fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y de tortura.
El representante de los padres de los desaparecidos, Melitón Ortega informó vía telefónica que en la sesión del sábado se acordó que la marcha del 26 de noviembre comenzará a las 4 de la tarde en el monumento del Ángel y concluirá en un mitin en la plaza de La Revolución.
Añadió que del 29 de noviembre al 9 de diciembre, padres y organizaciones llevarán a cabo una caravana por las regiones del estado para convocar a la marcha del 12 de diciembre en Chilpancingo.
La protesta del 12 de diciembre, partirá de la estatua de El Caballito, al norte de la capital, hacia el hotel Parador del Marqués, donde fueron atacados y asesinados los normalistas.
Ortega recordó que ahí, en el entronque que une a la carretera federal con la Autopista del Sol, fueron ejecutados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y a la fecha, no hay ningún procesado por esos delitos.
También informó que los padres asistirán como invitados al aniversario de la Policía Ciudadana y Popular con sede en Temalacazingo, que se conmemorará con una marcha en Tlapa el 2 de diciembre para unificar las luchas. La siguiente asamblea de la ANP se programó para el 19 de diciembre.
Indicó que los temas de la reunión fueron de organización fundamentalmente, y que acudió el representante del Consejo de Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui, quien compartió su experiencia de represión y hostigamiento.
Añadió que el líder del Cecop denunció que sigue la represión, “creemos que ante esta amenaza hacia los movimientos, hay mano dura, pero no dejarán de manifestarse, aunque digan que los padres siguen de necios de andar en las calles, es porque no se ha cumplido el acuerdo con el gobierno federal, no se están tomando en serio las líneas de investigación, la creación de la unidad especializada”.
También expresó preocupación por la campaña de descalificaciones por asociaciones de derecha contra los normalistas y los actores del movimiento.
Aclaró que mantienen el respaldo y la confianza al magisterio movilizado, a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Equipo Argentino de Antropología Forense.
También confirmó que los padres no van a intervenir en las elecciones extraordinarias del 29 de noviembre en Tixtla.
Informó que participaron poco más de 60 delegados de 40 distintas organizaciones, entre ellos la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), que refrendó el compromiso con los padres de familia, pues en la sesión pasada se informó de la ausencia de los movimientos magisteriales en la ANP.
Subrayó que los temas o conflictos internos del magisterio no incumben a los padres ni a la ANP.

Siguen internados y sin atención adecuada en la capital cuatro estudiantes de Ayotzinapa agredidos, denuncian

De 20 heridos y lesionados en la agresión de policías estatales en la carretera Tixtla-Chilpancingo el miércoles, cuatro estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siguen internados en una clínica privada de la capital, pero no han sido atendidos de forma adecuada, denunció el abogado de los padres de los 43 alumnos desaparecidos y de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra.
Detalló que el de mayor gravedad, Kevin Jordi Saldaña, con fractura maxilofacial a causa de artefacto de gas lacrimógeno que le estalló en el rostro, sigue esperando la operación de restauración facial, y sus compañeros temen que con el paso de los días tenga mayores complicaciones.

Sigue retrasando la PGR la integración del equipo que investigará los crímenes de Iguala, denuncian

Por otro lado, el representante de los papás, Melitón Ortega denunció que han pasado dos semanas del segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de los crímenes del 26 y 27 septiembre de 2014, y el gobierno federal sigue retrasando la integración del equipo que se incorporará a la Subprocuraduría de Derechos Humanos para recibir los expedientes para resolver el caso.
Aclaró que GIEI sólo entregará su plan de trabajo al grupo interdisciplinario que se integrará a la subprocuraduría de Derechos Humanos; en tanto, el proceso está “detenido”.
Indicó que una de las actividades inmediatas es la investigación, acciones de búsqueda y el tercer peritaje en el basurero de Cocula, en el que insistió la Procuraduría General de la República (PGR) pese a las pruebas científicas que presentaron los expertos en el primer periodo, con las que descartaron la posibilidad de que los normalistas hayan sido quemados hasta las cenizas en ese lugar.
Precisó que los integrantes del GIEI están ahora en sus países de origen, pero desde allá dan seguimiento a todas las acciones de la PGR a través de un secretario técnico, y volverán los primeros días de diciembre a México.
Añadió que la preocupación de los padres de familia es que el mandado comenzó el 1 de noviembre y vence el 30 de abril, de ahí la urgencia de que comiencen cuanto antes la investigación, sin la intervención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y responsable de la primera investigación, cuestionada por peritos independientes.

No buscarán al gobernador

Sobre relación con el gobierno estatal, ratificó que los padres no van a buscar al gobernador, Héctor Astudillo Flores, ni van a suspender las acciones de protesta para exigir al gobierno federal que haga su trabajo.
En este tenor, pidió al gobernador que, si en verdad quiere evitar los bloqueos y las protestas de los padres de familia en la entidad “para resguardar el orden y la paz”, presione al gobierno federal para que dé resultados, que no mienta sobre el paradero de sus hijos ni ponga más obstáculos al trabajo del GIEI.
Aclaró que acciones como la protesta del sábado en la autopista del Sol no van a terminar, ni se van a detener antes las advertencias del uso de la fuerza pública.
Aseguró que está en manos del gobierno federal y de la PGR atender sus demandas, “no es la rebeldía ni necedad de los padres, pero es claro que no nos quiere decirnos la verdad”.
Recordó que los padres pidieron la permanencia indefinida del GIEI, hasta la conclusión de las investigaciones, pero el Estado mexicano se cerró y sólo accedieron a otro periodo de seis meses.
No obstante, afirmó que los padres van a insistir en su permanencia si, terminado su segundo periodo, las investigaciones no avanzan “todo depende de las autoridades, que contribuyan a dar la información para dar con el paradero de los estudiantes; si no hay solución seguiremos en acciones en la calle”, advirtió.

Bloquean padres de Ayotzinapa y normalistas la Autopista del Sol en Chilpancingo

Foto: Lenin Ocampo
Foto: Lenin Ocampo

12:00.   Unos 200 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México (FECSUM) encabezados por padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa bloquean totalmente los cuatro carriles de la Autopista del Sol en el cruce con la carretera federal México-Acapulco.

Las acciones de hoy son en conmemoración del desalojo violento ocurrido el 14 de noviembre del 2007 en el Congreso local, en repudio a la desaparición forzada de los 43 jóvenes en Iguala el 26 y 27 de septiembre del año pasado y la agresión del miércoles a sus compañeros, cuando policías ministeriales, estatales y federales, persiguieron y golpearon en el libramiento de cuota a Tixtla a normalistas de Ayotzinapa e integrantes del FUNPEG que habían tomado una pipa de combustible y seis autobuses.

Cerca de las 11:25 de la mañana de hoy, los normalistas acompañados de una comisión de padres, que portan las fotografías de los estudiantes desaparecidos, iniciaron el bloqueo en ambos sentidos de la vialidad.

Unos 15 minutos después, al bloqueo llegaron unos cinco policías federales para dialogar con el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, y los voceros, Felipe de la Cruz y Melitón Ortega, y pedir que liberen un carril, pero los padres se niegan, exigen que entregue vivos a los normalistas desaparecidos porque no pueden “negociar” a sus hijos y la manifestación continúa.

Una media hora antes, cuando el contingente se dirigía en siete autobuses por el libramiento de cuota Tixtla-Chilpancingo, fueron detenidos momentáneamente por policías estatales que se encontraban en una camioneta, les preguntaron a donde iban y los dejaron pasar.

Cancela el alcalde de Iguala una audiencia pública con el comité Los Otros desaparecidos

Integrantes del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada Los Otros Desaparecidos de Iguala entregaron la tarde de ayer un pliego petitorio al alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza, en el que le solicitaron apoyos para familiares de más de 400 víctimas de desaparición, así como una reunión con ellos en la iglesia de San Gerardo.
Para las 2:40 de la tarde de ayer se tenía programada una audiencia entre integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos y el alcalde Albarrán Mendoza, entre las audiencias públicas que éste ofreció ayer en el auditorio del Palacio municipal, pero la reunión fue cancelada y reprogramada para otra fecha que no se precisó.
Se supo que, después de las audiencias públicas, el priista Esteban Albarrán se reuniría en privado en la sala de presidencia con el comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, encuentro del que no se conoció más información.
A pesar de la cancelación de la audiencia con el alcalde, dos integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos se acercaron al edil y le entregaron el pliego de peticiones, el cual firmó de recibido.
Dijeron al alcalde que el grupo de los otros desaparecidos no busca una audiencia en privado, sino que verbalmente y por escrito le pidieron reunirse en la parroquia de San Gerardo con todos los familiares de víctimas de desaparición forzada, que los conozca y escuche sus necesidades en la asamblea del próximo martes 17 de noviembre.
Esteban Albarrán asumió el compromiso, aunque no se programó alguna fecha para el encuentro.
En el pliego de peticiones, los familiares de desaparecidos le dan a conocer al alcalde una breve reseña desde la integración del comité en noviembre de 2014, después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, hasta la fecha, periodo en el que han logrado el registro de 400 víctimas de desaparición forzada y la recuperación de 104 cuerpos en fosas clandestinas al poniente de esta ciudad en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), “puesto que la desconfianza en las autoridades municipales y estatales es mucha”, dice el documento.
Le dicen que una de las prioridades es la seguridad, al ser un grupo muy vulnerable, “es el motivo por el cual nos gustaría que usted conociera a los integrantes del comité, para que pueda tener un panorama de los problemas que rodean a la ciudad de Iguala”.
Entre las peticiones le solicitan al alcalde dos vehículos para transportarse los domingos de día de búsqueda de fosas y desayunos para la comisión de 20 o 30 familiares que sube a las búsquedas ese día, así como becas para los hijos de los desaparecidos, créditos a la palabra para emprender negocios familiares ante la precaria situación en que quedaron las familias, empleos para los familiares en las áreas y departamentos del Ayuntamiento de acuerdo a sus perfiles, incorporar a las familias a los diferentes programas sociales que manejan los tres órdenes de gobierno y acceder a proyectos productivos.
Asimismo, piden apoyos para trámites que las familias requieren en el Registro Civil, descuentos y condonaciones en el pago de servicios públicos, entrega de despensas a las familias integrantes del comité, ser considerados en programas de empleo temporal, apoyos para gastos de servicios funerarios cuando alguna familia lo requiera y contar con su presencia en algunas de las reuniones de cada martes en la parroquia de San Gerardo.
Todas son peticiones que también se plantearon al alcalde interino Silviano Mendiola Pérez, pero que ninguna fue atendida.

Toma la OPIG “simbólicamente” la Cdi en Tlapa; se reunirá con autoridades federales, anuncia

 

Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero, que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (OPIG CNPA-MN), tomaron de “manera simbólica” las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Tlapa, donde acordaron mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales para atender sus peticiones.
La toma de la Cdi duró de las 8 a las 10 de la mañana, y después los inconformes se quedaron en el lugar hasta las 2 de la tarde, cuando se reunieron con funcionarios federales y con el secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado, Gilberto Arriaga Solano. En la reunión acordaron iniciar las mesas de trabajo la próxima semana, pero no especificaron hora ni fecha.
El integrante de la OPIG, Israel Jiménez informó que en su jornada nacional del 9 de noviembre, en la que participaron más de 20 organizaciones del país integrantes de #ElCampoEsDeTodos para apoyar al movimiento campesino-indígena, acordaron tales mesas de trabajo.
El representante comentó que entregaron sus peticiones al titular de la SAI, Gilberto Arriaga Solano para hablar sobre asuntos locales, como apoyo para la infraestructura de la OPIG en la región, proyectos productivos de hongos Z, equipamiento e infraestructura de un laboratorio agrícola que funcione como centro de investigación y práctica, infraestructura carretera y plantas frutales, y para impulsar el cultivo y procesamiento del café.
“Por el momento, aceptamos las pláticas, las mesas y las promesas de apoyo a nuestras peticiones; esperemos que las cumplan y no se quede en el discurso, o regresaremos con otras acciones; y pedimos interlocución con el gobernador”, dijo.
Agregó que las peticiones, en su mayoría eran para las dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la intervención del estado era buena porque también tenían cosas específicas para este nivel de gobierno.
Fueron atendidos por el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona; de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello, y del gobierno estatal, el secretario de la SAI y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado.
Recordó que la OPIG exige que no haya recorte presupuestal para el campo mexicano, solución inmediata a las demandas de las organizaciones aglutinadas en la CNPA-MN, recursos para los programas de vivienda rural y vivienda digna, proyectos productivos, y la liberación inmediata de los recursos retenidos por la SHCP, entre otras peticiones.
Mantienen la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, libertad a los presos políticos y justicia para Antonio Vivar, no a la política de criminalización del movimiento social y no a la militarización.
También se pronunciaron por la defensa del territorio, la cancelación inmediata de las concesiones mineras en La Montaña, y la consulta previa e informada a los pueblos originarios sobre las formas de autogobierno que decidan aplicar.