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Marcha la APPG en la capital; pide que se aclare la muerte de un normalista de Ayotzinapa en 2008

Unos 150 miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) marcharon en la capital para exigir a las autoridades el esclarecimiento de la muerte del egresado de la Normal de Ayotzinapa, Fidel Benítez Rodríguez y conmemorar su octavo aniversario luctuoso.
Cerca del mediodía, los integrantes de la APPG marcharon de Palacio de Gobierno a la gasolinera Eva Tres, en la salida sur de la capital, en el crucero de la carretera federal a Acapulco y la Autopsita del Sol, donde el 12 de diciembre de 2011 también fueron reprimidos los normalistas de Ayotzinapa.
Los manifestantes portaban una lona en la que se leía: “APPG nos solidarizamos con la Normal de Ayotzinapa y con el equipo de Los Avispones, ¡cárcel a los asesinos! ¡presentación con vida de los desaparecidos!”, en referencia a los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron asesinados los normalistas Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, el jugador de 15 años del equipo de futbol Los Avispones, David Josué García Evangelista, el chofer del camión del equipo, Víctor Manuel Lugo Ortiz, la pasajera de un taxi, Blanca Montiel Sánchez y 43 normalistas desaparecidos.
Durante el recorrido sobre los carriles norte a sur del bulevar Vicente Guerrero, los manifestantes entonaron el himno Venceremos y se manifestaron de manera simbólica frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde fue encontrado el cadáver de Fidel Benítez el 26 de diciembre de 2008, quien según las autoridades murió en un accidente automovilístico.
El dirigen Nicolás Chávez Adame, exigió el esclarecimiento de la muerte de Fidel Benítez, ya que la organización desconfía del informe de la Fiscalía, antes Procuraduría.

No han dado casas a damnificados de la sierra de Chilpancingo: APPG

A más de dos años de los daños provocados por el la tormenta Manuel y el huracán Ingrid los gobiernos federal y estatal no han estregado viviendas a los damnificados a pesar de que están en el padrón, denunciaron ayer.
En conferencia de prensa el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que son más de 3 mil familias damnificadas de comunidades de la sierra de Chilpancingo a quienes no les han entregado las viviendas que les prometió el gobierno federal, mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y el 28 de enero iniciarán acciones de protesta.
Dijo que la comunidad con más familias damnificadas es San Vicente, a quienes el gobierno federal les prometió reubicarlos en el paraje conocido como Coapanguito, pero a más de dos años no ha ocurrido y las familias que se han instalado han construido sus viviendas con sus propios recursos.


Lamentan padres de la caravana por Ayotzinapa la apatía de los ciudadanos, en Huamantla, Tlaxcala

La tercera caravana de padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa visitó el municipio de Huamantla, la segunda localidad en importancia del estado más pequeño del país, de donde es originario el normalista César Manuel González Hernández, detenido desaparecido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En un acto público, los padres de César Manuel, Hilda Hernández y Mario César González denunciaron la apatía de ciudadanos y autoridades tlaxcaltecas ante el llamado de los padres en esta tierra a exigir juntos la representación con vida de los estudiantes de Guerrero.
Hilda Hernández reveló que esperaban a los alumnos de la secundaria y del bachillerato donde estudió su hijo, que no llegaron al acto de recibimiento que coordinaron frente al Ayuntamiento de Huamantla distintas organizaciones.
Consideró que Humantla “es un pueblo apático, no alzan la voz, no sé si tengan miedo al gobernador que tenemos, que se sientan obligados a besarles los pies. Yo no, yo tengo mucho coraje porque las autoridades son muy astutas, dicen que nos van a apoyar y ponen trabas al grupo de expertos” que brinda asesoría técnica al gobierno mexicano para el esclarecimiento de los hechos de Iguala.
Pero aseguró que los padres no se rinden, van a decir la verdad en donde se paren, “no le tenemos miedo a nada. Sabemos que no hay un lugar específico donde están nuestros hijos, y no queremos que más madres vivan este tormento; y México se ha convertido en un cementerio”.
Aclaró que, a partir de los informes de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pueden decir que a sus hijos se los llevaron policías municipales, con policías federales y militares, por eso insisten en que los regresen con vida.
El señor Mario González aclaró que no han recibido apoyo de ninguna autoridad del gobierno de Tlaxcala, que los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa viven del apoyo solidario de organizaciones y colectivos. Denunció que los gobernadores son responsables de los crímenes de Ayotzinapa y los que ocurren en el país porque están encubriendo todo con su silencio.
En Huamantla, recibieron a los padres, estudiantes de la Normal Rural Benito Juárez (femenil) de Panotla, Tlaxcala; la Unión Popular de Comerciantes Ambulantes 28 de Octubre, de Puebla, cuyo líder, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, se reivindica como preso político; la Unión Popular de Ambientalistas; la organización de barrios de Huamantla adheridos a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, zapatista; y representantes del Consejo Central de Lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La actividad se extendió casi dos horas por la intervención de los padres de familia y activistas, y terminó después de medio día con el bailable guerrerense de La Iguana, a cargo de las normalistas rurales, y el canto del himno Venceremos.
Por la tarde, en conferencia de prensa en el Zócalo de la ciudad de Tlaxcala, frente al Palacio de Gobierno, los organizadores denunciaron que en un primer momento les negaron una conexión eléctrica para poner el aparato de sonido en las oficinas de Gobierno.
Luego de unos momentos, se atendió la solicitud, y el papá Mario González aclaró que nada ha recibido del gobierno de Tlaxcala, ni una llamada telefónica del gobernador, Mariano González Zarur.
A insistencia de los reporteros, declaró que los padres y familiares de los desparecidos sostienen esta lucha con la solidaridad de las organizaciones, y es peor para las familias que no son de Guerrero, “porque estamos en un estado que no es el nuestro. Dijo sobre la permanencia de los padres en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero.
Con ironía, añadió, “es muy pobre nuestro pueblo (de Tlaxcala), el gobernador no ha tenido 50 pesos para hablar con su paisano; gracias a la familia seguimos aquí, aunque no haya con qué comer, vamos a seguir buscando con mi esposa a nuestro hijo”.
También denunció vigilancia policiaca y de agentes de gobierno, que ayer fue más evidente que en el resto de la caravana que comenzó el 16 de enero en Chiapas.
Recordó que antes de esta tragedia, “era un ciudadano común y corriente bajo la opresión del régimen, pero me tocaron donde más me duele, y si piensan que (con policías y agentes del Cisen) nos van a meter miedo, están bien equivocados. Si las organizaciones están hasta el gorro de lo que está ocurriendo en el país, es culpa de ellos, no de los padres de los 43”.
Convocó a todos los ciudadanos a no esperar a sufrir lo mismo que los padres de Ayotzinapa, “este dolor es tan grande, la rabia, el coraje de no saber cuál es la necedad de no entregárnoslos. No sé cuál es el costo político tan grande que representa (decir la verdad)”.
Para concluir, dijo que “César Manuel González no se vende, y sus 42 hermanos mucho menos. Él sabe que tiene un padre que se la va a rifar, aunque le cueste la vida, y dónde quiera que estés, flaco, ten presente que seguiré luchando por ti y por tus 42 hermanos”.

Marchan en Oaxaca padres de Ayotzinapa en la tercera caravana por la presentación de sus hijos

En Oaxaca, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, denunciaron que no hay pruebas científicas que indique que sus hijos están muertos, por lo tanto, van insistir en que el Estado los devuelva con vida, en las acciones de la tercera caravana por la presentación de los estudiantes en 14 estados del país.
La primera actividad fue una conferencia en la sección 75 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que comenzó el padre del normalista desaparecido originario de Oaxaca, Cristián Tomás Colón Garnica, el señor Juan Colón Juárez, demandó la presentación con vida de los estudiantes detenidos desparecidos por policías municipales en Iguala.
Por la tarde, tras una marcha en el primer cuadro de la ciudad, la señora Hilda Legideño, mamá de Jorge Antonio Legideño Vargas, pidió el apoyo de las organizaciones y ciudadanos de la capital oaxaqueña para que las autoridades regresen a sus hijos, “porque ellos se los llevaron y sabemos que ellos los tienen”, aseveró.
En un mitin en el Zócalo frente al Palacio de gobierno, explicó que desde el 26 de septiembre de 2014, madres y padres salieron a buscar a los estudiantes desaparecidos y siguen dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperarlos, “por eso salimos, a pedir que nos acompañen en las acciones globales por Ayotzinapa, para que el gobierno sienta la presión de la sociedad”.
Aseguró que sólo con la solidaridad de la población que se une a las marchas han podido obtener algunos resultados.
Asimismo, María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez Guerrero, denunció que los jóvenes que quieren superarse son blanco del gobierno, y la población no puede permitir que siga desapareciendo a jóvenes y estudiantes.
El papá de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Maximino Hernández señaló que el gobierno “no puede salir del problema en que se metió”, cuando se llevó a 43 estudiantes detenidos, pero se niega a asumir la responsabilidad y decirles con certeza dónde están.
Antes, a las 12 del mediodía, Colón Garnica, vecino del municipio de Tlacolula de Matamoros, a menos de una hora de recorrido de la ciudad de Oaxaca, informó en conferencia de prensa que no hay pruebas científicas que indiquen que sus hijos están muertos, como han dicho las autoridades federales que les piden resignación.
Insistió en que los estudiantes fueron detenidos por policías –agentes del Estado–, y ellos deben decirles dónde están.

Insistirán en que la investigación incluya al Ejército pese a la resistencia de funcionarios, dice Vidulfo

Ante reporteros locales, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló de los avances en la investigación, por la lucha de los padres de familia y el respaldo que recibieron; la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la unidad especial de investigación para que lleve este caso, y la apertura de cuatro líneas de investigación: la búsqueda con vida, la búsqueda sin vida, el quinto camión, y el crimen organizado y su relación con los funcionarios locales.
Aclaró que van a insistir en que se incluya el Ejército pese a la resistencia de autoridades y de la red de funcionarios y políticos de la región Norte que, aunque no lo mencionó, han sido señalados de vínculos con narcotraficantes.
El sobreviviente de los ataques del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero recordó que aquella noche vieron como los policías municipales se llevaron a sus compañeros.
También se pronunciaron contra la reforma educativa, que incluye en un apartado por la desaparición de las normales rurales, incluso las públicas estatales y federales, cuya implementación comienza este año con un programa piloto de dos únicas licenciaturas y maestrías de especialización.
A las 5 de la tarde, de la calle Libres, frente al Sindicato de Telefonistas, salió la marcha de protesta encabezada por los padres con unas 700 personas, rumbo al Zócalo, para insistir en sus demanda, y en la solidaridad de la población, bajo la consigna, “no fue el narco, fue el Estado”.
Caminaron 10 cuadras hacia el oeste, una de las madres se santiguó cuando pasaron frente a la catedral y un parque, donde han participado antes en mítines; recordaron que han viajado por el todo el país, incluso al extranjero porque en México recibieron mentiras de las autoridades.
El vocero Felipe de la Cruz denunció que la verdad histórica que daba por muertos e incinerados a los normalistas, “quedó en la historia”, estimó que pronto se sabrá la verdad científica, y por eso continúa el hostigamiento y el acoso, incluso a los expertos extranjeros, mediante una campaña de calumnias.

Es irresponsable y no busca la verdad, dice Amnistía Internacional de la investigación sobre Ayotzinapa

La investigación de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es deficiente, inició tarde y se ha manejado de manera irresponsable sin que se dirija a determinar la verdad de lo sucedido, advierte Amnistía Internacional, en su informe Un trato de indolencia: la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, que presentó en la Ciudad de México el jueves pasado.
La organización internacional considera que la impunidad que está prácticamente garantizada a las personas responsables de estos delitos, “es un fuerte incentivo para que se sigan cometiendo”.
El organismo presentó el informe la mañana del jueves en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, en el que además del caso de los normalistas, incluyó el de la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde hay más de 350 desaparecidos; ahí estuvieron padres de los desaparecidos.
En ambos casos, el organismo afirmó que las autoridades se limitan a algunas acciones “con poca utilidad” en la investigación, porque sólo se trata de “un formalismo que parece destinado, de antemano, a ser infructuoso”.
El caso de los hechos ocurridos en Iguala, donde policías detuvieron y desaparecieron a estudiantes de Ayotzinapa fue incluido porque Amnistía Internacional consideró que muestra las magnitudes hasta las que puede llegar la desaparición forzada en el país, las formas de reacción del Estado mexicano y las afectaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Sobre el caso de los normalistas, que es considerado internacionalmente como “de alto perfil”, consideran que las autoridades mexicanas han dado muestras de incapacidad para dar respuestas solidas e institucionales que garanticen encontrar la “verdad y justicia”, porque sigue sin asumir su responsabilidad de buscar exhaustivamente a los desaparecidos.
En este caso consideraron en el informe que la investigación es deficiente y las autoridades han mostrado resistencia para incorporar todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hizo un análisis técnico de la investigación, a pesar de que en muchos de los casos de desapariciones, las víctimas fueron vistas por última vez cuando eran detenidas por la policía o el Ejército.
Sin embargo, en México no hay un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y “lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas”, se lee en el documento.
Además, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales, por lo que la búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza o nunca llega a ponerse en marcha, y en las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados, concluye Amnistía Internacional.
En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, afirman que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial y se empeñó en seguir una sola línea de investigación, la de que los estudiantes habían sido detenidos por la Policía Municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero de basura local.
La versión del basurero de Cocula fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.
Amnistía Internacional señala que “la deficiente investigación” no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad, los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental.
Las “ineficiencias” de las autoridades obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a los desaparecidos.
Amnistía Internacional consideró que los defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas, porque están sobrepasadas de casos que les resulta inmanejable, además de la continua rotación del personal.
De los dos casos abordados en el informe, Amnistía Internacional considera que deben ser reconocidos por el Estado y las víctimas deben recibir una reparación integral que les restituya en la medida de lo posible los derechos violados, pero de manera contraria el organismo encontró que las autoridades dan un trato “deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos”.
Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América afirmó que las autoridades han manejado con total irresponsabilidad la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con lo que “ponen de manifiesto el desprecio absoluto por la dignidad y los derechos humanos”.

Exigen que la anunciada ley general de desapariciones vaya más allá de la sanción penal y abarque la asistencia a las familias

En el informe, apuntan que una madre de un desaparecido definió el trato recibido como de indolencia, “de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan”.
Amnistía Internacional abunda que los familiares de los desaparecidos enfrentan “serias dificultades” materiales y deben asumir una serie de cambios en su forma de vida, incluyendo nuevas actividades, tomar otros empleos para poder sostenerse, o dejar sus empleos u otras actividades económicas para poder dedicarse a la búsqueda de su familiar desaparecido, e incluso se ven forzadas a cambiar de lugar de residencia por miedo a represalias de los probables perpetradores de la desaparición.
Por los problemas económicos que enfrentan las familias de las personas desaparecidas están en constante riesgo de perder su patrimonio, incluyendo su vivienda, sin que la legislación actual garantice la protección de sus derechos.
En la presentación del informe exigieron que la anunciada ley general sobre desapariciones que regulará la actuación de todas las autoridades mexicanas (federales, estatales y municipales) contemple la complejidad del fenómeno y que vaya más allá de la sanción penal y abarque medidas de asistencia a las familias, una declaración de ausencia para proteger a la persona desaparecida y su familia, y medidas de reparación integral, entre otras.
Apuntan que la comunidad estudiantil de la Normal es afectada por la desaparición forzada de sus compañeros de estudio, lo que ocasionó “un profundo impacto”, principalmente a los sobrevivientes de los ataques que son víctimas directas.
Por lo que consideran que es fundamental que el Estado mexicano reconozca dicha calidad de víctimas y establezca medidas de reparación integral que tomen en cuenta las necesidades y particularidades de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Las recomendaciones

En el informen proponen tipificar, conforme a los más altos estándares internacionales, la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos autónomos en la ley general sobre desaparición, de modo que se garantice que todas las denuncias por desaparición se investiguen exhaustivamente, con independencia de quién sea el presunto autor y que el delito de desaparición forzada sea investigado y sancionado cuando haya indicios de implicación de agentes estatales.
Así como reconocer la obligación de iniciar de oficio y sin dilación alguna la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a través de un procedimiento establecido en consulta con expertos, organizaciones de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas. Se deberán activar métodos específicos para reaccionar lo antes posible dentro de las primeras 72 horas de la desaparición, pero la búsqueda deberá continuar hasta establecer plenamente la suerte o paradero de la víctima.
También investigar de forma “pronta, exhaustiva e imparcial” todos los casos de desaparición y desaparición forzada de personas en el país, y reconocer y permitir la participación de familiares de desaparecidos en las investigaciones, proporcionándoles información actual y veraz sobre la misma, y permitiendo que aporten información, sugieran líneas de investigación y pidan probanzas.
Que las autoridades no deben trasladar a la familia la carga de la investigación del caso.
Adoptar disposiciones legales detalladas con respecto a la declaración de ausencia y a la extensión de derechos de las personas desaparecidas, que tenga efectos claros en la protección de la personalidad jurídica y otros derechos de la persona desaparecida y la protección de su patrimonio y el de su familia.
Una vez iniciado el proceso de declaración de ausencia se deberían suspender las obligaciones a cargo de la persona desaparecida, incluyendo la generación de intereses por deudas de cualquier especie, a su favor.
Que los proceso y todos los trámites sean sencillos, accesibles y gratuitos, garantizar reparaciones integrales a las víctimas, que tomen como base estándares internacionales y consideren la particularidad de las víctimas, incluyendo medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición, derecho a la verdad y a la memoria histórica.
En el informe, recuerdan que en 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) creó una fiscalía especializada para casos de personas desaparecidas; pero aún no se han asegurado los recursos necesarios para garantizar su efectividad y que sus funcionarios rindan cuentas periódicamente sobre su actuación.
Apuntan que, del registro de desapariciones forzadas que tienen, el 46.5 por ciento de los casos reportados han ocurrido bajo la actual administración presidencial, 3 mil 425 sólo en 2015.

En espectaculares, ofrece la SEIDO recompensa a quien informe de una joven desaparecida en Iguala

 

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), colocó desde el viernes cuatro espectaculares en los que aparece la imagen de una de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, en el que se ofrece una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos para quien dé información para su localización.
Se trata de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, cuando tenía 19 años, y su mamá, Sandra Román se integró al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala desde noviembre de 2014, cuando surgió el grupo tras el caso Ayotzinapa.
Según información proporcionada por Sandra Román, desde el 21 de octubre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación que la PGR ofrece hasta un millón 500 mil pesos de recompensa a quien proporcione información para la localización de Ivette Melissa Flores Román y cuatro personas más secuestradas entre 2011 y 2014, y ofrece una cantidad similar, para quien aporte información para la captura de los responsables de los hechos.
En total fueron colocados desde el viernes cinco espectaculares en Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Taxco y el Estado de México, además de su publicación en medios impresos y canales de televisión, en el que aparece la fotografía de Ivette Melissa, datos de su desaparición y el teléfono y correos electrónicos para hacer la denuncia correspondiente.
En el caso de Iguala, el espectacular fue colocado en la carretera federal México-Acapulco, tramo Iguala-Chilpancingo en dirección sur-norte, junto al puente elevado del crucero con el Periférico Norte.
Los otros desaparecidos por las que se ofrece la misma recompensa son dos de Zitácuaro, Michoacán; uno de San Julián, Jalisco, y uno más de Orizaba, Veracruz.
Ivette Melissa Flores Román, que tiene una pequeña hija, es la primera de las víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala por cuya localización se ofrece una recompensa.
“Mi lucha es por mi hija y por mi nieta”, expuso Sandra Román, a más de tres años de buscar a su hija desaparecida en Iguala.

Muere el fundador de la OCSS y ex preso político Benigno Guzmán; trasladan su cuerpo hoy a Tepetixtla

Uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez murió este martes en Acapulco a los 66 años de cáncer de pulmón.
El luchador social falleció en su casa, según informaron sus familiares; su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, ubicada en la avenida Ruiz Cortines y hoy será trasladado a Tepetixtla, donde lo sepultarán.
Benigno Guzmán fue uno de los campesinos que se reunieron el 14 de enero de 1994 para conformar la OCSS, para que las autoridades atendieran sus demandas de fertilizante para producir maíz, despensas, materiales para vivienda, respeto a los derechos humanos de los campesinos que constantemente violaban las policías y el Ejército y la presentación de los desaparecidos durante la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas.
Benigno Guzmán falleció de cáncer de pulmón en su casa, luego de que su familia lo sacó del hospital general, donde fue internado días antes, y donde les dieron el pase para que lo trasladaran al Hospital de Cancerología, al que ya no ingresó.
Sus familiares informaron que hace tres años le detectaron cáncer de estómago, el cual controló, sin embargo hizo metástasis en el pulmón, el último año se fue debilitando, y desde noviembre del año pasado su condición empeoró.
El luchador social originario de Otatlán, municipio de San Miguel Totolapan, fue perseguido en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer porque denunció desde el primer momento la masacre de Aguas Blancas, que ocurrió el 28 de junio de 1995, cuando fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos, hecho por el que Figueroa Alcocer fue obligado a separarse del cargo al año siguiente.
Guzmán Martínez fue preso político acusado de diversos delitos que el gobierno le fabricó, con motivo de las movilizaciones de la OCSS, principalmente en Coyuca de Benítez. Fue detenido en enero de 1997 en la ciudad de México, donde se había refugiado para evitar la persecución de Figueroa, y encarcelado por los delitos de sedición, motín y daños al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por los que fue sentenciado a 13 años de prisión y enviado en 1999 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde salió libre el 8 de marzo del 2001.
El luchador social fue acusado bloquear el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en 1995 para exigir fertilizante y obras para las comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez. También fue señalado por la Secretaría de Gobernación como uno de los principales integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
A un mes de salir del penal, Benigno Guzmán denunció la existencia de un grupo paramilitar en la sierra de Coyuca de Benítez, que se hacía pasar por una facción del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y que lo amenazó; hecho del cual responsabilizó al entonces alcalde perredista, Rafael Ariza Bibiano.
En diciembre del 2010, nuevamente, Benigno Guzmán fue detenido por policías ministeriales, acusado de ataque a las vías de comunicación, según la denuncia presentada por el entonces alcalde, Merced Valdovinos Diego. Fue puesto en libertad el mismo día porque la orden ya había sido cumplida.
Entre sus últimas actividades, participó en reuniones de la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014; integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) recordaron que llegó a visitarlos en algunas ocasiones al plantón que mantuvieron cuatro meses en el Ayuntamiento de Acapulco.
El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, compañero de lucha y preso a la par que Benigno Guzmán, lo calificó como alguien muy serio, respetuoso, duro con el Estado, y consideró su muerte como una gran pérdida para la lucha social.
Martínez Cruz recordó que entre los objetivos de la fundación de la OCSS estuvo la búsqueda de insumos para los campesinos y detener la tala de árboles. Con la masacre de Aguas Blancas, Benigno Guzmán Martínez fue uno de los que principalmente denunciaron el hecho, lo que generó una persecución en su contra.
Martínez Cruz recordó a otros compañeros de lucha que también fueron presos en esa época, entre ellos, Pedro Nava Rodríguez, que recientemente falleció.
En su fundación la OCSS estuvo encabezada por Benigno Guzmán y Marino Sánchez Flores, de Tepetixtla, en la sierra de Coyuca de Benítez, y por Hilario Mesino en Atoyac. La organización estaba integrada por campesinos pobres de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión, Coahuayutla, Zihuatanejo, Petatlán y Benito Juárez (San Jerónimo).
Desde su creación, los miembros de la OCSS, así como sus familiares, han sido víctimas de graves violaciones del gobierno a sus derechos humanos, porque se caracterizó por dar una lucha frontal contra la impunidad y la represión, lo que llevó a Benigno Guzmán a desconfiar de toda institución, incluso las de salud, y a vivir con el constante temor de ser asesinado por el Estado.
El cuerpo de Benigno Guzmán fue velado anoche en una de las capillas de la funeraria Siglo XXI en Acapulco, sus familiares determinaron que a las 7 de la mañana de hoy sería trasladado a Tepetixtla, en Coyuca de Benítez.
A las 9 de la noche sus familiares estaban a la espera de saber si los integrantes de la organización, familiares y conocidos querían velarlo un día más allá o lo sepultarían hoy. De ser así, el sepelio está programado para las 11 del día, luego de despedir el cuerpo en su casa.
Por la noche, al funeral asistieron Bertoldo Martínez; Raymundo Sánchez Taboada del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) e integrantes del MPG.

Marchan en Cocula por la presentación del ex alcalde; sigue incomunicado, se quejan

Foto: Alejandro Guerrero
Foto: Alejandro Guerrero

11:18.   Unos mil vecinos, familiares y amigos marchan por la calle principal de la cabecera municipal para exigir la presentación del ex alcalde priista de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, así como justicia y paz para el municipio.

“Juez V ¿A dónde lo enviaste?”, “César Miguel, Cocula te apoya”, “Inocente”, “No más fabricación de delitos”, “PGR lo queremos de regreso”, se leyó en algunas de las cartulinas y lonas que lleva el contingente, encabezado por los padres del ex alcalde, su esposa, hermanos y cuñados.

Los manifestantes reiteran su inconformidad porque los familiares y el abogado del ex alcalde desconocen dónde está, no han tenido comunicación con él, no se le ha permitido ni una llamada telefónica, y se les ha negado el acceso al expediente. También se quejan porque la Procuraduría General de la República (PGR) lo exoneró el año pasado por el caso Ayotzinapa y no puede volver a detenerlo.

La movilización, en la que participan vecinos de comunidades como Apipilulco, Atlixtac y La Mojonera comenzó cerca de las 10:30 de la mañana y se dirige a la plaza principal de Cocula, donde se espera que hagan un mitin frente al Palacio Municipal.

Peñaloza Santana fue detenido por efectivos de la División de Inteligencia de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Ejército el miércoles en Iguala. Hace un año, la PGR detuvo al entonces alcalde el 19 de diciembre por la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estuvo recluido más de 48 horas en un penal de máxima seguridad y el 27 del mismo mes fue liberado.

Pedirán padres de los 43 hoy a Osorio Chong que el gobierno cumpla los acuerdos con los expertos

Hoy al mediodía en Acapulco se reunirán los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el que será su primer encuentro en Guerrero.
Ayer padres y familiares de las víctimas de desaparición forzada en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 tuvieron una larga sesión en la Normal Rural en Tixtla para prepararse.
El vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz dijo que insistirán en que el gobierno se comprometa a investigar y declaren los soldados del 27 Batallón de Iguala ante la Unidad Especializada para la Investigación del caso Ayotzinapa con la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El vocero se reservó para hablar de los acuerdos que preceden este tipo de reuniones, con funcionarios federales de primer nivel, pero aclaró que tras el encuentro darán una conferencia de prensa.
La intención es que las autoridades se comprometan a cumplir los acuerdos firmados con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Interdependientes (GIEI), antes de la firma de continuidad del convenio entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de asesoría técnica y acompañamiento al caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Este jueves en Chilpancingo tendrán otra reunión con la procuradora Arely Gómez, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos y funcionarios de Seguridad Pública para presentar a los padres de los estudiantes desaparecidos los avances en la integración de la Unidad Especializada para la Investigación del caso Ayotzinapa, que no estaba completa hasta hace dos semanas. Así como las líneas de investigación que seguirán en la nueva etapa de trabajo y los avances hasta el momento.
El jueves pasado padres de los 43 y unos 200 jóvenes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) bloquearon dos carriles de la Autopista del Sol, en la salida de Chilpancingo a Acapulco, para manifestar su molestia ante el cambio de fecha de la reunión con Osorio Chong, y que se reprogramó del 10 de diciembre para mañana.

 

Pedirán a Osorio Chong que los expertos entrevisten a militares, dicen padres de los 43

El representante de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, reiteró que los militares saben dónde están los estudiantes, quién ordenó la desaparición forzada, quién recibió las indicaciones y a dónde se los llevaron finalmente. Aclaró que la demanda no es una ocurrencia, está documentado que los soldados del 27 Batallón de Iguala siguieron todas las actividades de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, y en la reunión del próximo miércoles 16 con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, van a insistir en que permitan al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que entrevisten a los soldados.
Aseguró que es la única forma de saber del paradero de los 43 normalistas, pero el gobierno federal insiste en distraer la atención y realizar el tercer peritaje en el basurero de Cocula, pese  a que el GIEI desechó en dos ocasiones, con evidencias científicas, la versión oficial de que en ese lugar fueron asesinados y calcinados los estudiantes, y los restos tirados al río San Juan.
Indicó que en la reunión con Osorio Chong en Acapulco, la cual se pospuso la semana pasada, van a plantear al funcionario que el gobierno deje de desviar la atención y que se establezca el mecanismo para hacer las entrevistas a todos los que tienen que ser investigados en la nueva etapa.
Entre los que deben ser investigados sobre el paradero de los estudiantes están militares, policías federales y estatales, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero como representante del Ejecutivo, los políticos de la región y sus vínculos con la delincuencia organizada, y que se castigue al ex procurador Jesús Murillo Karam por inventar la tesis del basurero de Cocula.
Aunque consideró que el gobierno federal está empeñado en mantener viva la línea oficial de investigación de que los estudiantes están muertos, porque pretende aplicar el tercer peritaje.
No obstante, dijo que esperan un compromiso serio del gobierno federal para que se presenten los militares ante los expertos, que no haya más barreras y pronto se resuelva el caso, que se sepa lo que se tiene que saber sobre el paradero de los estudiantes, y que se garantice el seguimiento de todas las líneas de investigación que señalaron los expertos.
“Contentos no estamos, estar esperando más de 14 meses que el gobierno federal diga la verdad, (pero) quisieron inventar, imponer la visión de ellos, y los padres estamos encabronados, cómo es posible que digan que hay justicia, atención a los ciudadanos y que habrá castigo a los responsables; eso no existe, es un mensaje político”.
Denunció que tenemos un gobierno autoritario, que reprime a quienes exigen justicia, “vivimos maltratados en este país, un gobierno que diga que hay democracia, que hay libertad de expresión, pero en la vía de los hechos los padres son golpeados”.
Aclaró que en la Normal “no se van a quedar con los brazos cruzados”, y este año como el pasado, los padres de los desaparecidos tampoco tendrán Navidad ni Año Nuevo, “mientras no aparezcan los chavos no podemos celebrar”, y aseguró que seguirán movilizados.
Informó que el jueves 17, después de la reunión con Osorio Chong, se van a reunir con la procuradora Arely Gómez y con la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, donde también estarán presentes los integrantes del GIEI y los abogados de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
En esa reunión van a conocer el avance y las líneas de la investigación y dijo que confía en que se basen en las recomendaciones de los expertos.
Lamentó que el gobierno federal haya dejado de lado el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para presentar en Acapulco la agenda de seguridad, pues por ello pospuso la reunión.
Aclaró que el tema de seguridad y justicia no está separado de Ayotzinapa, “son hechos graves y que quieren dejar en el olvido, y nosotros decimos que no habrá impunidad, que los actores intelectuales y materiales deben ser castigados, porque es el dolor de los padres, a más de 14 meses, nadie, ningún detenido sabe dónde están los estudiantes”, expresó Melitón Ortega.