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Firma Astudillo ocho iniciativas de ley y una reforma para combatir la corrupción

El gobernador Héctor Astudillo Flores firmó ocho iniciativas y una reforma para armonizar las leyes locales con la ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción, y precisó que “no son el hilo negro que descubrimos en el país”, sino que son propuestas que se han impulsado ya en varios estados.
Agregó que de aprobarlas el Congreso local, Guerrero será un estado que también “trabaja en la ruta de la ética, la transparencia y el combate a la corrupción”.
La mañana de este martes, en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante, el gobernador inauguró los trabajos del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, en su segunda sesión ordinaria 2017, y allí hizo entrega de las carpetas con las iniciativas a la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Magdalena Camacho Díaz.
El gobernador recordó que el 18 de julio vence el plazo constitucional para la armonización de las leyes locales con la federal en la materia.
Las iniciativas que signó el gobernador fueron la de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guerrero; Iniciativa de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Iniciativa de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; Iniciativa de Reformas y Adiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; Iniciativa de Reforma y Adiciones del Código Penal del Estado de Guerrero.
También la iniciativa de la Ley de Fiscalización Superior del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 08; Iniciativa de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado y la Reforma y Adiciones a la Constitución Política del estado libre y soberano de Guerrero.
En su mensaje, el gobernador manifestó que desde que tomó protesta se comprometió que colocaría a Guerrero en la ruta nacional que es la de promover la ética, transparencia y combate a la corrupción, pero que mientras esto no se “convierta en política pública, va a ser muy difícil que podamos avanzar en un tema tan anhelado por la propia sociedad”.
Astudillo Flores señaló que el tema “toral”, principal, era la firma de la iniciativa de leyes y que mandaría al Congreso local. Agregó que si el Congreso local aprueba las iniciativas, con las modificaciones que consideren convenientes, “nos colocaremos, el estado de Guerrero, como un estado más que se suma a este trabajo nacional de la más alta importancia y de la mayor relevancia”. Subrayó que uno de los ejes principales de su gobierno es la transparencia y combate a la corrupción.
“Con la firma de estas iniciativas de reformas y de leyes, sin duda mejoraremos la operación que tiene que ver con todas las acciones y determinaciones que le dan marco a la acción de un gobierno”, indicó el gobernador.
Dijo que será muy importante que en cuanto el Congreso así lo determine, en su caso la aprobación, modificación o lo que determinen en su tiempo y en sus facultades, se den a conocer a todos los municipios en qué consisten y cuáles son sus alcances.
Que es importante eso para que “también avancemos, varios de los contenidos de las iniciativas se relacionan a los municipios”. Astudillo Flores precisó que las iniciativas “no son el hilo negro que descubrimos en el país, son también iniciativas que tienen contenidos que se han ya impulsado en varios estados y que sin duda van a colocar a Guerrero como un estado que trabaja también en la ruta de la ética, la transparencia y el combate a la corrupción”.

El fiscal anticorrupción debe venir de la sociedad civil

Astudillo Flores dijo que estando presentes en ese acto los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es “muy importante que insistamos de manera atenta, respetuosa, responsable, que entre todos impulsemos todo lo que viene en estas leyes cuando sean aprobadas”.
Señaló el gobernador que hay asuntos que van a venir, como es la Fiscalía Anticorrupción, la cual tiene que ser ocupada por una persona profesional, emanada de la sociedad civil, que pueda responsabilizarse de esta función tan importante, innovadora y delicada. Que también está la ley 3×3, donde en 2018 tendrán que hacer su declaración los que manejen recursos públicos.
Astudillo Flores tocó el tema de la violencia y reiteró que el gobierno no se puede detener, pues los problemas de Guerrero están bien ubicados, están bien localizados, los cuales se enfrentan cotidianamente con una gran determinación y con la ayuda de la federación.
Señaló que en todas las regiones el gobierno se desenvuelve, el gobierno opera, el gobierno tiene representación. Que los poderes en el estado operan con normalidad y que “el problema de Guerrero es la violencia, está violencia hay que enfrentarla todos los días y no hay que permitir que los violentos nos tomen y nos ganen el camino”.
Añadió que para que el estado no se enfrasque en una lucha solamente con los violentos, “tenemos que trabajar también en varias rutas, tenemos que vigilar que la obra pública con la inversión federal camine, que se sigan haciendo carreteras, que se sigan haciendo escuelas”.
El gobernador dijo que Guerrero es un estado plural y que su gobierno lo tiene muy claro, que el “gobernador del estado es el que debe tener la mayor disposición para ayudar, para responder de manera afirmativa y tender la manos a los que menos tienen”.
Astudillo convocó a cerrar filas, que se tiene que cerrar en el tiempo que queda y señaló que el próximo año habrá elecciones que “traerá nuevos tiempos, tiempos de competencia, pero mientras esos tiempos de competencias no llegan, creo que la obligación principal es cuidar al gobierno y hacer que el gobierno funcione y es hacer que el gobierno esté en todos lados, hacer que el gobierno se entienda con quien se tenga que entender y tenga que dar la mayores respuesta siempre en base a nuestras responsabilidades y finanzas públicas”.
Mientras que el presidente del Comité Consultivo del programa de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, César González Arcos, indicó que lo entregado surgió de un intenso trabajo y ahora toca a los actores cuidar su debida implementación en el estado. Indicó que aunque en política se piensa diferentes, hay cosas donde se debe dar las coincidencias y el combate a la corrupción es uno de ellos. Que la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser la mismo en Guerrero que en Baja California, “a un corrupto se le debe juzgar de la misma manera”.
Precisó que la ley nacional anticorrupción establece que los sistemas locales anticorrupción deben contar con estructuras y facultades equivalentes a las que tiene el órgano nacional, los “elementos esenciales del sistema deben quedar reflejados en la Constitución y legislación local”. Dijo González Arcos que la participación ciudadana es el mejor disuasivo a la corrupción.
Se comprometió a que el Consejo será vigilante de la adecuada implementación del sistema, que fomentarán la creación de foros, pues dijo que las iniciativas, reformas y adiciones deben hacer que el sistema estatal anticorrupción sea capaz de combatir la corrupción y la impunidad o quedarse en la opacidad”.
Subrayó que la toma de decisiones no pueden guarse por tintes partidistas. Dijo que la aplicación de sistema nacional en Guerrero será un antes y un después, porque no es un tema menor.
González Arcos reconoció la voluntad política de formar la iniciativa de las leyes para armonizar las locales a la ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción y subrayó que “corresponderá ahora al Congreso del Estado discutir y aprobar este paquete de iniciativas, para reformar y armonizar ya a la ley federal”. Hizo un llamado a los diputados de todas las fracciones para no desviar el espíritu ciudadano de las leyes, las cuales tienen que ser incluyentes y de participación de la sociedad.
Señaló que sería bueno que los ayuntamientos homologuen y armonicen su Bando de Policía y Buen Gobierno y finalmente el presidente del consejo consultivo pidió al Congreso local una mesa de trabajo, para “sustentar la legitimidad de proceso, que permita la valoración del esfuerzo hecho en las mesas de trabajo de la comisión interinstitucional que el gobierno del estado implementó, y que de las cuales fuimos participes y reconocemos el esfuerzo de cada uno de los participantes”. Dijo que este día se dio un paso importante y ahora corresponde al Congreso local hacer lo propio con el trabajo de la sociedad civil.
Mientras que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, diputada Magdalena Camacho, informó que las iniciativas firmadas por el gobernador Héctor Astudillo serán turnadas a comisiones, que lo más seguro el próximo jueves serán incluidas en el orden del día. Añadió que hay reformas constitucionales y reformas legales que irán unas a las comisiones de Justicia y otras a Asuntos Constitucionales.
Señaló que se van a revisar las iniciativas, que en algunas trabajaron de manera conjunta, pero no todas, por lo que se tienen que discutirlas para ver si pasan como están o se le hace algún agregado o modificación, siguiendo las leyes federales para armonizarlas, porque es una obligación.
Dijo que tienen hasta el 18 de julio, que es cuando se vence el plazo para armonizar con las leyes federales. Sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción, que vendrá después de aprobarse las leyes y tiene que ser una “persona que obviamente salga de la ciudadanía, capaz y que esté alejada de los círculos de gobierno”.
Camacho Díaz subrayó que las leyes se crean para resolver problemas, con las que se atiende la demanda de los ciudadanos, “la voz de la ciudadanía se convierte en ley y el tema de la corrupción es algo que está pidiendo la ciudadanía que frene, estas son leyes que tienen ese objetivo”.
Dijo que vienen las leyes estatales pero también se convocaría a los alcaldes para que también adecuen su bando de policía y tengan una administración transparente.
Estuvieron en el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Olimpia María Azucena Godínez; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno; el rector de la UAG, Javier Saldaña y la consejera presidente del Ins-tituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Elizabeth Pa-trón Osorio.
Y los secretarios de Gobierno, Florencio Salazar; Finanzas, Héc-tor Apreza; Sedesol, Alicia Zamo-ra; Obras Públicas, Rafael Nava-rrete y el contralor Mario Ramos del Carmen, entre otros.

Se aprobará la solicitud para que el fiscal comparezca en el Congreso: Flor Añorve

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, afirmó que el fiscal Javier Olea Peláez continúa evadiendo su responsabilidad al no detener a Saúl Beltrán y anunció que la próxima semana aprobarán la solicitud de su comparecencia ante el Poder Legislativo.
Respecto a las actuaciones y dichos del fiscal, que se han conocido a través de videos, la presidenta del Congreso recordó que sólo el gobernador puede destituir de su cargo al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo. dijo que “en alguno de los casos el fiscal lamentablemente ha hecho comentarios impropios”, criticó que no fue “cuidadoso, dadas la circunstancia que está viviendo Guerrero”.
La priista dijo que del problema de violencia que hay en Guerrero “él es el responsable de muchas de estas situaciones” y que ese es un tema prioritario para el Poder Legislativo. Esto en referencia al señalamiento del fiscal ante pobladores de San Miguel Totolapan, en el sentido de que Saúl Beltrán Orozco es el tequilero número uno, pero que no lo puede detener porque tiene fuero, porque el Congreso no le quitó la inmunidad constitucional.
También aseguró que pretende inculpar al Poder Legislativo porque según dijo, los diputados están “muy al pendiente de hacer lo que nos corresponde”, esto a pesar de que el Congreso no concluyó el juicio de procedencia para desaforar a Saúl Beltrán y que lo suspendieron cuando el priista pidió licencia.
“Más bien, está evadiendo su responsabilidad”, dijo la priista presidenta del Congreso, al no detener a Saúl Beltrán, “porque aquí se llevó a cabo la autorización de la licencia del diputado y a él (Javier Olea) le corresponde lo siguiente”, porque de acuerdo a la legislación local, cuando un legislador pide licencia quedan suspendidos también sus derechos, entre ellos la inmunidad constitucional.
Derechos que puede recuperar si solicita regresar a su cargo, porque tampoco no hay ningún impedimento para eso, informó también que el Congreso aún no es notificado de que se le concedió un amparo al diputado priista.
De la comparecencia del fiscal, Flor Añorve explicó que debe ser la Junta de Coordinación Política del Congreso la que ponga las reglas y convocar la comparecencia, además de que dijo que tendrían que estar las comisiones presentes, en referencia a la de Seguridad Pública y Justicia además de la de gobierno.
Este miércoles concluyó el periodo permanente de sesiones y el martes iniciará el ordinario, en el que sesionará el pleno de la legislatura, en la que dijo aprobarán la comparecencia del fiscal.

“Es una situación bastante fuerte en el estado”, dice de la violencia

Consultada al respecto, Añorve Ocampo lamentó los hechos de extrema violencia que han ocurrido en municipios de la región Centro, principalmente de Chilpancingo y dijo que, “es una situación bastante fuerte en el estado”.
Exhortó a “los diferentes mandos, a que hagan el mayor de sus esfuerzos, no podemos estar viviendo en esta inseguridad”.
A la priista se le recordó el caso de los 176 policías despedidos tras participar en un paro de labores en el que exigían el pago de un bono de riesgo y respeto a su jornada laboral, y reconoció que repercute en la seguridad “pero más afectaría si policías que no están certificados continuaran haciendo un trabajo para el cual no tienen acreditación”.

Los diputados pueden debatir al menos si se legaliza o no la amapola, dice Huicochea

 

El presidente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, dijo que aunque no es facultad del Congreso local la aprobación del cultivo de la amapola con uso medicinal, sí se pueden realizar foros y una iniciativa de ley que se envíe al Congreso de Diputados.
Consultado vía telefónica respecto a la respuesta que dio el diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, de que no es facultad del Congreso Local regular el cultivo de la amapola, al llamado que hizo de hacer foros de análisis para elaborar una iniciativa de ley, Huicochea Vázquez dijo que el diputado tiene razón, que es facultad del Congreso de la Unión.
Sin embargo, insistió que se pueden hacer foros, “buscar una ruta que ayude a desviar o aminorar el tema de la violencia, a controlar esos sucesos, eso es lo importante, además la regulación tiene que ver con el uso medicinal”.
Las iniciativas pueden ser elevadas al Congreso de la Unión a través de los diputados federales o del Congreso local, agregó.
Expuso que no ha hablado con los diputados del PRI acerca de cómo dar seguimiento a la iniciativa para regular el cultivo de la amapola con uso medicinal, de la que en un primer momento habló el gobernador Héctor Astudillo y que recientemente retomó el alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena que la ve como una salida a la grave crisis de violencia que sufre la capital del estado.
En el próximo Consejo Político se instalará una Comisión Temática y de Dictamen en la cual se hablará del tema y “por consenso político vamos a sugerirle a la Cámara de Diputados federal o local darle seguimiento a este y otro tipo de iniciativas”, adelantó Huicochea. Se revisará además la agenda legislativa de los diputados del PRI.
Enfatizó que el tema es plural, que todos, incluidos los diputados de los diferentes partidos, deben de poner sobre la mesa y trabajar en ello. Añadió que el que sea facultad del Congreso federal no impide que se elabore la iniciativa, se hagan foros y debates en lo local.
Sostuvo que los diputados del PRI “pueden ellos no tomarlo como una prioridad en este momento porque no corresponde a sus atribuciones, pueden cooperar y avanzar, no es una facultad local el hecho de poder regular”.

Pide Gonzalo Molina a los diputados detener la reforma de Astudillo para las comunitarias

 

El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González demandó a los diputados del Congreso local detener la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores, donde no está incluida la figura de policía comunitaria ni de policía rural.
El gobernador envió al Congreso esta iniciativa que si se aprueba, las policías comunitarias estarían en las leyes secundarias de la reforma al artículo 14, con el argumento de que los órganos de los pueblos indígenas no son parte de los poderes del estado.
En una visita al penal de la capital, donde se encuentra recluido desde hace tres años y medio, el promotor de la Policía Comunitaria con base en El Fortín en Tixtla, manifestó su desacuerdo.
Vestido con una playera gris y gorra roja, el preso político se acercó a los locutorios que dividen una maya por donde puede dialogar con sus visitantes.
De inmediato dijo que no es correcto reformar la ley como lo propone Astudillo Flores, al igual que la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que lo importante es armonizarla entre los pueblos y las comunidades.
Dijo que la reforma al artículo 14 es una falta de respeto y violación a los derechos de los pueblos, que al querer hacer estos cambios no se toma en cuenta a los pueblos, principalmente a la CRAC, sin importar la Casa de Justicia a la que pertenezcan.
Pidió a las autoridades “llamar a los pueblos originarios que están haciendo seguridad y justicia, principalmente a la CRAC”.
Llamó a los diputados del Congreso a detener esa iniciativa, pues dijo que se tiene que legislar algo que sirva.
Subrayó que se debe de consultar a los pueblos originarios para hacer esos cambios, discutirlos en foros con la participación de los conocedores de la seguridad y justicia, la CRAC y organismos de derechos humanos.
Dijo que el sábado en la actividad del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, supo que a nombre de la CRAC de Tixtla estaba su hermana Esther Molina, pero dijo que eso no fue cierto, que este proyecto de seguridad y justicia no está con los partidos políticos.
Agregó que como está próxima la contienda electoral hay políticos que quieren abanderar la lucha de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y de los presos políticos, cuando en su caso va para cuatro años que está encarcelado y no ha recibido apoyo.
Pidió a la CRAC que se movilice y defienda la Ley 701, pida su respeto y que si se respeta él saldría libre de inmediato.
Dijo que después de la operación a la que se sometió por una hernia que tenía, aún no es dado de alta pero ya trabaja dentro del penal, pintando cuadros al óleo, haciendo loncheras, cuadernos, bolsas tejidas y huaraches que pueden ser adquiridos por compradores directamente en la cárcel, y con el dinero que recauda apoya el proceso jurídico al que está sometido.

No hay avances en las pláticas para resolver sus demandas laborales, se quejan agentes de la FGE

 

Peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) se quejaron porque no hay avances en las pláticas con el fiscal general Javier Olea Peláez y el gobierno del estado en las negociaciones para el incremento de los bonos del Día del Padre, de fin de año y de riesgo, ni en la dotación de gasolina para sus operaciones policiacas.
Unos 20 trabajadores de la FGE acudieron a Palacio de Gobierno y al Congreso local, donde entregaron sus pliegos de peticiones dirigidos al gobernador, Héctor Astudillo Flores, al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, y al diputado local del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, para que intervengan para resolver sus demandas laborales.
Consultado en la entrada del Congreso, el policía ministerial, Salvador Vargas Carrasco comentó que, entre las demandas de los trabajadores de la FGE está el incremento salarial de 15 por ciento, un bono de riesgo de 5 mil pesos mensuales, homologación del bono del Día del Padre con el del Día de la Madre, dotación complementaria al bono de fin de año y una audiencia con el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón.
Recordó que hace un mes se reunieron con el fiscal Olea Peláez, con el vicefiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe, y con el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz, con quienes acordaron integrar una comisión de seguimiento de las demandas, “hemos tenido cinco o seis reuniones, pero el viernes nos dejaron plantados y no se concretó la propuesta para entregársela a los funcionarios del gobierno”, se quejó.
Vargas Carrasco señaló que en las reuniones pasadas revisaron los porcentajes de  incremento de salario, de viáticos que le corresponden a cada trabajador de acuerdo a su cargo, y un bono de riesgo de 5 mil pesos mensuales para peritos, agentes del Ministerio Públicos y policías ministeriales; la Fiscalía le ofreció mil pesos que no aceptaron, dijo.
Sobre el bono de fin de año, explicó que en 2015 les dieron 20 mil pesos, y el año pasado la mitad, 10 mil pesos, y esperan que en este año se regularice este beneficio, aunque el monto del bono varía de acuerdo con el cargo del funcionario, y en el Día del Padre sea equivalente al del Día de la Madre, es decir, de 8 mil pesos.
“El viernes teníamos una reunión con Hernández Ruiz y con trabajadores de recursos humanos para definir la propuesta que entregamos hoy (ayer) al gobierno del estado y Congreso local, pero no asistieron y por nuestra propia cuenta entregamos el documento de peticiones para que haya un avance”, declaró.
Vargas Carrasco pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga para atender los problemas laborales que hay en la Fiscalía, y agregó que esperan la respuesta del gobierno estatal para que sean atendidos por el Ejecutivo estatal y el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón.
El 31 de marzo, peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía se reunieron con Javier Olea Peláez, a quien le exigieron el pago de viáticos, bono del Día del Padre, de fin de año, de riesgo, dotación de gasolina y vehículos para sus operaciones, y revelaron que no tienen material de trabajo, “cuando llegan los desmembrados tenemos que comprar o conseguir bolsas para depositar los restos”, señalaron.

 

Robespierre Robles, un servidor público “intolerante”, dice la diputada de Morena

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Robespierre Robles Hurtado, ve la justicia como un asunto político y demuestra “intolerancia e inmadurez” como servidor público, denunció la diputada local de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, por las descalificaciones que hizo el funcionario a su respaldo a los trabajadores en paro del Poder Judicial.
En un acto en Acapulco el sábado, Robles Hurtado pidió a la diputada “que se ponga a legislar” en lugar de “resolver asuntos particulares de gente que se siente agraviada, porque se les pidió que se pusieran a trabajar” en respuesta al punto de acuerdo que Cisneros Martínez llevó el jueves a tribuna, para que el presidente del TSJ atienda y resuelva las demandas de los trabajadores sin cesarlos, suspenderlos o despedirlos.
La diputada también denunció que el Poder Judicial enfrenta la peor crisis de su historia, que está secuestrado “por intereses de grupo y apetitos políticos”, mientras en la sociedad crece la desconfianza, percepción de corrupción y la ausencia de ese bien jurídico que es la justicia.
En un breve escrito, la diputada de Morena aclaró que no sólo tiene derecho, también autoridad moral y legitimidad pública “para cuestionar la corrupción, el nepotismo, amiguismo e influyentismo que padece el Poder Judicial, además de exigir el respeto pleno a los derechos laborales y sociales de los trabajadores de ese poder y a la carrera judicial”.
Añadió que el acuerdo que llevó el jueves al pleno no fue una intromisión o simples declaraciones, fue votado en mayoría a favor por 14 votos y 10 en contra, por eso fue turnado a la Comisión de Justicia, de la que espera que pronto emita un dictamen, para evitar que el presidente de la misma, el diputado priista Héctor Vicario Castrejón, correligionario y del mismo grupo político de Robles Hurtado, “la meta a la congeladora”.
Consideró que “la palabrería soltada por el magistrado presidente es producto de su animadversión política y apetitos políticos, exhibidos a partir de que se le ha vuelto una obsesión la presidencia municipal de Acapulco. Le recomiendo que se serene y que ya no vea las encuestas donde Morena encabeza las preferencias electorales”.
Ratificó que el TSJ “está cada vez peor y bien vale la pena recordarle al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los legisladores que lo apoyaron para hacerlo magistrado, que el señor Robles Hurtado ve la justicia como un asunto político, en todo caso lo hubieran puesto en el Tribunal Electoral, allá hay otros que como él dicen impartir justicia partidaria”.

 

Padres y maestros de Metlatónoc y Cochoapa protestan en el Congreso; exigen maestros

Maestros, jefes de zona y padres de familia de Cochoapa el Grande y Metlatónoc protestaron afuera del Congreso local, para exigir maestros de preescolar, porque les hacen falta por lo menos 34 docentes en cada sector de la zona 36.
En declaraciones, el supervisor de la zona 36 en Cochoapa el Grande, Benito Sánchez Madrid, comentó que acudieron al Congreso a buscar al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el perredista Ociel Hugar García Trujillo, pero no lo encontraron.
Explicó que la falta de maestros en la zona es un problema añejo, porque hace mucho tiempo que hay escuelas cerradas, porque los maestros se jubilaron y aún no los han repuesto, y la demanda de maestros crece en el sector 019 y el 09 de estos dos municipios marginados de la Montaña.
El maestro comentó que ya habían pedido al Congreso local que los recibieran, pero el diputado no se presentó.
En cada sector hacen falta por lo menos 34 maestros; explicó que en esos municipios, un maestro atiende hasta a 50 alumnos, y hay grupos de 70 alumnos que son atendidos por sólo dos maestros.
El profesor insistió en que a los niños indígenas de esos municipios se les está negando el derecho a la educación de calidad, y consideró que los maestros no niegan la educación, a pesar de que tienen que atender a grandes grupos.
Comentaron que ya acudieron en muchas ocasiones a la delegación regional, pero no les han resuelto el problema, y por eso tuvieron que trasladarse a Chilpancingo, “pues aquí estamos, y no llevamos resultados favorables a nuestra petición”.
Desde octubre empezaron sus visitas a la capital para solicitar maestros para los dos municipios sin que su problema sea resuelto, “esto nos da a entender que la misma autoridad no nos quieren recibir”
De la respuesta de la Subsecretaría de Educación Básica, comentó que “se levantó una minuta con ellos”, pero existe una “negativa rotunda”, porque les argumentan que no puede haber atención a niños de tres años de preescolar porque, de acuerdo con la modificación de la ley, sólo se pueden atender a alumnos de segundo y tercero.
El profesor Benito Sánchez explicó que, por vocación, los maestros de esas zonas no pueden rechazar a los alumnos “es un derecho que tienen los niños y tenemos que atenderlos, no podemos rechazarlos cuando los padres de familia llevan a sus hijos a inscribirlos, sí tenemos la mayor parte de matrícula de los niños de tres años y no queremos, nos sentimos mal por rechazarlos y por eso venimos a exigir que nos otorguen maestros para que le den atención favorable a esos alumnos”.

 

Bloquea el Frente Popular de Tlapa el Congreso; pide obras en escuelas de pueblos de la Montaña

Integrantes del Frente Popular de Tlapa (FPT) protestaron y bloquearon tres horas los acceso al Congreso local, porque los diputados no atendieron su solicitud de intervenir para el cumplimiento de varias obras programadas en escuelas del nivel básico de esa cabecera y sus comunidades.
A las 9 de la mañana de ayer, unos 30 maestros, directivos escolares y padres de familia integrantes del FPT llegaron a la sede del Poder Legislativo para solicitar una audiencia con los diputados, a quienes pedirían su apoyo para instalar una mesa de trabajo con las dependencias del gobierno estatal que se comprometieron este año a construir obras en al menos nueves escuelas de Tlapa que no se han cumplido.
Sin embargo, luego de una hora de espera y ante la negativa de los guardias de seguridad para que una comisión ingresara al edificio, los inconformes se plantaron en los dos accesos principales e impidieron la entrada al Congreso, como protesta ante la desatención de los diputados.
En declaraciones a reporteros, Ubaldo Segura Pantoja, integrante de la Comisión Política del FPT, dio a conocer que en el transcurso del año, diferentes dependencias del gobierno se comprometieron a construir obras que se han gestionado, incluso en administraciones anteriores.
Aunque no precisó cuántas obras son, dijo que las autoridades asumieron el compromiso con el FPT de construirlas antes de que concluyera el año, lo que no ocurrió.
Explicó que asistieron al Congreso para pedir la intervención de los diputados, a quienes solicitarían su respaldo para que en el presupuesto de egresos 2017 se consideren más obras de escuelas de Tlapa y sus comunidades.
“La Montaña es una de las regiones más rezagadas, por el olvido en el que ha estado, y por eso venimos a recordarles a los diputados que existe la Montaña, y que ellos sólo se acuerdan de ella cuando quieren votos, pero después se les olvida”, reprochó Segura Pantoja.
Advirtió que, si el año se acaba y no hay solución a sus demandas bajarán habitantes de varios pueblos a movilizarse en Chilpancingo para presionar a las autoridades.
Entre los planteles del nivel básico que requieren de obras para ampliarse o rehabilitarse, están la Telesecundaria Julián Blanco Jiménez; las primarias bilingües Tenoch, Juan Francisco Escutia, Acamapichtli, Vicente Guerrero, Aztlán y Ve’eno Sakua a Na Ovi Tu’un; la primaria Caritino Maldonado Pérez, y la secundaria Nicolás Bravo.
Luego de tres horas de protesta, los inconformes se trasladaron a Palacio de Gobierno, donde fueron atendidos por representantes de la Secretaría General de Gobierno.
Consultado por teléfono, el coordinador del FPT, Alberto Ríos Cano dijo que luego de plantear sus demandas, se reunieron con autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), y la Secretaría de Obras Públicas.
Ríos Cano comentó que las autoridades se comprometieron a analizar sus planteamientos, pero no hubo ningún acuerdo concreto referente a iniciar las obras que demanda el FPT.
Adelantó que este miércoles continuarán las reuniones, e intentarán nuevamente reunirse con diputados locales.

No los atienden en el MP de Coyuca de Benítez, dicen los comerciantes que denunciarían al alcalde


Ayer culminó la demolición de los locales en el Mercado Morelos en Coyuca de Benítez, sin que el presidente municipal, Javier Escobar Parra se acercara a ellos, reclamaron dueños de los locales.
Los comerciantes manifestaron que quienes intentaron levantar una denuncia en el Ministerio Público (MP) de Coyuca de Benítez, no fueron atendidos, lo que calificaron como un acto de corrupción entre los gobiernos estatal y municipal.
En la mañana, un visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) les notificó a los comerciantes que ya se inició la investigación de su queja contra el alcalde.
Los locatarios manifestaron que sus negocios fueron derribados con máquinas retroexcavadoras pese a que aún tenían mercancías dentro, y que algunos de ellos perdieron hasta más de un millón de pesos. La locataria, María Martha Barrera Lagunas, dueña de los locales 51 y 53  dijo que ella fue sola al Ministerio Público pero la ignoraron, no insistió y se retiró, y que prefirió dejarlo así porque, “me han amenazado varias personas de diferentes áreas del Ayuntamiento, amenazándome con armas”.
En visita a las ruinas del mercado, la vendedora se quejó de que intentó levantar una denuncia en el Ministerio Público de Coyuca por el despojo del gobierno municipal, debido a que ellos estaban amparados; sin embargo, la autoridad se negó a atenderla.
La mujer, que vendía pasta de mole rojo y verde, tostadas, chalupas, semillas y otros productos de una tienda de abarrotes, manifestó que estaba lleno de coronas que no vendió en las festividades del Día de Muertos, “ahí quedó todo, aplastadas en medio de todos los escombros”. Calcula que perdió casi 2 millones de pesos, porque su negocio era uno de los más surtidos.
Entre los escombros, algunos locatarios sacaban cortinas de metal que podían reutilizarse o piezas de metal para venderlas como fierro viejo. En la esquina del mercado que colinda con la carretera, vendedores de pollo y pescado ofrecían sus productos.
Por su parte, el comisario ejidal Homero Popoca, recordó que en 2009 entregó una constancia de posesión a los locatarios, “para agilizar sus escrituras,  y están en el Registro Público de la propiedad”. Para ese año, expidió 302 oficios que acreditaban a los dueños legítimos del mercado. Dijo que desconocía con qué argumentos el Ayuntamiento destruyó los locales.
La autoridad comunal criticó que el alcalde Javier Escobar no se acercó a los propietarios de los locales que se negaban a salir, y ahora se quedaron sin patrimonio.
Por su parte el representante legal de los comerciantes del mercado Morelos, Fulgencio Cruz López recordó que dos veces visitaron el Congreso local y diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRD, PT y PRI para que solicitaran una tregua al presidente municipal Javier Escobar, para que no entraran las máquinas desde el miércoles de la semana pasada, pero no ocurrió.
El sábado, el diputado por MC fue al mercado y les dijo a los locatarios que se habían violado los acuerdos que los diputados plantearon  y que hoy martes subiría a tribuna para inconformarse con el alcalde de Coyuca de Benítez.
El comerciante manifestó que, después de que se fue Ricardo Mejía las máquinas llegaron a terminar de destruir el mercado.
El sábado también les cortaron el suministro de energía eléctrica. Ayer, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una camioneta estacionada a un costado del mercado, terminaban de hacer la reconexión del cableado.
Ante la falta de respuesta de la Codehum, dijo que escalarán su denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Aunque mostró un oficio firmado por el visitador Concepción Bedolla Vega en el que se les notifica que ya inició la admisión de la queja.
Fulgencio Cruz López dijo confiar en que con el acompañamiento de la CNDH y el Congreso local se les regrese ese espacio destruido por el gobierno municipal, para que se levante un nuevo mercado.
Señaló que el gobernador Héctor Astudillo Flores protege al alcalde de Coyuca porque ambos son priístas, “Héctor Astudillo está tapando la gran corrupción desde que estuvo el anterior presidente”.
Los últimos 23 locales, fueron destruidos con el consentimiento de algunos, pero no de la mayoría, lamentó el dirigente de los comerciantes, quien reiteró que el alcalde no se ha acercado a ellos pese a que declaró el miércoles de la semana pasada, que dialogaría con quienes se negaban a salir.
Ya en la tarde, fuentes oficiales reportaron que 70 comerciantes se presentaron en el Ministerio Público de Coyuca de Benítez para denunciar el despojo, además de daños y lesiones a los locatarios el fin de semana, cuando terminaron de destruir el mercado Morelos.

Pide la Codehum al Congreso local un mayor presupuesto y los diputados ofrecen hacer “la lucha”

El presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, se reunió ayer con diputados del Congreso local para solicitar un incremento en el presupuesto del organismo para 2017.
De 48.9 millones de pesos que ejerció en el actual ejercicio fiscal, el presidente de la Codehum planteó que el monto se incremente a por lo menos 91 millones. La propuesta que envió el gobierno del estado al Congreso para 2017 es de 49.9 millones.
A las 10 de la mañana en la sala José Bajos Valverde, Navarrete Magdaleno se reunió con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso,  Jesús Martínez Martínez;  el secretario, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, y los vocales María del Pilar Vadillo Ruiz, Ricardo Mejía Berdeja y María de Jesús Cisneros Martínez.
En su intervención, el presidente de la Codehum expresó que el presupuesto que se le ha asignado a ese organismo no es proporcional a las necesidades del mismo y de la propia entidad, pues recordó que Guerrero está en la mira nacional e internacional por hechos graves de violación a derechos humanos.
Comentó que en el caso de Nuevo León la Comisión de Derechos Humanos recibe cien millones de pesos anuales y opera solamente con sus oficinas centrales, a diferencia de la de Guerrero que cuenta con delegaciones regionales.
Como ese ejemplo dijo que hay varios en el país, a pesar de que en esos estados no se enfrentan los problemas que tiene Guerrero; incluso dijo que mientras en otras partes la lucha de las comisiones es por derechos de “tercera generación”, como medio ambiente y agua, en la entidad aún no se trabaja para evitar que los detenidos sean torturados.
Navarrete Magdaleno aseguró que si se informara públicamente que la Codehum no percibe recursos suficientes, esa situación sería cuestionada por organismos internacionales, toda vez que aquí se atienden casos como el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros más.
Dijo que a pesar de las condiciones financieras en que trabaja la Codehum, cuando participa en conferencias o ponencias en otros estados “no vamos para lamentarnos”, sino a explicar que en Guerrero las circunstancias son distintas a como se perciben en el exterior.
“La gente de otros estados creen que tenemos el cuerno de chivo terciado en el hombro, pero yo les digo que en Guerrero los universitarios están en las aulas,  que todos hacen su labor,  (pero) eso no es la noticia, la noticia es cuando hay muertos”, lamentó.
Aseguró que gracias a los ajustes que se han hecho en la Codehum para aprovechar al máximo su presupuesto y no dejar de laborar, ese organismo se ha posicionado como uno de los mejores en el país.
Comentó que su personal ha estado presente en los operativos que se realizan en los reclusorios por la madrugada; así como en conflictos sociales, además de que imparten talleres en primarias, secundarias y universidades.
“A diario se trabaja en la promoción y difusión de derechos humanos, en la visita de instituciones de arresto y en lugares donde por alguna circunstancia se encuentran los jóvenes, mantenemos la visita a reclusorios, centros de alcohólicos anónimos y otros lugres más, esas visitas son permanentes”.
En su intervención, Mejía Berdeja reconoció el papel que ha desempeñado la Codehum en el conflicto que mantienen la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Indicó que es fundamental el trabajo que la comisión ha desarrollado y por ello consideró necesario incrementar el presupuesto de la misma, e incluso dijo que debe ser una prioridad tanto para el gobierno del estado como del Congreso.
“Desde luego que es vergonzoso, las cifras negras en temas de desaparecidos, tortura, asesinatos extrajudiciales, desplazamientos forzados, yo creo que hay que revisar que sea lo  necesario (en presupuesto), yo sí creo que este tema es fundamental, sobre todo porque como entidad es lo que más nos pega en lo nacional e internacional”.
En la reunión los diputados se comprometieron con Navarrete Magdaleno a “dar la lucha” para que el presupuesto que le sea aprobada a la Codehum tenga un incremento, pues consideraron que a pesar de que ha trabajado con recursos limitados, esa instancia ha desempeñado un buen papel.