Etiqueta: Congreso local

Preparan en el Congreso local un exhorto a Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa

 

 

La Comisión Especial del Congreso del estado para el Seguimiento de las Investigaciones de los Acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del 2014 aprobó un punto de acuerdo en el que pide al gobierno federal que genere las condiciones para que se apliquen las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la reunión, el presidente de la comisión, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de punto de acuerdo en el que el Congreso de Guerrero exhorta al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la procuradora General de la República, Arely Gómez González, y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Salinas, a “redoblar esfuerzos para incrementar todas las acciones necesarias para determinar el paradero o destino de los beneficiarios de las medidas cautelares y el esclarecimiento de los hechos”.
En el punto de acuerdo los diputados se refieren a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigen que se “den todas las facilidades para el desempeño de quienes habrán de conformar el mecanismo que se encargará de darles seguimiento”, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El punto de acuerdo deberá presentarse a la Comisión de Gobierno para que sea incluido en el orden del día y presentado próximamente al pleno para su votación.
También acordaron solicitar una reunión con el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, para que informe sobre el estado de las tres recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no ha atendido.
También pedirán a la Fiscalía información sobre los procesos penales del fuero común relacionados con las seis personas que fueron asesinadas la noche y madrugada de la agresión en Iguala.

Guarda con “mucho celo” el Congreso la iniciativa para crear la octava región, se queja Rigoberto Acosta

El coordinador del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero, Rigoberto Acosta González, se quejó de que en el Congreso local se guarda con “mucho celo” la iniciativa para la creación de la sierra como octava región, y que desde hace 15 días ha buscado con varios diputados obtener el documento para saber qué contiene, pero no lo ha logrado.
A Rigoberto Acosta se le preguntó tras la sesión del Grupo ACA, donde estuvo como invitado, cómo van los trámites para que la sierra sea reconocida como la octava región en el estado, y respondió que sabe que ya se llevó la iniciativa al Congreso local, en acuerdo con el gobernador, para que se reconozcan primero las siete regiones, y “nosotros pedimos que sea en paralelo la siete más la ocho, nosotros ya sabíamos y lo habíamos dicho, que ninguna de las regiones estaba reconocida y se requería hacer y llevarlas en una incitativa para que queden en la Constitución Política del estado, y que a partí de ellos se pueda instrumentar”.
Dijo que tiene que estar en la reforma a la Constitución, a la ley de Plantación y la reforma al reglamento interno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg) para que se puedan instrumentar programas con presupuesto para atender los temas de la región, Acosta González informó que no sabe en qué consiste la iniciativa de la creación de la región, que sabe que está en algunas de las comisiones del Congreso, “yo he luchado en los últimos quince días por conseguir un documento, he buscado y la tienen con mucho celo y no la quieren compartir para saber qué contiene la iniciativa”.
Añadió que, “hemos planteado muy claro al gobernador que en este periodo debe quedar reconocida la sierra como octava región, y que podamos juntos, el estado, el Congreso, las organizaciones, generar un plan de trabajo o proyecto estratégico que nos ayude detonar el desarrollo de la región”.

Reitera que está a favor de legalizar el cultivo de la amapola; podría “disminuir los índices de violencia”, dice

Acosta González estuvo como invitado en la sesión del Grupo ACA, donde reiteró su postura a favor de legalizar el cultivo para usos medicinales de la amapola, pues en primera instancia puede “disminuir los índices de violencia en el estado y país”. Añadió que la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores es “viable y sensata, pero se tiene que abrir un abanico de opinión de los expertos en salud para que se informe hacía dónde se está llevando la heroína que se produce en la entidad, porque se sabe que más del 90 por ciento de heroína se va a los laboratorios, y el 10 por ciento se utiliza para el consumo de los adictos”.
Agregó que no son las familias de Guerrero las que se llevan los grandes beneficios, sino los tráficantes y vendedores a nivel nacional e internacional; que sólo se trata de darle legalidad a una actividad que comenzó en la sierra casi a principios de los años 70, algo inducido desde Sinaloa, que es de donde se trajo la semilla y que al día de hoy se ha convertido en un cultivo de más de cinco generaciones y, más haya de las complicaciones económicas que son muy importantes, es la inseguridad que ha generado en la sierra.

Protestan telefonistas afuera del Congreso del Estado en Chilpancingo en apoyo a Ayotzinapa

 

Como parte de las acciones a nivel nacional del Frente Amplio Social Unitario (FASU) para respaldar la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ayer unos 50 trabajadores de Teléfonos de México (Telmex) realizaron un mitin afuera del Congreso local.
Los trabajadores, aglutinados en la sección 69 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que pertenece al FASU, se reunieron a las 5 de la tarde de este viernes en el acceso principal de la sede del Poder Legislativo, donde también se declararon en contra de las reformas estructurales.
La secretaria general de la sección 69, Erika Sevilla Lucas recordó que el 26 de enero comenzó la jornada nacional de lucha del FASU para respaldar al movimiento que encabezan los padres de los estudiantes detenidos y desaparecidos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este viernes, concluyeron las actividades correspondientes a esa jornada en todas las capitales de los estados del país, que sirvió para “convocar a todos los mexicanos a rechazar el actual modelo de política económica neoliberal”.
Sevilla Lucas demandó, mediante un equipo de sonido, la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y garantías de no repetición, también se pronunció por la liberación de los presos políticos y la solución al conflicto de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California.
En el mitin, se exigió armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales de derechos humanos, e impulsar una ley de consulta para comunidades indígenas que contemple la creación de la figura de un comisionado con autonomía de gestión y presupuestaria.
“También exigimos la abrogación de las reformas estructurales neoliberales, la anulación de todos los contratos firmados con las empresas del sector energético privado, el rescate, desarrollo y ampliación del ejercicio pleno a los derechos sociales afectados”.
La líder sindical aseguró que con la reforma laboral el gobierno pretende desaparecer al sindicato, lo que dejaría vulnerables a todos los derechos de los trabajadores, afectando principalmente a los que tienen más años brindado sus servicios.
En el acto, los telefonistas convocaron a campesinos, mujeres, estudiantes, maestros y a investigadores a que asuman el compromiso de defender los derechos humanos e impulsar “el cambio de régimen económico, político y social que requiere nuestro país”.
Durante el mitin, no se bloqueo ninguna avenida, y después de una hora los telefonistas se retiraron.

Operan en el estado 50 grupos de la delincuencia organizada, dice el fiscal

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que son, por lo menos, 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones de la entidad y que son responsables del problema de inseguridad y violencia que priva en Guerrero.
También dijo que solicitó a representantes de la embajada de Estados Unidos que ayuden al gobierno del estado a combatir el tráfico de drogas, luego de que el cónsul Hugo Rodríguez manifestó a las autoridades locales, el miércoles en Acapulco, su preocupación por el tráfico de heroína al país norteamericano.
Del secuestro de dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán, explicó que se trató de un autosecuestro, en el que los jóvenes obtuvieron, al parecer, cien mil pesos de sus familiares, por lo que se procederá a su detención.
El fiscal asistió este jueves al arranque oficial del programa Escuelas al Cien, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en las instalaciones del el Conalep de Chilapa, municipio donde más tarde se celebró la sesión del gabinete de seguridad nacional encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Consultado antes de que iniciara el programa, el fiscal insistió en que el problema de violencia e inseguridad que priva en Tierra Caliente es producto de la disputa entre los grupos criminales que encabezan El Tequilero y El Pez.
Indicó que, así como sucede en aquella región, pasa lo mismo en Chilapa, donde la inseguridad es producto de la pugna que existe entre Los Rojos y Los Ardillos.
Informó que por lo menos son 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones del estado, pero aclaró que la mayoría son “pequeñas células” conformadas por cinco o seis delincuentes.
“Son muchos, pero evidentemente no hay un grupo grande, entonces se pelean por el control de la droga en esta zona de la Montaña baja y en Tierra Caliente, principalmente por la heroína, la goma de opio que posteriormente se convierte en heroína”.
Olea Peláez indicó que en el Grupo de Coordinación Guerrero le apostará a las labores de inteligencia para combatir a los grupos criminales y lograr la aprehensión de todos sus líderes.
Explicó que en la reunión del gobernador Héctor Astudillo con el cónsul de Estados Unidos Hugo Rodríguez el miércoles en Acapulco, el embajador les externó su preocupación por el tráfico de heroína, droga que termina en territorio estadunidense.
“Están preocupados y nosotros les dijimos ‘pues ayúdennos’. Yo soy una gente muy cristalina y les dije ‘ayúdenme, para que ustedes nos ayuden en la investigación’”.
–¿Ayuda en qué materia se pidió al gobierno de Estados Unidos? –preguntó un reportero.
–Pues en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, etcétera, respondió.
Indicó que la Secretaría de Gobernación entregará herramientas sofisticadas la próxima semana al área antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la Comisión Especial para investigar las desapariciones en el municipio de Chilapa, explicó que el próximo lunes se emitirá el decreto correspondiente, es decir, ya no se presentará la iniciativa ante el Congreso local como se había planteado en un principio.
Anunció también que la próxima semana desayunará con empresarios de la capital para escuchar sus planteamientos en materia de seguridad pública.
Consultado por segunda ocasión, al concluir el acto en el Conalep, Xavier Olea dio a conocer que fue un autosecuestro el de los dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán del Progreso, “quisieron bajarle un dinero a su mamá”, señaló.
Explicó que los jóvenes solicitaron un rescate de 300 mil pesos, pero sólo obtuvieron cien mil pesos, por lo que se procederá a la detención de los estudiantes, y aseguró que los tres jóvenes detenidos el miércoles en una motoneta y que llevaban consigo más de 27 mil pesos eran sus cómplices.

 

Propondrá la CRAC al Congreso una reforma a la Ley 701 o que la ratifique, dice Abad García

 

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Abad García informó que la institución planteará al Congreso local una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, o que la ratifique tal como está, para mantenerla vigente.
En consulta telefónica, dijo que buscan una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para conocer su postura sobre la Ley 701, y en las comunidades la Policía Comunitaria está levantando firmas de apoyo y actas de cabildo de los ayuntamientos de respaldo a la legislación estatal.
La ley estatal indica que, por sus funciones, la CRAC también es parte del sistema de seguridad pública del estado, pero la legislación podría quedar sin efecto debido a un artículo transitorio de la nueva Constitución del estado que indica que, a más tardar en abril de este año, se deben adecuar las leyes secundarias con la nueva legislación.
El dirigente de la CRAC adelantó que en la asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el 24 de enero, van a proponer acciones de protesta para evitar que en lo inmediato se derogue la legislación, así como para exigir la libertad de los presos de la CRAC recluidos en Ayutla de los Libres y en la Cuidad de México.
Aclaró que la amnistía que se planteó con el gobierno anterior, como posibilidad de la libertad de los detenidos, quedó rebasada, y la exigencia será por la libertad inmediata de 10 detenidos de manera arbitraria. Entre los presos de la CRAC están la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco.
Aunque la Ley 701 reconoce como autoridad a los integrantes de la CRAC, precisó que existen más de 100 averiguaciones previas en las que señalan a integrantes de la institución comunitaria, personas que se inconformaron con el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que es necesario volver a discutir la relación de respeto y coordinación que debe haber en las dos instancias.
En tanto, dijo que en los pueblos siguen trabajando en la unificación de la institución comunitaria, fraccionada por distintos liderazgos e intervenciones del Estado, y revisando la posibilidad de realizar foros de defensa de la Ley 701.
Para ello, también están buscando una relación con otros sistemas de seguridad que funcionan en el estado, pero cuando se le preguntó si hay comunicación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), solo confirmó que han tenido pláticas con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.
Sobre las reuniones del fin de semana, donde participaron representantes de Morena, aclaró que estos políticos están apoyando de manera externa, harán sus propuestas, pero la CRAC llevará su propio planteamiento a la mesa de trabajo con las autoridades estatales.

Acuerda la UPOEG reestructurar a la Policía Ciudadana y promover la elección de diputados para el Congreso local

La reestructuración de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y promover la elección de representantes de los pueblos originarios en el Congreso local, fueron las conclusiones de las mesas del Congreso Estatal en el tercer aniversario de la organización.
En las ocho mesas de discusión y análisis del encuentro se plantearon propuestas para mejorar las condiciones de los pueblos donde la UPOEG tiene presencia. Ayer fueron presentadas las conclusiones de las mesas de trabajo del lunes.
En la mesa de Evaluación, reestructuración y funcionamiento del SSJC, se planteó partir de la revisión de las comandancias, la depuración de los grupos de policías ciudadanos y regular los operativos de policías no legitimados en asambleas; además de que los consejeros y consejos municipales deben ser elegidos en asambleas por mayoría, y el remplazo o ratificación de los coordinadores del SSJC.
Asimismo, se propuso crear una comandancia regional y que cada coordinador tenga una estructura de cinco autoridades (delegados o comisarios municipales).
En la mesa Derechos a la consulta y representación popular, se propuso trabajar el derecho a la consulta en tres ejes o campos: concesiones mineras, gobiernos indígenas y ámbito legislativo; así como pasar a la etapa de promover la elección de representantes de los pueblos originarios en el Congreso local, es decir, como diputados locales, “para que, de esta manera se garantice la representación de los intereses de los pueblos ante el órgano legislativo”, se lee en el documento final aprobado en el Congreso Estatal de la UPOEG.
En la mesa Proyecto comunitario y desarrollo integral, se ponderó el apoyo a la consolidación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, para que estudiantes indígenas y afromexicanos puedan seguir sus estudios, y gestionar la infraestructura para las escuelas y centros de salud.
En Defensa del territorio y recursos naturales, se acordó no aceptar la concesión minera, usar fertilizantes orgánicos en los cultivos, desplazar los insecticidas y químicos con productos orgánicos que no dañen la tierra, y no permitir la introducción de semillas transgénicas.
En la mesa Desaparición forzadas y atención a víctimas y 43 estudiantes normalistas y otras personas desaparecidas, y en la de Derechos Sociales, se concluyó que es necesario que las autoridades continúen la búsqueda de los 43 normalistas, que el gobierno dé información clara, precisa y con evidencias del paradero de los normalistas y otras personas desaparecidas, además de que haya transparencia en las investigaciones.
En la mesa de la Integración familiar, prevención y abatimiento del delito, se llamó a “hacer una realidad” la representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y crear una política de cero violencia en las familias de las comunidades, y llevar los casos de impunidad contra mujeres a los órganos de justicia.

Marcha el MPG en Chilpancingo a 41 años del asesinato de Lucio Cabañas y contra la represión

 

Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) marcharon en las principales avenidas de Chilpancingo para conmemorar el 41 aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos, y para exigir a los gobiernos estatal y federal que no repriman a maestros que se oponen a la reforma educativa, luego del anuncio de la llegada de 6 mil policías federales para resguardar la evaluación en el Fórum Mundo Imperial, en la zona diamante de Acapulco.
Otras de las demandas del MPG es la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala y la liberación de los presos políticos.
Por su parte, el Frente de Defensa Popular Francisco Villa, que cumplió 22 años, exigió a los gobiernos federal y estatal atender las demandas de las organizaciones sociales y estudiantiles, y que no repriman a los guerrerense que luchan por mejores condiciones de vida.
A la 1:15 de la tarde, unos 150 manifestantes partieron del Zócalo capitalino, donde mantienen su plantón los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) opositora.
Unos 150 integrantes del MPG caminaron en las avenidas Lázaro Cárdenas y Trébol, cerca del Congreso local, donde gritaron consignas en contra del gobierno por reprimir a organizaciones sociales, estudiantiles y a luchadores sociales.
En el mitin en el Congreso local, integrantes del MPG responsabilizaron al presidente de la Comisión Educativa en el Poder Legislativo, el diputado priista Víctor Manuel Martínez Toledo, y al Secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega, de cualquier posible represión y hostigamiento contra los normalitas y luchadores sociales que se manifestarán contra la evaluación a los maestros en el hotel Mundo Imperial en Acapulco.
“La aplicación del examen que se llevará a cabo en Acapulco afecta a los maestros por violentar sus derechos laborales, y estamos en contra de la reforma educativa”, declaró uno de los integrantes del MPG.
Después los maestros reanudaron su marcha hasta llegar a Palacio de Gobierno.
Por su parte, una integrante de la Comisión Convergencia de la CETEG, que encabeza Antonia Morales, de la región Centro, informó que hoy, en la aplicación del examen de permanencia se movilizarán en el hotel Fórum Mundo Imperial, en la zona diamante en Acapulco.
Agregó que los 6 mil policías que llegaron a Guerrero para blindar la evaluación de maestros en Acapulco deben ser trasladados a las regiones de mayores índices de violencia.
Asimismo, el integrante del Frente de Defensa Popular y Frente Popular Francisco Villa, Efraín Torres Fierro exigió al gobierno estatal y federal la liberación de los presos políticos y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“El gobierno del estado, trae la consigna de reprimir la protesta social, y la reformas estructurales que vienen a despojar los derechos del pueblo, y el gobierno va a imponer a sangre y fuego estas políticas, no es aislado la desaparición de los 43 normalistas; el asesinato de cuatro policías comunitarios es para sembrar el terror para imponer las reformas”, declaró.
En la marcha participaron integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y choferes de la Coordinadora Estatal de Transportistas del Estado de Guerrero (CETIG).

No puede decidir la Ssa que los heridos de bala vayan a hospitales militares, dice De la Peña

 

El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos respondió a trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que piden que los heridos de bala sean atendidos en hospitales militares y de la Marina, que esa no es una determinación que pueda tomar la Secretaría de Salud.
“Nosotros tenemos que atender a todo paciente que llega a nuestros servicios, lo único que pedimos es que siempre tengamos protección para el personal médico y paramédico”, dijo el funcionario en la inauguración de la segunda Semana de salud bucal en la Secundaria Técnica No. 67, en la colonia San Isidro, al poniente de Acapulco.
Por otra parte, De la Peña Pintos informó que a la dependencia no ha llegado ninguna solicitud del Congreso local para que informe de la deuda que tienen con los proveedores de la construcción, que atendieron centros de salud en el estado a través del programa federal Seguro Popular.
El pasado 6 de noviembre, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso local desestimó la solicitud presentada a la Mesa Directiva por proveedores de la Secretaría de Salud, quienes piden la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para el pago de las obras del Seguro Popular.
En esta sesión se determinó pedir a la dependencia estatal que entregue un reporte detallado de la deuda que enfrenta con los constructores, quienes solicitaron a la comisión su intervención para que les paguen.
Consultado vía telefónica, el secretario de Salud dijo que hasta este miércoles no ha llegado a su oficina ningún documento que le pida esa información, y ayude a deliberar si deben o no exhortar al gobernador para que cubra la deuda.
Los diputados dijeron que debe comprobarse si fueron construidos o rehabilitados los centros de salud, y pidieron a las dos partes en conflicto que entreguen toda la documentación.
De la Peña Pintos reconoció que aún no cuenta con la información detallada sobre la deuda, sino sólo con el monto general, y dijo que los proveedores están siendo atendidos por la Subsecretaría de Finanzas, “todo se está analizando, tenemos un monto general, pero el detalle se está analizando”, dijo.
El monto general de la deuda que enfrenta la Secretaría de Salud es de 3 mil 850 millones de pesos, que se les debe pagar a proveedores de 70 empresas.
A pregunta expresa sobre si ha tenido acercamiento con los proveedores, para explícales la situación actual de la dependencia, dijo que no se han reunido, ya que todo “ha sido a través de la Subsecretaría de Finanzas”.

Bloquean grupos vulnerables una avenida frente al Congreso en la capital; piden pensión vitalicia

Integrantes del Frente de Grupos Vulnerables, Personas con Capacidades Diferentes marcharon y bloquearon más de dos horas la avenida Trébol frente al Congreso local para exigir a los diputados de la 61 legislatura que aprueben una ley de pensión vitalicia, la entrega de la tarjeta Guerrero Cumple, empleo y becas para hijos de personas con capacidades diferentes.
A las 10:30 de la mañana unos 50 manifestantes se congregaron en el monumento a Las Banderas, caminaron por las avenidas Lázaro Cárdenas y Trébol para llegar al Congreso local.
Los manifestantes portaban pancartas en mano en las que se leía: “Sr. Diputados esperamos que haya voluntad y sensibilidad para aprobar la pensión vitalicia”, “Que viva el día internacional de la discapacidad y que muera la discriminación”, “Señor Gobernador no se le olvide que nos prometió una audiencia”.
El líder de la organización, Silvestre Rodríguez Fernández dijo que en su administración al gobernador Rogelio Ortega Martínez le solicitaron una pensión vitalicia, la tarjeta Guerrero Cumple, empleo y becas para hijos de las de personas con capacidades diferentes, pero no ocurrió.
Dijo que “desde la anterior administración estamos solicitando que nos apoyen para mejorar las condiciones de vida de este sector vulnerable, pero a la fecha no han tenido respuesta a sus peticiones”.
El líder pidió una audiencia al gobernador Héctor Astudillo Flores para atender sus demandas y beneficiar a 12 mil personas de capacidades diferentes en el estado.
Al bloqueo acudió el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y acordaron redactar un documento con las demandas.
Los inconformes no fueron atendidos por los diputados y bloquearon los dos carriles de la avenida Trébol frente al Congreso local.
A las 3 de la tarde, los manifestantes se retiraron de la avenida luego de que policías estatales con equipo antimotines los amenazaron con desalojarlos.

Solicitan líderes transportistas que intervenga el Congreso local para que no se den más concesiones

 

Líderes transportistas de las regiones de Acapulco, Centro, Costa Chica y Norte solicitaron al Congreso local que intervenga para que la dirección de Transportes del gobierno del estado ya no libere más concesiones, porque hay saturación en las calles, de lo contrario advirtieron que impedirán que las unidades irregulares trabajen.
Dijeron que sí existe una necesidad real de ampliar el transporte público en los municipios, se haga un estudio que lo confirme, para que las concesiones ya no se entreguen sólo por compadrazgo o negocio, violentando la antigüedad de los “verdaderos transportistas”.
Este jueves al mediodía, líderes de unas 45 organizaciones de transportistas de las regiones de Acapulco, Centro, Costa Chica y Norte se reunieron en el Congreso local con el presidente de la comisión de Transporte, el priista Antelmo Alvarado García y la diputada del PVEM, Rossana Agraz Ulloa, en la sala José Francisco Ruiz Massieu.
En el encuentro, el presidente de los concesionarios en Chilpancingo, Roberto Pacheco Hernández dijo que en la última administración fueron liberadas más de 200 concesiones en la capital, pese a que no se necesita más transporte público.
Dijo que esas concesiones se entregaron a pesar de que no se realizó un estudio previo, ocasionando la saturación de taxis y Combis en la ciudad, además dijo que los beneficiados son personas que tienen poco tiempo en ese sector.
Llamó a los diputados a que ayuden a los transportistas para que el gobernador, Héctor Astudillo Flores los reciba y le planteen sus demandas, la principal es que la dirección de Transportes ya no libere más concesiones en municipios donde no se necesitan.
“Nosotros no estamos en contra de las concesiones, pero sí de las saturaciones innecesarias, nosotros estamos en la postura de que antes hay que hacer un estudio, un estudio que lo hagan expertos y que refleje las verdaderas necesidades de los ciudadanos”.
Por su parte, el presidente del Transporte Urbano en Taxco, Jorge Zagal Carbajal dijo que en 2009 el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó un estudio de factibilidad para determinar si eran necesarios más vehículos, en ese entonces se aplicó la Ley de Transporte, que benefició a transportistas de mayor antigüedad.
El presidente de la Unión de Permisionarios de Taxco, Alfredo Ocampo Arteaga dijo que hay 40 taxis colectivos parados por el problema de la saturación.
Comentó que la misma situación se vive en Iguala, “allá ya no saben qué hacer con tanto taxi, ya no es rentable, el problema es que todos los días hay más taxis, y los afectados directamente son los de más antigüedad que han vivido siempre del servicio”.
En el caso del municipio de Cruz Grande, Pablo García Maganda integrante de la Organización Transportista Zona Delta dijo que el ex director de Transporte, Juan Larequi Radilla liberó hace tres meses 37 nuevas concesiones, pese a que en el municipio ya circulaban 32 taxis.
Dijo que cuando la organización reclamó al ex funcionario sobre esta situación, él se justificó diciendo que le presentaron los papeles y los firmó sin darse cuenta de qué se trataba.
Andrés Ojeda Caballero transportista de la comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla, acusó al presidente del Comisariado Ejidal de haber recibido dos concesiones de manera irregular, situación que ha provocado enfrentamientos a golpes entre quienes respaldan esa acción y quienes se oponen.
Los líderes de las diferentes organizaciones coincidieron en que si el gobierno estatal continúa el reparto irregular de concesiones impedirán que las unidades beneficiadas trabajen y las retendrán de ser necesario.
Luego de escuchar cada una de las intervenciones, la diputada Rossana Agraz reconoció que existe una saturación del transporte público, por lo que consideró prudente realizar modificaciones a la ley en la materia para regular esta situación.
En tanto, Antelmo Alvarado dijo que le darán seguimiento a los planteamientos expuestos en la reunión y garantizó que el Congreso local, por medio de la comisión que preside, vigilará a la dirección de Transportes.
También los llamó a que antes de cualquier acción, agoten el diálogo. Luego de un intercambio de números telefónicos y fotografías el encuentro concluyó.