En el Diálogo Nacional por la Paz que se realiza en la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, el director del Centro de Derechos de las Victimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, planteó que en 17 años de violencia en Guerrero, ésta se ha normalizado y forma parte de nuestra vida cotidiana; “está en la Iglesia, en la política, en las fiscalías, en las escuelas, en la economía, en todos lados, y lo grave, en un pueblo desmovilizado”.
El encuentro se realiza este 21, 22 y 23 de septiembre; de Guerrero participan el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González; los encargados de la Pastoral Social de Acapulco, Chilpancingo y Tlapa, y la dirigente indígena de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, Rubí Martínez Villa, en representación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Entrevistado por teléfono, Velázquez Florencio, declaró que los participantes coincidieron que 17 años de violencia han generado una descomposición social y política, 92 asesinatos por día; 26 desapariciones, 11 mujeres son asesinadas, y ya suman tres mil fosas clandestinas y 240 colectivos de desaparecidos que buscan a sus familiares.
El prelado, reconoció que de Guerrero no se llevaron cifras de la violencia, pero que, es la misma descomposición social.
“La normalización de la violencia se vive a diario y Chilpancingo fue un ejemplo: ayer (el jueves) con los dos jóvenes atacados a balazos, tirados en el pavimento (frente al Mercado Baltasar R. Leyva Mancilla), mientras la gente despreocupada, paseándose de un lado a otro con sus bolsas de productos, sin que les causara ninguna preocupación”.
Dijo que lo grave no es que ya se haya normalizado la violencia entre los ciudadanos, sino que haya un pueblo desmovilizado ante esta violencia, la cultura punitiva y la percepción de la corrupción.
En el Diálogo Nacional por la Paz, el jueves se planteó el diagnóstico de la violencia que se vive en el país y en cada una de las entidades, en tanto que ayer se disertó sobre las “buenas prácticas de seguridad ciudadana” que sería un diálogo con ocho directores de policías locales que han logrado bajos índices delictivos en México, y en esta temática participaría en la tarde noche, la representante de la CRAC, Martínez Villa.
Este sábado se darán a conocer las conclusiones que serán parte de una agenda que los organizadores entregarán a los próximos candidatos a la presidenta de la República, informó Velázquez Florencio.
El prelado informó que en Guerrero la problemática de la violencia que genera el crimen organizado se ha insertado en las empresas que se dedican a la extracción de minerales a cielo abierto, en la tala inmoderada de árboles, “todo esto en detrimento de la actividad económica local que agudiza los problemas”.
Explicó que ante la gravedad del problema, la respuesta que se da es la intervención del Ejército, pero que no tiene una estrategia, “y aquí (en el Diálogo) se dijo que nos hemos llenado de cuarteles pero rodeados de la delincuencia y no pueden actuar para la prevención del delito”.
Mientras tanto, criticó que se hayan desmantelado a las policías municipales lo que ha venido a agudizar el problema, “en las propias fiscalías estatales no hay elementos capacitados para que se realicen investigaciones serias; hay muchos vacíos igual en los tribunales y en las cárceles”.
Algunas de las propuestas de solución que planteó el prelado fueron: Fortalecer a familia como instancia de educación y socialización; reconstruir los lazos de confianza y solidaridad en las comunidades; visibilizar y combatir la violencia contra la mujer; recuperar la institución y el sentido del orden; definir desde lo local la paz que se anhela, “porque no es lo mismo la paz que se anhela en Chilpancingo que la que se anhela en Ciudad Juárez, Chihuahua”.
Asimismo propuso fortalecer la habilidad para la solución de conflictos; el aporte de los pueblos indígenas en la construcción de la paz, el aporte de las religiones y la espiritualidad, y que el trabajo digno sea bien remunerado para que fortalezca el tejido social.
En tanto que las instituciones, dijo, deben crear condiciones económicas, políticas y educativas para la paz; que promuevan un sistema de seguridad desde abajo y articulado; que se elimine la tarea de las fuerzas armadas en las labores de seguridad públicas; fortalecer las policías municipales con un enfoque de proximidad, investigación e inteligencia, y conformar policías estatales que coadyuven de manera coordinada con las policías estatales.
Propuso que de parte del sistema de justicia, deben crearse instituciones modernas, responsables, capaces y con mecanismos de rendición de cuentas; disminuir la impunidad; construir un sistema judicial sólido, expedito y articulado; combatir la corrupción; fortalecer las comunidades como instancias de la resolución de conflictos.
Al respecto citó el ejemplo de la CRAC que, sin la participación del Estado, su actuación ha sido muy positiva y ha sido una respuesta al problema local.
El Diálogo Nacional por la Paz fue organizado por la Conferencia Episcopal Mexicana, la Congre-gación de los Jesuitas y la Conferen-cia de Religiosos Superiores y la idea surgió a raíez del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua por un jefe local del crimen organizado.
En el gobierno estatal hay funcionarios inoperantes e ineficaces, corrupción, nepotismo y despilfarro de recursos, contrario a todo lo que se comprometió Evelyn Salgado Pineda, denunció el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En conferencia de prensa, dirigentes de organizaciones empresariales, encabezados por el presidente del CCE, Omar Elías Azar, anunciaron la “clausura” a partir del martes 26 de septiembre de las dependencias en donde no han sido atendidos.
La primera será la del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (Igife) a las 11 de la mañana y después partirán en marcha a las Oficinas del Recinto del Poder Ejecutivo a solicitar una au-diencia con la gobernadora Evelyn Salgado.
Elías Azar informó que los líderes de las agrupaciones de empresarios se reunieron recientemente para evaluar el desempeño de las autoridades estatales y concluyeron que hay desdén, desatención e insensibilidad de los funcionarios cuando han querido acercarse.
Informó que decidieron ya no mendigar más audiencias públicas, sino que en adelante van a señalar “contundentemente” a losfuncionarios de puertas cerradas.
Elías Azar agregó que con ello “le vamos a ayudar a la gobernadora, señalándole puntualmente lo que desde nuestra opinión ha sido determinante para el atraso del desarrollo económico y social de la entidad”.
Declaró que del análisis que hicieron encontraron “funcionarios que no funcionan”, funcionarios con doble plaza, ya sea federal y estatal o municipal y estatal; funcionarios de primer nivel que dan privilegios a sus familiares, como esposas, hermanos o tíos a quienes les rentan sus propiedades, “que, por cierto, son de cientos de miles de pesos”.
Agregó que hay otros que sólo realizan sus reuniones y actividades interinstitucionales en lugares y hoteles ostentosos, que implica derroche de recursos, “muy al estilo faraónico, de lo que se quejaban”.
También hay quienes contrataron a hermanos, tíos o primos, lo cual implica nepotismo, pero aun así “el problema es que no están dando resultados”.
“Hay funcionarios corruptos, y de hecho detectamos toda una red de corrupción estatal, hay funcionarios que a pesar de que se les ha visto laborar por la tarde o por la noche, sábados y domingos en sus oficinas, no dan resultados”.
Se quejó que estos funcionarios son los que no sólo le hacen daño a la administración de la gobernadora Salgado Pineda, sino al pueblo.
Otros, agregó, son funcionarios que trabajan a puertas cerradas, y también se deben de ir, “se está pagando muy caro por la sociedad el aprendizaje de los funcionarios de esta administración”, reprochó.
Cuando los reporteros pidieron que precisara, el dirigente empresarial, atajó que los irá señalando uno por uno en los próximos días.
Por lo pronto, insistió que iniciarán con el titular del Igife, Benjamín Guinto Nava, a quien le “clausurarán sus oficinas el 26 de septiembre a las 11 de la mañana.
Elías Azar, explicó que con este funcionario llegaron a acuerdos de que los empresarios participarían en las licitaciones, pero cuando se emitieron las convocatorias, ya no les recibieron llamadas ni mensajes.
Agregó que le envió dos solicitudes por escrito pero cuando llevó la segunda, la secretaria le advirtió que no lo iba a recibir, a él ni a nadie.
Otras dependencias que se han cerrado, según informó es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (Sagadegro), y el DIF estatal, “por eso, en esta ocasión, vamos a llegar hasta la clausura pase lo que pase”.
Un reportero pifió que precisara los actos de corrupción, y dijo que esta se da cuando se pone a un funcionario público en un área que no le corresponde porque no tiene la capacidad.
El dirigente empresarial denunció que hay corrupción en “los moches y tráfico de influencias, tenemos nombres y apellidos y todo”, dijo pero cuando se le insistió que precisara en los casos, atajó que “con absoluto respeto me gustaría ir parte por parte y lo vamos a hacer posteriormente”.
Arturo Flores Mercado, de la Asociación de Joyeros, denunció que a dos años de la administración estatal han solicitado audiencias con distintos funcionarios y no han sido atendidos o cuando los reciben no ven resultados de sus gestiones.
“Nomás nos traen para arriba y para abajo y no nos dan atención, es una gran tristeza que no nos atiendan como sociedad civil” dijo y llamó a todo los ciudadanos que no han sido atendidos para que se sumen a este movimiento y exigir juntos la atención que merecen los ciudadanos.
Acompañaron al presidente del CCE una veintena de integrantes de la agrupación, entre ellos Arturo Flores Mercado, presidente de la Asociación de Joyeros del estado de Guerrero; Jorge Arturo Díaz Rendón, dirigente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra); José Antonio Rodríguez Carreño, coordinador de Asuntos Religiosos del CCE; Diana de la O Jiménez, asesora jurídica del CEE, y Germán Téllez Santos, presidente de Seguridad del Grupo Chilpancingo.
Miembros de Freg colocaron urnas para su consulta en el zócalo de Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Integrantes del Frente por la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (Freg) instalaron urnas en el centro de la capital, para consultar a las personas sobre si están de acuerdo con que la gobernadora Evelyn Salgado renuncie, por ser cómplice de la corrupción y la imposición del rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán.
Las urnas fueron instaladas en el zócalo de la ciudad, frente a la catedral de la Asunción de María; además, colgaron una lona en la que se leía: “¿Estás de acuerdo con que renuncie Evelyn Salgado Pineda, por ser cómplice de la corrupción y la imposición del rector, que se hizo millonario con dinero de la UAG y del pueblo guerrerense?”, y junto, una foto en la que aparece la gobernadora reunida con Saldaña Almazán.
El grupo opositor al rector electo realizó la consulta popular y en las hojas que entregaron, para que las personas votaran, se preguntaba si están de acuerdo con que Salgado Pineda sea cómplice de la corrupción y la imposición del rector.
Uno de los miembros del Freg, quien pidió omitir su nombre, explicó que esta actividad es una consulta ciudadana, en la que piden la opinión de la población, “nosotros somos estudiantes de la UAG y estamos alzando la voz, porque estamos descontentos con nuestra representante estatal, porque solapa a caciques y corruptos como es Javier Saldaña”.
Sostuvo que Saldaña Almazán fue elegido por tercera ocasión debido a la corrupción que hay dentro de la UAG, y es quien “ha robado millones de pesos a los estudiantes y ha desviado dinero para crear instituciones privadas”.
Detalló que este problema se lo darán a conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando venga a Guerrero, porque él ha dicho que está en contra que haya caciques en las universidades públicas.
Los universitarios informaron que esta acción se realizará toda la semana, tanto en Chilpancingo como en la avenida Ruiz Cortines, en Acapulco, y que cuando se reanuden las clases, acudirán a las escuelas para que los estudiantes conozcan el conflicto.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pidió a los constructores que le ayuden a erradicar la corrupción, durante la firma de un convenio con la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guerrero, para la capacitación de las dependencias ejecutoras de obras y los trabajadores del sector, en un acto cerrado que se difundió en redes sociales.
La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, señaló que la firma de este convenio “es un acto de voluntad”, para destacar, sin mencionarlo, que este gobierno accedió a firmar el acuerdo conocido como “dos al millar”, que la CMIC sostenía hace varias administraciones.
Es decir, que de cada mil pesos de los financiamientos entregados para obra pública a las empresas afiliadas de la cámara, se deducen dos pesos para un fondo de capacitación, que impartirán constructores acreditados como capacitadores de la CMIC, a cuadrillas y operadores de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), ejecutores de obra.
En su mensaje, la gobernadora Evelyn Salgado reconoció que la construcción de obra pública genera empleo, conectividad y competitividad en el estado.
Añadió que conoce los rezagos del estado, que se van a erradicar con trabajo y sobre todo erradicando la corrupción, que llamó “la madre de todos los males”. Pidió a los constructores a que le ayuden a terminar con esa práctica.
Se dijo que va a lograr todo lo que se propone y mencionó el comentario de uno de los gobernadores en su gira del día anterior en Ciudad de México, quien le dijo que le tocó uno de los estados más complicados, “y yo lo veo como un estado hermoso, que si bien se le cataloga como bronco, que siempre está echado para adelante, es porqué nuestro pueblo vivió represión, pobreza. Hoy estamos volteando los ojos a todos los sectores. Queremos que el beneficio sea para todos, no para unos cuantos”.
De la gira en Ciudad de México destacó que dio muchas entrevistas a medios de comunicación.
Compartió el comentario dicho antes por el presidente de la CMIC, Carlos Sevilla Rodríguez, en el acto, de que la obra pública en Guerrero “debe asignarse a los guerrerenses”.
En el mismo acto, la secretaria Jiménez Montiel denunció que “hay muchos profesionistas en el área de la construcción, pero muy pocos profesionales, por eso es que hoy estamos en esta firma de convenio, donde el mayor objetivo es la capacitación de profesionistas profesionales, con ética, sobre todo, realmente comprometidos con lo que estamos haciendo”.
Señaló que antes, la secretaría a su cargo sólo construía obra, hoy la columna vertebral es el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Subrayó que en ninguna parte de la ley 790 que la rige, se habla de la obra.
“A veces queremos una obra magna, costosa, pero no necesariamente una obra magna es grande ni costosa, sino la que tenga el mayor número de beneficiarios”, dijo a los constructores.
Representan mujeres a la mayoría de las empresas
El presidente de la CMIC señaló que la inversión en infraestructura revitaliza la economía porque representa empleos, venta de materiales de construcción, de insumos y pago de impuestos, “un círculo virtuoso de la economía, en el que hay que seguir invirtiendo para abatir el rezago existente”.
Así como la secretaria Jiménez Montiel destacó que Salgado Pineda es la primera gobernadora del estado y la mandataria, a su vez, reconoció la honestidad y trabajo de la primera funcionaria mujer del gabinete en el área Obras Públicas, Carlos Sevilla enfatizó que la mayoría de las empresas afiliadas a la CMIC están representadas por mujeres, que han luchado por romper estereotipos que lo catalogan como un gremio de hombres.
Sobre el acuerdo signado, explicó que desde 1978, la CMIC firmó el primer convenio de colaboración para la capacitación con el gobierno federal, con las mismas características del que hoy realizan con el gobierno estatal.
Señaló que este acuerdo “toca (beneficia) a toda la pirámide ocupacional de las empresas afiliadas, que, apoyados con aulas móviles, capacitan tanto a amas de casa, personas desempleadas, para insertarse en el mercado laboral o autoemplearse en mejores condiciones”.
Aseguró que este programa llega en Guerrero a las ocho regiones del estado, en los oficios que cada zona demande, con capacitadores certificados en competencia laboral.
Para finalizar, expresó a la gobernadora el apoyo incondicional de la delegación de la CMIC Guerrero, que saben que también cuentan con ella, “unidos, todos construimos para nuestros hijos un mejor Guerrero”.
La secretaria de Obras no quiere trabajar con mujeres constructoras, denuncia empresaria
Por separado, en denuncia telefónica, la afiliada de la CMIC y presidenta del Colectivo de Mujeres Empresarias del estado de Guerrero, África Leonor Moreno Santana, recriminó que Jiménez Montiel prácticamente dijo que no le pidan obras, porque la ley no lo dice, no obstante que es la titular de la dependencia rectora de todos los OPD estatales que ejecutan obra en Guerrero.
Jiménez Montiel subrayó en su mensaje: “Ustedes saben que este acto es un acto de voluntad. Este evento significativo para el sector, es un compromiso para trabajar en el desarrollo del estado de Guerrero”.
Confirmó que el convenio es para todas las dependencias ejecutoras de obras y los trabajadores de la industria de la construcción, “para garantizar que las obras cuenten con los procesos constructivos de calidad y que sean ejecutados con especialistas capacitados en nuestro propio estado”.
Confió en que habrá “una mayor seguridad” de tener conocimientos de vanguardia con los profesionales de la construcción, porque hay muchos profesionistas y pocos profesionales en el sector.
Dijo que desde la administración se tiene claro que ambos, gobierno y constructores, deben seguir trabajando de manera conjunta con mucha coordinación y comunicación, para mejorar las condiciones del estado. Llamó a no olvidar este compromiso “para construir un mejor futuro para las próximas generaciones”.
Vía telefónica, África Leonor Moreno indicó que estuvo en el acto oficial como invitada, porque en 2015 y 2017 también integró la mesa directiva de la CMIC, cuando las mujeres del sector impulsaron el convenio de “dos al millar” con el gobierno estatal.
Denunció que la secretaria Jiménez Montiel aún no tiene voluntad de trabajar con las mujeres del sector. Aseguró que se niega incluso a recibir a mujeres que no son arquitectas o ingenieras, porque dice que no son técnicas y no le van a entender.
Moreno Santana aclaró que las empresarias del sector tienen equipos técnicos que las respaldan, y con este nuevo mensaje, ahora les dice que tampoco le pidan obras grandes, porque la ley no habla de construcción sino del ordenamiento territorial.
Sin embargo, recordó que esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras es rectora de más de 50 OPD que construyen obra en Guerrero, por esa razón estuvieron en el acto IGIFE, CICAEG, CAPASEG, además de la secretaria de Bienestar, Mari Carmen Cabrera Lagunas.
Incluso, dijo que la SCT utiliza el padrón de empresas del gobierno estatal para la contratación.
Aseguró que la capacitación de la CMIC está dirigida en los municipios a las cuadrillas de trabajadores que trabajan con OPD y las empresas que llegan a desarrollar una obra.
“Siempre se ha había hecho, desde 2015, este es un convenio de voluntades, (pero) desde que inició esta administración no se había hecho, cuando es un beneficio de la ciudadanía”.
La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Irene Jiménez Montiel; el presidente de la CMIC, Carlos Sevilla Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: Comunicación Social
Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), agrupados en el colectivo La Lucha Sigue, demandan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que instruya para que se emita la convocatoria para designar nuevo director y se trabaje para terminar con el conflicto que afecta a la escuela, donde ya se ha involucrado a los alumnos.
También piden la intervención de la Contraloría de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para que se investiguen las irregularidades que hay en los procesos de titulación, donde señalan que hay “corrupción, porque se pide dinero”.
En conferencia de prensa en el restaurante 100 por Ciento Natural de La Condesa, el maestro Epifanio Espinosa Tavera dijo que las autoridades educativas deben cumplir su palabra de emitir la convocatoria para nuevo director, y que mientras no se cambie el director interino Jovanni Ramírez Páez, porque se está al final del ciclo y reconocer firmas llevaría tiempo, lo que perjudicaría a los que están por egresar.
Acusaron los docentes del grupo contrario, que apoyan al ex director Mateo Carmona Martínez Dorantes, de exponer a los estudiantes en bloqueos en el bulevar Vicente Guerrero, cuando el conflicto es entre maestros.
Espinosa Talavera dijo que exigen que las autoridades educativas emitan una convocatoria “académicamente exigente, para elegir al director definitivo por tres años, y que se investiguen las implicaciones y se valore la pertinencia de cambiar de director interino, cuando sólo falta una semana para el cierre del ciclo escolar”.
Indicó que Ramírez Páez cambió a la Comisión de Titulación, por señalamientos de corrupción, y exigen que se respeten esos nombramientos que no los puede revertir un director interino.
El portavoz de este colectivo, Epifanio Espinosa, dijo que las autoridades deben hacer que se retome la normatividad en la UPN, para “regular los procesos de ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos al personal docente. Así como acabar con procesos que confrontar al personal, por el peso que tienen la herencia de plazas, el nepotismo y el lucro económico”.
Los maestros agregaron, en un boletín, que exigen a las autoridades de todos los niveles relacionados con la educación universitaria pedagógica, el “cumplimiento cabal de la ruta que plantearon desde febrero de este año, para sanear nuestra universidad y hacerla una formadora digna de docentes”.
Se añade que lo que se quiere es una “convocatoria rigurosa y cuidadosa, que identifique a los directores con trayectoria y visión académica sólida, y no solo de los que están repletos de títulos y grados, que se consiguen en pseudounivesidades particulares”.
Subrayaron que no darán un paso atrás para “combatir al cacicazgo y las mafias que han corrompido las instituciones de educación superior y han deteriorado el trabajo académico”, como lo ha dicho el presidente, y la hora del cambio llegó a la UPN y “no nos bajaremos de ese tren”.
Edificio del juzgado del distrito de Mina en Coyuca de Catalán, el cual no cuenta con un juez titular mixto sino con una encargada del despacho, a quien litigtantes acusan de corrupción Foto: Israel Flores
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Un grupo de 17 abogados de Tierra caliente, de los principales que litigan en el juzgado del distrito de Mina, en Coyuca de Catalán, denunciaron a la encargada del juzgado, Esmeralda Jacobo Espinosa, mediante un documento enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, ante casos de corrupción y arbitrariedades.
Los litigantes solicitan en el texto que se envíe a un titular que se haga cargo de este juzgado mixto.
El documento fue entregado el 5 de junio y va dirigido al presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez. Lo firman 17 abogados de Tierra Caliente, entre los que se encuentran Juan Manuel Sánchez Mendoza, Juan José Gutiérrez Valladares, Heberto Ortiz Gutiérrez, Jorge Macedo Maganda y Leobardo Alcántara Santibáñez, quien además funge como el defensor de oficio en el juzgado; también Anahí Pérez Santamaría, Minervo Palacios Antúnez, José Juan Flores Pérez, María de la Luz Beltrán Mederos, Angélica Patiño Benítez, Regilnaldo Sánchez Lucas, Jasmine Gómez Freyat, Servando Espinoza Peñaloza, Julia Elizabeth Jiménez Espíndola, Gilberto Gómez Martínez, María Eugenia Pineda Sánchez y Néstor Aguilar Pérez.
El documento señala que la licenciada Esmeralda Jacobo Espinosa asumió este cargo hace cerca de dos meses, como encargada del despacho del juzgado, y que por tal motivo se requiere, en un juzgado tan importante, a un titular que realmente sea juez.
De acuerdo con la denuncia, los abogados señalan que “se trata de una funcionaria y servidora déspota, soberbia, arbitraria, abusiva y también tentada por el vicio de la corrupción”.
En el documento se señala que a la encargada del juzgado se le han hecho peticiones dentro de la función jurisdiccional, para que aclare o precise conforme a la norma del procedimiento y diga “en qué consisten los múltiples requerimientos y prevenciones que las promociones o pretensiones que le plantean, como acciones jurídicas de su actuar, hemos tenido como respuestas no lo que correspondía a derecho, sino amenazas o combinaciones procesales, así como aplicarnos medidas de apremio por el sólo ejemplo de solicitarle que nos aclare y fundamente sus acuerdos”.
Señala el documento que los abogados han tenido que recurrir a los amparos, quejas procesales, excitativas, apelaciones y reconsideraciones, y que todo ello tiene que ver con la injusticia que muestra con su actuar el encargado de despacho del juzgado de Mina.
El documento también señala que “cuando se trata de ratificar un escrito, para cuando le parece caprichoso, se tiene que sacar una cita previa y que por lo general es agendada para largos días posteriores, y mientras, tanto los tiempos procesales van chocando con el principio de prontitud”.
También señalan que la licenciada dilata para turnar los acuerdos, así como el archivo y poderlos consultar, porque generalmente los mantiene en su privado, “son turnados al archivo tres o cuatro días después de haberse publicado, y mientras tanto, los términos de los acuerdos han estado corriendo, y si se trata de recurrir alguno que merezca objeción, prácticamente ya se pasó el tiempo, porque no podemos penetrar a solicitar el expediente a su secretaria, porque está ocupada la señora, y no podemos interrumpir para solicitar se nos preste el expediente, pues esa es una práctica que no podemos tolerar como abogados, por ello le pedimos que se nombre a un juez con otra actitud y aptitud”.
“Además, la señora encargada del despacho, frente a las abogadas mujeres se vuelve aun más arbitraria, intolerante y grosera, y en ocasiones se burla de la figura física”.
Pero además de los señalamientos, expresan que podría tratarse de acciones relacionadas con su convivencia constante con tres litigantes de la misma región, con quienes abiertamente aparece en bares, “fiestas particulares que le realizan, sirviéndole de chóferes, preparando convites, por ello es que necesitamos que se nombre un juez titular, que no tenga esos vicios que se confrontan con el principio de imparcialidad”.
Señalan los abogados en el documento que tienen evidencias materiales, testimonios o documentos, que pueden señalar como pruebas en contra de la encargada del juzgado mixto de Coyuca de Catalán.
El grupo de abogados señalaron que representan a grupos de la sociedad del campo, del comercio y de la agricultura, entre otras organizaciones, que se han visto afectadas por la forma en la que actúa la encargada del despacho y quienes incluso han estado inquietos de manifestarse y obstruir a la acceso al juzgado, por lo cual le piden al presidente del TSJ que ponga a su consideración estas peticiones.
El grupo de abogados espera que esta misma semana haya una respuesta por parte del TSJ.
La diputada local priísta, Julieta Fernández Marquez y el morenista, Macedonio Mendoza Basurto votan en contra del dictamen para adicionar los artículos 13 TER y 272 TER a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos las reformas para establecer las reglas de las candidaturas indígenas y afromexicanas, y por unanimidad una serie de reformas también en materia electoral, incluida la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres.
En la primera sesión se realizó la lectura de los dictámenes de reformas en materia electoral, una relacionada a las candidaturas indígenas y afromexicanas y otro dictamen que incluyen diversas reformas a partir de diversas iniciativas entre ellas la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores, y la relacionada a acciones afirmativas a grupos vulnerables.
Ya en la segunda sesión, estos dictámenes pasaron a discusión y votación. El único diputado que argumentó su voto en contra fue el morenista Masedonio Mendoza Basurto, porque consideró que no se reconocen sus sistemas normativos.
“La lucha por la memoria de nuestros ancestros, ha sido hasta hoy la lucha por nuestros derechos, y en ello estriba el reconocer legalmente a sus sistemas normativos, justamente esto ha sido la forma en que hemos subsistido de todas las vejaciones que hemos padecido de forma legal”, dijo el diputado indígena.
Se refirió a las reformas electorales aprobadas ayer “que pareciera que hacen más fácil nuestra inclusión, pero a su vez facilita el hecho de corromper a las autoridades que podrían brindarnos la legitimación política que necesitamos para participar en los ejercicios electorales”, en referencia a que se faculta al comisario ejidal, comisario o el presidente municipal para expedir constancias de adscripción y que no será la asamblea la que apruebe y reconozca a un ciudadano para que este se pueda postular como candidato indígena.
Destacó también que en la legislación aprobada se establece que para la postulación de candidaturas y para el registro de las fórmulas para diputaciones basta con ser “de origen indígena” y no se limita a establecer que sean indígenas, con lo que se puede argumentar tener un origen en estas poblaciones a pesar de estar desvinculadas de éstas.
“De esta manera -y con mucho respeto- cualquier criollo y mestizo puede representar a las y los hermanos indígenas, eso compañeras y compañeros diputados es una invasión legal a la legítima autoadscripción que realizamos las personas que tenemos una ascendencia como tal”, explicó.
El diputado recordó en tribuna que los pueblos indígenas han tomado sus decisiones y resoluciones “sobre los ejercicios democráticos que los atañen, bajo una figura que tiene nombre y apellido y esto es precisamente la constitucionalmente reconocida figura de la asamblea comunitaria”.
Y señaló que en el cuerpo del dictamen “se pondera una propuesta emanada de la consulta, pero en la propuesta de reforma sencillamente no tomó en cuenta: ¿será que en esta consulta no existieron actas suficientes de asambleas comunitarias para motivar su inclusión?”.
Planteó que el trabajo de los diputados es garantizar que los pueblos puedan elegir a sus representantes y que estos ya no sean al “capricho de unos cuantos que con el paso del tiempo son esa pequeña “oligarquía” que tanto daño le hizo a este país y a este estado”.
Finalmente dijo que “pareciera que el IEPC, la comisión dictaminadora y nosotros como Congreso simplemente simulamos una consulta, por lo que no extrañe que podríamos estar a las vísperas de otra nueva controversia constitucional… al tiempo”.
Estas reformas fueron aprobadas por mayoría de votos; en contra votaron los diputados Mase-donio Mendoza Basurto y la priista Julieta Fernández Márquez, y se abstuvieron los morenistas María Flores Maldonado y Antonio Helguera Jiménez.
Homologan Ley 3 de 3
Mientras que en las reformas para homologar la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, se estableció que el aspirante a candidato no deberá tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo psicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
Los aspirantes no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz señaló que los derechos ganados por las mujeres y los grupos minoritarios representan un avance en la construcción de una democracia paritaria e inclusivas, y también para que los espacios de poder se blinden ante los agresores de niñas y niños y reconoció a las activistas por esta lucha.
Las otras reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que fueron aprobadas por unanimidad establecen que los partidos políticos postulen como candidatos a personas de la población LGBTTTIQ+ en cualquiera de los 28 distritos electorales y dentro de las nueve primeras posiciones, además de una fórmula de personas con discapacidad.
También se concretó la modificación para establecer que el órgano interno de control del IEPC estará inscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General.
Después de iniciada la segunda sesión, la presidenta de la Mesa Directiva la perredista Yanelly Hernández Martínez decretó un receso de media hora sin mencionar el motivo, pero este fue el festejo de cumpleaños que le realizaron con comida al interior de la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu. A esta sala llegaron diputados de Morena, del PRD y PT ahí se sirvieron platos con relleno de puerco y mixiotes de res, una hora después, la sesión continuó.
Egresados de las normales públicas y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), de la generación 2018-2022, bloquearon avenidas en la capital, debido que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, se niega a darles sus plazas.
A las 11:30 de la mañana, unos 50 inconformes salieron en marcha desde el monumento Las Banderas, realizaron pintas en la fachada de la Subsecretaría de Administración y Finanzas: “Fuera corruptos” y “queremos plazas”.
Los egresados llegaron al cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, así como las laterales de la Autopista del Sol, frente al museo interactivo La Avispa, donde bloquearon.
Uno de los inconformes, Saúl Efigenio García, detalló que son egresados del nivel secundaria, principalmente, y que en todo el estado son 170 afectados, quienes a pesar de que pasaron el examen, la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Uesicamm) se niega entregarles las plazas.
“Las autoridades estatales han roto las mesas de diálogo”, porque incluso el pasado viernes tenían una mesa de trabajo, pero los funcionarios estatales no se presentaron, dijo Efigenio García.
Indicó que este miércoles acudieron a la Subsecretaría de Finanzas, porque el titular, Alejandro Moreno Lira, les aseguró que sí había presupuesto para las plazas, “por eso exigimos que ejerzan ese presupuesto, porque ya cumplimos con el proceso de evaluación”.
Los egresados reanudaron la marcha y volvieron a bloquear los dos sentidos del encauzamiento del río Huacapa, a unos metros del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Minutos después cerraron una de las puertas principales de las oficinas del poder Ejecutivo. Funcionarios del gobierno estatal dialogaron con los manifestantes y les propusieron una mesa de trabajo, los egresados aceptaron y se retiraron del lugar. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Unos 300 miembros de la CETEG bloquearon los cuatro carriles centrales y las laterales, en Chilpancingo (imagen), para exigir a la SEG la entrega de nombramientos de recategorizaciones. En tanto, pobladores y padres de familia de la comunidad Xalitla, Tepecoacuilco, bloquearon ocho horas la carretera federal México-Acapulco para exigir la destitución de directivos y docentes de un plantel en el que, aseguran, hay tráfico de drogas. Además, habitantes de Huitzuco protestaron afuera del Palacio Municipal para oponerse a la donación de un terreno escolar para un cuartel de la Guardia Nacional; el alcalde aseguró que en la queja hay intereses políticos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Bloquea CETEG por completo la Autopista del Sol; exige a la SEG que dé nuevas categorías
Los cetegistas denuncian que tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, pero la reunión fue cancelada y eso originó que bloquearan la vía más de dos horas
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Unos 300 miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que encabeza Héctor Torres Solano, bloquearon los cuatro carriles centrales de la Autopista del Sol y las laterales, en Chilpancingo, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la entrega de nombramientos de recategorizaciones.
El bloqueo inició a las 12:40 del día, en el sentido norte-sur, pero minutos después se extendió y el cierre fue total, a unos metros del restaurante Vips, y de la calle Recursos Hidráulicos, cerca del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado. La protesta duró alrededor de dos horas.
Los cetegistas denunciaron que este miércoles tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, para avanzar en la entrega y corrección de nombramientos a docentes con claves bajas, los que tienen un salario bajo, porque a más de un mes que fueron autorizados no han sido entregados, pero la reunión fue cancelada, lo que originó que bloquearan.
En la protesta, Héctor Torres informó que son unas 900 claves bajas de trabajadores que son aspirantes a docentes, que cumplieron con el perfil de licenciados en educación y se deben recategorizar a una clave docente superior, para que aumente su salario.
Dijo que, además, solicitaban el pago de la quincena de los docentes de la primera lista de recategorizados, “el problema que tenemos con las autoridades educativas es la entrega de nombramientos y las correcciones. Hemos sido muy tolerantes, pero por la falta de respuesta tenemos que protestar”.
A las 2 de la tarde, una comisión encabezada por Torres Solano fue recibida en el Recinto Estatal; en tanto, el bloqueo continuó hasta las 3 de la tarde, como medida de presión contra las autoridades educativas.
A las 3 de la tarde, los manifestantes se retiraron de la vialidad, luego de que se enteraron de que la mesa de trabajo fue instalada y en ella estaba presente el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, y parte de su estructura.
Por el bloqueo, cientos de automovilistas se quedaron varados y algunos, por la desesperación de llegar a su destino, optaron por transitar dentro del encauzamiento del río Huacapa.
En un escueto comunicado, se informó que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, tuvo una reunión de trabajo con representantes de la CETEG, con quienes llegó a acuerdos sobre la recategorización de 918 docentes con claves bajas.
Rodríguez Saldaña manifestó que la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es la de atender, “con respeto, a todos los integrantes del sector educativo: trabajadores, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, y concentrarse fundamentalmente en elevar los indicadores educativos en la entidad”.
Normalistas bloquean avenidas en la capital; la SEG les niega sus plazas, aseguran
Egresados de las normales públicas y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), de la generación 2018-2022, bloquearon avenidas en la capital, debido que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, se niega a darles sus plazas.
A las 11:30 de la mañana, unos 50 inconformes salieron en marcha desde el monumento Las Banderas, realizaron pintas en la fachada de la Subsecretaría de Administración y Finanzas: “Fuera corruptos” y “queremos plazas”.
Los egresados llegaron al cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, así como las laterales de la Autopista del Sol, frente al museo interactivo La Avispa, donde bloquearon.
Uno de los inconformes, Saúl Efigenio García, detalló que son egresados del nivel secundaria, principalmente, y que en todo el estado son 170 afectados, quienes a pesar de que pasaron el examen, la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Uesicamm) se niega entregarles las plazas.
“Las autoridades estatales han roto las mesas de diálogo”, porque incluso el pasado viernes tenían una mesa de trabajo, pero los funcionarios estatales no se presentaron, dijo Efigenio García.
Indicó que este miércoles acudieron a la Subsecretaría de Finanzas, porque el titular, Alejandro Moreno Lira, les aseguró que sí había presupuesto para las plazas, “por eso exigimos que ejerzan ese presupuesto, porque ya cumplimos con el proceso de evaluación”.
Los egresados reanudaron la marcha y volvieron a bloquear los dos sentidos del encauzamiento del río Huacapa, a unos metros del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Minutos después cerraron una de las puertas principales de las oficinas del poder Ejecutivo. Funcionarios del gobierno estatal dialogaron con los manifestantes y les propusieron una mesa de trabajo, los egresados aceptaron y se retiraron del lugar. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Bloquean padres la carretera federal en Xalitla; denuncian tráfico de drogas en una secundaria
Los vecinos exigen la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de estupefacientes entre la comunidad escolar. También solicitan la reconstrucción de la escuela
Alejandro Guerrero
Iguala
Pobladores de la comunidad Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, con padres de familia de la secundaria técnica 111 Carlos Darwin, bloquearon durante ocho horas la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala, junto al parador turístico de esa comunidad.
Los vecinos exigieron la reconstrucción de la escuela, que fue tomada el martes, así como la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de drogas entre la comunidad escolar.
El bloqueo total a la carretera federal, que inició alrededor de las 9:30 de la mañana, contó con la participación de unas 100 personas y se levantó a las 5:20 de la tarde, luego de la firma de una minuta de acuerdos entre padres de familia y autoridades estatales, en la que se determinó la implementación de un proceso de investigación y la separación del cargo del director José Luis Pineda, la subdirectora Soraya Arellano y los profesores Fidel Álvarez García, Christopher Salgado Gante, Diego Rubén Alejo y Ángel de la Cruz Andrade.
Debido al bloqueo, decenas de automovilistas, que viajaban hacia Chilpancingo o Iguala, quedaron varados en ambos lados de la carretera. Los manifestantes instalaron una carpa a media carretera, atravesaron una cuerda en la que colocaron cartulinas, con sus exigencias, y pusieron piedras para evitar el paso de automóviles.
El martes los padres de familia tomaron la secundaria técnica Carlos Darwin, denunciando problemas dentro del plantel por la venta y consumo de drogas entre el alumnado, con la omisión de directivos y docentes.
Este miércoles, además de demandar la destitución de directivos y cuatro profesores, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reconstrucción de su escuela y la asignación de conserjes.
Al bloqueo llegaron agentes de la Guardia Nacional, quienes dialogaron con los manifestantes, pero éstos rechazaron retirar el bloqueo. También llegó el delegado de Gobernación, Felipe Adán Ramírez, y el director del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava, con quienes se realizó un recorrido de supervisión de las condiciones de la escuela y se entabló una mesa de negociaciones, pero sin retirar el bloqueo a la carretera.
Fuentes consultadas, informaron que además se acordó con los padres y madres de familia la aplicación de una auditoría administrativa integral, a los recursos financieros, materiales y humanos de la institución. También se ofreció que el próximo miércoles se le dará una fecha a la audiencia que los padres solicitaron con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
También se ofreció la asignación de dos conserjes, y en una primera etapa, la ejecución de un estudio técnico de las necesidades con las que cuenta el edificio de la escuela, por parte del IGIFE; además de la remodelación de tres aulas y el cableado de la institución.
Mientras, se harán las gestiones ante la SEG para dar continuidad a la atención de necesidades de la escuela, y en una segunda etapa con dinero del ejercicio fiscal 2024, así como evitar que haya represalias contra padres de familia y alumnos que participaron en la movilización.
Protestan en Huitzuco padres de la secundaria donde se quiere construir un cuartel de la GN
Alejandro Guerrero
Iguala
Unos 400 padres de familia, docentes, alumnos y ex alumnos de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, de Huitzuco, marcharon por la tarde y protestaron afuera del Palacio Municipal, contra la donación de 2.5 hectáreas de terreno que hizo el gobierno del alcalde Eder Nájera Nájera y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN).
La marcha de protesta salió de las instalaciones de la escuela, ubicada a orilla de la carretera estatal a Iguala y recorrió varias calles hasta llegar afuera del Palacio Municipal, donde realizaron un mitin.
En la marcha, los inconformes llevaron mantas y cartulinas con su postura de rechazo a la donación de este terreno, de 25 mil 942 metros cuadrados, para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, y puntualizan que no se oponen a esa obra, pero que se realice en otro lugar.
En el mitin afuera del edificio sede del Ayuntamiento, una representante de los padres de familia advirtió que no van a permitir que el cuartel se construya en terrenos que pertenecen a la escuela, y subrayó que no se oponen a la llegada de este cuartel, pero sí a que se despoje de los terrenos que pertenecen a la técnica.
Mencionó que iban llegando de Chilpancingo, de una reunión que tuvieron con autoridades educativas, en la que presentaron otras opciones donde ese cuartel puede ser construido, “no nos negamos a que la construcción del cuartel se realice en nuestra ciudad, simplemente no lo vamos a permitir dentro de nuestra escuela”, advirtió.
De acuerdo con oficios compartidos por los padres de familia y docentes, el 6 de mayo pasado, luego de que el alcalde presentó el proyecto a la comunidad escolar, en una asamblea realizada dentro de la escuela, por unanimidad, los padres de familia y docentes rechazaron que la donación del terreno y la construcción del cuartel.
A pesar del rechazo de los padres y docentes, el gobierno de Nájera Nájera y la SEG hicieron la donación del terreno, bajo el argumento de que “ese predio no pertenece a la técnica sino a la SEG, por lo que esa dependencia decide la utilización del inmueble y espacios que tiene las instituciones”, por lo que el 17 presentaron una queja ante la coordinación regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
El terreno donde se pretende construir el cuartel de la Guardia Nacional está en la entrada a la cabecera municipal, entre la técnica y el CBTIS, y de acuerdo con los padres y docentes, esas parcelas además tener las canchas de fútbol y básquetbol, también son utilizadas para el cultivo de maíz de autoconsumo y pastoreo de ganado, además de que “con este proyecto se obstruye el aprendizaje de los alumnos de Tecnologías de Agricultura y Pecuarias” de nivel medio superior del CBTIS 175 y el Centro de Estudios Tecnológicos (CET).
Durante la marcha mostraron cartulinas con textos como: “No nos oponemos a la construcción del cuartel, pero no en nuestra institución”, “no a la construcción del cuartel militar en mi escuela” y “Guardia sí…en mi escuela no”. Mientras que en la marcha y mitin corearon: “Sí queremos el batallón, pero no en nuestra institución”, “sin respeto y con mentiras, nos quitan las canchas deportivas” y “a favor del batallón, pero no en nuestra institución”.
Al finalizar la protesta, a la que no se presentó el alcalde Eder Nájera, los manifestantes tapizaron la puerta principal y la fachada del edificio con las cartulinas que llevaban.
Hay intereses políticos detrás de las protestas por la obra del cuartel, asegura el alcalde
El morenista Eder Nájera afirma que es urgente la construcción de la infraestructura para la GN, por la inseguridad en Huitzuco y que dice que es parte de la violencia en la que están inmersos el estado y país
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El presidente municipal de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, consideró que detrás de la queja de un grupo de maestros y padres de familia por la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), hay grupos políticos contrarios a su gobierno.
También afirmó que es urgente la construcción del cuartel de la GN por la inseguridad que llega a su municipio “por olas”, violencia en la que está inmerso Huitzuco, el estado y país, que “no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”.
El pasado jueves 16 de marzo, padres de familia y maestros de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, se manifestaron en el Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, en Chilpancingo, contra la construcción del cuartel de la GN en los terrenos del plantel educativo. La tarde de ayer, los inconformes marcharon en la cabecera municipal, expresando su inconformidad en contra de la construcción.
El martes, en un video en vivo, el alcalde de Huitzuco (Morena) contó que desde noviembre de 2021, cuando el municipio vivió una crisis de inseguridad, el gobierno federal decidió instalar cinco cuarteles de la GN en Guerrero, que construirá el Ejército, uno de ellos en su demarcación, por lo que él acompañó a las autoridades encargadas en un recorrido por tres primeros terrenos, pero que no convencieron a los enviados de la GN, porque no cumplían los requisitos.
Sin embargo, fueron la GN y el Ejército los que observaron el predio de la secundaria y le pidieron que investigara, por ello, Éder Nájera dijo buscó al director, quien a cambio del terreno pidió obras en el área de talleres, una cisterna y una barda ; en tanto, los militares solicitaron la donación de predio al gobierno estatal.
Expuso que fue el 28 de febrero de este 2023, cuando el Ejército, GN y el gobierno del estado valuó el terreno, el último de los requisitos para la donación, pero comenzaron los disgustos de maestras y padres de familia, quienes argumentaban que estaban en contra del cuartel, porque los efectivos embarazarán a las estudiantes y habrá ataques armados en la zona.
La tarde de este miércoles, contactado vía telefónica, Éder Nájera afirmó que las protestas son un asunto político, porque no fue una gestión oculta, que el avance de la construcción del cuartel lo difundió en su página de Facebook, y que incluso, hace ocho días se reunió con los padres de familia, donde le dijeron que no sabían nada, un año después de haber iniciado el proceso de construcción.
Reiteró que el director de la escuela siempre estuvo informado de la construcción del cuartel, pero ahora está en contra porque no esperaba el reclamo de los padres de familia, o “tiene alguien detrás que esté meneándole la cintura. Sí es un asunto político, o la otra es que ya no sepa qué hacer con la decisión que tomó en su momento, puesto que no lo había consensuado con sus maestros”.
Resaltó que el dueño del terreno no es el centro educativo, sino el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). También afirmó que no es un juego y el Ejército podría llevarse el cuartel a otro municipio.
Manifestó que si se hiciera una encuesta o un sondeo a la ciudadanía, se priorizaría la seguridad por encima de un terreno que representa una cuarta parte de la secundaria, y reprochó que el comité de padres de familia no le ha permitido reunirse con todos los padres de familia de la secundaria, para explicarles, que no es su decisión, sino del gobierno estatal y del Ejército.
“Yo creo que sí es político el asunto, y pues algunos nos quieren detener, ojalá y espero que no sea el caso, de que haya gente que prefiera que siga habiendo bajas ciudadanas (muertos) aquí en nuestro municipio, a que se resuelva lo más importante que es la seguridad, y que a lo mejor los créditos se los lleve un servidor. Yo creo que están apostando a eso y ojalá y no sea el caso”, aseveró.
Afirmó que actualmente no hay más propuestas de otros terrenos, porque buscar otras opciones, como las bodegas ocupadas anteriormente por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) sería un conflicto con el ejido; además, afirmó que el municipio no tiene recursos para comprar un predio con las condiciones de 2.5 hectáreas, como lo solicita la GN.
Afirmó que la discusión la podría llevar a una consulta popular en la cabecera, para saber si se prioriza “el dominio de un bien que no es de la secundaria o se priorizaría la seguridad pública”.
Sobre si es urgente la instalación del cuartel por la violencia en su municipio, respondió que sí, y que ha calificado el fenómeno de la inseguridad como olas, “cuando llega la ola se dan casos de enfrentamientos entre grupos criminales, cuando se va la ola, tal vez por así decirlo, y quiero imaginar, porque también no soy especialista. Sin embargo, trato de ser analista, cuando se van, cambian a veces de ring, y esas confrontaciones se trasladan hacia Atenango, Tepecoauilco, Iguala”.
“Creo que Huitzuco está inmerso, igualmente el estado y la nación, en un resultado de una estrategia fallida de hace mucho tiempo y esa estrategia aun cuando se han atacado con políticas públicas, en materia desarrollo social y bienestar social, y acciones inmediatas como la creación de la Guardia Nacional, no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”, precisó.
Aseguró que es necesario realizar acciones de contención, porque “nadie está salvo, yo mismo soy susceptible de que me pase algo, todos somos susceptibles. Pero teniendo el cuartel creo que nos vamos a sentir y vamos a estar mejor, porque no creo que vengan de vacaciones o a encerrarse en los cuarteles, tienen que hacer acciones de patrullaje y de contención”.
Dijo que esperará “el humo blanco” que emita el Ejército, que tendrá que ver no con sus opiniones, sino con lo que decida la federación con su estrategia de seguridad nacional y que esa decisión la respetará, al igual que lo diga la ciudadanía.
Alumnos del Csaegro durante la toma de oficinas del distrito de la Sader en Iguala, como parte del movimiento para pedir la destitución del director general, Régulo Jiménez Guillén, a quien acusan de diversas irregularidades Foto: El Sur
Alejandro Guerrero
Iguala
Al cumplirse dos semanas del paro estudiantil, alumnos del Centro Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Csaegro), tomaron este jueves durante siete horas las oficinas del distrito 6 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), como parte de su protesta para exigir la destitución del director general, Régulo Jiménez Guillén, acusado de actos de corrupción y desvío de recursos.
En estas instalaciones, además, están ubicadas las coordinaciones de la zona Norte de otras dependencias federales, como Becas Benito Juárez, Programas para el Bienestar y Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Uno de los voceros del movimiento estudiantil, informó en declaraciones ofrecidas por teléfono, que el martes sí se formalizó la separación del cargo del director del Centro de Estudios Profesionales (CEP), ubicado en Cocula, Rubén Gutiérrez Vargas, pero denunció que el director general, Jiménez Guillén, nombró como interino al profesor Carlos Cabrera, violentando el proceso mediante convocatoria y examen para asumir el cargo, por lo que también lo desconocen.
Alrededor de las 6 de la mañana, un grupo de alrededor de 40 alumnos tomó la sede del distrito 6 de la Sader, ubicadas en la colonia Fovissste, al norte de esta ciudad, en las que impidieron el ingreso de funcionarios y trabajadores.
Durante la protesta, una patrulla de policías estatales llegó al lugar y algunos agentes tomaron fotografías con sus teléfonos, en seguida se retiraron.
La fuente consultada informó que determinaron la toma de la Sader, porque allí se estaba permitiendo ocupar como sede alterna al director general, Régulo Jiménez, quien convocaba a esas instalaciones a los profesores, trabajadores de campo y administrativos, para firmar sus asistencias.
La comisión de alumnos se reunió con el jefe del distrito 6 de Sader, Roberto Astudillo Ávila, con quien se acordó que no permitirá más el ingreso de Jiménez Guillén, ni profesores del Csaegro. Luego de la firma de esta minuta, los manifestantes se retiraron minutos después de la 1 de la tarde.
Este jueves los alumnos de las carreras de Zootecnia y Fitotecnia cumplieron dos semanas de protesta para exigir la salida del director general, Régulo Jiménez, y también pedían la salida del director de la escuela de Cocula, Rubén Gutiérrez, quien este martes fue separado del cargo.
En las declaraciones ofrecidas, el vocero de los alumnos denunció que Jiménez Guillén nombró “por capricho”, como director interino del CEP, a Carlos Cabrera, sin ningún procedimiento, convocatoria ni examen, como lo establecen los estatutos.
A pregunta, el alumno advirtió que continuarán su paro estudiantil y toma de oficinas, hasta que el director general sea separado del cargo.
