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Acuerdan la CRAC y diputados presentar una sola propuesta de reformas en materia indígena


Durante la asamblea general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), las autoridades comunitarias acordaron con diputados del PRD, MC y Morena ir en un solo frente para presentar una propuesta conjunta a las reformas en materia indígena, y la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
A la reunión, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, asistieron unas 400 autoridades comunitarias, así como los diputados del PRD el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Ociel García Trujillo; de Movimiento Ciudadano y vocal de la Comisión de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Mejía Berdeja, y la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros. También diputados de los partidos que han presentado propuestas de reforma al artículo 14 y la Ley 701.
También fueron invitados pero no asistieron los diputados del PRI y PVEM, el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Cuauhtémoc Salgado Romero, y el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón. Además del gobierno del estado, que de acuerdo con los integrantes de la CRAC será en otro momento cuando acudan.
En su intervención, el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, llamó a los diputados de izquierda a unificar las iniciativas en beneficio de los pueblos y la policía comunitaria, en un “gran frente de izquierda”. Sostuvo que él seguirá respaldando a la organización que ha garantizado la seguridad en el municipio e incluso llamó a que las adecuaciones se extiendan a otras partes del estado.
El consejero de la CRAC, Valentín Hernández, reconoció el valor de los diputados de acudir a comparecer a la asamblea general de la CRAC, que integra 180 comunidades indígenas de 22 municipios del estado, y dijo que habrá una relación de trabajo y coordinación, más no de subordinación.
Después dio lectura a seis propuestas que fueron respaldadas por la Policía Comunitaria, el Consejo de Damnificados de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, donde convocaron a construir “con nosotros” una reforma constitucional local, así como una ley reglamentaria en materia de derechos indígenas y afromexicanos.
Que sean integradas en una sola redacción y propuesta las iniciativas de reforma en materia indígena que ya fueron hechas por los diputados, que los legisladores “la promuevan en todo el proceso legislativo, hasta su publicación, sin distingo partidista”, y después construir una propuesta común para la Ley 701.
Que en 15 días la CRAC y las organizaciones interesadas presentarán una propuesta en 15 días, que será la base para que se integren todas las demás ya presentadas en materia indígena, y de ahí sacar un solo documento.
Las organizaciones llamaron a los diputados a que se “mantengan consecuentes con esta propuesta y no se vendan para aprobar una reforma constitucional, donde la ley secundaria en materia indígena sea contraria a los intereses legítimos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Además sostienen que la propuesta es asegurar la vigencia de los derechos de los pueblos en la Constitución, “no queremos construir banderas electorales para los partidos”, donde plantean que el dictamen de la reforma constitucional y la ley secundaria en materia indígena sea en el menor término posible y en la actual legislatura.
Por último, las organizaciones señalaron que las propuestas estarán acompañadas por la movilización y la protesta social “necesarias”, para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Una vez que la asamblea respaldó el documento, los diputados se manifestaron a favor y firmaron el acuerdo.

Una sola propuesta, piden autoridades comunitarias

Durante las intervenciones, las autoridades comunitarias y agrarias demandaron un solo frente y una sola propuesta a favor de la CRAC y la Policía Comunitaria, así también que antes de que se propongan se deben de consultar a las comunidades, que no se hagan sólo “desde el escritorio”, dijo Taurino Reyes, de Xalpatláhuac, y el comisario de Totepec, Tlapa, Honorio Morales.
Ambos manifestaron que se debe de presentar una iniciativa en defensa del territorio comunitario y no a favor del estado, porque la Policía Comunitaria sí estaba dando resultados en las comunidades, contrario a lo que ocurre en Chilpancingo y Acapulco, donde a diario hay muertos pese a la seguridad de las corporaciones del municipio, estado, federales y Ejército.
El secretario municipal de la comunidad de Colombia de Guadalupe, Marcelo Gómez, urgió también a regular a las autodefensas, quienes han entrado a zonas donde opera la CRAC, lo que fue retomado por el integrante de la Casa de Enlace de la CRAC de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez quien recordó las palabras del gobernador, que tanto la UPOEG y el FUSDEG son grupos que están al margen de la ley y que son ilegales, “que no tienen reconocimiento, entonces que los saque de los bienes comunales”.
La representante de los pueblos amuzgos de Cochoapa, Kenia Hernández, llamó a no permitir que el gobierno corrupto someta a las comunidades indígenas, porque recordó que el poder reside en el pueblo y que el gobierno se le olvidó el artículo 39, donde se instituye.
Además, llamó al diputado del PRD, García Trujillo, a que sus compañeros “demuestren que son democráticos” y que no traicionaran a las comunidades en votar a favor de las iniciativas del gobernador y no las que se propongan por parte de la CRAC.
Mientras el integrante de la CRAC de Cochoapa, Guillermo Rosendo, denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) está a favor de los delincuentes, y señaló el caso de un joven detenido y en proceso de reeducación, que trató de asesinar a su mamá, y que ahora está siendo defendido por la institución.

Se debe de fortalecer a la CRAC: diputados

En sus intervenciones, los tres diputados asistentes presentaron sus iniciativas y se manifestaron a favor de fortalecer los derechos de los pueblos originarios y su Policía Comunitaria, a la que le reconocieron su labor en los bajos índices delictivos en la región donde opera, en comparación con el resto del estado.
Los diputados del PRD y MC coincidieron en que se deben de regularizar de forma independiente a los nuevos grupos armados que han surgido en Guerrero, ante la incapacidad del gobierno y falta de gobernabilidad.
El diputado de MC, Mejía Berdeja, expresó que gracias a la Policía Comunitaria “las cosas” no estaban como en otras partes del estado. “Así que se tiene que mantener, porque ha sido un sistema eficaz que está dando resultados” y que está mandatado por las comunidades.
Abundó que se debe fortalecer a las autenticas policías comunitarias, porque hay quienes se disfrazan de policías comunitarios, en referencia a las autodefensas, e incluso algunos tienen injerencia de grupos delincuenciales o defienden intereses de grupos, y utilizan armas no permitidas, “entiendo que detrás de los grupos hay causas legítimas” a las que se les tienen que crear un figura jurídica.
Dijo que dentro del Congreso local son necesarios 31 votos para que las reformas en materia indígena sean aprobadas en la Constitución, que entre los tres bloques del PRD, MC y Morena, juntan 20; mientras que el PRI, PVEM y PAN tienen 25.
La diputada de Morena, De Jesús Cisneros, afirmó que era una “aliada” de las comunidades indígenas y del sistema comunitario, que su partido ha impulsado reformas para mantener los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Informó que presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para que sea elevada a rango constitucional a la CRAC, al considerar que “por los derechos declarativos que establece la Constitución en materia indígena no gozarán de autonomía, ni libre determinación, mientras no se reconozca a rango constitucional a la autoridad indígena que los haga valer, para garantizar que los derechos indígenas como la autonomía, la libre determinación, los usos y costumbres que consagra el artículo segundo de la Constitución sean una realidad”.
Pero que no se trataba de que la CRAC pasara a ser parte de los órganos autónomos del Estado, sino de conferirles reconocimiento y autoridad comunitaria, al ejercer no una autonomía declarativa sino una autonomía constitucional, que ya se reconoce en la Constitución.
El diputado del PRD, García Trujillo, dijo que la fracción presentó una contra reforma a la propuesta enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, para una modificación al artículo 14, y así evitar que fuera aprobada.
“Tenemos que hacer un frente, porque no podemos dejar pasar lo que tiene contemplado el gobierno del estado en cuanto a la reforma constitucional al artículo 14”, y que es contrario a lo que el pueblo considera correcto y a sus derechos.
Después pasó el representante del Consejo de Damnificados de la Montaña, Abel Bruno, quien llamó a los diputados que no sea un show lo que prometieron y que realmente se tomará en cuenta al pueblo en el acuerdo, porque de las iniciativas presentadas fue la única que contó con más de 6 mil firmas y consultada a las comunidades.
Indicó que la iniciativa que proponen es integral y que va más allá de sólo el sistema de seguridad, sino que incluye educación, salud y el campo. Además de que proponen que las comunidades elijan a sus autoridades municipales y distritales en asambleas por usos y costumbres, que existan cuatro curules, una para cada lengua originaria del estado.
A la reunión también acudió el director general del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, quien no participó. Además estuvieron presentes las autoridades de las casas de justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Espino Blanco y los comités de enlace de Chilixtlahuaca, Huamuxtitlán-Olinalá, Cacahuatepec, y representantes de la zona amuzga.

Citará la CRAC a diputados de PRD, Morena y MC para conocer qué proponen sobre la Ley 701

En asamblea general la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordó citar a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y PRD para que presenten sus propuestas de reforma de la Ley 701 y la contrarreforma al artículo 14 presentada por el gobernador Héctor Astudillo Flores a las comunidades en los próximos 15 días.
A la asamblea asistieron 400 integrantes de las Casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y El Paraíso; de los Comités de Enlaces de Cacahuatepec, y los conformados ayer, de Chilixtlahuaca y Huamuxtitlán-Olinalá; así como representantes de los pueblos amuzgos y del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, quienes votaron a favor de no permitir retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas.
Además de convocar a los diputados para que expliquen sus propuestas de reforma a la Ley 701, las autoridades comunitarias se movilizarán en Chilpancingo y los municipios donde tiene presencia la CRAC, también exigirán a los alcaldes y diputados locales de las regiones apoyar la lucha y la propuesta en la que se garantice sus derechos y no se limite a la Policía Comunitaria.
La reunión inició a las 11 de la mañana en la colonia Renacimiento de San Luis Acatlán, fue vigilada por policías comunitarios armados con escopetas, también asistió el alcalde del municipio, Javier Vázquez García, y la síndica municipal de Acatepec, Fabiola Rafael Dircio, quienes manifestaron su respaldo total a la organización ante los resultados de seguridad que han dado en las comunidades, donde coincidieron se transita con tranquilidad.
En su intervención el consejero Valentín Hernández recriminó que en tres ocasiones los diputados locales han pospuesto el análisis, la discusión y la reforma a la Ley 701, y reprochó que no se les ha consultado a los pueblos de esos cambios.
Comentó que la propia Constitución señala que a los pueblos originarios se les debe de consultar cualquier cambio que les afecte a sus derechos.
La integrante de la CRAC en Cochoapa, Kenia Hernández afirmó que la propuesta de reforma del gobernador al artículo 14 enviada al Congreso es una violación a la Constitución del país porque quita autonomía a los pueblos, señalada en los artículos 39 y 2.
“De por sí es poco el derecho de los pueblos indígenas, y los que hay nos los quieren quitar. No nos podemos quedar con las manos cruzadas. Si no nos defendemos nadie nos va a defender, por eso es necesario que debe de haber una movilización de las Casas de Justicia, para que no se dé la reforma al artículo 14”, argumentó.
Dijo que en el nuevo sistema penal acusatorio tiene más derecho el victimario que la víctima, y fomenta la impunidad, “es un insulto a la justicia mexicana y a la de Guerrero”, que a diferencia de la justicia de los pueblos si hay una reeducación de quien infringe las normas.
El consejero, Pablo Guzmán manifestó en la asamblea que cualquier cambio administrativo o legislativo que afecte a los pueblos se les debe de consultar, “tenemos derechos a que nuestras autoridades comunitarias decidan cómo vamos a autogobernarnos”.
Recriminó que los diputados locales y el gobernador “de nueva cuenta se están pasando por debajo, el derecho de la consulta”, porque piensan que los habitantes de las comunidades indígenas no razonan y no saben qué hacer, “es cierto que falta nivel educativo pero es responsabilidad de ellos”.
Propuso que los diputados de Movimiento Ciudadano, PRD y Morena que han presentado propuestas ante el Legislativo para modificar la Ley 701, y una contrarreforma a la iniciativa enviada por el gobernador al artículo 14, tienen que exponerla ante las comunidades en una reunión con las autoridades comunitarias, “¿o qué, tienen miedo?”, comentó.
“Si no consultan, no tenemos porque reconocer la reforma que hacen en el Congreso, porque en la ley dice que se debe de tener una consulta, y previa información de lo que se modificará”, afirmó, y aseguró que la CRAC tiene la capacidad para paralizar medio estado.
Pablo Guzmán llamó a los políticos a no confundir a la Policía Comunitaria con las autodefensas que operan en el estado, “la policía autentica de policías comunitarios no andan enfrentándose con otros policías comunitarios, aquellos son autodefensas. Que no confundan a las policías comunitarias, nosotros buscamos el diálogo, que se solucionen los problemas en las asambleas”.
En tanto, el consejero, Abad García García se unió a la propuesta de movilizaciones porque sólo así se conseguirá preservar los derechos ganados de las comunidades.
Expresó que el gobierno no dejará de perseguir a los policías comunitarios porque es un modelo diferente de justicia y de gobierno, que aterriza en las comunidades.
El representante de la CRAC en Tlacoachistlahuaca, Guillermo Rosendo Martínez afirmó que el gobierno no reconocerá a las autoridades comunitarias porque no se corrompen, “no pueden aceptar que existe este proyecto alternativo de justicia. Nosotros perjudicamos a los intereses del Estado”.
El representante del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Saúl Morán dijo que luego de una asamblea municipal en la región de La Montaña, cinco comunidades de Malinaltepec acordaron apoyar cualquier resolución de la asamblea general y las acciones de la CRAC.
“Nosotros también presentamos nuestra propuesta, no vamos a permitir que la policía comunitaria que nació en los municipios de la Costa Chica y en la Montaña sea borrada de un plomazo. Vamos a defender nuestros derechos, nuestra autonomía, nuestro autogobierno”, manifestó.
El representante del Comité de Enlace de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez pidió a la asamblea dar una propuesta de modificación a la Ley 701, en tanto, el coordinador de El Paraíso, Juan Antonio García solicitó romper el diálogo con el gobierno del estado.
El integrante de la CRAC, Fabián Carrasco propuso que ante los diputados se exponga un plan integral que no sólo sea de seguridad, sino de educación, salud y del campo para las comunidades indígenas.
“Tenemos que replantear una nueva relación con el Estado mexicano y los partidos políticos, que lo que se busque no sea sólo el reconocimiento sino que se respete”.
La consejera de Pascala del Oro, San Luis Acatlán, Rubí Martínez llamó a las 175 comunidades integradas a la CRAC a presionar a los alcaldes y a los diputados de los distritos indígenas para que apoyen la lucha y las propuesta de la organización.

Toman protesta dos nuevos comités de enlace de Chilixtlahuaca y Huamuxtitlán-Olinalá

También en la asamblea general se tomó protesta a las nuevas autoridades de los Comités de Enlace de Huamuxtitlán-Olinalá y de Chilixtlahuaca, Metlatónoc.
Además, se propuso la creación de un nuevo Comité de Enlace en el municipio de Acatepec que tiene 22 comunidades integradas a la CRAC, y otras cinco más se integrarán.
Sin embargo, los consejeros de la Casa de Justicia de Espino Blanco informaron que en una asamblea regional se autorizó la creación de una nueva Casa de Justicia, pero la asamblea general manifestó que no era el procedimiento, por lo que se citó a una reunión de coordinadores de las cuatro Casas de Justicia y de los Comités de Enlaces para que el 5 de agosto se vote la creación, porque en caso de aprobarse algunas comunidades cambiarían de Casa de Justicia.

Pide Gonzalo Molina a los diputados detener la reforma de Astudillo para las comunitarias

 

El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González demandó a los diputados del Congreso local detener la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores, donde no está incluida la figura de policía comunitaria ni de policía rural.
El gobernador envió al Congreso esta iniciativa que si se aprueba, las policías comunitarias estarían en las leyes secundarias de la reforma al artículo 14, con el argumento de que los órganos de los pueblos indígenas no son parte de los poderes del estado.
En una visita al penal de la capital, donde se encuentra recluido desde hace tres años y medio, el promotor de la Policía Comunitaria con base en El Fortín en Tixtla, manifestó su desacuerdo.
Vestido con una playera gris y gorra roja, el preso político se acercó a los locutorios que dividen una maya por donde puede dialogar con sus visitantes.
De inmediato dijo que no es correcto reformar la ley como lo propone Astudillo Flores, al igual que la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que lo importante es armonizarla entre los pueblos y las comunidades.
Dijo que la reforma al artículo 14 es una falta de respeto y violación a los derechos de los pueblos, que al querer hacer estos cambios no se toma en cuenta a los pueblos, principalmente a la CRAC, sin importar la Casa de Justicia a la que pertenezcan.
Pidió a las autoridades “llamar a los pueblos originarios que están haciendo seguridad y justicia, principalmente a la CRAC”.
Llamó a los diputados del Congreso a detener esa iniciativa, pues dijo que se tiene que legislar algo que sirva.
Subrayó que se debe de consultar a los pueblos originarios para hacer esos cambios, discutirlos en foros con la participación de los conocedores de la seguridad y justicia, la CRAC y organismos de derechos humanos.
Dijo que el sábado en la actividad del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, supo que a nombre de la CRAC de Tixtla estaba su hermana Esther Molina, pero dijo que eso no fue cierto, que este proyecto de seguridad y justicia no está con los partidos políticos.
Agregó que como está próxima la contienda electoral hay políticos que quieren abanderar la lucha de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y de los presos políticos, cuando en su caso va para cuatro años que está encarcelado y no ha recibido apoyo.
Pidió a la CRAC que se movilice y defienda la Ley 701, pida su respeto y que si se respeta él saldría libre de inmediato.
Dijo que después de la operación a la que se sometió por una hernia que tenía, aún no es dado de alta pero ya trabaja dentro del penal, pintando cuadros al óleo, haciendo loncheras, cuadernos, bolsas tejidas y huaraches que pueden ser adquiridos por compradores directamente en la cárcel, y con el dinero que recauda apoya el proceso jurídico al que está sometido.

Presuntos integrantes de Los Rojos intentaron asesinar a un vecino de San Jerónimo Palantla, denuncian

Vecinos nahuas de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunciaron que Constantino Calvario Merino, quien se jacta de pertenecer al grupo criminal Los Rojos, junto a dos hombres intentaron asesinar al campesino Jacinto Ayulteco Calvario el viernes 5 de mayo cuando regresaba de juntar leña.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, unos 30 pobladores denunciaron que el más reciente ataque de Calvario Merino y su gente ocurrió el viernes a las 5 de la tarde.
Ayulteco Calvario explicó que ese día cuando regresaba de trabajar, Calvario Merino a bordo de una camioneta junto con otros dos hombres que iban armados, lo detuvieron, se bajaron del vehículo y le dijeron que “estaba haciendo su desmadre”.
Dijo que intentó dialogar con sus agresores, pero corrió en sentido contrario a la camioneta cuando mostraron sus armas y le dispararon, pero no fue herido.
Los pobladores leyeron un comunicado sobre la inseguridad dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, éstos formaban parte de la Coordinara Regional de Autoridades (CRAC) de los Pueblos Fundadores, que pertenecía a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, pero consideran que ya no pertenecen desde que fueron desarmados y ahora, aunque no han roto oficialmente con el movimiento, ya no brindan justicia.
“Nos han asesinado 11 hermanos nahuas de esta región; fabricaron 45 órdenes de aprehensión y 15 órdenes por liberarse todas son dolosas; detuvieron (a) 14 compañeros de manera ilegal el 11 de junio de 2016, en las órdenes de aprensión acusan (a) tres mujeres indígenas de usar armas AK-47 y AR-15, esta ola de violencia e ingobernabilidad (se) desataron de 2015 a 2016, seguimos viendo caminar en nuestro pueblo a los delincuentes”, declararon.
Afirmaron que el grupo liderado por Constantino Calvario Merino es protegido por el gobierno.
Detallaron que los principales responsables de los asesinatos y de la inseguridad en San Jerónimo Palantla son: Constantino Calvario Merino, Domingo Orgín Calvario, Antonio Bolaños Calvario, Apolinar Calvario Tlatempa, Facundo Bolaños Reyes, Florencio Calvario Tlatempa, Evodio Calvario Merino, Justiniano Tolentino Atempa, Alfonso Orgín Castro, Eladio Orgín Trinidad, Eladio Díaz Calvario y Francisco Hernández Tepetate.
Los pobladores reprocharon que a pesar de que en esta comunidad está un destacamento de la Policía Estatal no hacen nada para frenar a los delincuentes.
“El grupo delictivo encabezado por Constantino Calvario Merino, de sus propias palabras afirma que ellos pagan a la Fiscalía para que no sean recluidos en la cárcel, porque además, dicen que pertenecen a Los Rojos”, afirmaron.
Los pobladores advirtieron que si las autoridades no intervienen tendrán que hacer justicia por su propia mano ante las constantes amenazas de muerte hacia los pobladores.
El 16 de junio de 2016, el gobernador informó que los dos grupos de policías comunitarias que operaban en Rincón de Chautla y en San Jerónimo Palantla, fueron desarmados, pero señalaron que el grupo contrario encabezado por Calvario Merino retomó las armas.
Los inconformes reprocharon al gobernador que en vez de cuidar a quienes sufren por la violencia, dejan que los criminales actúen con libertad.
También denunciaron que el 3 de mayo, a las 3:30 de la tarde acudieron con el comisario, José Miguel Orgín, para solicitarle constancias para el programa Procampo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero Calvario Merino no permitió que el comisario autorizara las constancias.
Los 30 pobladores hicieron responsable a Constantino Calvario de lo que les pueda ocurrir o si son asesinados.
Exigieron al gobernador que frene la violencia, que no les inventen delitos, que investiguen a los verdaderos culpables y no detengan a gente inocente, “¿Hasta cuándo señor gobernador?”, expresaron.
Además, denunciaron que el mismo grupo cobra 2 mil 500 pesos a los pobladores para que tengan agua en sus viviendas.

Revocan un auto de formal prisión contra Arturo Campos

Redacción

La Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en cumplimiento al amparo otorgado por el Juzgado Sexto de Distrito con número 746/2016 revocó el auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado de la causa penal 031/2013 contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera, sin embargo aún no quedará en libertad puesto que se le sigue un proceso en Tlapa.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Teliz García indicó que con la resolución demuestra como la Fiscalía General del Estado (FGE) y el defenestrado gobernador, Ángel Aguirre Rivero fabricaron delitos contra las autoridades comunitarias.
Además reprochó que “es una vergüenza que las autoridades de la Cuarta Sala Penal revoquen el auto de formal prisión (únicamente) cuando lo ordena un juez federal”.
Los agraviados, Pedro Gil Apreza Salmerón y Karla Espinoza Bolaños fueron acusados en el Sistema de Justicia Comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, Karla Espinoza le entregó el arma de fuego a Pedro Gil y ambos fueron detenidos por la Policía Comunitaria.

Destruyen comunitarios de la CRAC una hectárea sembrada de amapola en Ayutla

La Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias informó que 25 policías comunitarios destruyeron media de hectárea de sembradío de amapola rayada. El plantío se localizó en una barranca a media hora de la comunidad de La Cortina . Foto: El Sur
La Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias informó que 25 policías comunitarios destruyeron media de hectárea de sembradío de amapola rayada. El plantío se localizó en una barranca a media hora de la comunidad de La Cortina . Foto: El Sur

La Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso en Ayutla informó que 25 policías comunitarios destruyeron media de hectárea de sembradío de amapola rayada.
El plantío se localizó el domingo en una barranca a media hora de la comunidad de La Cortina luego de que los policías comunitarios hicieron un recorrido y detectaron las plantas, informó la Casa de Justicia.
El comisario de la localidad integrada a la CRAC y que está también a media hora de la cabecera municipal no entregó el nombre o los nombres de los responsables de la siembra de los plantíos de amapola. Uno de los integrantes de la Casa de Justicia informó por teléfono que no hubo detenidos.
Por esta situación en la asamblea del 20 de mayo en la Casa de Justicia de El Paraíso las autoridades determinarán si expulsan a la comunidad de 60 habitantes del Sistema de Justicia Comunitario, debido a que la siembra de enervantes en el territorio donde opera la CRAC está prohibida.
Sin embargo el integrante de la CRAC indicó que si el comisario entrega los nombres de las personas implicadas en la siembra de la amapola la comunidad no será expulsada.
Ese mismo día serán presentados los dos hombres detenidos en la comunidad de El Mezoncillo, Ayutla, donde el pasado 28 y 29 de marzo también fue destruida 1 hectárea y media sembrada de amapola.
La Casa de Justicia de El Paraíso también condenó el asesinato del policía comunitario de la colonia Adulfo López Matilde Ramos de Ayutla, el comunitario Benito de 36 años fue asesinado a machetazos y encontrado la mañana de este lunes.
La Casa de Justicia señaló que no es el primer hecho contra un integrante comunitario y que está en comunicación con los familiares para dar con los responsables
Se dio a conocer que la delincuencia organizada está empezando a operar en la cabecera municipal y no sólo está  dando un golpe a la CRAC, sino que también han caído policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). El caso más reciente es el del segundo comandante de la comunidad de El Refugio, Melquiades quien fue encontrado muerto en terrenos de la comunidad de Las Ánimas, casi cinco días después de su desaparición. (Jacob Morales Antonio).

Renuncia un comandante regional de la CRAC de San Luis Acatlán

El comandante regional de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Daniel Mendez de Jesús renunció a su cargo.
El comandante tomó el cargo el 21 de febrero, y en un comunicado informó que el 3 de abril presentó su renuncia por motivos de salud.
Informa que sufre desde hace 13 años problemas en la columna, lo que le imposibilita realizar sus funciones de manera normal.
La CRAC de San Luis Acatlán queda con cuatro coordinadores regionales de los cinco que tenía.
Mendez de Jesús informó que en la próxima asamblea en la Casa de Justicia acudirá para ver si hay algo que tenga que aclarar ante las autoridades comunitarias. (Jacob Morales Antonio).

Hay una sentencia a favor del preso de la CRAC Arturo Campos, pero aún no saldrá de prisión

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, informó que debido a problemas administrativos se retrasó la notificación al Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), que establece que hay una sentencia a favor del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policía Comunitaria (CRAC-PC), de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera.
Dijo que si el Ministerio Público no interpone un recurso de revisión, es probable que en la segunda semana de abril se dé el auto de libertad al preso político, pero que aún no saldría de la cárcel de Ayutla.
Consultado vía telefónica, Téliz García dijo que a pesar de que la sentencia se dio el 9 de febrero, no se pudo notificar de inmediato al Ministerio Público, porque se hace mediante Correos de México y por cuestiones administrativas se retrasó, y agregó que pidió que se notificara vía telefónica o por fax, y fue así como se le avisó.
”Ya está confirmado que el 24 de marzo ya le notificaron, entonces el juzgado nada más está esperando que pasen los 10 días, y estamos hablando que empiezan a correr esta semana que viene (…) entiendo que en la segunda (semana de abril) ya el Juzgado de Distrito (Sexto, ubicado en Acapulco) va a pedirle a la Cuarta Sala que ya le dicte auto de libertad a Arturo”, detalló el abogado.
Explicó que esta notificación tuvo que darse porque en el Ministerio Público representó legalmente a los presuntos agraviados, y que si no se interpone un recurso de revisión, es decir, que se inconforme del amparo a favor de Campos Herrera, se dará el auto de libertad, pero en caso de darse la inconformidad el proceso se retrasaría unos cuatro meses, aunque dijo revisó el expediente y no hay nada de eso.
“Queda libre de este expediente, desafortunadamente no va a poder salir de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa (donde es acusado por secuestro agravado en el expediente 196/2013), y en ese proceso de Tlapa estamos desafortunadamente agotando el proceso”, aseguró.
Rogelio Téliz manifestó que se están desahogando pruebas, así como el peritaje antropológico para que pueda ser presentado en unas dos o tres semanas. Además, de que se van a desahogar careos e interrogatorios y se entregará el amparo que se ganó.

Mandó a reeducación a tres jóvenes por acuerdo, dice el comisario de Coyahualco, Huamuxtitlán

 
El comisario municipal de Coyahualco del municipio de Huamuxtitlán, René Fuentes Acevedo reiteró que se envió a “reeducación” con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) a tres jóvenes vecinos, por un acuerdo del pueblo “porque ya no los aguantaban”.
Por teléfono mencionó que la Policía Comunitaria del poblado los envió a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, luego de retenerlos por los señalamientos de los pobladores de que eran los responsables de varios robos.
Dijo que como parte del sistema de justicia comunitario, luego de que fueron retenidos por los auxiliares de la comisaría y se determinó en asamblea su responsabilidad, fueron trasladados el 15 de febrero y desde ese momento se están entregando las pruebas y los testimonios.
Mencionó que en la Casa de Justicia de San Luis no le dieron un plazo para la entrega de la pruebas, sino que sigue el procedimiento de investigación y que quienes acusan a las personas son los pobladores.
Agregó que una víctima dice que le robaron y que mostró pruebas ante las autoridades comunitarias, “pero parece que ahora no quiere decir nada porque es el padrastro de uno, por lo que se van a tomar otros acuerdos con la comunidad”.
Dijo que invitó a los afectados a que denunciaran y entregaran la información que tienen para el proceso de los señalados, “creo que no se ha hecho, pero siguen en la postura de que los reeduquen”.
Mencionó que los invitó a que lo hicieran por el sistema de justicia comunitario o en el Ministerio Público para que se aclararan las cosas, o se les castigara por las faltas.
De las acusaciones de familiares de que los detuvieron de manera arbitraria y sin sustento, mencionó que están en su derecho de defenderlos, pero hay señalamientos y que él no acudirá a ningún requerimiento de la agencia del Ministerio Público en Tlapa porque el distrito judicial al que corresponde Coyahualco está en Huamuxtitlán, “allá fueron a contar otras cosas y nos están citando, pero no iremos porque es un acuerdo de asamblea”.
Agregó que este jueves tendrán una asamblea en el pueblo para atender estos puntos ante la judicialización, a la que los familiares los quieren someter cuando los tres jóvenes están siendo “reeducados”.
La señora  Bertha Apreza Acevedo, abuela de José Manuel Romano Gonzaga de 17 años, denunció que su nieto fue detenido de manera arbitraria y sin pruebas por robo el 15 de febrero, y por eso presentó una denuncia en Tlapa.
Los otros detenidos son Alberto Morales Peral y José Luis Acevedo Orea de quienes su mamás han pedido su libertad porque aseguran que no son culpables, han denunciado que nadie les ha hecho caso y pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y en los primeros días de marzo visitaron a sus hijos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

Advierten a la CRAC que podrá intervenir la policía y el Ejército para liberar a dos detenidos en San Luis Acatlán

En asamblea regional integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron por unanimidad mantener 10 años en reeducación a dos hombres retenidos y acusados de robo de vehículos, delincuencia organizada, portación de armas y amenazas, pena que podrá ser menor si demuestran avances en la integración social y llegan a una conciliación con los afectados.
La asamblea descartó el delito de homicidio calificado a los imputados luego de que la familia de la víctima interpuso una denuncia en el Ministerio Público (MP) donde se le dará seguimiento por las autoridades del gobierno, y que por el mismo caso hay una orden de aprehensión pendiente de ejecutarse contra los dos retenidos en manos de la CRAC.
Ayer a la asamblea acudió el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García, y el titular del MP de ese municipio, José Vélez Zapata, además de dos familiares de los retenidos quienes en sus participaciones insistieron en la inocencia de los dos hombres.
Los inculpados son Edilberto Rosas Clemente, alias El Edi, y Jaime Rosas Álvarez, alias El Buky, ambos fueron retenidos el 16 de marzo del 2015 luego de las denuncias de robos de automóviles y el asesinato de Erubiel Ortega Martínez, alías El Makanaqui, ocurrido el 8 de marzo del 2015.
Tanto el presidente como agente del MP señalaron que hay preocupación por parte del gobernador por el caso, porque existe un amparo federal y orden para liberar a los retenidos, incluso con la intervención de la fuerza pública, y del Ejército.
Pero los 21 comisarios municipales y 23 Consejeros de la CRAC por unanimidad votaron en contra de que los retenidos fueran entregados a las autoridades del MP, como lo solicitó su titular, quien afirmó que un juez había ordenado la captura de los dos retenidos por la CRAC, luego de que fue sustentado el delito de homicidio.
Además votaron por la condena de 10 años en proceso de reeducación contra los dos retenidos, una vez que se cumpla el término el caso volverá a revisarse, incluso podrá ser antes si los inculpados demuestran avances en su reincorporación social, que será determinado por las comunidades donde hacen servicios sociales, como parte del proceso.
Las autoridades comunitarias manifestaron su descontento de negociar con las autoridades del gobierno. Afirmaron que se había hecho un acuerdo años atrás donde ni el MP ni la CRAC intervendrían en casos donde alguna de las instituciones estuviera dando seguimiento.
Además de que había al menos seis órdenes de aprehensión contra igual número de ex coordinadores, comandantes y policías que intervinieron en el caso de los retenidos y que los familiares los acusaron de privación ilegal de la libertad.
Uno de los comisarios dijo que entregar a los retenidos al MP era una violación a la autonomía de los pueblos y a su Sistema de Seguridad y Justicia. Expresó que el Poder Judicial debería de tener presente que la CRAC no depende del gobierno del estado sino de las autoridades de los pueblos.
Ante el temor de que los inculpados fueran liberados una vez entregados, el MP dijo en su participación que los retenidos no serán puestos en libertad porque hay dos testigos que declararon contra ellos por haber cometido los delitos, y consideró que la orden de aprehensión que emitió el juez representa que hay delitos que perseguir y que está sustentado.
Recordó que en el sistema de justicia del gobierno existe el derecho de que los inculpados tengan la libertad de ser defendidos, sin embargo dijo que el delito por el que se les responsabiliza como el de homicidio, es grave y no alcanza fianza.
El agente titular del MP expresó que “de ninguna manera —van a quedar libre— se los sostengo, van a quedar sentenciados”. La CRAC desde luego tiene la capacidad por usos y costumbres —de impartir justicia— pero les digo que es una averiguación previa que nosotros consignamos y que cuando sean liberados por la CRAC, la orden de aprehensión será ejecutada y serán castigados” en el sistema del gobierno. Donde se les dará una sentencia de entre 20 o hasta 50 años de cárcel por el delito de homicidio calificado.
Vélez Zapata reconoció que hay capacidad de la CRAC de llevar el caso como autoridades comunitarias, y que incluso hay comunicación y coordinación. Afirmó que durante el periodo que ha estado al frente del MP no hay ninguna orden de aprehensión contra los dirigentes y que los que hay son de años atrás.
Luego de la argumentación el MP y el presidente se retiraron, éste último manifestando su apoyo total a la CRAC de los acuerdos que surgieran para la defensa de la Ley 701.

“Me preocupa que salgan libres, a mí me quitaron mi carro”

El afectado por el robo de su camioneta e integrante de la organización de cafetaleros de la Costa Montaña Larit, Pablo Mendoza manifestó su preocupación de que los retenidos, a quienes identificó plenamente, sean puestos en libertad una vez estando en el MP. “Yo soy el afectado. A mí si me preocupa que salgan libres, a mi me quitaron el carro y yo se los digo de frente” expresó.
Relató que con una pistola “me amenazaron y me quitaron mi camioneta, me quitaron todo lo que traía, y preguntaron que si no traía más dinero”. Añadió que les entregó 3 mil pesos.
Sostuvo que logró reconocer a los asaltantes porque dejó prendidas las luces de su carro y les vio el rostro, “cuando los detienen yo me acerqué y los señalé. Pero resulta que (dicen) ellos no son. Pero la verdad como yo los conocí bien, yo sigo en lo mismo”.

Son comerciantes de carne y son inocentes, insiste un familiar

Mientras el hermano de los retenidos, Genaro Rosas expresó que los retenidos eran inocentes y que eran comerciantes y que venden carne de res en Marquelia, invitó a las autoridades a ir a preguntar a Marquelia por sus antecedentes.
El hermano reclamó también la falta de derecho de defender a los inculpados en las asambleas, y la tardanza del sistema comunitario de establecer una sentencia.
Además demandó que dentro de la sentencia sean incluidos los dos años que ya estuvieron presos sus hermanos y que si hay la posibilidad de llegar a un acuerdo con el agraviado por el robo de la camioneta que estarían en la posibilidad de resarcir el daño pero que antes deberían de liberar a los retenidos.

La discusión y la condena

Una vez retiradas las autoridades del gobierno, las autoridades comunitarias votaron por unanimidad en contra de que los retenidos sean entregados a las autoridades del gobierno y a favor de que la asamblea definiera los años de proceso de reeducación, mismo que salió de tres propuestas que hubo de 6, 8 y 10 años, eligiendo la última.
Durante la asamblea hubo consejeros que se manifestaron a favor de que los retenidos fueran intercambiados por los presos de la CRAC, como Arturo Campos, Samuel Ramírez y Gonzalo Molina, lo que fue rechazado.
Otros pidieron que los familiares retiraran las demandas contra los integrantes de la CRAC acusados de privación ilegal de la libertad, petición que será considerada para reducir la pena de reeducación, y como parte de la disposición de los familiares de avanzar en el caso, porque ellos han amenazado a los actuales coordinadores, afirmó el coordinador, León Ponce.
En la asamblea participaron los comandantes de la CRAC, que poca veces intervienen, y manifestaron su rechazo a una negociación con el gobierno porque había pruebas contundentes contra los dos retenidos y se manifestaron por que se determinara la sentencia de reeducación.
El consejero Valentín Hernández Chapa recordó que la CRAC no castiga sino se reeduca a quienes hayan cometido un delito y los vuelve a integrar a la sociedad. En su participación dijo que era una contradicción que los retenidos se les diera una sentencia basados en el castigo de la justicia del gobierno, cuando la CRAC era autónoma.
El vocero Aburto Espinobarros agregó que la falta de la actualización del reglamento interno, donde no se establece un término de reeducación para los delitos cometidos, dificultaba la decisión pero que la asamblea decidiría.
Pablo Guzmán abundó que se debería tomar en cuenta el comportamiento de los presos para ir determinando si han sido reeducados o no. Otra consejera dijo que el proceso debería incluir a las familias de los retenidos para evitar venganzas.

La defensa de la Ley 701

En la asamblea se acordó una reunión de consejeros para el próximo sábado para definir la rutas de las comunidades a visitar, donde se harán asambleas para acordar cómo defender la Ley 701.
Ese mismo día habrá una reunión en Guadalupe Victoria, Xochistlahuaca, para definir la integración de la Casa de Enlace los pueblos Ñomndaa’. Además se informó de dos asambleas, el 5 de abril en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y el 9 en Huamuxtitlán.