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La detención de un líder de los Beltrán, muestra de que las acciones de seguridad funcionan: Evodio

 

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre opinó que la detención de un líder del grupo delictivo de los Beltrán Leyva, el pasado jueves, es una muestra de que las operaciones de vigilancia funcionan, y confió que no haya una reacción violenta.
El pasado jueves fue detenido el presunto jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leyva, Benito Escalante, El Beny, en el poblado Lomas de Chapultepec, junto a otros dos hombres.
En declaraciones a reporteros al concluir el desfile por el 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, Velázquez Aguirre dijo que ya han caído varios líderes de diferentes grupos delictivos.
Agregó que las autoridades de seguridad estarán pendientes de que la detención del jefe de sicarios de los Beltrán Leyva no ocasione violencia en el municipio.
Al alcalde se le preguntó si durante el transcurso del desfile conversó con el gobernador Héctor Astudillo sobre el problema de la inseguridad en el municipio, y respondió que todos los días se hace “un trabajo conjunto para salir adelante”.
En declaraciones a reporteros la mañana del sábado, después de la inauguración de la pavimentación de la Calle 12 de la colonia Olímpica, el alcalde indicó que “muchos líderes de grupos criminales han caído en manos de la justicia, y eso es muy importante y ayuda a dar resultados a la población”.
Pidió que el proceso penal del detenido sea rápido y “se someta todo el peso de la ley”.
Sobre la crisis que atraviesa el Acabús, el alcalde dijo que la próxima semana habrá una reunión entre el municipio y el gobierno del estado para hablar del asunto, y confió que en esta semana puedan resolverse los pendientes. “Vamos a ver qué pasando en el OPD y a tomar decisiones”.
Al recordarle que el problema del Acabús es de falta de dinero y qué aportaría para ello el municipio, explicó que se contribuiría con opciones sobre movilidad en la ciudad y los semáforos, “en el tema de los recursos deben revisarse bien las finanzas del OPD”.
A los usuarios del Acabús, les aseguró que continuará el servicio y está en revisión un problema administrativo.

Reordenar la zona turística

El sábado, el alcalde habló sobre la inspección en bares que se hizo en la plaza comercial Las Pérgolas, el viernes en la noche, e indicó que fue el inicio de un reordenamiento en la zona turística porque está enterado de que menores de edad ingieren bebidas alcohólicas en esa zona.
Velázquez Aguirre contó que habían recibido denuncias “de lo que estaba pasando en esta plaza Pérgolas”.
Expuso que después de un llamado del Grupo Coordinación Acapulco, le pidió al comandante de la 27 Zona Militar, Adelfo Castillo López, hacer un operativo especial, junto con Reglamentos y Espectáculos, Ecología y Vía Pública; además de la Policía municipal.
Agregó que en el operativo nocturno “quise encabezarlo de forma personal para que no nos cuenten”, y que se habló con cada propietario de los locales y el dueño de la plaza, a quien se le pidió abrir salidas de emergencia porque la plaza no fue creada para bares.
Dijo que se le entregó un emplazamiento para que resuelvan lo de las salidas de emergencia y que de no acatarlo se clausuraría la plaza.
El pasado viernes por la noche, el alcalde asistió a la plaza, ubicada en la avenida Escénica, y junto a sus funcionarios la recorrieron y clausuraron los bares Rush y Facebar por no presentar las licencias para operar.
A un año de administración municipal, Velázquez Aguirre manifestó que ahora se “pone orden”, en referencia a la clausura de los bares de la plaza.
Con ese hecho, destacó que es el inicio de varios operativos en el área turística para conocer en qué condiciones están los establecimientos que venden bebidas alcohólicas como bares, restaurantes, discotecas y hoteles.
Agregó que se instaló un operativo para revisar que menores de edad no entren a los bares y centros nocturnos, porque se ha reportado que en trifulcas han participado menores de edad a quienes se les vendieron bebidas alcohólicas.
El sábado el alcalde también anunció que en próximos días estará en la ciudad de Los Ángeles para un acercamiento con inversionistas de los estudios cinematográficos de Hollywood e instalar un área de filmación en Acapulco.
Además se reunirá con el alcalde de Beverly Hills para crear una ruta de trabajo entre ambas ciudades, que incluye la promoción turística.

La CAPAMA

Sobre el adeudo de la CAPAMA con la CFE, que reveló el superintendente en Acapulco, el alcalde explicó que se tiene un amparo para impedir cortes del servicio y que se busca una reunión, que sea presidida por el gobernador Héctor Astudillo, para que se revisen las tarifas de luz y se bajen, pues las calificó como “algo grotesco”.

 

 

La policía local, inoperante y vinculada a delincuentes, se quejan en foro de la Gendarmería

Empresarios, estudiantes y maestros asistentes al Tercer Foro Regional de la Policía Federal división de Gendarmería, se quejaron de la falta de preparación y atención de los policías del estado y el municipio.
Ayer se desarrolló el foro Prevención de conductas criminógenas y antisociales, en el teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro de Convenciones, que recorrerá los 32 estados del país, como parte del programa de vinculación social de la Policía Federal.
Durante la ponencia del director general de Proximidad Social de la Policía Federal, el comisario Miguel Ángel Martínez Colunga, éste sostuvo que a nivel nacional la percepción de confianza a los elementos federales por parte de la población es del 65.2 por ciento. Dijo que esto se logró por los programas de proximidad que se realizan en las escuelas y parques públicos.
Expresó que durante muchos años ha existido una mala percepción de la ciudadanía hacia la policía. No obstante “todos los días tratamos de hacer cosas mejores para ustedes” y esas acciones han permitido dignificar la imagen de la corporación.
Martínez Colunga reconoció que la población dejó de denunciar por la falta de credibilidad a los policías, pero “hoy queremos recuperar esa confianza. Como policías nos ha costado mucho”.
También refirió que de nada sirven las capacitaciones a los policías si los mandos medios y altos no acuden, “porque tenemos que empezar desde arriba a cambiar el chip”.
En la ronda de preguntas y respuestas, la presidenta del Grupo ACA, Aleida Alarcón Domínguez, evidenció la inasistencia de los policías estatales y del municipio, cuando en el discurso, dijo, las autoridades del estado y el municipio hablan de crear sinergia entre las distintas corporaciones para combatir la delincuencia.
Alarcón Domínguez lamentó que el estado y el municipio no mandaron a sus policías al foro, y que “las más interesadas son las mismas instituciones federales”.
Agregó que “nosotros como sociedad civil no confiamos en nuestras policías municipales”, que de nada sirve que los sigan si tienen vínculos con la delincuencia.
Reclamó que la policía del municipio es agresiva con la ciudadanía y la del estado inoperante. Además de que los gobiernos sólo en los discursos ponderan que se debe de existir una cohesión social y programas de prevención pero en los hechos no lo hacen.

Reprochan que federales “paseen” y “se tomen fotografías”

El rector de la Universidad Americana de Acapulco, Mario Mendoza, indicó que “la preocupación para los que vivimos aquí en Acapulco y en Guerrero es que algún día ustedes se van a ir, porque hoy legalmente aún tenemos una policía municipal, una policía estatal… el día que tengamos una policía municipal y una policía estatal con este sentido, y este trabajo y confianza, creo que todos vamos a estar mucho mejor”.
El profesor del Instituto Leonardo Bravo, José Manuel Mendoza, preguntó el porqué las fuerzas de seguridad tienen que esperar a que les maten a sus elementos para actuar, “si la policía quiere que la ciudadanía les confíe, ustedes deben cambiar”, y reprochó que los agentes federales sólo se pasean y se toman fotografías en la avenida Costera.
El comisario Miguel Ángel Martínez Colunga respondió que no son policías de fotografías y ni quienes generan condiciones de seguridad, y reconoció que no es fácil y es un reto ganar la confianza de la población.
La pregunta incomodó al mando, quien preguntó al profesor qué estaba haciendo para que sus estudiantes respeten a sus policías y sepan identificar a los municipales, estatales y federales.

Denunciar “cuesta la vida”

Durante el panel La participación ciudadana como esencia de la seguridad pública, los integrantes de la mesa de discusión lamentaron que no todos los ciudadanos participan en el bien común, y destacaron la falta de confianza en los policías porque está se muestra lejana a la población.
El asesor municipal en materia de seguridad, Manuel Flores Sonduk, señaló que desde la casa se alecciona contra el policía y cuando los papás ven a uno fuera de su casa lo que hacen es resguardar a sus hijos, creando una percepción mala de los elementos.
En el panel también participaron la regidora de Educación, Francisca Alma Juárez; la directora del Colegio Militarizado Madrid, Juana Gaytán Cisneros, y el director de seguridad de Apasco, Valentín Chantaca Cerón, quienes coincidieron en que la gente debe de tener valentía para denunciar las cosas que suceden. Además reconocieron la labor de la Policía Federal.
En su participación, el empresario Carlos Reyes Paris refirió que la pérdida de valores entre la sociedad era otro de los problemas que se presentan con la situación de violencia, y señaló que hay problemas con los policías del estado y el municipio.
La maestra y madre de familia, Guadalupe de la O, sostuvo que “la policía municipal no nos sirve de nada, hace seis años perdí a mi padre por la delincuencia organizada”.
Contó que su padre fue maestro durante 40 años y llamó a los jóvenes a ver al estado como una entidad golpeada por la delincuencia y no repetir estos actos.
Antes de terminar señaló que denunciar “nos viene costando la vida” y que a veces es mejor quedarse callado.
Un estudiante preguntó cómo podían confiar en la Policía municipal cuando los agentes en ocasiones están drogados, y relató lo sucedido a un compañero de la escuela que fue regañado con groserías por un elemento cuando éste le pidió ayuda.
El señor José Antonio Mercado Sosa indicó que mientras no se quite al gobierno el nombramiento de jueces y magistrados, no habrá avances en la impartición de justicia. “Por cada muerto se demuestra que el gobierno no cumple con su función, ni la sociedad”.
Al foro acudieron estudiantes, empresarios, militares, marinos, policías federales y policías turísticos. También el comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra; el comandante de la Octava Región Naval, Juan Guillermo Fierro; el coordinador de la Policía Federal en el estado, Rafael Lomelí; el responsable del Operativo Acapulco, comisario Gustavo Reyes, entre otros.

 

Guerrero se descuidó y fue cooptado por el crimen organizado, advierte la panista Margarita Zavala

La situación de violencia en Guerrero se debe a que se descuidó el estado y lo cooptó el crimen organizado, dijo Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del ex presidente Felipe Calderón y aspirante a la Presidencia de la República por el PAN.
Afirmó que falló el Estado y que el caso Ayotzinapa es “la expresión misma de lo que vive nuestro país”.
Zavala subrayó que el crimen organizado en Guerrero actúa desde hace mucho tiempo y que lo importante es enfrentarlo.
Enfatizó que confía en que los guerrerenses superen el problema de la violencia como ha visto que lo han hecho con otras adversidades.
La panista dijo que no tiene duda que será la candidata del PAN para la Presidencia en el 2018 si la contienda interna se da en condiciones democráticas.
En entrevista con El Sur en el lounge de la torre 2 del Resort Mundo Imperial de Acapulco, Margarita Zavala habló de su aspiración.
Expuso que aspira a ser candidata a la Presidencia de la República porque conoce el país y que apuesta por los ciudadanos con un proyecto que sume para unificar a México.
Dijo que busca obtener la candidatura con el apoyo de los ciudadanos, que son los “legítimos” dueños de las instituciones y el fin de la actividad política.
“Sé que lo podré lograr, pero lo importante es que tu alianza sea con los ciudadanos, y eso lo aprendí de Acción Nacional (que) nació precisamente de un trabajo con los ciudadanos para fortalecer la libertad de cada uno de ellos y para construir un proyecto de país que tenga  que ver con el bien común, con solidaridad, con acceso a la justicia, con Estado de derecho y esos principios que compartimos millones de mexicanos, no sólo los que están dentro de Acción Nacional sino millones de mexicanos, sé que son valores que hoy necesitamos mucho”, dijo.
Afirmó que confía en conseguir la candidatura del PAN si la contienda se da en condiciones “democráticas, parejas”.
A quienes la siguen advirtió que “ahí viene una guerra sucia; hace unos meses no sirvió de nada la guerra sucia, los electores sé que sabemos distinguir todos lo que es y qué es lo que no debe ser guerra sucia”.
De la posibilidad de que haya guerra sucia también en el PAN, respondió que “en la política puede haber en todos lados, y no me asusta, hay que estar preparada para ello; pero yo no soy así, también sé que la gente puede creerle o saber distinguir qué es lo que es guerra sucia dentro o fuera, y también gente que nos quiere enfrentar dentro en elecciones pasadas”.
Margarita Zavala habló de la probabilidad de una alianza con partidos de izquierda similar a la sostenida con el PRD en las recientes elecciones estatales, y “perfectamente podemos compartir una misión y también una manera de construir al país”, pero dijo que siempre es muy importante voltear a ver a los ciudadanos “y la claridad que uno les puede ofrecer”.
Y con Morena –el partido de Andrés Manuel López Obrador quien le ha lanzado agrias críticas por su condición de esposa del ex presidente Felipe Calderón– dijo que “es difícil, en el sentido que las mismas personas de Morena han dicho que no, pero creo que en las alianzas uno tiene que abrirse”.
Acerca de si afectarán su candidatura los señalamientos de que en el sexenio de su esposo se desató la violencia vinculada al narcotráfico, al que le declaró la “guerra”, afirmó que “hay estigmatizaciones” que se han hecho “con toda libertad”, pues en los 12 años de gobiernos del PAN “fuimos promotores de la libertad de expresión y cualquier gobierno está bajo un  escrutinio público y está sujeto a que lo estigmaticen o lo califiquen o le pongan denominaciones, pero también es cierto que en un país lo que tenemos que ver es hacia el futuro y también saber que lo que enfrentamos en los 12 años del PAN fueron momentos muy difíciles de México”.
La panista puntualizó que lo importante es la seguridad para los ciudadanos y recuperar la confianza de los mismos en las instituciones, ante la violencia que diariamente existe en Guerrero, “ese objetivo no lo podemos perder y en nada ayudamos cuando lo queremos ignorar, lo queremos evadir”.
–¿Cómo recuperar la confianza cuando en estados como Guerrero desaparecen 43 jóvenes y no hay una investigación clara de qué ocurrió con ellos, o cuando los homicidios todos los días se están incrementando y en comparación con años anteriores son más? –se le preguntó.
–Se ha perdido la confianza en la política y tiene que ver con un tema en el que todos nos estrellamos, que es la corrupción, y la corrupción en los temas de seguridad ha generado un estado de indefensión de los ciudadanos, que se ha traducido en una enorme desconfianza porque al descuidar esa parte, al no querer no sé si pagar costos o no decir nada para una imagen, para lo que sea de pretextos, lo que pasó es que al descuidar al estado de Guerrero fue el crimen organizado el que cooptó al estado, eran los mismos policías los que entregaban (a las víctimas) –­respondió.
Agregó que recuperar la confianza no es un tema de imagen, de si se habla o se enfrenta o no, sino de hacer lo necesario, recuperar la confianza en las instituciones, en la policía, y no sólo se limita al Mando Único policiaco propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino una gran reforma estructural de la legalidad, donde se combata el crimen organizado y los ciudadanos puedan trabajar sin tener que pagar cuotas.
–Habló de una cooptación del crimen organizado, ¿cree que hubo omisión de funcionarios, políticos y gobernantes de Guerrero?
–Bueno, cuando hay una cooptación es parte de ellos desde luego…
–¿Qué fue lo que falló?
–En todo sentido las instituciones de justicia, falló el Estado en toda su ampliación y hay que revisarlo completito, me parece que hay, por lo menos, al parecer las autoridades vuelven a decir que están dispuestas a que se revise, pero ese caso (Ayotzinapa) es doloroso y es la expresión misma de lo que vive nuestro país y que es lo mismo en Tierra Blanca, fueron los mismos policías que llevaron a los jóvenes a sus verdugos y que tiene que ver en general en cómo el Estado está actuando, en las policías, en los Ministerios Públicos, en la administración de justicia, y hay que enfrentarlo con liderazgo y hay que enfrentarlo todos los días y no sólo un caso ni dos ni tres, sino todos los casos.
Sobre su mensaje en torno a las circunstancias de extrema violencia que se viven en Guerrero y que se señala que esta “guerra” comenzó en el gobierno de su esposo Felipe Calderón, la panista respondió que el crimen organizado aquí “está desde hace mucho tiempo, lo importante es enfrentarlo”.
“Sé que sufre Guerrero mucho, sufre una inseguridad de todos los días, sufren las familias, las organizaciones, pero también las conozco y conozco a Guerrero y a sus municipios y he ido a Metlatónoc y he  ido a Acapulco, he estado en Chilpancingo, en Iguala, en la sierra, es decir conozco Guerrero, y conozco a sus familias y los he visto vencer muchas adversidades, no sólo en violencia sino en desastres naturales y millones, digamos, de mexicanos sabemos que en Guerrero la inmensa mayoría vive honestamente y quiere trabajar y quiere salir adelante, y precisamente porque creo en Guerrero pueden confiar en mí”.

Exige la CRAC de Chautla justicia por el asesinato de uno de sus miembros y la libertad de 14 detenidos

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de los Pueblos Fundadores de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, exigió ayer justicia ante el asesinato de su comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado –ocurrido el sábado–, y la libertad de sus compañeros detenidos en San Jerónimo Palantla y en Xochitempa.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, integrantes de la CRAC de los Pueblo Fundadores confirmaron que son 14 los detenidos en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y no 13 como informaron el domingo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, y el dirigente de la CRAC, Cirino Plácido Valerio. De ellos, 12 son de San Jerónimo Palantla y dos de Xochitempa.
Los consejeros de justicia, Lorenzo Ramírez Rodríguez y Marcial Ramírez Rodríguez, así como los coordinadores Daniel Luna Martínez y Escolástica Luna Gaspar, informaron que se integró una comisión de autoridades de la CRAC de los Pueblos Fundadores que se trasladará a Espino Blanco para exigir un careo con quienes acusan a los detenidos de cometer delitos.
Informaron que también van a iniciar una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, por las irregularidades que cometieron policías comunitarios de esa casa al irrumpir en territorio comunitario de la CRAC de los Pueblos Fundadores, en donde asesinaron “a sangre fría” al comandante suplente, Florencio Morales Salgado.

Reconoce Cirino Plácido infiltración del crimen organizado en la CRAC

Por su parte, el dirigente Cirino Plácido Valerio reconoció que el crimen organizado ya infiltró a la CRAC y a su Policía Comunitaria y que es la causa que ahora se instalen CRAC en Guerrero, “como oxxos en Chilpancingo”, y denunció que los gobiernos federal y estatal están utilizando a la delincuencia organizada para dividir y enfrentar a la CRAC, a su Policía Comunitaria y a los pueblos indígenas.
Antes, el consejero Ramírez Rodríguez narró lo sucedido el sábado.
Dijo que a las 6 de la mañana llegaron a San Jerónimo Palantla “hombres armados” en seis camionetas y saquearon muchas casas sin presentar ninguna identificación, “no dijeron quiénes eran y no presentaron orden de aprehensión alguna, allanaron casas y tiraron las cosas que había adentro y agarraron a 12 ciudadanos de dicha comunidad, entre ellos el comisario suplente, un comandante regional de la Policía Comunitaria nueve policías comunitarios y un ciudadano”.
Agregó que después se trasladaron a Xochitempa, una comunidad vecina, “donde Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgín Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, originarios de San Jerónimo Palantla asesinaron a sangre fría a Florencio Morales Salgado de 22 años, comandante suplente de la Policía Comunitaria”.
Declaró que, según testimonio de su viuda, eran las 7 de la mañana cuando llegaron a la casa del comandante suplemente llamándolo para que saliera, y que cuando “él iba abriendo la puerta de su casa para salir, inmediatamente se acercaron y Evodio Calvario Merino le dijo: ‘¡te lo dije!’. En seguida le dio un balazo con una arma corta”.
De la misma comunidad de Xochitempa, se llevaron detenidos, junto con sus armas, a otros dos policías comunitarios.
Dijo que fue hasta después de que habían detenido a los 14 integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, y asesinado a Florencio Morales Salgado, cuando “los hombres armados” se identificaron como policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Cualac y San Luis Acatlán, y que todos ellos iban encapuchados.
“De estos hechos, los responsables son Efraín Torres Fierros y Clemencia Guevara Tejedor (dirigentes del FDP), así como Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgin Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, porque ellos son los que planearon esta acción”, denunciaron en un escrito que entregaron a los medios de comunicación.
La comisión de la CRAC de los Pueblos Fundadores también hizo responsables a los coordinadores regionales de Espino Blanco, “por abuso de autoridad y por atravesar el territorio de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla sin avisar, violando el reglamento interno de la Policía Comunitaria”.
Exigieron respeto a las casas de justicia de Cualac y San Luis Acatlán, “y a los supuestos policías comunitarios que participaron en estos hechos, quienes venían encapuchados, cuando sabemos bien que la policía que trabaja legalmente nunca se cubre la cara, porque es del pueblo, sólo los delincuentes se cubren la cara cuando actúan”, dijo el consejero Lorenzo Ramírez Rodríguez.
A raíz de este conflicto, los integrantes de la comisión demandaron a las autoridades comunitarias de las casas de justicia de Espino Blanco; San Luis Acatlán; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; El Paraíso, municipio de Ayutla, y San Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa, una mesa de diálogo para analizar la problemática que existe en las casas de justicia, “ya que no es justo que como pueblos originarios somos explotados por el mismo gobierno, y todavía entre nosotros tengamos pleitos, cuando la Policía Comunitaria es para apoyar y cuidar a nuestra gente”.
En su escrito, los integrantes de la comisión recordaron a los gobiernos municipal, estatal y federal que la actuación de la Policía Comunitaria, “es legal y legítima”, y que la ley reconoce su función como actos de autoridad.
“Somos autoridades comunitarias, trabajamos con los pueblos y para los pueblos, siempre con la consigna de mandar obedeciendo, y donde el pueblo manda la autoridad obedece, por lo que exigimos respeto, y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.
Al respecto, el dirigente de la CRAC reconoció que el sistema comunitario perdió el rumbo desde que el crimen organizado infiltró a la Policía Comunitaria.
Acusó a los gobiernos federal y estatal de utilizar al crimen organizado para dividir a la CRAC, como pasó en la casa matriz de San Luís Acatlán en 2013, y ahora pretende confrontar a la de Espino Blanco con la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Plácido Valerio insistió en que el grupo que asesinó el sábado a Florencio Morales Salgado y detuvo a los 14 policías comunitarios, pertenece al grupo criminal de Los Rojo, y que se dedica a la siembra de amapola en la región.

Efectivos del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato

Por su parte, la coordinadora, Escolástica Luna Gaspar denunció que los soldados del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato de Morales Salgado. Aseguró que llegaron cuando el cuerpo estaba todavía tendido en el suelo y que quienes lo mataron aún se encontraban en el lugar, “les señalamos quiénes eran y les pedimos que los detuvieran, y no hicieron nada”, se quejó.
Denunció que el cuerpo todavía ayer no se sepultaba porque quienes ahora se dicen policías comunitarios aún se encontraban a orillas de Xochitempa y que mantenían amenazados a sus familiares para que no participaran en el sepelio los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, sino sólo familiares y vecinos.
Declaró que la situación aún era tensa a pesar de que en la comunidad hay soldados del Ejército mexicano, que no hacen nada.
Los integrantes de la CRAC de Rincón de Chautla, exigieron justicia ante el asesinato del comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado, y la libertad de sus 14 compañeros de San Jerónimo Palantla que se encuentran detenidos en la casa de justicia de Espino Blanco.
Informaron que el domingo se integró una comisión de autoridades que ayer mismo se trasladaría a Espino Blanco para exigir la libertad de los 14 detenidos. Aunque a las seis de la tarde, los integrantes de la Comisión todavía se encontraban en Chilapa esperando que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) les proporcionara vehículos para su traslado.
Plácido Valerio dijo que el objetivo es pedir un careo con las autoridades comunitarias que acusan a los detenidos de cometer delitos.
Anunció una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, tras las irregularidades y violaciones al reglamento de la CRAC en que incurrieron autoridades y policías comunitarios al invadir territorio ajeno y asesinar a Florencio Morales.

Pide Astudillo a la Fiscalía una investigación seria y responsable del asesinato de Arquímedes Guzmán

El gobierno del estado atribuyó al crimen organizado y no a un móvil político el asesinato del gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA) en Ciudad Renacimiento, Arquímedes Guzmán Cisneros, ocurrido el martes por hombres armados que irrumpieron en las oficinas de la paramunicipal.
En un boletín de prensa, la Secretaría General de Gobierno señaló que los hechos violentos ocurridos en el estado y especialmente en Acapulco son “provocados por la violencia de los delincuentes”.
“Los conflictos entre bandas delincuenciales arrojan resultados indeseables”, afirma.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo, en declaraciones antes de la inauguración de la 44 edición de la Expoferia de Ometepec, dijo que “lo que está pasando, repito, es un  asunto que tiene que ver con la presencia de bandas delincuenciales, con una gran facilidad se dan enfrentamientos entre ellos, ejecuciones”.
Abundó que pidió a la Fiscalía General del Estado que hiciera “un operativo serio, responsable y  profundo para saber qué es lo que pasó ahí” y en otros casos, como en el del director de recursos humanos de Acapulco, Luis Andrés Lara García, asesinado el 7 de diciembre del 2015 atrás del Ayuntamiento.
Agregó que “también nos interesa ir conociendo cuáles son los grupos que están actuando al amparo de la violencia y cobijados en la delincuencia organizada para andar asesinando en Guerrero”.
Después volvió a ser abordado por reporteros al término de la inauguración de la expoferia, y a pregunta expresa de este reportero sobre la postura del PRD, llamó a ese partido a “no lucrar con lo que causa dolor, con lo que lastima a las familias, con lo que lastima a los guerrerenses”.
“Yo creo que el PRD puede decir lo que considere conveniente,  como no tengo nada que ver  en los ataques, yo diría que es muy lamentable cualquier  circunstancia  que suceda en Acapulco, que afecte la vida de un ser humano, por supuesto somos solidarios”, dijo el gobernador.
Llamó a “cerrar filas. Son momentos para entender que solamente el trabajo y la coordinación  nos va  a  hacer  ser  lo suficientemente fuertes para enfrentar la adversidad que se vive en Guerrero”.
Y dijo que la próxima semana se sabrá la fecha de la sesión del gabinete de seguridad nacional.
En un comunicado, la Secretaría General de Gobierno calificó de desafortunada la postura del PRD, y lamentó el asesinato del funcionario de CAPAMA, militante del PRD e integrante de Grupo Guerrero, así como las lesiones que sufrió el encargado del departamento de detección de tomas clandestinas, Jorge Trujillo Acevedo, “y de todas aquellas personas que han perecido en este tipo de actos deleznables”.
Afirma que “los conflictos entre bandas delincuenciales arrojan resultados indeseables, de los cuales son corresponsables diversas instituciones”.
De la exigencia del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, que pide se establezca el móvil político como una línea de investigación en el homicidio de Guzmán Cisneros, el gobierno del estado criticó este planteamiento.
“La posición del Partido de la Revolución Democrática es desafortunada al pretender que los hechos ocurridos contra servidores públicos de la CAPAMA puedan obedecer a un móvil político”, se lee en el cuarto párrafo del boletín.
El gobierno aseguró que la actual administración actúa con transparencia “frente a los ciudadanos y no tiene otro objetivo que recuperar plenamente la paz social”, y atribuyó los últimos hechos de violencia en la entidad, principalmente en Acapulco, a la “violencia de los delincuentes”.
El comunicado explica que lo único que sacará adelante a la entidad es el trabajo y la coordinación, “nunca la confrontación estéril”.
Se lee también que gracias a la presencia del Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía Estatal hay mayor protección a la sociedad, y asegura que la reactivación turística se debe a la implementación de operativos de seguridad, aunque “no se ignora la imperiosa necesidad de reducir los actos violentos”.

El alcalde de Copalillo le dijo que “lo iban persiguiendo”

Por otra parte, el gobernador informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que “se apliquen” en investigar lo que sucedió el martes en la CAPAMA y los motivos del asesinato de Arquímedes Guzmán Cisneros.
El gobernador encabezó ayer el acto conmemorativo del 22 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio en el monumento que se localiza frente al parque Margarita Maza de Juárez, a unos metros del mercado municipal Baltazar R. Leyva Mancilla.
-¿Hay responsabilidad del municipio en los hechos de violencia? –preguntó un reportero.
-Yo no quisiera hablar de responsabilidades para las instituciones. A mí me parece que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, pero también me parece que es muy importante que no estemos buscando cómo lucrar políticamente con este acontecimiento.
Del atentado que sufrió el alcalde de Copalillo, el petista Getulio Ramírez Chino, la tarde del lunes cuando hombres desconocidos en camionetas particulares intentaron impactarlo ocasionando que una patrulla que lo resguardaba cayera a un barranco, lo que provocó la muerte de dos policías, Astudillo Flores dijo que se reunirá con el edil para conocer más detalles.
Dijo que el martes se comunicó con el alcalde, quien le informó que “lo iban persiguiendo”, por lo que se reunirán para platicar al respecto, y además negó que Ramírez Chino se haya acercado a él con anticipación para solicitarle apoyo en materia de seguridad, como lo informó el edil el lunes por la noche a El Sur.
Cuestionado respecto a la irrupción de hombres armados en el municipio de Chilapa la madrugada de este miércoles, el gobernador dijo que se trató de un grupo de personas que “se retiraron igual que como llegaron”, y comentó que no buscaron a ninguna autoridad ni realizaron alguna exigencia.
De la reunión que sostuvo el martes en la ciudad de México con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, sólo dijo que la evaluación al magisterio se realizará en Acapulco.
-¿Habrá vigilancia policiaca?
-Va a haber lo que siempre hay en los exámenes de evaluación, en los lugares como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y todo el país.
Finalmente, informó que este miércoles había una ocupación hotelera en Guerrero del 92 por ciento y confió en que hoy se alcance el 96.

Recorrido en Ometepec

El gobernador visitó ayer las instalaciones de la Ciudad Judicial de Ometepec, que albergará las nuevas salas orales del sistema penal acusatorio que entrará en vigor el 18 de junio.
Astudillo Flores estimó que serán unos 200 millones de pesos los invertidos en las obras de remodelación y construcción de los edificios en el estado.
Además informó que se invertirán 180 millones para salarios de los trabajadores, y a través de la Iniciativa Mérida serán amueblados los edificios pero no precisó la cantidad.
Después acudió a las instalaciones de la Expoferia de Ometepec, donde inauguró el evento y entregó a los organizadores 250 mil pesos, además de 450 mil pesos para la rifa de 15 sementales.
Estuvo acompañado por el alcalde perredista de ese municipio, Omar Estrada Bustos, además de los 14 alcaldes de los municipios de la Costa Chica.
Acudió el senador René Juárez Cisneros; el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena; el secretario de Operación Política del PRI, Manuel Añorve Baños; el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Rafael Navarrete Quezada; el director general de CICAEG, Javier Taja; el titular de SAGADEGRO, Juan José Castro Justo; y el presidente de la Unión Ganadera Regional del estado, Atalo Niño Ramírez.

Dar seguridad a choferes de colectivos de la zona poniente, exigen usuarios a autoridades

 

Luego de que el viernes pasado choferes de taxis colectivos de la zona poniente suspendieron el servicio nocturno debido a amenazas del crimen organizado, usuarios se quejaron de la medida y exigieron a las autoridades que brinden seguridad a los transportistas.
Se quejaron que por la falta del servicio de taxis colectivos en la noche gastan más en pasajes y pierden más tiempo en llegar a sus viviendas.
Ayer a las 10 de la mañana, en los cinco sitios de taxis colectivos de esa ruta, ubicados dos en la Costera, dos en Cuauhtémoc y uno en la calzada Pie de la Cuesta, no había vehículos para dar el servicio y sí varias personas en espera del transporte.
Los usuarios coincidieron que de 14 pesos que cuesta el pasaje del taxi colectivo, ahora gasta hasta 50 pesos en otro transporte y el tiempo de antes, de 20 minutos, ahora es de una hora en llegar a sus viviendas.
La señora Ignacia Zavala Ortiz se quejó por la falta de servicio nocturno de taxis colectivos: “yo vivo hasta San Isidro, todas las noches uso el colectivo y ahora porque no hay transporte gasto más dinero, queremos que el servicio se restablezca”.
Pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno dar seguridad a los transportistas de la zona poniente ante el crimen organizado, “ellos también tiene familia y necesitan trabajar”.
Reclamó que de 14 pesos de pasaje en taxi colectivo, ahora gasta hasta 50 pesos en otro tipo de transporte para llegar a su vivienda.
Jaime Toledo Arcos, que vive en Pie de la Cuesta, manifestó que al menos una hora tardó el viernes para conseguir transporte y llegar a su vivienda, “aparte de perder el tiempo, también dinero, la verdad es necesario el transporte público en la noche”.
Indicó que la falta del servicio nocturno afecta a los trabajadores, “otro problema es que los demás choferes no quieren ir a la zona poniente por la inseguridad”.
Desde el pasado viernes el servicio de taxis colectivos fue suspendido después de las 8 de la noche, tras una amenaza del crimen organizado contra los choferes.
El camión urbano presta el servicio hasta las 9 de la noche para las colonias de la zona poniente.
La falta del servicio público afecta los fraccionamientos Mozimba, Bella Miel, Marbella y las colonias Clemencia Figueroa, El Derrumbe, Punta Brava, Venustiano Carranza, Universitaria sección 1 y 2.
Además las colonias Generación 2000, Nueva Era, Ex campo de Tiro, las tres secciones de la Jardín, Pie de la Cuesta, San Isidro y Pedregoso.

Tronarán una carretera si el gobierno no halla al desaparecido, advierten en Zotoltitlán

El martes en la noche en una asamblea en la comunidad nahua de Zotoltitlán, del municipio de Mártir de Cuilapan, se acordó dar un plazo de tres días al gobierno del estado para que encuentre al campesino Antelmo García, desaparecido el 20 de enero.
También se acordó quitar dos retenes rumbo a Apango, sólo mantendrán el que está rumbo a la comunidad La Esperanza.
La noche del martes los vecinos acordaron que si en estos tres días el gobierno del estado no encuentra al campesino desaparecido, “tronarán” (es decir, destruirán) la carretera de Zotoltitlán a La Esperanza, que une las cabeceras de Apango y Zitlala, por donde entran los grupos de la delincuencia organizada.
Ayer se sintió una tensa calma en Zotoltitlán y se observó que quitaron los dos retenes en la entrada del pueblo que instalaron el domingo sobre la carretera a Apango.
La Policía Estatal y Municipal en tres patrullas, dos de la primera corporación y una de la segunda, recorrieron el pueblo y la carretera Apango-Zotoltitlán.
Vecinos del poblado informaron que en la mañana vieron sobrevolar dos helicópteros, mientras que la Policía Estatal con perros amaestrados recorrió los cerros en busca del campesino, pero hasta las 8 de la noche no tenían resultados.
El campesino Antelmo García desapareció el 20 de enero después de que salió a las 11 de la mañana de su casa al campo.
Los vecinos lo buscaron desde el jueves 21 con el apoyo de campesinos de La Esperanza, sin conocer su paradero.
El domingo 24 de enero los vecinos armados con escopetas, machetes y palos instalaron retenes en las entradas y salidas de Zotoltitlán, porque creen que el campesino desaparecido sigue retenido cerca del pueblo.
Ese día auxiliados por la presidenta municipal del partido Movimiento Ciudadano, Felícitas Muñiz Gómez, presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, y el lunes la alcaldesa se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien le ofreció el respaldo del gobierno estatal para localizar al campesino e intervino para que se reuniera también con el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
Por la intervención del gobierno estatal el martes en la noche unos mil vecinos se reunieron en la comisaría municipal y acordaron quitar los retenes que mantenían en la salida del pueblo rumbo a la cabecera municipal, y dar un plazo de tres días a partir de ayer para que el gobierno encuentre al campesino desaparecido.
En caso de no tener resultados volverán a tomar medidas, una de las propuestas es “tronar” el tramo de la carretera La Esperanza-Zotoltitlán.
La Esperanza es una comunidad del municipio de Mártir de Cuilapan, se encuentra en un punto intermedio entre Zitlala y Zotoltitlán.
Ayer los habitantes se mantuvieron reacios a hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Sin embargo algunos vecinos a condición de que no fueran citados como fuente, dijeron que, “los chicos malos están llegando a hacer males a la comunidad”, ya que son desplazados de los municipios de Chilapa y Zitlala, “y aquí no los vamos a dejar llegar”.
Antes de la desaparición del campesino Antelmo García el 20 de diciembre, el campesino Barrios Cuatzinque fue hallado degollado a orillas de la carretera, lo que fue una alerta para los vecinos de La Esperanza, Hueyitlalpan y Zotoltitlán del municipio de Mártir de Cuilapan.

El desaparecido es activista por la conformación de una policía comunitaria

El desaparecido es un activista que desde hace un año participa en la conformación de una policía comunitaria, pero los vecinos no habían decidido si incorporarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Sus vecinos dicen que, “es un señor tranquilo y sin vicios, que se dedica a chambear en un invernadero de jitomate que tiene cerca de la comunidad”.
El Ayuntamiento informó que 34 policías estatales a bordo de seis patrullas participan en la búsqueda del campesino, así como agentes municipales en una patrulla.
La fuente municipal confirmó que la mañana de ayer sobrevolaron dos helicópteros del gobierno del estado para sumarse a la búsqueda de Antelmo García, y al mediodía elementos de la Policía Estatal con perros amaestrados recorrieron los cerros cercanos, pero hasta las 8 de la noche no tenían resultados.

Se investigará a ministeriales para determinar si tienen vínculos con la delincuencia organizada, anuncia el fiscal

 

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez informó que aplicará un mecanismo de investigación para localizar a policías ministeriales que están vinculados con el crimen organizado, y que mejorará la impartición de justicia en el estado.
Consultado al término del Foro de Seguridad Pública, Protección Civil e Impartición de Justicia, del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en Casa Guerrero, Olea Peláez dijo, “casi estoy seguro que hay infiltrados en la corporación, al igual que en otras corporaciones, pero se va a investigar para detectar si algunos policías están involucrados con la delincuencia”.
Se le preguntó cuántos policías ministeriales están involucrados con el crimen organizado, a lo que Olea Peláez respondió que aún no tiene esa información, y agregó que investigará a la corporación, aunque no dio más detalle.
En su artículo ¿Y la Policía Ministerial? publicado ayer en El Sur, Tomas Tenorio Galindo recuerda que el fiscal dijo el sábado que los secuestros colectivos ocurridos la semana pasada en Arcelia y Ajuchitlán fueron facilitados por la infiltración de la delincuencia en las policías municipales, y atribuyó esas acciones criminales a El Tequilero, a quien identificó precisamente como un ex policía municipal de la región. Dijo además, “yo tampoco puedo negar que tal vez en mi Policía Ministerial existan infiltrados”.
Por otro lado, sobre los ex policías ministeriales que denunciaron que el fiscal general del estado giró una orden para que se investigue a más de 200 de ellos que están incapacitados, Olea Peláez dijo que no se les pretende quitar el seguro y la pensión, “es falso, no se han acercado a mí, y mis oficinas son de puertas abiertas; es más, al contrario, se está promoviendo que el seguro de vida de los policías sea más alto”, declaró.

Reconoce el fiscal que el Ministerio Público es un símbolo de corrupción; habrá cambios, anuncia

En un comunicado de prensa, el arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco, Carlos Garfias Merlos urgió a las autoridades a que cumplan su tarea de investigar y dar resultados concretos, para que la sociedad recupere la credibilidad en las instituciones.
El fiscal general dijo que la Fiscalía debe tener un vínculo con la sociedad y agregó que, “deben de ser más exigentes los fiscales y los encargados de los ministerios público para ser mas eficiente para atender las demandas de la ciudadanía”.
Reconoció que el Ministerio Público de la dependencia es un símbolo de corrupción y anunció que habrá cambios para que la ciudadanía confíe en la dependencia y en los ministeriales, esto luego de que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón Ríos recalcó que sus agremiados no presentarán denuncias hasta que el Ministerio Público sea confiable.

Hay indicios de quiénes levantaron a los 17 ciudadanos en Arcelia el sábado, dice Olea Peláez

 

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que hay indicios de quiénes fueron los que levantaron a 17 ciudadanos en el municipio de Arcelia el 8 de enero, pero que, por seguridad, no podía revelar más datos; sin embargo, aclaró que aún no hay detenidos ni han localizado a las personas privadas de su libertad.
Ayer en Acapulco, tras la firma del Acuerdo Guerrero incluyente y próspero, que encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal confirmó el secuestro de cuatro maestros y el director de la Secundaria Técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán.
“Tenemos indicios, no se los puedo revelar por razones de seguridad, pero hay indicios de quiénes fueron, y estamos en un operativo conjunto entre todas las fuerzas federales y estatales para detener a las gentes que levantaron a estas personas, o más bien que están privadas de su libertad”, dijo el fiscal.
Agregó que la operación de búsqueda que se implementó con marinos, soldados y policías federales, continúa; “estamos cerca de agarrar a estas personas, y ojalá podamos recuperar a los amigos que fueron secuestrados”, aunque aclaró que aún o hay detenciones, ni tampoco se ha encontrado a las 17 personas que fueron levantadas.
El fiscal general declaró que no han sabido si se ha pedido rescate a los familiares de las 17 personas privadas de su libertad, dijo que “evidentemente” en esos hechos se encuentra involucrado el crimen organizado, al cual, aseguró, este gobierno combatirá con inteligencia, y que la Fiscalía creo la Coordinación General de Inteligencia, para “poder avanzar en las cosas, y estamos trabajando muy duro”.
“Los familiares tienen razón, pero nosotros, dentro de la medida de nuestras posibilidades estamos haciendo lo que debemos; yo mandé un equipo de 60 policías ministeriales y al coordinador de la Policía Ministerial a entrarle a toda la investigación, y tengo información de que ahí van”, dijo sobre la marcha de familiares que piden su presentación con vida.
De lo ocurrido en Ajuchitlán, donde hombres armados irrumpieron y se llevaron a cuatro maestros y al director de la Secundaria Técnica 114, de la comunidad de Santana del Águila dijo, “efectivamente, inclusive hay unos Olea”, y bromeo, “deben ser mis parientes, porque son de Tierra Caliente, estamos investigando todo, absolutamente todo”.
Aunque después justificó que no podían cumplir con todo a la ciudadanía, “porque no tengo los suficientes recursos, por eso estoy haciendo el mayor de mis esfuerzos para lograr en los guerrerenses el orden y la paz”.
También aseguró que hay coordinación entre el gobierno federal y el estatal, pero, “no es tan fácil llegar a un punto de resolución, vamos avanzando conjuntamente con el grupo de Coordinación Guerrero”, dijo que no eran tan fáciles las circunstancias.
Aceptó que no se había visto levantones masivos como el de Arcelia y el de maestros en Ajuchitlán, “siempre hay algo nuevo y hay problemas, en el estado hay problemas, pero el gobernador me ha instruido, y hacemos lo más humanamente posible”.
“Sé que no son nuevos los focos rojos, lo que sí les digo es que va a la baja, afortunadamente, no porque yo sea el fiscal, sino porque se está haciendo un gran esfuerzo con las autoridades federales y estatales” puntualizó.

Deje de criminalizar a los normalistas y busque a los 43, demandan padres de Ayotzinapa al gobierno

 

El vocero de los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz, demandó al gobierno federal que deje de criminalizar a los estudiantes de la Normal Rural.
La respuesta fue luego de que se filtró en Milenio diario una llamada telefónica de un dirigente estudiantil, donde se menciona que un “grupo” quiso entrar a la Normal presumiblemente para llevarse a cuatro estudiantes a mediados de octubre.
El diario relacionó la información con las versiones que la Procuraduría General de la República (PGR) integró a la investigación de los crímenes el 26 y 27 de septiembre, que vinculan a estudiantes con el grupo de narcotraficantes Los Rojos, y que a su llegada a Iguala motivó la agresión contra los normalistas por el grupo criminal Guerreros Unidos.
El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que da asistencia técnica el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa descartó esa posibilidad, y subrayó que los estudiantes iban por camiones a Iguala, y de ello estaban enteradas distintas autoridades de gobierno que vigilaron sus acciones en todo momento.
Ayer Felipe de la Cruz agregó que en más de un año que llevan en la Normal Rural desde la desaparición forzada de los 43, han podido corroborar que los normalistas no tienen relaciones con grupos de narcotraficantes, como sugirieron algunas versiones de la PGR.
Cuestionó que las autoridades las impulsen para desviar la atención de la desaparición forzada de los 43 desaparecidos y su localización, y para alargar los plazos de la investigación.
“Porque el gobierno siempre le ha apostado al cansancio de los padres de familia y de las organizaciones que los apoyan”, denunció.
Insistió en que el GIEI ya aclaró que los estudiantes no iban armados ni en plan de confrontación, fue un asunto fortuito que tomaran un quinto autobús de la Estrella de Oro, que pudo generar la reacción violenta de policías y sicarios contra ellos porque se presume que estaba cargada de drogas.
También cuestionó que se intervengan los teléfonos de los normalistas sobrevivientes, “es sorprendente cómo intervienen los celulares de los jóvenes, sobre todo porque Omar (García, el líder estudiantil que mencionan en el nota y sobreviviente de los ataques en Iguala) hace dos o tres meses está fuera (de Guerrero) en comisiones, no me explico cómo hoy sale la nota de esta manera”.
Insistió en que los estudiantes de la Normal son hijos de campesinos, “por eso insistimos en que dejen de buscar donde no hay nada y comiencen a buscar donde debe de ser, que para nosotros sigue siendo el gobierno de México, y que ya dejen de hostigar a los estudiantes”.
De Tixtla, en donde la población acordó un toque de queda por la violencia y el gobierno municipal reconoció la presencia de un grupo delictivo (extraoficialmente se habla de que Los Ardillos, sacaron a Los Rojos desde la pasada administración municipal), De la Cruz aclaró que la Normal y la cabecera municipal son comunidades distintas.
Dijo que los hechos de violencia son parte de la estrategia para imponer las elecciones extraordinarias del Ayuntamiento, suspendidas el 7 de junio por el boicot que impulsaron los padres de familia.
“Es claro que están peleando los políticos del PRI la imposición de su dictadura, quieren imponer mediante el miedo y el terror las elecciones, como hicieron en el pasado proceso electoral, pero eso no quiere decir que esos grupos estén en la Normal”, afirmó.

La CNDH debe de ser más exigente con las autoridades

Por otro lado informó que la PGR ya envió la investigación de Iguala a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y los expertos trabajan en la conformación de una unidad especializada de investigación que se va a encargar de todo.
En esta unidad estarían alrededor de 50 personas cuyos perfiles son revisados por el GIEI, para que sean confiables, dijo.
La investigación, como lo recomendaron los expertos, ya salió de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En cuanto a la falta de cumplimiento de la PGR a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado de la investigación del caso Ayotzinapa, demandó que el organismo sea más exigente con las autoridades.
Dijo que pasaron más de tres meses para informar la falta de cumplimiento de 26 observaciones y recomendaciones, para corregir distintas diligencias de la investigación, y los padres están enfermando ante el tormento sicológico que implica la espera de noticias de sus hijos.